Así lo dio a conocer el secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro, quien agregó que “tenemos que armar este rompecabezas hacia atrás y explicar lo que pasó”, para evitar que el gobierno de Murat reintegre lo que no se aplicó, pues “si de por sí no tenemos (dinero), ahora que te quiten pues no lo puedes permitir”.
Es por ello que la Contraloría va a realizar 50 auditorías, y 20 más entre la SFP y la ASF, con el fin de que se sancione administrativa y hasta penalmente al exgobernador y excolaboradores que desviaron recursos públicos.
“Nosotros tenemos que coadyuvar con la investigación y revisión del desorden administrativo y financiero. Y no es que los ayude, sino que hay que apoyar y revelar la documentación y mostrar la evidencia de lo que pasó, entonces lo mejor que te puede pasar es que vienen sanciones administrativas y éstas pueden derivar en sanciones penales a funcionarios por hacer mal uso de los recursos, y lo que tenemos que evitar es que sancionen al gobierno del estado (actual)”, agregó.
La realidad es que “no hay obra pública, hay dos o tres y no se ven, y lo que está hecho, está mal hecho. La administración anterior no llegó a comprobar ciertos gastos en materia de salud, obra pública o seguridad”.
Ahora se investigará quién facturó, cuánto facturó y cuáles son los precios como facturó, qué empresas y quiénes, porque puede haber prestanombres, y lo único que sí se tiene claro es que no son de Oaxaca, señaló.
También habría que preguntarse por qué Cué no firmó convenios con el IMSS como lo hizo recientemente el gobernador Alejandro Murat para realizar compras consolidadas de medicamentos y evitar la corrupción.
Y es que con ese convenio, acotó, el gobierno de Murat se va ahorrar 400 millones de pesos, al pasar de 800 a 400 millones en la adquisición de fármacos este 2017.
La pregunta es, abundó, ¿por qué Gabino Cué o sus colaboradores no firmaron un convenio con el IMSS?, porque si lo hubieran hecho desde el inicio del sexenio, se hubieran ahorrado unos 2 mil 400 millones de pesos.
Mientras que en el caso de la compra-venta de terrenos para vivienda en Huatulco, acusó, ahí vendieron 20 hectáreas a 50 pesos el metro, cuando el valor real es de entre 500 y mil pesos, negocio que podría haber redituado entre 90 a 200 millones de pesos.
Díaz Navarro insistió en que “después de haber identificado las irregularidades en diciembre pasado, la Nueva Administración del Fidelo pidió a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental que instruya a Nafin (fiduciaria) detener todos los trámites de esta operación, en tanto se analizan las condiciones de compra-venta, debido a que se detectó un valor de venta mucho menor al valor mercado”.
Aunado a estas irregularidades, el gobierno de Cué decía que tenían un déficit de mil 200 millones de pesos por adeudo a proveedores, y al corte al final del mes de enero sólo se habían presentado a la ventanilla única a reclamar sus servicios por 700 millones de pesos, entonces “yo quiero saber esos mil 400 millones de pesos los querían para qué o quiénes”.
“Puede ser que hayan inflado la cifra y todavía haya que revisar con documentos, si no hay algún prestanombres que puede ser el chofer, la sirvienta o gente que ya falleció que la incluyan, entonces, hay que verificar”, advirtió.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/473102/murat-sfp-asf-emprenden-70-auditorias-desorden-financiero-gabino-cue
Así lo dio a conocer el senador Benjamín Robles Montoya, quien agregó que también el Congreso de Oaxaca turnó la solicitud de Juicio Político contra el exmandatario estatal a la Comisión Instructora para darle cauce.
En documentos enviados al Consejo Ciudadano contra la Corrupción y la Impunidad (CCCI) se hace constar que los expedientes siguen abiertos contra exservidores públicos de la administración que encabezó Gabino Cué, cuyo saqueo podría ascender a más de 30 mil millones de pesos.
El legislador fundamentó como prueba para emprender acciones legales contra su examigo y colaborador las observaciones del 2011 al 2015 que ha señalado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por un monto de más de 10 mil millones de pesos que no fueron comprobados ni justificados.
