Un proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propone liberar a Gonzalo, Juan Luis, Héctor y Darwin, protagonistas del documental “Duda Razonable” y quienes fueron acusados y sentenciados por secuestro.

Esto, tras una investigación cuestionada por irregularidades en el proceso y por presuntos actos de tortura cometidos contra los detenidos durante 2015 en Macuspana, Tabasco.

El 17 de mayo de 2021, Joshua, Mauricio y Damián, jóvenes que pernoctaban en calles de la colonia Morelos, de la Ciudad de México, se involucraron en una riña. Al mismo tiempo, a unas cuadras, ocurrió un homicidio con arma de fuego por el que ahora ellos han sido sentenciados a 23 años de cárcel.

El argumento del juez para la sentencia fue que ellos no hicieron nada para denunciar el delito.

En Chiapas, «la tortura es una práctica común realizada por policías y agentes adscritos a la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE)», lo que convierte a la entidad en una «fábrica de culpables», principalmente indígenas, aseguró el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

«Esto es tolerado y llevado a cabo en contubernio con Jueces de Control. Su complicidad para subsanar las deficiencias en las investigaciones de las Fiscalías genera que se vincule a proceso, se lleve a prisión preventiva por más de un año, que no se garantice una defensa adecuada y dicte sentencia a personas inocentes», acusó el Frayba.

Ya había pasado la medianoche del sábado 28 de mayo, cuando los habitantes del barrio C’ani’ de la cabecera municipal de San Juan Cancuc, en Chiapas, salieron a la calle para ver qué estaba pasando. Alguien gritaba desde el fondo de un barranco y no los dejaba dormir en paz. 

Al asomarse al acantilado, descubrieron con estupor que el hombre borracho de posh que estaba causando tanto escándalo era un policía municipal de San Juan Cancuc. Los vecinos del barrio decidieron organizarse para rescatarlo y entregarlo a sus colegas. Fue poco más tarde que el policía municipal Antonio Aguilar Pérez falleció.   

La migrante guatemalteca Juana Alonzo, quien pasó siete años en prisión preventiva en México, fue torturada por la policía y acusada de secuestro, regresó el domingo a Guatemala y se reencontró con su familia.

Alonzo no soportó tanta emoción y se desmayó en los brazos de su padre y sus tías. Rompió en llanto y abrazó a su familia un día después de que fue liberada por autoridades del estado mexicano de Tamaulipas, donde estuvo detenida durante siete años mientras intentaba emigrar a Estados Unidos.

Como cada sábado, el 7 de mayo pasado Karla Guadalupe Meza Méndez fue al penal de Comitán, Chiapas, para visitar a su marido Marcelino Ruíz Gómez. Cuando entró a su celda lo encontró inquieto, acomodando sus cosas. Estaba pálido.

Organizaciones de derechos humanos celebraron la liberación del tsotsil Marcelino Ruiz Gómez, quien durante 20 años, tres meses y dos días permaneció preso en el Centro de Readaptación Social Número 10 en Comitán de Domínguez, Chiapas, por un delito que no cometió.

Marcelino Ruiz fue liberado «tras una lucha incansable para demostrar su inocencia, denunciando y visibilizando las graves violaciones a sus derechos humanos y a través de la organización junto con otras víctimas de este sistema corrupto que protege a culpables y encierra a inocentes», explicaron el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha, El Grupo de Trabajo No Estamos Todxs y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

El pasado 13 de diciembre, Karina, conocida como “Mime”, se encontraba dentro de un baño, cerca del Metro Chapultepec, cuando ocho policías ingresaron, la sometieron y la detuvieron, todo frente a su hija de cuatro años. Esto ocurrió después de que fue denunciada por supuestamente golpear a la niña, por una testigo llamada Nohemí, a quien ahora nadie encuentra. Ayer, Karina fue vinculada a proceso por ese presunto delito.

Karla Micheel Salas, abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, quien acompaña el caso de Karina, dijo en entrevista que, aunque inicialmente se le acusó de cometer violencia física y psicológica, las autoridades solo la vincularon a proceso por presuntas agresiones físicas, ya que no se pudo comprobar que emocionalmente hubiera causado daño a la menor.