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viernes, 27 de noviembre de 2015

Consignación contra Escobar, apegada a las normas: Fepade

México, DF. Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), afirmó que en el caso de la consignación contra Arturo Escobar “la fiscalía desarrolló su trabajo, desde nuestro punto de vista se habían acreditado ambos elementos (el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, el expediente), se consignó ante el juez y en este momento el órgano jurisdiccional es el que se tiene que pronunciar”.

Entrevistado al término de su participación en el XVII curso interamericano de elecciones y democracia, Nieto Castillo, nervioso -con las manos y mejillas temblando- dijo que no puede pronunciarse sobre la manera en que los jueces decidan si libran o no la orden de captura en contra del ex vocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pues, dijo, “hasta en tanto no venga el pronunciamiento respectivo por parte de las instancias jurisdiccionales no puedo hacer pronunciamiento alguno en virtud de que estaría vulnerando una esfera de trabajo, de deliberación, de ejercicio de la independencia judicial en la que creo”.

Antes de concluir de manera abrupta la entrevista y abandonar el salón resguardado por sus escoltas y colaboradores para no responder si violó el derecho de presunción de inocencia del dirigente partidista y si es verdad que el Ministerio Público consignó el expediente sin haber comparecido a Arturo Escobar, el titular de la Fepade señaló cuando se le preguntó sobre el llamado caso Escobar:

“Eh todos los casos que ha abordado la fiscalía, su resolución la hacemos ajustados al marco normativo y respetando los derechos humanos de los indiciados, de los ofendidos y de las víctimas.

“En ningún momento y ninguna circunstancia, en ningún caso, no me refiero en este caso (Escobar) en específico, ni en ningún caso que tenga la fiscalía, hemos vulnerado disposiciones de carácter normativo, hay información que es pública en virtud de que se trata de asuntos que toman su origen en casos resueltos por el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde la información es pública, en muchos de los casos que tiene conocimiento la fiscalía.

“En el caso específico, también quiero decirle que en todos los casos en donde la fiscalía sigue trabajando en las indagatorias respecto a dirigentes de los partidos políticos, del PVEM o cualquier otro partido, seguimos integrando las averiguaciones previas y en el momento en que se acredita el cuerpo del delito y la probable responsabilidad —actuando como tengo instrucción por parte de la procuradora, de forma autónoma y en ejercicio de las funciones de mi competencia, con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias—, consignarlos ante los órganos jurisdiccionales cuando consideremos que se han acreditado estos dos elementos.

“Para hablar del caso específico que ustedes nos comentan (Escobar), la fiscalía desarrolló su trabajo, desde nuestro punto de vista se habían acreditado ambos elementos, se consignó ante el juez y en este momento el órgano jurisdiccional es el que se tiene que pronunciar, la fiscalía habla por los pliegos de consignación que ha consignado.

“En este momento —y lo digo por que yo en lo personal tuve la oportunidad de ser cinco años el titular de un órgano jurisdiccional—, tengo absoluto respeto por el criterio que generen los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación que analizan este caso, y hasta en tanto no venga el pronunciamiento respectivo por parte de las instancias jurisdiccionales, no puedo hacer pronunciamiento alguno en virtud de que estaría vulnerando una esfera de trabajo, de deliberación, de ejercicio de la independencia judicial en la que creo, y por lo tanto creo que es importante que los jueces desarrollen sus funciones, así como nosotros las desarrollamos, es importante que el órgano jurisdiccional determine lo que conforme a derecho corresponda”.

En días pasados, Nieto Castillo reveló a un medio de comunicación la existencia de una solicitud de orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar, quien se desempeñaba como subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.


Por separado, abogados litigantes y representantes del PVEM señalaron que Santiago Nieto Castillo violó el derecho de presunción de inocencia de Arturo Escobar y también la decrecía que deben guardar las actuaciones del Ministerio Púalico Federal.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO GARCÍA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/27/consignacion-contra-escobar-apegada-a-las-normas-santiago-nieto-6234.html

Fepade solicita órdenes de aprehensión contra empresarios ligados al caso Escobar

México, DF: La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) solicitó a un juez federal tres órdenes de aprehensión en contra de los empresarios que presuntamente firmaron contratos con el extitular de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Escobar y Vega, para la expedición de 10 mil tarjetas “Premia Platino”.

Se trata de María Guadalupe Robles –hermana de Luisa María Robles, apoderada legal de la empresa Proyectos Juveniles–, Pablo Líder Robles y Ramiro Quintero Ramos, quienes realizaron aportaciones en dinero y en especie, pese a que eso está prohibido por ley.

Con base en la denuncia que presentó la exdiputada federal perredista Julissa Mejía y una más que promovió el PAN, la Fepade determinó que sí hay elementos para considerar el delito electoral encabezado por Escobar y Vega cuando fungía como vocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La indagatoria está enfocada en las tarjetas denominadas “Premia Platino” que el PVEM compró a proveedores no autorizados por el Instituto Nacional Electoral (INE), y Escobar y Vega, como representante legal del partido, firmó los contratos con esos empresarios violando la ley electoral.

Los delitos que se les imputan están contemplados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE), así como en el artículo 7 Fracción XXI relativo a proveedores no autorizados por la autoridad administrativa (INE).

Este jueves la exdiputada Julissa Mejía acudió a la Fepade para conocer la resolución de la demanda que interpuso contra el PVEM el 9 de abril pasado, previo al proceso electoral.

De acuerdo con la denuncia, Proyectos Juveniles subcontrató a la empresa Cards, de Pablo Líder Robles –quien se encargó de elaborar las tarjetas–, así como a Multiservicios, de Ramiro Quintero Ramos, responsable de la distribución de los plásticos que podían ser usados en miles de establecimientos.

