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700 mil 'voltios' para electrocutar la democracia en México

El operativo fue quirúrgico, y a juzgar por los documentos que VICE News tiene en su poder, ideado por una mente experta. La fecha para llevar a cabo el plan iba de febrero a julio de 2012, cuando Enrique Peña Nieto recorría México, en medio de una intensa campaña electoral que finalmente lo llevaría a la presidencia el 1 de diciembre de ese mismo año. El objetivo de la operación, orquestada desde dentro de uno de los sindicatos más poderosos del país, el de los electricistas, fue muy claro: conseguir 700.000 sufragios a favor de Peña Nieto.

La estrategia fue denunciada ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade) según consta en el documento en poder de este medio, y el caso fue desechado una vez que Peña Nieto llegó al poder. El especialista René Torres Ruiz, profesor-investigador de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana — quien accedió a revisar el reportaje — opina que la operación, según los testimonios que ofrecen los trabajadores, caería en el ámbito del delito.

De haberse cumplido la meta del plan al 100 por ciento — medio año de arduo trabajo, no es poco — esta cantidad de votos significaría el 20 por ciento de la diferencia con la que Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ganó a Andrés Manuel López Obrador del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) las elecciones presidenciales.
'Ellos llegaban a los distintos domicilios... y le decían al trabajador: vamos a la casilla y sácale una fotografía [al voto] con tu celular'.

El plan fue bautizado como 'SUTERM-Genera 10' y para corroborar la información sobre la puesta en marcha, este medio obtuvo copia del proyecto, y realizó entrevistas a cinco trabajadores y ex trabajadores sindicalizados de distintos estados. Además, se comprobó, por ejemplo, el registro de un dominio web utilizado para procesar toda la información electoral, llamado www.genera10.com, actualmente en desuso, pero adquirido por tres años, del 26 de febrero de 2012 al 26 de febrero de 2015.

El plan electoral del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm) — conformado en su mayoría por trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa estatal de energía eléctrica en México — utilizó a los empleados sindicalizados, pues cada uno de los más de 70.000 afiliados tendría que haber convencido a 10 personas para votar por el entonces "candidato" del PRI, según se infiere a partir de la gráfica que mostramos a continuación, en la cual aparecen las iniciales "EPN" y al lado el logotipo de su campaña donde se escribe "Enrique Peña Nieto". Los sindicalizados, según testimonios, tenían que hacer campaña así fuera en sus horarios laborales, e incluso hablan de coacción.

La estructura del 'SUTERM-Genera 10' se plasmó en un documento; y la acción proselitista requirió a trabajadores' con capacidad para "transmitir ideas y motivar", a fin de generar los votos necesarios para el actual presidente.


En la cabeza de este diagrama — en el que se hace una analogía con la generación de electricidad, para ir a juego con el gremio — estaba el Secretario General, como gestor de la gran energía. Luego bajaba la 'electricidad' a través de dos enlaces: la Secretaría de Organización y la de Relaciones Obreras. Posteriormente se dibujaron los conductores, los circuitos, y al final los electrones, que eran los "familiares, amigos, grupos deportivos" y todas las personas con las que los sindicalizados hacían vida social. Al final, el resultado debió ser una descarga de 10 votos a Enrique Peña Nieto por cada obrero del Suterm.

El 'SUTERM-Genera 10' se elaboró e instrumentó desde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del sindicato, según el documento. El plan dividió al país en cinco zonas, y sus enlaces políticos fueron personas allegadas al líder del gremio, Víctor Fuentes del Villar, según fuentes del propio sindicato.

En los estados, el plan lo encabezaron los líderes locales del sindicato a quienes se les llamó "generadores", y tenían la misión de coordinar el programa, definir la estructura operativa en distintas municipalidades, convocar a reuniones de trabajo y evaluación de resultados y organizar las acciones para el día de la elección, según lo explica el documento.

En este programa también participaron los secretarios de relaciones obreras y de organización de las secciones sindicales que fungían como "enlaces", y debían capturar información de una encuesta electoral, integrar un padrón de cada sección e identificar a los "transformadores".

Estos últimos eran los integrantes de los comités ejecutivos seccionales, delegados departamentales y líderes naturales; lo definían como un "trabajador con cualidades de liderazgo, iniciativa, capacidad para motivar y transmitir ideas, alto nivel de disponibilidad, lealtad y compromiso con el SUTERM".


