Esto opinan el senador Emilio Álvarez Icaza y Paulo Díez Gargari, dos hombres que en los últimos cinco años interpusieron 10 denuncias contra Ruiz Esparza y quien resulte responsable ante la FGR.
Esto opinan el senador Emilio Álvarez Icaza y Paulo Díez Gargari, dos hombres que en los últimos cinco años interpusieron 10 denuncias contra Ruiz Esparza y quien resulte responsable ante la FGR.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, confirmó que las denuncias fueron interpuestas ante la Fiscalía General de la República.
El extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza y la empresa constructora OHL fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República por supuestos actos de corrupción cometidos en sexenio de Enrique Peña Nieto.
Las denuncias fueron interpuestas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, según informó su titular, Santiago Nieto, luego de presentar a los senadores el informe “Casa Limpia”.
Las denuncias fueron interpuestas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, según informó su titular, Santiago Nieto, luego de presentar a los senadores el informe “Casa Limpia”.
Gerardo Ruiz Esparza y Apolinar Mena, ambos secretarios de Comunicaciones –uno en el nivel federal y el otro en el Estado de México– solían vacacionar con sus familias en el hotel Fairmont, un resort de ultralujo del Grupo Mayakoba, en la Riviera Maya. La extinta OHL –accionista del conglomerado– pagaba todos los gastos de su estancia, según un serial de audios difundidos de manera anónima en YouTube en 2015. Al tiempo, recibía millonarios contratos del Consejo de Promoción Turística de México para promocionar la marca “México” en su torneo anual de golf, efectuado en el campo del conjunto de hoteles.
El dinero ganado en México por Obrascón Huarte Lain (OHL, hoy Aleática) no sólo provino de las concesiones para el Circuito Exterior Mexiquense o el Viaducto Bicentenario. Grupo Mayakoba, el complejo turístico de lujo en la Riviera Maya, en el que el extinto conglomerado hospedó a altos funcionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto, tuvo 76 millones 770 mil 25 pesos para colocar la marca “México” en el torneo “Golf OHL Classic at Mayakobá” en 2012, 2013 y 2014.
El dinero provino del desaparecido Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), organismo que es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por supuestos desvíos de dinero hacia cuentas en el extranjero, según dio a conocer Santiago Nieto Castillo, Director de ese órgano, en su cuenta de Twitter el pasado 25 de septiembre.
El dinero provino del desaparecido Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), organismo que es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por supuestos desvíos de dinero hacia cuentas en el extranjero, según dio a conocer Santiago Nieto Castillo, Director de ese órgano, en su cuenta de Twitter el pasado 25 de septiembre.
Luego de sostener una reunión de gabinete en Palacio Nacional, Nieto Castillo señaló que “hemos estado trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), respecto a casos de la anterior administración con OHL”.
Agregó que también se está trabajando con la Secretaría de Turismo por un posible desvío de recursos en el Consejo Mexicano de Promoción Turística (CMPT).
La indagatoria contra el ex Secretario de Peña Nieto también iría dirigida contra el ex oficial mayor de la SCT, Rodrigo Ramírez Reyes, y el Subsecretario de Infraestructura, Raúl Murrieta Cummings.
El Gobierno federal investiga al ex Secretario de Comunicaciones y Transportes de Enrique Peña Nieto, Gerardo Ruiz Esparza, informó Milenio.
De acuerdo con la periodista Elisa Alanís, las administración de Andrés Manuel López Obrador habría confirmado el hecho, luego que por la mañana, el periodista Mario Maldonado, detallara que, “en cuestión de días”, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), presentará un expediente ante la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con la periodista Elisa Alanís, las administración de Andrés Manuel López Obrador habría confirmado el hecho, luego que por la mañana, el periodista Mario Maldonado, detallara que, “en cuestión de días”, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), presentará un expediente ante la Fiscalía General de la República.
Las irregularidades presupuestarias que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) entre 2014 y 2018 tienen al menos 90 probables responsables directos e indirectos. Además del ex Secretario Gerardo Ruiz Esparza, destacan Benito Neme Sastré (Caminos y Puentes Federales) y el ex Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello.
Gerardo Ruiz Esparza es el escalón más alto en una trama de presunta corrupción en la SCT. Durante el sexenio pasado, la ASF encontró más de 16.5 mil millones de pesos en irregularidades no solventadas, ya fuera por actos u omisiones que fueron maquinados desde la base hasta la punta de la escalera burocrática.
Además de Ruiz Esparza, cuando menos 89 funcionarios relacionados con su administración (2012-2018) fueron probables responsables directos o indirectos de las anomalías halladas por la ASF, en 251 auditorías realizadas entre 2014 y 2018.
Además de Ruiz Esparza, cuando menos 89 funcionarios relacionados con su administración (2012-2018) fueron probables responsables directos o indirectos de las anomalías halladas por la ASF, en 251 auditorías realizadas entre 2014 y 2018.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Gerardo Ruiz Esparza acumuló más de 16.5 mil millones de pesos en irregularidades no solventadas ante la Auditoría Superior de la Federación, durante el periodo 2014-2018. La mitad de ese dinero (9.2 mil millones de pesos) implicó actos u omisiones que ameritan sanciones contra ex funcionarios públicos.
