Han pasado casi 17 años desde que Hugo Alberto Wallace Miranda, quien –de acuerdo con lo que ha sido señalado por su madre Isabel Miranda  de Wallace y respaldado por una resolución judicial– fue secuestrado y asesinado. Por el caso hay seis detenidos, de los cuales cuatro fueron sentenciados, por el secuestro y homicidio del hombre. Pero la situación de una de las inculpadas podría cambiar luego de una resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que atrajo su caso al encontrar irregularidades en su proceso.

Se trata de Juana Hilda González Lomelí, presa desde enero de 2006 por su presunta participación en el secuestro de Hugo Alberto, junto con otras personas. La revisión de su caso se suma al de Brenda Quevedo Cruz, quien también ha denunciado que fue torturada para confesar el crimen. Quevedo aún permanece en prisión pese al recurso interpuesto el año pasado por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) para que siguiera su proceso en libertad.

Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí, sentenciada por el secuestro de Hugo Alberto Wallace.

La Primera Sala de la Corte aceptó atraer el análisis del amparo directo 34/2021, promovido por Juana Hilda González Lomelí, presa desde enero de 2006 por su presunta participación en el secuestro de Hugo Alberto, junto con otras personas.

El Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU pidió al gobierno mexicano la liberación inmediata de Brenda Quevedo Cruz -involucrada en el caso Wallace y con 15 años sin sentencia-, porque su aprehensión fue “arbitraria” y existen denuncias de que fue torturada.

“El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno de México que tome las medidas necesarias para remediar sin demora la situación de la Sra. Quevedo Cruz y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, se indica en un documento de dicho grupo.