Liberan a hombre que bajo tortura ‘confesó’ ser ‘El Macho Prieto’

TIJUANA, BC: Por desvanecimiento de datos fue puesto en libertad Adrián Vázquez Lagunes, un hombre que fue víctima de tortura por agentes estatales para que se incriminara de ser Gonzalo Insunza, El Macho Prieto, un lugarteniente del Cártel de Sinaloa.

Ayer martes, cerca de las 23:10, Vázquez Lagunes salió del Centro de Reinserción Social de El Hongo, donde estuvo preso durante tres años acusado de portación de arma de fuego y delitos contra la salud en la modalidad de posesión.

El parte informativo de los agentes de la PEP fue declarado “ilícito e infundado” en la resolución del magistrado del Juzgado Quinto Unitario del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Las drogas y el arma se las “sembraron” los policías para inculparlo y forzarlo a declarar que era el capo del narcotráfico, sostuvo Sandra Esquer, directora del Centro de Derechos Humanos de Baja California.

El caso de Adrián Vázquez fue documentado en informes de 2014 de Amnistía Internacional (AI) y la ONU debido a las lesiones físicas que registró durante su detención en Tijuana, que le produjeron daños irreversibles en su salud.

De acuerdo al parte médico, resultó con siete costillas rotas, un pulmón perforado y estallamiento de vejiga, que lo mantuvo hospitalizado con pronósticos reservados por su estado de salud.

Incluso, la versión de la Policía Estatal Preventiva de la supuesta detención de El Macho Prieto provocó que le negaran la atención médica de urgencia en 17 clínicas y hospitales de Tijuana.

Doña Raquel, una vecina que fue testigo sobre la tortura que sufrió Vázquez Lagunes, dijo que un culatazo de un rifle de uno de los policías hizo que se orinara en los pantalones cuando fue llevado a su casa, supuestamente para que entregara un inexistente cargamento de droga.

El 26 de septiembre de 2012, agentes de la PEP hicieron una redada ante el anuncio de que El Macho Prieto se encontraba en Tijuana. Detuvieron a cinco personas, entre ellos a Vázquez Lagunes, quien fue señalado de ser el capo de la droga vinculado al Cártel de Sinaloa.

La abogada Sandra Esquer dijo que la resolución judicial es un avance en el reconocimiento de un problema que se vive en la entidad y en el país, que es la tortura porque se convierte en una violencia institucionalizada y obligará a la PEP a aceptar la urgencia de manejar protocolos de actuación en las detenciones para dejar de violar derechos humanos.

Una vez que obtuvo su libertad, Adrián se reunió con su esposa Judith Luna y sus cuatro hijos, además de recibir una serie de llamadas, entre ellas de representantes en México de Amnistía.


Vázquez Lagunes es originario de Tinajas, Veracruz y desde hace 17 años reside en Tijuana, de los que tres los pasó en el penal de El Hongo, situado en la zona montañosa de Tecate.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO).
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422323

Israel Vallarta, sin sentencia a diez años del montaje: Emmanuelle Steels

"Lo que montan (las autoridades) es realmente una obra de teatro", sostiene.

‘El Teatro del Engaño‘ aborda el caso de Israel Vallarta, quien a diez años del montaje en el que lo detuvieron junto con Florence Cassez, aún no recibe sentencia y está en espera de que se confirme la tortura en su contra, detalló la periodista belga Emmanuelle Steels.

En entrevista para Aristegui CNN, recordó el montaje mediático confesado por las propias autoridades -después de que lo exhibieron los medios de comunicación- el cual provocó la liberación de la francesa en enero 2013, por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Dos meses después del montaje, un programa de Televisa (Punto de Partida con Denise Maerker) descubrió que esta detención (transmitida por Televisa y Tv Azteca) no había sido en vivo… a partir de la confesión de autoridades, lo que montan es un doble engaño”, señaló.

“Lo que montan es realmente una obra de teatro, donde van repartiendo los roles, donde dan nombres de signos zodiacales a supuestos secuestradores que pasan primero 4 años antes de detenerlos, porque primero esta banda solamente está conformada por Israel Vallarta, que fue torturado, y Florence Cassez, y poco a poco con el paso de los años van a ir deteniendo más miembros, muchos de la familia Vallarta, sobrinos y hermanos de Israel, les van a dar signos zodiacales que ni siquiera son los suyos, van a detener más personas a las que dan varias identidades, y va a haber toda una serie de detalles en la fabricación y elaboración de esta banda, relacionándola con otras bandas ficticias, donde hay muchos detalles rocambolescos, por ejemplo van sacando declaraciones ministeriales para incriminarlos a un personaje que está en coma,  detienen a personas sin saber de lo que los acusan, van creando una serie de bandas, una galaxia de bandas, una constelación, y llega un momento en 2009 en que les llegan a faltar hasta víctimas, tienen demasiadas bandas para pocos secuestros”, explicó.

“Esta historia empezó el 8 de diciembre de 2005, van preparando el montaje que tiene lugar el 9 de diciembre de 2005, un día después de la detención y en que se origina la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez, viven juntos en una casa a las afueras del DF, en la carretera libre a Cuernavaca, y este caso se origina en el rancho Las Chinitas, que no es un rancho porque es una casa bastante chica y un terreno de diminutas dimensionas, no es un rancho como lo entendemos habitualmente”, expuso.

Todo “se origina en un conflicto de negocios que tiene el hermano de Florence Cassez (Sebastián) quien lleva muchos años en México, con su socio, Eduardo Margolis, tienen un conflicto bastante fuerte donde se reclaman dinero el uno al otro. Eduardo Margolis, un señor muy poderoso, promete vengarse de esta situación”, indicó Steels. 

Margolis le reclamaba más de 60 mil dólares a Sebastián, pues afirma que se quedó con la empresa de venta de aparatos para tratamientos estéticos; a él llegan una serie de amenazas y poco tiempo después su hermana es detenida en compañía de Israel Vallarta, quien es amigo de Sebastián Cassez y también conoce a Margolis porque tuvo tratos con Margolis, y de alguna forma la venganza también es contra él por ponerse del lado de Sebastián en el conflicto, abundó.

“Los dos hombres habían recibido amenazas de este empresario, que es cercano a Genaro García Luna, en ese entonces director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), cercano también a Luis Cárdenas Palomino, en ese momento director de la investigación policial en la AFI”, apuntó.

El empresario está en el “centro del complot” porque también existe un lazo con las víctima que van presentando, y quienes atribuyen una serie de secuestros a la banda Los Zodiaco, en la que sitúan a Florence y a Israel como líderes, y cuya existencia el libro pone en duda.

“Él mismo (Margolis) con el paso de los años lo va reconociendo… tuve la posibilidad de entrevistarlo (a Eduardo Margolis) dijo que él iba tras la banda de Los Vallarta, así los llamaba, y posteriormente en el momento de su liberación, Florence Cassez pudo hablar con él por teléfono para reclamarle por qué la puso en esa situación, por qué tuvo que pasar 7 años en la cárcel, y él le dijo: efectivamente, yo solicité la detención pero no la tuya, solamente la de Israel Vallarta, que cuando se estudia su expediente no se encuentran pruebas de que estuviera involucrado en secuestros”, sostuvo la periodista belga.

Fue hasta que un juez de Toluca empezó a aceptarle pruebas a Vallarta -nunca le habían aceptado por considerar que había delito en flagrancia-, cuando comienza a avanzar su proceso, el cual es lento porque las víctimas y los aprehensores no se presentan a acusarlo.

