Una particular requirió la información mencionada al área de transparencia del organismo, desglosada por año hasta la fecha de su solicitud, y también pidió saber a qué se destina el dinero.
En su respuesta inicial Bansefi le respondió que el monto de los recursos acumulados al 31 de enero de 2015, ascendió a 286 millones 380 mil 650 pesos y que de ese total durante el periodo fiscal 2014 se ejercieron poco más de 15 millones 832 mil 69 pesos.
Añadió que en lo que va de este año los recursos utilizados correspondían a 35 millones 279 mil 450 pesos.
Sim embargo, en cuanto a los fines a los que se destina el recurso Bansefi afirmó desconocer la información debido a que previa instrucción de la Secretaría de Gobernación (Segob) destina el presupuesto necesario para implementar y operar las medidas del mecanismo de protección.
Tampoco entregó la información sobre los montos no ejercidos, con el argumento de que carece de facultades para determinar, decretar o modificar las medidas referidas que son competencia de la Junta de Gobierno del órgano protector de periodistas y defensores de los derechos humanos.
Inconforme con la respuesta la particular interpuso un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en el que señaló que la respuesta era incompleta porque no se le informó el monto de recursos asignados y ejercidos por año y tampoco los fines para los cuales se destinan los recursos.
El caso fue turnado a la ponencia de la comisionada Areli Cano Guadiana, quien al realizar su análisis jurídico, derivado de un estudio normativo de las atribuciones y alcances de Bansefi, advirtió que dicha institución en su calidad de fiduciario está en condiciones de informar sobre los recursos asignados y ejercidos con cargo al fideicomiso desde el 25 de noviembre de 2012, fecha de su constitución, hasta finales de 2013 ya que sólo en su respuesta original sólo proporcionó lo relatico a 2014 y 2015.
Además, en una diligencia de acceso a la información la comisionada advirtió que si bien Bansefi no es quien lleva a cabo los procedimientos de contratación respectivos sí cuenta con copias de las facturas en que se consignan los bienes y servicios adquiridos para la implementación de medidas de protección lo que responde a la solicitud de conocer los fines a los que se destinan los resursos.
Cano precisó que esos documentos contienen el nombre o razón social del proveedor del bien o servicio adquirido y su difusión podría poner en riesgo su vida o seguridad debido a los actos violentos que agresores pudieran infligirles a fin de obtener datos sobre la manera en que se implementan las medidas de protección para los defensores de derechos humanos y periodistas, por lo que al momento de entregar esta información al particular Bansefi deberá hacerlo en versión pública.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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