‘Mi tristeza es no haber hallado a los 43 de Ayotzinapa’: Angela María Buitrago

Lo que comenzó como una relación de cooperación entre el Gobierno de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hallar a los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre del 2014, terminó develando otra serie de atrocidades originadas en el negocio del narcotráfico.

Así fue como el segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei), tras la negativa del Ejecutivo de prorrogar su investigación, puso en duda no solo la versión oficial de la desaparición de los normalistas, sino la credibilidad del Estado mexicano, además de revelar uno de los más grandes dramas del país: la desaparición forzosa.

Esa noche, 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que se movilizaban en un bus para participar en un mitin político, desaparecieron misteriosamente en Iguala (Guerrero).

La abogada colombiana Ángela María Buitrago, conocida por sus investigaciones de casos como el del Palacio de Justicia o la parapolítica, y quien hizo parte de este grupo de cinco expertos internacionales, contó a EL TIEMPO por qué sus informes destaparon ollas que “fuerzas poderosas” querían mantener ocultas.

Fuente: Centro PRODH/El Tiempo

Autor: Sididh_master

http://centroprodh.org.mx/sididh_2_0_alfa/?p=45212

Padres de los 43 y SRE hablan hoy de seguimiento a labor del GIEI

Ciudad de México. Padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala se reunirán con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para dialogar sobre el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Se tiene previsto que al encuentro, a realizarse en la cancillería, también acudan representantes de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación.

Las conversaciones de este jueves son preparatorias a las negociaciones que se realizarán el próximo sábado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington.

La reunión de hoy fue solicitada por los padres de familia hace ocho días cuando estuvieron en la SRE.

Fuente: La Jornada

Autora: Georgina Saldierna

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/19/padres-de-los-43-dialogan-hoy-en-sre-sobre-seguimiento-a-labor-del-giei

La PGR le negó al GIEI data clave de guerrilleros, cuerpos, fosas o narcos, revela el expediente

El Ejército y la Policia Federal, entre otros, negaron al Grupo Interdisiciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la desaparición de los 43 normalistas en Guerrero, los organigramas de los grupos criminales que operan en la entidad, así como las estructuras del EPR, del ERPI y otros grupos guerrilleros. Esta información la consideraban clave para establecer una ruta sobre qué grupo podría haber desaparecido a los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.

Los organigramas y estructuras de los principales cárteles de la droga en la entidad, así como de los grupos de guerrilla, las fosas clandestinas y exhumaciones hechas después el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, Morelos, Estado de México y Michoacán, son parte de las solicitudes de información que promovió la unidad de investigación del caso Ayotzinapa, a petición del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

A pesar de la insistencia de los oficios que emitió con carácter “extraurgente” el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos Torres, las peticiones no fueron atendidas o fueron respondidas de manera parcial, pues en su informe final los cinco expertos internacionales que acompañaron la investigación durante un año -con una serie obstáculos de las autoridades y dificultades a su labor-, insistieron en que sin una explicación de lógica de las estructuras delictivas, la lucha contra la impunidad en México seguirá fragmentada e incompleta.

En la tercera parte de la averiguación previa de los ataques a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, durante un operativo en Iguala, difundido el viernes en Internet por la PGR, se encuentran los documentos oficiales integrados al expediente entre estos las insistentes solicitudes de información sobre los organigramas y estructuras de los grupos criminales Guerreros Unidos, Los Beltrán Leyva, Los Rojos y La Familia Michoacana, sus zonas de influencia, miembros, actividades delincuenciales, modos de operación, así como las investigaciones que se han judicializado.

En particular la identificación de las estructuras que pertenecen a Sidronio Casarrubias Salgado, “El Mochomo”, uno de los fundadores del cartel Guerreros Unidos buscado, con otros implicados, debido a la desaparición forzada de los 43 estudiantes desaparecidos.

Además, los organigramas y análisis de las estructuras del Ejército Popular Revolucionario (EPR), del Ejército Revolucionario Popular Insurgente (ERPI) y otros posibles grupos guerrilleros que operan en Guerrero.

Esta información se solicitó al comisionado de la Policía Federal (PF), al Ejército y al Centro de Planeación y Análisis e información para el combate a la delincuencia organizada, además de a las procuraduría estatales de las entidades mencionadas, junto con el número de fosas clandestinas y los cuerpos exhumados del 26 de septiembre en adelante.

En los escritos insistieron en que “la información tendrá carácter de confidencial y su contenido no será divulgado para salvaguardar las garantías de secrecía respecto a sus actuaciones”.

Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también solicitaron las investigaciones a la Policía federal por los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala, y entrevistas a las personas que estaban en esa fecha en la Dirección de Operaciones Regional: el titular del área de información, en la Dirección de Operaciones de Seguridad Nacional, el director general adjunto en la región Centro, divisiones de seguridad regional de la PF, la Coordinación Estatal de Guerrero de la Policía federal y al inspector general. En los oficios inmediatos no hay respuestas.

En ésta, la tercera etapa de la investigación, se retomó la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos hace más de 19 meses ya que se autorizaron y publicaron recompensas hasta de 1.5 millones por información que permita su localización.

Seguida de otra publicación de recompensas por el mismo monto para detener al director de la Policía Municipal de Iguala, Felipe Flores, y al juez de la Policía Municipal de barandilla, José Ulises Bernabé García, “que presuntamente entregó a policías municipales de Cocula, a personal de Protección Civil y a elementos del grupo de reacción inmediata conocidos como ‘Los Bélicos’, con la finalidad de entregarlos a Guerreros Unidos”.

Gracias a información periodística, ahora se sabe que Bernabé García pidió asilo político en Estados Unidos, que negó haber recibido a los normalistas desaparecidos en la cárcel de la Policía Municipal de Iguala o haber hablado con ellos en algún momento.


LO QUE PLANTEÓ EL GIEI

De las investigaciones de desapariciones forzadas, el GIEI señaló en su informe final, dado a conocer a finales de abril días antes de que los cinco expertos abandonaran México, que las autoridades de procuración de justicia deben tomar en cuenta, “la complejidad de este tipo de hechos y la estructura en la cual se ubican las personas probablemente involucradas”, es decir, las redes criminales y a los agentes de Gobierno.

En este sentido, “deben conocer los criterios para orientar la investigación, tomando en cuenta los análisis de contexto, el modus operandi, los perfiles de los desaparecidos y los patrones regionales de ocurrencia de los hechos (delictivos)”.

Destacaron que “a la llegada del grupo no existía en el expediente un análisis financiero de los distintos integrantes de Guerreros Unidos ni del cruce financiero entre ellos, ni de la posible cooptación de autoridades, o del uso de inteligencia para conocer la estructura y áreas de influencia del grupo, todos elementos fundamentales al analizar el contexto de la grupo criminal al cual se le atribuía la desaparición”.

Al salir del caso señalaron que la investigación estaba fragmentada en muchas averiguaciones previas relacionadas con los hechos, y advirtieron que “si las investigaciones se adelantan de manera aislada y no se buscan denominadores comunes que expliquen lógicas y estructuras delictivas, la lucha contra la impunidad seguirá siendo encarada de manera fragmentaria e incompleta”.


“La articulación de diferentes investigaciones puede permitir el diseño de una estrategia con resultados más efectivos. El análisis de contexto es una herramienta que merece ser tenida en cuenta”, concluyen.

FUENTE: PROCESO/EL SUR.
AUTOR: REDACCIÓN/ LOURDES CHÁVEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-05-2016/1661383

Afloran 10 testimonios de tortura en el caso Ayotzinapa

En las semanas siguientes a la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, las autoridades mexicanas detuvieron a decenas de sospechosos y dijeron que habían resuelto el caso.

En una apresurada conferencia de prensa, los fiscales mostraron videos de supuestos traficantes de drogas que confesaban haber recibido a los estudiantes de manos de la policía, haberlos asesinado, incinerado sus cadáveres en un basurero y tirado los restos a un río.

Dos equipos independientes de expertos pusieron en duda la versión oficial. Y ahora esa versión ha sufrido otro golpe: denuncias de tortura.

En documentos obtenidos por The Associated Press, a los que no se había dado difusión hasta ahora, 10 de los sospechosos relataron un guión casi idéntico: primero vinieron los interrogatorios, después los golpes, las descargas eléctricas, asfixias parciales con bolsas de plástico y finalmente amenazas de que matarían a sus seres queridos si no hacían confesiones que sustentasen lo que decía el gobierno.

Algunos dijeron incluso que les dieron evidencia preparada o que les indicaron lo que debían decir.

Informes médicos publicados el mes pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) parecen confirmar las versiones de que hubo torturas. De los 10 archivos conseguidos por Ap, la organización revisó cinco y encontró pruebas verosímiles en todos ellos.

En el transcurso del camino me iban dando electricidad en los testículos y en todo el cuerpo, declaró uno de los sospechosos, Patricio Reyes Landa, quien fue detenido un mes después de la desaparición de los estudiantes.

