En un comunicado, los pueblos de Atenco hicieron un llamado al gobierno federal a retomar su propuesta de conservación #ManosALaCuenca, que contempla la declaración de un Área Natural Protegida gestionada por las comunidades
En un comunicado, los pueblos de Atenco hicieron un llamado al gobierno federal a retomar su propuesta de conservación #ManosALaCuenca, que contempla la declaración de un Área Natural Protegida gestionada por las comunidades
En conferencia de prensa virtual, miembros del FPDT pidieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador retomar su propuesta de conservación de la cuenca del Lago de Texcoco llamada #ManosALaCuenca, ya que consideran que su proyecto no garantiza la conservación de la cuenca.
La manifestación consistió en que 40 vecinos bloquearon la circulación en la avenida Nacional a vehículos de carga que transportaban materiales de construcción. Entre las quejas mencionaron la afectación a sus viviendas y el riesgo para estudiantes de las escuelas y usuarios de dos clínicas de la zona ante el paso de los camiones.
Alrededor de 150 campesinos protestaron contra la construcción de la autopista Texcoco-Pirámides, que se usará para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), y lograron detener las obras ante lo que consideran la ocupación “ilegal” de sus tierras.
Además, otro grupo de campesinos llamaron a acudir a la Procuraduría Agraria en la Ciudad de México desde las 10 horas para reiterar la exigencia de dar agilidad al nombramiento del Comisariado Ejidal en Atenco, “dado que el anterior ya ha cumplido su plazo y sólo se ha dedicado a vender la tierra, proteger a las empresas invasoras y encabezar a grupos de choque”, aseguró el Frente de Pueblso en Defensa de la Tierra.
La decisión de manifestarse fue del pueblo de Tocuila, en Texcoco, y del consejo de vigilancia, quienes desconocieron al comisariado ejidal de dicha comunidad. El FPDT difundió la invitación a la concentración en la plaza de Tocuila a las 10 horas de este lunes, desde donde se dirigieron “de manera organizada” y en contingente al lugar donde se encuentra la maquinaria para las obras, con las que “de manera ilegal las empresas CIPSA y PINFRA invaden y destruyen” sus tierras desde abril.
El FPDT reiteró que el gobierno federal debe atender el emplazamiento al diálogo directo, pues aseguran que la invasión al territorio es promovido por los tres niveles de gobierno. Además, exigieron que se deje de prolongar y agudizar un conflicto que se generó cuando el gobierno se “empecinó” en despojar a los pueblos para la construcción del “aeropuerto de muerte”.
El pasado martes, más de 200 integrantes del FPDT de San Salvador Atenco bloquearon la carretera Texcoco-Lechería para denunciar el despojo de más de 500 hectáreas de sus tierras de cultivo y hacer que el gobierno, “y no sus grupos de choque”, atienda el llamado al diálogo directo con “los pueblos dignos” y no “con los usureros y sumisos que traicionan al pueblo”.
Desde hace casi dos años el gobierno inició la construcción de la autopista, y en septiembre del 2015 inauguró la circulación el primer tramo de cuatro kilómetros que une Acolman y Tezoyuca. Hasta hoy, continúan las obras para terminar tres kilómetros más, que atravesarán los ejidos de Tocuila, San Felipe, Santa Cruz de Abajo, la Magdalena, Francisco I. Madero, Atenco, Acuexcomac, y Nexquipayac.
AUTOR: REDACCIÓN.
Los ejidatarios acusaron a dicha dependencia de proteger al ex presidente del comisariado ejidal, Andrés Ruiz Mendez y pretender que continúe con su gestión, dado que ha facilitado a las autoridades la venta ilegal de los terrenos para la obra de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y sus obras aledañas de infraestructura.
Durante la mañana de este lunes, los comuneros del FPDT arribaron a las instalaciones de la PA en Texcoco, en donde entregaron un documento con su petición, pero ante la ausencia del titular Jesús Alberto Salgado, ocuparon la oficina del visitador agrario Raúl Valencia Aspetia.
Ignacio del Valle Medina y Marìa Trinidad Ramírez denunciaron la negligencia y tortuguismo de la Procuraduría Agraria que debió haber emitido ya la convocatoria para la renovación de los integrantes del comisariado ejidal de Atenco y hasta el momento se ha negado a hacerlo.
“Vemos que hay dilación en los procedimientos de la Procuraduría Agraria; sabemos que la dependencia es un órgano del gobierno federal que busca a toda costa despojarnos de nuestra tierra, es por eso que pretende que Andrés Ruiz siga como comisariado porque es quién les ha facilitado la vente del ejido para su proyecto aeroportuario”.
