A un mes de que sean las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el nerviosismo abunda en la frontera sur de México, donde activistas y migrantes temen que se forme un “tapón migratorio” por las políticas más restrictivas en Norteamérica.

Defensores de migrantes en Tapachula, la mayor urbe del límite de México con Centroamérica, expresaron este domingo a EFE su preocupación por un posible regreso del expresidente Donald Trump (2017-2021) a la Casa Blanca, pero también por una continuación de las medidas del actual mandatario, Joe Biden.

La primera caravana migrante de la presidencia de Claudia Sheinbaum, quien asumió el poder el pasado 1 de octubre, salió este sábado desde la frontera sur del país hacia la Ciudad de México, Los inmigrantes exigen una nueva política migratoria tras la masacre de seis personas cometida por el Ejército mexicano esta semana.

En cuanto pisó el sur de México esta semana, la venezolana Yuri Carolina Meléndez descargó en su teléfono celular la aplicación del Gobierno estadounidense CBPOne para solicitar asilo en Estados Unidos.

“Tengo que esperar a ver si en verdad funciona”, dijo la mujer mientras descansaba bajo un árbol junto con sus hijas de 16 y 18 años en la carretera entre el río Suchiate — fronterizo con Guatemala— y Tapachula, considerada la capital de la frontera sur del país.

Una nueva caravana integrada por unos 3.000 migrantes provenientes de países de Centroamérica, Suramérica y África partió este domingo de la localidad mexicana de Ciudad Hidalgo, estado Chiapas, prácticamente en la frontera entre México y Guatemala, para intentar cruzar todo el país y avanzar a Estados Unidos.

La caravana de varios miles migrantes que avanza por el estado de Chiapas tomó el miércoles la principal aduana del sur de México para presionar a las autoridades migratorias para que les entreguen permisos de tránsito por el país.

Tras acampar durante varios días en la localidad sureña de Huixtla, unos tres mil migrantes se movilizaron hacia el Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAIFT) donde bloquearon los cuatro canales de la autopista federal afectando a cientos de camiones, autobuses y automóviles que buscaban llegar a la frontera con Guatemala o internarse en el territorio mexicano.

El intento de las autoridades mexicanas para contener a miles de migrantes en la frontera sur con Guatemala ha creado un gran dolor de cabeza humanitario para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no ha logrado impedir que muchos vayan en masa al confín norte con Estados Unidos.

Desesperados por trabajar, huyendo de la pobreza o la violencia de sus naciones, centroamericanos, haitianos y sudamericanos siguen atrapados en el limbo en la sureña ciudad Tapachula, estado Chiapas, donde han protagonizado protestas y repetidos intentos por emprender caravanas de migrantes.

Ante la desarticulación de las caravanas y el bloqueo de las rutas migratorias en Tapachula y Costa de Chiapas, cientos de centroamericanos, sudamericanos, caribeños y de otros continentes han optado por rutas alternas en la frontera sur mexicana.

Por ejemplo, en un brazo de la presa La Angostura, en este municipio --aproximadamente a dos horas y media de la capital del estado--, se ve pasar diariamente a los migrantes procedentes de Frontera Comalapa y Chicomuselo.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, el primer mandatario explicó que se impide el paso de las caravanas migrantes por territorio mexicano debido a que las personas podrían ser víctimas de grupos de delincuencia, de secuestros o asesinatos.

El Centro de Derechos Humanos Fray Matías denunció el hostigamiento constante por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), agentes de seguridad privada, Guardia Nacional y otras autoridades durante su acompañamiento a personas migrantes.

“Bloquear nuestro trabajo violenta nuestro derecho a defender derechos humanos y niega el derecho de las personas a recibir asistencia humanitaria y orientación», aseguró la organización en un comunicado.

Los operativos contra los migrantes que la Guardia Nacional, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y militares llevan a cabo en la frontera sur para impedir el paso a personas migrantes no son “rescates humanitarios”, como lo proclama el discurso oficial, sino un “despliegue de fuerzas de seguridad para la contención, represión y detención migratoria” que no toman en cuenta los derechos humanos, denunció hoy un grupo de organizaciones de la sociedad civil.

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, conformado por 12 organizaciones, criticó que la “narrativa de seguridad promovida” y el “falso discurso de derechos humanos” que emplea el gobierno federal desemboca en la criminalización y “tiene como resultados los lamentables hechos que han llevado a la muerte de dos personas migrantes por parte de fuerzas de seguridad en la última semana”.

Un militar mexicano mató a un ciudadano guatemalteco en un cruce fronterizo de Chiapas, en el municipio de Mazapa de Madero.

El gobierno de Guatemala condenó la muerte del hombre, a quien identificó como Elvin Mazariegos Pérez.

Reportes de la policía local habían señalado que la víctima de 30 años apuntó con un arma a los militares, sin embargo, esto no fue así.

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó de la colaboración de las fuerzas armadas en las tareas de vigilancia en la frontera sur, "para hacer cumplir con la Ley de Migración".

El organismo, dependiente de la secretaría de Gobernación, difundió imágenes de los operativos en las inmediaciones de la franja limítrofe, particularmente en Chiapas y Tabasco, donde agentes migratorios hacen valla humana con integrantes de la Guardia Nacional, entre otras corporaciones.

De enero a noviembre de 2020 fueron presentadas ante el INM 80 mil 926 personas en presunta situación irregular, 54 por ciento menos que en el mismo periodo de 2019.