Tras casi 4 años, absuelven a mujer que fue torturada para inculparse del crimen de su marido

CIUDAD DE MÉXICO: El 10 de julio de 2012, Yecenia Armenta Graciano “confesó”, después de 15 horas de tortura física y sexual perpetrada por agentes de la policía de Sinaloa, su participación en el asesinato de Jesús Alfredo Cuén Ojeda, su esposo. Al firmar su declaración sin poderla leer, y sin otro elemento de prueba, la mujer fue trasladada al penal de Aguaruto de Culiacán, Sinaloa, el 25 de ese mes.


Este martes, tres años y once meses después, el Juzgado Quinto Penal absolvió a la mujer; determinó que su declaración –el único elemento en su contra– era inválida porque fue obtenida bajo tortura.

Organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional (AI), se felicitaron de ese acontecimiento. Llevan años denunciando la fabricación de pruebas y recolectando firmas para conseguir la liberación de la mujer.

El 10 de julio de 2012, Armenta se encontraba al volante de su auto Nissan Tsuru junto con su hermana y su cuñada, rumbo al aeropuerto de Culiacán, cuando agentes de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa (PGJS) vestidos de civil las detuvieron. Bajo el pretexto que el vehículo estaba robado, subieron a Armenta a una camioneta y la llevaron a una “bodega-estacionamiento”, donde la amenazaron –a ella y sus hijos–, la golpearon y la violaron para obligarla a firmar una declaración que nunca leyó.

En dicha declaración, Armenta afirmó que pagó 85 mil pesos para el asesinato de Cuén Ojeda, quien fue masacrado a balazos en la mañana del 2 de julio de 2012 mientras salía de un restaurante. El día anterior, el mismo hombre contendía como candidato a senador para el Partido Nueva Alianza (Panal).

En febrero de 2013, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) observó que la mujer había sido violada y torturada durante su detención, y lo notificó a la PGJS, que le hizo caso omiso.

Un año más tarde, la defensa de Yecenia presentó un dictamen, realizado por el Grupo de Expertos Independientes en Medicina Forense del Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura, que demostró que “las lesiones físicas son claramente compatibles y consistentes con métodos de tortura y malos tratos que le han sido infligidos a la víctima”.

En enero de 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó el diagnóstico. En total, según AI, cuatro peritos certificaron la tortura en los últimos tres años y medio.

Pero la PGJS se aferró a sus argumentos. Según ella, la pareja se encontraba en instancias de divorcio y Armenta buscaba cobrar un seguro de vida, por lo que mandó a asesinar a su esposo.


Amnistía Internacional lamentó hoy que “ninguno de los torturadores de Yecenia hayan pisado la cárcel”, y abogó para que la mujer reciba reparación por el daño sufrido.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443358/tras-casi-4-anos-absuelven-a-mujer-fue-torturada-inculparse-del-crimen-marido

Detienen a 'El Churros', presunto jefe de plaza de Guerreros Unidos

Ciudad de México. Elementos de la Policía Federal detuvieron en el municipio de Buenavista de Cuéllar, en el estado de Guerrero, a José Luis Ramírez Arriaga, El Churros, uno de los presuntos jefes de plaza de Guerreros Unidos y “a quien diversas líneas de investigación señalan que podría estar involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa” en septiembre de 2014.

Los elementos de la corporación federal realizaron la aprehensión de Ramírez Arriaga cuando este se encontraba en un palenque en el municipio antes mencionado.

El Churros cuenta con una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada en la modalidad de delitos contra la salud y las indagatorias realizadas por el gobierno federal señalan que encabezaba los enfrentamientos que su grupo criminal sostenía con otras bandas con las que se disputaban el control del tráfico y producción de heroína en Guerrero.

“Una de las maneras como operaba José Luis Ramírez Arriaga consistía en la utilización de conductores de taxis a quienes obligaba a que le proporcionaran información sobre los movimientos de autoridades y personas; así como para efectuar mítines y manifestaciones acordes a los intereses de Guerrero Unidos”.

De acuerdo con información de la Procuraduría General de la República (PGR), Ramírez Arriaga rendía cuentas de sus acciones a los hermanos Casarrubias Salgado, líderes de Guerreros Unidos.


El detenido fue puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/03/detienen-a-el-churros-presunto-jefe-de-plaza-de-guerreros-unidos

La construcción de la mentira oficial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cada gobierno ha tenido un “constructor” de verdades oficiales que sirve para tapar hoyos o crear mentiras igualmente oficiales y creíbles. Uno de estos personajes importante para el gobierno de Enrique Peña Nieto, es su amigo Tomás Zerón Lucio quien en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aparece como un personaje importante en la construcción de la “verdad histórica” de la PGR de la supuesta quema de los estudiantes de Ayotzinapa en el basurero de Cocula.

La construcción de la famosa “verdad histórica” que expuso hasta que se cansó Jesús Murillo Karam cuando era procurador, se basó principalmente en el descubrimiento de dos bolsas negras con restos humanos que resultaron ser los del estudiante Alexander Mora.

Todo el proceso de la investigación gubernamental se fundamentó en esta revelación en la que tuvo que ver Zerón cuyo nombre no había aparecido en las notas periodísticas como un personaje importante en toda la zaga de la de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2013 en Iguala, Guerrero.

Obstaculizado por el gobierno para llegar al fondo del asunto, que usó a medios de comunicación como El Universal, La Razón y La Crónica para desacreditar a sus miembros y a los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, junto con sus abogados, el GIEI hace una aportación importante al mostrar a Zerón al frente de la planeación estratégica de la “verdad histórica” fundada en los restos encontrados en una bolsa de plástico del río de Cocula.

A través de un video del periodista José Manuel Giménez y de fotografías de Daniel Rodríguez, el GIEI muestra a Zerón y a uno de los inculpados de la desaparición de estudiantes, Agustín García Reyes, alias El Chereje, a las orillas del río San Juan, donde otro grupo de peritos recogen algunos objetos que al parecer serían los restos de Alexander Mora.

Las imágenes del video y las fotos son del 28 de octubre, un día antes de que la PGR informara que había encontrado restos óseos en una bolsa de plástico. De acuerdo con el expediente oficial, el 29 de octubre de 2014 dos inculpados –uno de ellos Agustín García y Johnatan Osorio Gómez– fueron llevados al orillas del río San Juan, en Cocula, para reconocer el lugar donde habían tirado los restos incinerados de los normalistas.

La diligencia secreta del 28 de octubre de Zerón y los peritos de la PGR no consta en el expediente. Este hecho pone en duda toda la investigación judicial pues la presencia no consignada de Zerón, quien es director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, en el mismo lugar donde supuestamente fueron descubiertos los restos de Alexander nos muestra cómo hay una mentira en el “hallazgo oficial” y cómo pudo construirse la “verdad histórica” con un escenario falso o artificial creado para justificar la quema de los cuerpos en el basurero de Cocula.

El vacío en el proceso de investigación de este dato, de la presencia de Zerón en el afluente del río Cocula un día antes de que la PGR manifestara el descubrimiento de la bolsa negra con restos humanos, es la que sostiene la afirmación del GIEI de que se “sembraron” estas pruebas para sostener la “verdad histórica” de la quema de los cuerpos de los estudiantes de Ayotzinapa en el basurero.

Toda la investigación de la PGR se tambalea con esta mentira. Zerón, el siniestro amigo del presidente, tiene ya un historial en la construcción de “verdades históricas” como bien apunta el reportero Álvaro Delgado en su artículo “El Fabricante”, donde nos recuerda que participó en la historia del hallazgo del cuerpo de la niña Paullette Gebara Farah, a la orilla de su cama diez días después de su desaparición en marzo del 2010, cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México.

