Los padres de los 43 están en riesgo, alerta el GIEI

A unos cuantos días de que los cinco expertos del GIEI abandonen el país, ya con las maletas hechas, su mayor preocupación es la seguridad de los padres de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Ciudad de México, 26 de abril: Para el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que revisó la indagatoria sobre la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, lo más preocupante ahora es el futuro que espera a los padres de los jóvenes.

Y no sólo por la falta de justicia o de al menos avances en la investigación del crimen, sino por los potenciales riesgos de que sean sometidos a prácticas de criminalización o revictimización.

Esto, plantea el integrante del GIEI, Alejandro Valencia Villa, después de la difusión de conversaciones telefónicas que fueron interceptadas de manera ilegal tanto a padres de familia como a los coadyuvantes en la investigación.

“Eso nos preocupa bastante, incluso más que hasta el destino de nuestro informe”, dice el experto.

“Lo hemos visto en las reuniones incluso, unas reuniones muy fuertes anímicamente, una situación de desamparo […] Y pues con estas campañas que se vienen haciendo tanto de revictimización, por una parte, como de criminalización, por la otra… nos preocupa mucho y nos preocupa mucho la protección y seguridad de ellos, así como de sus representantes, de las organizaciones peticionarias, y yo creo que hay que acompañarlos; es decir, hay que estar pendiente de ellos porque nos da susto, nos da temor que esto pase a mayores”, agrega.

En entrevista con SinEmbargo, los integrantes del GIEI Ángela María Buitrago y Valencia Villa hablaron sobre las características que observaron como únicas del sistema judicial mexicano y observaron que aquí, a diferencia de otros países, la “forma por la forma” burocratiza y dilata la práctica judicial, además, de que el peso que se les da a las declaraciones, dice Valencia, es enorme.

“O la ausencia de investigación de responsabilidades de superiores; es decir, en países de América Latina por casos de esos uno ve que investigan mandos medios, mandos altos vinculados, hay cadenas de mando, etcétera… Uno ve como que aquí hay cosas que se dificultan”, dice Valencia.


“O volvemos al tema de las víctimas […] muchos países de América Latina, incluso países mucho más pequeños que México, sin tanta historia, tienen ya un recorrido súper interesante de un aprendizaje para atención a las víctimas y de trabajo psicosocial, y eso aquí apenas está empezando. Es decir, falta mucha concientización en muchos de estos temas que son clave y creo que hay mucho por aprender y por hacer”, agrega.

–Con los detalles de la información, si nos pudieran auxiliar un poco para ubicarnos, sobre el papel de “El Caminante”. No sé cuál sea la interpretación que hagan al margen de lo que se plasma en el expediente, de este personaje.

–Ángela Buitrago [AB] Digamos dentro de la investigación ‘El Caminante’ es uno de los interlocutores que tienen más contacto con las personas que están inculpadas hoy en día, que son parte, se investigan en términos de tiempos y frecuencias de llamadas. Es una línea de investigación que está dentro del expediente, que debería estar dirigida toda la mirada hacia esos elementos, para poder concluir y relacionar a ese cruce de agendas que se tienen. Definir quién era, qué relaciones tenía con otros actores, a cómo todos los antecedentes de esta persona pueden llevar a muchas conclusiones dentro de la investigación. Por qué la relación y la frecuencia que existe dentro de esa comunicación, en las horas críticas; por qué cuando se establecen esos patrones, lo que permite decir también que es una comunicación múltiple en horas que tendrían que llamar la atención desde el punto de vista investigativo.

–Alejandro Valencia [AV] Vemos que puede ser un enlace operativo importante, por eso, en los hechos.

–En el informe ustedes detallan con un diagrama con todos los que tuvo relación. Que habló hasta con Guerreros Unidos, ¿por qué no está detenido este personaje?

–[AB] Porque no se ha individualizado. No se sabe quién es.

–¿Cuál fue el tratamiento que le dio la Procuraduría General de la República (PGR) a este personaje inicialmente?

–[AB] Lo tienen como punto de observación. Ese cuadro sale a raíz que puede estar ahí y nosotros solicitamos toda la información para corroborar las líneas de investigación.

–Con respecto a toda la investigación, nos gustaría ver si ustedes podrían identificar a alguno de los funcionarios que estuvieren manipulando la investigación, ¿se podrían fincar responsabilidades aquí en México?


–[AB] Mira, nosotros somos cuidadosos: lo primero que nosotros ponemos a disposición de la autoridad mexicana son los elementos que hemos visto, pero nosotros no asignamos responsabilidades, ni en el tema de quiénes se llevaron a los muchachos, ni en ningún otro tema. La autoridad es la que tiene que investigar y fallar. Para nosotros decir ‘los hacemos responsables de’, se necesita de un juicio, una investigación y una cantidad de cosas. Pero sí ponemos de precedente que hay una serie de elementos que fueron retrasados o una interrupción que decimos nosotros a partir de enero, que significa que hay un tema que debe llamar a la reflexión en términos de por qué se hizo. Lo segundo es que en particular se encontraron unos elementos y se encuentra material gráfico y fílmico para poder llegar a un momento dado, a que por lo menos se diga y se constante que en el expediente y averiguación eso no existe. Si no existen esas constancias, si no existe esa acta, si se trasladó a un inculpado y existen unas personas que se desplazan un día antes de lo que dice toda la AP01/2015 [la averiguación previa sobre el caso Iguala], pues por lo menos en un formalismo como es el mexicano en donde todo tiene que ser registrado, todo tiene que tener acta, todo tiene que tener constancia, inclusive, verificación por testigos de asistencia, no encuentro una explicación para que no esté. Además es evidente de que hay material que se recoge ese día que no está registrado en el expediente. Ponemos todo eso sobre la mesa para decir ‘mire, aquí tenemos estos elementos y la lectura nuestra es de que se debe investigar, saber qué pasó’. No podemos decir que quedemos satisfechos de que eso sucede y que no se haga, estamos diciendo el competente es la fiscalía y los jueces para asignar responsabilidades.

–¿Qué papel jugó aquí Tomás Zerón [De Lucio, Director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR] en la investigación con ustedes? ¿En la manipulación? Porque él estuvo ese día en el río.

–[AB] Lo que nosotros podemos decir es que el jefe de la división criminalística es él. Nosotros podemos decir es que él aparece en el video del 28 de octubre de 2014, y que por esa razón y frente la presencia del jefe máximo de la división de criminalística, pues tendría que explicarse las razones por las cuáles no hay constancia de esos actos. Creo que eso es lo que tiene que verificar el Gobierno mexicano o la Fiscalía de la PGR.

–Ustedes tuvieron contacto con los más altos niveles y grupos políticos en México, que tuvieron relación en el caso Ayotzinapa. Si le pusieran nombre, ¿quién sí mostró apertura y quién se cerró? ¿Qué personas en concreto se cerraron con ustedes?

–[AB] Yo desde el campo investigativo tengo que decir que hubo una apertura por parte de la Procuradora Arely [Gómez González], tuvimos una apertura que nos ayudó mucho por parte de la Policía Federal (PF), que nos acompañó a las diligencias en particular la división de Gendarmería y tuvimos una apertura, en términos de grupo que eso lo tenemos claro, para mí del subsecretario [Roberto] Campa.

–¿Y quiénes se cerraron?

–[AB] Quienes se abrieron, te contesté.

–Pero mi pregunta también es: ¿Quiénes se cerraron?

–[AB] Lo que pasa es que si te estoy diciendo quiénes se abrieron, técnicamente creo que de todos modos, esos son por lo menos para mí, se lo reconozco en la parte de la apertura. El tema es que también hubo muchas cosas que no caminaron bien.

–¿Qué cosas no caminaron bien?