La red que instrumentaría el plan también abarcaba a los trabajadores de las secciones sindicales de las regiones identificados como "conductores"; éstos se encargarían de integrar la "red afectiva del programa". Es decir, buscarían sumar 10 personas con las que hacen "vida social", ya sea "integrantes de su familia, agrupaciones religiosas, juntas vecinales, grupos deportivos, etc".

En Veracruz, estado ubicado en el Golfo de México, la implementación del plan para votar por el PRI fue intensa. El día de la elección un funcionario sindical se encargaba de ir a recoger a los trabajadores y a sus familias para llevarlos a las casillas, y les pedían, a quienes traían celular, que tomaran foto de su voto: "ellos llegaban a los distintos domicilios, por ejemplo a la casa de una familia donde ya había 10 personas, y le decían al trabajador: vamos a la casilla y ahí está el directivo presente, sácale una fotografía [al voto] con tu celular; y ya le enseñaban la foto de que efectivamente votaron por el partido", afirmó un sindicalizado que omitió revelar su nombre por miedo a represalias al interior del gremio, y que sabía del plan GENERA-10.
'A los mítines llevaban a todos los trabajadores; los carros [de la CFE] llenos de gente, con familia y todos gritaban: 'viva el PRI'.

Esta fuente relató que el trabajador que se negaba a votar por el PRI, era amenazado con perder prestaciones a las que tenía derecho, como algunos bonos.

Previo a la elección, se hicieron juntas presididas por el dirigente de esa región donde les exigía a los trabajadores que votaran por el PRI, y que le dieran copia de su credencial de elector para tener un registro en el partido, narró el testigo. "A los mítines llevaban a todos los trabajadores; los carros [de la CFE] llenos de gente, con familia y todos gritaban: 'viva el PRI'; a él (al dirigente) le dicen: necesito que organices, y él ya acomoda a todos los trabajadores. Ya saben que todos los votos del sindicato los tienen a favor del PRI", narra otro trabajador.

Los búnkers de Faraday

En el documento 'SUTERM-Genera 10' se plasma que para la implementación del programa se recomendaba instalar en cada coordinación regional un espacio seguro llamado 'Búnker de Faraday', en referencia a Michael Faraday, un físico británico que hizo diversas aportaciones en el campo electromagnético y en la electroquímica.

Esta instalación tendría que ser: "ajena a la empresa; en la cual se puedan planear y desarrollar estrategias, llevar a cabo reuniones de difusión y capacitación, así como la revisión del avance de las metas y que funja como centro neurálgico para el día E [día de la elección]".

El Suterm fue cuidadoso y tomó una serie de precauciones para que el plan no se conociera públicamente. Por ejemplo, en el apartado titulado El ABC de lo electoral piden no recoger la credencial para votar "en ningún momento" [aunque hay señalamientos de que sí fotocopiaron credenciales]; y evitar condicionar expresamente un favor relacionado con la función del servicio público de energía eléctrica a cambio de un voto.

Europeos rechazan la vista del presidente mexicano por violaciones a derechos humanos. Leer más aquí.

También se sugiere no utilizar edificios, vehículos, equipos y demás inmuebles propiedad de la empresa para beneficio de un candidato; evitar el reparto de propaganda de cualquier tipo dentro de las instalaciones y evitar solicitar expresamente el voto, lo que tampoco se cumplió a cabalidad.

También se advierte que en el orden del día de las reuniones sindicales donde se pretenda difundir información no se incluya expresamente el tema del 'SUTERM-Genera 10'. El sindicato también ordenó "evitar evidencia de convocatoria expresa a una reunión en la que habría de tocarse el tema, que habría de beneficiar a un candidato y evitar la presencia de cualquier medio de comunicación, prensa o elementos ajenos a los convocados".

A la red que habría de instrumentar el plan electoral, se le ordenó mencionar en sus discursos las virtudes de los candidatos del PRI, y a lo largo del documento se menciona varias veces a este partido. "El PRI es el partido de las instituciones. El PRI es el partido de la gente. El PRI es el partido que respeta y promueve el sindicalismo, la democracia y los derechos laborales", se escribe.