Fuente: Proceso

Autor: José Gil Olmos

http://www.proceso.com.mx/438673/la-construccion-la-mentira-oficial

Se desmorona existencia de Los Zodiaco tras liberación de hermanos Cortez Vallarta

CIUDAD DE MÉXICO: Los hermanos Juan Carlos y Alejandro Cortez Vallarta –sobrinos de Israel Vallarta Cisneros, presunto jefe de la banda de Los Zodiaco– fueron absueltos de los delitos de delincuencia organizada y secuestro, informó la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LMDDH).

De acuerdo con la toca penal 215/2015, el pasado 25 de febrero el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, resolvió a favor de la apelación que los hermanos Cortez Vallarta promovieron en contra de la sentencia definitiva que en su contra había emitido el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Nayarit.

En un escueto texto que aparece en su sitio en internet, la LMDDH señala además que dicho tribunal unitario resolvió “convalidar la vista al agente del Ministerio Público por posibles actos de tortura” en contra de ambos hermanos.


Juan Carlos y Alejandro fueron detenidos el 7 de mayo de 2009 junto con René Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta, quien a su vez fue apresado junto con la ciudadana francesa Florance Cassez el 8 de diciembre de 2005 mediante un montaje orquestado por la hoy desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), cuyo titular fue Genaro García Luna.

Posteriormente, el 27 de abril de 2012, fueron detenidos dos miembros más de esta familia: Mario Vallarta y Sergio Cortez.

Cassez –cuyo caso tensó las relaciones diplomáticas entre México y Francia– fue liberada en enero de 2013 mediante un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó el proceso judicial en su contra debido a que estaba plagado de irregularidades.

Pese a que los casos de los miembros de la familia Vallarta derivaron del mismo montaje y en los que también existieron violaciones al debido proceso y a los derechos humanos –incluidas torturas–, la Procuraduría General de la República (PGR) mantuvo las acusaciones en su contra y éstos continuaron recluidos en cárceles de alta seguridad.

“La familia Vallarta sigue siendo víctima de la fabricación y montaje de la banda que nunca existió: Los Zodiaco”, dice el texto de la LMDDH. Y señala que “todos fueron torturados y dispersados en diferentes penales federales, acción que imposibilita la defensa adecuada y que sus familiares realicen gastos que no están dentro de sus posibilidades para poder visitarlos”.

En septiembre pasado los hermanos Cortez Vallarta fueron sentenciados a 33 años de prisión por el secuestro de Ezequiel Elizalde –cuyas declaraciones ministeriales en contra de Cassez y los Vallarta contienen múltiples contradicciones–, así como por delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Los hermanos apelaron dicha sentencia. El pasado 15 de febrero el Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Distrito de Circuito los absolvió por los primeros dos delitos, pero mantuvo la sentencia de tres años de cárcel por el tercero: portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Debido a que ambos llevaban siete años en prisión, su liberación fue automática.

–¿Qué significa esta liberación para el caso de los Vallarta? –se le pregunta a la periodista belga Emmanuelle Steels, autora de El teatro del engaño, libro que documenta las irregularidades procesales y las violaciones a los derechos humanos que sufrieron los miembros de la familia Vallarta.

“El hecho de que se hayan caído los cargos del secuestro de Ezequiel Elizalde y de delincuencia organizada pone en tela de juicio la sola existencia de la banda de Los Zodiaco. Los hermanos Cortez Vallarta fueron detenidos en 2009 para demostrar que existía esa banda y lo que se demuestra ahora es que esa banda no existe”, responde Steels.


Y señala que hasta ahora sólo existen dos sentencias relacionadas con la supuesta banda de Los Zodiaco: la resolución de la SCJN que tiró el montaje orquestado por García Luna en 2005, y esta sentencia absolutoria que libera a los hermanos Cortez Vallarta. “No hay ninguna sentencia para los demás miembros de esta familia, ni siquiera para Israel Vallarta. Pero las dos sentencias ya emitidas van en el sentido de que esta banda no existió”, sostiene Steels.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: HOMERO CAMPA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433632/se-desmorona-existencia-los-zodiaco-tras-liberacion-hermanos-cortez-vallarta

Sean Penn y productores “chamaquearon” a mi hija: Erick del Castillo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Erick del Castillo, actor y padre de la actriz mexicana Kate del Castillo, afirmó que Sean Penn y los productores argentinos que lo acompañaron a su encuentro con Joaquín El Chapo Guzmán, “chamaquearon” a su hija.

Según su versión, el actor estadunidense y los productores Fernando Sulichin y José Ibáñez la “presionaron” para que los “conectara” con el narcotraficante, le propusieron “ciertas cosas” y luego no le cumplieron, como darle crédito en el artículo publicado por Penn en la revista Rolling Stone.

En entrevista con Radio Fórmula, el actor se quejó del trato de las autoridades hacia su hija, el cual atribuyó a las declaraciones que ha hecho en contra.

Según dijo, el único error de Kate fue haber publicado en Twitter un mensaje en el que le pedía a Guzmán Loera traficar con amor, o cuando criticó la pronunciación en inglés del presidente Enrique Peña Nieto, o cuando afirmó que a ella nunca le pagaron en Televisa lo que le pagaron a Ángélica Rivera como actriz para poder comprarse la casa blanca de las Lomas.



Todas esas, dijo, han sido críticas abiertas de lo que piensa su hija a quien calificó como “temeraria” pero afirmó que “hay quienes dicen cosas perores” por lo que no se debe satanizar a su hija por externar su opinión respecto al gobierno, cuando mucha gente tampoco está de acuerdo con él.

Del Castillo dijo que le gustaría hablar en privado con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para decirle “que le baje y también le diré a mi hija que le baje” a sus críticas.

El actor comentó que pese a que su hija tiene una grabación pendiente con Netfllix en México, la serie “La ingobernable” no viene porque teme ser detenida. Si bien, dijo, la Procuraduría General de la República (PGR) sólo le ha extendido un citatorio para declarar, teme que al venir a México la arraiguen en “un hotelucho” 80 días y luego cambien su situación jurídica.

Insistió en que su hija jamás ha recibido recursos de El Chapo, que siempre ha sido una mujer trabajadora y lo que tiene es producto de su trabajo, incluido su tequila.

Al respecto, criticó la postura de los productores de tequila, a quienes Kate siempre ha apoyado y que ahora están “muy calladitos”.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/433045/sean-penn-productores-chamaquearon-a-mi-hija-eric-del-castillo

De vendedor de celulares a El Señor de la droga en Jalisco: así fabricó la policía el caso de Martín

En septiembre de 2014, elementos de la policía estatal de Jalisco detuvieron a Martín González al que acusó, entre otros delitos, de ser el jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, en la investigación de su caso se cometieron graves irregularidades, a pesar de las cuales Martín sigue preso un año y cinco meses después.

Al otro lado del hilo telefónico, una voz enlatada anuncia una llamada desde el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Guadalajara, estado de Jalisco.

-¿Acepta hablar con José Martín González Moreno? –inquiere la teleoperadora con un tono de voz monótono, plomizo.

Segundos después, alguien contesta en mitad de una tempestad de interferencias.

-Sólo tengo diez minutos para platicar. Así que mejor dígame por dónde quiere que empiece –se presenta José Martín González, quien sin esperar la respuesta comienza a narrar con un ritmo vertiginoso la historia de cómo, en una misma noche, pasó de ser un vendedor de carros a estar preso en una celda acusado de ser el jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación.