La administración de Gerardo Ruiz Esparza hizo más que “mover a México”: durante seis años movió el presupuesto de una súper Secretaría de Estado, pero lo hizo entre irregularidades y probables casos de corrupción que actualmente son investigados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Ruiz Esparza tuvo la responsabilidad de mover al país a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) durante el sexenio (2012-2018) del Presidente Enrique Peña Nieto. Su tarea implicó el reto de impulsar el desarrollo de la infraestructura nacional con inversiones estratégicas en todo tipo de medios y vías de transporte, además de la administración de las telecomunicaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana.
Ruiz Esparza tuvo la responsabilidad de mover al país a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) durante el sexenio (2012-2018) del Presidente Enrique Peña Nieto. Su tarea implicó el reto de impulsar el desarrollo de la infraestructura nacional con inversiones estratégicas en todo tipo de medios y vías de transporte, además de la administración de las telecomunicaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana.
El ex Secretario de Comunicaciones y Transportes federal (2012-2018) y del Estado de México (2005-2011), Gerardo Ruiz Esparza, acumula cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República. Este agosto, la iniciativa Ahora pidió investigarlo por la compra con sobreprecio de 20 millones de dólares en 2009 de un sistema de barrera móvil (abandonado) con cargo al Circuito Exterior Mexiquense a una empresa relacionada con un compadre del ex Presidente Enrique Peña Nieto, así como por otorgar en 2008 a OHL México (ahora Aleatica) la concesión del Viaducto Bicentenario pese a que había una oferta económica más alta, lo que generó un daño al erario público de la entidad por mil 629 millones de pesos. En noviembre de 2018, la organización ya había presentado cuatro denuncias; entre otros posibles delitos destaca la supuesta transferencia de 3 mil 600 millones de pesos al Gobierno del Estado de México, presuntamente para la campaña del Gobernador Alfredo del Mazo.
“Si hubo traslado de dinero ilegal, me sumo a la denuncia. Vayamos a denunciar a OHL por haber transmitido dinero ilegal a España. No tengo conocimiento absolutamente de nadie, y lo digo aquí bajo protesta de decir verdad. Pero si lo hizo, y lo hizo indebidamente, con mucho gusto me sumaría yo a una denuncia en contra de la empresa por hacer algo indebido en contra de México”, dijo en el Senado el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, al Senador Emilio Álvarez Icaza, quien lo señaló de ser “protagonista principal” de casos de corrupción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Ciudad de México. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, anunció que presentará una iniciativa de ley de planeación para la construcción de infraestructura a mediano y largo plazo, porque el tiempo es uno de los mayores problemas para su desarrollo además de los fenómenos naturales.
Ciudad de México. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que para mejorar la coordinación en los trabajos de demolición de las casas afectadas no habitables y de limpieza para iniciar la reconstrucción de los hogares de Santo Domingo Petapa, Santa María Petapa, el Barrio de la Soledad y Santo Domingo Ingenio, el titular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza sostuvo una reunión con los presidentes de esos municipios.
En la comparecencia de Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, ante el Congreso para rendir cuentas por la apertura de un socavón en el Paso Exprés a Cuernavaca, donde murieron dos personas, hubo una demanda central de los legisladores: que deje el cargo. “¿La pérdida de dos vidas no lo movió a presentar su renuncia?, le dijo la Diputada Minerva Hernández del Partido Acción Nacional, mientras que Vidal Llerenas, de Morena, le reclamó: “Señor Secretario: sí importa que haya un responsable político y me temo que usted debe renunciar. Usted falló y sus responsables directos”.
Contrario al humor serio que caracteriza al Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, llegó a su comparecencia al Senado de la República con una disposición de atender los cuestionamientos sobre el Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos. Así, negó que su dependencia incurriera en alguna falla en la contratación de las empresas Eppcor y Aldesa, a las que se les pagaron mil 700 millones de pesos.
La primera en cuestionar a Ruiz Esparza fue Rocío Nahle, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien sostuvo que la contratación de empresas extranjeras o que están vinculadas a casos de corrupción, son una constante en su administración.
La primera en cuestionar a Ruiz Esparza fue Rocío Nahle, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien sostuvo que la contratación de empresas extranjeras o que están vinculadas a casos de corrupción, son una constante en su administración.
Esto acordó la Tercera Comisión de la Comisión Permanente al aprobar un punto de acuerdo que se presentará al Pleno.
Ruiz Esparza se hizo dueño de 1.6 departamentos por año de 2013 a 2015… y oculta quién se los vendió
De 2013 a 2015, adquirió cinco departamentos; es decir, su patrimonio de bienes inmuebles creció a un ritmo de 1.6 viviendas por año. Se trata de construcciones que van de los 182 a los 219 metros cuadrados. Todas pagadas al contado por el hombre a cargo de la infraestructura del país.
En estos años en la Administración peñanietista, Ruiz Esparza vendió cuatro casas que pagó al contado en 1983, 2004, 2007, y 2010. Es decir, ha comprado y vendido propiedades. Y, como en juego de Monopoly, ha mantenido en la última década en su haber por lo menos cinco bienes inmuebles que se extienden en terrenos de 200 metros cuadrados.
El viernes, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que el Gobierno entregaría como indemnización “por el mal rato” 500 mil pesos a los familiares de Juan Mena López y Juan Mena Romero, víctimas del socavón que se abrió en el tramo carretero Paso Exprés, y los otros 500 mil los aportaría la constructora.