En todo ese tiempo, que fue como dos horas y media de camino, llevé los ojos tapados y me fueron golpeando todo el camino, dijo el hombre a un juez en julio, de acuerdo con los documentos obtenidos por Ap.Recuerdo que se acercó una persona y me quitó la venda de los ojos y me mostró una fotografía de mi familia, de mis dos niñas, de mi esposa y mi hermano, y me dijo que si no hacía todo lo que me dijeran iban a violar a mis pequeñas... Le dije que yo iba a hacer lo que ellos me dijeran.

La declaración de Reyes Landa es clave para el gobierno, porque fue uno de los primeros que confesaron haber matado a los estudiantes y quemado sus cadáveres en un basurero del municipio guerrerense de Cocula, para luego arrojar los restos al río San Juan.

Aparte de esas confesiones y de un fragmento de hueso perteneciente a uno de los estudiantes, según se comprobó mediante análisis de ADN, los fiscales casi no tienen otras pruebas.

Bajo las leyes mexicanas, las confesiones obtenidas mediante torturas no son admisibles.

Si desechan la confesión y no hay más pruebas, básicamente no hay caso, afirmó Denise González, especialista en derechos humanos y derecho internacional de la Universidad Iberoamericana.

La creencia generalizada de que las fuerzas de seguridad mexicanas recurren a torturas al investigar los delitos cometidos por los traficantes de drogas se reforzó con el video de un caso separado que circuló el mes pasado en las redes sociales. Mostraba a una soldado y un oficial de la Policía Federal interrogando a una mujer joven a la que le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza hasta que perdió el conocimiento.

El Ejército confirmó la autenticidad del video que, dijo, se filmó durante un enorme despliegue de militares en febrero de 2015 para combatir a los cárteles de las drogas.

En relación con los estudiantes desaparecidos, las denuncias de torturas involucran a los miembros de la Policía Federal o de las fuerzas armadas que arrestaron a individuos sospechosos de tener vínculos con el sanguinario cártel Guerreros unidos.

La Procuraduría General de la República (PGR) dice que miembros de esa banda mataron a los estudiantes después de que se los entregó la policía, que los había arrestado en la ciudad de Iguala.

Hay evidencia médica

Un informe de médicos de la PGR, preparado dos meses después de la detención de Reyes Landa, dijo que tenía moretones, rasguños y “lesiones puntiformes semejantes a las ocasionadas por la aplicación directa de dispositivos eléctricos (como picanas o chicharras) en abdomen y muslos".

Igual de escalofriante es el testimonio del supuesto líder de Guerreros unidos, Sidronio Casarrubias, quien dijo que un elemento de la procuraduría abusó de él horas después de su detención, en febrero del 2015.

El señor aquí presente fue uno de los primeros que me torturó y se sentó en mi estómago, y fue el que me asfixió con bolsas negras de plástico, que además me violó con una pieza metálica, dijo Casarrubias mientras apuntaba hacia al investigador Gabriel Valle Campos, según los documentos.

Me amenazó que iba torturar a mi familia, a mis hijos, de la misma forma en que lo estaba haciendo conmigo.

Eber Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, que supervisa el caso, dijo que no puede comentar las denuncias de torturas y que le corresponderá a los jueces analizar una serie de evaluaciones físicas y mentales que se están haciendo a unos 90 sospechosos que dicen haber sido sometidos a esa práctica ilícita.

Betanzos indicó que 32 detenidos dicen que fueron torturados. Las denuncias involucranmayoritariamente a agentes aprehensores distintos a la PGR.

Señaló que la procuraduría inició nueve investigaciones de torturas, y que la mayoría de las denuncias abarcan heridas que dejan huella, como moretones y cortes.

Últimamente la atención se enfocó en Agustín García Reyes, de los primeros sospechosos que identificaron el sitio donde supuestamente los restos de los estudiantes incinerados habían sido tirados al río San Juan y donde se encontró la única evidencia vinculada con el caso.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la CIDH, expresó dudas sobre el testimonio de García Reyes, luego de que circularon fotos y videos en los que él aparece caminando junto al río con Tomás Zerón de Lucio, jefe de la Agencia de Investigación Criminal, de la PGR, un día antes de que los fiscales dijeran que habían sido hallados fragmentos de huesos.

Eso hizo pensar que la evidencia había sido colocada allí. En medio de acusaciones de manejos irregulares, Zerón dio a conocer un video propio en el que aparece en la escena del crimen con García Reyes, pero no se le ve escarbando la tierra ni encontrando huesos. Eso daría crédito al argumento de las autoridades, que dicen que los restos fueron encontrados al día siguiente por buzos.

En los documentos obtenidos por Ap, García Reyes señala que fue torturado durante horas, mientras le decían lo que tenía que confesar cuando fue llevado al río, aproximadamente un mes después de la desaparición de los estudiantes.

Me pusieron la bolsa en la cabeza y me comenzaron a pegar; yo les dije que no sabía nada, relató García Reyes, de acuerdo con los documentos. “Me decían, ‘más vale que me digas adónde están, porque si no vamos a matar a tu esposa, a tu hijo y a ti también’.

Me siguieron pegando hasta que les dije que yo les iba a decir lo que ellos quisieran, agregó. “Me llevaron al río y me dijeron en la camioneta, ‘ahorita tú vas a hacer como si hubieras tirado las bolsas al río, y si no lo haces te vamos a seguir golpeando’. Llegamos a ese lugar y estaban grabando ellos, y yo hice como si tirara las bolsas al río y me llevaron en seguida adonde ya tenían unas bolsas de plástico; las señalé como diciendo que yo las conocía”.

A pesar de la denuncia de que fue torturado, a García Reyes se le ve caminando normalmente en un video de la fiscalía, sin signo alguno de haber sido maltratado.

González, la especialista universitaria en derechos humanos, admitió que es posible que algunos sospechosos inventen historias sobre malos tratos.

Pero agregó que en el contexto de México, donde la tortura es generalizada... toda denuncia debe ser investigada, y a partir del contexto, es muy posible que sea cierto.

Fuente: La Jornada

Autor: AP

http://www.jornada.unam.mx/2016/05/11/politica/009n1pol

Los teléfonos de normalistas de Ayotzinapa, activos días después del ataque en Iguala

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes detalló en su informe cómo estuvieron activos los teléfonos de los normalistas, y criticó la falta de respuesta de las autoridades para indagar esta información.

Horas e incluso días después del ataque en Iguala, la noche del 26 y 27 de septiembre, estuvieron activos los teléfonos celulares de varios de los 43 normalistas, sin embargo las autoridades tardaron en hacer un análisis a fondo sobre esos datos, o simplemente no lo hicieron, de acuerdo con el segundo reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“El hecho de que distintos teléfonos y chips registraran activaciones después del 27 de septiembre 2014, cuestiona la teoría sostenida por la PGR que los teléfonos y chips fueron incinerados esa noche en el Basurero de Cocula. Incluso en uno de los casos, uno de los normalistas se comunicó con su madre vía telefónica a la 1:16, información que tampoco encaja con esa teoría, según la cual los estudiantes estarán muertos a partir de las 12:00 de la noche”, indica el GIEI en el reporte presentado el 24 de abril pasado.

Desde su llegada a México, el GIEI solicitó datos de telefonía a las autoridades, tanto de los teléfonos de los normalistas como de los detenidos. Sin embargo hubo una tardanza en la respuesta, y hasta ahora no existe un análisis completo de las comunicaciones, lo que representa una deficiencia seria en la investigación y compromete sus resultados, según el reporte de los expertos.

“Durante cerca de 9 meses, entre el primer y segundo mandato, el GIEI tuvo que trabajar por su propia cuenta con la información existente, y pidió en muchas ocasiones, tanto de forma verbal como por escrito, el examen de nuevas líneas y el cruce de información entre las existentes”, señalan los integrantes del GIEI.

“Solo después de diversas reuniones en los meses de enero y febrero de 2016 se elaboró en conjunto, Procuraduría General de la República, Policía Federal y GIEI, una ruta crítica, donde se priorizaron los números a analizar, los resultados que se esperaban de dichos análisis y los insumos que requería policía federal para realizarlos”, agregan.

En la recopilación de datos de telefonía participaron la Dirección General de Cuerpo Técnico de Control de la Procuraduría General de la República, la Policía Federal División de Investigación, y el propio GIEI, que solicitó datos a compañías telefónicas.

En una conferencia el 27 de enero de 2015, quien era procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, citó declaraciones de un detenido, Felipe Rodríguez Salgado, respecto a que dio la orden de matar a los normalistas y de quemar sus teléfonos celulares.

“Felipe Rodríguez Salgado narró paso a paso los acontecimientos de esa noche a partir de que le fueron entregados los estudiantes y señaló que él fue, quien dio la orden a Patricio Reyes Landa, alias “El Pato”, de terminar con la vida de todos ellos, ordenando también que no quedara nada, quemando inclusive los teléfonos celulares de sus víctimas”, dijo Karam.

A continuación puedes revisar los datos reportados sobre el GIEI, en cuanto a la actividad que tuvieron los teléfonos de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero:

El teléfono de Jorge Aníbal Cruz Mendoza

“Mamá me puede poner una recarga me urge”, dice un mensaje que salió desde el teléfono del normalista Jorge Aníbal Cruz Mendoza, a la 1:16 horas de la madrugada del 26 de septiembre, sin que se haya podido precisar la coordenada de su ubicación.