“Ya sabes a qué venimos”

Para Martín, el jueves 18 de septiembre de 2014 comenzó “como cualquier otro día”. Se levantó temprano, subió a su camioneta blanca BMW modelo 2006, y salió del municipio de Tala para completar los 35 kilómetros que lo llevaron hasta Guadalajara, la capital jalisciense. Allí surtió de productos a su negocio de telefonía celular y a las ocho de la tarde regresó al domicilio en el que vive con su esposa, y donde también despacha otro negocio de venta de carros usados.

Poco después de guardar el último coche que tenía en exhibición en la orilla de la carretera, dos patrullas de la Fuerza Única Metropolitana, la PMJ020 y la PMJ017, se aproximan al domicilio.

Siete agentes -seis hombres y una mujer- vestidos de uniforme negro y con los rostros encapuchados, bajan de las camionetas.

Martín, que aún trae las llaves de los carros en la mano, sale de su casa y les pregunta en qué puede ayudarles. A lo que, según su testimonio, uno de los policías le contesta con una pregunta:

-¿Ya sabes a qué venimos, verdad?

Desconcertado, el empresario de 43 años balbucea que no sabe a qué se refiere, que no entiende nada.

-No te hagas pendejo –le espeta el uniformado, quien lo agarra con violencia del hombro y lo mete al interior de la casa-. Porque ahorita mismo me vas a decir dónde tienes guardada la droga.

“En ese momento sólo pensé que todo era un error”, asegura Martín, todavía incrédulo a pesar de que lleva preso casi un año y medio desde entonces.

Pero nunca imaginó, dice, que su calvario acababa de comenzar.

“Dinos dónde guardas la droga”

Martín narra que, a continuación, los siete policías entran al domicilio sin una orden de cateo y comienzan a registrarlo todo: la cocina, la sala, las habitaciones y los armarios. Así pasan varios minutos, hasta que cansados de buscar uno de ellos da la orden de que bajen de la camioneta a otro sujeto que traen esposado.

“Bajaron a una persona que yo en mi vida había visto –asegura Martín-. Pero entonces el policía le preguntó varias veces que si me conocía y él al final dijo que sí”.

De inmediato, los agentes los esposan y lo suben a la patrulla PMJ020. Aunque no todos van en la camioneta, ya que, según denuncia Martín, varios policías se quedaron en su casa. Además, otro elemento sacó de la cochera la camioneta blanca BMW y comenzó a seguir a las patrullas.

En el trayecto, Martín guarda silencio.

Sigue convencido de que todo “es un terrible error” que pronto quedará subsanado.

“Yo creía que se habían equivocado de persona –insiste-, que me iban a llevar a Guadalajara y que en cuanto se dieran cuenta del malentendido me regresarían a mi casa”.

La primera parada de la patrulla es en unas oficinas de la Fuerza Única Metropolitana, en la calle López Portillo de Guadalajara.

Allí, lejos de enmendarse el malentendido, el comerciante narra que empieza a recibir las primeras agresiones de los agentes: “Pasaba un policía y me golpeaba. Luego pasaba otro, me daba una patada, y me decía: ‘¡no te hagas pendejo. Ya dinos dónde guardas la droga!’ Yo les repetía que mi nombre era tal y que mis negocios eran legales, que lo checaran, que tenía las facturas de las ventas y de las compras de todos los carros que vendo. Pero no sirvió de nada”.

A continuación, otras cinco personas detenidas entran a las instalaciones de la policía y se unen a Martín y al otro aprehendido que venía con él en la patrulla. Momentos después, los siete son trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, ubicada en la calle 14, en la ciudad de Guadalajara.

Allí, Martín narra cómo lo torturaron.

“Yo puedo hacer contigo lo que quiera”

“Cuando llegué a ‘la 14’, me quitaron la ropa para ver que no trajera ningún arma. Me vendaron los ojos. Me ataron las manos. Me pusieron una franela en la boca, y entonces empezaron a golpearme por todo el cuerpo”, relata Martín.

“Luego se subió un tipo encima de mi pecho y me empezaron a echar agua en la nariz para que me asfixiara. Fue muy desesperante –en este punto hace una breve pausa en su narración para tomar aire y tragar saliva-. Después, agarraron unos cables de la luz y me los pusieron en los testículos durante mucho tiempo para electrocutarme. Así estuve desde la una de la mañana hasta las cuatro o cinco de la madrugada”.

A esa hora los policías se fueron y lo dejaron en la celda, desnudo y con los ojos vendados. Hasta que unas tres horas más tarde, “como a las ocho de la mañana” del viernes 19 de septiembre, llegaron otros agentes.

“Me levantaban la venda y me enseñaban fotos. Yo les decía que no conocía a nadie, y entonces comenzaron a golpearme otra vez”, suspira Martín, quien admite que llegó a rogar para que le señalaran qué nombres querían que dijera y así ponerle fin a la tortura.

Pero los policías no lo escuchaban. El empresario relata que sólo uno de ellos, entre paliza y paliza, se le acercó al oído y le susurró con sorna: “Mira pendejo, yo puedo hacer contigo lo que quiera. Yo soy aquí la autoridad. Te puedo matar ahorita mismo y mañana cuando te encuentren decimos que estabas ahí tirado. ¿Lo entiendes?”.

“Te vamos a meter los pies en aceite hirviendo si no hablas”

Al fin, a las dos de la tarde del viernes, Martín dice que un doctor lo examina y que da la orden de que le den algo de alimento.

Durante un rato le dan un respiro, aunque no le quitan la venda de los ojos para mantenerlo en pánico y desorientado.

“De allí me llevaron a otra oficina donde estaban los detenidos por cosas leves, como por borracheras y cosas así –explica-. Ahí fue cuando pensé que por fin me iban a soltar, que ya habrían checado que no era la persona que estaban buscando”.

Pero Martín se equivocaba.

Para su sorpresa, de aquella oficina lo llevaron al aeropuerto de Guadalajara para trasladarlo en helicóptero, “con los ojos vendados y esposado”, a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ubicadas en la Ciudad de México. Allí le informan que está acusado de seis delitos federales: delincuencia organizada, robo de combustible, posesión de metanfetaminas (cristal) con fines de venta, portación de armas de uso exclusivo del Ejército mexicano, portación de cartuchos, y homicidio.

“En la SEIDO no hubo tortura física, pero sí psicológica –puntualiza el empresario-. Me decían que ya me estaban calentando el aceite y que me iban a meter los pies en un cazo. Y todo para que firmara una declaración donde ellos inventaban todo”.

Finalmente, Martín se niega en reiteradas ocasiones a firmar la declaración, y lo trasladan al penal de máxima seguridad de Perote, en Veracruz, donde denuncia que compartía celda con siete reos en un espacio diseñado para dos. Y tras ocho meses, lo cambian a Puente Grande, Jalisco, donde se encuentra en la actualidad.

“Esto es muy duro. Porque imagínate, de estar tranquilo en mi casa un jueves esperando a que llegara mi esposa, pasé a dormir el martes en un penal de máxima seguridad, como si fuera el peor de los criminales”, dice lacónico Martín, quien apresuradamente se despide porque alguien le acaba de avisar que su tiempo para la llamada ya se terminó.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANUEL URESTE (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/de-vendedor-de-celulares-a-el-senor-de-la-droga-en-jalisco-asi-fabrico-la-policia-el-caso-de-martin-parte-1/

Mujeres se cosen los labios; exigen justicia para sus familiares presos

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Un grupo de mujeres se plantó en las afueras de los juzgados del Poder Judicial (PJ) de Chiapas para denunciar una serie de irregularidades en el proceso penal que mantiene “injustamente” a sus familiares en la cárcel de Tapachula. Dos de ellas se cosieron los labios.