El monto de la indemnización ya había sido aceptada por la familia; sin embargo, un allegado aseguró que fue rechazado, tras la infortunada declaración del Secretario Ruiz Esparza. Por “ese mal rato” no se cobra dinero, así que las negociaciones seguirán, dijo la fuente.
Los familiares de Juan Mena López y Juan Mena Romero, que murieron el pasado miércoles en un socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, rechazaron el millón de pesos de indemnización que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la constructora Aldesa ofrecieron, informó este sábado Reforma.
El Paso Exprés de Cuernavaca es conocido entre los morelenses como “el Paso de la muerte”, desde antes de ser inaugurado. Lo ocurrido el miércoles 12 de julio, cuando perdieron la vida dos personas que cayeron con su vehículo en un socavón, confirma que la negligencia y la corrupción son los cimientos de una obra que costó 2 mil 213 millones de pesos.
Y es que la muerte de Juan Mena López y su hijo Juan Mena Romero, son las últimas dos de una cadena de pérdidas humanas que rebasan el centenar, al menos desde que inició la construcción del llamado Paso Exprés. La obra, se realizó sobre la autopista México-Acapulco, en el tramo llamado libramiento Cuernavaca que cubre 14.5 kilómetros desde la gasa de la Paloma de la Paz hasta el Polvorín.
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dio a conocer que a 12 empresas y permisionarios se les retirará el permiso de circulación, tras bloquear vías de comunicaciones federales para protestar contra el gasolinazo “y no hay marcha atrás”.
“Seis ya fueron notificados, seis más están en proceso de ser notificados”.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, dijo que en el caso de Manzanillo se analiza impedir que vuelvan a tener algún contrato de movimiento de mercancías y de carga.
Precisó que entre las empresas que perderán sus permisos son la Asociación de Transportistas de Manzanillo, Autotransporte Nuevo Mundo S.A de C.V.; y los permisionarios José María Gallardo, Grisel Lleaname y Marisela Rodríguez Zermeño.
Ruiz Esparza mencionó que el proceso de identificación de empresas continúa, “ya están identificadas en cuanto a los camiones, estamos identificando a las empresas (…) Y no hay marcha atrás”.
Y advirtió que, en caso de requerirlo, “nos iremos por vía de la ley”.
Adelantó que esta semana “estaremos en contacto con ellos (transportistas) a efecto de explicarles el porqué de las medidas, y pedirles que no estén tomando estas acciones (bloqueos)”.
Gerardo Ruiz Esparza reconoció que se trata de un gran capital económico que se mueve a través de las carreteras, pues “el 81 por ciento del peso de la carga nacional, se mueve a través del transporte de carga”.
Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/469274/sct-retira-primeros-12-permisos-a-transportistas-bloqueos-contra-gasolinazo
En los cuatro años del actual sexenio, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no la ha movido el aire. Los recortes presupuestales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la obligaron a ajustarse, nada más. Pero los escándalos de corrupción no hicieron ni una sola mella, y las indagatorias por las acusaciones de corrupción en proyectos de infraestructura –que vinculan a su titular, Gerardo Ruiz Esparza; al propio Presidente Enrique Peña Nieto y a la cúpula política del Estado de México– se han empantanado.La ruta de este tren iba bien, sin sobresaltos, desde principios de la administración. En 2014, Grupo Higa, propiedad del empresario Armando Hinojosa Cantú, amigo de Peña Nieto y del propio Ruiz Esparza desde los tiempos en que el actual Presidente fungía como Gobernador del Estado de México –donde fue beneficiado con contratos estatales–, ganó 900 millones de pesos en licitaciones con la dependencia federal.
El Ejecutivo federal había trasladado su modelo de Gobierno en el Edomex a toda la República y lo hizo, además, con quienes lo acompañaron, entre otras, en las áreas de finanzas e infraestructura en su administración mexiquense –como es el caso del Secretario Ruiz Esparza–.
De acuerdo con los contratos otorgados por la SCT, sucedió lo mismo con empresas cercanas y afines al grupo peñista: la propia Higa, las compañías de la familia San Román y la española Obrascon Huarte-Lain (OHL), con las que también la administración peñista trabajó en tierra mexiquense.
Las tres empresas están, de una forma u otra, ligadas en torno a EPN y al propio Gerardo Ruiz Esparza, quien fungió como Secretario de Comunicaciones del Estado de México, de 2005 a 2011, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Durante la gestión del ahora Primer Mandatario del país se otorgaron recursos públicos a OHL para adquirir un sistema de barreras móviles, al doble de precio, para el Viaducto Elevado a una empresa propiedad de Ricardo Arturo San Román Dunne, con quien el mandatario mexicano sostiene una solida amistad e incluso un compadrazgo, reveló en octubre pasado una investigación periodística de Aristegui Noticias.
De acuerdo con esa investigación, la amistad del Presidente con los San Roman inició con la adquisición de una residencia en el club de golf Gran Reserva, en Ixtapan de la Sal, Estado de México, a Roberto San Román Widerkehr; esa dicha amistad consolidó cuando el hijo de éste, Roberto San Roman Dunne, apadrinó a Paulina Peña Pretelini, la hija mayor de Peña Nieto, en su primera comunión.
Al ser cuestionado sobre su comportamiento y su estrecha relación con las empresas en cuestión, Gerardo Ruiz Esparza se torna molesto: lo ha negado en vivo y a través de su cuenta de Twitter [@gruizesp], pero a pesar de ello las acusaciones continúan y no sólo se relacionan con esas tres empresas y familias.