"El voto es libre, secreto y directo — hacer énfasis en las virtudes, resultados, cualidades y beneficios potenciales del candidato —, reiterando la libertad de voto", se asienta en el documento de entrenamiento; aunque a decir de los testimonios recabados, no se hizo del todo caso de ésta sugerencia.
'Los círculos G10 (RED Afectiva) se integran con 10 personas con las que hacemos vida social'

También en el documento se habla de la elaboración y entrega de promocionales, pulseras y calcomanías. El plan incluyó capacitación para saber cómo actuar el día "E" [día de la elección], levantamiento de encuestas y elaboración de formatos llamados "cédulas de circuito" que contenían los datos del transformador [los trabajadores con cualidades de liderazgo]: nombre, dirección, teléfono y número de credencial electoral.

La denuncia ante Fepade

El plan causó inconformidad entre trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tanto que algunos de ellos filtraron el proyecto a grupos de disidentes a fin de que interpusieran una denuncia ante la fiscalía de delitos electorales, Fepade.

El 26 de junio de 2012 [cinco días antes de la jornada electoral] Evangelina Navarrete Castellanos [hermana de Jesús Navarrete Castellanos, principal opositor de la actual cúpula sindical], y Francisco Javier Carrillo Soberón presentaron ante la fiscalía una denuncia de hechos "constitutivos de delitos electorales en contra de la ciudadanía" por la cual se inició la averiguación previa 1422/FEPADE/2012, de la cual este medio tiene copia.

En el documento se acusaba a Fuentes del Villar, secretario general del Suterm, a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del sindicato, a los secretarios generales locales de las secciones sindicales y a Mario Ramírez Manzanares, secretario general de la sección de Acapulco, Guerrero, de "tratar de inducir el voto hacia el PRI, por medio de los representantes sindicales". En sus argumentos exponían que se han "modificado los estatutos para introducir aspectos negativos, como la afiliación forzosa de los electricistas al PRI y el derecho a ser electo para puestos de representación popular, pero sólo postulándose por ese partido".
'No nos dieron el expediente porque decían que la víctima era el candidato Andrés Manuel López Obrador'

Además la demanda alega que "los líderes del sindicato y los representantes sindicales amenazaban a los trabajadores y los obligaban a entregar copias fotostáticas de su credencial de elector, así como de 10 familiares más. En Piedras Negras, Coahuila — explica la denuncia — utilizaron trabajadores temporales y de nuevo ingreso para apoyar eventos proselitistas del PRI; y en Mérida, Yucatán, los dirigentes locales formaron brigadas de propaganda del PRI".

La denuncia tuvo respuesta por parte de la Fepade hasta el 16 de abril de 2014, casi dos años después. En el oficio 8517 se informa que se determinó "el no ejercicio de la acción penal". Los detalles de esta determinación obraban en un dictamen, el cual no se anexó en la respuesta.

Posteriormente los denunciantes solicitaron el documento faltante, pero la Fepade, también según el escrito oficial en poder de VICE News, argumentó que "no podían tener acceso, ya que "usted no es la inculpada, ni su defensora, ni la víctima u ofendida".


Según mencionaron los quejosos, la Fepade se negó a entregarlo argumentando que ellos no podían tener acceso al expediente porque no eran los afectados directos. "Lo que ellos decían es que en este caso el que era víctima era el candidato Andrés Manuel López Obrador, entonces tenía que ir él o sus abogados a solicitar el expediente porque ellos eran, para la Fepade, los ofendidos, pese a que nosotros como pueblo también éramos los ofendidos", explica la denunciante.

Fepade: 'instancia decorativa'

Para René Torres Ruiz, profesor-investigador de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, el 'SUTERM-Genera10' es un ejemplo del viejo sistema corporativista. Resalta también los testimonios de los trabajadores que habrían denunciado un delito de coacción, lo cual debió ser investigado por la Fepade y no lo hizo.

"Con esta estrategia del SUTERM-Genera 10, de la coacción de distintos trabajadores del sindicato de electricistas, las prácticas de retirar la credencial de elector, de pedir fotografías para dejar constancia de que se había votado por los candidatos priistas; y de esta convocatoria para votar abiertamente por el PRI, etc... si todo esto ocurrió, son delitos que están tipificados en distintas legislaciones en materia electoral", argumentó Torres Ruiz.

Uno de los más importante es el Artículo 4, Inciso 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 2008, el cual dice: "quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores"
'El clientelismo, el corporativismo, faccionalismo, que siguen estando presentes en donde se supone que hemos transitado a la democracia'.