–[AB] Nosotros solicitamos con mucho tiempo de antelación la entrevista con personas que estaban inculpadas por segunda oportunidad, ahí hubo un cierre completo. En el segundo mandato no hubo posibilidad de entrevistar a estas personas. Tuvimos pretensión de conocer muchas de las AP [Averiguaciones Previas] con tiempo para poder evaluar qué relación tenían con el caso, y tampoco se pudieron conocer esas averiguaciones previas. Cuando hablas en esos términos, lo que estás diciendo es puede haber buena voluntad, pero en el camino están quedando todos esos hechos que generaron ese cierre que nosotros percibimos en enero de 2016.

–¿Hubo cerrazón del Ejército?

–[AB] Bueno eso es evidente. Hubo manifestaciones públicas del jefe de esa institución y desde el principio. Cuando nosotros intentamos entrevistar a los miembros del 27 Batallón, también solicitamos una información muy relevante para la investigación, las bitácoras, los informes de inteligencia. Supimos que ellos tomaron algunas fotografías y videos y esa información no fue ni suministrada ni a nosotros ni a la PGR, que era la autoridad de este país encargada de la investigación del caso.

–Pero todas estas cerrazones o los problemas que tuvieron en el camino, ¿provenían directamente de la PGR?

–[AB] Son áreas diferentes. El tema del Ejército no lo maneja la PGR, directamente quien se encarga de manejar eso es el Secretario de Gobierno y sobre esos elementos sale el jefe de la institución a decir que no habrá acceso, nos tacha de extranjeros, nos dice que los extranjeros no podemos entrevistar a los militares, pero más que entrevistar a los militares, era conseguir el material que podía ayudarnos en la investigación: un informe, bitácoras, documentos que tuvieran relación con el hecho. Ahí hay claro una manifestación desde el principio de que eso no va a suceder.

–Nos pueden dar una radiografía, un balance de, ¿cómo observaron este intestino del Estado mexicano?, ¿hubo pugnas?, ¿quiénes son?

–[AB] Nosotros no pudimos observar eso porque no nos metimos a la parte muy interna, de lo que tu llamas el intestino mexicano. Lo que pudimos observar desde nuestra competencia y para lo que veníamos es que sí hay una ambivalencia en determinados miembros. Qué podamos hacer un diagnóstico de Gobierno, mal lo haríamos. Lo segundo que podemos decir es que, y voy a utilizar una palabra que utilizó uno de los miembros del Gobierno, es que el Estado no es monolítico y cada uno tiene su posición, cada quien tiene una participación determinada, pero hacerlo nosotros, creo que les corresponde a ustedes que conocen realmente el manejo interno de acá.

–[AV] Lo que hicimos fue presentar unas recomendaciones como línea de diagnóstico, pero en particular más del sistema mexicano y más específica de la investigación penal en el caso como éste. Ni siquiera un diagnóstico a profundidad, es una pincelada a partir de un caso, decir qué cosas de la investigación penal mexicana nos preocupa de una manera muy general, como un abre bocas.

–Ayer, Francisco Cox [otro integrante del GIEI] contestó cuando les preguntaron: ¿Con qué sabor de boca se iban? Y dijo ‘con el peor’ . Esa fue la respuesta. ¿Si ustedes pudieran decir con nombre y apellido quién o quiénes deberían de salir de su puesto, de las personas con las que estuvieron tratando y ser investigado por las autoridades mexicanas en relación al caso Ayotzinapa, quiénes serían estas personas?


–[AB] Ahí te quiero precisar el contexto en que lo dijo Francisco: con el peor, porque no pudimos encontrar a los desparecidos, el contexto de esa afirmación es que nosotros hubiéramos querido realmente encontrar a los muchachos. Nosotros no nos vamos con un sentido peyorativo frente al Estado mexicano. Nosotros hacemos esa manifestación en torno que no encontramos a los muchachos. Hecha esa aclaración, volvemos a lo mismo: nosotros no podemos hacer un juicio de responsabilidad sobre nadie; le compete al Estado mexicano realizar las indagaciones, a la sociedad mexicana hacer una fiscalización de todo esto, pero nosotros no somos quiénes para decir quién es responsable o no.

LAS REVELACIONES DEL CASO

–¿Qué revela el caso Ayotzinapa?

–[AV] Muchas cosas y lo que hemos intentado mirar es la punta del iceberg de la desaparición forzada en este país. Revela los dilemas a los que están sometidos las víctimas, de violaciones a derechos humanos. Revela cómo es la investigación penal de un caso de derechos humanos, para nosotros es una radiografía que permite ver muchas cosas en México.

–[AB] Debe ser un modelo, no debe ser aislado, nosotros tuvimos acceso a otras AP.

–[AV] Lo que nosotros señalamos, modestia aparte, es que debe haber lecciones aprendidas, a partir de nuestro trabajo, unas lecciones aprendidas frente a estos temas: cómo hacer una investigación en materia de derechos humanos en México, cómo deben ser los criterios para atención a las víctimas, cómo se deben desarrollar las búsquedas de las persona desaparecidas. Creemos que ahí estamos dando un aporte que esperamos sea recogido por algunos sectores, y sobre todo por las instituciones.

–Ustedes hablaban de toda esta burocracia a la que se enfrentaron siendo expertos que venían de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ¿qué será para un mexicano común?

–[AV] El formalismo nos impresionó mucho. Uno está acostumbrado a un sistema legal escrito, es formal, pero aquí salimos realmente impresionados de lo excesivo en muchas formas. Por eso nos sorprende tanto este episodio del video, del 28 de octubre. Aquí para que un detenido vaya a una reconstrucción de hechos se necesitan un montón de permisos, de cosas y esto que pasó acá [en el río San Juan] nos llama tanto la atención. Un caso que lo ilustra es la situación de Julio César Mondragón: cómo una diligencia de exhumación por pedir una identificación de ADN tardó tres meses. Decimos sí había un grupo detrás de ellos, con toda la atención del mundo, qué será para un cuidando común que haga una diligencia de exhumación.

–[AB] Una de las garantías de un Estado democrático, es el acceso a la justicia.

–¿Qué observaron en México que sea particular sólo a los procedimientos de la justicia mexicana, aparte de estos formalismos?

–[AB] Parto de la base de una desconfianza institucional que debe surgir de algún conocimiento, pienso yo, ha de surgir de alguna percepción en las base social.

–¿Más grave que en Colombia?

–[AB] Claro. Por ejemplo, en Colombia, el documento público se reputa auténtico; es decir, es auténtico porque lo presenta un funcionario, que no necesita nada más. Aquí presenta un funcionario público un documento, lo tiene que ratificar, certificar, exhibir de nuevo su carnet, poner testigos, y eso a la vez el agente del Ministerio Público (MP) tiene que hacer un documento donde ponga el resumen de ese documento que rindió el perito para que tenga validez probatoria. Si bien es cierto nosotros somos formalistas, porque el sistema inquisitivo de nosotros es formalistas, digamos [aquí] es la forma por la forma, porque mientras tú haces todo eso, que gastas más o menos unas tres horas en un solo informe que puede tener 500, 600 o 700 páginas; entonces, a mí, ¿qué me preocupa? Que lleve la ratificación del Ministerio Público, que lleve la notificación del funcionario, la fotocopia del documento, que además no se me vaya a pasar el testigo de asistencia. O sea, cada diligencia necesita un MP, dos testigos de asistencia mínimo; entonces, eso te hace que en el fondo nadie se preocupe por qué fue lo que me dijo o el contenido, si no cómo tengo que acreditar el documento en el expediente, y eso quita mucho tiempo. Y si una de las cosas que requieren estos casos es la velocidad y la vertiginosidad de la prueba es el análisis, ¿a qué hora te queda tiempo si tienes que hacer tanto documento, tanta formalidad?