Antes de “sellar” sus labios Noemi Bravo Reyes dijo que su esposo fue detenido por elementos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado quienes lo torturaron para declararse culpable de un delito que no cometió. Y peor aún, fue llevado a las Islas Marías de donde fue sacado después y llevado al penal federal de Durango.

Su esposo lleva 13 años en prisión y de todos los golpes y tortura hoy no tiene dientes y ha perdido un ojo.


Bravo Reyes dice que además la hermana de su esposo está presa en el penal de Tapachula, acusada junto a otras personas de transportar mariguana. Le dieron 10 años de cárcel. Hoy todos los coacusados en su mismo proceso penal están libres y ella sigue detenida.

Martha Lidia Castillo Barreda, la otra mujer que hilvanó sus labios dijo que tiene a sus padres presos, su madre en el penal femenil de mujeres de Tapachula y su padre en el penal federal de Villacomaltitlán.

Su madre purga prisión por transporte de droga y su padre por robo con violencia y portación de arma de fuego. Ella afirma que sólo son delitos prefabricados.

Dice que ingresar al penal federal donde se encuentra su padre es una humillación, pues cada que va los guardias le manosean todo el cuerpo. “No hay parte alguna donde no metan el dedo”, reprocha.

Luis Villagrán, un activista y defensor de los derechos humanos dijo que se trata de una manifestación pacífica como lo establece la constitución política y que han hecho llegar un documento a los gobiernos estatal y federal en el que detallan al menos 13 casos de irregularidades judiciales.

“Son 13 casos, son personas que nunca debieron estar en la cárcel, es gente que fue involucrada por la Procuraduría General de Justicia del estado porque inventó delito, torturó a familiares para que se declararan culpables. Son una fábrica de culpables podrida de corrupción”.

Además, sostuvo que la mesa de reconciliación, está “secuestrada” por las autoridades de la PGJ estatal, incluso, existen personas con más de 20 años en prisión quienes podrían gozar de su libertad, debido a que presentan buena conducta.

“Estas personas no son delincuentes, los delincuentes están en la Secretaría de Hacienda, los delincuentes son los jueces y magistrados corruptos, que siguen haciendo caso omiso de las grandes injusticias, porque los compañeros están en la cárcel por tres razones: son pobres y no tiene dinero para defenderse, son ignorantes y son chivos expiatorios”.

Así también, informaron que uno de los reclusos, es paciente con VIH en fase terminal, por lo que solicitaron se le brinde el apoyo conforme a derecho.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431596/431596

Advierten inocencia en sentenciado a 20 años de prisión por plagio de militares

ALMOLOYA DE JUÁREZ, Edomex: Alberto Martínez Sosa fue detenido el primero de noviembre de 2007, acusado del secuestro de dos militares ocurrido el 6 de octubre de ese año en el municipio sureño de Luvianos.

La Procuraduría General de la República (PGR) presume la captura como uno de sus grandes logros, incluso por encima de la aprehensión de José María Chávez Magaña, “El Pony”, líder de La Familia Michoacana.

Pese a que fue consignado a 20 años de prisión, no existen en su contra pruebas fehacientes de la comisión del ilícito.


Los elementos agraviados Gustavo Herrera Terrones y Luis Enrique Aragón Reyes, reconocieron en su primera declaración que los plagiarios “iban encapuchados”, por lo que no los identificaron.

Las confesiones del entonces subdelegado de la Procuraduría General de la República (PGR), Alfonso Benítez Luna; y de Alfredo Trujillo Hernández, otrora agente del Ministerio Público federal adscrito a Tejupilco, también advierten su inocencia.

“Todo fue por instrucciones del entonces delegado de la PGR, José Manzur Ocaña -medio hermano de José Manzur Quiroga, secretario general de Gobierno del Estado de México-, ya que teníamos conocimiento de que Alberto Martínez Sosa no había participado, ni existía prueba o reconocimiento de que hubiera intervenido en la privación ilegal de la libertad de los militares”, expone Alfonso Benítez.

Martínez Sosa, prosigue el declarante, fue detenido por el simple hecho de ser propietario del inmueble al que, al parecer, fueron llevados los militares.

“El entonces delegado consideró que estaba relacionado con los hechos, por tanto ordenó que se hiciera el reconocimiento de los militares ofendidos con Alberto Martínez Sosa con la obligación de que lo señalaran como una persona participante en los hechos delictuosos y así poder consignarlo”, refirió en el documento.

La defensa del imputado inició una denuncia contra los elementos del Ejército por falso testimonio –en virtud de la posterior imputación a su cliente-, pero fue negada la orden de aprehensión.

Al menos 15 testigos, entre ellos el entonces presidente municipal de Luvianos, Francisco Arce Ugarte, sus familiares y funcionarios municipales declararon que al momento de los hechos Alberto Martínez se encontraba reunido con ellos, en la casa del alcalde, por lo que resultaba imposible que hubiera cometido el delito.

En 2008, dos integrantes de La Familia Michoacana se confesaron como responsables del “levantón”, e incluso les fueron encontradas las armas de los ofendidos.

Por estas razones, su abogado Leonardo Gama adelantó que solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el recurso de revisión para obligar al presidente Enrique Peña a otorgar el indulto a Martínez Sosa.

El defensor recordó que el consejero jurídico de Presidencia, Humberto Castillejos, denegó este recurso sin tener facultades, por lo que apeló la decisión, pues el artículo 89, fracción 14 de la Constitución General de la República dispone como facultades y obligaciones del Presidente “conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales”.


Esta atribución, afirmó, no es delegable, por lo que tampoco es válida la negativa de Castillejos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431116/buscara-indulto-sentenciado-a-20-anos-de-prision-por-plagio-de-militares

Duarte insiste: detenidos en Tierra Blanca “son criminales”

"La justicia federal acaba de dictar el auto de formal prisión y con ello confirma la legalidad de la detención en Tierra Blanca", aseveró.

El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, insistió en que los 3 detenidos en Tierra Blanca “son criminales”, pese a las acusaciones de un montaje e incluso de fabricación de pruebas.

En cuatro tuits, el mandatario informó que un juez federal ya dictó formal prisión contra los tres “delincuentes detenidos legalmente”.


“Los detuvimos legalmente”, publicó.

Los mensajes:

¿Los 3 detenidos en Tierra Blanca son víctimas o victimarios? Nosotros aseguramos que son criminales, por eso los detuvimos LEGALMENTE

— Javier Duarte (@Javier_Duarte) febrero 1, 2016

La Justicia Federal acaba de dictar el auto de formal prisión y con ello confirma la legalidad de la detención en Tierra Blanca @Reforma

— Javier Duarte (@Javier_Duarte) febrero 1, 2016

Mi reconocimiento a la Gendarmería Nacional y a la Fuerza Civil de #Veracruz por la detención que hoy fue avalada por la Justicia Federal

— Javier Duarte (@Javier_Duarte) febrero 1, 2016

Juez Federal dicta auto de formal prisión en contra de los 3 delincuentes detenidos legalmente en Tierra Blanca @CarlosLoret

— Javier Duarte (@Javier_Duarte) febrero 2, 2016

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0202/mexico/duarte-insiste-detenidos-en-tierra-blanca-son-criminales/

Gobierno de Duarte niega montaje y fabricación de pruebas; “una burla” su comunicado: familia

La administración asegura que "respeta" el "contraste de versiones", pero "no compartimos la generación de especulaciones ni las acusaciones sin fundamento".

