Mostrando entradas con la etiqueta GIEI. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta GIEI. Mostrar todas las entradas

jueves, 19 de mayo de 2016

ONGs europeas reconocen la importante labor del GIEI

Ciudad de México, 19 de mayo. – Organizaciones de la Unión Europea que trabajan en México, reconocen la importante labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa y recibimos su último informe presentado el 24 de abril de 2016.

“El informe final (del GIEI) destaca graves deficiencias en el seguimiento de importantes líneas de investigación y pone de relieve graves preocupaciones, incluyendo la manipulación de pruebas y la tortura de sospechosos para obtener confesiones”, señala un posicionamiento firmado por Amnistía Internacional, Federación Internacional de Derechos Humanos y Open Society.

La Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Brigada Internacional de Paz y la Organización Mundial Contra la Tortura también suscribieron el pronunciamiento, en el que consideran que el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es emblemático de una crisis mayor de desaparición forzada en México.

Recordaron que a pesar de que el Gobierno mexicano negó que el GIEI se quedara más tiempo en México, se comprometió a desarrollar, junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un mecanismo de seguimiento especial.

“Las autoridades mexicanas necesitan con urgencia intensificar los esfuerzos para la búsqueda de los desaparecidos y para llevar a cabo investigaciones efectivas que resulten en la identificación de víctimas y el castigo de los responsables”, añadieron.

En junio próximo, México y la Unión Europea sostendrán en Bruselas el Diálogo anual sobre derechos humanos, por lo que las organizaciones pidieron a las instituciones del viejo continente a sumarse al diagnóstico del GIEI y dar también seguimiento a sus recomendaciones.

“(Deben) exhortar al Gobierno de México para apoyar los esfuerzos de la CIDH en el desarrollo de un mecanismo de supervisión eficaz e independiente”, plantearon.




Fuente: Centro PRODH
Autor: Sididh_master
http://centroprodh.org.mx/sididh_2_0_alfa/?p=45250

‘Mi tristeza es no haber hallado a los 43 de Ayotzinapa’: Angela María Buitrago

Lo que comenzó como una relación de cooperación entre el Gobierno de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hallar a los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre del 2014, terminó develando otra serie de atrocidades originadas en el negocio del narcotráfico.

Así fue como el segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei), tras la negativa del Ejecutivo de prorrogar su investigación, puso en duda no solo la versión oficial de la desaparición de los normalistas, sino la credibilidad del Estado mexicano, además de revelar uno de los más grandes dramas del país: la desaparición forzosa.

Esa noche, 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que se movilizaban en un bus para participar en un mitin político, desaparecieron misteriosamente en Iguala (Guerrero).

La abogada colombiana Ángela María Buitrago, conocida por sus investigaciones de casos como el del Palacio de Justicia o la parapolítica, y quien hizo parte de este grupo de cinco expertos internacionales, contó a EL TIEMPO por qué sus informes destaparon ollas que “fuerzas poderosas” querían mantener ocultas.




Fuente: Centro PRODH/El Tiempo
Autor: Sididh_master
http://centroprodh.org.mx/sididh_2_0_alfa/?p=45212

Padres de los 43 y SRE hablan hoy de seguimiento a labor del GIEI

Ciudad de México. Padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala se reunirán con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para dialogar sobre el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Se tiene previsto que al encuentro, a realizarse en la cancillería, también acudan representantes de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación.

Las conversaciones de este jueves son preparatorias a las negociaciones que se realizarán el próximo sábado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington.

La reunión de hoy fue solicitada por los padres de familia hace ocho días cuando estuvieron en la SRE.



Fuente: La Jornada
Autora: Georgina Saldierna
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/19/padres-de-los-43-dialogan-hoy-en-sre-sobre-seguimiento-a-labor-del-giei

martes, 17 de mayo de 2016

La PGR le negó al GIEI data clave de guerrilleros, cuerpos, fosas o narcos, revela el expediente

El Ejército y la Policia Federal, entre otros, negaron al Grupo Interdisiciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la desaparición de los 43 normalistas en Guerrero, los organigramas de los grupos criminales que operan en la entidad, así como las estructuras del EPR, del ERPI y otros grupos guerrilleros. Esta información la consideraban clave para establecer una ruta sobre qué grupo podría haber desaparecido a los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.

Los organigramas y estructuras de los principales cárteles de la droga en la entidad, así como de los grupos de guerrilla, las fosas clandestinas y exhumaciones hechas después el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, Morelos, Estado de México y Michoacán, son parte de las solicitudes de información que promovió la unidad de investigación del caso Ayotzinapa, a petición del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

A pesar de la insistencia de los oficios que emitió con carácter “extraurgente” el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos Torres, las peticiones no fueron atendidas o fueron respondidas de manera parcial, pues en su informe final los cinco expertos internacionales que acompañaron la investigación durante un año -con una serie obstáculos de las autoridades y dificultades a su labor-, insistieron en que sin una explicación de lógica de las estructuras delictivas, la lucha contra la impunidad en México seguirá fragmentada e incompleta.

En la tercera parte de la averiguación previa de los ataques a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, durante un operativo en Iguala, difundido el viernes en Internet por la PGR, se encuentran los documentos oficiales integrados al expediente entre estos las insistentes solicitudes de información sobre los organigramas y estructuras de los grupos criminales Guerreros Unidos, Los Beltrán Leyva, Los Rojos y La Familia Michoacana, sus zonas de influencia, miembros, actividades delincuenciales, modos de operación, así como las investigaciones que se han judicializado.

En particular la identificación de las estructuras que pertenecen a Sidronio Casarrubias Salgado, “El Mochomo”, uno de los fundadores del cartel Guerreros Unidos buscado, con otros implicados, debido a la desaparición forzada de los 43 estudiantes desaparecidos.

Además, los organigramas y análisis de las estructuras del Ejército Popular Revolucionario (EPR), del Ejército Revolucionario Popular Insurgente (ERPI) y otros posibles grupos guerrilleros que operan en Guerrero.

Esta información se solicitó al comisionado de la Policía Federal (PF), al Ejército y al Centro de Planeación y Análisis e información para el combate a la delincuencia organizada, además de a las procuraduría estatales de las entidades mencionadas, junto con el número de fosas clandestinas y los cuerpos exhumados del 26 de septiembre en adelante.

