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sábado, 23 de enero de 2016

Dan formal prisión a ex delegado de la policía en Tierra Blanca

Cosamaloapan, Ver.- El Juez Primero de Primera Instancia de este Distrito Judicial dictó auto de formal prisión a Marcos Conde Hernández, ex delegado de la Secretaría de Seguridad Pública en Tierra Blanca, y a Otoniel Cruz Linares, policía de esa corporación, por el delito de desaparición forzada de personas.
En un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el juez determinó dictar la formal prisión en su contra para que respondan por los delitos que se les acusa contenidos en la causa penal 15/2016.
Ello, tras vencer el término constitucional ampliado solicitado por los indiciados y con base en la contundencia de los elementos probatorios aportados por la FGE.
Conde Hernández y Cruz Linares fueron detenidos con base en la orden de aprehensión girada por la autoridad judicial y consignados el 17 de enero, por su probable responsabilidad en la desaparición forzada de cinco jóvenes, ocurrida en Tierra Blanca, el pasado lunes 11 de enero.
La dependencia indicó que con estas determinaciones suman seis los autos de formal prisión que el juez ha dictado por estos hechos.

Fuente: La Jornada
Autor: Notimex
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/01/23/dan-formal-prision-a-ex-delegado-de-la-policia-en-tierra-blanca-9630.html

sábado, 26 de diciembre de 2015

Desaparecidos, la búsqueda infinita

MÉXICO, DF (Proceso).- Después de siete años y medio de entrar al “juego burocrático” en busca de cuatro hermanos y de caravanas por todo el país para hacer visible la tragedia humanitaria de México, Juan Carlos Trujillo Herrera concluye: “en México no hay condiciones institucionales ni voluntad política para buscar a los desaparecidos, menos aún para exigir justicia”.
Hijo de María Herrera Magdaleno –la mujer menudita que durante los diálogos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad encaró en junio de 2011 al entonces presidente Felipe Calderón y lo responsabilizó por los miles de desaparecidos como secuela de la “guerra contra el narcotráfico”–, Trujillo Herrera preside una organización civil que lleva el nombre de su madre.
El grupo forma parte de la Red de Enlaces Nacionales, que suma a por lo menos 40 colectivos en los que están integradas más de 2 mil familias en busca de desaparecidos.
Hace dos años, él decidió recorrer el país en busca de las familias que, como la suya, no sólo han alimentado los expedientes con sus propias investigaciones sobre el posible destino de sus seres queridos, sino que han decidido tomar en sus manos la búsqueda.
“En uno o dos años, localizamos a 13 personas, pero cada día desaparecen entre 10 y 13, es una tarea titánica que sólo las familias podemos hacer porque a las autoridades no les interesa nuestro dolor”, dice Trujillo Herrera a Proceso.
Respaldado por organizaciones como Los Otros Desaparecidos de Iguala y Las Rastreadoras del Norte de Sinaloa, advierte que ante la falta de resultados institucionales y “porque ya no cree en el gobierno y sabe que no hay justicia, las familias toman la búsqueda en sus manos”.
Para llegar a la determinación de caminar por montes y escarbar la tierra en busca de restos, tuvieron que pasar varios procesos en las familias, explica.
“En los primeros días se tiene la esperanza de encontrar a tus familiares; pero cuando pasan los meses ves que las autoridades no están investigando. Y aunque llegas a pensar que algún funcionario puede ayudarte, te envuelven y te meten en el juego burocrático de las instituciones en vez de buscar (a tus familiares) donde les pides.”
Cuenta que pese al efecto mediático y político de las desapariciones de sus hermanos Jesús, Raúl, Gustavo y Luis Armando, después de siete años y medio de búsqueda la Procuraduría General de la República (PGR) le respondió que la línea de investigación que él y su familia les dieron sobre las dos primeras desapariciones “eran correctas”.
“Es entonces cuando dices: ¿De qué chingados se trata? ¿Qué evidencias va a haber a más de siete años?”, añade irritado.
Tras recorrer el país y corroborar que casos como el suyo se repiten a lo largo del país, Trujillo Herrera decidió impulsar la Red de Enlaces Nacionales para “fortalecer el mecanismo de búsqueda con una unidad ciudadana”.
El propósito es, insiste, “dar el mensaje a la sociedad de cómo las familias organizadas están haciendo lo que no está haciendo el Estado. Lo que ellas buscan es encontrar a sus seres queridos”.
Una red de solidaridad
La Red apoya a colectivos de búsqueda en Iguala, Guerrero; Los Mochis y Culiacán, en Sinaloa, así como en Baja California, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León. La red pone en contacto a los familiares con Mario Vergara, líder de Los Otros Desaparecidos de Iguala, quien se ha convertido en experto en localizar fosas clandestinas.
“Mario ya estuvo en Coahuila y pronto iremos a Veracruz y a Sinaloa. Dice que organizaciones de familiares de Morelos, el Distrito Federal y de Los Mochis han ido a Iguala a capacitarse con él. Se han encontrado centenares de cuerpos en varios estados.”
En Iguala se han localizado 115, sin contar con los que estaban en fosas comunes sin identificar y los primeros 33 que se localizaron cuando buscaban a los estudiantes.
Comenta que la desaparición de los 43 normalistas en Iguala alentó a las familias a salir a buscar a sus desparecidos. La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), la sociedad y los medios de Guerrero los han acompañado.
Y expone: “En los otros estados se lleva un proceso más lento, pero el mensaje ha sido muy marcado: saber la verdad. Los familiares de las víctimas saben que las autoridades no van a investigar; si lo hacen, sabrán que ellas mismas son las responsables”.
Ante la falta de legislación en materia de desaparición forzada o la realizada por particulares, hoy todos discuten sobre la pertinencia de una búsqueda directa: “Si bien la ley es una herramienta que puede construirse a futuro, de manera eficaz o ineficaz –puntualiza–, para que funcione debe ser eficaz. El problema es que no existe y las evidencias tienen un tiempo de caducidad”.
“Para muchos de nosotros la búsqueda no debe hacerse de esa manera porque se rompen evidencias, pero no hay condiciones para investigar. Hay quienes dicen: ‘Yo necesito encontrar a mi familiar porque mi mamá se me está muriendo en vida. Hay que buscar aquellos corazones que han dejado de latir para dar tranquilidad a una familia. Si encontramos muertos, salvamos vivos”, apunta Trujillo Herrera, quien se recupera de una parálisis facial.
Tiene claro que alentar los procesos de búsqueda ciudadana no implica rompimiento con las autoridades ni desdén al proceso legislativo.
Indica que la Red de Enlaces Nacionales, “además de la búsqueda, tiene puestos sus esfuerzos en el fortalecimiento de la parte institucional; trabajamos con la ahora Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR, y tenemos una representación que está pendiente de las reformas legislativas”.
E insiste: el objetivo fundamental de la red “es empoderar a las familias en la búsqueda directa, pensando incluso que son las familias las que van a encontrar a mis hermanos; ni siquiera yo, que estoy convencido de que si muero en este proceso, seguirán buscándolos”.