Respecto al trabajo que ha realizado la Fepade, el especialista comentó que "es una instancia decorativa", pues en repetidas ocasiones no ha sido profesional en la atención a los delitos electorales.

"El clientelismo, el corporativismo, faccionalismo, siguen estando presentes en donde se supone que hemos transitado a la democracia", opinó.

El académico mencionó que el PRI es el partido que construyó el sistema corporativista, y a pesar de la alternancia de 12 años del PAN, la mayoría de los sindicatos se mantuvieron.

Añadió que con operaciones electorales como la del SUTERM-Genera 10, regularmente hay dos partes ganadoras: el candidato que obtiene el cargo, y la cúpula sindical que recibe reelecciones gremiales, puestos de elección popular, dinero y poder. Y quien menos beneficios adquiere es la base de obreros sindicalizados.
'Los movimientos de apoyo al entonces candidato del PRI a la presidencia se sujetaron a la normatividad electoral vigente'.

En este sentido cabe recordar que cuando Peña Nieto llegó a la presidencia, el dirigente del Suterm, Víctor Fuentes del Villar, obtuvo el aval para su continuidad dentro de la dirigencia sindical, un presupuesto millonario y la omisión legal ante un enriquecimiento difícil de explicar; casos que fueron publicados en una serie de reportajes en El Universal. La ex líder del sindicato de maestros y ex priista acusada de traición, Elba Esther Gordillo, fue encarcelada.

Este medio solicitó a Presidencia de la República una entrevista sobre el el plan llamado 'SUTERM G-10', explicando el punto neurálgico del mismo; sin embargo un Oficial de Los Pinos se limitó a responder: "los movimientos de apoyo al entonces candidato del PRI a la presidencia se sujetaron a la normatividad electoral vigente para aquel proceso. Su triunfo fue resultado del respaldo libre y mayoritario del electorado mexicano".


La CFE por su parte indicó a través de un texto que "en estricto apego a la Constitución mexicana, cada uno de los trabajadores, como cualquier ciudadano, ejerce su derecho al voto de manera libre y secreta" y que el Suterm es "independiente" de ellos. Finalmente después de reiteradas llamadas, peticiones por escrito, e incluso el envío de un reportero a las instalaciones del Suterm solicitando entrevista respecto al plan y los documentos obtenidos, nunca se nos dio respuesta alguna.

FUENTE: VICE NEWS.
AUTOR: SIBER MEZA.
LINK: https://news.vice.com/es/article/700-mil-voltios-para-electrocutar-democracia-mexico

Cártel de Juárez, proveedor del PRI y financiador en la campaña de Peña Nieto

Grupo Comercializador Cónclave tenía un cliente de mucho peso: el Partido Revolucionario Institucional (PRI).


En junio de 2011, la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional le encargó a esta empresa elaborar 67 mil 900 “reportes especiales” que serían entregados a los gobiernos estatales y municipales priístas para instruirlos sobre cómo realizar “una gestión gubernamental más eficiente”, según detalla el contrato localizado en los registros del ahora Instituto Nacional Electoral (INE), antes conocido como IFE.


En aquellos días, el líder nacional del PRI era Humberto Moreira Valdez, quien el pasado viernes 15 de enero de 2016 fue arrestado en Madrid. La Fiscalía Anticorrupción había ordenado cárcel para el ex gobernador de Coahuila por presuntamente formar parte de una red criminal y haber blanqueado en España 200,000 euros.

Sin embargo, el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional -la principal instancia judicial española que se encarga de temas complejos como terrorismo y corrupción-, dejó en libertad sin fianza a Moreria al no hallar delitos en su contra.


En 2012, ya con Pedro Joaquín Coldwell al frente de la dirigencia, el PRI nacional refrendó los servicios de Cónclave con el contrato CP-118-0115/2012, con vigencia del 20 de enero al 31 de diciembre. Además de elaborar impresos, les surtía mobiliario, según consta en sus registros de proveedores.


Al revisar las cuentas del PRI, los auditores del entonces Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE) pusieron en duda el contrato asignado a Cónclave para la elaboración de miles de reportes.


“Respecto a las facturas señaladas, no se localizaron las respectivas muestras de los trabajos realizados”, advirtieron los auditores del IFE en un oficio enviado al PRI el 20 de junio de 2012.


Para tratar de comprobar que no se trataba de servicios simulados, la dirigencia del PRI envió al IFE muestras físicas de los llamados ‘reportes especiales’, así como carpetas que contenían las notas de entrada y salida de almacén.