A Vallarta “recientemente le han autorizado que unos peritos le practiquen el protocolo de Estambul, para demostrar la tortura, diez años después de un dictamen de la CNDH que ya demostraba múltiples huellas de tortura por golpes y toques eléctricos”. 

Emmanuelle aseguró que “la familia de Vallarta fue detenida, todos fueron torturados, de momento sólo en tres de ellos se les practicó el protocolo de Estambul, que salieron positivos, y dos de ellos han sido sentenciados hace poco a 33 años por un secuestro, delincuencia organizada y portación de arma, es muy importante esta sentencia: son dos sobrinos que se llaman Juan Carlos y Alejandro Cortés Vallarta, dos jóvenes que tenían empleos formales, no tenían un perfil criminal, tienen familias, Alejandro tiene esposa e hijos, no tenían antecedentes penales y no tenían materialmente por sus empleos el tiempo de dedicarse al secuestro. Además, Alejandro Cortés Vallarta pudo demostrar que estaba trabajando en la construcción de un hotel en la Riviera Maya cuando ocurrió el único secuestro por el que fue sentenciado, y sus empleadores llegaron a testificar que ese día estaba trabajando con ellos en Akumal en la construcción de un hotel”.

“Por otro lado, Juan Carlos también pudo demostrar un trabajo formal con ciertos horarios que no le permitían dedicarse al secuestro. La sentencia se basa únicamente en el hecho, ahí el juez lo que hace es decir que no necesariamente tiene que demostrar que participaron en este secuestro, ya que forman parte de una organización de secuestradores, ahí por delincuencia organizada los acusa de rebote de secuestro lo que no debería ser así, diciendo que la existencia de la banda de Israel Vallarta y Florence Cassez está demostrada, sin embargo no lo está, Israel Vallarta no está sentenciado después de 10 años, y Florence Cassez digamos la Suprema Corte echó por tierra las supuestas pruebas que se aportaron de la existencia de esta organización delictiva”, agregó. 

Pero “la justicia sentenció a dos sobrinos con base en el prejuicio de la existencia de esta banda liderada por Florence Cassez”, aunque “cuando se estudia a fondo el expediente lo que sí se puede establecer claramente como creo lo hice en este libro es que todas las pruebas testimoniales y materiales, provienen de este montaje, son pruebas que ahí están en la casa de Israel Vallarta pero ahí están porque fueron sembradas, y los propios testimonios de las víctimas, no solamente la forma en la que han variado sino la forma inicial en la que se formulan, diciendo no reconocemos a Israel Vallarta y a Florence Cassez, pero los agentes de la AFI nos dijeron que eran nuestros secuestradores“.

La autora del libro afirmó que sólo las autoridades saben si las víctimas son de otra banda de secuestradores.

Ante este escenario, consideró que “si se aceptan este tipo de montajes, si se validan condenas, encarcelaciones, torturas que resultan de este tipo de montajes, probablemente la sociedad se expone a que se sigan repitiendo este tipo de prácticas, y todos corremos el riesgo de que cuando salgamos a la calle nos detengan, nos torturen y nos acusen de tener personas secuestradas en nuestra casa o cualquier otra cosa”.

Y sentenció: “No solamente la sociedad está dañada por este montaje, también lo está una familia entera, un testigo, David Orozco, que ha muerto después de no recibir atención médica, después de haber sido torturado para acusar a Israel Vallarta y Florence Cassez, era un vendedor de ropa de un tianguis detenido por las autoridades”.

La periodista mencionó que en el libro está el relato detallado de los expedientes y el caso de Israel Vallarta, donde hay un prejuicio de que él es el jefe de una banda de secuestradores, “es un prejuicio que tardé dos años en derribar, estaba convencida de que existía esta banda y de que Israel Vallarta tenía algo que ver con eso”.

Fue “a la fuerza, sembrando pruebas, forzando testimonios” como lograron encuadrar el caso; “lo primero que pensamos es que las víctimas no mienten, pero analizamos declaración por declaración, viendo cómo las víctimas están sometidas, presionadas, logramos desentrañar todo eso”.


ENTREVISTA:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1811/mexico/israel-vallarta-diez-anos-sin-sentencia-pese-a-montaje-al-ser-detenido-con-cassez-emmanuelle-steels-en-cnn/

Juez absuelve a joven que pasó dos años en prisión acusada de extorsión y sujeta a tortura

CHIHUAHUA, Chih: Luego de permanecer dos años y tres meses en prisión, Cristel Fabiola Piña Jasso, sobreviviente de tortura sexual por parte de agentes estatales y acusada de pertenecer a una banda de extorsionadores, fue absuelta por falta de pruebas.

Junto con ella fueron absueltos Leonardo Gilberto de la O Ramos, pareja de la joven de 25 años, y Eduardo Estrada Calderón quienes también fueron torturados y acusados de pertenecer a la banda de extorsionadores.

La juez Florina Coronado Burciada los absolvió del delito de extorsión contra un comerciante porque no encontró elementos para inculparlos y ordenó investigar a los policías que los torturaron.

La sentencia será emitida el próximo 17 de noviembre, ya que los tres deberán permanecer en prisión hasta conocer si el Ministerio Público impugna a través de un recurso de casación.

En el juicio coadyuvaron representantes de la organización Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y asistieron como observadores del juicio Medeleine Penman, investigadora para México de Amnistía Internacional (AI), y dos personas más.

La representante de AI consideró que la absolución de la mujer de 25 años, quien fue torturada para confesar el crimen de extorsión, es una buena noticia pero México debe asegurar que los responsables del abuso que sufrió enfrenten a la justicia y a ella reciba reparación de daño.

“El hecho que una joven fue forzada a pasar dos años en prisión después de haber sido torturada para confesar un crimen dice mucho sobre el estado del sistema de justicia en México”, señaló Erika-Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, en un comunicado emitido luego del fallo.

“Mientras que la absolución de Cristel es una buena noticia, no se hará justicia hasta que quienes la torturaron sexualmente hasta que confesara un crimen sean puestos tras las rejas y se envíe un fuerte mensaje que la tortura nunca es aceptable”, agregó.

El juicio oral inició el pasado 16 de octubre en el Distrito Judicial Bravos, con sede en Ciudad Juárez.

El Centro Paso del Norte y el Centro Agustín Pro, denunciaron que la familia de Cristel ha sido amenazada y hostigada por haber puesto la denuncia por tortura.

A finales de septiembre del 2015 al padre de Cristel, Rafael Piña, le cerraron el paso dos vehículos cuando se dirigía en su auto a su trabajo, los dos conductores bajaron para decirle: “ya no hables porque te vamos a dar en la madre”.

Las últimas semanas también llamaron por teléfono a la casa del señor Piña a diferentes horas y en diferentes días, pero nadie responde.

Hace dos años tres meses, Cristel Fabiola Piña y su pareja fueron sustraídos de su domicilio en Ciudad Juárez de forma violenta por elementos de la Policía Única Estatal y agentes ministeriales de la Fiscalía Zona Norte.
Los tres fueron torturados física y psicológicamente, y Cristel además sufrió abuso sexual durante unas 15 horas continuas.

Dos días después de su detención Cristel, Eduardo y Leornardo fueron presentados ante los medios como integrantes de una banda de extorsionadores.

En marzo de 2015 el caso de la juarense de 25 años se incorporó públicamente a la campaña nacional: “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”.