“La Procurauría Agraria ha actuado fuera de la ilegalidad porque ha avalado acciones de Andrés Ruiz siendo que ya no es comisariado. Incluso han aprobado un nuevo padrón de ejidatarios incorporando a más personas que no son ni campesinos”, denunció Trinidad Ramírez.
Los integrantes del FPDT sostuvieron que legalmente la gestión del comisariado ejidal de Atenco terminó el pasado 22 de diciembre, luego de tres años que legalmente es el tiempo de la representación. Pero sus integrantes se niegan a dejar el puesto.
Durante su gestión, Andrés Ruiz llevó a cabo en junio de 2014 la asamblea "irregular e ilegal” en la que se aprobó el cambio de uso de suelo de casi 2 mil hectáreas para poder enajenar las tierras para el NAICM. También, fue quién encabezó el pasado 23 de mayo, junto con un grupo de golpeadores y priístas, la represión contra el FPDT, a quienes los expulsaron de su plantón que mantenían en el cerro de Huatepec, enclavado en sus tierras ejidales, para permitir que la Policía Federal ocupara los terrenos ejidales de Atenco y Nexquipayac y permitiera el ingreso de trabajadores que laboran en la construcción del NAICM.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JAVIER SALINAS CESÁREO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/16/fpdt-protesta-en-procuraduria-agraria-en-texcoco
La organización aseveró que a mediodía de este miércoles ingresaron maquinaria pesada y cuatro camiones de carga en los parajes Santa Ana y Santa Cecilia del territorio ejidal de San Salvador Atenco. Los vehículos pertenecían a las empresas Lince y Cypsa Vise, concesionarias de la carretera Pirámides-Texcoco, que forma parte del proyecto del NAICM.
Inconformes con la obra, en mayo pasado los pobladores de Atenco y del ejido San Miguel Tocuila obtuvieron la suspensión provisional del juicio de amparo 349/2016, lo que impidió la expropiación de sus tierras para la construcción de la carretera.
Cuando se percataron que las empresas ingresaron maquinaria en sus territorios, cuatro pobladores de Atenco pidieron a los trabajadores que se fueran. Al cabo de 20 minutos, éstos se retiraron.
“Sin embargo, aproximadamente una hora más tarde, llegaron al sitio dos camionetas tipo pick-up de color blanco y una combi, que transportaban a medio centenar de sujetos armados con pistolas, palos y tubos”, denunció la organización.
“Apenas arribaron, dichos individuos accionaron sus armas de fuego y realizaron, al menos, cinco descargas al tiempo que perseguían a los defensores de la tierra”.
Los pobladores tuvieron que retirarse. Después, denunciaron los hechos ante las autoridades de Texcoco, quienes abrieron la carpeta de investigación TEX/TEX/00/MP1/076/01928/16/10.
La agresión ocurrió 10 días después de la violenta irrupción de dos hombres armados en la casa de Zeferino Ruiz Mendieta –de 89 años–, un poblador de Tocuila que forma parte de la oposición al proyecto carretero. Los victimarios golpearon al hombre y su hijo, los insultaron y les robaron dinero y escrituras.
En agosto pasado, un grupo de golpeadores quemó un campamento del FPDT y agredió a los campesinos inconformes con la carretera.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457796/opositores-al-naicm-en-atenco-denuncian-nueva-agresion-a-balazos
“Exigimos a las autoridades que respeten y protejan la vida de las y los habitantes”, dijo Lara, y explicó que el otorgamiento de medidas cautelares obligaría a las autoridades a que detengan las obras que, “además se encuentran en litigio”, por lo que hasta que estos se resuelvan, dijo que, se debe garantizar que no haya agresiones contra la población que se opone a las obras.
Explicó además que los ataques en contra de la población de Tocuila y Atenco, “específicamente”, han aumentado a raíz de que la empresa “se ha empeñado en dar inicio a obras aún cuando estás se encuentran en litigio”, por lo que la población las ha impedido y detalló que se han: “enviado grupos de choque al lugar para generar enfrentamientos, contra las y los habitantes, que se han ido agravando”.
Sobre el estado de salud del ejidatario de Toucuila, Zeferino Ruíz Mendienta, informó Lara Duque, que en el último informe médico recibido anoche se indicó la necesidad de operarlo y que, debido a los golpes que, el señor de 85 años de edad, recibió en la pierna izquierda, hay posibilidades de que “haya consecuencias que le impidan volver a utilizarla”, detalló el defensor.