“Este mensaje supone que Jorge Aníbal Cruz Mendoza se encontraba con vida a esa hora y había conservado el teléfono. Según la versión oficial de la PGR que aún no ha sido corregida, los normalistas estarían muertos y habrían sido posteriormemnte desaparecidos una hora antes de esa esa hora. Siguiendo la hipótesis del basurero de Cocula, en la hondonada no hay cobertura telefónica”, señala el GIEI en su informe.

En este caso, los integrantes del Grupo solicitaron a una compañía telefónica revisar si tenía el registro de la coordenada desde la que salió el mensaje, sin embargo hasta el 16 de abril pasado no había tenido respuesta.

Otro dato clave sobre el teléfono de Jorge Aníbal: su línea siguió teniendo actividad meses después de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.

“Las comunicaciones se realizan desde la línea de Jorge Aníbal pero con un aparato de teléfono distinto, ya que se registra un cambio de IMEI. La persona que utiliza el teléfono activa distintas antenas de la Ciudad de Iguala. Es decir, el chip del teléfono fue cambiado posteriormente y siguió siendo usado durante meses”, detalla el GIEI.

Desde su línea telefónica salió un mensaje de texto el 28 de noviembre de 2014, y“comunicaciones similares ocurren en diciembre, enero, febrero, marzo y abril”, hasta que el 9 de febrero de 2015 incluso llega una llamada desde esa línea a un número que pertenece a un familiar de Jorge Aníbal, desde la Antena Nicolás Bravo.

Esto “motivó la presentación inmediata de un escrito por parte de los familiares de Jorge Aníbal, quienes manifestaron a la autoridad ministerial los hechos acontecidos, para investigar tanto la llamada recibida como la que se realizó minutos después y solicitaron la información de telefonía de este número”, señala el GIEI.

“Nuevamente y cómo se explicó con los casos de Jorge Antonio, Carlos Iván y Jorge Luis, no consta en el expediente que la PGR hubiera realizado las diligencias necesarias para la identificación de la persona que estaba utilizando este número de teléfono. Su identificación hubiera sido fundamental, para determinar la forma en que el teléfono o el chip llegaron a sus manos y establecer si se trataba de uno de los perpetradores”, agrega.

El teléfono de Jorge Antonio Tizapa Legideño

En el caso de este joven normalista, cambiaron el chip de su teléfono a otro equipo, desde el que fueron enviados mensajes de texto tras los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.

“El día 04 de octubre de 2014, la línea telefónica registra activación de la Antena Margaritas Palacio de Justicia, en los horarios: 16:48:20, 16:48:56, 16:49:34, 16:50:12, 16:51:21 y 16:53:06; esto se debe a que se envían mensajes de texto al número 127373 y 7373, como sucede en otros casos aquí descritos, se detecta un cambio de IMEI pasando del 011929004621390 al 359609054307130, es decir se cambió el chip de aparato celular”, apunta el GIEI.

Los expertos critican en su informe que la Policía Federal detectara estos movimientos, sin que constara en algún expediente que el Ministerio Público siguiera esta línea de investigación.

El teléfono de José Eduardo Bartolo Tlatempa

El 26 de septiembre de 2014, a las 23:57 horas, su teléfono activó una antena en Cocula, y después ya no hubo registros de su línea.

“Esta información es congruente con que uno de los estudiantes o su teléfono estuvo cerca del lugar denominado Loma de Coyote, en el mismo momento que activa en este sitio la Antena del jefe de policía de Cocula César Nava”, apunta el GIEI.

El teléfono de Carlos Iván Ramírez Villareal

El día 27 de septiembre de 2014, a las 19:17 horas, su teléfono activó la antena ubicada en las coordenadas 18°21’23”N, 99°33’14”W, Antena Villa Guadalupe, con el uso de datos.

“El IMEI registrado es el 01400600111582. A las 19:26:33 de ese mismo día, es decir 00:08 minutos después, se envía mensaje 2 vías al número 127373 desde la misma ubicación pero se hace uso de un IMEI distinto, el 862131023276960. Esto significa que cambiaron el aparato telefónico”, apunta el GIEI.

Tanto la Policía Federal como la PGR detectaron esa información, sin embargo“en el expediente no se registró ninguna diligencia destinada a esclarecer por qué se utilizó el teléfono veintiún horas después de la hora de detención (de los normalistas). Esta investigación habría permitido determinar si uno de los perpetradores era quien utilizaba el teléfono o si Carlos Iván estaba retenido en un lugar cercano al lugar de su detención”.

El teléfono de Jorge Anibal de la Cruz Mendoza

Desde el celular del estudiante salió un mensaje de texto a las 01:16 horas, ya del 27 de septiembre de 2014 –después de que se dieran los ataques contra los 43 normalistas—, “aunque no hay coordinada para identificar esta actividad”.

El teléfono de Jorge Luis González Parral

El chip de su teléfono fue cambiado a otro aparato, y entonces se registró actividad con él el día 30 de septiembre de 2014, a las 18:58 horas, mediante el uso de datos.

“En la investigación no se registran actividades que hubieran llevado a determinar quién utilizaba el teléfono. El cambio de IMEI muestra que el chip del teléfono fue cambiado a otro aparato, probablemente por alguno de los perpetradores”, indica el GIEI.

El teléfono de Magdaleno Rubén Lauro Villegas

En el caso del celular de este normalista, su último registro de activación de antenas se dio el 27 de septiembre de 2014 a las 00:33 horas, en las coordenadas 18°19’44”N, 99°30’26”W, Antena Margaritas, Palacio de Justicia, mediante el uso de datos.

“La trascendencia de esta información es debida a la hora en que sucede la activación de dichos datos. Para las 00:33 los normalistas habían sido ya detenidos. En ese momento se estaba dando el segundo ataque en la zona de Juan N. Álvarez”, explica el GIEI.

“El portador de la línea se encontraba entonces en una hora clave de los hechos, en la zona del Palacio de Justicia donde había sido detenido Magdaleno Rubén. Ni la FGE ni la PGR han investigado hasta ahora quién y por qué se activó este teléfono cerca de dos horas después de la detención”, agrega.

El teléfono de Julio César López Patolzin

A las 22:21 horas de la noche del 26 de septiembre de 2014, el teléfono del estudiante de primer año en la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos activó la antena ubicada en las coordenadas 18°19’44”N, 99°30’26”W, en la zona del Palacio de Justicia de Iguala, con el envío de un mensaje.

“A esta hora posiblemente trataba de comunicarse con alguien que les apoyara, debido a que se encontraba en pleno ataque de la policía frente al Palacio de Justicia”, apunta el reporte del GIEI.

A las 23:47 horas de la noche del 26 de septiembre, llegó un mensaje al teléfono de Julio César, desde las coordenadas 18°17’52”N, 99°20’5”W, ubicación que corresponde a la antena de la calle Pinos, Colonia 28 de Febrero, en el municipio de Huitzuco.

“La antena se localiza cerca de la carretera Huitzuco-Atenango. Por el tipo de comunicación no es posible determinar la ubicación del receptor”, se lee en el reporte.

Posteriormente, entre las 23:56 horas y las 23:56 horas, el celular de Julio César activó una antena en el centro de Iguala, por el uso de datos.

“La antena está en la calle Benito Juárez a 3 cuadras del centro de Iguala, Guerrero, lo cual significa que el teléfono de JC se encontraba activo en dicha zona prácticamente a medianoche”, apunta el GIEI.

La Dirección General de Cuerpo Técnico de Control de la PGR, según el GIEI, “no consideró la información del desplegado sobre esta actividad” (la activación de la antena en la calle Benito Juárez), sin que se tenga información que explique el “motivo de esta omisión”.

El teléfono de Julio César y su actividad, de acuerdo con el informe de los expertos, da elementos para la línea de investigación sobre los hechos ocurridos cerca del Palacio de Justicia, y el posible traslado de los normalistas al municipio de Huitzuco, ya que recibió un mensaje desde esa zona.

Un elemento importante: el día 30 de septiembre de 2014, se registró actividad en la línea telefónica de Julio César, entre las 14:19:52 horas y 14:19:58, con uso de datos en la ubicación de la Antena Benito Juárez, en el centro de Iguala.

“El IMEI no cambia en ninguna de las comunicaciones descritas por lo que se trata del mismo teléfono. Ese es el último registro de activación de antenas por parte de la línea de Julio César. Esta actividad no fue detectada por DGCTC y en lo que respecta a PF, identifica la actividad del día 30”, señala el GIEI.

“Como se mencionó, el GIEI no posee una explicación del porqué estos datos no fueron utilizados en la investigación”, agrega.

Crítica del GIEI

Crítica del GIEI y planteamiento de la CNDH

A pesar de que el análisis de las comunicaciones es información fundamental para identificar a los perpetradores de los ataques contra los normalistas, y establecer el destino de los estudiantes desaparecidos, señala el GIEI, no se realizaron diligencias para esclarecer, dónde y quién activó estas líneas de telefonía.

En tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su reporte Estado de la Investigación del Caso Iguala presentado en abril de 2016, propuso a la PGR obtener la georreferenciación de los teléfonos celulares de normalistas, que habrían tenido actividad los días 26 y 27 de septiembre de 2014, según referencias hechas a visitadores.

“Se estima que la información de las comunicaciones telefónicas que por voz y datos pudieron haber sostenido los alumnos desaparecidos, realizadas precisamente el 26 y 27 de septiembre de 2014, son fundamentales para la investigación de la “Ruta de Desaparición””, indicó la CNDH.

“La determinación del área en la que se sostuvieron las comunicaciones así como la fijación y corroboración de las fechas y horas en que fueron efectuadas, permitiría a los investigadores orientar las acciones de búsqueda de los estudiantes”, agregó.

La PGR no ha emitido alguna definición precisa respecto a quién estuvo a cargo del uso de los teléfonos, durante y después de los ataques de las noches del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Fuente: Animal Político

Autor: Redacción

http://www.animalpolitico.com/2016/05/los-telefonos-de-normalistas-de-ayotzinapa-activos-dias-despues-del-ataque-en-iguala/

Los ataques al GIEI, desde niveles muy, muy altos

Entrevistada en su despacho de Bogotá, la exfiscal Ángela Buitrago reitera a Proceso que hubo línea de “muy arriba” para obstaculizar la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Los últimos cuatro meses hubo una cerrazón de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Gobernación y de los militares. Sin embargo, dice, ella y sus compañeros indagaron en varias líneas que aún están pendientes de resolver, entre las que destacan el misterioso “Patrón” de Huitzuco y otros personajes de ese municipio guerrerense.

BOGOTÁ (Proceso).- La exfiscal colombiana Ángela Buitrago creía que los furiosos ataques de la extrema derecha colombiana dirigidos en su contra la década pasada –por investigar a militares involucrados en graves violaciones a los derechos humanos– le habían dejado la piel lo suficientemente dura.

Pero su trabajo durante 13 meses en México como integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en torno al caso Ayotzinapa le demostró que no era así; supo también que sus investigaciones podían desatar reacciones aún más virulentas que las que enfrentó en Colombia.

“En México hay francotiradores en la prensa que tiran a matar; son muy duros. Son contratados (por las autoridades) y (publican notas y reportajes) sesgados. Están hechos para eso: para pegarte un tiro con mentiras y tergiversaciones”, sostiene.

Hace dos semanas ella y los otros cuatro integrantes del GIEI divulgaron en la Ciudad de México su segundo y último informe sobre los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, y aún no se ha desprendido del todo de esa investigación. “Quizá nunca logre hacerlo”, comenta.

Todavía le dan vueltas en la cabeza las diligencias y las líneas de investigación inconclusas, los obstáculos que le pusieron al GIEI la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación –las instituciones coadyuvantes– a partir de enero.

“Fue una experiencia muy dramática desde el punto de vista humano porque hay 43 familias que no tienen respuesta sobre lo que pasó con sus hijos. Eso es muy duro. Son víctimas que no han tenido ni verdad ni justicia. El Estado las oye, pero no las escucha”, dice a Proceso la exfiscal en su despacho de abogada penalista en el centro de la capital colombiana.

Fuente: Proceso

Autor: Rafael Croda

http://www.proceso.com.mx/439984/los-ataques-al-giei-niveles-altos

GIEI se despide con 20 recomendaciones a PGR para resolver caso Ayotzinapa

Testimonios y capturas pendientes; nuevas líneas de investigación; considerar otras violaciones a derechos humanos y dejar de criminalizar a las víctimas son parte de las tareas que le deja el grupo de expertos a la PGR.

Este 30 de abril concluyó el segundo mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, por lo que entregó una serie de recomendaciones a la Procuraduría General de la República (PGR) para que continúe con el caso.

En un comunicado, el grupo de expertos dio a conocer las 20 recomendaciones hechas a la dependencia:

1. Unificar las causas penales. Esto para que pueden ser concentradas y juzgadas de manera integral.
2. No fragmentar el expediente. Aquí piden incorporar al expediente todas las Averiguaciones Previas iniciadas, lo que será clave para determinar las responsabilidad de cada uno de los autores.
3. Integrar toda la información de la noche de los hechos con la investigación al grupo criminal, en este caso Guerrero Unidos, para que la Oficina del Caso Iguala tenga al alcance toda la información y contexto.
4. Considerar otras violaciones a derechos humanos y ampliar los cargos a los presuntos responsables
5.  Testimonios pendientes. El GIEI insiste en tomarle la declaración a personajes que considera clave en el caso, como los militares del 27 Batallón de Iguala, funcionarios del municipio y familiares de víctimas.
6. Seguir la red de telefonía entre los presuntos responsables para identificar a más involucrados
7. Hacer un estudio de balística entre los casquillos encontrados en las zonas clave del caso y las armas de policías de todos los niveles, así como una explicación de peritajes de balística que no fueron notificados.
8. Establecer fechas concretas y no expectativas de los resultados de análisis de restos enviados a la Universidad de Innsbruck, Austria.
9. Incorporar al expediente la documentación militar disponible, desde los protocolos de actuación de las fuerzas armadas, hasta la recuperación de fotos y videos que involucren a militares.
10. Investigar el tráfico de estupefacientes como una de las líneas de investigación para saber si tuvo alguna relación con los ataques a los normalistas.
11. Identificación del quinto autobús en el caso así como investigar las versiones de los choferes y empresas de transporte.
12. Investigar las denunciar de tortura  detenidos por el caso.
13. Determinar si actuaron legalmente cada uno de los servidores públicos involucrados cada etapa de los hechos.
14. Realizar las capturas pendientes del caso, como la de Felipe Flores Velásquez, exsecretario de Seguridad Pública de Iguala.
15. Investigar los recursos de todos los presuntos responsables y determinar si su origen es legal o no.
16. Investigar a funcionarios por presunta obstrucción de información en el caso.
17. Cambiar la versión pública del caso como una “verdad histórica”, y agregar otros motivos por los cuales los estudiantes fueron atacados. Independientemente de que haya evidencia científica de los restos de uno de ellos.
18. No interrumpir las diligencias y continuar con el proceso de búsqueda de los normalistas.
19. Mantener el diálogo entre los familiares de las víctimas y la Procuraduría.
20. Cese a la criminalización de los familiares de los desaparecidos y evitar nuevas maneras de victimizarlos.

Ahora que concluye esta etapa del caso, las líneas de investigación pendientes quedarán a cargo de la PGR, con quien el grupo de expertos tuvo fuertes diferencias al momento de investigar el caso.


Una de ellas fue la grabación de  visitas al río San Juan, en Cocula, del director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón que no fueron integradas en el expediente y que causaron una serie de acusaciones entre el funcionario y el grupo de especialistas.

El comunicado termina con un agradecimiento del GIEI tanto al Estado mexicano, como a los familiares del caso y a varios sectores de la sociedad por el seguimiento a la investigación.

“A todos ellos y a las instituciones del Estado mexicano, el GIEI les deja estas recomendaciones, los dos Informes Ayotzinapa I y II, y espera que el mecanismo de seguimiento que se articule entre las partes con la CIDH contribuya a mantener el apoyo internacional en este caso que ha conmovido a México y el mundo”, concluyó.

20 recomendaciones del GIEI para el caso Ayotzinapa:

  20 recomendaciones del GIEI para el caso Ayotzinapa by http://www.animalpolitico.com

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/05/giei-se-despide-con-20-recomendaciones-a-pgr-para-resolver-caso-ayotzinapa/

Ayotzinapa, una “verdad” demolida

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes –llegado a México como coadyuvante en la investigación del caso Ayotzinapa– se fue del país en plena confrontación con el gobierno federal. Pese a los obstáculos que enfrentaron sus cinco integrantes, lograron desenmascarar al gobierno y sus operadores, de manera notable al exprocurador Jesús Murillo Karam y a Tomás Zerón de Lucio, su comparsa en la escandalosa e inverosímil “verdad histórica” y dejaron abiertas innumerables preguntas.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 28 de octubre de 2014, los periodistas gráficos freelance Daniel Villa y José Manuel Jiménez tuvieron una jornada singular: tomaron innumerables fotos y grabaron un video en las inmediaciones del río San Juan, en Cocula, relacionado con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Dieciocho meses después sus imágenes cobraron relevancia, pues muestran las irregularidades con las que se construyó la “verdad histórica” pontificada por Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR).

Esa versión se apoyó en el trabajo del responsable de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, el funcionario al que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusaron de presuntamente “tergiversar” los hechos ocurridos en el río San Juan, donde, según la versión oficial, presuntamente quedaron los restos calcinados de los estudiantes.

Ese día, Villa y Jiménez tuvieron problemas para difundir su trabajo, según cuentan a Proceso por separado.

Villa no pudo colocar su serie fotográfica en los medios, en tanto que Jiménez –excolaborador de este semanario– vendió su video a la productora Vice. La empresa no atendió las recomendaciones de incluir en un documental la imágenes en las cuales aparece Zerón junto a Agustín García Reyes –uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas–, y varios hombres armados, uno de ellos fornido, con traje oscuro, relata Jiménez.