Cristel, Eduardo y Leonardo de la O fueron acompañados en su lucha jurídica por el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte AC.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420358

Denuncian “siembra” de armas y drogas a exmilitar detenido en Veracruz

MÉXICO, DF: El exmilitar José Alberto Morales lleva 40 días detenido en la prisión de Duport Ostión, en el municipio de Coatzacoalcos, acusado de portar armas de diversos calibres de uso exclusivo de las fuerzas castrenses.

Luz del Alba Miss, madre de José Alberto, denunció que elementos del Ejército Mexicano le sembraron las armas a su hijo cuando allanaron su casa sin una orden de cateo, el pasado 23 de septiembre.


“Me están presionando del juzgado. El juez tercero de primera instancia, que sólo conozco por el nombre de Héctor, me exige 400 mil pesos para liberar a mi hijo… Eso fue la semana pasada, ahora ya me exige 200 mil pesos y un automóvil nuevo. Con los abogados también he tenido problemas, y ellos tienen toda la documentación que prueba la inocencia de mi hijo, estoy desesperada”, dice en entrevista vía telefónica con apro.

Según Morales Miss, los militares nunca le dijeron el motivo por el que fue sacado con violencia de su domicilio y tampoco se identificaron. “Me decían que ya me iba a cargar la chingada. Me dieron golpes en la cabeza y me amenazaban con dispararme”, expuso en su declaración ministerial, de la cual este reportero tiene copias fotográficas.

Por su parte, Luz del Alba señala que entre las irregularidades cometidas contra su hijo destaca el hecho de que no hay un informe de balística, y las armas presentadas como pruebas son inservibles, además de que tras su detención, José Alberto –añade– fue presentado directamente en la Procuraduría General de la República (PGR).

Precisa que los acusadores sólo reportaron una unidad de militares durante la detención, pero los vecinos aseguran que eran dos unidades y 12 elementos castrenses quienes se lo llevaron.

Además, agrega, hay contradicción en las declaraciones de los propios elementos del Ejército que realizaron el cateo, como Alberto Carvajal, el cabo de infantería Heriberto Javier Aguilar y los soldados Juan Flores Muñoz y Carlos Daniel de los Santos. “Ellos omiten la unidad, discrepan en la detención de mi hijo y cómo procedieron, razón por la que mi hijo teme por su vida dentro del penal”, dice.

Entre las pruebas de cargo para la defensa de José Alberto Morales, la madre del exmilitar facilitó fotografías donde se presume exceso de la fuerza pública al romper la cerradura de la puerta de la casa del exmilitar, huellas de patadas en el interior del departamento, así como los golpes en el rostro de Morales Miss. Además, apunta, los militares lo querían “obligar” para que sonriera para la foto.

En el juicio de garantías que interpuso la familia del acusado sostiene que los elementos del Ejército Mexicano sometieron al acusado a tortura y tratos crueles, inhumanos y denigrantes.


“Para robustecer sus pruebas, los militares presentaron una camioneta blanca Mazda modelo CX-5 con placas de circulación de Puebla. Y otro dato que consideramos importante es que en el penal Duport Ostión también fue internada la empleada doméstica, cuya única única relación con mi hijo era que realizaba el aseo de la vivienda”, concluye la madre del detenido.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.

Una “verdad histórica” a base de intimidación y falsedades

La “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, presentada el pasado enero por el entonces procurador Jesús Murillo Karam, y que concluye que los 43 normalistas fueron incinerados en un basurero de Cocula, se armó al vapor y basándose en párrafos de literatura científica sacados de contexto. Está llena de datos falsos, salpicada de omisiones y suposiciones.  Y cuando los testimonios y los estudios serios empiezan a demoler las increíbles hipótesis de la PGR, o cuando algunos indicios apuntan hacia el ámbito militar, se recurre a las amenazas y al hostigamiento de testigos.

MÉXICO, D.F: El gobierno federal hizo cuadrar los hechos que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó como la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa y borró evidencias que incriminaban a instancias federales en la desaparición de los 43 normalistas.

Se usaron maniobras como amenazar a testigos clave para que se retractaran de lo dicho inicialmente a Proceso, falseamiento de bitácoras oficiales y manipulación de estudios científicos contenidos en los peritajes.

Datos recabados para esta investigación dan cuenta de que distintas dependencias estatales y federales también entregaron a periodistas información oficial falseada o mutilada, cuando no pudieron evadir las leyes de transparencia. Además hubo un intento del Ejército por quedarse con el video que implica a personal del 27 Batallón de Infantería en los hechos de Iguala.

Estos datos son independientes al Informe Ayotzinapa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que entre otras cosas encontró: uso generalizado de tortura a los presuntos perpetradores (cuyas versiones de los hechos no concuerdan); borrado de los expedientes de uno de los autobuses atacados esa noche y destrucción de un video con imágenes de ese camión; así también las diligencias no hechas o realizadas hasta que el grupo lo sugirió: toma de declaraciones de importantes testigos, peritajes a los autobuses o estudio de las ropas halladas en esos vehículos, entre otras.

Dos testigos a quienes la PGR silenció fueron los empleados del servicio de limpia del municipio de Cocula, Rosí Millán y Wenceslao Rifas, tripulantes del camión recolector que lleva la basura al tiradero municipal donde supuestamente incineraron a los normalistas. Su testimonio apareció en la página de internet de Proceso el 29 de octubre del año pasado; afirmaron que aproximadamente el día 23 –una semana antes de que la PGR anunciara que los 43 podrían haber sido cremados ahí–, militares les impidieron el paso argumentando razones de seguridad.

“Dijeron: ‘Procuren no venir aquí, porque tarde o temprano puede haber un tiroteo’… y no vaya a ser la de malas, mejor ya no subimos”, dijo Millán esa vez. Hasta ese momento no habían sido citados a declarar.

Ambos aseguraron que siguieron usando el tiradero desde el día de la supuesta quema de los 43 y durante casi un mes, y nunca se percataron de que en ese lugar hubiera habido algún hecho extraordinario. Parte de su trabajo consistía en vigilar de lejos el basurero para detectar cualquier humo. Millán insistía en que la noche del 26 de septiembre no hubo fuego; llovía y él no vio humareda alguna.

Sin embargo, en la conferencia de enero de este año, en la cual la PGR presentó su “verdad histórica” sobre el destino de los normalistas, el entonces procurador Jesús Murillo Karam mencionó un testimonio de los recolectores de basura opuesto a esa primera versión: en esta, los dos empleados municipales habrían dicho que narcotraficantes les impidieron el paso y que por miedo habían dejado de usar el basurero.

Esta reportera visitó varias veces Cocula para reconfirmar esa nueva versión. Una vez la casa de los Millán estaba cerrada; una segunda vez, la familia entera mintió y negó que Rosí estuviera ahí. Su madre y hermanos se notaban asustados. Él estaba escondido. Cuando se decidió a salir, temblaba. Antes de negarse a dar la entrevista dijo: “No voy a hablar, porque luego me acusan de mentiroso”.

Su miedo tiene explicación: el 2 de noviembre, cuatro días después de la publicación de su testimonio, personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) trasladó al Distrito Federal a los dos empleados municipales y los sometió a dos días de interrogatorios sin darles comida.

Les preguntaron los hechos, les mostraron un ejemplar de la revista Proceso y los amenazaron. Una persona cercana a ellos revela que en la SEIDO les dijeron que “si no recordaban” y “si no dejaban de decir mentiras” iban a terminar presos en Nayarit con los funcionarios y delincuentes de Guerreros Unidos.

Entonces declararon lo contrario. Este dato fue confirmado por dos fuentes.