El gobierno de Veracruz insistió que en la detención de 3 personas en Tierra Blanca no existió ningún montaje ni fabricación de pruebas.

En un comunicado emitido este viernes, la administración de Javier Duarte sostiene: “La detención de Francisco Navarrete, presunto jefe de plaza de la delincuencia organizada que operaba en Tierra Blanca, realizada por la Gendarmería Nacional con el apoyo de la Fuerza Civil de Veracruz, fue llevada a cabo conforme a Derecho, con base en las facultades que la Ley le otorga a las instituciones de seguridad federales y estatales, y con pleno respeto a las garantías de los detenidos”.

“El Gobierno del estado de Veracruz no se presta ni a montajes ni a fabricación de elementos de prueba”, asegura y refiere a la nota publicada el jueves por el periódico Reforma, con base en un documento enviado por la familia Navarrete a Aristegui Noticias desde el pasado lunes.

El gobierno veracruzano arremete contra el diario Reforma por la publicación de la noticia, en la que se señala y expone un montaje: “Consideramos equivocada la interpretación de dos fotografías utilizadas para fundamentar la publicación que califica el operativo como un “montaje”; así como los datos basados en información de la sobrina de Francisco Navarrete, los cuales no tienen ningún sustento para considerar que hubo “siembra de armas” en la detención”.

Y, como si no se tratara del propio comunicado que emitió el gobierno de Veracruz el domingo pasado, la administración de Duarte asegura: “Cabe destacar que el mismo periódico Reforma publicó el lunes 25 de enero en su Sección Nacional la nota “Cae capo del CJNG; indagan desaparición”, en la que señala que Francisco Navarrete “fue detenido ayer en ese municipio (Tierra Blanca) por elementos de la Policía Federal” y agrega que “está vinculado con averiguaciones previas de secuestro, homicidio y distribución de drogas”.

Agrega: “En dicha nota se precisa que elementos de la División de Gendarmería de la Policía Federal tuvieron conocimiento de una reunión del presunto jefe de plaza con subalternos, por lo que fueron detenidos a bordo de sus camionetas”.

Después apunta: “Los datos difundidos, en su oportunidad, por comunicados oficiales dan cuenta de los resultados del operativo y están apegados a la verdad legal”.

No obstante, asegura: “Reiteramos que respetamos el contraste de versiones, pero no compartimos la generación de especulaciones ni las acusaciones sin fundamento”.

Y finaliza diciendo que “reitera su compromiso con la verdad, la procuración e impartición de justicia y la participación total en la búsqueda de los jóvenes desaparecidos”, en referencia al caso de los 5 jóvenes levantados por policías del estado, cuyo paradero aún no se conoce y con el cual vincula la detención de las tres personas en Tierra Blanca.


Aristegui Noticias buscó una reacción de la familia de los detenidos, que aseguró que “son patadas de ahogado”, luego de la presentación del documento y fotografías, con las que consideran que se prueba un “montaje” en estas detenciones. “Duarte ya lleva muchas… es una red de corrupción que tiene detrás… (su comunicado) es una burla total”, declaró una familiar, quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2901/mexico/gobierno-de-duarte-niega-montaje-y-fabricacion-de-pruebas-una-burla-su-comunicado-familia/

Caso Narvarte: Dos de los detenidos se retractan, niegan haber estado en departamento

Los procesados dijeron que fueron torturados para aceptar que estuvieron en la escena del crimen, revela abogada de las víctimas. PGJDF sostiene que hay otros elementos como huellas, llamadas y un video que lo confirman.

Abraham Tranquilino y Daniel Pacheco, dos de los tres acusados de haber participado en el multihomicidio de la colonia Narvarte, se retractaron ante la juez de sus declaraciones ante el Ministerio Público, en las que confesaban haber estado en el departamento donde ocurrieron los asesinatos de cinco personas. El tercer detenido, Omar Martínez, desde un inicio negó que hubiera acudido al sitio.

Karla Michel Salas, abogada de dos de las víctimas, reveló que los involucrados pidieron una ampliación de su declaración en el juzgado, antes que se cerrara el periodo de presentación de pruebas el pasado 20 de enero, en donde argumentaron que presuntamente fueron torturados por la policía capitalina para confesar que estuvieron en el lugar de los hechos.

“Ellos están en su derecho de corregir o incluso retractarse como pasó en este caso. Abraham y Daniel negaron todas sus declaraciones anteriores y alegan que los torturaron. Rechazan haber estado en el departamento”, señaló la litigante.

Salas dijo que aunque los inculpados se hayan retractado, esto solo es un elemento a tomar en cuenta y que será valorado por la juez, pues el Ministerio Público presentó varias pruebas en contra de los detenidos. Se espera que la sentencia se dicte en las próximas semanas.

En una entrevista concedida a este medio en noviembre pasado, el subprocurador capitalino Edmundo Garrido, dijo que el caso no estaba sustentado únicamente en las declaraciones de los detenidos, sino en decenas de evidencias más como geolocalización de llamadas, videos de cámaras y huellas digitales.

Animal Político publicó este jueves 28 de enero, que la escena del crimen en el departamento fue contaminada por el comandante de la policía que intervino. En ese lugar es donde se encontró una huella que presuntamente corresponde a la de Daniel Pacheco. De los otros procesados no hubo correspondencia.

Pese  a eso, la abogada de las víctimas consideró probable que se dicte sentencia condenatoria contra los detenidos pues el juzgado donde se lleva el caso ha resuelto casi siempre a favor de la Procuraduría, pero advirtió que “la verdad” de lo que pasó, incluyendo el móvil del homicidio, sigue sin conocerse.

El crimen ocurrió el 31 de julio del año pasado en un departamento de la calle Luz Saviñon, en la colonia Narvarte. Las víctimas fueron la activista Nadia Vera, la estudiante de belleza Yesenia Quiroz, la modelo colombiana Mile Martin, la trabajadora doméstica Alejandra Negrete, y el foto periodista Rubén Espinosa. Todos fueron asesinados con un disparo  de arma de fuego en la cabeza, y algunos fueron torturados previamente.

¿Qué habían declarado?

Ninguno de los procesados aceptó ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) haber asesinado a las cinco víctimas, pero Daniel Pacheco y Abraham Tranquilino si reconocieron haber estado en el departamento aunque con varias diferencias. O por lo menos eso fue lo que quedó asentado en las declaraciones ministeriales.

Animal Político publicó integra la declaración de Daniel Pacheco el 20 de agosto del año pasado. En ella no reconoció que hubieran robado algo – como se había filtrado previamente en la prensa – sino que acudieron por invitación de Mile Virginia, quien conocía a Abraham Tranquilino.

Según Pacheco, en ningún momento hubo violencia en contra las víctimas y agregó por el contrario, que el sostuvo relaciones sexuales con una de las chicas que se encontraba en el lugar. Negó también que hubieran comprado drogas como se manejó, y reiteró que él se fue del sitio sin que hubiera incidentes.

Por su parte el ex policía Abraham Tranquilino dijo que acudió al departamento por invitación de sus dos amigos, y negó que hubiera planeado algún crimen. Señaló que sabía que Daniel y Omar pertenecían al grupo delictivo de Los Zetas – algo que nunca pudo probar la PGJDF – y que supuestamente le querían robar un paquete de droga a Mile Virginia.

En esa declaración, Abraham reconoció que ellos eran las personas que aparecían en un video grabado por una cámara de seguridad afuera del domicilio de la colonia Narvarte, aunque negó, como había asegurado Pacheco, que el automóvil en el que se retiraron de la zona fuera de su propiedad.