No conformes con esas pruebas, los auditores solicitaron la documentación en la cual constara la forma en que el partido distribuyó ese material.

Según la respuesta enviada al IFE, los reportes se repartieron en forma masiva en los comités directivos nacionales y estatales; con los sectores adherentes al PRI (CTM, CNOP, CNC), en los congresos, en universidades, bibliotecas, embajadas, con gobernadores, secretarías de Estado y periodistas afines al partido.

Grupo Comercializador Cónclave, operada por Rodolfo David Dávila Córdoba, “El Cónsul”, identificado por la PGR como operador financiero del Cartel de Juárez, participó en la triangulación de dinero en el caso llamado Monexgate.

Al calor de la campaña presidencial del año 2012, el Partido Acción Nacional (PAN) entonces en el poder con el Presidente Felipe Calderón al frente y la coalición de izquierda formada el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento Ciudadano acusaron al PRI de tener una estructura de financiamiento ilegal por medio de tarjetas de debito bancarias emitidas por el Grupo Financiero Monex.


Las pruebas de esta caso fueron entonces exhibidas por los coordinadores de las campañas. Por la izquierda, Ricardo Monreal y por la derecha, Roberto Gil durante uno de los debates que sostenían semanalmente, en la Primera Emisión de Noticias MVS conducida por Carmen Aristegui. Sobre la mesa pusieron dos tarjetas bancarias y 19 facturas. Tanto unas como otras expedidas por el banco Monex.


El representante del PRI, Luis Videgaray -ahora convertido en secretario de Hacienda- negó entonces que usaran las tarjetas. “No”, dijo a botepronto en pleno debate. Meses más tarde, Jesús Murillo Karman –tiempo después nombrado Procurador General de la República- salió a dar la cara por los tricolores. Dijo que siempre sí emplearon las tarjetas pero no para los fines que sus opositores acusaban y tampoco habían rebasado con ello el tope financiero.


A partir de las pruebas de este caso, el equipo de Investigaciones Especiales del noticiero conducido por Aristegui reveló los nexos entre compañías con el PRI; Grupo Comercializador Inizzio y Grupo Efra. Otros medios de comunicación, por separado, aportaron nombres de más empresas, en una compleja operación en el centro de la cual estaba el banco Monex.


El entonces Instituto Federal Electoral (IFE) hizo una investigación a partir de las denuncias presentadas por la derecha y el bloque de izquierda.


El resultado fue que exoneraron al PRI. Para la mayoría de los consejeros era creíble la versión del equipo encabezado por Enrique Peña Nieto en el sentido de que esas tarjetas fueron sólo para cubrir el costo operativo de su estructura – es decir para pagar alimentos o transportes de los representantes de casillas- y no propiamente para gastos de campaña como pudieran ser espectaculares o mítines.

En el dictamen de la auditoría hecha las finanzas del PRI, a lo largo de 228 páginas, apareció el nombre del Grupo Comercializador Cónclave. El mismo que, acuerdo con las documentos y pruebas oficiales mostradas en esta investigación periodística, ha sido un brazo del Cartel de Juárez.

De acuerdo con el expediente del caso, los representantes del PRI explicaron –en su defensa- que durante la campaña electoral no tenían suficiente dinero en efectivo para movilizar a sus representantes de casillas y deberían pagar a los enlaces estatales, a los distritales y a los coordinadores territoriales.


Para disponer de esos recursos, de manera rápida, contrataron a la empresa Alkino Servicios de Calidad. El contrato fue firmado el 1 de marzo del 2012 por un monto de 1 millón 682 mil 528 pesos.


En el expediente, no hay una explicación por qué eligieron a esa empresa. No obstante, el entonces vocero del PRI, Eduardo Sánchez, dijo al diario El Universal que buscaron a esa firma “por su seriedad y solidez”. Esta declaración fue publicada el 26 de julio del 2012, es decir, cuatro meses después de firmado el contrato y 25 días más tarde la elección presidencial.


Alkino es una empresa dedicada a servicios financieros. Sin embargo, -de acuerdo en el expediente integrado por el IFE- para cumplir con el contrato con el PRI, no abrió sus cuentas. Sus directivos buscaron a otra empresa que pudieran conseguir dinero rápido y disponible en tarjetas bancarias. Para ello, subcontrataron a la firma Atama.