–[AV] Hay muchas cosas, mucho de lo que está en esas recomendaciones es porque lo vemos muy singularizado aquí: el tema de los testimonial y la prueba confesional, aquí eso tiene un valor enorme frente a otros contextos, o la ausencia de investigación de responsabilidades de superiores; es decir, en países de América Latina por casos de esos uno ve que investigan mandos medios, mandos altos, vinculados, hay cadenas de mando, etcétera; uno ve como que aquí hay cosas que se dificultan, o volvemos al tema de las víctimas, tal vez porque no habido una suficiente experiencia en muchos temas. Por ejemplo, el tema de memoria de víctimas, muchos países de América Latina, incluso países mucho más pequeños que México, sin tanta historia, tienen ya un recorrido súper interesante de un aprendizaje para atención a las víctimas y de trabajo psicosocial, y eso aquí apenas está empezando. Es decir, falta mucha concientización en muchos de estos temas que son clave y creo que hay mucho por aprender y por hacer…

–Digamos que los mecanismos que activan la impunidad aquí son más…

–[AB] Sofisticados…

–Y eso ¿cómo opera? ¿Cómo responden cuando están haciendo una pregunta, cuando estamos tratando de investigar, qué actitud perciben?

–[AB] Primero, una desconfianza muy grande y eso lo ve uno, porque quizá nunca se entendió la verdadera dimensión de lo que quería la medida cautelar; uno. Y dos, porque somos extranjeros, eso sí nos lo han recalcado infinidad de veces, y tres: digamos que se logró con el nuevo equipo un acercamiento en ese sentido, de que se trataba de trabajar en conjunto, pero también creo, y es un tema que hay que evaluar mucho, es que una decisión de Estado debe asumirse con la connotación clara de que se aceptó. Entonces, si somos ambivalentes, pues nadie sabe qué es lo que realmente se quiere. Entonces, creo que se tendría que marcar muy claro la correspondencia entre lo que quiere quien asumió el compromiso y el resto de las instituciones, o definitivamente se asumió el compromiso en un sentido diferente al que cree que se asumió. Esas son dos cosas que se tienen que definir claramente.

–[AV] Y ha caído en lo formal; entonces, a veces todas las cosas son muy formales. Y uno dice aquí no solamente es el formalismo, aquí venimos a trabajar. También aquí el tema de la opinión pública, la imagen ante la opinión pública importa mucho a las instituciones.

–El Gobierno mexicano, ¿aceptaría que vinieran a México sólo por este asunto de la imagen internacional?

–[AB] Esa es una pregunta para el Gobierno mexicano.

–[AV] Sí, pero la presión internacional creo que sí fue un elemento capital para la constitución del grupo…

–¿Cómo se quedan las familias? ¿Qué riesgos ven alrededor? ¿A qué debemos estar atentos?

–[AV] Eso nos preocupa bastante, incluso más que hasta el destino de nuestro informe; es decir, independientemente de nuestro informe y las recomendaciones, nos importan más ellos, porque mal que bien nosotros nos convertimos en un paraguas, ellos se sentían ya acompañados; decíamos ‘si no sólo era una labor de esperanza, sino que estamos haciendo un labor de compañía’, y pues si nos vamos y para ellos fue muy imprevista esta salida. Entonces sí, uno ve. Lo hemos visto en las reuniones, incluso unas reuniones muy fuertes anímicamente, una situación de desamparo; es decir, sentimos que se van a sentir solos, y pues con estas campañas que se vienen haciendo tanto de revictimización por una parte, como de criminalización por la otra, nos preocupa mucho, y nos preocupa mucho la protección y seguridad de ellos, así como de sus representantes, de las organizaciones peticionarias, y yo creo que hay que acompañarlos. Es decir, hay que estar pendiente de ellos porque nos da susto, temor que esto pase a mayores, que incluso se agraven las situaciones estas de victimización y de pronto de seguridad, y sobre todo cuando nos pierden a nosotros. Es, digamos, un golpe duro a sus esperanza, y como que si las vías legales se empezaran a agotar y lo que nos han manifestado ellos, que si la movilización social, que si la protesta, que si tendrán que regresar a eso; y nosotros les indicamos, ‘miren, por favor no, insístanle en el caso, en las vías legales, miren la Comisión Interamericana no los quiere dejar solos, ustedes tienen unos peticionarios responsables’… Pero uno no sabe, como dijimos, hay que estar muy atentos y estar con ellos…

–¿Estas escuchas son las que les dan estos indicios?

–[AV] Sí, justamente esos son como los radares, los focos que nos prenden las alertas, la alarmas frente a estos episodios.

–[AB] Y un punto importantísimo que creo que deberían trabajar es el tema de la visibilización de las víctimas, porque en este país están invisibles. Y con una crisis tan grave en términos de desaparición, en términos que uno ve que gracias al caso Ayotzinapa, y lo digo en el mejor de los sentidos, ojalá nunca hubiera existido, pero gracias al caso Ayotzinapa se encontraron muchísimos cuerpos de muchísimas desapariciones. Entonces, digamos que el tema es que el Gobierno sea receptivo de verdad, que dimensiones el tema pero además visibilice a la víctima. La víctima tiene que salir del ostracismo en el que la tienen, pero además de la marginación en que la tienen. Ayer había una señora en el evento que ha reclamado justicia por todas partes y el expediente ni siquiera se ha movido… Es un caso tras otro. No ha cerrado, ha aumentado y todos los días hablamos de cinco, seis, siete; ahorita el caso más reciente que ocurrió de seis personas, y yo creo que el Estado tiene que empezar a responder…. Entonces la pregunta es: no solamente son las víctimas del caso de los normalistas; ahí se representó una gran parte de lo que podrían haber hecho con las víctimas, pero las víctimas son miles de miles. Estamos hablando de 27 mil desapariciones, multiplica eso por víctimas indirectas, familias enteras, estamos hablando de cerca de tres o cuatro millones de personas, muy grave, me parece. Y el Estado, yo pienso, que sí tiene que visibilizar eso. Y en el caso en particular nuestro, de los desaparecidos que es por lo que estábamos en México, es necesario que apoyen y trabajen, y por eso el grupo promovió, en compañía de la CEAV [Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas], un protocolo que elaboraron, en particular el grupo que tienen el conocimiento de eso, que son Carlos [Beristáin] y Alejandro, en términos de cómo lograr también efectivamente la reparación a la víctima, la restitución, el acompañamiento y no revictimizar, en términos de que el Estado ahora empiece a señalar con el dedo a las víctimas cuando al contrario, tienes que acogerlas…

–¿Sospechan que el resto de los papás o quienes han salido a la opinión pública estén intervenidos?

–[AB] Nosotros no podemos sospechar algo. Nosotros sólo hablamos cuando tenemos elementos. Pero además el tema particular es que eso se debe investigar.

–[AV] La intervención telefónica, eso debe ser con una intervención legal, judicial… A nosotros sí nos llama la atención eso: que aquí los medios de comunicación pues filtran información, incluso alguna que nosotros ni siquiera conocemos, hasta cosas del caso nosotros las conocemos por la prensa…

–¿Eso no se ve, por ejemplo, en Colombia?

–[AB] Sí, en Colombia se ve, y hay revistas que utilizan ese medio; pero, en lo judicial, inmediatamente lo que se hace es desechar esa evidencia, porque es ilegal, a todas luces eso no sirve para nada, pero además también investigar por qué hay filtración…

–¿Cómo definirían la justicia mexicana?

 –[AB] Yo pienso que en cualquier sistema de justicia, no puedo desconocerlo, porque también lo viví en mi país, y desde el conocimiento académico de los sistemas: el sistema de justicia es un monstruo, un aparato muy grande, mientras no tenga coordinación y no tenga áreas especializadas en los temas, tendrá complejidades. Pero pienso que el aparato de justicia en México, como cualquier aparato, con sus defectos y virtudes, es el aparato que escogió la institucionalidad, y eso lo que hay que tratar es que mejore y que las críticas sean aceptadas. O sea, si a ti te dicen: ‘mire, por donde va no está bien’ y tú te empecinas, dice un amigo mío ‘un error una vez se acepta, pero cuando se insiste en el error ya muestra una intención’. Entonces, en justicia pasa lo mismo, si te estás dando cuenta que estás equivocando el camino, lo que uno tiene que hacer es recogerse e irse al otro lado. Pero el aparato como aparato tiene bondades, tiene una bondad por lo menos de un órgano investigador, tiene periciales y hay periciales muy buenos; lo que pasa es que aquí hay elementos que también hay que mirar que no solamente dependen de las normas sino de los valores de las personas; entonces, no le podemos cargar todo al sistema ni al diseño del sistema. Cuando tienes un muy buen sistema, pero malos seres humanos, el sistema no funciona..