También se refirió al endeudamiento de más de 14 mil millones de pesos y a ello le sumó los dos mil 500 millones de pesos que le adeudan a empresarios; el déficit del sector educativo por más de seis millones; el de salud, de más de nueve mil millones. Un monto de más de 30 mil millones de pesos, recalcó.
Robles Montoya insistió en que hay pruebas de la corrupción del exgobernador Gabino Cué y sus excolaboradores Germán Tenorio, Alberto Vargas Varela, Netzahualcóyotl Salvatierra y Jorge Castillo, por las que deben responder, así como “todo aquel que robó al pueblo oaxaqueño”.
El senador por Oaxaca acusó a Jorge Castillo de ser el principal cómplice y prestanombres de Gabino Cué, a quienes “se les debe encarcelar porque robarse dinero del combate a la pobreza es un verdadero crimen”.
Desde el año pasado, detalló, el Consejo Ciudadano requirió a diversas dependencias del gobierno federal información sobre las investigaciones y acciones ante los actos de corrupción del gobierno de Cué Monteagudo, denunciados legal y públicamente.
En respuesta, la PGR indicó que, derivado de la denuncia interpuesta por Robles Montoya, si alguna dependencia o ciudadano cuenta con mayores datos que aportar a la investigación por los actos de corrupción, enriquecimiento inexplicable y uso de recursos de procedencia ilícita denunciados, que se hagan llegar a la brevedad posible a esa autoridad federal.
A su vez, la ASF informó al Consejo que se realizaron 130 auditorías a la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca sobre los ejercicios fiscales de 2010 a 2015, las cuales tienen diversas observaciones.
Mientras, la SFP citó al Consejo para el próximo 9 de febrero para responder a su solicitud sobre si existen denuncias e investigaciones a delegados federales en Oaxaca que durante el sexenio pasado hubieran incurrido en actos de corrupción.
En el ámbito estatal se presentó solicitud de juicio político contra Gabino Cué ante el Congreso del estado de Oaxaca, el cual notificó al Consejo Ciudadano que turnó la petición a la Comisión Permanente Instructora, presidida por la diputada María de Jesús Melgar Vásquez (Morena), e integrada por María Mercedes Rojas Saldaña (PRI) y Paola Gutiérrez Galindo (PRD), así como Juan Mendoza Reyes (PAN) y Jesús Romero López (PT).
Finalmente, el Consejo Ciudadano consideró que los gobiernos estatal y federal no solamente deben investigar el presunto desfalco al erario y castigar a los responsables. También, agregó, deben resarcir los daños que impactan directamente a millones de personas que iban a ser beneficiarias de programas sociales, proveedores que perderán sus inversiones y personas trabajadoras que cumplieron con sus deberes pero no han recibido el sueldo correspondiente.
El CCCI se creó el 30 de noviembre de 2016 por un grupo plural de ciudadanos que se comprometieron a observar, pronunciarse y actuar sobre asuntos de interés público.
Entre los integrantes de este Consejo Ciudadano se encuentran Maribel Martínez Ruiz, presidenta de ViVa AC; Benjamín Robles Montoya, senador por Oaxaca; Alejandro Cruz Pimentel, experto en Transparencia; Mario Herrera, activista y defensor de personas defraudadas por cajas de ahorro; David Viloria, reconocido consultor en gestión pública; Luis Vásquez, vicepresidente del Colegio Nacional de Ingenieros Civiles y constructor; Armando Figueroa abogado e integrante de la organización Movimiento Vial; Amira Azucena Cruz Ramírez, docente universitaria sobre Socioformación y Derecho a la Información, y Macrina Hernández Chagoya, activista, gestora e integrante de la Asociación Civil de ámbito nacional Ruta 5.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472772/pgr-asf-abierta-investigacion-corrupcion-gabino-cue-asegura-senador
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental detuvo una operación fraudulenta que autorizó el gobierno anterior para la compra-venta de terrenos para vivienda en Huatulco.