Sobre el estado de Sergio Ruíz García de 56 años, hijo de Zeferino, se informó que ya fue dado de alta del Hospital General Guadalupe Victoria, en el que fueron atendidos ambos luego de que la mañana de ayer, sujetos armados con pistolas, allanaron el domicilio y agredieron físicamente a ambos integrantes del FPDT, en Tocuila, municipio de Texcoco en el Estado de México.
Informaron que los agresores los golpearon, con las cachas de las pistolas en la cabeza, en el tórax, cara, piernas y finalmente amarraron a los defensores de la tierra, además de llevarse unas escrituras que Zeferino tenía guardadas en una caja metálica. Todos los hechos, explicó el CDHZL, fueron denunciados y asentados en la carpeta de investigación NICTEX/TEX/00/MP1/063/01760/16/09.
Los pasados 18 y 19 de agosto del presente año, integrantes del FPDT denunciaron que un “grupo de choque apedreó y quemó el campamento que mantenían los opositores en sus ejidos”, esto a partir que, dijeron, de sus ejidos fueran “invadidos”, y enfrentaran la presión, por parte de las empresas, para que los ejidatarios de Tocuila vendan sus tierras.
Esta situación también ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por habitantes de San Salvador Atenco, también integrantes del FPDT y las agresiones, explican, se han dado en contra de quienes se oponen a la construcción del NAIC, “se han suscitado hostigamientos, amenazas y agresiones físicas contra los campesinos que se niegan a vender sus tierras y que exigen se respeten sus derechos humanos y los trámites jurídicos que han ingresado con sus consecuentes resoluciones”, denuncian.
En comunicado de prensa, detallaron que un día antes de esta última agresión contra dos de sus integrantes, se llevó a cabo la asamblea ejidal de Tocuila, “donde el comisariado ejidal hacía referencias frontales sobre inminentes acontecimientos que involucrarían directamente a los ejidatarios que se oponen a la venta de sus tierras”.
Por anterior, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero hizo un “enérgico llamado a las autoridades mexicanas para que, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se brinde la más alta protección a la integridad, la vida y el territorio de los ejidatarios y campesinos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra”.
Lara Duque recordó que se trata de pueblos originarios que no fueron informados ni consultados sobre los proyectos que ahí se pretenden desarrollar, por lo que violan el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los derechos Indígenas y Tribales en Países Independientes que en el punto uno de su Artículo 6, inciso “a”, dice que: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;”.
Como hemos señalado en Desinformémonos, no se trata de un hecho aislado, muestra de lo anterior son los casos que enfrentan situaciones similares en territorio mexicano casos como el de la defensa del bosque Nixticuil en Zapopan, Jalisco, la exigencia de cancelación del proyecto hidroeléctrico en la Sierra Negra de Puebla así como la, llamada “imposición” del proyecto Minero en proyecto minero en Valle de Ocotlán, Oaxaca, también, y la negativa, por parte de la población, de que se emprenda otro en Zanatepec, Oaxaca son sólo algunos ejemplos.
El caso del NAIC y la autopista Texcoco- Pirámidesm, ilustra lo expuesto por más de 100 organizaciones, grupos, comunidades y academia en un informe que fue entregado a representantes de la Organización de Naciones Unidas a principios del mes, en el que a través de la revisión de 68 casos, pudieron documentar “patrones de violaciones y de abusos a los derechos humanos por parte del Estado y de las empresas de diferentes sectores, incluyendo el energético, el extractivo, la construcción, la agroindustria, la maquila, entre otros”.
El informe denominado “México: Empresas y derechos Humanos”, detalla que es en un contexto de violencia, impunidad, crimen organizado y desigualdad que operan las empresas en México, y afirman que, las empresas se “han beneficiado” de esta situación en la que resaltan la impunidad, la corrupción y la falta de transparencia a pesar de que, dicen, “tendrían la responsabilidad de aplicar los estándares más altos en materia de derechos humanos y tomar medidas en situaciones de conflicto”.
El informe señala, la repetida actuación de las empresas, de no informar y/o consultar a la población los proyectos que les afectaran o beneficiarán directamente, y con ello, explican: “contradicen el derecho a la consulta y a la pluralidad al ignorar los impactos sociales y ambientales negativos de la explotación de recursos naturales para las comunidades indígenas”.