–¿Y qué recomendación le dan a la sociedad civil mexicana, para que mejoremos esto?

–[AB] Que fiscalicen. El mejor secreto para la justicia es la publicidad, y el sistema democrático garantiza que el Estado se pone bajo el escrutinio de la sociedad, y ahí es donde debe reaccionar la sociedad: ‘bueno, sí, me estás diciendo esto’, y voy a poner un ejemplo, y si suena es coincidencia, por ejemplo, ‘me están diciendo que hubo 43 quemados en el basurero’, pura coincidencia, ¿qué debe hacer la sociedad? Muéstreme las pruebas. Y si las pruebas son contundentes o no, eso es un elemento.

–Exigir pruebas…

 –[AB] ¡Claro! Te voy a poner el ejemplo que salió ayer: el quinto bus es una línea cerrada, y ya vi una comunicación del Estado en donde dice que el quinto bus es una línea cerrada. Yo quisiera preguntar cómo cierran una línea cuando tienes tantas dudas. Si no se sabe por qué mintieron o sí mintieron, si no se sabe si el documento sí lo escribió o no lo escribió (el chofer del quinto autobús), salvo el tema del dictamen pericial; tres, tengo cinco testigos que me están diciendo que sí lo escribió, no tengo conclusiones sobre las pruebas en Estados Unidos del FBI. Pregunta: ¿cómo cierro el caso, y cómo le agoto a la sociedad el tema de que cerré el caso?


–[AV] Lo otro es que reconozcan a las víctimas, que acompañen a las víctimas; es decir, miren más a las víctimas, eso le diría a la sociedad civil. Creo que eso es como ver a la persona que ha sido afectada, tenerla muy en cuenta, creo que eso es central…

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/SHAILA ROSAGEL, SANDRA RODÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/26-04-2016/1652885

Grupo de expertos avanzó más que toda la PGR en caso Ayotzinapa: Cox

"La primera víctima del caso Ayotzinapa es la verdad", sentenció Alejandro Valencia.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes asistió este miércoles a la Normal Rural Rául Isidro Burgos, para presentar a los padres de los 43 su segundo y último informe del caso, tras poco más de un año en el país.

Francisco Cox señaló que “el Estado debe preguntarse por qué un grupo pequeño como el GIEI pudo avanzar más que toda una corporación como la PGR”. 

“No nos olvidaremos de ustedes y tampoco de este caso y diremos todo lo que hemos visto”, prometió a los familiares.

En tanto, Carlos Beristain indicó que en el informe se tratan de documentar “todas las cosas que quedan y esas cosas que quedan deben resolverse y deben afrontarse”. 

Sostuvo que con base en pruebas e investigación científica, las autoridades mexicanas deben “dar cuenta de los  hechos, qué pasó con los desaparecidos, y qué pasó con las personas que fueron asesinadas y los heridos, esa documentación que puede contribuir a enfrentar todo ese impacto de la desaparición forzada, esa herida permanente que ustedes viven desde ese entonces”.

Recordó que “hace 18 años estaba presentando un libro que se llamó Guatemala nunca más, también podría llamarse este Ayotzinapa nunca más, porque la voluntad del grupo y el trabajo del grupo ha sido para que estos hechos no vuelvan a suceder jamás”. 

Beristain llamó a “demostrar con pruebas, con análisis, con contraste de información, con testimonios, qué es lo que sí pasó y lo que no pasó”, así como lo que falta por descubrir. 

“Hemos dicho desde un principio que no hay una verdad sin las víctimas. La verdad no es una recolección de hechos simplemente de lo sucedido, no es una colección de declaraciones de perpetradores y acusados, sino que la verdad tiene que estar fundamentada también en la experiencia de las víctimas”, expuso.

“No se va a poder hacer nada en la conclusión de este caso ni en otros casos de personas desaparecidas en México si no se aborda, se afronta y se escucha a los familiares, eso es un elemento central”, añadió.

Por último, abordó la serie de “ataques” que, en lo personal, recibió el GIEI este año, lo cual consideró que buscaba “frenar la lucha por la verdad”. 

Su último informe, refirió, “no es para quedarse en una biblioteca, es para leerse, para subrayarse, para tener ideas de qué cosas hay que hacer”.

“Hemos construido la verdad hasta donde hemos podido”, reconoció. Lo que apuntan, “es una verdad para transformar, para hacer cosas, para no quedarse quieta”.

Por su parte, Ángela Buitrago llamó a los padres de Ayotzinapa a “enseñar que las cosas se hacen de otra manera”, en referencia a la actuación de las autoridades de procuración de justicia del país.

“Nosotros no vinimos a destruir, vinimos a construir, hemos construido con ustedes esperanza, fe… consérvenla, tarde que temprano la verdad llega… creo que sus hijos que estuvieron estudiando aquí eran el futuro de México también”, señaló.

“El futuro no se puede construir con desconfianza. Estamos en una sociedad violenta. Colombia también es violenta y yo no quiero perder la esperanza. Me han enseñado mucho. Me los llevo a todos en el corazón”, dijo entre lágrimas.

A su vez, Alejandro Valencia consideró que “la primera víctima del caso Ayotzinapa es la verdad”. 

“Nuestra razón de ser han sido ustedes y los normalistas”, le dijo a los padres.


A su vez, Claudia Paz y Paz detalló que los obstáculos que se enfrentaron al investigar este caso, son “obstáculos en el sistema de justicia”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2704/mexico/grupo-de-expertos-avanzo-mas-que-toda-la-pgr-en-caso-ayotzinapa-cox/

Embajadora de EU ante ONU urge a Peña a seguir “seriamente” recomendaciones del GIEI

CIUDAD DE MÉXICO: Samantha Power, embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), urgió hoy al gobierno mexicano a seguir “seriamente todas las recomendaciones” que contiene el informe sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, presentado el domingo 24 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En un comunicado emitido esta tarde, Power insistió en la necesidad de “colaborar plenamente” con los mecanismos de seguimiento que instalará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y realizar una investigación “exhaustiva e imparcial” porque “las víctimas lo merecen”.

“Más allá del caso de los 43 estudiantes, el informe resalta la importancia crítica de los esfuerzos en México para reforzar la rendición de cuentas y el estado de derecho”, apuntó.

Ante la negativa del gobierno mexicano de renovar su mandato, los cinco integrantes del GIEI saldrán del país el próximo sábado. No obstante, a 19 meses de la tragedia en Iguala, Guerrero, aún se desconoce el paradero de los normalistas.


Durante su estancia en México, el GIEI entregó dos informes que contradijeron la llamada “versión histórica” del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y los expertos lamentaron en distintas ocasiones la falta de cooperación de las autoridades mexicanas en su labor de investigación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/438782/embajadora-eu-ante-la-onu-urge-al-gobierno-pena-a-seguir-seriamente-las-recomendaciones-del-giei

Nos vamos de México con mucha tristeza, dicen expertos del GIEI

Integrantes del Grupo de Expertos lamentaron que no se haya cumplido la misión de decirle a los papás de los normalistas de Ayotzinapa dónde están sus hijos; la ONU expresó preocupación por los "retos y obstáculos" a la investigación que reportó el GIEI en su último informe.

Integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dijeron este martes 26 de abril que se van con “mucha tristeza” de México, porque no pudieron cumplir con el objetivo de decirle a los papás de los normalistas de Ayotzinapa qué pasó con sus hijos.

“La verdad es que siento mucha tristeza por no haber podido decirle a los familiares dónde están sus hijos, pero también hay una satisfacción y una tranquilidad de conciencia, de haber hecho todo lo que se pudo”, mencionó Francisco Cox, del GIEI, en entrevista con la cadena Radio Fórmula.
“Creemos que dejamos un documento que puede ser útil y que puede guiar algunas transformaciones legales para que mejore de manera más eficiente la investigación, en casos de alta complejidad”, agregó respecto a los informes que presentó el Grupo sobre el ataque contra normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre, en Iguala.