A ambos les hicieron firmar papeles cuyo contenido desconocían. Wences –ayudante de Rosí– no sabe leer. Cuando fue entrevistado por un grupo de reporteros este año, seguía sosteniendo que en el basurero no hubo incineración. De los militares nada dijo.

Ese no fue el único operativo para silenciar testigos o borrar evidencias.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2028, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.

Ayotzinapa: los “sicarios”, sólo albañiles torturados

Los resultados de la investigación de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –la cual echa por tierra la existencia de la pira funeraria masiva– no es el único golpe a la versión de la PGR sobre el caso Ayotzinapa. Ahora hay otro torpedo disparado a la línea de flotación de la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam: las confesiones de los supuestos sicarios que hablaron de la quema en un basurero de Cocula de los cuerpos de los normalistas… Fue obtenida mediante el recurso de torturar a cuatro albañiles.

MÉXICO, D.F: Según el gobierno federal, uno de los principales operadores del grupo criminal Guerreros Unidos en Cocula, Guerrero, es Patricio Reyes Landa Salgado. La realidad es que se trata de un albañil tan pobre que su familia recibe fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

En noviembre de 2014 este hombre fue señalado por la Procuraduría General de la República (PGR), junto con otros tres trabajadores de la construcción, como responsable del asesinato y cremación de los 43 normalistas de Ayotzinapa –secuestrados en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de ese año– en el basurero del cercano municipio de  Cocula.

Para cerrar el caso, el pasado 27 de enero el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, presentó a Reyes Landa, Jonathan Osorio Cortez, Agustín García Reyes y Felipe Rodríguez Salgado como las piezas que resolvían todo. Afirmó que ellos habían confesado el asesinato e incineración de los estudiantes y agregó que todas las pruebas científicas apuntalaban las confesiones.

Pero el sábado 5, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que en realidad tal cremación nunca ocurrió.

Ahora se sabe, por el examen médico practicado en la PGR a Rodríguez Salgado y los testimonios de sus familiares, que los albañiles fueron torturados. En sus conclusiones, el GIEI, basado en un peritaje forense independiente, concuerda: quienes “confesaron” el asesinato y cremación de estudiantes fueron coaccionados mediante tortura.

La PGR afirmó en noviembre de 2014 que Reyes Landa, Osorio y García Reyes confesaron haber triturado los restos de los estudiantes y haber metido sus cenizas en bolsas que dejaron o vertieron en el río San Juan.

En realidad ninguno de ellos declaró eso. Según lo prueban sus declaraciones ministeriales –de las cuales se tiene copia–, ese argumento fue inventado por la PGR.

Desde diciembre pasado los autores de este reportaje –en colaboración con Proceso y el Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley– revelaron la participación del Ejército y la Policía Federal en los ataques contra los normalistas el 26 de septiembre (“La verdadera noche de Iguala”, Proceso 1989); que fueron cinco los autobuses involucrados y no cuatro, como decía la PGR; y que los estudiantes fueron monitoreados en todo momento por los gobiernos federal y estatal. El GIEI confirmó esto en su investigación.

Para el presente reportaje se entrevistó a las familias de tres de los albañiles con quienes la PGR fabricó su “verdad histórica”.


(Fragmento del reportaje principal que se publica en la revista Proceso 2028, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER

La historia de un capo inventado

El caso de Martín González Moreno, detenido por agentes estatales de Jalisco como sospechoso de pertenecer a la delincuencia organizada y traficar con crystal, muestra los métodos de la cuestionada Fuerza Única Regional. A falta de resultados reales en las tareas de seguridad, sus efectivos recurren a la tortura y a falsos testimonios para convertir a un comerciante en un reo de alta peligrosidad e incluso en un connotado jefe de plaza.

GUADALAJARA (Proceso Jalisco).- En su afán de encontrar culpables ante el aumento desmedido de la delincuencia en algunas regiones de Jalisco, integrantes de la Fuerza Única Regional (FUR) convierten a comerciantes o ciudadanos en “peligrosos delincuentes” en menos de 24 horas, como ocurre en la región Valles.

Luego de ser torturados con golpes, toques eléctricos en los genitales y con intentos de asfixia, los presuntos culpables son obligados a confesar hasta lo que no hicieron, según denuncian familiares de personas afectadas (Proceso Jalisco 527 y 557).

Los testimonios sobre las 128 inconformidades presentadas contra la FUR ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) coinciden en denunciar detenciones y cateos sin las correspondientes órdenes judiciales, así como los falsos testimonios de policías involucrados en esas capturas.

Destaca el caso de Martín González Moreno, un comerciante de 43 años, oriundo de Tala, detenido el 18 de septiembre de 2014 bajo el cargo de ser el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en ese municipio.

Su esposa, Edna Lizette Vega Ramos, es contadora en una empresa de alimentos enlatados y afirma que en menos de 72 horas los agentes de la FUR convirtieron a González Moreno en un delincuente peligroso y “desbarataron” la vida de ambos.

“A Martín se lo llevaron como a las 8:30 de la noche del 18 de septiembre del año pasado. Yo llegué cerca de las 10 a la casa y lo busqué, pero no estaba.

“Yo estaba embarazada. Observé que había algo extraño en la vivienda, pero mi esposo nunca apareció. Entré en shock al presentir que algo grave había ocurrido con él y empecé a sentir cómo la bebé se me movía mucho en el vientre. Me puse como loca y unos familiares le hablaron a la policía; me dijeron que revisara todo. Luego llegaron mi cuñado y mis primos, que trataron de calmarme.”

Añade que, como no se sentía segura en su casa se fue a la de sus padres. Tres días después supo que Martín estaba detenido en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México.

“Él me habló hasta el domingo en la madrugada –recuerda– y me pidió que en forma urgente buscara a un abogado para que lo defendiera.”

Al día siguiente, prosigue, “llegamos a la SEIDO y me lo negaron, dijeron que no estaba en ese lugar y que volviéramos después. Les mencioné que él me había hablado para decirme que ahí estaba y el abogado metió un escrito para que no me pudieran negar el poderlo ver, pero luego me aclararon que ya no estaba en esas instalaciones, que lo habían trasladado a la cárcel de alta seguridad de Perote, en Veracruz”.

Ya lo habían internado en el Centro Federal de Readaptación (Cefereso) número 5, ubicado en Perote, sin permitirle defenderse ni llamar a su abogado. La señora Vega Ramos puntualiza:

“Les reclamé y pregunté por qué lo trasladaron. Les exigí que me dijeran de qué lo acusaban y me informaron que para conocer esos detalles tenía que regresar a Guadalajara y buscar su expediente en uno de los juzgados penales del núcleo penitenciario de Puente Grande.”

Entonces fue a esa prisión a buscar el documento, y así se enteró que Martín estaba acusado de delincuencia organizada, robo de combustible y narcotráfico. Los cargos se fueron diluyendo, excepto el de portación de droga para la venta. “Supuestamente se le encontraron varios gramos de crystal para fines de venta, o sea narcotráfico, pero es mentira”, sostiene la señora.

Relata que, “cuando Martín ve a los agentes que llegaron a la casa, él estaba a punto de guardar los carros que tenía a la venta y refiere que observó varias patrullas. Él salió y les dijo a los policías de la FUR en qué les podía servir y ellos le preguntaron si ya sabía a qué iban”.

González Moreno respondió que no. Entonces, de una de las patrullas bajaron a un joven que traían todo golpeado y descalzo. Los policías señalaron a Martín y le preguntaron al otro si era él. Ese hombre les dijo que sí, “pero en realidad ni siquiera conocía a mi esposo”.