Gabino Cué Monteagudo firmó el contrato a sólo cuatro días de entregar la gubernatura, en un negocio que podría haberle redituado 90 millones de pesos.
El contralor José Ángel Díaz Navarro detectó que el Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del estado de Oaxaca (Fidelo) realizó la venta de 20 hectáreas de terrenos en Huatulco a 50 pesos el metro cuadrado, cuando el valor real es de entre 500 y mil pesos.
De acuerdo con el funcionario estatal, después de haber identificado las irregularidades en diciembre de 2016, la nueva administración del Fidelo informó a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental que había instruido a Nafin –la fiduciaria– a detener todos los trámites de la operación mientras se analizan las condiciones de compra-venta, debido a que se detectó un valor de venta mucho menor al valor de mercado.
También se consultó a Unidades de Valuación Certificadas por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), con lo que –apuntó– podría considerarse un valor aproximado de por lo menos 500 pesos por metro cuadrado (100 millones de pesos por las 20 hectáreas), con lo cual habría un detrimento de 90% en el patrimonio del fideicomiso en caso de concretarse la compra-venta.
Díaz Navarro explicó que el Fidelo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Turístico, trató de vender los terrenos a la empresa Prefabricados Habitat, SA de CV, con dirección Mirador de Tequisquiapan 60, Colonia El Mirador, municipio El Marqués, en el estado de Querétaro, cuyo representante legal es Gerardo Ángeles Bustos.
Detalló que el inmueble consta de 20 hectáreas en breña dentro del sector Ampliación V2, ubicado en el Centro Integralmente Planeado de Santa María Huatulco, cuyo importe total ascendía a 10 millones de pesos, pero Fidelo sólo pagó dos millones de pesos al municipio de Santa María Huatulco por el cambio de uso de suelo de la reserva.
En enero de 2013, añadió, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) donó el inmueble al municipio de Santa María Huatulco, y en diciembre de ese mismo año se formalizó la donación de dicha propiedad a favor de Fidelo.
Tres años después, en agosto de 2016, el Comité Técnico del Fideicomiso indicó que el terreno sólo podría destinarse al desarrollo de vivienda, y contrató los “servicios profesionales” para la elaboración del avalúo (con número AVA-PART-026/2016), determinando un valor de 50 pesos por metro cuadrado.
Cinco días antes de concluir el gobierno de Gabino Cué –el 25 de noviembre de 2016–, el Fidelo autorizó la intención de compra de la empresa Prefabricados Habitat, SA de CV por la cantidad de 10 millones de pesos, y el 29 de noviembre la empresa realizó depósito por la cantidad indicada.
Sin embargo, ante las inconsistencias en el avalúo y por acuerdo en la primera sesión extraordinaria de 2017, el Comité Técnico de la nueva administración autorizó la contratación de una Unidad de Valuación certificada por la SHF para la elaboración de un nuevo avalúo, con el fin de conocer el valor real del inmueble.
Cabe mencionar que el Fidelo estuvo directamente involucrado en los trabajos de modernización del Auditorio Guelaguetza, las obras de mejoramiento vial y equipamiento urbano, la edificación del estacionamiento para 600 vehículos y la fallida construcción del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO) en el cerro del fortín.
A raíz de esos negocios que favorecían al amigo del exgobernador y entonces secretario de Turismo, José Zorrilla, los pintores Francisco Toledo y Sergio Hernández denunciaron el “pernicioso maridaje entre políticos, empresarios y hombres de negocios”.
Asimismo, señalaron que los “juniorciques” (hijos de caciques) llegaron al gobierno para “chingarse el dinero del pueblo” con negocios irregulares como la construcción del Centro de Convenciones que pretendán edificar a un costado del Hotel Victoria, del que es accionista el exsecretario de Turismo.
Tras las denuncias, los artistas fueron amenazados, hostigados y descalificados mediante una campaña de linchamiento mediático por oponerse a la “mole” en el Cerro del Fortín.
Finalmente, Cué Monteagudo tomó la determinación de cambiar la sede del Centro Cultural y de Convenciones que beneficiaba a José Zorrilla y que le generó una confrontación directa con Toledo y Hernández.