Y Villa comenta divertido: “Ahora resulta que la serie fotográfica del 28 de octubre de 2014 –el fracaso de mi vida– sirvió para que Ayotzinapa no quede en el olvido… Movió al sistema”.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2061, ya en circulación

Fuente: Proceso

Autora: Gloria Leticia Díaz

http://www.proceso.com.mx/439101/una-verdad-demolida

Confesiones de un periodista frustrado-Ricardo Alemán

Ricardo Alemán luce molesto, acaba de recibir una llamada de su jefe.

Se despide ante las cámaras de su programa en forotv.

Al parecer tendrá que trabajar hasta tarde.

Aun no ha terminado su articulo donde desenmascara a los estudiantes que sufrieron un crimen que ellos mismos cometieron apoyados por un grupo de expertos independientes provocadores y extranjeros.

Por las prisas, olvida ponerse su fragancia favorita " aroma de chiquero".
Son las 22:00 hrs. Aproximadamente.

Llegas tarde- le dice su jefe.
Lo siento, tuve un poco de....- Ricardo no termina la frase ya que cierran de golpe las puertas de la oficina.

Es ahí cuando Ricardo demuestra su profesionalismo, se coloca en la posición correcta y analiza con su boca la intensidad de su jefe.

"Mas fuerte Ricardo, mas fuerte"-le dice el señor Emilio.

"Glubsslurrp si glubbssbsilf chup"- contesta Ricardo.

Después de varios minutos termina su trabajo,su jefe le otorga un papel para limpiarse y una goma de mascar no sin antes restregarle  varios billetes en la cara.

Se retira con cierta tristeza, quiere que lo reconozcan por el otro trabajo que hace, el de hablar bien de nuestro heroico gobierno.

" Algún día seré un gran periodista" , piensa para sus adentros recordando que mañana tiene una cita con su otro jefe, el carismático gobernador del Estado de Mexico.

Tomás Zerón llevó a detenido torturado y “tergiversó” la realidad: GIEI

"Ningún forense puede entrar a una escena del crimen, manipular la evidencia", precisaron.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes respondió al director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien el miércoles dijo que su visita al río San Juan, en Cocula, Guerrero, el 28 de octubre 2014 -que no consta en el expediente-, fue “legal y transparente“.


Carlos Beristain indicó que el detenido Agustín García Reyes fue llevado al lugar, con signos de tortura.

El inculpado tenía “numerosas lesiones físicas cuando fue llevado a dicho lugar… (tenía) 30 lesiones que no tenía tras su detención“, refirió.

García Reyes había rendido su declaración la madrugada del 28 de octubre según el expediente de la PGR, es decir, el mismo día que fue llevado a las inmediaciones del río en Cocula.

Además, el experto señaló que, en su video presentado el miércoles, Zerón “manipuló” la presencia de dos enviados de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, quienes nunca estuvieron en el río San Juan, sino que fueron invitados a recorrer el basurero de Cocula

“En ningún momento (los dos enviados) vieron a García Reyes (el detenido) en el lugar”, apuntó.

“Las afirmaciones del señor Zeron constituyen una tergiversación de la realidad”, sostuvo Beristain. 

“El GIEI considera graves las declaraciones de Zerón”, agregó y llamó a hacer una investigación imparcial de los hechos, además de que “la Agencia de Investigación Criminal debe estar fuera de cualquier procedimiento de investigación para asegurar la imparcialidad de la misma”. En el mismo sentido, pidió que “se tome declaraciones a todos los funcionarios”.

El comportamiento de Zerón, señaló Beristain, es en “contradicción con los estándares mínimos de investigación y por el contrario agravan el problema”.

“El problema es la falta de documentación, el no seguimiento de protocolos en la recolección de evidencias”, recalcó.

Al respecto, Francisco Cox aseguró que comportamiento de la Agencia de Investigación Criminal deja dudas.

Es “inaceptable” que un perito desestime pruebas in situ, sin dejar ningún registro, agregó.

Por su parte, Claudia Paz indicó que la presencia de la oficina del Alto Comisionado de la ONU ocurrió “cuando ya se había realizado lo que nosotros vimos en el video”.

“Ellos fueron invitados junto con la prensa al basurero de Cocula, nunca estuvieron presentes en el río San Juan”, precisó. Pero Zerón “está sugiriendo que ellos estuvieron presentes en el río San Juan”, cuando “no estuvieron presentes, acudieron por invitación de PGR, se dirigieron hacia el basurero de Cocula”.

Sin embargo, “ni la presencia de ellos en el sitio podría legalizar la visita” de Zerón, aclaró, la cual “se aparta de los estándares mínimos internacionales”, dijo la experta.

“Ningún forense puede entrar a una escena del crimen, manipular la evidencia, ninguno de nosotros podría ir a una escena del crimen, pasearse sobre la escena del crimen, escoger la evidencia, y volver un día después”, finalizó.

A su vez, Ángela Buitrago añadió que “la toma en donde aparecen los miembros que ha mencionado él como parte del organismo internacional se encuentran donde está el helicóptero y ese sitio es Cocula, no es el río San Juan”. 

Insistió en que la presencia de Zerón en el río San Juan “no tiene ninguna acta circunstanciada sobre el día 28 de septiembre de 2014”.

“Si ese material (el video que presentó Zerón) pertenece a alguna investigación no tiene que estar en manos de una agencia de policía”, indicó.

Recordó que “jurídicamente una diligencia… donde hay una escena del crimen, o posible recolección de evidencia, debe quedar consignada desde el minuto cero”. 

“Una escena del crimen que fue procesada, como lo vieron ustedes en el video que presenta Zerón, el 28 de octubre 2014, tendría que haber quedado registrada, más si es la arroja resultados (al día siguientes)”, sentenció.

Además, “un traslado de inculpado como se trata del señor García Reyes, quien había rendido declaración la madrugada del día en que lo trasladan, debía haber sido realizada con un protocolo… todo debe quedar documentado”.


Postura íntegra del GIEI sobre Zerón:

Postura del GIEI by Aristegui Noticias:

  Postura del GIEI by Aristegui Noticias

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2804/mexico/tomas-zeron-llevo-a-detenido-torturado-y-tergiverso-la-realidad-giei/

Tomás Zerón tergiversa la realidad y su comportamiento es impropio: GIEI

Tomás Zerón de Lucio, director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, tergiversa la realidad y su comportamiento es impropio, criticaron este jueves 28 de abril integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Como respuesta a los dichos de Zerón, respecto a que su presencia en el Río San Juan el 28 de octubre de 2014 había sido legal, los expertos resaltaron que ese conjunto de declaraciones confirman, en primer lugar, que la diligencia de aquel día no se encuentra registrada en algún expediente sobre el caso del ataque contra los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Carlos Beristain, del GIEI, dijo que no está en los expedientes el hallazgo de cuatro bolsas en el Río San Juan, a las que se refirió Zerón, respecto a la diligencia del día 28 de octubre, y que no se siguieron los protocolos adecuados para la toma de muestras por parte de los peritos de la PGR.

Zerón dijo en la conferencia del miércoles 27 de abril que en un video que mostró el GIEI el domingo pasado se observa a un perito recogiendo un posible indicio en el Río San Juan, y que “ese indicio se entregó a  un especialista en antropología forense, quien desde ese momento descartó que se tratase de un hueso humano, por lo que no tuvo ningún valor criminalístico” que ameritara incorporarlo a la averiguación previa.

Al respecto, el GIEI señaló que ese procedimiento fue incorrecto.


“El señor (Zerón) señala que un antropólogo forense descartó que el hueso sea de origen humano, sin embargo el GIEI señala que no puede realizarse ningún descarte sin tener algún registro de la acción, sin un acta sobre la evidencia y de evaluación de la muestra”, dijo Beristain, del grupo de especialistas.

Los expertos del GIEI se refirieron al traslado de un detenido al río San Juan, Agustín García Reyes, aquel día 28.

“Con base en el informe Ayotzinapa II recientemente, Agustín García Reyes mostraba para entonces numerosas lesiones físicas, que suponen indicios serios de tortura cuando fue llevado a dicho lugar. El informe médico de la PGR, del 28 de octubre de 2014, a las 00:50 de la madrugada, es decir, dos horas después de su ingreso en la SEIDO, y 7 horas después del primer informe médico realizado posteriormente a su detención, refiere la existencia de 30 lesiones que no tenía al momento de ser revisado por el médico naval” en el momento de su detención, dijo Beristain.

El detenido, García Reyes, dijo al psicólogo en una evaluación que fue torturado, que le pusieron una bolsa en la cabeza, que le pegaron y lo electrocutaron.

En otro punto de su mensaje, los expertos mencionaron que el video que presentó Zerón para defender su actuación en la zona del Río San Juan está editado, y dijeron que la Agencia de Investigación Criminal debe quedar fuera del caso Ayotzinapa, para garantizar la imparcialidad mientras se hace una investigación sobre las irregularidades detectadas.