De todas formas los agentes “entraron por la fuerza a la casa, voltearon todo, buscaron en todos los rincones y no encontraron absolutamente nada relacionado con actividades ilícitas y menos de los asuntos por los que lo acusaban”.

Martín le reclamó al joven que lo señalara, sin conocerlo. Incluso le pidió que dijera su nombre y el muchacho golpeado callaba, pues no lo identificaba. Todo fue en vano.

“A mi esposo lo torturaron en la calle 14 (integrantes de la Fiscalía General del Estado) y (policías federales) en la SEIDO, en la Ciudad de México. Me contó que le aplicaban toques eléctricos en los testículos y le echaban agua mineral en la nariz; le decían que en la SEIDO ya tenían una tablita para hacerlo hablar y que tenía que firmar las declaraciones de todo lo que le estaban imputando, pero Martín nunca firmó.”

Y reitera: “Mi esposo no está relacionado con ningún grupo de delincuentes, trabaja de manera honrada: tiene un negocio de celulares desde hace más de 15 años en Tala y se dedicaba a la compraventa de carros que traía desde California; él mismo los legalizaba para venderlos”.

Falsedad y tortura

González Moreno está a punto de cumplir su primer año de encierro en una cárcel de alta seguridad (expediente 193/2014-III del Juzgado Sexto Penal), dentro de una averiguación abierta por el Ministerio Público Federal y derivada de acusaciones de policías de la FUR.

En las declaraciones ministeriales de los agentes estatales que lo detuvieron hay varias contradicciones. Por ejemplo, tres de ellos dicen que lo aprehendieron cuando iba con otros sujetos en un convoy sobre la carretera Guadalajara-Teuchitlán.

Vega Ramos comenta que en la versión de los policías, “los detenidos viajaban en varios vehículos y les parecieron sospechosos cuando avanzaban en varias camionetas… notaron nerviosismo y les marcaron el alto. Cuando los revisaron y les pidieron que abrieran la puerta de la camioneta (BMW) en la que supuestamente viajaba Martín, vieron que llevaba una pistola en la cintura y que en la parte de atrás del vehículo iba una mujer. Argumentaron que en la camioneta encontraron decenas de envoltorios que contenían mariguana, que llevaba armas”.

Pero ella sostiene que eso es falso: “La camioneta BMW es de mi propiedad y el día de los hechos estaba estacionada en mi casa, es la que yo uso. No es cierto que iba en un convoy, es más, estaba cargada con piso que acabábamos de comprar en Guadalajara para la construcción de una casa. Esa mercancía se la robaron los policías porque no volvimos a ver esas cajas”.

Otra contradicción es que uno de los agentes asegura que la detención de Martín se realizó en la carretera a Cuisillos, en un rumbo opuesto a donde supuestamente interceptaron el convoy.

Cárcel en la niebla

Vega Ramos describe el Cefereso: “Es un penal gris. Desde que llegas te das cuenta de que ingresas a un lugar perdido en la niebla, alejado de todo. Hace mucho frío y ahí muy pocas veces sale el sol, siempre hay niebla”.

De Xalapa, la ciudad más cercana, toma 35 minutos llegar en autobús a la cárcel de Perote. La gente conoce el tramo como “la ruta de la niebla”, pues a veces sólo se ve a menos de un metro. Una vez ahí, hay que soportar el trato despótico de los custodios.

Para ver a su esposo, la señora debía presentar tres cartas de recomendación y le rechazaron una. Cuando le dijo al burócrata que iba desde Guadalajara y no podía conseguir otra misiva al momento, aquél le contestó: “Eso a mí no me importa”.

Además, comprobó que la comida es escasa, sin sal, y las tortillas se sirven frías. “Mi esposo bajó 18 kilos mientras estuvo ahí: pesaba 90 kilos y llegó a 72”, comenta.

Para colmo, prohíben usar prendas abrigadoras, incluidos guantes y gorros. “A pesar del frío que hace en la zona, a los familiares sólo se les permite portar una chamarra. Y si la prenda no cumple las especificaciones que ellos marcan, te la quitan si quieres entrar. Pero parece que ellos están en el Polo Norte: siempre andan bien cubiertos”.

En enero la familia logró que Martín fuera trasladado a Guadalajara, con lo que mejoró su condición, en especial por el clima. Comenta que ese cambio es sólo una parte de la lucha por la libertad del comerciante.

Región controlada por el narco

Desde hace tres años, las autoridades del estado reconocen que la delincuencia organizada se salió de control en la región Valles, a raíz de los constantes enfrentamientos entre miembros del CJNG, el Cártel de Sinaloa y el del Golfo por el control de la plaza.

En los últimos cinco años de la administración del gobernador panista Emilio González Márquez se hablaba de al menos seis enfrentamientos entre policías y bandas de criminales en los municipios de Etzatlán, Magdalena, Hostotipaquillo, Amatitán y San Juanito Escobedo.

En 2012, la Policía Rural reconocía un saldo de 25 detenidos, decenas de muertos y el decomiso de 22 armas y mil 886 cartuchos, además de la incautación de 10 vehículos, uno de ellos blindado.

En la región Valles se han realizado los mayores aseguramientos de cultivos de enervantes en el estado. Entre 2007 y 2012 se destruyeron 2 mil 92 plantíos de droga, es decir, 10 millones de plantas de mariguana, que pesaban 24 toneladas.

Esa región incluye los municipios de Amatitán, Ameca, Ahualulco del Mercado, El Arenal, Cocula, Etzatlán, Hostotipaquillo, Magdalena, San Juanito de Escobedo, San Marcos, San Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán y Villa Corona.

Las autoridades estatales consideran que no se puede tener bajo vigilancia permanente esa región montañosa, lo que han aprovechado los traficantes para cultivar droga y transportarla a Nayarit y Zacatecas.

También en el sexenio de González Márquez se decomisaron más de 285 armas; más de 13 mil 700 cartuchos; 11 granadas de fragmentación; 34 metros de cordón detonante y 18 vehículos usados por el crimen organizado.

Esa zona es muy peligrosa para los mandos y efectivos policiacos: el 30 de octubre de 2012 un comando asesinó al director de la Policía de San Martín Hidalgo, Casimiro Zárate. Semanas antes, en Magdalena, fueron asesinados el jefe de la policía, Raúl Hinojosa, y dos agentes municipales (Proceso Jalisco 417).

A finales de enero de 2013, un grupo de pistoleros acribilló al jefe de la Policía de Hostotipaquillo, Lucio González Astorga.

Habitantes de la región señalan que la situación se tranquilizó un poco en los dos últimos años, pero los narcotraficantes controlan Valles a tal punto que a veces se estacionan junto a la carretera y ostentan sus armas o hacen como que las limpian, sin que la autoridad los detenga.


En cambio, los pobladores evitan transitar ciertas carreteras de noche o en la madrugada para evitar ser agredidos o desaparecidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALBERTO OSORIO MÉNDEZ.

Falla Procuraduría del DF: pide disculpas tras no acreditar culpabilidad de detenidos

MÉXICO, D.F: Durante la administración de Miguel Ángel Mancera, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) acumula al menos 10 casos de personas que tras haber sido acusadas y detenidas han sido dejadas en libertad al no poder acreditarse su culpabilidad.