Este subcontrato fue por 66 millones 326 mil 300 pesos. Alkino obtuvo el financiamiento necesario pagando una tasa de interés de 1.5 por ciento mensual, pero sólo a partir de que se actualizara la última entrega de las tarjetas bancarias.

En total, consiguieron 7 mil 851 tarjetas de las cuales regresaron 1 mil 373 por estar dañadas, según la versión del PRI validada por el IFE.

Quién estuvo encargado de estas transacciones fue Héctor Macías Díaz, subsecretario de Enlace Territorial del mismo PRI.

Pero al igual que las empresas anteriores, Atama también buscó el dinero en otro lado.

Ramón Morales, su representante legal, dijo que a su vez utilizaron a la firma Inizzio, la cual pertenece a su mismo grupo.


En su testimonio por escrito ante el IFE explicó que ésta última contaba con mayor experiencia en servicios bancarios y contratación de productos financieros además de tener una cuenta en Monex.


El Grupo Comercial Inizzio tiene un funcionamiento peculiar. Una de sus características ha sido que opera con prestanombres y maneja negocios tan disímbolos que van desde la compra de materiales eléctricos como la renta de departamentos y la venta de equipo de cómputo a través de empresas satélites más pequeñas.

En el año 2012, en la Primera Emisión de Noticias MVS conducida por Carmen Aristegui, se mostró cómo operaban para proteger la identidad de su dueño, José Luis Lozana Neyra, quien usa el nombre de Alejandro J. Pérez Lizárraga.


Entre los prestanombres figura Juan Oscar Fragoso Monroy, un joven quien se dedicaba a la albañilería y murió en un accidente de motocicleta. De hecho, su nombre también apareció entre los supuestos accionistas de Atama, la empresa contratada por Alikino para la compra de tarjetas en Monex.


La incorporación de Inizzio dejó el esquema PRI-Monex de la siguiente manera:


Para atraer el dinero necesario, Atama pidió a ocho de sus clientes liquidar sus deudas mediante depósitos en una cuenta bancaria a nombre de Inizzio abierta en Monex, de acuerdo con la investigación del IFE.


Uno de esos clientes fue Grupo Comercial Cónclave, la empresa encabezada por Rodolfo David Dávila Córdova, “El Cónsul”, operador del Cartel de Juárez. El 25 de mayo del 2012 aportaron 699 mil 500 pesos por “comisiones de venta”. El propio IFE lo inscribió así en el dictamen de su auditoría.


Como se mostró en la primera parte de esta investigación, Dávila Córdova “El Cónsul”, aparece como apoderado de esa firma, la misma que junto con Prodassa defraudó por 25 millones de dólares a la Cruzada Nacional contra el Hambre, uno de los programas más importantes del Gobierno Federal.


Grupo Comercial Cónclave –de acuerdo en el expediente hecho por el IFE-, a diferencia de las otras ocho empresas deudoras de Atama depositó el dinero en una cuenta en Monex a nombre de Efra, otra de las firmas vinculadas a la compra directa de las tarjetas de débito y, a su vez, a la familia Fraga vinculada al PRI.


En esa misma lista de empresas con supuestas deudas con Atama –utilizadas para inyectar dinero en cuentas de Monex- también apareció Akrópolis. Uno de sus socios mayoritarios ha sido César González Rodríguez, nacido en Pachuca Hidalgo.


El nombre de esta persona también figura como socio de Grupo Comercial Cónclave. El 21 de mayo de 2012, Akrópolis abonó 1 millón 409 mil pesos –en dos pagos- en las cuentas bancarias utilizadas para las tarjetas de debito utilizadas por el PRI.


De acuerdo con el resultado de la auditoría al PRI, Inizzio entregó a Atama 9 mil 924 tarjetas bancarias de banca Monex, de las cuales 7 mil 851 estaban destinadas al PRI. Del resto no hay datos de su paradero.


La Unidad de Fiscalización del IFE notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que unas 1 mil 500 tarjetas pagadas finalmente por el Grupo Comercial Inizzio tuvieron operaciones realizadas en el extranjero. Esto sucedió el 23 de enero del 2013.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN (INVESTIGACIÓN ESPECIAL)
LINK: http://aristeguinoticias.com/1603/mexico/cartel-de-juarez-proveedor-del-pri-y-financiador-en-la-campana-de-pena-nieto/