Por ejemplo, apenas en noviembre pasado, la SCT otorgó un contrato por 466 millones para ampliar un tramo de 31 kilómetros de la carretera federal Estación Don-Nogales en Sonora, a una constructora española vinculada a escándalos de corrupción. Antes, ganó otra licitación por 200 millones de pesos para modernizar la carretera Coatzacoalcos-Veracruz.
Copisa Constructora Pirenaic, empresa propiedad del catalán Jordu Pujol Ferrusola, es investigada en España por una serie de fraudes cometidos en México, en los que empresarios y autoridades de este país están vinculadas.
Pujol Ferrusola era investigado por haber realizado cobros encubiertos en un proyecto turístico de México, donde habría invertido un peso pero cobró comisiones por 243 mil euros a través de GBI & Monic Productions, una empresa fantasma; el cobro lo realizó por un asesoramiento en el proyecto de centro de tratamiento de residuos situados en Ecatepec, Estado de México, y en las ciudades de Querétaro, Puerto Vallarta, Acapulco y Ciudad de México.
Polémicas, dudas por la opacidad y posibles conflictos de interés rodean varias de las licitaciones de la SCT y mucho información al respecto se ha negado por transparencia. Esta dependencia sólo gastó un tercio del presupuesto destinado a la dirección que se encarga de las carreteras del país durante 2015. En respuesta a una solicitud de información hecha por un legislador de la Cámara de Diputados, la SCT develó que la Dirección General de Carreteras ejerció mil 059 millones de pesos el año pasado, a pesar de contar con un presupuesto de 3 mil 337 millones de pesos; esto representa una ejecución del 31 por ciento del total.
UN TREN DE SOSPECHAS Y ERRORES
El inexistente Tren de Alta Velocidad es el estandarte del sexenio, pero no por el orgullo que supuestamente generaría “Mover a México” sobre sus rieles, sino por representar la primera gran pifia del sexenio en materia de infraestructura.
Esta obra, que no sólo le hubiera ahorrado cuatro horas en viaje redondo a 27 mil usuarios diarios, o hubiera evitado un desembolso de 5 mil 300 millones de pesos para ampliar la autopista, se suspendió abruptamente.
El 5 de noviembre, el titular de la SCT anunció al consorcio ganador, que era el liderado por la empresa China Railway Construction Company, junto con la Constructora Teya –filial del viejo conocido Grupo Higa–, además de Grupo GIA, China South Rolling Stok Corporation y GHP Infraestructura Mexicana.
Horas después de ese anuncio, Gerardo Esparza salió de nuevo ante los medios de comunicación pero para anunciar que la licitación se cancelaba.
“En razón de las dudas e inquietudes que han surgido en la opinión pública, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, instruyó a reponer la convocatoria para la construcción del Tren de Alta Velocidad México Querétaro”, dijo el Secretario.
Esto sucedió luego de darse a conocer la noticia de que la esposa del Presidente Peña Nieto, Angélica Rivera Hurtado, era propietaria de una mansión de 86 millones de pesos, en las Lomas de Chapultepec, una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México. La constructora de esa casa fue ni más ni menos que Grupo Higa, propiedad de Armando Hinojosa Cantú.
El 29 de enero de 2015, la SCT lanzó de nueva cuenta las bases de licitación para el tren a Querétaro, pero para ese momento México ya estaba sumido en la indignación, provocada por las sospechas de un posible conflicto de intereses que tenía como actor principal al Presidente y a Angélica Rivera Hurtado, su esposa.
Aquél día, con la cancelación del proyecto, también se fueron al vacío 20 mil empleos directos y 41 mil indirectos.
Hoy, de eso ya no hay nada: sólo quedó una relación raspada con China y un plan de trenes para “Mover a México” en el olvido.
La otra historia, conocida a nivel nacional e internacional, es la de Grupo Higa.
De acuerdo con un cúmulo de solicitudes de información realizado por la Unidad de Datos de este diario digital, sólo en 2014 la empresa de Hinojosa Cantú consiguió 895 millones 499 mil 707 pesos con 12 centavos por siete contratos con la SCT.
OHL: DEL EDOMEX AL GOBIERNO FEDERAL
En la Procuraduría General de la República (PGR) existe una demanda por actos de corrupción y asociación delictuosa, en contra del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; el ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso; el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y su Secretario Técnico de Gabinete, Apolinar Mena Vargas, por haber participado y atestiguado el fraude en la licitación para la construcción del Viaducto Bicentenario en 2007.
En este asunto, como en otras más, entra OHL como uno de los grandes casos del sexenio en materia de presunta corrupción y conflicto de interés.
De 2012 al primer trimestre de 2016, OHL reportó ingresos netos por 60 mil 717 millones de pesos, sólo de ocho concesiones que tiene en el país.
En octubre de este año, por ejemplo, el segundo piso de la Autopista México-Puebla, que estuvo a cargo de OHL y Pinfra, reportó ganancias de 93 mil millones de pesos, derivados de la explotación de tramos carreteros.
Junto con Rafael Moreno Valle, Gobernador de Puebla, Ruiz Esparza inauguró la obra que tuvo un costo de 10 mil 500 millones de pesos; la SCT subsidió el proyecto con 5 mil 500 millones de pesos.