De acuerdo con un recuento de estos casos –desde diciembre de 2012– realizado por el diario Reforma, hay personas que pasaron de ocho días a siete años en prisión

Según el exombudsman capitalino Luis González Placencia, los errores al acusar a un presunto responsable se deben a los vicios del viejo sistema de justicia, como basar las acusaciones sólo en testimonios y no aportar mayores pruebas periciales para que los jueces puedan valorar si un sospechoso es o no culpable.

Tras siete años presa, en julio pasado fue liberada la exagente federal Lorena González, La Lore, acusada del secuestro y homicidio del menor Fernando Martí.

La PGJDF aseguró que no existían elementos para proceder en su contra. Alejandro Martí, padre de Fernando, había señalado desde 2012 que nada ligaba a la mujer con el plagio.

En abril, la Procuraduría tuvo que pedir disculpas públicas a un hombre –del que se omite su nombre– al que acusó de homicida e incluso fue exhibido como uno de los delincuentes más buscados.

Ese mismo mes, pero de 2014, la Comisión de Derechos Humanos del DF le exigió a la Procuraduría disculparse con Marduk Chimalli, un joven detenido y consignado por robo, tras no haberse comprobado su participación en el ilícito.

En enero de ese año, la PGJDF fue obligada a pagar una indemnización y dar una disculpa pública a Aldo Christopher Rivera, a quien señaló como asesino de una mujer.

En diciembre de 2013 se registró el caso de Yakiri Rubio, acusada de homicidio doloso contra el hombre que la violó. Una Sala Penal corrigió la acusación por homicidio doloso por homicidio en legítima defensa con exceso de violencia, por lo que Rubio quedó en libertad tras pagar una fianza.


Ese año, Mauricio Marichal dejó el arraigo de 28 días pues no hubo elementos para consignarlo por el asesinato de su tía. El Ministerio Público lo había retenido por su actitud nerviosa al ser interrogado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Encarcelan por supuesto robo a egresada del IPN que creó robot para invidentes

MÉXICO, D.F: Alumnos de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional (IPN) exigieron a través de una petición en la plataforma change.org la “inmediata liberación” de su compañera Jessica Sarahí Espinosa López, creadora del robot perro lazarillo, acusada injustamente de un presunto robo de mercancía valuado en 94 millones de pesos.

La joven de 25 años, quien saltó a la luz pública en junio pasado por el invento que desarrolló con otros compañeros, fue incriminada según los politécnicos por la única razón de vivir en un cuarto aledaño a unas bodegas en las que otros arrendatarios guardaban mercancía robada a la empresa cigarrera Philip Morris México.

De acuerdo con César Espinosa López, hermano de Jessica, ella administraba una bodega de refrescos y vendía el producto en eventos masivos los fines de semana para solventar sus estudios. Su patrona la apoyaba desde hace año y medio pagándole la renta de uno de los cuartos donde guardaba las bebidas en una bodega ubicada en Ferrocarriles Nacionales 820, en Azcapotzalco.

A Jessica le convenía porque vive en Mixquic y los domingos concluía su jornada laboral muy tarde, a veces ya entrada la madrugada del lunes.

Como agradecimiento a su patrona comenzó a ayudarle con la facturación e inventarios de la mercancía que también vendía. Sin embargo, en el mismo terreno arrendatarios de otras bodegas escondieron la mercancía robada valuada en 94 millones de pesos.

El pasado 15 de agosto, agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que investigaban el asalto cometido el 8 de agosto a un camión de Philip Morris México, realizaron un cateo a las bodegas que se encuentran en el mismo predio donde vive la joven.

Sin mostrar una orden que avalara la acción, los agentes se introdujeron al predio, acompañados de un sujeto que condujo la unidad robada a la bodega. A Jessica le pidieron acreditar la legalidad de la mercancía hallada en la bodega donde vive. Así lo hizo, mostró las facturas y luego accedió a ir voluntariamente al Ministerio Público como testigo.

Ahí de repente todo cambió porque, de testigo, Jessica pasó a ser presunta responsable de robo agravado en pandilla.

La única prueba que la incrimina, según la denuncia de los politécnicos en change.org, es un video del atraco que presentó la empresa en el que aparecen dos hombres y una mujer que supuestamente es Jessica.

Sin embargo, familiares de la joven afirman que la mujer que aparece en la grabación es más esbelta, alta y tiene más busto que ella y, aunque los peritos no han comparado los rasgos de Jessica con los de la mujer del video, la madrugada de este lunes fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla.

Por ello los alumnos politécnicos solicitaron al procurador Rodolfo Ríos Garza, y al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, la inmediata liberación de Jessica, en tanto que a la empresa Philip Morris México le pidieron retirar los cargos y exigir a las autoridades que detengan a los verdaderos culpables del millonario robo.

“Es irrisoria la imputación de un robo de 94 millones de pesos a una recién egresada del IPN, empleada de Inbursa y creadora del proyecto ‘robot perro lazarillo’ difundido en medios nacionales, que acude de buena fe al MP a deslindar responsabilidades en calidad de testigo y de pronto esté recluida en Santa Martha sin derecho a fianza”, acusan los jóvenes en la petición que, desde su lanzamiento el pasado sábado, ya acumula casi mil 700 firmas.

Los compañeros de Jessica la describen como una alumna de excelencia y señalan que eso es también un punto importante a considerar.


“No es posible más presuntos culpables, no es posible que el sistema de justicia vaya a declarar culpable a Jessica, por favor autoridades LIBEREN INMEDIATAMENTE a Jessica Espinosa, alumna de excelencia del IPN, y encuentren a los culpables del robo”, piden los estudiantes a través del sitio web.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Mancera, el otro “fabricante” de culpables

MÉXICO, D.F: Es ya una verdad histórica que el superpolicía del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue un experto de la escenificación. Sus montajes tuvieron tantos reflectores que eclipsaron otros igualmente perniciosos.

García Luna, al menos formalmente, se fue. Otros siguieron y hasta ascendieron, como Miguel Ángel Mancera, quien de titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se convirtió en el jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF).

Como procurador en la gestión de Marcelo Ebrard, Mancera pasó como un “fabricante” más de culpables, de los tantos que ha tenido México. Lo malo para él es que varios de los casos que “investigó y resolvió” le están estallando como jefe de gobierno.

El revés más reciente en su cuenta fue la liberación de Lorena González Hernández, la policía federal a la que acusó de haber participado, en el 2008, en el secuestro y homicidio de Fernando, el hijo adolescente del empresario deportivo Alejandro Martí.

El 18 de julio pasado, la justicia federal ordenó la libertad de González por falta de pruebas. El entonces procurador del DF la consignó como supuesta integrante de la banda delictiva responsable. Mancera necesitaba culpables para detener la fuerte presión mediática por estar involucrado un influyente empresario y la “sociedad civil” construida al amparo del gobierno calderonista.

Lorena pasó siete años en prisión hasta que un juez determinó que la PGJDF actuó con “insuficiencia probatoria”.

Mes y medio antes de esa liberación, el 30 de mayo, la cadena estadunidense en español Univisión había exhibido otro caso de “fabricación” de culpables durante la gestión del procurador Mancera.

En medio del conflicto político diplomático entre México y Francia por la acusación de secuestro que le enderezó García Luna a Florence Cassez, en enero 2009 fue asesinado en la Ciudad de México el investigador francés Christopher Augur. Fue asaltado luego de retirar dinero del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

A 48 horas del homicidio, Mancera se presentó en el principal noticiario nocturno de Televisa para asegurar que ya había detenido a uno de los culpables. En total, inculpó a cuatro hombres, a los que agentes de la PGJDF detuvieron un día antes de la presentación del procurador en la televisión y los tuvieron durante horas de la noche en un parque cercano a su detención, en el oriente de la ciudad.