En los escritos insistieron en que “la información tendrá carácter de confidencial y su contenido no será divulgado para salvaguardar las garantías de secrecía respecto a sus actuaciones”.

Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también solicitaron las investigaciones a la Policía federal por los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala, y entrevistas a las personas que estaban en esa fecha en la Dirección de Operaciones Regional: el titular del área de información, en la Dirección de Operaciones de Seguridad Nacional, el director general adjunto en la región Centro, divisiones de seguridad regional de la PF, la Coordinación Estatal de Guerrero de la Policía federal y al inspector general. En los oficios inmediatos no hay respuestas.

En ésta, la tercera etapa de la investigación, se retomó la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos hace más de 19 meses ya que se autorizaron y publicaron recompensas hasta de 1.5 millones por información que permita su localización.

Seguida de otra publicación de recompensas por el mismo monto para detener al director de la Policía Municipal de Iguala, Felipe Flores, y al juez de la Policía Municipal de barandilla, José Ulises Bernabé García, “que presuntamente entregó a policías municipales de Cocula, a personal de Protección Civil y a elementos del grupo de reacción inmediata conocidos como ‘Los Bélicos’, con la finalidad de entregarlos a Guerreros Unidos”.

Gracias a información periodística, ahora se sabe que Bernabé García pidió asilo político en Estados Unidos, que negó haber recibido a los normalistas desaparecidos en la cárcel de la Policía Municipal de Iguala o haber hablado con ellos en algún momento.


LO QUE PLANTEÓ EL GIEI

De las investigaciones de desapariciones forzadas, el GIEI señaló en su informe final, dado a conocer a finales de abril días antes de que los cinco expertos abandonaran México, que las autoridades de procuración de justicia deben tomar en cuenta, “la complejidad de este tipo de hechos y la estructura en la cual se ubican las personas probablemente involucradas”, es decir, las redes criminales y a los agentes de Gobierno.

En este sentido, “deben conocer los criterios para orientar la investigación, tomando en cuenta los análisis de contexto, el modus operandi, los perfiles de los desaparecidos y los patrones regionales de ocurrencia de los hechos (delictivos)”.

Destacaron que “a la llegada del grupo no existía en el expediente un análisis financiero de los distintos integrantes de Guerreros Unidos ni del cruce financiero entre ellos, ni de la posible cooptación de autoridades, o del uso de inteligencia para conocer la estructura y áreas de influencia del grupo, todos elementos fundamentales al analizar el contexto de la grupo criminal al cual se le atribuía la desaparición”.

Al salir del caso señalaron que la investigación estaba fragmentada en muchas averiguaciones previas relacionadas con los hechos, y advirtieron que “si las investigaciones se adelantan de manera aislada y no se buscan denominadores comunes que expliquen lógicas y estructuras delictivas, la lucha contra la impunidad seguirá siendo encarada de manera fragmentaria e incompleta”.


“La articulación de diferentes investigaciones puede permitir el diseño de una estrategia con resultados más efectivos. El análisis de contexto es una herramienta que merece ser tenida en cuenta”, concluyen.

FUENTE: PROCESO/EL SUR.
AUTOR: REDACCIÓN/ LOURDES CHÁVEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-05-2016/1661383

miércoles, 11 de mayo de 2016

Afloran 10 testimonios de tortura en el caso Ayotzinapa

En las semanas siguientes a la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, las autoridades mexicanas detuvieron a decenas de sospechosos y dijeron que habían resuelto el caso.

En una apresurada conferencia de prensa, los fiscales mostraron videos de supuestos traficantes de drogas que confesaban haber recibido a los estudiantes de manos de la policía, haberlos asesinado, incinerado sus cadáveres en un basurero y tirado los restos a un río.

Dos equipos independientes de expertos pusieron en duda la versión oficial. Y ahora esa versión ha sufrido otro golpe: denuncias de tortura.

En documentos obtenidos por The Associated Press, a los que no se había dado difusión hasta ahora, 10 de los sospechosos relataron un guión casi idéntico: primero vinieron los interrogatorios, después los golpes, las descargas eléctricas, asfixias parciales con bolsas de plástico y finalmente amenazas de que matarían a sus seres queridos si no hacían confesiones que sustentasen lo que decía el gobierno.

Algunos dijeron incluso que les dieron evidencia preparada o que les indicaron lo que debían decir.

Informes médicos publicados el mes pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) parecen confirmar las versiones de que hubo torturas. De los 10 archivos conseguidos por Ap, la organización revisó cinco y encontró pruebas verosímiles en todos ellos.

En el transcurso del camino me iban dando electricidad en los testículos y en todo el cuerpo, declaró uno de los sospechosos, Patricio Reyes Landa, quien fue detenido un mes después de la desaparición de los estudiantes.

En todo ese tiempo, que fue como dos horas y media de camino, llevé los ojos tapados y me fueron golpeando todo el camino, dijo el hombre a un juez en julio, de acuerdo con los documentos obtenidos por Ap.Recuerdo que se acercó una persona y me quitó la venda de los ojos y me mostró una fotografía de mi familia, de mis dos niñas, de mi esposa y mi hermano, y me dijo que si no hacía todo lo que me dijeran iban a violar a mis pequeñas... Le dije que yo iba a hacer lo que ellos me dijeran.

La declaración de Reyes Landa es clave para el gobierno, porque fue uno de los primeros que confesaron haber matado a los estudiantes y quemado sus cadáveres en un basurero del municipio guerrerense de Cocula, para luego arrojar los restos al río San Juan.

Aparte de esas confesiones y de un fragmento de hueso perteneciente a uno de los estudiantes, según se comprobó mediante análisis de ADN, los fiscales casi no tienen otras pruebas.

Bajo las leyes mexicanas, las confesiones obtenidas mediante torturas no son admisibles.

Si desechan la confesión y no hay más pruebas, básicamente no hay caso, afirmó Denise González, especialista en derechos humanos y derecho internacional de la Universidad Iberoamericana.