Otro asunto espinoso es el que involucra a la empresa Infraiber, que presentó una demanda penal ante la PGR contra el Secretario de Comunicaciones y Transportes, por autorizar a OHL la ampliación de concesiones de construcción.
El abogado de la empresa, Paulo Díez Gargari, aseguró que Ruiz Esparza pudo haber incurrido en delitos por autorizar a OHL, entonces representada por Juan Osuna, la ampliación por 30 años de la concesión de la autopista Amozoc-Perote y 20 años la del Libramiento de Perote.
La demanda establece que el titular de la SCT y OHL presentaron información falsa con la cual justificaban la ampliación de la concesión e incrementos anuales de 6 por ciento a la tarifa.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) no tiene aún los resultados de la auditoría a los contratos que OHL-México firmó con la SCT y que implican 15 mil 976 millones 193 mil 016 con 99 centavos, un proceso anunciado en 2015.
En contrataciones a nivel federal –es decir, dependencias y organismos descentralizados– el alcance de OHL supera los 24 mil 496 millones 543 mil 571 pesos con 16 centavos, de acuerdo con una investigación de la Unidad de Datos de SinEmbargo a través de mecanismos de Transparencia.
DE TEXCOCO AL CARIBE
Apenas en septiembre de este año entró en vigor un acuerdo de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que otorga a Desarrollos de Infraestructura Sustentable Nuevo Chimalhuacán A.C. los derechos para el uso de 150 hectáreas de una zona conocida como “El Moño” o “Los Tlateles”, que colinda con el Circuito Exterior Mexiquense, Texcoco y Chimalhuacán, y es uno de los últimos lugares vacíos en los alrededores de lo que será el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
Para líderes campesinos, quienes por años se han opuesto a la construcción del Nuevo Aeropuerto por la amenaza que representa para las comunidades y la tierra, ésta acción federal se traduce en “una burla”.
Adán Espinoza Rojas, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, sostuvo que quizá el Gobierno federal “tuvo que pagar algún favor” y mencionó una declaración del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, realizada en la Cámara de Diputados respecto a esta donación.
“Él [Ruiz Esparza], de una forma burlona, se puso como un Santo, pegó las manos al pecho y dijo: ‘con todo respeto les pido que nos tengan paciencia, ese terreno es para una zona deportiva y para árboles’. No dijo nada porque no tiene ningún argumento legal que diga que es su terreno. Es una burla en todo momento y si a eso se le suman las agresiones, los despojos y las agresiones, nosotros luchamos con nuestros amparos contra Conagua, el NAICM, decretos, etcétera”, acusó.
Autoridades de la paraestatal Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) negaron retrasos en la construcción del NAICM. Sin embargo, al hacer una comparación con el cronograma original se muestra un rezago en la licitación de obras preliminares del proyecto.
Al finalizar 2015, el presupuesto destinado para esa obra era de 104 mil 396 millones de pesos, sin embargo, al primer trimestre de 2016, la cifra aumentó en más de 75 mil millones, para quedar en 180 mil 122 millones 684 mil 677 pesos, de los cuales, según los contratos abiertos, hasta el momento sólo se ha hecho uso del 1.31 por ciento.
El aumento presupuestal es de 72.53 por ciento.
Esta cifra ya supera el doble de la inversión que tanto la Presidencia de la República como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunciaron el 4 de septiembre de 2014, el día en que presentaron el NAICM, considerado el proyecto más ambicioso de la administración de Enrique Peña Nieto. Ese día se dijo que se utilizarían 84 mil 500 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y 84 mil 500 pesos provendrían del capital privado.
Pero de acuerdo con el primer Informe Trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el avance de la obra está en 2.53 por ciento, a casi 18 meses de haber iniciado la fase de construcción, planeada para 2015-2020.
De acuerdo con los 20 contratos ubicados en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) y de un contrato que figura en la sección de Datos Abiertos del portal del NAICM, el dinero del que se ha hecho uso hasta el momento son 2 mil 361 pesos 544 mil 193 pesos.
En noviembre pasado, además, el Senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Gamboa Patrón, viajó en un helicóptero que aterrizó de manera ilegal en el Área Natural Protegida (ANP) Arrecife Alacranes, frente a la costa de Yucatán; lo hizo como “pasajero”.
Los tres hombres a bordo eran el propio Senador Emilio Gamboa, el empresario Emilio Díaz Castellanos y el coordinador de Puertos y Marina Mercante de la SCT, Guillermo Ruiz de Teresa.
Por su parte, la Dirección General de Aeronáutica Civil, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, también había comenzado una investigación; sin embargo, aclaró, que “de confirmarse que se aterrizó indebidamente, procederá una sanción contra el piloto y a la empresa dueña de la aeronave”.
La dependencia federal también confirmó que Ruiz de Teresa viajó en el helicóptero, “pues se encontraba en una actividad personal, y nos comunicó que él fue invitado a hacer un recorrido y nunca se imaginó que el piloto iba a aterrizar en un sitio no autorizado”.
En tanto, Gerardo Ruiz Esparza negó en su cuenta de Twitter que él también hubiera hecho el recorrido, como aseguraron algunas versiones.