Cox dijo que les hubiera gustado continuar con la investigación, pero no existieron las condiciones necesarias.


“Cuando uno hace una asistencia técnica, quien solicita la asistencia técnica debe querer ser asistido técnicamente. El Estado nos dijo que, en realidad, ya no necesitaba nuestra ayuda”, agregó.

El caso Ayotzinapa, expresó Cox en otro momento de la charla, “muestra problemas estructurales dentro de la justicia, y pueden darle a los países una oportunidad para cambiar ciertas cosas”.


Ángela Buitrago, del GIEI, también habló de que termina su trabajo sobre Ayotzinapa con una sensación de tristeza, porque “las cosas debían haber sido de otra manera, en el sentido de la búsqueda, la investigación, y el descubrimiento de dónde están los 43 desaparecidos”.

En una entrevista previa, con el diario New York Times, integrantes del GIEI  se refirieron a una serie de obstáculos que enfrentaron en México para realizar su trabajo, como la negativa del gobierno para darles acceso a entrevistas con figuras esenciales, como los militares asignados a la zona de Iguala, Guerrero, la noche en que ocurrieron los ataques contra los estudiantes.

El gobierno mexicano, en tanto, defiende que le dio al GIEI los recursos y la información necesaria, desde que comenzó su labor y hasta que concluya su periodo de trabajo, el próximo 30 de abril.

La participación del GIEI en la indagatoria se dio tras un acuerdo firmado en noviembre de 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano y representantes de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.

Preocupación de la ONU

Respecto al trabajo del GIEI, el vocero del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, indicó que hay preocupación por “los muchos retos y obstáculos reportados por los expertos y que pudieran haber prevenido que ciertas líneas de investigación fueran exploradas, incluyendo el papel y responsabilidad de militares y otras autoridades oficiales en el caso”.

Lee: Estos son los argumentos del GIEI para decir que la verdad histórica se construyó con tortura

Se hace un llamado, agregó Colville, para que el gobierno mexicano dé un seguimiento efectivo al informe presentado por el GIEI el domingo pasado.

“También alentamos al Gobierno a comprometerse con el mecanismo de seguimiento, cuya instalación ha anunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, expresó Colville.


“Es muy importante que el Gobierno actúe decididamente sobre las recomendaciones del GIEI y garantice los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas y sus familias. Saludamos la voluntad expresada por el Presidente de México y la Procuraduría General de la República de considerar seriamente las recomendaciones del Grupo y les exhortamos a explorar exhaustivamente las nuevas líneas de investigación sugeridas por el Grupo, así como a fortalecer las investigaciones sobre este caso emblemático”, agregó.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/nos-vamos-de-mexico-con-mucha-tristeza-dicen-expertos-del-giei/

Pide OACNUDH a Peña atender recomendaciones del GIEI sobre el caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) hizo un llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto para que atienda las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su último informe sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de otras seis personas, ocurridos en septiembre de 2014.

En dicho reporte se evidencian fallas en la investigación y obstáculos para realizar el trabajo de los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La oficina de Zeid Ra’ad Al Hussein, quien visitó el país el año pasado, felicitó la investigación realizada por el GIEI sobre un caso que “recibió gran atención no sólo en México mismo sino alrededor del mundo”,

En un comunicado fechado en Ginebra, Suiza, sede de la OACNUDH, el vocero de esa instancia de la ONU, Rupert Colville, lamentó que durante la gestión del GIEI se impusieron “muchos retos y obstáculos” que evitaron que “ciertas líneas de investigación fueran exploradas, incluyendo el papel y responsabilidad de militares y otras autoridades oficiales en el caso”.

Tras señalar que el caso de la desaparición forzada de los normalistas conmocionó al mundo, el vocero exhortó al gobierno de Peña Nieto a “asegurar el seguimiento efectivo del informe y afrontar los retos estructurales más amplios que éste ha expuesto”.

Es indispensable que la actual administración se comprometa “con el mecanismo de seguimiento que ha anunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, que está por definirse en común acuerdo entre representantes de las víctimas, el Estado mexicano y el órgano de la OEA, añadió.

De acuerdo con el representante de la OACNUDH, el caso de los 43 “muestra el papel crucial que la cooperación internacional puede jugar para ayudar a los Estados a combatir la impunidad en casos de violaciones a derechos humanos”.

Para la oficina de Zeid Ra’ad Al Hussein, la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero, cobró relevancia mundial “y se convirtió en un caso que puso a prueba la voluntad y habilidad de las autoridades para afrontar crímenes violentos y la corrupción”.

El vocero Colville retomó las consideraciones del Alto Comisionado Al Hussein, quien durante su visita a México en octubre del año pasado subrayó que “es muy importante que el gobierno actúe decididamente sobre las recomendaciones del GIEI y garantice los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas y sus familias”.

Luego de aplaudir las primeras expresiones del presidente Peña Nieto y de la Procuraduría General de la República “de considerar seriamente las recomendaciones del Grupo”, la OACNUDH exhortó a las autoridades mexicanas “a explorar exhaustivamente las nuevas líneas de investigación sugeridas por el Grupo, así como fortalecer las investigaciones sobre este caso emblemático”.

FUENTE: PROCESO

AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ

LINK: http://www.proceso.com.mx/438535/pide-oacnudh-a-pena-atender-recomendaciones-del-giei-caso-ayotzinapa

Líder del PRI en San Lázaro desdeña la “misión histórica” del GIEI

CIUDAD DE MÉXICO: Mientras el partido en el poder, el PRI, intentó hacer mofa del último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa, la oposición en San Lázaro dijo que el único responsable de dar justicia y que ha venido ocultando información es el gobierno de Enrique Peña Nieto.


Cuando se le preguntó sobre la cuestionada “verdad histórica” que en su momento dictó el entonces procurador y priista Jesús Murillo Karam, Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, dijo:

“A lo mejor la misión histórica que se pusieron los del GIEI es poner en entredicho la verdad expresada inicialmente por la Procuraduría, y esto quizá haya distorsionado un poco el juicio sobre lo que esperábamos nosotros, que eran sus hallazgos”.

Luego minimizó el trabajo del grupo de expertos, quienes no sólo corroboraron su versión del 6 de septiembre pasado, la falta de prueba científica de que en el basurero de Cocula se incineraron 43 cuerpos de adultos, sino que además pusieron en entredicho el hallazgo de dos bolsas con restos humanos en el río San Juan.

“No vemos aquí sus hallazgos, no hay ninguna nueva evidencia que el GIEI le esté aportando a esta causa, son suposiciones de cosas que ya se habían supuesto antes. Por ejemplo, al parecer son los únicos que no conocían este tema de las bolsas en el río San Juan; desde el inicio de este problema se dijo que se habían rescatado bolsas en el río San Juan”, sostuvo Ramírez Marín.

Lo que el priista no dijo y que tampoco la autoridad había revelado, y menos aún con imágenes, es que las dos bolsas aparecen en imágenes el 28 de octubre a la vera del camino, y al día siguiente las “descubren” en el río San Juan.

Aunque el grupo del GIEI nunca dice que se trata de las mismas bolsas, sí refiere lo extraño que dos bolsas del mismo tamaño y mismos colores aparezcan en ambas zonas en dos días distintos. Ello hizo suponer a gente presente en la conferencia que se trató de una posible “siembra” de restos óseos.

El priista se refirió también a la tortura que sufrieron algunos de los inculpados en la desaparición de los 43 estudiantes, por lo que dijo se debe indagar si ello sucedió, para luego dar a entender que el GIEI estaría utilizando dicho argumento para demandar la liberación de los acusados, cuando ello nunca sucedió.

