La activista Ceci Flores exigió a las autoridades de la Ciudad de México a realizar un examen por servicios periciales a los restos hallados en el supuesto “crematorio clandestino” y fosas clandestinas, halladas en la zona limítrofe de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

“Las autoridades quieren ocultar una verdad que duele (…) No buscamos culpables, queremos que no revictimicen a las víctimas y que no quieran desaparecer una verdad que está oculta en este lugar”, señaló la madre buscadora.

Familias de mexicanos desaparecidos impulsan una base de datos de fosas comunes con las pistas que han encontrado en cementerios para hallar a sus seres queridos y armar el rompecabezas del problema en el país, que suma más de 112,000 casos.

Acompañadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) del Gobierno federal, familias de Jalisco, estado del oeste del país con la mayor cantidad de desapariciones, inspeccionan registros de inhumaciones en panteones para formar la base de datos del Módulo de Fosas Comunes.

La relatora especial de la ONU sobre ejecuciones sumarias, Agnès Callamard, llamó a los gobiernos a garantizar el respeto y la gestión de las fosas comunes con un enfoque de derechos humanos.

Al presentar su informe anual, Callamard señaló que dichos lugares no son reconocidos, permanecen desprotegidos, sin preservar, y cuando no están cubiertos son profanados o destruidos.