“Para interesados: ayer pasé un feliz domingo con mi familia en la CDMX. Desayuné con todos ellos a las 10 am en Sta Fe”, publicó.FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-12-2016/3125742
El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo en entrevista exclusiva para elEconomista que el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México sería una mina de oro y a la larga se privatizará. Además habló de las grabaciones que desde el año pasado se filtraron en las que se evidencian conversaciones de directivos de OHL México negociando con autoridades del Gobierno federal y del Estado de México para beneficiarse con proyectos de infraestructura y del sector energético. En el último audio, que se difundió el pasado 15 de junio, José Andrés de Oteyza, ex presidente de la constructora en México, hace referencia a una reunión con el Ejecutivo federal en la que le habría dicho que está muy agradecido con Ruiz Esparza “por su ayuda”. Al ser cuestionado por este tema el titular de la SCT aseguró que las grabaciones “están amañadas y no hay nada ilegal ni corrupto”.
El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se ha convertido en el proyecto más emblemático del Gobierno de Enrique Peña Nieto. Con un presupuesto de 13 mil millones de dólares (unos 241 mil 272 millones de pesos al cambio actual) las obras avanzan “en tiempo y forma” pese a su complejidad y tienen el respaldo financiero de los principales bancos españoles e internacionales, tal y como aseguró al diario elEconomista Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México.
A pesar de los recortes al gasto público aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en 2015 y 2016, Esparza se vanagloria de que “no se ha cancelado” ningún proyecto “socialmente necesario” y que, a excepción del aeropuerto, se van a terminar durante el sexenio de Peña Nieto. “La idea es concluir las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en septiembre de 2020.
Es un proyecto transexenal y eso significa que nosotros vamos a dejar construida la terminal en su exterior, la torre de control en su exterior y dos pistas”, explicó el Secretario en una entrevista con elEconomista en México.
–En un momento de incertidumbre económica en el que ya se han aprobado dos recortes al gasto público, ¿por qué es importante construir un nuevo aeropuerto internacional en Ciudad de México?
–El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIMC) es una obra necesaria desde hace 25 años, cuando ya se preveía que Benito Juárez -el actual aeródromo capitalino- se iba a quedar pequeño. Es más, hace unos años se saturó y ahora se está volviendo a saturar. Lo que no hay duda es que se requiere un aeropuerto de mayor dimensión para permitir que crezca el transporte de pasaje y carga. Por eso se necesita una infraestructura con capacidad para 120 millones de pasajeros. En una primera etapa, la que estamos iniciando nosotros, tendrá una capacidad para 70 millones de viajeros al año (el actual aeropuerto recibe 38.4 millones) y se irá ampliando conforme aumente la demanda.
–¿Cuál es el presupuesto para construir el aeropuerto y cómo se van a financiar las obras?
–El proyecto está calculado en 13 mil millones de dólares y la inversión se va a pagar con los ingresos que genere el propio aeropuerto cuando empiece a operar y con los que genera el actual. Hay un sobrante en Benito Juárez y ya se está canalizando para sus efectos. Esos 13 mil millones se van a recibir en un 40 por ciento de recurso público, que después van a ser reintegrados, y el resto vendrá de créditos bancarios, emisión de bonos…
–¿Cómo está recibiendo el mundo financiero el proyecto?
–Muy bien. La comunidad financiera internacional confía en el éxito del proyecto y eso es una fortaleza. De hecho, ya tenemos una línea de crédito por 3 mil millones de dólares otorgada por nueve bancos, entre los que destacan el Santander y el BBVA. Uno generalmente anda luchando por los créditos y esta vez fue al revés. Tenemos el respaldo de estas entidades.
–Hace unos años México privatizó una serie de aeropuertos en todo el país, pero dejó a Benito Juárez en manos del gestor estatal. ¿Se ha decidido ya si la gestión del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México va a ser privada?
–Yo estoy convencido de que, a la larga, el aeropuerto va a tener que ser privatizado. Ya no nos va a tocar a nosotros, pero lo más conveniente es que sea una infraestructura que se abra al capital privado por muchas razones. Por ejemplo, una de ellas es porque va a ser un ingreso muy importante para el Gobierno Federal que se licite una concesión de esta naturaleza.
–¿Por qué no se hace ahora?
–Porque los concesionarios empiezan a marcar el ritmo de la construcción y se corre el riesgo de que demore. Queremos que la obra sea rápida y esté bien hecha y no estar sujetos a las condiciones financieras de un privado.
–¿Cuándo se podría privatizar?
–Lo ideal sería privatizarlo cuando ya esté concluido y operado perfectamente porque es cuando más va a valer. Pero es una decisión del próximo Gobierno.
–Hay aerolíneas españolas, como Air Europa, que quieren operar en el aeropuerto de México. ¿Hay problemas para que puedan llegar debido a la saturación que ha comentado antes?
–El AICM está saturado, no hay duda. Hasta ahorita no se le ha negado a ninguna aerolínea un slot para llegar a la Ciudad de México. Si alguien está interesado en venir, lo más seguro es que le encontremos solución al tema, pero una alternativa abierta totalmente es el aeropuerto de Toluca, que está muy cerca. Le digo con toda sinceridad que el aeropuerto de Toluca lo hemos considerado como un anexo del aeropuerto de la Ciudad de México, como una tercera terminal.
–Algunos expertos y medios de comunicación dicen que el nuevo aeropuerto no es rentable. ¿Qué opinan usted?
–El NAICM es una mina de oro. Va a ser una mina de riqueza. Es autofinanciable sin recurso público durante 20 años. Va a triplicar en ingresos al actual aeropuerto.