“En cuanto a las técnicas por las que hayan obtenido las confesiones la Procuraduría o los agentes de ésta, por supuesto que deben ser revisados cuidadosamente, pero no deben salir de la cárcel los autores confesos de esos crímenes, que se castigue, que se impongan las medidas disciplinarias que correspondan, pero estos delincuentes que mataron, mutilaron, quemaron y despedazaron los cuerpos de estos jóvenes, tienen que estar en la cárcel y por ningún motivo debemos permitir que con una argumentación pseudolegal o arguyendo que se violaron sus derechos humanos, tengan la posibilidad de estar en la calle”, dijo Ramírez Marín.

En tanto, el coordinador de los panistas, Marko Cortés cuestionó justamente la existencia de la tortura, pues de ello puede derivarse una confesión dirigida, y las declaraciones pierden validez.

“La tortura en nuestro país se debe erradicar. No se debe permitir que ningún tipo de autoridad, institución la ejerza, porque ahí pierde completamente validez cualquier tipo de declaración y una vez más estamos atentando contra los derechos humanos”.

El panista dijo que luego del informe presentado por el GIEI, a quienes considera se les debió permitir ampliar su estancia en México, “preocupa que se viene ocultando información, y que los diferentes elementos de prueba no generan ninguna convicción de que la ‘verdad histórica’ sea real”.

Para sostener su dicho, Cortés puso dos ejemplos: “Las muestras de ADN que se hicieron en la Universidad de Innsbruck resultó que no se pudo comparar, identificar ninguno de estos restos con algunos de los padres de familia, o sea que no se corrobora que haya relación alguna con los padres de familia y con los desaparecidos. Por ello no hay elementos de convicción que pudieran darnos certeza de que el gobierno nos habló con la verdad respecto de los hechos ocurridos en Ayotzinapa”.

De ahí, sostuvo, que el PAN va a seguir demandando el esclarecimiento y exigirá que se conozca la verdad, ya sea en este sexenio o en el siguiente; “si no es en este gobierno porque nos ocultan información, será el próximo gobierno el responsable de dar a conocer los hechos de lo ocurrido en Ayotzinapa, ya cuando no se brinden a ellos mismos protección respecto de sus actos”.

El coordinador de la bancada panista aseguró que el GIEI “vino a darnos claridad, más información que la que nos dio el gobierno, y seguimos demandándole al gobierno que nos diga qué fue lo que pasó, que les diga a los padres qué pasó con sus hijos, que le diga a todos los mexicanos qué ocurrió esos días y que les digan a la comunidad internacional qué es lo que se hace en México cuando se trata de derechos humanos”.

Y mientras el PAN lamentó que no se hubiera ampliado la estancia del GIE en México, el PRI a través de Ramírez Marín recordó que se dio “una gran desavenencia, una falta de empatía total entre el GIEI y la autoridad investigadora en México”.

“No sabemos –añadió– en qué momento se dio esa bifurcación, pero sin lugar a dudas fue en esta última etapa donde la vimos recrudecer. ¿Cuál es el resultado? Que nos hemos quedado sin más aportaciones científicas sobre el caso, que es justamente lo que le correspondía hacer al grupo de científicos internacionales que el gobierno de México convocó”.


El conflicto entre el gobierno y el grupo de expertos empezó luego de que el 6 de septiembre de 2014 el GIEI sostuvo que en el basurero de Cocula no hubo un incendio de tal magnitud como para quemar a 43 adultos. Tan es así que se encontraron casquillos cuya pólvora no estaba reventada a pesar de la elevada temperatura que se requiere para quemar un solo cuerpo humano.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
FECHA: 25 ABRIL 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/438521/lider-del-pri-en-san-lazaro-minimiza-la-mision-historica-del-giei

“La verdad no se va a poder tapar” en el caso Ayotzinapa: Beristain

Confirmado, un "ataque masivo, indiscriminado y plural" de policías contra los normalistas, e incluso un autobús de un equipo de futbol.

“La verdad se empeña en salir, y la verdad no se va a poder tapar, y se empeña siempre que hay quien la empuja, nosotros hemos hecho un trabajo por tratar de empujar esa verdad”, indicó el integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Carlos Beristain.

En entrevista para Aristegui CNN, donde también habló otra experta del caso, Ángela Buitrago, Beristain detalló cómo comenzó todo el 26 de septiembre 2014, luego de que los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos se llevaron 3 autobuses de la central camionera de Iguala, por lo que “se estructuró un operativo para no dejar salir los buses”.

Con certeza, el integrante del GIEI señaló que se trató de un “ataque masivo contra ellos (los normalistas), un operativo grande”, en 9 lugares diferentes en los cuales hay disparos de fuego por parte de policías municipales (de Iguala y Cocula, además de que participó la de Huitzuco, en la transportación de estudiantes).

Pero también interviene la Policía Federal, apuntó, “que hace un retén a la salida de Iguala“, antes de donde fueron atacados y desaparecidos de los estudiantes.

Además, aquella noche se comprobó la presencia de agentes de inteligencia del Ejército que estaban observando qué es lo que estaba pasando, lo cual no fue reportado en la versión oficial de los hechos.

“Había conocimiento de la situación… (los normalistas) no fueron confundidos con un grupo del crimen organizado (como se dijo en un principio)”, refirió Carlos.

El experto detalló que en su segundo informe se expone que tmbién hay un ataque en Mezcala, unas horas después de los primeros hechos en Iguala, “lo cual demuestra una dimensión del control de la carretera”. 

En tanto, “la policía de Huitzuco se movilizó”, lo cual reportaron desde el primer informe.

Recordó que los normalistas se dirigieron a las afueras de Iguala porque no pudieron tomar autobuses en Chilpancingo y negociaron con el chofer para que se fuera con ellos; sin embargo, éste los encerró en el camión ya en la central y comenzó la movilización tanto del resto de los normalistas como de las fuerzas policiacas.

En otro punto, Beristain recalcó que no hubo “un incendio masivo en Cocula el 26 de septiembre, está demostrado con el peritaje que hizo el doctor Torero”.

“No hay ninguna nueva evidencia que señale esto”, agregó.

“Hay evidencias de que en el basurero aparecieron restos óseos de 17 personas, es cierto, pero no sabemos de quién son, y que entre esos hay restos de dos personas, uno un resto de una mandíbula y un aparato ortopédico, y un resto de cabello que fue analizado por la Universidad de Innsbruck, que no corresponden a los normalistas. De estos dos no, y del resto de las muestras no se puede determinar con las pruebas científicas”, estableció.

Asimismo, “hay evidencia de una llamada de un normalista a la 1:16 de la madrugada (del 27 de septiembre) y eso no cuadra con la versión de que los llevaron al basurero y los mataron a la medianoche”.

Sobre el hallazgo de la bolsa con restos óseos, según la PGR encontrada en el río San Juan, de Cocula, Guerrero, Beristain indicó que en el expediente no fue reportada la presencia de peritos de la Procuraduría el 28 de octubre 2014 en ese mismo lugar, sino hasta un día después, el 29 de octubre 2014, cuando según un acta circunstanciada, un grupo de buzos de la Marina hallaron una bolsa con restos.

“Hemos descubierto que toda la investigación comienza el 29 de octubre de 2014… pero hay una fotografía de servicios periciales que muestra que la fecha es el 28, no el 29, y fotoperiodistas recogieron imágenes de esa tarde (28 de octubre), y lo que muestran es que ese día se ven dos bolsas muy parecidas, así como la llegada del jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, con un detenido, que no tiene ningún registro en el expediente”, indicó.

“Están haciendo inspección el río, recogen evidencia ósea y no hay ninguna constancia, ningún acta, estas actividades se realizan el día anterior… el lugar en el que se les ve es en el que aparece supuestamente la bolsa al día siguiente”, añadió. En ese punto fueron encontrados los restos óseos incinerados de Alexander Mora, uno de los 43 desaparecidos.

A unos días de que concluya su mandato -el 30 de abril de este año- el experto pidió medidas de protección y acompañamiento a los familiares de los normalistas, y que haya un seguimiento del caso a nivel nacional, para que no quede el caso sólo en manos de las autoridades de procuración de justicia, sino también sea revisado, por ejemplo, por instituciones académicas.