Fuente: Proceso
Autor: Pedro Matías
Este jueves 1 Gabino Cué termina su gestión al frente del gobierno de Oaxaca, que activistas proderechos humanos y líderes religiosos califican de pesadilla. Deja una deuda de 2 mil 500 millones de pesos y una estela de agravios que afecta a las instituciones, a los burócratas, a los proveedores y a la clase empresarial. “Gabino no sólo dejó calles rotas, baches, zonas no iluminadas, un puente deforme, obras muy mal logradas, sino una sociedad agujereada”, resume la activista Yésica Sánchez Maya.
OAXACA, OAX: Este 1 de diciembre, cuando Gabino Cué Monteagudo entregue el cargo a su sucesor, el priista Alejandro Murat Hinojosa, el estado estará hecho añicos: una deuda de 16 mil 200 millones de pesos, una economía destrozada, desempleo creciente, inseguridad y corrupción.
Hace seis años, cuando tomó posesión, abanderado por el PRD, PT, PAN y Convergencia, Cué declaró: “Nunca más un gobernador que abuse del poder público para beneficio personal o el interés de un grupo en detrimento de la población en su conjunto; nunca más el uso de la fuerza pública para reprimir; nunca más el uso de la fuerza pública para acallar demandas sociales”.
Sin embargo, durante su administración Cué sepultó la incipiente transición en ese estado. No supo controlar la violencia que dejó 3 mil 705 crímenes de alto impacto, de los cuales 610 fueron por motivos políticos o agrarios, 526 feminicidios, 11 asesinatos de periodistas, 174 desapariciones de mujeres, una desaparición forzada, 300 ataques a defensoras, 236 agravios a periodistas, 67 presos políticos, e infinidad de torturados y desplazados.
Hoy, el “humanista” y “demócrata” mandatario es acusado de saquear 30 mil millones de pesos. El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, fundador del albergue Hermanos en el Camino, es contundente: “Lo que nunca le van a perdonar es que haya traicionado al pueblo y que haya entregado de nuevo el estado de Oaxaca al PRI”.
Solalinde calificó de “lamentable y deplorable el sexenio de Gabino Cué porque le falló a mucha gente de la sociedad civil que exigió justicia y se quedó esperando.
“Empezó bien pero los ladrones ya estaban en casa, no lo dejaron gobernar, no impuso su voluntad, lo cooptaron y acabó haciendo lo mismo que los anteriores. Es una desilusión muy grande”.
Expresidente de la Comisión de la Verdad por los disturbios de 2006 y 2007, Solalinde critica los compromisos de la administración de Cué con el PRI, así como con los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos. “Es algo escandaloso –dice–, que agravia la conciencia de los oaxaqueños”.
La violencia, según el religioso, se debe a que fue “un gobernador débil. No tuvo el valor de enfrentar (a los delincuentes) y terminó pactando con el PRI”.
Funesto legado
La defensora de derechos humanos Yésica Sánchez Maya también considera al mandatario saliente como una decepción. Su gestión, más que de esperanza, fue una pesadilla.
“Gabino no sólo dejó calles rotas, baches, zonas no iluminadas, un puente deforme, obras muy mal logradas, sino una sociedad agujereada, con deudas, déficit y muchos pendientes”, resume la activista.
La persecución a los maestros disidentes de la sección XXII y la represión del 19 de junio último en Asunción Nochixtlán, que dejó ocho muertos y más de 100 lesionados, aún es una herida abierta.
Sánchez Maya resaltó que el lema “Paz y progreso” se quedó en un eslogan de campaña, aunque también cuestionó a los partidos políticos que llevaron a Cué a la gubernatura porque nunca asumieron su responsabilidad de obligarlo a cumplir con sus promesas y ahora se desgarran las vestiduras.
El apoderado legal de la arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Wilfrido Mayrén Peláez, habla de seis años perdidos para la historia de Oaxaca, con consecuencias desastrosas.