La creencia generalizada de que las fuerzas de seguridad mexicanas recurren a torturas al investigar los delitos cometidos por los traficantes de drogas se reforzó con el video de un caso separado que circuló el mes pasado en las redes sociales. Mostraba a una soldado y un oficial de la Policía Federal interrogando a una mujer joven a la que le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza hasta que perdió el conocimiento.

El Ejército confirmó la autenticidad del video que, dijo, se filmó durante un enorme despliegue de militares en febrero de 2015 para combatir a los cárteles de las drogas.

En relación con los estudiantes desaparecidos, las denuncias de torturas involucran a los miembros de la Policía Federal o de las fuerzas armadas que arrestaron a individuos sospechosos de tener vínculos con el sanguinario cártel Guerreros unidos.

La Procuraduría General de la República (PGR) dice que miembros de esa banda mataron a los estudiantes después de que se los entregó la policía, que los había arrestado en la ciudad de Iguala.

Hay evidencia médica

Un informe de médicos de la PGR, preparado dos meses después de la detención de Reyes Landa, dijo que tenía moretones, rasguños y “lesiones puntiformes semejantes a las ocasionadas por la aplicación directa de dispositivos eléctricos (como picanas o chicharras) en abdomen y muslos".

Igual de escalofriante es el testimonio del supuesto líder de Guerreros unidos, Sidronio Casarrubias, quien dijo que un elemento de la procuraduría abusó de él horas después de su detención, en febrero del 2015.

El señor aquí presente fue uno de los primeros que me torturó y se sentó en mi estómago, y fue el que me asfixió con bolsas negras de plástico, que además me violó con una pieza metálica, dijo Casarrubias mientras apuntaba hacia al investigador Gabriel Valle Campos, según los documentos.

Me amenazó que iba torturar a mi familia, a mis hijos, de la misma forma en que lo estaba haciendo conmigo.

Eber Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, que supervisa el caso, dijo que no puede comentar las denuncias de torturas y que le corresponderá a los jueces analizar una serie de evaluaciones físicas y mentales que se están haciendo a unos 90 sospechosos que dicen haber sido sometidos a esa práctica ilícita.

Betanzos indicó que 32 detenidos dicen que fueron torturados. Las denuncias involucranmayoritariamente a agentes aprehensores distintos a la PGR.

Señaló que la procuraduría inició nueve investigaciones de torturas, y que la mayoría de las denuncias abarcan heridas que dejan huella, como moretones y cortes.

Últimamente la atención se enfocó en Agustín García Reyes, de los primeros sospechosos que identificaron el sitio donde supuestamente los restos de los estudiantes incinerados habían sido tirados al río San Juan y donde se encontró la única evidencia vinculada con el caso.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la CIDH, expresó dudas sobre el testimonio de García Reyes, luego de que circularon fotos y videos en los que él aparece caminando junto al río con Tomás Zerón de Lucio, jefe de la Agencia de Investigación Criminal, de la PGR, un día antes de que los fiscales dijeran que habían sido hallados fragmentos de huesos.

Eso hizo pensar que la evidencia había sido colocada allí. En medio de acusaciones de manejos irregulares, Zerón dio a conocer un video propio en el que aparece en la escena del crimen con García Reyes, pero no se le ve escarbando la tierra ni encontrando huesos. Eso daría crédito al argumento de las autoridades, que dicen que los restos fueron encontrados al día siguiente por buzos.

En los documentos obtenidos por Ap, García Reyes señala que fue torturado durante horas, mientras le decían lo que tenía que confesar cuando fue llevado al río, aproximadamente un mes después de la desaparición de los estudiantes.

Me pusieron la bolsa en la cabeza y me comenzaron a pegar; yo les dije que no sabía nada, relató García Reyes, de acuerdo con los documentos. “Me decían, ‘más vale que me digas adónde están, porque si no vamos a matar a tu esposa, a tu hijo y a ti también’.

Me siguieron pegando hasta que les dije que yo les iba a decir lo que ellos quisieran, agregó. “Me llevaron al río y me dijeron en la camioneta, ‘ahorita tú vas a hacer como si hubieras tirado las bolsas al río, y si no lo haces te vamos a seguir golpeando’. Llegamos a ese lugar y estaban grabando ellos, y yo hice como si tirara las bolsas al río y me llevaron en seguida adonde ya tenían unas bolsas de plástico; las señalé como diciendo que yo las conocía”.

A pesar de la denuncia de que fue torturado, a García Reyes se le ve caminando normalmente en un video de la fiscalía, sin signo alguno de haber sido maltratado.

González, la especialista universitaria en derechos humanos, admitió que es posible que algunos sospechosos inventen historias sobre malos tratos.

Pero agregó que en el contexto de México, donde la tortura es generalizada... toda denuncia debe ser investigada, y a partir del contexto, es muy posible que sea cierto.




Fuente: La Jornada
Autor: AP
http://www.jornada.unam.mx/2016/05/11/politica/009n1pol

domingo, 8 de mayo de 2016

Los teléfonos de normalistas de Ayotzinapa, activos días después del ataque en Iguala

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes detalló en su informe cómo estuvieron activos los teléfonos de los normalistas, y criticó la falta de respuesta de las autoridades para indagar esta información.

Horas e incluso días después del ataque en Iguala, la noche del 26 y 27 de septiembre, estuvieron activos los teléfonos celulares de varios de los 43 normalistas, sin embargo las autoridades tardaron en hacer un análisis a fondo sobre esos datos, o simplemente no lo hicieron, de acuerdo con el segundo reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“El hecho de que distintos teléfonos y chips registraran activaciones después del 27 de septiembre 2014, cuestiona la teoría sostenida por la PGR que los teléfonos y chips fueron incinerados esa noche en el Basurero de Cocula. Incluso en uno de los casos, uno de los normalistas se comunicó con su madre vía telefónica a la 1:16, información que tampoco encaja con esa teoría, según la cual los estudiantes estarán muertos a partir de las 12:00 de la noche”, indica el GIEI en el reporte presentado el 24 de abril pasado.

Desde su llegada a México, el GIEI solicitó datos de telefonía a las autoridades, tanto de los teléfonos de los normalistas como de los detenidos. Sin embargo hubo una tardanza en la respuesta, y hasta ahora no existe un análisis completo de las comunicaciones, lo que representa una deficiencia seria en la investigación y compromete sus resultados, según el reporte de los expertos.