Giei. Nadie puede autoinvestigarse. La misma persona que aparece en el video no puede hacer su propia averiguación (Zeron)

— Centro Prodh (@CentroProdh) 28 de abril de 2016

“El video presentado por el señor Zerón está editado, apareciendo una parte que muestra cuando estaba en la escena del río San Juan, con el detenido Agustín García Reyes, y después un corte en el que aparece la Marina, para indicar que había testigos. El GIEI quiere señalar que, según los testimonios recogidos, cuando se llevó a Agustín García Reyes se había retirado la custodia del lugar, por lo que la aparición de miembros de la Marina corresponde a un momento posterior”, dijo Beristain.

Zerón dijo que su presencia en la zona del río Cocula había sido atestiguada por representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, sin embargo, los expertos del GIEI hablaron sobre una manipulación, ya que en ningún momento miembros de la ONU vieron al presunto responsable, García Reyes, ni estuvieron en el escenario del río San Juan.

El comportamiento de Zerón, dijeron integrantes del GIEI, entra en contradicción con los estándares mínimos de investigación.

“Las afirmaciones del señor Zerón en su conferencia de ayer constituyen una tergiversación de la realidad. Asegurar que la llegada de miembros del Alto Comisionado a Cocula y posteriormente al basurero de Cocula, reitero, no al río San Juan, suponen una verificación del traslado del señor García Reyes y de las condiciones legales del mismo, constituyen un comportamiento impropio de un director de la Agencia de Investigación Criminal”, dijo Beristain.


El video que Tomás Zerón presentó este 26 de abril en conferencia de prensa.



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/tomas-zeron-tergiversa-la-realidad-y-su-comportamiento-es-impropio-giei/

Los padres de los 43 están en riesgo, alerta el GIEI

A unos cuantos días de que los cinco expertos del GIEI abandonen el país, ya con las maletas hechas, su mayor preocupación es la seguridad de los padres de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Ciudad de México, 26 de abril: Para el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que revisó la indagatoria sobre la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, lo más preocupante ahora es el futuro que espera a los padres de los jóvenes.

Y no sólo por la falta de justicia o de al menos avances en la investigación del crimen, sino por los potenciales riesgos de que sean sometidos a prácticas de criminalización o revictimización.

Esto, plantea el integrante del GIEI, Alejandro Valencia Villa, después de la difusión de conversaciones telefónicas que fueron interceptadas de manera ilegal tanto a padres de familia como a los coadyuvantes en la investigación.

“Eso nos preocupa bastante, incluso más que hasta el destino de nuestro informe”, dice el experto.

“Lo hemos visto en las reuniones incluso, unas reuniones muy fuertes anímicamente, una situación de desamparo […] Y pues con estas campañas que se vienen haciendo tanto de revictimización, por una parte, como de criminalización, por la otra… nos preocupa mucho y nos preocupa mucho la protección y seguridad de ellos, así como de sus representantes, de las organizaciones peticionarias, y yo creo que hay que acompañarlos; es decir, hay que estar pendiente de ellos porque nos da susto, nos da temor que esto pase a mayores”, agrega.

En entrevista con SinEmbargo, los integrantes del GIEI Ángela María Buitrago y Valencia Villa hablaron sobre las características que observaron como únicas del sistema judicial mexicano y observaron que aquí, a diferencia de otros países, la “forma por la forma” burocratiza y dilata la práctica judicial, además, de que el peso que se les da a las declaraciones, dice Valencia, es enorme.

“O la ausencia de investigación de responsabilidades de superiores; es decir, en países de América Latina por casos de esos uno ve que investigan mandos medios, mandos altos vinculados, hay cadenas de mando, etcétera… Uno ve como que aquí hay cosas que se dificultan”, dice Valencia.


“O volvemos al tema de las víctimas […] muchos países de América Latina, incluso países mucho más pequeños que México, sin tanta historia, tienen ya un recorrido súper interesante de un aprendizaje para atención a las víctimas y de trabajo psicosocial, y eso aquí apenas está empezando. Es decir, falta mucha concientización en muchos de estos temas que son clave y creo que hay mucho por aprender y por hacer”, agrega.

–Con los detalles de la información, si nos pudieran auxiliar un poco para ubicarnos, sobre el papel de “El Caminante”. No sé cuál sea la interpretación que hagan al margen de lo que se plasma en el expediente, de este personaje.

–Ángela Buitrago [AB] Digamos dentro de la investigación ‘El Caminante’ es uno de los interlocutores que tienen más contacto con las personas que están inculpadas hoy en día, que son parte, se investigan en términos de tiempos y frecuencias de llamadas. Es una línea de investigación que está dentro del expediente, que debería estar dirigida toda la mirada hacia esos elementos, para poder concluir y relacionar a ese cruce de agendas que se tienen. Definir quién era, qué relaciones tenía con otros actores, a cómo todos los antecedentes de esta persona pueden llevar a muchas conclusiones dentro de la investigación. Por qué la relación y la frecuencia que existe dentro de esa comunicación, en las horas críticas; por qué cuando se establecen esos patrones, lo que permite decir también que es una comunicación múltiple en horas que tendrían que llamar la atención desde el punto de vista investigativo.

–Alejandro Valencia [AV] Vemos que puede ser un enlace operativo importante, por eso, en los hechos.

–En el informe ustedes detallan con un diagrama con todos los que tuvo relación. Que habló hasta con Guerreros Unidos, ¿por qué no está detenido este personaje?

–[AB] Porque no se ha individualizado. No se sabe quién es.

–¿Cuál fue el tratamiento que le dio la Procuraduría General de la República (PGR) a este personaje inicialmente?

–[AB] Lo tienen como punto de observación. Ese cuadro sale a raíz que puede estar ahí y nosotros solicitamos toda la información para corroborar las líneas de investigación.

–Con respecto a toda la investigación, nos gustaría ver si ustedes podrían identificar a alguno de los funcionarios que estuvieren manipulando la investigación, ¿se podrían fincar responsabilidades aquí en México?


–[AB] Mira, nosotros somos cuidadosos: lo primero que nosotros ponemos a disposición de la autoridad mexicana son los elementos que hemos visto, pero nosotros no asignamos responsabilidades, ni en el tema de quiénes se llevaron a los muchachos, ni en ningún otro tema. La autoridad es la que tiene que investigar y fallar. Para nosotros decir ‘los hacemos responsables de’, se necesita de un juicio, una investigación y una cantidad de cosas. Pero sí ponemos de precedente que hay una serie de elementos que fueron retrasados o una interrupción que decimos nosotros a partir de enero, que significa que hay un tema que debe llamar a la reflexión en términos de por qué se hizo. Lo segundo es que en particular se encontraron unos elementos y se encuentra material gráfico y fílmico para poder llegar a un momento dado, a que por lo menos se diga y se constante que en el expediente y averiguación eso no existe. Si no existen esas constancias, si no existe esa acta, si se trasladó a un inculpado y existen unas personas que se desplazan un día antes de lo que dice toda la AP01/2015 [la averiguación previa sobre el caso Iguala], pues por lo menos en un formalismo como es el mexicano en donde todo tiene que ser registrado, todo tiene que tener acta, todo tiene que tener constancia, inclusive, verificación por testigos de asistencia, no encuentro una explicación para que no esté. Además es evidente de que hay material que se recoge ese día que no está registrado en el expediente. Ponemos todo eso sobre la mesa para decir ‘mire, aquí tenemos estos elementos y la lectura nuestra es de que se debe investigar, saber qué pasó’. No podemos decir que quedemos satisfechos de que eso sucede y que no se haga, estamos diciendo el competente es la fiscalía y los jueces para asignar responsabilidades.

–¿Qué papel jugó aquí Tomás Zerón [De Lucio, Director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR] en la investigación con ustedes? ¿En la manipulación? Porque él estuvo ese día en el río.

–[AB] Lo que nosotros podemos decir es que el jefe de la división criminalística es él. Nosotros podemos decir es que él aparece en el video del 28 de octubre de 2014, y que por esa razón y frente la presencia del jefe máximo de la división de criminalística, pues tendría que explicarse las razones por las cuáles no hay constancia de esos actos. Creo que eso es lo que tiene que verificar el Gobierno mexicano o la Fiscalía de la PGR.

–Ustedes tuvieron contacto con los más altos niveles y grupos políticos en México, que tuvieron relación en el caso Ayotzinapa. Si le pusieran nombre, ¿quién sí mostró apertura y quién se cerró? ¿Qué personas en concreto se cerraron con ustedes?

–[AB] Yo desde el campo investigativo tengo que decir que hubo una apertura por parte de la Procuradora Arely [Gómez González], tuvimos una apertura que nos ayudó mucho por parte de la Policía Federal (PF), que nos acompañó a las diligencias en particular la división de Gendarmería y tuvimos una apertura, en términos de grupo que eso lo tenemos claro, para mí del subsecretario [Roberto] Campa.

–¿Y quiénes se cerraron?

–[AB] Quienes se abrieron, te contesté.

–Pero mi pregunta también es: ¿Quiénes se cerraron?

–[AB] Lo que pasa es que si te estoy diciendo quiénes se abrieron, técnicamente creo que de todos modos, esos son por lo menos para mí, se lo reconozco en la parte de la apertura. El tema es que también hubo muchas cosas que no caminaron bien.

–¿Qué cosas no caminaron bien?