Por su parte, la experta Ángela Buitrago hizo un repaso por la historia de los 43 desaparecidos, según lo que hasta hoy el grupo pudo comprobar.

“Los estudiantes se desplazaron de Chilpancingo a Iguala para tomar autobuses para la manifestación del 2 de octubre en la Ciudad de México. No iban a boicotear ningún acto político. Eran estudiantes casi todos de primer año de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos… llegan a las 8:40 de la noche a la central de Iguala”, apuntó.

Contra ellos “se confirma un ataque masivo, indiscriminado y plural de policías de Iguala, Cocula y de Huitzuco, que participa en el traslado de los estudiantes”.

“La convicción que tenemos es que es irregular por no decir inusual el ataque a los buses tomados por los estudiantes“, dijo la experta.

“Cada vez que los muchachos que tomaban autobuses, incluso las compañías les pagaban a los choferes para que acompañaran a los muchachos”, rememoró.

“Lo que nos llama la atención es que el quinto bus no aparece en las consignaciones, desaparece durante un gran lapso hasta que nosotros lo encontramos en un video. Ese bus es el único que termina sin ningún daño hecho por armas y disparos, termina siendo escoltado para salir de Iguala y además es invisible ante un anillo tan grande de seguridad que existía en toda la periferia de Iguala, nadie ve la salida de ese bus… nosotros creamos la hipótesis de que hay investigar qué pasó… tenemos una gran confusión, o una intuición y una interpretación: ¿por qué un bus que podría ser como cualquier otro, tiene todos estos elementos de confusión y ahora hay versiones contradictorias?”, preguntó.

Buitrago consideró que esto es una “señal de alerta para seguir esa línea, para descartarla o para entender qué pasó en particular con ese bus”.

Ángela se va del país “con la esperanza de que se investigue y con la esperanza de que la gente cambie, debe cambiar la convicción… las cosas tienen que hacerse bien”. 


El GIEI concluyó sus investigaciones este mes, debido a que el gobierno mexicano ya no quiso ampliar su estancia en el país.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2604/mexico/la-verdad-no-se-va-a-poder-tapar-en-el-caso-ayotzinapa-beristain-en-cnn/

Celular de soldado normalista estuvo activo durante ataque en Iguala: GIEI

CHILPANCINGO, Gro: El segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, afirma que el teléfono móvil del soldado normalista Julio César López Patolzin estuvo activo emitiendo y recibiendo mensajes de texto, así como llamadas y transferencia de datos multimedia durante y posterior a la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Por ello, los especialistas plantearon que este hecho constituye un elemento para ser utilizado como línea de investigación con el propósito de esclarecer los hechos registrados en el puente del Chipote y que una de sus aristas es el traslado de los normalistas al municipio de Huitzuco.

Incluso, el documento refiere que el análisis de la telefonía de los normalistas evidenció que algunos teléfonos, no sólo el de López Patolzin, estuvieron activos todavía unas horas o días después de la tragedia.

No obstante, el GIEI evadió investigar el hecho de que López Patolzin era soldado en activo en el momento en que fue desaparecido por policías y criminales junto al resto de los normalistas de Ayotzinapa, como lo reveló Proceso desde junio pasado, a través de un documento oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El 17 de junio, Apro dio a conocer que uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa está dado de alta como soldado en activo, pero su identidad fue catalogada como “confidencial”, reveló la Sedena, a través de una solicitud de acceso a la información pública que realizó este reportero.

Posteriormente, Rafael López Catarino, padre de Julio César López Patolzin, confirmó que su hijo fue militar, pero habría “desertado” el año pasado para ingresar a la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

Incluso, el padre del soldado normalista ha venido reprochando a las autoridades el hecho de que hasta ahora no se haya esclarecido el tema del teléfono móvil de su hijo, que siguió activo después de la desaparición de los estudiantes y, de acuerdo con el rastreo satelital, se ubicó por última vez en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala.

Cuatro meses después, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, habló sobre este tema durante una entrevista transmitida en octubre pasado en el noticiero estelar de Televisa, donde confirmó que el soldado normalista desaparecido es Julio César López Patolzin.

Luego, el caso del soldado normalista desaparecido fue ocultado y ninguna autoridad habló más del tema, así como los padres de los 43 normalistas y las organizaciones que respaldan el movimiento social que exige justicia.

No obstante, ayer durante la presentación del último informe del GIEI sobre el caso Ayotzinapa en la Ciudad de México, se hizo mención al teléfono de López Patolzin.

Al respecto, el informe señala que a las 22:21 horas del 26 de septiembre, el teléfono del soldado normalista activó la antena Margaritas-Palacio de Justicia y envió un mensaje de dos vías.

“A esta hora posiblemente trataba de comunicarse con alguien que les apoyara, debido a que se encontraban en pleno ataque de la Policía Municipal” en las inmediaciones de la sede del Tribunal Superior de Justicia que se encuentra sobre la carretera Chilpancingo a la altura del puente del Chipote.

Posteriormente, a las 23:47 horas, es decir casi una hora y media después de la última activación, su teléfono recibe un mensaje de dos vías desde la antena ubicada en la calle Los Pinos de la colonia 28 de Febrero en la cabecera municipal de Huitzuco.

Esta antena, refiere el informe, se localiza en las inmediaciones de la carretera Huitzuco-Atenango y, por el tipo de comunicación, “no es posible determinar la ubicación del receptor, es decir, del soldado normalista”.

Luego, el teléfono móvil de López Patolzin se activó por tercera ocasión a las 23:56 horas, ahora por uso de datos, desde una antena ubicada sobre la calle Benito Juárez a tres cuadras del centro de Iguala.

“Lo que significa que el teléfono de Julio César López Patolzin se encontraba activo prácticamente a la medianoche del 26 de septiembre”, advierte el informe del GIEI.

La investigación refiere sin especificar que otros teléfonos también permanecieron activos algunos días después de los hechos trágicos, “otros les cambiaron los chips y siguieron utilizándose”, afirmaron los especialistas.

También se advierte que el padre del soldado normalista, durante una declaración ante el agente del Ministerio Público del fuero común, hizo referencia a la participación de policías municipales de Huitzuco en el ataque y desaparición de los 43 normalistas.

Toda esta información debe ser profundizada en la futura investigación sobre los presuntos responsables y sobre el destino de los normalistas, recomienda el GIEI en su informe, donde no se explica si ellos pidieron información al Ejército sobre las actividades del soldado normalista, cuyo teléfono estuvo activo durante la agresión y la posterior desaparición de los 43 jóvenes.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

LINK: http://www.proceso.com.mx/438461/celular-soldado-normalista-estuvo-activo-ataque-en-iguala-giei

Presenta GIEI nuevas interrogantes sobre el 27 Batallón en caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO: El último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga el caso Ayotzinapa plantea nuevas interrogantes sobre el papel del Ejército la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando los 43 normalistas fueron desaparecidos, como la presencia de un camión militar en la colonia donde eran perseguidos los sobrevivientes a los ataques, la fotografía de una patrulla militar presente en el lugar donde los estudiantes fueron atacados, la negativa de ayuda a las víctimas que esa noche acudieron al 27 Batallón de Iguala y las contradicciones entre los soldados que participaron en el levantamiento de cadáver del estudiante desollado.


También menciona un informe de inteligencia de la Secretaría de Marina que se refiere a un militar apodado El Satánico, del 27 Batallón, a quien se acusa de vender armas a Guerreros Unidos. Durante las primeras indagaciones de los hechos quedó establecido que los integrantes de ese batallón presenciaron los ataques a los estudiantes, pero no los ayudaron.

“En el mes de junio se produjo la declaración ante la PGR del informe de inteligencia de un marino CGP (clave), donde señala que un elemento del 27 Batallón sería traficante de armas para el grupo Guerreros Unidos. Su declaración no aporta otros datos, pero el GIEI pidió a la PGR que se ampliara su declaración para poder realizar una investigación en profundidad sobre ese hecho”, se lee en el Informe Ayotzinapa II.