–Los ajustes aprobados por Hacienda en los dos últimos ejercicios han reducido el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Cómo ha afectado la medida al plan de desarrollo de infraestructuras anunciado por Peña Nieto al principio del sexenio?
–El sexenio empezó con un presupuesto de 1.3 billones de pesos para 233 obras y todas menos dos se mantienen. La parte de los recortes se nota en que hemos tenido que diferir y ampliar plazos de ejecución de las obras. Es decir, que si el ritmo de construcción de una carretera eran 50 o 60 kilómetros al año, a lo mejor estamos construyendo ahora 10 kilómetros al año. No se cancelan obras, sino que se difieren en el plazo.
–¿Qué proyectos se han cancelado y por qué?
–El tren de alta velocidad México-Querétaro y el transpeninsular se cancelaron, por no fue por un problema presupuestario ni del petróleo. Las autoridades financieras consideraron que los proyectos no tenían la rentabilidad suficiente para que se pudieran construir y se cancelaron. Se pensaba que eran muy costosos para generar un retorno de capital muy interesante.
–¿Se retomarán estas obras?
–No, por el momento. Tal vez en un futuro se retomen pero no en este sexenio.
–¿Cuál es el balance de mejora de las infraestructuras?
–Se está haciendo el metro de Monterrey, el Tren de Toluca, 52 autopistas con 3,000 kilómetros, duplicando la red actual. Se han construido y ampliado 80 carreteras y se trabaja para duplicar la capacidad operativa de los puertos mexicanos de 260 millones de toneladas a 520 millones de toneladas anuales. También están en marcha 4,000 kilómetros de caminos alimentadores, entre otras cosas.
–El Ejecutivo mexicano acaba de lanzar la licitación de la banda de 700 megahercios (mhz) para el desarrollo de Internet. ¿Cómo va el proceso?
–Ha habido mucho interés y éste se refleja en consultas, en visitas, en reuniones. Yo creo que grandes grupos internacionales van a participar, y estamos hablando de cinco o seis empresas interesadas. Este proyecto es muy importante y muy interesante para las compañías ya que busca llevar las telecomunicaciones a 85 millones de mexicanos, es decir, extenderla por zonas rurales y poblaciones en el que ahora es difícil que se llegue.
Además, su costo va a ser mucho menor porque fue el incentivo que puso el Gobierno mexicano para animar la licitación. Es decir, se pide una contraprestación mucho menor de la que se cobraría en una licitación de una red de esta naturaleza.
–El año pasado saltó un escándalo en torno a OHL México y las autopistas que tiene concesionadas. ¿Cómo ha terminado el caso?
–Fue un problema de criterios en la contabilidad por la rentabilidad garantizada. Esta rentabilidad quiere decir que la empresa va a pagar con la cuota de la autopista el capital que invirtió, que en parte viene de la propia firma y en parte de los accionistas y créditos bancarios. Lo que hacía OHL era poner en su estado de contabilidad el valor de esa rentabilidad garantizada que de acuerdo a esos criterios de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) no fue correcto, y por eso se le multó. Pero eso era lo que tanto se reclama, que es sus estados financieros publicaba algo que no correspondía a la realidad. La autoridad bancaria dijo que no estaba de acuerdo en como contabiliza esos ingresos por lo que le puso una multa y le dijo que los corrigiera, nada más.
–También se colgaron en Internet una serie de grabaciones que apuntaban a casos de corrupción…
–Son grabaciones alteradas que no decían absolutamente nada. Estaban seleccionadas, alteradas e ilegalmente obtenidas. No hay absolutamente nada en las grabaciones que tenga un problema. En mi caso, decía que me habían pagado unas vacaciones en Mayakobá. Si usted oye la grabación, sólo decía “por qué permitieron que el Secretario pagara su cuenta”. Yo jamás me he hospedado en Mayakobá.
Son cosas amañadas que sería erróneo tomar como corrupción. Ellos se expresaban entre ellos mismos de una manera incorrecta, yo creo que sí, pero no hay nada ilegal.
–La mayor constructora de México, ICA, está atravesando verdaderos problemas financieros y se ha apuntado que podría perder varias concesiones por falta de fondos. ¿Cómo afecta su situación a las obras que tiene con la SCT?
–Hay dos obras en Oaxaca (autopista La Barranca Larga-Ventanilla y Mitla-Tehuantepec, que se está viendo de qué manera se terminan y a través de qué mecanismo. No es tanto que le vayamos a quitar las obras a ICA, queremos ver de qué manera ellos logran un consorcio con otra empresa o algún banco para poder terminar la obra sin necesidad de dar por terminada la concesión. Y esperemos lograrlo porque ya falta muy poco. Y en cuanto a los pagos, estamos haciendo lo posible para tardar muy poco.
FUENTE: SIN EMBARGO/ECONOMÍAHOY.
AUTOR: REDACCIÓN/ÁFRICA SEMPRÚN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-06-2016/3058222
A pesar de los recortes al gasto público aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en 2015 y 2016, Esparza se vanagloria de que “no se ha cancelado” ningún proyecto “socialmente necesario” y que, a excepción del aeropuerto, se van a terminar durante el sexenio de Peña Nieto. “La idea es concluir las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en septiembre de 2020.
Es un proyecto transexenal y eso significa que nosotros vamos a dejar construida la terminal en su exterior, la torre de control en su exterior y dos pistas”, explicó el Secretario en una entrevista con elEconomista en México.