“Durante cerca de 9 meses, entre el primer y segundo mandato, el GIEI tuvo que trabajar por su propia cuenta con la información existente, y pidió en muchas ocasiones, tanto de forma verbal como por escrito, el examen de nuevas líneas y el cruce de información entre las existentes”, señalan los integrantes del GIEI.

“Solo después de diversas reuniones en los meses de enero y febrero de 2016 se elaboró en conjunto, Procuraduría General de la República, Policía Federal y GIEI, una ruta crítica, donde se priorizaron los números a analizar, los resultados que se esperaban de dichos análisis y los insumos que requería policía federal para realizarlos”, agregan.

En la recopilación de datos de telefonía participaron la Dirección General de Cuerpo Técnico de Control de la Procuraduría General de la República, la Policía Federal División de Investigación, y el propio GIEI, que solicitó datos a compañías telefónicas.

En una conferencia el 27 de enero de 2015, quien era procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, citó declaraciones de un detenido, Felipe Rodríguez Salgado, respecto a que dio la orden de matar a los normalistas y de quemar sus teléfonos celulares.

“Felipe Rodríguez Salgado narró paso a paso los acontecimientos de esa noche a partir de que le fueron entregados los estudiantes y señaló que él fue, quien dio la orden a Patricio Reyes Landa, alias “El Pato”, de terminar con la vida de todos ellos, ordenando también que no quedara nada, quemando inclusive los teléfonos celulares de sus víctimas”, dijo Karam.

A continuación puedes revisar los datos reportados sobre el GIEI, en cuanto a la actividad que tuvieron los teléfonos de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero:
El teléfono de Jorge Aníbal Cruz Mendoza

“Mamá me puede poner una recarga me urge”, dice un mensaje que salió desde el teléfono del normalista Jorge Aníbal Cruz Mendoza, a la 1:16 horas de la madrugada del 26 de septiembre, sin que se haya podido precisar la coordenada de su ubicación.

“Este mensaje supone que Jorge Aníbal Cruz Mendoza se encontraba con vida a esa hora y había conservado el teléfono. Según la versión oficial de la PGR que aún no ha sido corregida, los normalistas estarían muertos y habrían sido posteriormemnte desaparecidos una hora antes de esa esa hora. Siguiendo la hipótesis del basurero de Cocula, en la hondonada no hay cobertura telefónica”, señala el GIEI en su informe.

En este caso, los integrantes del Grupo solicitaron a una compañía telefónica revisar si tenía el registro de la coordenada desde la que salió el mensaje, sin embargo hasta el 16 de abril pasado no había tenido respuesta.

Otro dato clave sobre el teléfono de Jorge Aníbal: su línea siguió teniendo actividad meses después de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.

“Las comunicaciones se realizan desde la línea de Jorge Aníbal pero con un aparato de teléfono distinto, ya que se registra un cambio de IMEI. La persona que utiliza el teléfono activa distintas antenas de la Ciudad de Iguala. Es decir, el chip del teléfono fue cambiado posteriormente y siguió siendo usado durante meses”, detalla el GIEI.

Desde su línea telefónica salió un mensaje de texto el 28 de noviembre de 2014, y“comunicaciones similares ocurren en diciembre, enero, febrero, marzo y abril”, hasta que el 9 de febrero de 2015 incluso llega una llamada desde esa línea a un número que pertenece a un familiar de Jorge Aníbal, desde la Antena Nicolás Bravo.

Esto “motivó la presentación inmediata de un escrito por parte de los familiares de Jorge Aníbal, quienes manifestaron a la autoridad ministerial los hechos acontecidos, para investigar tanto la llamada recibida como la que se realizó minutos después y solicitaron la información de telefonía de este número”, señala el GIEI.

“Nuevamente y cómo se explicó con los casos de Jorge Antonio, Carlos Iván y Jorge Luis, no consta en el expediente que la PGR hubiera realizado las diligencias necesarias para la identificación de la persona que estaba utilizando este número de teléfono. Su identificación hubiera sido fundamental, para determinar la forma en que el teléfono o el chip llegaron a sus manos y establecer si se trataba de uno de los perpetradores”, agrega.
El teléfono de Jorge Antonio Tizapa Legideño

En el caso de este joven normalista, cambiaron el chip de su teléfono a otro equipo, desde el que fueron enviados mensajes de texto tras los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.

“El día 04 de octubre de 2014, la línea telefónica registra activación de la Antena Margaritas Palacio de Justicia, en los horarios: 16:48:20, 16:48:56, 16:49:34, 16:50:12, 16:51:21 y 16:53:06; esto se debe a que se envían mensajes de texto al número 127373 y 7373, como sucede en otros casos aquí descritos, se detecta un cambio de IMEI pasando del 011929004621390 al 359609054307130, es decir se cambió el chip de aparato celular”, apunta el GIEI.

Los expertos critican en su informe que la Policía Federal detectara estos movimientos, sin que constara en algún expediente que el Ministerio Público siguiera esta línea de investigación.

El teléfono de José Eduardo Bartolo Tlatempa

El 26 de septiembre de 2014, a las 23:57 horas, su teléfono activó una antena en Cocula, y después ya no hubo registros de su línea.

“Esta información es congruente con que uno de los estudiantes o su teléfono estuvo cerca del lugar denominado Loma de Coyote, en el mismo momento que activa en este sitio la Antena del jefe de policía de Cocula César Nava”, apunta el GIEI.

El teléfono de Carlos Iván Ramírez Villareal

El día 27 de septiembre de 2014, a las 19:17 horas, su teléfono activó la antena ubicada en las coordenadas 18°21’23”N, 99°33’14”W, Antena Villa Guadalupe, con el uso de datos.

“El IMEI registrado es el 01400600111582. A las 19:26:33 de ese mismo día, es decir 00:08 minutos después, se envía mensaje 2 vías al número 127373 desde la misma ubicación pero se hace uso de un IMEI distinto, el 862131023276960. Esto significa que cambiaron el aparato telefónico”, apunta el GIEI.