Aunque la respuesta que la PGR dio al GIEI fue que no se pudo localizar a ninguna persona con ese sobrenombre, el grupo señaló que no se ha realizado ninguna diligencia de investigación sobre ese tema y que desconoce si la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha hecho la propia.

Cabe recordar que desde hace un año que comenzó la investigación independiente, gracias a un acuerdo entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el grupo de expertos no obtuvo la autorización de entrevistar a los miembros del 27 Batallón que presenciaron los ataques de los estudiantes que llegaron a Iguala a tomar autobuses, y que fueron repelidos por policías municipales y miembros del cártel Guerreros Unidos, y tampoco a los elementos que hicieron patrullajes la noche en la que eran desaparecidos.

En este segundo y último informe, el GIEI menciona los movimientos del Ejército que pudo documentar la noche del 26 al 27 de septiembre.

“A) Acciones de vigilancia de los normalistas, llevadas a cabo por agentes de inteligencia vestidos de civil, tanto antes de su llegada a la ciudad como en el escenario en que se estaban dando los ataques; b) Visitas al Hospital General de Iguala para registrar los heridos o muertos producidos por los ataques; c) Salidas de dos patrullas con dos vehículos cada uno al escenario del crucero de Santa Teresa por una parte, y al escenario del Palacio de Justicia y Juan N. Álvarez y Hospital Cristina por otra; d) Envío de una patrulla en la mañana del día 27 a la custodia y protección de la escena del Camino del Andariego, donde apareció el cuerpo de Julio César Mondragón” (en referencia al estudiante desollado).

En el apartado sobre las actuaciones del Ejército, el GIEI señala dos datos nuevos que no pudo aclarar por la prohibición para entrevistar a militares. El primero fue que en la calle Juan N. Álvarez, donde los estudiantes eran atacados a balazos, había una patrulla militar a las 01:35 horas, según la evidencia fotográfica mostrada por periodistas y sus testimonios. Esa información fue ocultada o no mencionada en las declaraciones que hicieron los militares ante la PGR.

“Dicha información (la presencia de la patrulla militar) es contradictoria con la señalada por la práctica totalidad de los militares que iban en las dos patrullas que realizaron ese recorrido, que señalan que al pasar por dicha zona siguieron su camino hacia el Hospital Cristina. La relevancia de este hecho está sin determinar”, se lee en el informe.

La otra información recogida por el GIEI es la presencia de un camión militar en la colonia 24 de Febrero, donde los estudiantes estaban siendo perseguidos por policías municipales que trabajaban para Guerreros Unidos, dato que difiere con la información aportada por los militares.

“Según un testigo que circulaba aproximadamente a la 01:30-02:00 horas tratando de buscar ayuda médica por una pista de terracería en la colonia 24 de Febrero, con el objetivo de salir, a través de dicho camino, a la carretera Iguala-Chilpancingo librando el lugar conocido como El Tomatal, donde estaba situado el retén de la policía municipal, adelantó por dicha pista un camión militar, donde refiere que había unos 8-10 efectivos en la parte de atrás. La existencia y el recorrido de dicho vehículo militar no ha sido señalada en ninguna de las declaraciones del personal del 27 Batallón”.

El testigo que aportó ese dato es un familiar de uno de los futbolistas del equipo de Los Avispones, atacados esa misma noche, quien declaró: “Mi tirada era encontrar una calle que saliera acá para librar el retén de la entrada. Lo que hice fue subirme al cerro, ahí por donde está la trituradora, por el rumbo del asta bandera, por la trituradora. Ahí yo vi al Ejército, como a las 2 am, en sus camiones, ya con armas, lo único que pensé fue ‘ya que pasó la tempestad ya salen estos amigos’. Pero yo no tenía idea de lo que estaba pasando. La trituradora es por el rumbo del asta bandera. Es la colonia 24 de Febrero, por Periférico Poniente. Más o menos por ese rumbo, ya en la salida a Chilpancingo. Ahí fue donde vi un camión con unos 8-10 elementos armados atrás pero hasta ahí, de esos con lonas, de los grandes, no Hummer, sino grande. Ellos iban adelante de mí y yo los rebasé”.

El GIEI menciona en su informe que justo a esa colonia había huido el grupo de normalistas que viajaban en el quinto autobús Estrella Roja que, tras huir inicialmente a la colonia Pajaritos cerca de la zona del Palacio de Justicia, “eran perseguidos por patrullas de policía y atacados con piedras y disparos de armas de fuego, mientras huían por unas escaleras hacia la parte alta de dicha colonia”.

“También en dicha colonia se refugiaron los ocupantes de uno de los vehículos que fue a pedir ayuda al 27 Batallón, y que relataron que cómo no tuvieron apoyo de los soldados, se retiraron a casa de unos familiares, también en dicha colonia”, señala.

Como la presencia del camión militar en esa colonia no está registrada en ninguna declaración ni reporte hasta ahora y tampoco el vehículo militar (“identificado por el testigo como un ‘camión grande’ con unos 8-10 efectivos, y no una patrulla”), el GIEI señala que los hechos deben ser esclarecidos y el testigo que lo vio debe ser protegido.

El informe menciona que los testimonios de los militares que encontraron el cuerpo del estudiante Julio César Mondragón también presentan contradicciones en la hora del hallazgo (de tres horas de diferencia: entre 9 y 12 del día), y tampoco coinciden con la bitácora levantada por el Ministerio Público de la Procuraduría de Justicia de Guerrero.

Sobre las declaraciones de los militares entrevistados por la PGR, se detectó que durante su tercera declaración mencionaron algo a lo que no se habían referido antes, su presencia en la barandilla de la policía municipal de Iguala a donde, ahora se sabe, fue llevado un grupo de normalistas que luego fue desaparecido.

“(Fueron a la) comandancia no a conocer la situación de los normalistas detenidos, sino a preguntar por una moto que habría sido dejada abandonada en el escenario del Palacio de Justicia por el militar de inteligencia, debido a que tenía miedo de los policías municipales por su actitud agresiva. Según esto, el motivo y el contenido de la visita a la comandancia de barandilla después de haber pasado por el escenario del Palacio de Justicia, no estaría relacionado con la detención de los normalistas, sino con la desaparición de dicha moto. Sin embargo, en las declaraciones previas realizadas en diciembre de 2014 no se encuentra ninguna referencia a la desaparición de dicha moto, ni que el agente de inteligencia la hubiera dejado abandonada en el escenario del Palacio de Justicia”, hace notar el informe.

Otro momento que consigna el reporte elaborado por los expertos menciona las diferencias en las versiones de los militares que acudieron al Hospital Cristina, donde un grupo de 25 estudiantes estaban escondidos, entre ellos uno que tenía un disparo en la boca, y la de los estudiantes.

“Mientras los militares señalan que el trato fue digno y respetando sus derechos en todo momento, los relatos de los normalistas y el maestro señalan todo lo contrario. Los normalistas dicen que fueron regañados, que los hicieron formarse, alzar sus playeras, poner sus pertenencias en una mesa, que se les apuntó con armas y que pidieron los nombres, ‘den el nombre real, si no, no los van a encontrar’”, asienta.


La información que pidió el grupo de expertos y que nunca pudo obtener fue la siguiente:

1. Entrevistas con el personal del 27 Batallón activos la noche del 26/27 de septiembre de 2014
2. Las bitácoras o registros de acciones llevadas a cabo en esa noche.
3. Fotografías y videos registrados u obtenidos esa noche por miembros del 27 Batallón.
4. Reportes escritos y grabaciones que se tengan del C-4.
5. Reglamentos de zona y régimen militar, así como órdenes de operaciones, Reglamento General de Partidas Militares y el Manual de Procesos de Campaña.
6. Los convenios entre las diversas policías municipales, federales y Ejército respecto del sistema de seguridad.
7. Informes de los GISES (Grupo de información de zona) y GAFES (Grupo de tropas especiales) del Batallón 27, respecto de los hechos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.
LINK: http://www.proceso.com.mx/438460/presenta-giei-nuevas-interrogantes-27-batallon-en-caso-ayotzinapa