Asesorados por la agrupación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl), los familiares entregaron a la PGJE pruebas de ADN, pese a que no fueron solicitadas por el agente del Ministerio Público (MP).
El 15 de enero de 2015, la autoridad ministerial informó a la familia que el perfil genético recibido coincidía con el de un hombre que fue hallado sin vida el 30 de octubre de 2012 y sepultado en calidad de desconocido en el municipio rural de Cerralvo, 100 kilómetros al norte de esta capital.
El cadáver fue hallado en la carretera Monterrey-Saltillo y depositado en Cerralvo, según la PGJ, porque ya estaba saturada la fosa común de esta capital.
Por su parte, los deudos del ingeniero Hernández denunciaron que el MP intentó extorsionarlos con 48 mil pesos para dar celeridad a la entrega de los restos.
En representación de la familia, Korina Hernández Díaz, hija de Raymundo, dio a conocer que el 7 de diciembre de 2015 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación CEDH-12/2015, dirigida a la PGJE, para que se iniciara un procedimiento de responsabilidad administrativa contra las personas que fungieron como titulares de la Agencia del Ministerio Público Investigador (AMP) 1, en el Primer Distrito Judicial del estado, entre el 18 de octubre de 2012 y el 2 de abril de 2015.
De acuerdo con el expediente de la CEDH, en ese lapso los encargados de la representación social no actuaron con debida diligencia al recibir el acta circunstanciada 121/2012-1-1, lo que debe ser motivo de investigación interna para concluir sobre la participación de cualquier persona integrante del servicio público, por acción u omisión, en hechos violatorios contra Korina Hernández Díaz.
La CEDH demandó a la PGJ que ordene al Ministerio Público que la averiguación previa 1585/2015-1-2 sea integrada en forma exhaustiva hasta lograr su legal conclusión, y que se capacite en materia de derechos humanos al personal de la AMP 1.
De igual manera, que se dé vista de esos hechos al agente del Ministerio Público especializado del fuero común en delitos electorales y servidores públicos para que aplique la ley orgánica de la PGJ, en correlación con la respectiva ley estatal y municipal de responsabilidades de servidores públicos.
El organismo de derechos humanos también exigió a la PGJ que reembolse a Korina Hernández los gastos erogados por la exhumación y servicios funerarios, que cubra una indemnización por concepto de daño emergente y que colabore con la comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para que se haga efectivo en su favor el Fondo de Atención previsto en la respectiva ley en la entidad.
Inacción de la Procuraduría
En un comunicado, Fundenl –organismo fundado y presidido por Irma Leticia Hidalgo– acusó que desde un principio fue deficiente la investigación para encontrar a Raymundo Hernández Camacho, dado que no se realizó una búsqueda exhaustiva, no se pretendió encontrarlo con vida y el MP no orientó a la familia sobre la conveniencia de entregar muestras de ADN.
Por ello, la misma hija del desaparecido procedió a hacer ese trámite, lo que posteriormente arrojó la identificación positiva del cadáver sepultado prematuramente en Cerralvo.
“Es decir, el mismo mes en que fue desaparecido el señor Hernández Camacho fue localizado su cuerpo, y tuvieron que pasar más de dos años para que fuera plenamente identificado y entregado a su familia”, precisó Fundenl.
Para recuperar el cuerpo, el MP de la Agencia 1 pidió a la familia 48 mil pesos más un ‘moche’ para agilizar los trámites, extorsión que fue denunciada el 5 de marzo de 2015 ante el entonces procurador Javier Flores Saldívar, quien ordenó que se levantara una queja contra el funcionario.
Al considerar que no había avances en el proceso de recuperación del cuerpo, los familiares presentaron una denuncia ante los medios de comunicación, lo que finalmente dio como resultado la identificación del cadáver, la recuperación de los restos de la fosa común y la verificación de una ceremonia luctuosa para darle un entierro digno.
“Encontramos a Raymundo, pero no la verdad. El seguimiento del expediente ha sido deficiente desde ese entonces, violando con ello el derecho de las víctimas al acceso a la Justicia: no hay un esclarecimiento de las condiciones en las que se dio la desaparición, ni de los posibles perpetradores”, subrayó Fundenl.
La recomendación de la CEDH evidencia que el gobierno de Nuevo León no investiga las desapariciones y obstaculiza el acceso a la justicia para las víctimas, concluyó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427339