Uno de los detenidos era un sacerdote. Mancera dijo que se trataba de una coartada. Al paso del tiempo, los cuatro recuperaron su libertad, también por falta de pruebas. Pero el daño emocional y económico ya estaba hecho.

Está el caso también, ese mismo 2009, de la estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Mariel Solís Martínez, a quien el procurador Mancera acusó, a partir de un video y de una declaración, de ser cómplice de una banda de asaltantes que asesinó al profesor de la UNAM, Salvador Rodríguez.

La presentó ante los medios como culpable. Pero ante la presión universitaria, Mancera tuvo que liberarla. El procurador argumentó la “duda razonable” a favor de la estudiante.

Con esos antecedentes, su exsecretario particular en la PGJDF y actual procurador Rodolfo Ríos Garza está cargo de uno de los casos judiciales más importantes para el gobierno de Mancera.

El multihomicidio de la colonia Narvarte ha generado también una gran presión mediática por la circunstancia de que dos de las víctimas, el fotorreportero de esta casa editorial, Rubén Espinosa, y la activista Nadia Vera, habían responsabilizado de lo que les pasara al gobierno Veracruz.

La otra circunstancia con la que la propia PGJDF ha manejado el caso mediante filtraciones a la prensa es el origen colombiano de otra de las víctimas. Sin probar nada aún, ha sembrado maliciosamente una implicación a partir de ese mero hecho.


El procurador del DF ya consignó a un exconvicto. Pero la duda razonable ahora pesa contra Mancera.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

Exigen ONG a Peña poner fin a “fabricación” de culpables

MÉXICO, D.F: Organizaciones de la sociedad civil, instituciones y expertos independientes exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto presentar la iniciativa de ley general en materia de tortura en apego a estándares internacionales y no a “cambios cosméticos” que perpetren la “fabricación” de culpables.

A dos meses de la reforma constitucional que permite al Congreso de la Unión de aprobar una ley general en la materia, las ONG manifestaron su preocupación por el desdén del gobierno federal sobre el tema, “en medio de una profunda crisis de derechos humanos, donde el gobierno federal ha minimizado la gravedad del uso generalizado de la tortura y otros malos tratos”.

También consideraron que los temas prioritarios de la agenda del gobierno federal debe estar orientada en “la prohibición de la tortura de acuerdo con el derecho internacional, las salvaguardas para las personas bajo custodia, las condiciones de detención, la tortura en contextos distintos a la reclusión y los caminos para acabar con la impunidad casi absoluta que ha tenido lugar en los últimos años”, lo cual debe reflejarse en “la creación y seguimiento de la Ley contra la Tortura”.

Como muestra de la gravedad del tema, recordaron que de 2006 a 2014 la PGR contabilizó 4 mil 55 denuncias por tortura, “de las cuales los fiscales solamente han decidido abrir investigaciones en mil 884 casos; de éstas, tan sólo 11 casos merecieron consignación”, sin contar que oficialmente hay cinco sentencias firmes en todo el país por ese delito.

Ante esa realidad, las organizaciones, instituciones y expertos hicieron un llamado a Peña Nieto para que presente una iniciativa que “retome los estándares internacionales y los aportes de expertos y expertas en el tema desde la academia y la sociedad civil, para que esta reforma implique una auténtica transformación y no se traduzca en cambios cosméticos que resulten insuficientes para erradicar esta práctica que fomenta la fabricación de culpables, la falta de investigaciones serias, además de provocar graves daños a las víctimas y sus familias”.

Para las ONG, una ley general contra la tortura que sea replicada por las legislaciones locales a los 180 días de ser decretada debe estar encaminada a garantizar el fin de la impunidad que protege a quienes cometen los abusos; de lo contrario “es difícil dar credibilidad a las muestras de voluntad de las autoridades, pues la efectividad del gobierno para abordar la problemática está en su capacidad de mostrar resultados”.

Luego aconsejan establecer “salvaguardas frente a la tortura y malos tratos” en la legislación, y diseñar una política de Estado que condene esas prácticas a través de políticas públicas con mecanismos de verificación de cumplimiento de objetivos.

Además, insisten en que con la ley general “México tiene la oportunidad de dar un paso importante en los esfuerzos por garantizar que las víctimas y sobrevivientes de tortura puedan obtener justicia, verdad y reparación”.

Una legislación en la materia, apuntaron, generaría el reto de crear “una política pública integral que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas, así como de crear un adecuado sistema nacional para monitorear las condiciones de detención en todo el país”.

El documento fue avalado por Amnistía Internacional, las organizaciones agrupadas en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), Instituto de Seguridad y la Democracia, Colectivo contra la Tortura, Instituto Mexicano de Derechos Humanos, Idheas, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Asociadas por lo Justo (JASS), entre otras, así como por los especialistas Miguel Sarré y Silvano Cantú.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

“Los siete días de infierno” del estudiante de la UAEM acusado de narcotráfico

TOLUCA, Edomex: “Fueron siete días de infierno”, admitió Oscar Álvaro Montes de Oca, estudiante de la UAEM, al resumir su detención por una maleta con droga que le fue “sembrada” y su remisión al penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.

Ya sin la cabellera y la barba con que aparece en las imágenes que sirvieron durante la campaña por conseguir justicia, Oscar denunció que el sistema de justicia en el país “criminaliza” a la sociedad.

“Nunca hubo una agresión física hacia mi persona; sin embargo, se vulneró un derecho que considero fundamental, constitucional, que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario”, acusó.

En todas las instituciones por las que pasó, la SEIDO y el penal federal número 4, “sucedió exactamente lo contario, se me consideró culpable y yo tenía que demostrar mi inocencia”.

El licenciado en sociología indicó que su experiencia confirma violencia estructural del sistema de justicia mexicano.

“No necesariamente tienes que sufrir una agresión física por parte de guardias ni de custodios para que sea violencia, ésta se expresa de muchas maneras, desde el hecho de mantenerte aislado, separado, en un cuarto frío, con cobijas que huelen a orines y comida echada a perder”, describió.

Por eso, adelantó que la movilización social generada por su caso debe aprovecharse a favor de quienes han sido detenidos y remitidos de manera injusta a los penales:

“De esto va a resultar algo, es importante que no le vuelva a pasar a nadie. Todos somos susceptibles a padecer algo así. Deseo que todas las personas que estén pasando o vayan a pasar por eso tengan la familia, los amigos y compañeros que yo tengo, gracias a ellos el infierno no duró más de siete días”, alertó.

Por ahora, se dijo con mucho coraje y enojo, pero consciente de la necesidad de encaminar estas emociones de una manera justa.

“Cuando uno vive una experiencia así, no puede salir debilitado. Adentro de un reclusorio la gente débil no sobrevive, aprendí a ser fuerte y muy contundente, y ahora son más las ganas de vivir”, compartió.

Los planes de Álvaro Montes de Oca son la maestría y el doctorado para luego convertirse en investigador y profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

“Es mi sueño, y eso no va a afectar el movimiento, tengo el compromiso con todas las personas que están sufriendo lo mismo”, aclaró.

No obstante, antes de tomar la decisión de contrademandar, de solicitar la reparación del daño y decidir alguna estrategia de lucha, el universitario consideró prioritario estabilizarse emocionalmente.