La Fepade informó que la orden de aprehensión contra Escobar y coacusados es sólo por el uso de las tarjetas Premia Platino, aunque hay otros temas que quedaron pendientes.

“Por la información que proporciona la Fepade se advierte otra vez un esquema de triangulación en el reparto de tarjetas, como hizo el PRI con las de Monex en 2012”, destacó la exlegisladora perredista.


Añadió: “No descarto que haya algo político contra Escobar, pero qué bueno que se le dio seguimiento a esta denuncia que ya daba por desechada. Éste es un paso importante, ya que es delito entregar tarjetas, es una dádiva ilegal, y ya no nos vamos a quedar como si nada como nos pasó con las tarjetas de Monex y Soriana”, advirtió.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
FECHA: 26 NOVIEMBRE 2015
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421779

miércoles, 25 de noviembre de 2015

La Fepade pide orden de arresto contra Escobar, Subsecretario de Segob y ex vocero “Verde”

La Fepade concluyó, después de una indagatoria de seis meses, que Escobar transgredió la ley electoral al haber celebrado como representante del PVEM un contrato con una empresa para la elaboración y entrega indebida de 10 mil tarjetas Premia Platino, durante la más reciente campaña electoral.

Arturo Escobar, Subsecretario de Participación y Prevención Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, rechazado por grupos civiles por considerarlo un mal ejemplo para la cultura de la legalidad en un país cuestionado por la debilidad del Estado de Derecho, está en problemas.

Esta noche, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), solicitó a un juez liberar una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos relacionados con desvío o mal manejo de recursos durante la elección 2015. Escobar fue vocero del Partido Verde Ecologista, que en alianza con el Revolucionario Institucional (PRI), postuló al actual Presidente Enrique Peña Nieto.

El puesto de Subsecretario en la Secretaría de Gobernación se considera un pago político del titular, Miguel Ángel Osorio Chong, a los favores electorales recibidos por el PRI y por sus candidatos.

De acuerdo con el periódico Reforma, la Fepade concluyó, después de una indagatoria de seis meses, que Escobar transgredió la ley electoral al haber celebrado como representante del PVEM un contrato con una empresa para la elaboración y entrega indebida de 10 mil tarjetas Premia Platino, durante la más reciente campaña electoral.

El diario detalla que de acuerdo con la legislación queda prohibido que los partidos, los candidatos o los equipos de campaña, entreguen cualquier tipo de material en el que oferten o se entreguen beneficio directo, indirecto, en especie o efectivo, debido a que representa un “indicio de presión” hacia el elector para obtener su voto.

Al Subsecretario de la Segob se le imputa el delito previsto en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. El cual es castigado con de 5 a 15 años de prisión y multas de mil a 5 mil días. La pena podría ascender a una mitad más si es que la conducta se realiza en apoyo a una precampaña o campaña electoral.


Mientras, el juez tiene un plazo de diez días para conceder o negar la orden de detención en contra de Arturo Escobar.

Desde el mes de marzo de este año, ciudadanos denunciaron que el PVEM realizaba un envió de tarjetas de descuento, las Premia Platino, en la que ofrecía distintos descuentos para comercios de toda índole, laboratorios médicos, tiendas departamentales, zapaterías, restaurantes, papelerías, pizzerías, hoteles y más. La entrega se hizo durante varios meses previo a las elecciones del 7 de junio de 2015, pese aún de que el propio Instituto Nacional Electoral (INE) dictó una medida cautelar para que se detuviera su distribución.

Las tarjetas llegaban al domicilio con el nombre del votante; es decir, el Partido Verde utilizó bases de datos que supuestamente son protegidas por el INE para, según los tirbunales, tratar de comprar votos, ofreciendo como lo hizo el PRI en 2012, tarjetas con beneficios.


Las tarjetas rotuladas con los nombres de los particulares también ofrecían bonificaciones del 30 por ciento de las compras en las Farmacias del Ahorro, en las tiendas Chedraui se les da 10 pesos de bonificación por cada 200 pesos de compra.

ESCOBAR EN LA SEGOB

El pasado 9 de septiembre Arturo Escobar y Vega fue designado como Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob. Luego de su nombramiento, diversas organizaciones coincidieron en que esta decisión no sólo fue un premio de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto por su participación en el proceso electoral 2015, sino que con ello, el Gobierno federal concretó un pacto de impunidad y corrupción, denunciaron organizaciones civiles. Incluso pidieron su revocación.

Luego de su nombramiento, se recordó que Escobar y Vega fue detenido en un aeropuerto de Chiapas con más de un millón de pesos en efectivo cuando era Senador del PVEM en 2009. Además de ser uno de los principales orquestadores de la más reciente campaña del Partido del Tucán, una de las más multadas en toda la historia.

Alfonso Celestino Pérez, miembro de Cauce Ciudadano, dijo en su momento, que la designación de el ex vocero del PVEM es un agravio pues el Gobierno denota un “desprecio a la política de prevención, que era una de las pocas donde había un canal de diálogo con la sociedad. No le interesa que esa política se mantenga y se fortalezca. No era perfecta y había muchas limitaciones, pero había ese canal de diálogo que ahora está roto”.

Además acusó que Escobar planeaba contratar a personas del Partido Ecologista.


Cauce Ciudadano, integrada por más un centenar de organizaciones y casi 200 ciudadanos, criticaron que Arturo Escobar “no es un servidor público confiable”, porque no practica principios éticos democráticos, como lo es la declaración de su patrimonio, puesto que en la base de datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP) aparece que el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana “no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/25-11-2015/1563148