Tanto la Policía Federal como la PGR detectaron esa información, sin embargo“en el expediente no se registró ninguna diligencia destinada a esclarecer por qué se utilizó el teléfono veintiún horas después de la hora de detención (de los normalistas). Esta investigación habría permitido determinar si uno de los perpetradores era quien utilizaba el teléfono o si Carlos Iván estaba retenido en un lugar cercano al lugar de su detención”.
El teléfono de Jorge Anibal de la Cruz Mendoza

Desde el celular del estudiante salió un mensaje de texto a las 01:16 horas, ya del 27 de septiembre de 2014 –después de que se dieran los ataques contra los 43 normalistas—, “aunque no hay coordinada para identificar esta actividad”.
El teléfono de Jorge Luis González Parral

El chip de su teléfono fue cambiado a otro aparato, y entonces se registró actividad con él el día 30 de septiembre de 2014, a las 18:58 horas, mediante el uso de datos.

“En la investigación no se registran actividades que hubieran llevado a determinar quién utilizaba el teléfono. El cambio de IMEI muestra que el chip del teléfono fue cambiado a otro aparato, probablemente por alguno de los perpetradores”, indica el GIEI.
El teléfono de Magdaleno Rubén Lauro Villegas

En el caso del celular de este normalista, su último registro de activación de antenas se dio el 27 de septiembre de 2014 a las 00:33 horas, en las coordenadas 18°19’44”N, 99°30’26”W, Antena Margaritas, Palacio de Justicia, mediante el uso de datos.

“La trascendencia de esta información es debida a la hora en que sucede la activación de dichos datos. Para las 00:33 los normalistas habían sido ya detenidos. En ese momento se estaba dando el segundo ataque en la zona de Juan N. Álvarez”, explica el GIEI.

“El portador de la línea se encontraba entonces en una hora clave de los hechos, en la zona del Palacio de Justicia donde había sido detenido Magdaleno Rubén. Ni la FGE ni la PGR han investigado hasta ahora quién y por qué se activó este teléfono cerca de dos horas después de la detención”, agrega.
El teléfono de Julio César López Patolzin

A las 22:21 horas de la noche del 26 de septiembre de 2014, el teléfono del estudiante de primer año en la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos activó la antena ubicada en las coordenadas 18°19’44”N, 99°30’26”W, en la zona del Palacio de Justicia de Iguala, con el envío de un mensaje.

“A esta hora posiblemente trataba de comunicarse con alguien que les apoyara, debido a que se encontraba en pleno ataque de la policía frente al Palacio de Justicia”, apunta el reporte del GIEI.

A las 23:47 horas de la noche del 26 de septiembre, llegó un mensaje al teléfono de Julio César, desde las coordenadas 18°17’52”N, 99°20’5”W, ubicación que corresponde a la antena de la calle Pinos, Colonia 28 de Febrero, en el municipio de Huitzuco.

“La antena se localiza cerca de la carretera Huitzuco-Atenango. Por el tipo de comunicación no es posible determinar la ubicación del receptor”, se lee en el reporte.

Posteriormente, entre las 23:56 horas y las 23:56 horas, el celular de Julio César activó una antena en el centro de Iguala, por el uso de datos.

“La antena está en la calle Benito Juárez a 3 cuadras del centro de Iguala, Guerrero, lo cual significa que el teléfono de JC se encontraba activo en dicha zona prácticamente a medianoche”, apunta el GIEI.

La Dirección General de Cuerpo Técnico de Control de la PGR, según el GIEI, “no consideró la información del desplegado sobre esta actividad” (la activación de la antena en la calle Benito Juárez), sin que se tenga información que explique el “motivo de esta omisión”.

El teléfono de Julio César y su actividad, de acuerdo con el informe de los expertos, da elementos para la línea de investigación sobre los hechos ocurridos cerca del Palacio de Justicia, y el posible traslado de los normalistas al municipio de Huitzuco, ya que recibió un mensaje desde esa zona.

Un elemento importante: el día 30 de septiembre de 2014, se registró actividad en la línea telefónica de Julio César, entre las 14:19:52 horas y 14:19:58, con uso de datos en la ubicación de la Antena Benito Juárez, en el centro de Iguala.

“El IMEI no cambia en ninguna de las comunicaciones descritas por lo que se trata del mismo teléfono. Ese es el último registro de activación de antenas por parte de la línea de Julio César. Esta actividad no fue detectada por DGCTC y en lo que respecta a PF, identifica la actividad del día 30”, señala el GIEI.

“Como se mencionó, el GIEI no posee una explicación del porqué estos datos no fueron utilizados en la investigación”, agrega.
Crítica del GIEI

Crítica del GIEI y planteamiento de la CNDH

A pesar de que el análisis de las comunicaciones es información fundamental para identificar a los perpetradores de los ataques contra los normalistas, y establecer el destino de los estudiantes desaparecidos, señala el GIEI, no se realizaron diligencias para esclarecer, dónde y quién activó estas líneas de telefonía.

En tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su reporte Estado de la Investigación del Caso Iguala presentado en abril de 2016, propuso a la PGR obtener la georreferenciación de los teléfonos celulares de normalistas, que habrían tenido actividad los días 26 y 27 de septiembre de 2014, según referencias hechas a visitadores.

“Se estima que la información de las comunicaciones telefónicas que por voz y datos pudieron haber sostenido los alumnos desaparecidos, realizadas precisamente el 26 y 27 de septiembre de 2014, son fundamentales para la investigación de la “Ruta de Desaparición””, indicó la CNDH.

“La determinación del área en la que se sostuvieron las comunicaciones así como la fijación y corroboración de las fechas y horas en que fueron efectuadas, permitiría a los investigadores orientar las acciones de búsqueda de los estudiantes”, agregó.

La PGR no ha emitido alguna definición precisa respecto a quién estuvo a cargo del uso de los teléfonos, durante y después de los ataques de las noches del 26 y 27 de septiembre de 2014.