Cué manejó presupuestos “históricos” que superaron los 500 mil millones de pesos, pero no supo canalizarlos. Tal es la precariedad en los servicios de salud, por ejemplo, que en el Hospital Civil los directivos comenzaron a cobrar a los derechohabientes, pues no tienen fondos ni para medicamentos.
Los agravios son múltiples; tanto, que los integrantes de la LXIII Legislatura pidieron que se declare a “Oaxaca como zona de desastre”. El PAN y el PRD, los dos principales partidos que lo llevaron al gobierno en 2010, no dan crédito a lo que hizo su protegido Cué, mientras la inconformidad crece.
Los burócratas se quejan porque les suspendieron teléfono e internet y en las dependencias no hay papel ni para el baño por falta de pagos. Para expresar su descontento, organizaron un paro laboral durante una semana.
El jueves 24, los 534 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública se quejaron por el incumplimiento de los compromisos contraídos por las autoridades luego de un paro que se prolongó un mes. Ese día organizaron un plantón en el edificio de la dependencia para exigir al gobierno estatal el pago inmediato de 177 millones de pesos que adeuda al Fondo de Pensiones.
Transportistas y proveedores realizaron bloqueos carreteros, tomas de oficinas y del aeropuerto de Puerto Escondido para exigir al gobierno de Cué que les pague.
El malestar incluye a la clase empresarial, que, por medio del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana-Oaxaca, Raúl Ruiz Robles, declaró: “Oaxaca está herida y necesita un rescate en todos los sentidos” porque Cué deja una deuda a proveedores cercana a los 2 mil 500 millones de pesos, situación que provocará un gran hoyo y hundirá al sector productivo en la falta de liquidez”.
También abandonó la obra del Metrobús de 8.5 kilómetros, cuya inversión inicial de 500 millones de pesos, se disparó a mil 244.6 millones. Y en el sector educativo el déficit rebasa los 6 mil millones; en el de salud, supera los 9 mil millones.
Fue peor que Ulises
Joaquín Rodríguez Palacios, quien fue subsecretario de Gobierno en los sexenios de Heladio Ramírez López, Diódoro Carrasco, José Murat Casab, Ulises Ruiz Ortiz y el del propio Cué, admite que el aliancista deja un estado colapsado y manchado de sangre.
Durante la administración de Cué se cometieron 610 crímenes por motivos políticos y cuestiones agrarias. En contraste, con Ramírez López hubo 97, incluidos 17 policías en un conflicto entre pobladores de San Baltazar Chichicapan y San Nicolás Yaxe.
Con Carrasco fueron 87, con todo y la aparición del Ejército Popular Revolucionario que dejó una treintena, principalmente en la región de Los Loxicha. Con Murat la cifra bajó a 85, pese a la masacre de 26 campesinos en el paraje de Agua Fría, de Santiago Xochiltepec, Sola de Vega, en la Sierra Sur.
Y con Ruiz la cifra se elevó a 108 muertos, incluido el conflicto sociopolítico de 2006-2007 protagonizado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que dejó 26 muertos, alrededor de 500 detenciones y 380 casos de tortura.
Con Cué la violencia se exacerbó: las 10 muertes en Santiago Choapan, las ocho entre gente de Zimatlán de Lázaro Cárdenas y San Sebastián Nopalera, los 10 calcinados por el conflicto de Santo Domingo Yosoñama con San Juan Mixtepec; el operativo fallido del 19 de junio de 2016 en Nochixtlán ejecutado por las fuerzas policiales federal y estatal que dejó ocho civiles muertos y 155 heridos, 84 de ellos por arma de fuego.
Dentro de la lista negra de ejecuciones sobresale la del subdirector de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca, Rafael Pérez Gavilán Escalante, por presuntos malos manejos en los Servicios de Salud al tener nóminas discrecionales.
La dirigencia de la sección 35 los denunció a él y Rubén Portillo Mijangos y Marco Antonio Fuentes del Toro, directores de Administración y de Recursos Humanos, respectivamente.
Pérez Gavilán también fue acusado por el Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de Salud de manejar una “nómina secreta” y de un presunto desvío de 2 mil millones de pesos en los Servicios de Salud de Oaxaca.
