Ante la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, colectivos de búsqueda de víctimas de desaparición censuraron el despido injustificado de decenas de integrantes de las Comisiones Locales de Búsqueda (CLB).

“Ese personal de campo exigimos que sea recontratado porque no vamos a esperar cuatro años a que se vuelva a capacitar”, dijo a Reyes Sahagún una madre rastreadora del colectivo Víctimas Unidas, durante un encuentro en la Secretaría de Gobernación (Segob).

Al son de “señor presidente no sea indiferente, no somos uno, no somos cien, pinche gobierno cuéntanos bien” este sábado 6 de enero colectivos de búsqueda de personas desaparecidas provenientes de los siete municipios de Baja California realizaron una marcha para exigirle al gobierno federal las verdaderas cifras de personas no localizadas, pues aseguran que el número dado no es correcto.

La manifestación dio inicio a las 11:00 de la mañana en Tijuana arrancando desde la glorieta Cuauhtémoc hasta la línea donde se detuvieron a bloquearla para realizar un pase de lista por aquellos que están desaparecidos para posteriormente dirigirse hacia las instalaciones de la Fiscalía General de Baja California donde realizaron un llamado a las autoridades para revelar las cifras reales.

La fluctuación de las cifras de personas desaparecidas y las salidas de funcionarios que estuvieron a cargo de gestionar la crisis marcaron 2023 para las familias de las víctimas, pese a las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los afectados denuncian desprotección y “caos” en la gestión de la problemática por parte del gobierno para abordar una crisis que deja al menos 100 mil personas sin localizar, en medio de la creciente violencia y las acciones del crimen organizado.

Personas que están desaparecidas, de las cuales existen denuncias y fichas de búsqueda, fueron borrados del nuevo Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPD) que ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que familiares crearon un formato para solicitar amparo por esta nueva desaparición.

Delia Quiroa, quien busca a su hermano Roberto y es líder del Colectivo 10 de Marzo, anunció la creación de un formato de solicitud de amparo contra el nuevo registro de personas desaparecidas y las clasificaciones que se hacen sobre  la desaparición forzada de personas, en las cuales el  gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuvo participación.

Colectivos de familias de personas desaparecidas, miembros del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNC-SNS) —y otros en el país — rechazaron públicamente el censo de personas desaparecidas, ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mediante un comunicado, las familias de ocho organizaciones de búsqueda y derechos humanos, expresaron su descontento y preocupación ante la iniciativa, argumentando que no aborda de manera integral la problemática de la desaparición de personas en la región.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, es preciso señalar que en Guanajuato y en México, la única justicia es encontrar con o sin vida a un familiar desaparecido, coincidieron las buscadoras.

De acuerdo con Bibiana Mendoza Negrete, representante del colectivo “Hasta Encontrarte”, no hay más de 40 sentencias emitidas por desaparición forzada o desaparición cometida por particulares en el país, mientras que en Guanajuato solo hay una.