Fuente: Animal Político
Autor: Redacción
http://www.animalpolitico.com/2016/05/los-telefonos-de-normalistas-de-ayotzinapa-activos-dias-despues-del-ataque-en-iguala/

Los ataques al GIEI, desde niveles muy, muy altos

Entrevistada en su despacho de Bogotá, la exfiscal Ángela Buitrago reitera a Proceso que hubo línea de “muy arriba” para obstaculizar la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Los últimos cuatro meses hubo una cerrazón de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Gobernación y de los militares. Sin embargo, dice, ella y sus compañeros indagaron en varias líneas que aún están pendientes de resolver, entre las que destacan el misterioso “Patrón” de Huitzuco y otros personajes de ese municipio guerrerense.

BOGOTÁ (Proceso).- La exfiscal colombiana Ángela Buitrago creía que los furiosos ataques de la extrema derecha colombiana dirigidos en su contra la década pasada –por investigar a militares involucrados en graves violaciones a los derechos humanos– le habían dejado la piel lo suficientemente dura.

Pero su trabajo durante 13 meses en México como integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en torno al caso Ayotzinapa le demostró que no era así; supo también que sus investigaciones podían desatar reacciones aún más virulentas que las que enfrentó en Colombia.

“En México hay francotiradores en la prensa que tiran a matar; son muy duros. Son contratados (por las autoridades) y (publican notas y reportajes) sesgados. Están hechos para eso: para pegarte un tiro con mentiras y tergiversaciones”, sostiene.

Hace dos semanas ella y los otros cuatro integrantes del GIEI divulgaron en la Ciudad de México su segundo y último informe sobre los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, y aún no se ha desprendido del todo de esa investigación. “Quizá nunca logre hacerlo”, comenta.

Todavía le dan vueltas en la cabeza las diligencias y las líneas de investigación inconclusas, los obstáculos que le pusieron al GIEI la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación –las instituciones coadyuvantes– a partir de enero.

“Fue una experiencia muy dramática desde el punto de vista humano porque hay 43 familias que no tienen respuesta sobre lo que pasó con sus hijos. Eso es muy duro. Son víctimas que no han tenido ni verdad ni justicia. El Estado las oye, pero no las escucha”, dice a Proceso la exfiscal en su despacho de abogada penalista en el centro de la capital colombiana.



Fuente: Proceso
Autor: Rafael Croda
http://www.proceso.com.mx/439984/los-ataques-al-giei-niveles-altos

lunes, 2 de mayo de 2016

GIEI se despide con 20 recomendaciones a PGR para resolver caso Ayotzinapa

Testimonios y capturas pendientes; nuevas líneas de investigación; considerar otras violaciones a derechos humanos y dejar de criminalizar a las víctimas son parte de las tareas que le deja el grupo de expertos a la PGR.

Este 30 de abril concluyó el segundo mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, por lo que entregó una serie de recomendaciones a la Procuraduría General de la República (PGR) para que continúe con el caso.

En un comunicado, el grupo de expertos dio a conocer las 20 recomendaciones hechas a la dependencia:

  1. Unificar las causas penales. Esto para que pueden ser concentradas y juzgadas de manera integral.
  2. No fragmentar el expediente. Aquí piden incorporar al expediente todas las Averiguaciones Previas iniciadas, lo que será clave para determinar las responsabilidad de cada uno de los autores.
  3. Integrar toda la información de la noche de los hechos con la investigación al grupo criminal, en este caso Guerrero Unidos, para que la Oficina del Caso Iguala tenga al alcance toda la información y contexto.
  4. Considerar otras violaciones a derechos humanos y ampliar los cargos a los presuntos responsables
  5.  Testimonios pendientes. El GIEI insiste en tomarle la declaración a personajes que considera clave en el caso, como los militares del 27 Batallón de Iguala, funcionarios del municipio y familiares de víctimas.
  6. Seguir la red de telefonía entre los presuntos responsables para identificar a más involucrados
  7. Hacer un estudio de balística entre los casquillos encontrados en las zonas clave del caso y las armas de policías de todos los niveles, así como una explicación de peritajes de balística que no fueron notificados.
  8. Establecer fechas concretas y no expectativas de los resultados de análisis de restos enviados a la Universidad de Innsbruck, Austria.
  9. Incorporar al expediente la documentación militar disponible, desde los protocolos de actuación de las fuerzas armadas, hasta la recuperación de fotos y videos que involucren a militares.
  10. Investigar el tráfico de estupefacientes como una de las líneas de investigación para saber si tuvo alguna relación con los ataques a los normalistas.
  11. Identificación del quinto autobús en el caso así como investigar las versiones de los choferes y empresas de transporte.
  12. Investigar las denunciar de tortura  detenidos por el caso.
  13. Determinar si actuaron legalmente cada uno de los servidores públicos involucrados cada etapa de los hechos.
  14. Realizar las capturas pendientes del caso, como la de Felipe Flores Velásquez, exsecretario de Seguridad Pública de Iguala.
  15. Investigar los recursos de todos los presuntos responsables y determinar si su origen es legal o no.
  16. Investigar a funcionarios por presunta obstrucción de información en el caso.
  17. Cambiar la versión pública del caso como una “verdad histórica”, y agregar otros motivos por los cuales los estudiantes fueron atacados. Independientemente de que haya evidencia científica de los restos de uno de ellos.
  18. No interrumpir las diligencias y continuar con el proceso de búsqueda de los normalistas.
  19. Mantener el diálogo entre los familiares de las víctimas y la Procuraduría.
  20. Cese a la criminalización de los familiares de los desaparecidos y evitar nuevas maneras de victimizarlos.

Ahora que concluye esta etapa del caso, las líneas de investigación pendientes quedarán a cargo de la PGR, con quien el grupo de expertos tuvo fuertes diferencias al momento de investigar el caso.


Una de ellas fue la grabación de  visitas al río San Juan, en Cocula, del director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón que no fueron integradas en el expediente y que causaron una serie de acusaciones entre el funcionario y el grupo de especialistas.

El comunicado termina con un agradecimiento del GIEI tanto al Estado mexicano, como a los familiares del caso y a varios sectores de la sociedad por el seguimiento a la investigación.

“A todos ellos y a las instituciones del Estado mexicano, el GIEI les deja estas recomendaciones, los dos Informes Ayotzinapa I y II, y espera que el mecanismo de seguimiento que se articule entre las partes con la CIDH contribuya a mantener el apoyo internacional en este caso que ha conmovido a México y el mundo”, concluyó.