–[AB] Nosotros solicitamos con mucho tiempo de antelación la entrevista con personas que estaban inculpadas por segunda oportunidad, ahí hubo un cierre completo. En el segundo mandato no hubo posibilidad de entrevistar a estas personas. Tuvimos pretensión de conocer muchas de las AP [Averiguaciones Previas] con tiempo para poder evaluar qué relación tenían con el caso, y tampoco se pudieron conocer esas averiguaciones previas. Cuando hablas en esos términos, lo que estás diciendo es puede haber buena voluntad, pero en el camino están quedando todos esos hechos que generaron ese cierre que nosotros percibimos en enero de 2016.

–¿Hubo cerrazón del Ejército?

–[AB] Bueno eso es evidente. Hubo manifestaciones públicas del jefe de esa institución y desde el principio. Cuando nosotros intentamos entrevistar a los miembros del 27 Batallón, también solicitamos una información muy relevante para la investigación, las bitácoras, los informes de inteligencia. Supimos que ellos tomaron algunas fotografías y videos y esa información no fue ni suministrada ni a nosotros ni a la PGR, que era la autoridad de este país encargada de la investigación del caso.

–Pero todas estas cerrazones o los problemas que tuvieron en el camino, ¿provenían directamente de la PGR?

–[AB] Son áreas diferentes. El tema del Ejército no lo maneja la PGR, directamente quien se encarga de manejar eso es el Secretario de Gobierno y sobre esos elementos sale el jefe de la institución a decir que no habrá acceso, nos tacha de extranjeros, nos dice que los extranjeros no podemos entrevistar a los militares, pero más que entrevistar a los militares, era conseguir el material que podía ayudarnos en la investigación: un informe, bitácoras, documentos que tuvieran relación con el hecho. Ahí hay claro una manifestación desde el principio de que eso no va a suceder.

–Nos pueden dar una radiografía, un balance de, ¿cómo observaron este intestino del Estado mexicano?, ¿hubo pugnas?, ¿quiénes son?

–[AB] Nosotros no pudimos observar eso porque no nos metimos a la parte muy interna, de lo que tu llamas el intestino mexicano. Lo que pudimos observar desde nuestra competencia y para lo que veníamos es que sí hay una ambivalencia en determinados miembros. Qué podamos hacer un diagnóstico de Gobierno, mal lo haríamos. Lo segundo que podemos decir es que, y voy a utilizar una palabra que utilizó uno de los miembros del Gobierno, es que el Estado no es monolítico y cada uno tiene su posición, cada quien tiene una participación determinada, pero hacerlo nosotros, creo que les corresponde a ustedes que conocen realmente el manejo interno de acá.

–[AV] Lo que hicimos fue presentar unas recomendaciones como línea de diagnóstico, pero en particular más del sistema mexicano y más específica de la investigación penal en el caso como éste. Ni siquiera un diagnóstico a profundidad, es una pincelada a partir de un caso, decir qué cosas de la investigación penal mexicana nos preocupa de una manera muy general, como un abre bocas.

–Ayer, Francisco Cox [otro integrante del GIEI] contestó cuando les preguntaron: ¿Con qué sabor de boca se iban? Y dijo ‘con el peor’ . Esa fue la respuesta. ¿Si ustedes pudieran decir con nombre y apellido quién o quiénes deberían de salir de su puesto, de las personas con las que estuvieron tratando y ser investigado por las autoridades mexicanas en relación al caso Ayotzinapa, quiénes serían estas personas?


–[AB] Ahí te quiero precisar el contexto en que lo dijo Francisco: con el peor, porque no pudimos encontrar a los desparecidos, el contexto de esa afirmación es que nosotros hubiéramos querido realmente encontrar a los muchachos. Nosotros no nos vamos con un sentido peyorativo frente al Estado mexicano. Nosotros hacemos esa manifestación en torno que no encontramos a los muchachos. Hecha esa aclaración, volvemos a lo mismo: nosotros no podemos hacer un juicio de responsabilidad sobre nadie; le compete al Estado mexicano realizar las indagaciones, a la sociedad mexicana hacer una fiscalización de todo esto, pero nosotros no somos quiénes para decir quién es responsable o no.

LAS REVELACIONES DEL CASO

–¿Qué revela el caso Ayotzinapa?

–[AV] Muchas cosas y lo que hemos intentado mirar es la punta del iceberg de la desaparición forzada en este país. Revela los dilemas a los que están sometidos las víctimas, de violaciones a derechos humanos. Revela cómo es la investigación penal de un caso de derechos humanos, para nosotros es una radiografía que permite ver muchas cosas en México.

–[AB] Debe ser un modelo, no debe ser aislado, nosotros tuvimos acceso a otras AP.

–[AV] Lo que nosotros señalamos, modestia aparte, es que debe haber lecciones aprendidas, a partir de nuestro trabajo, unas lecciones aprendidas frente a estos temas: cómo hacer una investigación en materia de derechos humanos en México, cómo deben ser los criterios para atención a las víctimas, cómo se deben desarrollar las búsquedas de las persona desaparecidas. Creemos que ahí estamos dando un aporte que esperamos sea recogido por algunos sectores, y sobre todo por las instituciones.

–Ustedes hablaban de toda esta burocracia a la que se enfrentaron siendo expertos que venían de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ¿qué será para un mexicano común?

–[AV] El formalismo nos impresionó mucho. Uno está acostumbrado a un sistema legal escrito, es formal, pero aquí salimos realmente impresionados de lo excesivo en muchas formas. Por eso nos sorprende tanto este episodio del video, del 28 de octubre. Aquí para que un detenido vaya a una reconstrucción de hechos se necesitan un montón de permisos, de cosas y esto que pasó acá [en el río San Juan] nos llama tanto la atención. Un caso que lo ilustra es la situación de Julio César Mondragón: cómo una diligencia de exhumación por pedir una identificación de ADN tardó tres meses. Decimos sí había un grupo detrás de ellos, con toda la atención del mundo, qué será para un cuidando común que haga una diligencia de exhumación.

–[AB] Una de las garantías de un Estado democrático, es el acceso a la justicia.

–¿Qué observaron en México que sea particular sólo a los procedimientos de la justicia mexicana, aparte de estos formalismos?

–[AB] Parto de la base de una desconfianza institucional que debe surgir de algún conocimiento, pienso yo, ha de surgir de alguna percepción en las base social.

–¿Más grave que en Colombia?

–[AB] Claro. Por ejemplo, en Colombia, el documento público se reputa auténtico; es decir, es auténtico porque lo presenta un funcionario, que no necesita nada más. Aquí presenta un funcionario público un documento, lo tiene que ratificar, certificar, exhibir de nuevo su carnet, poner testigos, y eso a la vez el agente del Ministerio Público (MP) tiene que hacer un documento donde ponga el resumen de ese documento que rindió el perito para que tenga validez probatoria. Si bien es cierto nosotros somos formalistas, porque el sistema inquisitivo de nosotros es formalistas, digamos [aquí] es la forma por la forma, porque mientras tú haces todo eso, que gastas más o menos unas tres horas en un solo informe que puede tener 500, 600 o 700 páginas; entonces, a mí, ¿qué me preocupa? Que lleve la ratificación del Ministerio Público, que lleve la notificación del funcionario, la fotocopia del documento, que además no se me vaya a pasar el testigo de asistencia. O sea, cada diligencia necesita un MP, dos testigos de asistencia mínimo; entonces, eso te hace que en el fondo nadie se preocupe por qué fue lo que me dijo o el contenido, si no cómo tengo que acreditar el documento en el expediente, y eso quita mucho tiempo. Y si una de las cosas que requieren estos casos es la velocidad y la vertiginosidad de la prueba es el análisis, ¿a qué hora te queda tiempo si tienes que hacer tanto documento, tanta formalidad?

–[AV] Hay muchas cosas, mucho de lo que está en esas recomendaciones es porque lo vemos muy singularizado aquí: el tema de los testimonial y la prueba confesional, aquí eso tiene un valor enorme frente a otros contextos, o la ausencia de investigación de responsabilidades de superiores; es decir, en países de América Latina por casos de esos uno ve que investigan mandos medios, mandos altos, vinculados, hay cadenas de mando, etcétera; uno ve como que aquí hay cosas que se dificultan, o volvemos al tema de las víctimas, tal vez porque no habido una suficiente experiencia en muchos temas. Por ejemplo, el tema de memoria de víctimas, muchos países de América Latina, incluso países mucho más pequeños que México, sin tanta historia, tienen ya un recorrido súper interesante de un aprendizaje para atención a las víctimas y de trabajo psicosocial, y eso aquí apenas está empezando. Es decir, falta mucha concientización en muchos de estos temas que son clave y creo que hay mucho por aprender y por hacer…

–Digamos que los mecanismos que activan la impunidad aquí son más…

–[AB] Sofisticados…

–Y eso ¿cómo opera? ¿Cómo responden cuando están haciendo una pregunta, cuando estamos tratando de investigar, qué actitud perciben?