Pérez Gavilán fue cesado el 19 de febrero de 2015. Semanas después, a principios de marzo, cuando amenazó con revelar nombres, fue ejecutado. El gobierno de Cué intentó ocultar el caso.
Los crímenes de políticos fueron también marca del gobierno de Cué. La dirigencia estatal del PRD denunció 27 casos aún no resueltos.
Entre los más relevantes se encuentran el de Nicolás Estrada Merino, en 2013; el de Everardo Hugo Hernández, diputado local, y Carlos Martínez Villavicencio, exdiputado local, en 2015; Ernesto Fidel López Nelio, Eusebio Cruz Cortés, exprecandidato a diputado federal, y José María Caña, líder del PRD en San José Independencia, en marzo pasado, y el de Rolando Vásquez Castillejos, líder de la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo, en agosto pasado.
Los otros agredidos
La prensa también fue blanco de la violencia en el gobierno que acaba el 30 de noviembre. La organización Artículo 19 afirmó que con los recientes asesinatos de periodistas, Oaxaca es la cuarta entidad con mayor número de bajas en México. En los últimos dos años hubo 11, entre ellas las de Marcos Hernández Bautista, Abel Bautista Raymundo y Filadelfo Sánchez Sarmiento.
La coordinadora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Ana María Hernández Cárdenas, afirmó que el gobierno de Cué resultó todo un “fracaso” porque en su sexenio se cometieron 526 feminicidios, de los cuales 101 ocurrieron este año.
Aunque prometió combatir la impunidad, dice, terminó igual o peor que sus antecesores. En el sexenio de Murat hubo 429 crímenes de mujeres, en el de Ruiz bajó a 283, con la actual administración la cifra se disparó a 526.
En 2016, el acto de violencia más emblemático fueron los ocho muertos, 155 civiles heridos, 84 de ellos por arma de fuego, que dejó el operativo fallido de las policías federal y estatal el pasado 19 de junio.
Oaxaca es una de las siete entidades con mayor aumento en la pobreza. De acuerdo con la última medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. En la entidad hay 2 millones 662 mil 700 pobres 66.8% de la población. La mitad sobrevive en la pobreza extrema.
Estos índices contrastan con el despilfarro que realizó Cué en su despacho –15 millones 978 mil 687 pesos–, en el auditorio Guelaguetza–1.5 millones– y en la construcción del estadio de futbol de Los Alebrijes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://www.proceso.com.mx/464559/gabino-cue-peor-ulises-deja-oaxaca-hecha-anicos
Hace seis años, cuando tomó posesión, abanderado por el PRD, PT, PAN y Convergencia, Cué declaró: “Nunca más un gobernador que abuse del poder público para beneficio personal o el interés de un grupo en detrimento de la población en su conjunto; nunca más el uso de la fuerza pública para reprimir; nunca más el uso de la fuerza pública para acallar demandas sociales”.
Sin embargo, durante su administración Cué sepultó la incipiente transición en ese estado. No supo controlar la violencia que dejó 3 mil 705 crímenes de alto impacto, de los cuales 610 fueron por motivos políticos o agrarios, 526 feminicidios, 11 asesinatos de periodistas, 174 desapariciones de mujeres, una desaparición forzada, 300 ataques a defensoras, 236 agravios a periodistas, 67 presos políticos, e infinidad de torturados y desplazados.
Hoy, el “humanista” y “demócrata” mandatario es acusado de saquear 30 mil millones de pesos. El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, fundador del albergue Hermanos en el Camino, es contundente: “Lo que nunca le van a perdonar es que haya traicionado al pueblo y que haya entregado de nuevo el estado de Oaxaca al PRI”.
Solalinde calificó de “lamentable y deplorable el sexenio de Gabino Cué porque le falló a mucha gente de la sociedad civil que exigió justicia y se quedó esperando.
“Empezó bien pero los ladrones ya estaban en casa, no lo dejaron gobernar, no impuso su voluntad, lo cooptaron y acabó haciendo lo mismo que los anteriores. Es una desilusión muy grande”.