Pese a las contradicciones y a que negaron ser autores del crimen, la Procuraduría sostuvo que las declaraciones de las personas detenidas los ubicaban en tiempo y lugar en la escena del crimen y por ello, las consideró como una de las piezas centrales en el pliego de consignación que remitió al juez por los delitos de cuádruple feminicidio y homicidio, además de robo.

No obstante, previo al cierre del periodo de pruebas el pasado 20 de enero, Pacheco y Tranquilino solicitaron ampliar su declaración  ante la juez Hermelinda Silva para desconocer todos los testimonios que dieron antes y argumentar que declararon bajo presuntas condiciones de tortura.

Las otras pruebas

De acuerdo con la PGJDF, las declaraciones son un elemento de varios que contiene  la acusación enviada al Juzgado 25 Penal. En la entrevista concedida a este medio en noviembre pasado, el subprocurador capitalino Edmundo Garrido dijo que aun con los testimonios contradictorios el caso era sólido.

“Ellos (los detenidos) se hubieran podido reservar (no declarar nada) y de todos modos los hubiéramos consignado y hubiéramos obtenido el auto de formal prisión y la sujeción a proceso pues es evidente que son los que entraron y que ellos son los que salieron del departamento” subrayó el subprocurador” dijo el funcionario capitalino.

Entre las pruebas que la Procuraduría destacó se encuentra el video en el que se aprecia a varios hombres salir del edificio de departamentos donde ocurrió el homicidio. La imagen no permitía distinguir con claridad las facciones de las personas sin embargo, la investigación sostiene que son ellos.

Además,  se encuentran los rastreos de las llamadas que según la PGJDF permiten ubicar a por lo menos dos de los sospechosos en la zona de la ciudad donde se encuentra el departamento que rentaban dos de las víctimas.

A esto se suman las huellas obtenidas dentro del inmueble, aunque solamente una de ellas corresponde a uno de los procesados: Daniel Pacheco. Las otras son de las víctimas y de tres personas más que no han sido identificadas. Animal Político publicó que la escena del crimen no fue preservada adecuadamente.

Esperan condena, pero falta verdad

La abogada Karla Michel Salas previó que será a más tardar en abril cuando se conocería la sentencia que dictará la juez Hermelinda Silva. Esto luego de que terminó el “periodo de instrucción” como se le conoce a la fase del juicio en la que se aportan las pruebas tanto de la defesa como del Ministerios Público.

Con el conocimiento que tiene del caso al ser representantes legales de las víctimas, Salas estimó que aun pee a las dudas en torno a varios elementos como el delas declaraciones o el de peritajes que no se hicieron, es muy probable que la sentencia sea condenatoria.

“La juez que está al frente del caso es conocida por tener este tipo de procesos mediáticos como el el del Bar Heaven, y generalmente han sido sentencias condenatorias. Sin embargo, el tema de nosotros siempre ha sido más allá de la sanción. Las víctimas tienen derecho a conocer la verdad, a que se les repare el daño y se haga justicia” dijo.

La abogada recordó que hasta ahora se desconoce el móvil del multihomicidio además de otros cabos sueltos que siguen vigentes.

“Las víctimas siguen sin conocer la verdad de los hechos, La sociedad no sabe a casi seis meses que pasó aquel 31 de julio, no se ha indagado la participación de otras personas aunque existen indicios. Y además hubo una campaña de las autoridades para denigrar y desprestigiar a las víctimas” dijo la litigante.


Cabe recordar que los abogados de las víctimas habían solicitado a al PGJDF la realización de varios diligencias, entre ellas una reconstrucción plena de los hechos para esclarecer, por ejemplo, como se pudieron haber efectuado los disparos sin silenciadores pese a que ser aun edificio habitacional. Se hizo la petición formal a la Fiscalía de Homicidios pero esta lo rechazó.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: http://www.animalpolitico.com/2016/01/caso-narvarte-dos-de-los-detenidos-se-retractan-niegan-haber-estado-en-departamento/

Veracruz: acusan montaje del gobierno de Duarte

El comunicado oficial da una versión distinta sobre cómo ocurrieron las detenciones de tres personas -dos de ellos, padre e hijo- en Tierra Blanca.

La familia de Francisco Navarrete Serna, al que la Fiscalía de Veracruz señala como jefe de plaza del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusó al gobierno de Javier Duarte de fabricar un montaje y sembrar armas, en la detención del señor, su hijo y uno de sus amigos.

En un comunicado emitido el domingo 24 de enero, la dependencia estatal estableció: “La Gendarmería Nacional, en coordinación con la Fuerza Civil de Veracruz, detuvieron a Francisco Navarrete, presunto Jefe de Plaza de la delincuencia organizada en Tierra Blanca.

La madrugada de este domingo, personal de la División de Gendarmería de la Policía Federal capturó a Francisco Navarrete Serna, quien presuntamente coordinaba la distribución de droga, la operación de secuestros y posiblemente varias ejecuciones cometidas en este municipio.

Con información proporcionada por elementos de la Fuerza Civil, un grupo de inteligencia y operaciones especiales de la Gendarmería Nacional estableció recorridos de vigilancia en la colonia Lomas de Jazmín, donde de acuerdo con los datos proporcionados por los agentes estatales, el presunto responsable reunía a su gente para coordinar las operaciones ilegales.

La madrugada de este domingo, los efectivos federales identificaron dos camionetas estacionadas con tres civiles armados, los cuales intentaron huir amagando con las armas a los uniformados, pero en una rápida acción fueron sometidos, sin la necesidad de efectuar un solo disparo.

Se identificó entre los detenidos a Francisco Navarrete Serna, de 54 años de edad, junto con su hijo y otro sujeto, quien manifestó ser uno de los sicarios al servicio del grupo criminal CJNG.

Los tres iban armados y se les aseguró una pistola calibre 9 milímetros, un fusil de asalto AK-47 y otro AR-15, además de diversos equipos de telefonía, los cuales están proporcionando valiosa información sobre la red de complicidades en Tierra Blanca.

Anteriormente, ya se contaba con indicios de la vinculación de Navarrete Serna en actividades ilícitas”. 

Sin embargo, las primeras dos detenciones ocurrieron el sábado por la tarde y la detención de Francisco Navarrete Serna fue unas horas después, también 23 de enero. 


Gracias a una serie de fotografías tomadas por vecinos -enviadas en un documento a Aristegui Noticias, desde el lunes pasado- se sabe ahora que los detenidos no estaban armados y no fueron aprehendidos por fuerzas federales, sino que policías estatales los entregaron a estos últimos.

El documento enviado a AN muestra los detalles de la detención de Navarrete hijo y Junior Alarcón, amigo de la familia Navarrete.

A las 5:30 pm del sábado fue la primera revisión de policías estatales a la camioneta de Junior Alarcón Valerio, afuera de su domicilio. Alarcón Valerio mostró todos los papeles del vehículo, de acuerdo con su familia, pero los policías le pidieron acompañarlos a la Delegación de la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Otra fotografía demuestra que no hubo un operativo conjunto entre la Gendarmería y la fuerza estatal, sino que sólo existió presencia por parte de los policías veracruzanos.

La otra camioneta “inspeccionada” fue la de José Francisco Navarrete Abraham, quien acudió al domicilio de Junior la tarde del sábado. 

Hay una imagen donde ya se les observa juntos a José Francisco y a Junior, sentados atrás de una patrulla del estado, sin esposas; incluso, el primero de ellos habla por celular con su padre, Francisco Navarrete Serna, quien en ese momento se encontraba en Puebla y a su regreso a Tierra Blanca también fue aprehendido y después presentado como jefe de plaza del narco. 