“No estoy bien emocionalmente, psicológicamente ni tampoco físicamente… estoy teniendo problemas para hilar las respuestas. Gran parte de mí se quedó allá dentro todavía. Una parte de mí está dentro de esa celda, siento que estoy aquí en cuerpo, pero muchas ideas y muchas cosas se quedaron allá adentro con compañeros, con historias que son difíciles de escuchar, asimilar, y cada vez que las recuerdo, regreso a ese lugar”, indicó.

“Es difícil vivir esta experiencia y ahora estar hablando de ella, (apenas) ayer estaba encerrado con todo tipo de criminales, de los cuales me tuve que hacer su amigo, tuve que encontrar el lado noble, el trato como personas de cada uno de ellos para poder sobrevivir; entendí que yo no podía ser una persona que juzgara si ellos eran criminales o no, eso le correspondía a otros. Para mí eran mis aliados, muchos de ellos mis amigos, muchos otros mis enemigos”, expuso.

El graduado con honores de la UAEM consideró inenarrable “el infierno” que vivió, (pero) “agradezco que me tocara a mí con una familia que sabía que jamás se iba a rendir… y un millón de hermanos, amigos que sé que darían la vida por mí”.


“Cuando estaba adentro y me contaban de la sentencia y de las personas que estaba rodeado, lo que me mantuvo en pie fue el comentario de un compañero, reo del mismo módulo, que me dijo: ´Escuché a tu papá en la radio, dicen que allá fuera la gente se está moviendo y te van a sacar´”, narró Oscar, ya en libertad, mientras las palabras se le anudaban y hacía lo posible por contener las lágrimas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.

Temen comuneros fabricación de delitos contra Cemeí Verdía

Aquila, Mich. El líder de los comuneros de la región nahua de Michoacán, Cemeí Verdía, podría ser acusado por el delito de homicidio, después de que ayer María Valdovinos Ramos y Rosa Elena Garibay Cuevas, madre y esposa del presunto templario Argel Mejía Valdovinos, presentaron una denuncia ante la Procuraduría estatal en contra del líder nahua, a quien acusaron de haber torturado a Mejía, quien después falleció por la golpiza.

Los dirigentes comunales de Ostula aseguraron que el gobierno seguramente fabricará delitos, como lo hicieron con Agustín Villanueva, líder de la cabecera municipal de Aquila, a quien recientemente condenaron a 37 años de cárcel.

Los comuneros afirmaron que llevarán a cabo nuevas medidas de presión para que Cemeí Verdía sea liberado, luego de que se enteraron de que había sido consignado por la Procuraduría General de la República (PGR), por el delito de portación de armas de uso exclusivo.

Más de 800 comuneros de Ostula, Ixtapilla, El Duin, Huizontla, municipio de Aquila y autodefensas de Chinicuila, Coahuayana y Coalcomán mantienen bloqueos en la carretera costera Ciudad Lázaro Cárdenas-Colima.

Tras la noticia de la consignación de Verdía, los comuneros acordaron que en las próximas horas fortalecerían los bloqueos, porque consideraron que el gobierno había violentado el acuerdo, ya que tanto Cemeí como otros dirigentes comunales formaban parte de la policía Fuerza Rural.

Dijeron que bloquearán la carretera costera en Ixtapilla, en el entronque hacia Ostula, mantendrán el que hay en Xakalán y volverán a tomar el puente Coahuayana. No descartaron enviar un grupo a Morelia para tratar de hablar con el gobernador Salvador Jara, además de otras medidas “sorpresivas”.

En tanto, el secretario de Seguridad Pública del estado, Víctor Manuel Magaña García afirmó que las armas que portaba el dirigente de autodefensas cuando fue detenido el pasado domingo, no cuentan con registro alguno. Afirmó que el líder nahua portaba el día de su detención un fusil AR-15 con un cargador abastecido con 27 cartuchos útiles; un fusil AK-47 (cuerno de chivo), con un cargador abastecido con 30 cartuchos útiles y una pistola nueve milímetros, por lo que el indiciado fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social Número cuatro, del municipio de Tepic, Nayarit.

En la zona costera de Ostula, los indígenas nahuas mantienen retenidos dos tráileres y un camión de volteo, además en el tramo carretero, considerado por las autoridades  municipales como “de conflicto”, hay por lo menos medio centenar de camionetas de los comuneros, listas para continuar con las medidas de presión hasta que no se cumplan sus demandas: liberación de Semeí; castigo a los militares que dispararon en contra del niño Idilberto Reyes; la detención de cabecillas del cártel de Los Templarios, que todavía rondan por la población mestiza de La Placita, y que se les informe del avance de las investigaciones sobre el asesinato de 34 comuneros y cuatro desaparecidos en aproximadamente la última década.

Fuente: La Jornada

Autor: Ernesto Martínez

Familia de reportero acusado de secuestro presenta queja ante la CEDH

XALAPA, Ver: Isabel Encarnación Ramírez, esposa del reportero Lino Saúl García Fernández, ‘El Libra’, acusado de participar en el secuestro y posterior asesinato de Susana Arroyo Vázquez, a principios de año, presentó una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por las “irregularidades jurídicas” que se cometieron para encarcelar al periodista de Canal 21 en Martínez de la Torre.

La mujer fue asistida en su queja por Ignacio Ochoa Plácido, director del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa y Placido”, quien expuso a reporteros locales que la incriminación contra García Fernández está relacionada con su quehacer periodístico.

Ochoa Plácido narró que luego del secuestro de Susana Arroyo, originaria de la congregación Villanueva de Martínez de la Torre, ‘El Libra’ documentó y le dio seguimiento al caso. Luego, “dos de los tres detenidos acusaron al periodista de pasarles información de la persona secuestrada”, apuntó.

Timoteo Sandoval, uno de los presuntos asesinos, dijo a policías ministeriales que, vía mensajes de texto, “el reportero” les pasaba información de la víctima y les decía que las “cosas estaban calientes” por el plagio de la mujer, por lo que “había que pelarse”.

Días después del secuestro, el cuerpo de Susana Arroyo fue localizado en un pozo artesiano.

Posteriormente la Policía Ministerial detuvo a Lino Saúl sin mostrar una orden de aprehensión.

La esposa del reportero asegura que en sus últimas notas periodísticas difundidas en Canal 21, éste abordó el tema del plagio y puso en entredicho el trabajo del presidente municipal de Martínez de la Torre, Rolando Olivares.

“No tuvo la oportunidad de declarar y no ha tenido derecho a nada. La causa penal es la 15/2015 y se encuentra en el Juzgado de Primera Instancia en Misantla, pero (Lino Saúl García Fernández) fue trasladado al Cereso de Coatzacoalcos, con lo que se le priva de garantía de audiencia, presunción de inocencia y otras garantías”, expusieron Ignacio Ochoa y Encarnación Ramírez.

La esposa del reportero –quien antes de su detención también se desempeñaba como técnico electrónico– dice que “ha batallado” para poder verlo, pues ella radica con su hija en Martínez de la Torre y aquel fue trasladado al sur del estado, al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Duport Ostión, en Coatzacoalcos.

“Hoy nos atrevimos a venir (a esta ciudad) porque hay muchas irregularidades y violaciones en su proceso penal. Por ejemplo, pasó una semana sin que se nos notificara a que cárcel había sido trasladado, además de que ahora cada que hablo con él, le cobran siete pesos por minuto en cada llamada”, sostiene.

Y detalla que en la queja depositada en la CEDH se pide la intervención del ombudsman Luis Fernando Perera Escamilla.


“Estamos pidiendo que se respete el debido proceso, que se tenga la presunción de inocencia y, de ser responsable, proceder conforme a derecho”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.