20 recomendaciones del GIEI para el caso Ayotzinapa:



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/05/giei-se-despide-con-20-recomendaciones-a-pgr-para-resolver-caso-ayotzinapa/

domingo, 1 de mayo de 2016

Ayotzinapa, una “verdad” demolida

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes –llegado a México como coadyuvante en la investigación del caso Ayotzinapa– se fue del país en plena confrontación con el gobierno federal. Pese a los obstáculos que enfrentaron sus cinco integrantes, lograron desenmascarar al gobierno y sus operadores, de manera notable al exprocurador Jesús Murillo Karam y a Tomás Zerón de Lucio, su comparsa en la escandalosa e inverosímil “verdad histórica” y dejaron abiertas innumerables preguntas.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 28 de octubre de 2014, los periodistas gráficos freelance Daniel Villa y José Manuel Jiménez tuvieron una jornada singular: tomaron innumerables fotos y grabaron un video en las inmediaciones del río San Juan, en Cocula, relacionado con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Dieciocho meses después sus imágenes cobraron relevancia, pues muestran las irregularidades con las que se construyó la “verdad histórica” pontificada por Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR).

Esa versión se apoyó en el trabajo del responsable de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, el funcionario al que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusaron de presuntamente “tergiversar” los hechos ocurridos en el río San Juan, donde, según la versión oficial, presuntamente quedaron los restos calcinados de los estudiantes.

Ese día, Villa y Jiménez tuvieron problemas para difundir su trabajo, según cuentan a Proceso por separado.

Villa no pudo colocar su serie fotográfica en los medios, en tanto que Jiménez –excolaborador de este semanario– vendió su video a la productora Vice. La empresa no atendió las recomendaciones de incluir en un documental la imágenes en las cuales aparece Zerón junto a Agustín García Reyes –uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas–, y varios hombres armados, uno de ellos fornido, con traje oscuro, relata Jiménez.

Y Villa comenta divertido: “Ahora resulta que la serie fotográfica del 28 de octubre de 2014 –el fracaso de mi vida– sirvió para que Ayotzinapa no quede en el olvido… Movió al sistema”.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2061, ya en circulación



Fuente: Proceso
Autora: Gloria Leticia Díaz
http://www.proceso.com.mx/439101/una-verdad-demolida

viernes, 29 de abril de 2016

Confesiones de un periodista frustrado-Ricardo Alemán

Ricardo Alemán luce molesto, acaba de recibir una llamada de su jefe.

Se despide ante las cámaras de su programa en forotv.


Al parecer tendrá que trabajar hasta tarde.


Aun no ha terminado su articulo donde desenmascara a los estudiantes que sufrieron un crimen que ellos mismos cometieron apoyados por un grupo de expertos independientes provocadores y extranjeros.


Por las prisas, olvida ponerse su fragancia favorita " aroma de chiquero".
Son las 22:00 hrs. Aproximadamente.


Llegas tarde- le dice su jefe.
Lo siento, tuve un poco de....- Ricardo no termina la frase ya que cierran de golpe las puertas de la oficina.


Es ahí cuando Ricardo demuestra su profesionalismo, se coloca en la posición correcta y analiza con su boca la intensidad de su jefe.


"Mas fuerte Ricardo, mas fuerte"-le dice el señor Emilio.


"Glubsslurrp si glubbssbsilf chup"- contesta Ricardo.


Después de varios minutos termina su trabajo,su jefe le otorga un papel para limpiarse y una goma de mascar no sin antes restregarle  varios billetes en la cara.


Se retira con cierta tristeza, quiere que lo reconozcan por el otro trabajo que hace, el de hablar bien de nuestro heroico gobierno.


" Algún día seré un gran periodista" , piensa para sus adentros recordando que mañana tiene una cita con su otro jefe, el carismático gobernador del Estado de Mexico.

jueves, 28 de abril de 2016

Tomás Zerón llevó a detenido torturado y “tergiversó” la realidad: GIEI

"Ningún forense puede entrar a una escena del crimen, manipular la evidencia", precisaron.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes respondió al director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien el miércoles dijo que su visita al río San Juan, en Cocula, Guerrero, el 28 de octubre 2014 -que no consta en el expediente-, fue “legal y transparente“.


Carlos Beristain indicó que el detenido Agustín García Reyes fue llevado al lugar, con signos de tortura.

El inculpado tenía “numerosas lesiones físicas cuando fue llevado a dicho lugar… (tenía) 30 lesiones que no tenía tras su detención“, refirió.

García Reyes había rendido su declaración la madrugada del 28 de octubre según el expediente de la PGR, es decir, el mismo día que fue llevado a las inmediaciones del río en Cocula.

Además, el experto señaló que, en su video presentado el miércoles, Zerón “manipuló” la presencia de dos enviados de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, quienes nunca estuvieron en el río San Juan, sino que fueron invitados a recorrer el basurero de Cocula

“En ningún momento (los dos enviados) vieron a García Reyes (el detenido) en el lugar”, apuntó.

“Las afirmaciones del señor Zeron constituyen una tergiversación de la realidad”, sostuvo Beristain. 

“El GIEI considera graves las declaraciones de Zerón”, agregó y llamó a hacer una investigación imparcial de los hechos, además de que “la Agencia de Investigación Criminal debe estar fuera de cualquier procedimiento de investigación para asegurar la imparcialidad de la misma”. En el mismo sentido, pidió que “se tome declaraciones a todos los funcionarios”.

El comportamiento de Zerón, señaló Beristain, es en “contradicción con los estándares mínimos de investigación y por el contrario agravan el problema”.

“El problema es la falta de documentación, el no seguimiento de protocolos en la recolección de evidencias”, recalcó.

Al respecto, Francisco Cox aseguró que comportamiento de la Agencia de Investigación Criminal deja dudas.

Es “inaceptable” que un perito desestime pruebas in situ, sin dejar ningún registro, agregó.

Por su parte, Claudia Paz indicó que la presencia de la oficina del Alto Comisionado de la ONU ocurrió “cuando ya se había realizado lo que nosotros vimos en el video”.