Abundan que la “Falta de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, de debida diligencia y la proliferación de megaproyectos”, es una constate y agregan que en este tema también las reformas estructurales a las legislaciones energéticas y mineras: “han fomentado e impulsado un mayor número de proyectos mineros y energéticos en el país, con consecuencias negativas para los derechos humanos”, dicen, al aplicar el mismo principio de nula consulta y obstáculos a la población en torno a la información de los proyectos y sus impactos.
Por otro lado, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), resalta como esta proliferación de megaproyectos ha incrementado, también, los ataques en contra de quienes defienden el medio ambiente de los mismos, detallan en su Informe sobre la situación de los defensores ambientales en México 2015, que “el registro de 60 casos de ataques a defensores ambientales en los primeros seis meses de 2015, en promedio diez por mes, cifra que representa mucho más de la mitad de los ataques registrados en el informe 2014, donde se registraron 82 casos de ataques y supera el total de los casos que se registraron en el año 2013, que fue de 53, mostrando un claro aumento en las agresiones…”.
El FPDT ha enfrentado distintos tipos de agresiones desde que en 2002 se les anunciara la “expropiación de sus tierras”, y posteriormente la intensión de construir el NAIC y hoy la autopista que, han señalado, afectaría directamente, sus tierras, formas de vida, medio ambiente entre otras. Su oposición ha derivado en agresiones físicas, detenciones, asesinatos y persecuciones de las que resaltan las que enfrento sociedad civil nacional e internacional junto a ellas y ellos en 2006 y de la cuál el Estado mexicano aún se encuentra dando cuentas a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que recientemente atrajo el caso de la violación sexual a mujeres en esos hechos.
INFORMES
México: Empresas y derechos Humanos: https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Informe_Mx_Empresas_DDHH_68_0.pdf
Informe sobre la situación de los defensores ambientales en México 2015 (Cemda): http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2011/12/Informe-defensores-2014-2015_final2.pdf
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: YUNUHEN RANGEL.
LINK: https://desinformemonos.org/exigen-a-la-cndh-medidas-cautelares-urgentes-para-integrantes-del-frente-de-pueblos-en-defensa-de-la-tierra/
CIUDAD DE MÉXICO: La mañana del lunes pasado Zeferino Ruiz Mendieta, de 89 años, se encontraba con su hijo Sergio Ruiz García en su casa ubicada en la localidad de Tocuila –en el municipio mexiquense de Texcoco– cuando dos hombres armados irrumpieron en la vivienda, los golpearon, insultaron y robaron dinero y escrituras.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), los agresores acusaron a los pobladores por su “actuación en las asambleas ejidales”, pues ambos forman parte del grupo que se opone al despojo de tierras en la localidad para la construcción de obras relacionadas con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
“El señor Zeferino quedó con golpes en la cabeza producidos con las cachas de las pistolas, una fractura en su rodilla derecha a causa de golpes con un martillo y otras contusiones en otras partes de su cuerpo, algunas hechas con una plancha de ropa. Sergio Ruiz Mendieta también recibió cachazos en la cabeza y golpes en el rostro, abdomen, tórax y piernas”, denunció esta organización, al recordar que don Zeferino Ruiz “continúa en terapia intensiva”.
El día anterior se reunió la asamblea ejidal de Tocuila, donde el comisariado ejidal Humberto Elizalde “hacía referencias frontales sobre inminentes acontecimientos que involucrarían directamente a los ejidatarios que se oponen a la venta de sus tierras”, aseveró la organización.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) se opone a la construcción de la autopista Pirámides-Texcoco, que forma parte del proyecto del NAICM y atravesaría Tocuila, una entidad situada a dos kilómetros de San Salvador Atenco, otro pueblo opositor a las obras aeroportuarias.
Desde el pasado mes de abril se multiplicaron los conflictos entre campesinos y la empresa Cypsa Vise, concesionaria del proyecto carretero.
La empresa promovió dos denuncias contra integrantes del FPDT y obtuvo el respaldo del Ejército para seguir con la construcción. Los pasados 12 y 27 de abril, los campesinos denunciaron que la institución castrense desplegó una tanqueta para proteger a los trabajadores.
Los pasados 18, 19 y 20 de agosto, un grupo de golpeadores quemó un campamento del FPDT y agredió con palos, piedras y tubos a los campesinos inconformes con la carretera. El 14 de ese mes, el comisariado ejidal aprobó la venta de la tierra comunal por el precio de mil pesos por metro cuadrado a raíz de una asamblea ejidal amañada, denunció el FPDT.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