Los familiares de los tres no supieron qué pasaba hasta la 1:30 de la madrugada del domingo, cuando les dieron la primera información, aunque no era correcta. Desde la noche del sábado, las familias ya exigían información a las autoridades:



La madrugada del domingo 24 de enero, los tres detenidos fueron trasladados a la SEIDO en la Ciudad de México. Los acusaron de narcotráfico, extorsión y homicidio. Y los enviaron a penales de Durango, Sonora y Guanajuato.

La familia de  Francisco Navarrete Serna indicó a Aristegui Noticias que éste vive en Tierra Blanca y es ingeniero civil. Señalaron que incluso, el señor proporcionaba información a la Marina, relacionada con el combate al narcotráfico en esta zona, por lo que presumen que podría tratarse de una “venganza” por parte de alguna organización delictiva.

El sábado pasado, durante las primeras detenciones, Francisco Navarrete se encontraba en Puebla y regresó a Tierra Blanca a ver qué sucedía con la detención de su hijo y la de Junior.

Francisco Navarrete Abraham estudia en Xalapa y se encontraba en Tierra Blanca para celebrar su cumpleaños con sus amigos, el cual fue el pasado lunes 25 de enero.

En un principio, a quien los policías pidieron informes sobre la primera camioneta fue a la esposa de Junior, quien llamó a su esposo para que él atendiera a las autoridades. 

Después llegó el hijo de Francisco y también procedieron a hacerle una revisión a su camioneta, tras lo cual, los policías pidieron que los acompañaran a la delegación, a donde acudieron sin ser esposados, en la parte de atrás de la patrulla. Las familias de ambos sostienen que en los vehículos no había armas.

Ambas camionetas fueron trasladadas esta semana en las instalaciones de la SEIDO en la capital del país.


Aquí todas las imágenes y la narración de la propia familia Navarrete, realizada por una familiar para este sitio de noticias:

TB_DETENCION.pdf by Aristegui Noticias:

  TB_DETENCION.pdf

Comunicado PDF by Aristegui Noticias:

  Comunicado PDF

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2801/mexico/veracruz-acusan-montaje-del-gobierno-de-duarte-documento-y-fotos/

Por tener apellido similar a delincuente, acusan a joven de secuestro; “¿si te pareces verdad?”, se burla policía de Edomex

Josué Flores Camargo, quien trabajó hasta mediados de diciembre pasado en el Cooperativo Maskota, ubicado en Santa fe, fue solicitado por agentes del Ministerio Público del Juzgado Único de lo Penal de Tlalnepantla, el 17 de diciembre del año pasado. Para después citarlo en una cafetería cercana a su centro de trabajo.

Ahí comenzó un interrogatorio en relación a un supuesto delito con el que se le relacionó. Según información obtenida por Revolución TRESPUNTOCERO, Flores Camargo acudió en compañía de un abogado de la empresa para la que labora, sin embargo aún así fue detenido, para después trasladarlo al penal de Barrientos en esa misma entidad.

Fue después de 10 horas que le permitieron realizar una llamada, con un tiempo de medio minuto, fue así como logró comunicarse con su familia y hacerles saber que estaba detenido. Quienes no sabían cuál era el motivo por el cual Flores Camargo se encontraba en detención.

En la primera audiencia, la familia de Flores Camargo se enteró que el joven se encontraba detenido derivado de tres declaraciones hechas por el autor de un secuestro, quien responde al nombre de Omar Alid Rayas Becerra, quien señala que su cómplice al perpetrar el delito se llama Josué Camargo Rayas Becerra. A quien, según supuesta información del delincuente, le dijo que ‘desapareciera’ a la víctima, un menor de 10 años, sino regresaba en cinco días, lo anterior al momento de ir a cobrar el rescate.

Dentro de las inconsistencias, la defensa da a conocer que el secuestro se perpetró el 24 y 25 de diciembre de 2010, cuando Josué contaba con 21 años de edad, y el inculpado, tenía 23 años, según las declaraciones; en cuanto a los rasgos físicos que se mencionan, el presunto cómplice “tiene cabello lacio y que trabajaba como policía de seguridad en un centro comercial de Atizapan”.

Lo contradictorio se encuentra en que además que la familia de Josué vive en la Delegación Coyoacán, en ese momento el joven mantenía un trabajo en una revista de la misma demarcación. Pese a los argumentos presentados, la prueba máxima para las autoridades de la culpabilidad del joven, es que tiene el mismo nombre y un apellido del supuesto cómplice.

A las irregularidades en el caso, Flores Camargo dio a conocer que al momento de su detención y ya dentro del vehículo de los agentes, le dijeron que ya conocían toda la información sobre su familia, sus estudios e incluso le mencionaron que su padre había fallecido recientemente, además de mostrarle su retrato hablado.

Para después, en tono sarcástico, según declara, le preguntaran “¿si te pareces verdad?” A lo que el joven se defendió asegurando que no se trata de la misma persona. Aún sin pruebas contundentes el joven ha sido mantenido en prisión, siendo catalogado como ‘otro presunto culpable’, fabricado ahora por policías del Estado de México, y cuyas autoridades se niegan a examinar nuevamente las ilegalidades del caso.

Luego que el Ministerio Público identificara a los hermanos Arturo y Omar Alid Rayas Becerra, como los secuestradores de Giuseppe Morin en 2010, en 2011 la Procuraduría General de Justicia del Estado de México señaló que aún faltaba una persona por ser detenida cómplice de los hermanos que perpetraron y planearon el secuestro.

“Casos como el de Josué se repiten a diario en el país, por la deficiencia del sistema judicial que deriva en el descontrol en la investigación del personal que han contratado para ejercer justicia. Porque los que delinquen, los que violan la ley son quienes buscan inocentes para cumplir con las ‘cuotas’ de detenidos y a su vez obtener ‘reconocimientos’ y por eso es que el país está plagado de presuntos culpables”, explica la Doctora en Derecho Penal Ana Laura Valente.

Tan sólo en la ciudad de México, según las estadísticas de investigadores independientes, nueve de cada 10 personas están presas simplemente porque alguien los señaló y en el 40 % de los casos los detenidos confiesan haber cometido los crímenes, muchas veces bajo alguna forma de tortura.

En el caso de Flores Camargo, su madre ha exigido justicia para su hijo y castigo contra quienes resulten responsables de los delitos cometidos en agravio del joven, esto también lo ha hecho por medio de manifestaciones, donde la han acompañado amigos y familiares, esto en las afueras del Penal de Barrientos en Estado de México.

“En este país se es culpable si las autoridades lo desean o lo requieren; se es culpable si se carece de dinero y se tiene la desgracia de ser primero víctima de la policía y después del sistema judicial; se es culpable si es la pobreza la que determina el estatus social y ésta la condición jurídica; se es culpable cuando nuestro sistema jurídico requiere ensalzar sus logros, y se es culpable porque la maraña, ineptitud y sordera de nuestras leyes impide, aunque sea el caso, demostrar inocencia. Estado de México es la representación de la ilegalidad, donde las autoridades son ruines y su modus operandi es torturar para obtener una información o la muerte de no hacerlo”, comenta Valente.


