La activista Ceci Flores exigió a las autoridades de la Ciudad de México a realizar un examen por servicios periciales a los restos hallados en el supuesto “crematorio clandestino” y fosas clandestinas, halladas en la zona limítrofe de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

“Las autoridades quieren ocultar una verdad que duele (…) No buscamos culpables, queremos que no revictimicen a las víctimas y que no quieran desaparecer una verdad que está oculta en este lugar”, señaló la madre buscadora.

Familias de mexicanos desaparecidos impulsan una base de datos de fosas comunes con las pistas que han encontrado en cementerios para hallar a sus seres queridos y armar el rompecabezas del problema en el país, que suma más de 112,000 casos.

Acompañadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) del Gobierno federal, familias de Jalisco, estado del oeste del país con la mayor cantidad de desapariciones, inspeccionan registros de inhumaciones en panteones para formar la base de datos del Módulo de Fosas Comunes.

La relatora especial de la ONU sobre ejecuciones sumarias, Agnès Callamard, llamó a los gobiernos a garantizar el respeto y la gestión de las fosas comunes con un enfoque de derechos humanos.

Al presentar su informe anual, Callamard señaló que dichos lugares no son reconocidos, permanecen desprotegidos, sin preservar, y cuando no están cubiertos son profanados o destruidos.

CHILPANCINGO. Gro: Integrantes de un colectivo de familiares de personas desaparecidas de esta capital anunciaron que no van a permitir que los 450 cadáveres que se encuentran depositados en las unidades del Servicio Médico Forense de Iguala, Acapulco y Chilpancingo, sean inhumados en una fosa común que el gobierno de Héctor Astudillo Flores construye al poniente de esta capital.

Señalaron que este hecho exhibe que las autoridades ministeriales no han realizado los estudios de genética forense a las víctimas para contrastarlos con las pruebas que han dejado cientos de familiares que buscan a personas en Guerrero.

Al respecto, denunciaron que el subprocurador de la Fiscalía General del estado (FGE), José Antonio Bonilla Uribe, canceló una reunión pactada con anterioridad con el colectivo para analizar el tema de la falta de identificación de los cadáveres que pretenden inhumar en Chilpancingo, argumentando que se encontraba fuera del estado atendiendo “un asunto especial de trabajo”.

No obstante, a través de la agencia de Proceso se enteraron que durante esos días, el funcionario del gobierno de Astudillo decidió tomar unos días de descanso para vacacionar en la bahía de La Paz, en el estado de Baja California, y calificaron la actitud del funcionario como una muestra de la criminal indolencia gubernamental.

Por ello, advirtieron que no van a permitir que el gobierno de Astudillo decida inhumar de forma irregular en una fosa común a los más de 400 cuerpos que permanecen sin identificar en unidades del Semefo, como ocurrió en los estados de Morelos y Coahuila.

El 30 de septiembre, Apro dio a conocer que el gobierno de Héctor Astudillo construye en medio de la opacidad, un proyecto denominado Panteón Estatal Forense al poniente de esta capital.

Las autoridades se ha negado a informar sobre la inversión del proyecto, el proceso de adjudicación de contrato y el nombre de la empresa que ejecuta la obra; así como el motivo de la falta de identificación de los 400 cadáveres y la mecánica de los hechos para conocer la causa de muerte y el contexto, es decir, si se trata de cadáveres encontrados en fosas clandestinas o en otros sitios.

Mucho menos han especificado la temporalidad de la acumulación de cuerpos en las unidades del Semefo, sobre todo porque después del caso Ayotzinapa, familias enteras han salido a buscar en los cerros de diversos puntos de la entidad a cientos de personas desaparecidas.

En conferencia de prensa realizada esta mañana, los miembros del colectivo reprocharon las cuentas alegres del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien afirmó que se ha reducido la incidencia delictiva en la entidad.

“Todos los días hay homicidios y desaparecidos”, expresó la señora María Guadalupe Rodríguez, madre de un joven desaparecido hace dos años en Chilpancingo y hasta el momento se desconoce su paradero.

Como ejemplo mencionaron el caso de la familia completa que permanece desaparecida desde el 18 de octubre, cuando se desplazaban de Zitlala a la cabecera municipal de Chilapa, en la región Centro de la entidad.

Ellos fueron identificadas como Florencia Capistrán Tecolapa, de 80 años; Mario García Capistrán, de 58; María Feliciano Diego, de 48; Félix García Feliciano, de 25; Santa García Feliciano, de 23, y Marco Antonio García Feliciano, de 18. Todos originarios del poblado indígena nahua de Ixcatla, municipio de Zitlala.

Al respecto, integrantes del colectivo de familiares de personas desaparecidas de Chilapa, denominado Siempre vivos, han emprendido una campaña de búsqueda ciudadana de las víctimas y exigieron la intervención de las autoridades de los tres niveles.

Ello debido a que señalaron que tienen indicios de que las víctimas fueron desaparecidas en el poblado indígena de Tlantempanapa, municipio de Zitlala donde opera un grupo armado al servicio de la organización denominada Paz y Justicia, vinculada a Los Ardillos y que dirige la familia del dirigente perredista Bernardo Ortega Jiménez.

Sobre este caso, el colectivo de Chilpancingo exigió al gobernador Astudillo que se enfoque en resolver la problemática de los desaparecidos en la entidad y en específico el caso de Zitlala, argumentando que las primeras horas y días son clave para localizar a las víctimas aún con vida.

Anunciaron que el frente común conformado por familiares de desaparecidos en la entidad, donde participan los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como familias de Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Iguala y la región de Tierra Cliente, condenan la omisión gubernamental frente a la extendida problemática que ha convertido a Guerrero en un gran cementerio clandestino y zona de terror y muerte a nivel nacional.

Además, afirmaron que la impunidad de las bandas delincuenciales que controlan territorios completos en la entidad, prácticamente es un reflejo del nivel de corrupción y contubernio de autoridades civiles y militares con el crimen organizado.