“Ellos fueron invitados junto con la prensa al basurero de Cocula, nunca estuvieron presentes en el río San Juan”, precisó. Pero Zerón “está sugiriendo que ellos estuvieron presentes en el río San Juan”, cuando “no estuvieron presentes, acudieron por invitación de PGR, se dirigieron hacia el basurero de Cocula”.

Sin embargo, “ni la presencia de ellos en el sitio podría legalizar la visita” de Zerón, aclaró, la cual “se aparta de los estándares mínimos internacionales”, dijo la experta.

“Ningún forense puede entrar a una escena del crimen, manipular la evidencia, ninguno de nosotros podría ir a una escena del crimen, pasearse sobre la escena del crimen, escoger la evidencia, y volver un día después”, finalizó.

A su vez, Ángela Buitrago añadió que “la toma en donde aparecen los miembros que ha mencionado él como parte del organismo internacional se encuentran donde está el helicóptero y ese sitio es Cocula, no es el río San Juan”. 

Insistió en que la presencia de Zerón en el río San Juan “no tiene ninguna acta circunstanciada sobre el día 28 de septiembre de 2014”.

“Si ese material (el video que presentó Zerón) pertenece a alguna investigación no tiene que estar en manos de una agencia de policía”, indicó.

Recordó que “jurídicamente una diligencia… donde hay una escena del crimen, o posible recolección de evidencia, debe quedar consignada desde el minuto cero”. 

“Una escena del crimen que fue procesada, como lo vieron ustedes en el video que presenta Zerón, el 28 de octubre 2014, tendría que haber quedado registrada, más si es la arroja resultados (al día siguientes)”, sentenció.

Además, “un traslado de inculpado como se trata del señor García Reyes, quien había rendido declaración la madrugada del día en que lo trasladan, debía haber sido realizada con un protocolo… todo debe quedar documentado”.


Postura íntegra del GIEI sobre Zerón:

Postura del GIEI by Aristegui Noticias:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2804/mexico/tomas-zeron-llevo-a-detenido-torturado-y-tergiverso-la-realidad-giei/

Tomás Zerón tergiversa la realidad y su comportamiento es impropio: GIEI

Tomás Zerón de Lucio, director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, tergiversa la realidad y su comportamiento es impropio, criticaron este jueves 28 de abril integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).


Como respuesta a los dichos de Zerón, respecto a que su presencia en el Río San Juan el 28 de octubre de 2014 había sido legal, los expertos resaltaron que ese conjunto de declaraciones confirman, en primer lugar, que la diligencia de aquel día no se encuentra registrada en algún expediente sobre el caso del ataque contra los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Carlos Beristain, del GIEI, dijo que no está en los expedientes el hallazgo de cuatro bolsas en el Río San Juan, a las que se refirió Zerón, respecto a la diligencia del día 28 de octubre, y que no se siguieron los protocolos adecuados para la toma de muestras por parte de los peritos de la PGR.

Zerón dijo en la conferencia del miércoles 27 de abril que en un video que mostró el GIEI el domingo pasado se observa a un perito recogiendo un posible indicio en el Río San Juan, y que “ese indicio se entregó a  un especialista en antropología forense, quien desde ese momento descartó que se tratase de un hueso humano, por lo que no tuvo ningún valor criminalístico” que ameritara incorporarlo a la averiguación previa.

Al respecto, el GIEI señaló que ese procedimiento fue incorrecto.


“El señor (Zerón) señala que un antropólogo forense descartó que el hueso sea de origen humano, sin embargo el GIEI señala que no puede realizarse ningún descarte sin tener algún registro de la acción, sin un acta sobre la evidencia y de evaluación de la muestra”, dijo Beristain, del grupo de especialistas.

Los expertos del GIEI se refirieron al traslado de un detenido al río San Juan, Agustín García Reyes, aquel día 28.

“Con base en el informe Ayotzinapa II recientemente, Agustín García Reyes mostraba para entonces numerosas lesiones físicas, que suponen indicios serios de tortura cuando fue llevado a dicho lugar. El informe médico de la PGR, del 28 de octubre de 2014, a las 00:50 de la madrugada, es decir, dos horas después de su ingreso en la SEIDO, y 7 horas después del primer informe médico realizado posteriormente a su detención, refiere la existencia de 30 lesiones que no tenía al momento de ser revisado por el médico naval” en el momento de su detención, dijo Beristain.

El detenido, García Reyes, dijo al psicólogo en una evaluación que fue torturado, que le pusieron una bolsa en la cabeza, que le pegaron y lo electrocutaron.

En otro punto de su mensaje, los expertos mencionaron que el video que presentó Zerón para defender su actuación en la zona del Río San Juan está editado, y dijeron que la Agencia de Investigación Criminal debe quedar fuera del caso Ayotzinapa, para garantizar la imparcialidad mientras se hace una investigación sobre las irregularidades detectadas.






“El video presentado por el señor Zerón está editado, apareciendo una parte que muestra cuando estaba en la escena del río San Juan, con el detenido Agustín García Reyes, y después un corte en el que aparece la Marina, para indicar que había testigos. El GIEI quiere señalar que, según los testimonios recogidos, cuando se llevó a Agustín García Reyes se había retirado la custodia del lugar, por lo que la aparición de miembros de la Marina corresponde a un momento posterior”, dijo Beristain.

Zerón dijo que su presencia en la zona del río Cocula había sido atestiguada por representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, sin embargo, los expertos del GIEI hablaron sobre una manipulación, ya que en ningún momento miembros de la ONU vieron al presunto responsable, García Reyes, ni estuvieron en el escenario del río San Juan.

El comportamiento de Zerón, dijeron integrantes del GIEI, entra en contradicción con los estándares mínimos de investigación.

“Las afirmaciones del señor Zerón en su conferencia de ayer constituyen una tergiversación de la realidad. Asegurar que la llegada de miembros del Alto Comisionado a Cocula y posteriormente al basurero de Cocula, reitero, no al río San Juan, suponen una verificación del traslado del señor García Reyes y de las condiciones legales del mismo, constituyen un comportamiento impropio de un director de la Agencia de Investigación Criminal”, dijo Beristain.


El video que Tomás Zerón presentó este 26 de abril en conferencia de prensa.



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/tomas-zeron-tergiversa-la-realidad-y-su-comportamiento-es-impropio-giei/