Fuente: Proceso
Autora: Gloria Leticia Díaz

jueves, 10 de diciembre de 2015

Desaira Duarte encuentro en Segob con familiares de desaparecidos

MÉXICO, DF: Pretextando un malentendido, el gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa no acudió ayer a la Secretaría de Gobernación (Segob) para encontrarse con Araceli Salcedo Jiménez –la madre de una desaparecida, quien lo increpó el 23 de octubre– y representantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Según Salcedo, el gobierno de Veracruz informó que “no fue avisado” que la reunión se llevaría ayer miércoles, pero la mujer expresó sus dudas sobre la validez del argumento, pues el gobierno de esa entidad envió a Ana Lilia Ulloa en su representación.

En la Segob los atendió el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, quien se comprometió a agendar reuniones entre los colectivos y la Procuraduría General de la República (PGR), junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como a gestionar una reunión con Duarte en el Distrito Federal.

El funcionario también prometió que los casos de desapariciones que llevan los colectivos serán seguidos a nivel federal y que agentes federales acompañarán a los familiares de las víctimas en las mesas de trabajo que se realizarán en el estado.

El 7 de septiembre de 2012, la joven Fernanda Rubí, de 21 años, fue raptada en el Bulldog Bar de Orizaba –ubicado a unos 50 metros de la comandancia de la policía municipal– por cuatro sujetos, enfrente de la clientela y de los vigilantes del bar.

Desde ese día, Araceli no tiene noticia de su hija, y las autoridades veracruzanas no han dado algún resultado. Según la madre, el caso de su hija estuvo “plagado de irregularidades” desde un inicio, pues el Ministerio Público integró mal su expediente. “No hay atención, ni de primera ni de segunda”, lamentó.

El viernes 23 de octubre Salcedo reclamó al gobernador durante una visita que realizó a Córdoba para realizar spots promocionales.

La escena fue grabada y circuló ampliamente en las redes sociales, pues se puede observar la sonrisa indiferente del político ante la desesperación de la mujer, quien terminó por exigirle: “No se burle, quite su sonrisa, porque yo no vivo desde ese tiempo, señor”. En el video, Duarte continúa su camino e ignora a Salcedo.

Desde ese día la mujer sufrió una campaña de desprestigio que consistió en “toda clase de amenazas, acoso e intimidaciones”, denunció. El 25 de octubre, el periódico “El Buen Tono” publicó en sus ocho columnas un “reportaje” con base en “información exclusiva” –la declaración de un testigo anónimo– en el que vinculó a Rubí con la delincuencia organizada.

La indignación que generó el video obligó Duarte a ofrecer una disculpa pública en su cuenta de Twitter, el 28 de octubre. Además, invitó a Araceli a una reunión con él. La mujer solicitó que el encuentro se llevara a cabo fuera de Veracruz y que en él participaran otros colectivos y organizaciones de desaparecidos del estado.

Si bien los colectivos salieron ayer de la Segob con una serie de promesas, María Elena Herrera Magdaleno, madre de cuatro jóvenes desaparecidos entre 2008 y 2010, aseveró que durante sus siete años de búsqueda “el gobierno ha estado jugando con nosotros y es un juego más que perverso”.

“Nos lleva a su cancha, nos hace creer que nos va a dar una respuesta, que están trabajando. Pero sabemos que no están buscando a nuestros hijos. Sabemos también que tenemos que buscarlos nosotros mismos”, planteó la señora, al pedir la “ayuda” de la sociedad en “alzar la voz y a protegernos”.

“Exijo que se investiguen a los funcionarios que entorpecen la investigación”, planteó Salcedo, al exhortar: “No más dilaciones, no más engaños”.


Mientras, los colectivos declararon que responsabilizan al gobierno de Duarte y a su administración si algo llegara a pasarlr a Salcedo y a los demás integrantes de los colectivos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423185