El 67 % de las personas que estaban pagando una condena no eran culpables del delito del que fueron acusados, reveló una encuesta entre reclusos de centros penitenciarios del Estado de México y del Distrito Federal sobre los tratos que reciben, así como del acceso a la justicia en el país.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: EMMA MARTÍNEZ.
LINK: http://revoluciontrespuntocero.com/por-tener-apellido-similar-a-delincuente-acusan-a-joven-de-secuestro-si-te-pareces-verdad-se-burla-policia-de-edomex/

Dos víctimas de tortura salen libres tras años en prisión; Amnistía: es la impunidad

En menos de 24 horas, jueces del norte del país liberaron a dos víctimas de tortura que pasaron años lejos de sus familias tras ser enviados a prisión con confesiones obtenidas a través de golpizas y abuso sexual por parte de policías estatales. Es el fracaso de la estrategia contra el crimen organizado, dijo la organización internacional.

La organización Amnistía Internacional consideró que la liberación de dos víctimas de tortura de cárceles mexicanas es una muestra de la estrategia fallida de las políticas de seguridad para combatir el crimen organizado en el país.

“Las injusticias en México se caen como fichas de dominó tras la liberación de dos víctimas de tortura en 24 horas por pruebas ilícitas”, dijo en un comunicado.

Y es que, efectivamente, jueces liberaron a dos víctimas de tortura que pasaron años lejos de sus familias tras ser enviados a prisión luego de que a través de brutales golpizas, tortura y violencia sexual los policías los obligaron a incriminarse.

La organización alertó que con las liberaciones de Adrián Vázquez en Tijuana, y de Cristel Peña, en Ciudad Juárez, se da una “esperanza de justicia a un incontable número de personas torturadas detenidas injustamente”.

Amnistía Internacional sostuvo que ambos casos son comunes en México, donde “la impunidad de la que gozan los agentes del Estado que torturan es casi total”.

Alertó además que esta situación “está empeorando”, pues, detalla, que las denuncias de tortura se duplicaron entre los años 2013 y 2014 y las autoridades no han sido capaces de mostrar una sola consignación que hayan presentado en contra de perpetradores a nivel federal en 2014.

Adrián Vázquez Lagunes, padre de cuatro niños, de oficio conductor de transporte, fue detenido mientras trabajaba en Tijuana el 26 de septiembre de 2012 y acusado de ser un narcotraficante de alto nivel por parte de la Procuraduría General de la República (PGR). Durante 12 horas, la Policía de Baja California lo sometió a amenazas, palizas y semiasfixia, incluso, narra Amnistía Internacional, los uniformados le introdujeron agua por la nariz hasta llenarle los pulmones.

Sus vecinos fueron testigos de cómo los elementos de seguridad lo golpearon cuando llevaron a Vázquez Lagunes a su domicilio para realizar un registro. Posteriormente, lo presentaron ante los medios de comunicación como un conocido narcotraficante de alto rango.

Sin embargo, desde que fue detenido, la defensa de Adrián demostró que el vehículo en el que viajaba no era robado, que en el registro de su atención había diversas irregularidades y que las autoridades no demostraron que las armas y drogas supuestamente halladas a Adrián Vásquez estuvieran relacionadas con él.


Finalmente, luego de que un juez local resolvió que no había evidencia para sostener los cargos en su contra, Adrián Vásquez fue liberado la madrugada del 2 de diciembre de una prisión en las cercanías de Tijuana, México, más de tres años después de ser arrestado y torturado por la policía estatal.

“El caso de Adrián es un ejemplo más de cómo la estrategia de seguridad del Gobierno mexicano ha fallado en combatir el crimen organizado, y en su lugar está creando condiciones para torturar a las personas que son detenidas y para involucrarles en crímenes que no han cometido”, consideró Madeleine Penman, Investigadora para México de Amnistía Internacional.

“Adrián y su familia merecen una reparación integral por todo el sufrimiento físico y emocional que les ha sido causado”, recalcó.

Por su parte, Cristel Piña, una joven de 25 años de edad y madre de dos menores, permaneció durante más de dos años en una prisión de Ciudad Juárez por el delito de extorsión, el cual ella confesó en una grabación de video luego de que policías del estado de Chihuahua la golpearon brutalmente y la violaron.

Piña es de las primeras sobrevivientes de tortura sexual que testificó en el nuevo sistema de justicia oral. La joven madre tuvo que enfrentarse frente a frente con su torturador, un miembro de la Policía Estatal de Chihuahua que continúa activo como funcionario público, precisó la organización.

Cristel Piña levanta la mirada para encontrarse con los ojos de su torturador.

“¿Te acuerdas cómo me dijiste que nunca me iba a olvidar de tu cara?”, le pregunta la joven de 25 años a un Policía.
“Sí, me acuerdo”, responde el oficial.
“¿Te acuerdas cómo me obligaste a darte sexo oral mientras el otro Policía se masturba enfrente mío?”, continúa.
El Policía le mira de frente y responde: “No me acuerdo”.

Ese mismo Policía que Cristel tuvo que enfrentar, fue el mismo que en agosto de 2013 ingresó junto con otros uniformados a la casa de Piña, donde la arrestaron junto con su esposo, a ambos los golpearon, y a ella le quitaron la blusa y la violaron.

“Vamos a divertirnos, pendeja”, le dijeron.

Cristel fue acusada de extorsión, y luego de ser torturada, fue obligada a que se autoincriminara ante una cámara de video, sin embargo tan pronto como fue puesta ante un juez ella se retractó y denunció las agresiones, e incluso se levantó el pantalón y enseñó sus heridas. Pero ni el juez ni el Ministerio Público le dieron seguimiento a sus denuncias.

“Esos detalles no vienen al caso”, fue la respuesta del Ministerio Público ante las acusaciones de tortura.

“Nadie te va a creer que te golpearon”, le dijo el médico oficial cuando la examinó.

Ese mismo elemento de seguridad se encontraba sentado con cara solemne ante una juez, confirmando que llevó a cabo el arresto en agosto de 2013, cuando Cristel testificó en su contra y le dijo:

“Me hiciste mucho daño. Y ahora no te vas a olvidar de mi cara”.

Cristel pasó los últimos dos años en prisión, mientras que el hombre que ella denuncia por haberla torturado, sigue libre y continúa trabajando como funcionario público. La semana pasada una juez absolvió a Cristel y concluyó que no había evidencia para condenarla, y finalmente fue liberada ayer.


“No entiendo porque me pasó todo esto”, declaró Cristel con lágrimas en los ojos.

Por su parte, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, sostuvo que “como Cristel y Adrián, hay miles de casos de personas injustamente detenidas a lo largo y ancho del país que han sido torturadas hasta que accedieron a aceptar su culpa por un crimen que no cometieron. La liberación de estas dos víctimas nos muestra que ya es tiempo de que las autoridades abran sus ojos a esta realidad vivida por tantas otras personas torturadas que se encuentran tras las rejas en todo México”.

“El hecho de que jueces de diferentes Estados del país puedan desmontar acusaciones débiles que solo se sustentan en confesiones obtenidas tras torturas demuestra que puede haber esperanza de justicia para otros casos”, agregó Guevara Rosas.

La organización recordó también el caso de Yecenia Armenta, quien lleva tres años y medio en una prisión acusada del asesinato de su esposas, pese a que se ha denunciado que al momento de su detención la mujer fue torturada y violada durante su detención por policías ministeriales de Sinaloa, los cuales la obligaron a firmar una confesión. Sin embargo, los médicos legistas de la Procuraduría estatal no documentaron las huellas de tortura y por ello sigue en la cárcel.

“Yecenia Armenta comparte con Adrián y Cristel la misma historia de sufrimiento e injusticia, y le pedimos a todas las autoridades que permitan que como las otras víctimas de tortura recientemente liberadas, Yecenia pueda estar en su casa con sus seres queridos para estas Navidades”, finalizó Erika Guevara.



FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-12-2015/1569656