Expresidente de la Comisión de la Verdad por los disturbios de 2006 y 2007, Solalinde critica los compromisos de la administración de Cué con el PRI, así como con los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos. “Es algo escandaloso –dice–, que agravia la conciencia de los oaxaqueños”.
La violencia, según el religioso, se debe a que fue “un gobernador débil. No tuvo el valor de enfrentar (a los delincuentes) y terminó pactando con el PRI”.
Funesto legado
La defensora de derechos humanos Yésica Sánchez Maya también considera al mandatario saliente como una decepción. Su gestión, más que de esperanza, fue una pesadilla.
“Gabino no sólo dejó calles rotas, baches, zonas no iluminadas, un puente deforme, obras muy mal logradas, sino una sociedad agujereada, con deudas, déficit y muchos pendientes”, resume la activista.
La persecución a los maestros disidentes de la sección XXII y la represión del 19 de junio último en Asunción Nochixtlán, que dejó ocho muertos y más de 100 lesionados, aún es una herida abierta.
Sánchez Maya resaltó que el lema “Paz y progreso” se quedó en un eslogan de campaña, aunque también cuestionó a los partidos políticos que llevaron a Cué a la gubernatura porque nunca asumieron su responsabilidad de obligarlo a cumplir con sus promesas y ahora se desgarran las vestiduras.
El apoderado legal de la arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Wilfrido Mayrén Peláez, habla de seis años perdidos para la historia de Oaxaca, con consecuencias desastrosas.
Cué manejó presupuestos “históricos” que superaron los 500 mil millones de pesos, pero no supo canalizarlos. Tal es la precariedad en los servicios de salud, por ejemplo, que en el Hospital Civil los directivos comenzaron a cobrar a los derechohabientes, pues no tienen fondos ni para medicamentos.
Los agravios son múltiples; tanto, que los integrantes de la LXIII Legislatura pidieron que se declare a “Oaxaca como zona de desastre”. El PAN y el PRD, los dos principales partidos que lo llevaron al gobierno en 2010, no dan crédito a lo que hizo su protegido Cué, mientras la inconformidad crece.
Los burócratas se quejan porque les suspendieron teléfono e internet y en las dependencias no hay papel ni para el baño por falta de pagos. Para expresar su descontento, organizaron un paro laboral durante una semana.
El jueves 24, los 534 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública se quejaron por el incumplimiento de los compromisos contraídos por las autoridades luego de un paro que se prolongó un mes. Ese día organizaron un plantón en el edificio de la dependencia para exigir al gobierno estatal el pago inmediato de 177 millones de pesos que adeuda al Fondo de Pensiones.
Transportistas y proveedores realizaron bloqueos carreteros, tomas de oficinas y del aeropuerto de Puerto Escondido para exigir al gobierno de Cué que les pague.
El malestar incluye a la clase empresarial, que, por medio del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana-Oaxaca, Raúl Ruiz Robles, declaró: “Oaxaca está herida y necesita un rescate en todos los sentidos” porque Cué deja una deuda a proveedores cercana a los 2 mil 500 millones de pesos, situación que provocará un gran hoyo y hundirá al sector productivo en la falta de liquidez”.
También abandonó la obra del Metrobús de 8.5 kilómetros, cuya inversión inicial de 500 millones de pesos, se disparó a mil 244.6 millones. Y en el sector educativo el déficit rebasa los 6 mil millones; en el de salud, supera los 9 mil millones.
Fue peor que Ulises
Joaquín Rodríguez Palacios, quien fue subsecretario de Gobierno en los sexenios de Heladio Ramírez López, Diódoro Carrasco, José Murat Casab, Ulises Ruiz Ortiz y el del propio Cué, admite que el aliancista deja un estado colapsado y manchado de sangre.
Durante la administración de Cué se cometieron 610 crímenes por motivos políticos y cuestiones agrarias. En contraste, con Ramírez López hubo 97, incluidos 17 policías en un conflicto entre pobladores de San Baltazar Chichicapan y San Nicolás Yaxe.