–[AB] Primero, una desconfianza muy grande y eso lo ve uno, porque quizá nunca se entendió la verdadera dimensión de lo que quería la medida cautelar; uno. Y dos, porque somos extranjeros, eso sí nos lo han recalcado infinidad de veces, y tres: digamos que se logró con el nuevo equipo un acercamiento en ese sentido, de que se trataba de trabajar en conjunto, pero también creo, y es un tema que hay que evaluar mucho, es que una decisión de Estado debe asumirse con la connotación clara de que se aceptó. Entonces, si somos ambivalentes, pues nadie sabe qué es lo que realmente se quiere. Entonces, creo que se tendría que marcar muy claro la correspondencia entre lo que quiere quien asumió el compromiso y el resto de las instituciones, o definitivamente se asumió el compromiso en un sentido diferente al que cree que se asumió. Esas son dos cosas que se tienen que definir claramente.

–[AV] Y ha caído en lo formal; entonces, a veces todas las cosas son muy formales. Y uno dice aquí no solamente es el formalismo, aquí venimos a trabajar. También aquí el tema de la opinión pública, la imagen ante la opinión pública importa mucho a las instituciones.

–El Gobierno mexicano, ¿aceptaría que vinieran a México sólo por este asunto de la imagen internacional?

–[AB] Esa es una pregunta para el Gobierno mexicano.

–[AV] Sí, pero la presión internacional creo que sí fue un elemento capital para la constitución del grupo…

–¿Cómo se quedan las familias? ¿Qué riesgos ven alrededor? ¿A qué debemos estar atentos?

–[AV] Eso nos preocupa bastante, incluso más que hasta el destino de nuestro informe; es decir, independientemente de nuestro informe y las recomendaciones, nos importan más ellos, porque mal que bien nosotros nos convertimos en un paraguas, ellos se sentían ya acompañados; decíamos ‘si no sólo era una labor de esperanza, sino que estamos haciendo un labor de compañía’, y pues si nos vamos y para ellos fue muy imprevista esta salida. Entonces sí, uno ve. Lo hemos visto en las reuniones, incluso unas reuniones muy fuertes anímicamente, una situación de desamparo; es decir, sentimos que se van a sentir solos, y pues con estas campañas que se vienen haciendo tanto de revictimización por una parte, como de criminalización por la otra, nos preocupa mucho, y nos preocupa mucho la protección y seguridad de ellos, así como de sus representantes, de las organizaciones peticionarias, y yo creo que hay que acompañarlos. Es decir, hay que estar pendiente de ellos porque nos da susto, temor que esto pase a mayores, que incluso se agraven las situaciones estas de victimización y de pronto de seguridad, y sobre todo cuando nos pierden a nosotros. Es, digamos, un golpe duro a sus esperanza, y como que si las vías legales se empezaran a agotar y lo que nos han manifestado ellos, que si la movilización social, que si la protesta, que si tendrán que regresar a eso; y nosotros les indicamos, ‘miren, por favor no, insístanle en el caso, en las vías legales, miren la Comisión Interamericana no los quiere dejar solos, ustedes tienen unos peticionarios responsables’… Pero uno no sabe, como dijimos, hay que estar muy atentos y estar con ellos…

–¿Estas escuchas son las que les dan estos indicios?

–[AV] Sí, justamente esos son como los radares, los focos que nos prenden las alertas, la alarmas frente a estos episodios.

–[AB] Y un punto importantísimo que creo que deberían trabajar es el tema de la visibilización de las víctimas, porque en este país están invisibles. Y con una crisis tan grave en términos de desaparición, en términos que uno ve que gracias al caso Ayotzinapa, y lo digo en el mejor de los sentidos, ojalá nunca hubiera existido, pero gracias al caso Ayotzinapa se encontraron muchísimos cuerpos de muchísimas desapariciones. Entonces, digamos que el tema es que el Gobierno sea receptivo de verdad, que dimensiones el tema pero además visibilice a la víctima. La víctima tiene que salir del ostracismo en el que la tienen, pero además de la marginación en que la tienen. Ayer había una señora en el evento que ha reclamado justicia por todas partes y el expediente ni siquiera se ha movido… Es un caso tras otro. No ha cerrado, ha aumentado y todos los días hablamos de cinco, seis, siete; ahorita el caso más reciente que ocurrió de seis personas, y yo creo que el Estado tiene que empezar a responder…. Entonces la pregunta es: no solamente son las víctimas del caso de los normalistas; ahí se representó una gran parte de lo que podrían haber hecho con las víctimas, pero las víctimas son miles de miles. Estamos hablando de 27 mil desapariciones, multiplica eso por víctimas indirectas, familias enteras, estamos hablando de cerca de tres o cuatro millones de personas, muy grave, me parece. Y el Estado, yo pienso, que sí tiene que visibilizar eso. Y en el caso en particular nuestro, de los desaparecidos que es por lo que estábamos en México, es necesario que apoyen y trabajen, y por eso el grupo promovió, en compañía de la CEAV [Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas], un protocolo que elaboraron, en particular el grupo que tienen el conocimiento de eso, que son Carlos [Beristáin] y Alejandro, en términos de cómo lograr también efectivamente la reparación a la víctima, la restitución, el acompañamiento y no revictimizar, en términos de que el Estado ahora empiece a señalar con el dedo a las víctimas cuando al contrario, tienes que acogerlas…

–¿Sospechan que el resto de los papás o quienes han salido a la opinión pública estén intervenidos?

–[AB] Nosotros no podemos sospechar algo. Nosotros sólo hablamos cuando tenemos elementos. Pero además el tema particular es que eso se debe investigar.

–[AV] La intervención telefónica, eso debe ser con una intervención legal, judicial… A nosotros sí nos llama la atención eso: que aquí los medios de comunicación pues filtran información, incluso alguna que nosotros ni siquiera conocemos, hasta cosas del caso nosotros las conocemos por la prensa…

–¿Eso no se ve, por ejemplo, en Colombia?

–[AB] Sí, en Colombia se ve, y hay revistas que utilizan ese medio; pero, en lo judicial, inmediatamente lo que se hace es desechar esa evidencia, porque es ilegal, a todas luces eso no sirve para nada, pero además también investigar por qué hay filtración…

–¿Cómo definirían la justicia mexicana?

 –[AB] Yo pienso que en cualquier sistema de justicia, no puedo desconocerlo, porque también lo viví en mi país, y desde el conocimiento académico de los sistemas: el sistema de justicia es un monstruo, un aparato muy grande, mientras no tenga coordinación y no tenga áreas especializadas en los temas, tendrá complejidades. Pero pienso que el aparato de justicia en México, como cualquier aparato, con sus defectos y virtudes, es el aparato que escogió la institucionalidad, y eso lo que hay que tratar es que mejore y que las críticas sean aceptadas. O sea, si a ti te dicen: ‘mire, por donde va no está bien’ y tú te empecinas, dice un amigo mío ‘un error una vez se acepta, pero cuando se insiste en el error ya muestra una intención’. Entonces, en justicia pasa lo mismo, si te estás dando cuenta que estás equivocando el camino, lo que uno tiene que hacer es recogerse e irse al otro lado. Pero el aparato como aparato tiene bondades, tiene una bondad por lo menos de un órgano investigador, tiene periciales y hay periciales muy buenos; lo que pasa es que aquí hay elementos que también hay que mirar que no solamente dependen de las normas sino de los valores de las personas; entonces, no le podemos cargar todo al sistema ni al diseño del sistema. Cuando tienes un muy buen sistema, pero malos seres humanos, el sistema no funciona..

–¿Y qué recomendación le dan a la sociedad civil mexicana, para que mejoremos esto?

–[AB] Que fiscalicen. El mejor secreto para la justicia es la publicidad, y el sistema democrático garantiza que el Estado se pone bajo el escrutinio de la sociedad, y ahí es donde debe reaccionar la sociedad: ‘bueno, sí, me estás diciendo esto’, y voy a poner un ejemplo, y si suena es coincidencia, por ejemplo, ‘me están diciendo que hubo 43 quemados en el basurero’, pura coincidencia, ¿qué debe hacer la sociedad? Muéstreme las pruebas. Y si las pruebas son contundentes o no, eso es un elemento.

–Exigir pruebas…

 –[AB] ¡Claro! Te voy a poner el ejemplo que salió ayer: el quinto bus es una línea cerrada, y ya vi una comunicación del Estado en donde dice que el quinto bus es una línea cerrada. Yo quisiera preguntar cómo cierran una línea cuando tienes tantas dudas. Si no se sabe por qué mintieron o sí mintieron, si no se sabe si el documento sí lo escribió o no lo escribió (el chofer del quinto autobús), salvo el tema del dictamen pericial; tres, tengo cinco testigos que me están diciendo que sí lo escribió, no tengo conclusiones sobre las pruebas en Estados Unidos del FBI. Pregunta: ¿cómo cierro el caso, y cómo le agoto a la sociedad el tema de que cerré el caso?


–[AV] Lo otro es que reconozcan a las víctimas, que acompañen a las víctimas; es decir, miren más a las víctimas, eso le diría a la sociedad civil. Creo que eso es como ver a la persona que ha sido afectada, tenerla muy en cuenta, creo que eso es central…

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/SHAILA ROSAGEL, SANDRA RODÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/26-04-2016/1652885