Con Carrasco fueron 87, con todo y la aparición del Ejército Popular Revolucionario que dejó una treintena, principalmente en la región de Los Loxicha. Con Murat la cifra bajó a 85, pese a la masacre de 26 campesinos en el paraje de Agua Fría, de Santiago Xochiltepec, Sola de Vega, en la Sierra Sur.
Y con Ruiz la cifra se elevó a 108 muertos, incluido el conflicto sociopolítico de 2006-2007 protagonizado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que dejó 26 muertos, alrededor de 500 detenciones y 380 casos de tortura.
Con Cué la violencia se exacerbó: las 10 muertes en Santiago Choapan, las ocho entre gente de Zimatlán de Lázaro Cárdenas y San Sebastián Nopalera, los 10 calcinados por el conflicto de Santo Domingo Yosoñama con San Juan Mixtepec; el operativo fallido del 19 de junio de 2016 en Nochixtlán ejecutado por las fuerzas policiales federal y estatal que dejó ocho civiles muertos y 155 heridos, 84 de ellos por arma de fuego.
Dentro de la lista negra de ejecuciones sobresale la del subdirector de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca, Rafael Pérez Gavilán Escalante, por presuntos malos manejos en los Servicios de Salud al tener nóminas discrecionales.
La dirigencia de la sección 35 los denunció a él y Rubén Portillo Mijangos y Marco Antonio Fuentes del Toro, directores de Administración y de Recursos Humanos, respectivamente.
Pérez Gavilán también fue acusado por el Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de Salud de manejar una “nómina secreta” y de un presunto desvío de 2 mil millones de pesos en los Servicios de Salud de Oaxaca.
Pérez Gavilán fue cesado el 19 de febrero de 2015. Semanas después, a principios de marzo, cuando amenazó con revelar nombres, fue ejecutado. El gobierno de Cué intentó ocultar el caso.
Los crímenes de políticos fueron también marca del gobierno de Cué. La dirigencia estatal del PRD denunció 27 casos aún no resueltos.
Entre los más relevantes se encuentran el de Nicolás Estrada Merino, en 2013; el de Everardo Hugo Hernández, diputado local, y Carlos Martínez Villavicencio, exdiputado local, en 2015; Ernesto Fidel López Nelio, Eusebio Cruz Cortés, exprecandidato a diputado federal, y José María Caña, líder del PRD en San José Independencia, en marzo pasado, y el de Rolando Vásquez Castillejos, líder de la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo, en agosto pasado.
Los otros agredidos
La prensa también fue blanco de la violencia en el gobierno que acaba el 30 de noviembre. La organización Artículo 19 afirmó que con los recientes asesinatos de periodistas, Oaxaca es la cuarta entidad con mayor número de bajas en México. En los últimos dos años hubo 11, entre ellas las de Marcos Hernández Bautista, Abel Bautista Raymundo y Filadelfo Sánchez Sarmiento.
La coordinadora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Ana María Hernández Cárdenas, afirmó que el gobierno de Cué resultó todo un “fracaso” porque en su sexenio se cometieron 526 feminicidios, de los cuales 101 ocurrieron este año.
Aunque prometió combatir la impunidad, dice, terminó igual o peor que sus antecesores. En el sexenio de Murat hubo 429 crímenes de mujeres, en el de Ruiz bajó a 283, con la actual administración la cifra se disparó a 526.
En 2016, el acto de violencia más emblemático fueron los ocho muertos, 155 civiles heridos, 84 de ellos por arma de fuego, que dejó el operativo fallido de las policías federal y estatal el pasado 19 de junio.
Oaxaca es una de las siete entidades con mayor aumento en la pobreza. De acuerdo con la última medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. En la entidad hay 2 millones 662 mil 700 pobres 66.8% de la población. La mitad sobrevive en la pobreza extrema.
Estos índices contrastan con el despilfarro que realizó Cué en su despacho –15 millones 978 mil 687 pesos–, en el auditorio Guelaguetza–1.5 millones– y en la construcción del estadio de futbol de Los Alebrijes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://www.proceso.com.mx/464559/gabino-cue-peor-ulises-deja-oaxaca-hecha-anicos
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