–En un momento de incertidumbre económica en el que ya se han aprobado dos recortes al gasto público, ¿por qué es importante construir un nuevo aeropuerto internacional en Ciudad de México?
–El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIMC) es una obra necesaria desde hace 25 años, cuando ya se preveía que Benito Juárez -el actual aeródromo capitalino- se iba a quedar pequeño. Es más, hace unos años se saturó y ahora se está volviendo a saturar. Lo que no hay duda es que se requiere un aeropuerto de mayor dimensión para permitir que crezca el transporte de pasaje y carga. Por eso se necesita una infraestructura con capacidad para 120 millones de pasajeros. En una primera etapa, la que estamos iniciando nosotros, tendrá una capacidad para 70 millones de viajeros al año (el actual aeropuerto recibe 38.4 millones) y se irá ampliando conforme aumente la demanda.
–¿Cuál es el presupuesto para construir el aeropuerto y cómo se van a financiar las obras?
–El proyecto está calculado en 13 mil millones de dólares y la inversión se va a pagar con los ingresos que genere el propio aeropuerto cuando empiece a operar y con los que genera el actual. Hay un sobrante en Benito Juárez y ya se está canalizando para sus efectos. Esos 13 mil millones se van a recibir en un 40 por ciento de recurso público, que después van a ser reintegrados, y el resto vendrá de créditos bancarios, emisión de bonos…
–¿Cómo está recibiendo el mundo financiero el proyecto?
–Muy bien. La comunidad financiera internacional confía en el éxito del proyecto y eso es una fortaleza. De hecho, ya tenemos una línea de crédito por 3 mil millones de dólares otorgada por nueve bancos, entre los que destacan el Santander y el BBVA. Uno generalmente anda luchando por los créditos y esta vez fue al revés. Tenemos el respaldo de estas entidades.
–Hace unos años México privatizó una serie de aeropuertos en todo el país, pero dejó a Benito Juárez en manos del gestor estatal. ¿Se ha decidido ya si la gestión del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México va a ser privada?
–Yo estoy convencido de que, a la larga, el aeropuerto va a tener que ser privatizado. Ya no nos va a tocar a nosotros, pero lo más conveniente es que sea una infraestructura que se abra al capital privado por muchas razones. Por ejemplo, una de ellas es porque va a ser un ingreso muy importante para el Gobierno Federal que se licite una concesión de esta naturaleza.
–¿Por qué no se hace ahora?
–Porque los concesionarios empiezan a marcar el ritmo de la construcción y se corre el riesgo de que demore. Queremos que la obra sea rápida y esté bien hecha y no estar sujetos a las condiciones financieras de un privado.
–¿Cuándo se podría privatizar?
–Lo ideal sería privatizarlo cuando ya esté concluido y operado perfectamente porque es cuando más va a valer. Pero es una decisión del próximo Gobierno.
–Hay aerolíneas españolas, como Air Europa, que quieren operar en el aeropuerto de México. ¿Hay problemas para que puedan llegar debido a la saturación que ha comentado antes?
–El AICM está saturado, no hay duda. Hasta ahorita no se le ha negado a ninguna aerolínea un slot para llegar a la Ciudad de México. Si alguien está interesado en venir, lo más seguro es que le encontremos solución al tema, pero una alternativa abierta totalmente es el aeropuerto de Toluca, que está muy cerca. Le digo con toda sinceridad que el aeropuerto de Toluca lo hemos considerado como un anexo del aeropuerto de la Ciudad de México, como una tercera terminal.
–Algunos expertos y medios de comunicación dicen que el nuevo aeropuerto no es rentable. ¿Qué opinan usted?
–El NAICM es una mina de oro. Va a ser una mina de riqueza. Es autofinanciable sin recurso público durante 20 años. Va a triplicar en ingresos al actual aeropuerto.
–Los ajustes aprobados por Hacienda en los dos últimos ejercicios han reducido el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Cómo ha afectado la medida al plan de desarrollo de infraestructuras anunciado por Peña Nieto al principio del sexenio?
–El sexenio empezó con un presupuesto de 1.3 billones de pesos para 233 obras y todas menos dos se mantienen. La parte de los recortes se nota en que hemos tenido que diferir y ampliar plazos de ejecución de las obras. Es decir, que si el ritmo de construcción de una carretera eran 50 o 60 kilómetros al año, a lo mejor estamos construyendo ahora 10 kilómetros al año. No se cancelan obras, sino que se difieren en el plazo.
–¿Qué proyectos se han cancelado y por qué?
–El tren de alta velocidad México-Querétaro y el transpeninsular se cancelaron, por no fue por un problema presupuestario ni del petróleo. Las autoridades financieras consideraron que los proyectos no tenían la rentabilidad suficiente para que se pudieran construir y se cancelaron. Se pensaba que eran muy costosos para generar un retorno de capital muy interesante.
–¿Se retomarán estas obras?
–No, por el momento. Tal vez en un futuro se retomen pero no en este sexenio.
–¿Cuál es el balance de mejora de las infraestructuras?
–Se está haciendo el metro de Monterrey, el Tren de Toluca, 52 autopistas con 3,000 kilómetros, duplicando la red actual. Se han construido y ampliado 80 carreteras y se trabaja para duplicar la capacidad operativa de los puertos mexicanos de 260 millones de toneladas a 520 millones de toneladas anuales. También están en marcha 4,000 kilómetros de caminos alimentadores, entre otras cosas.
–El Ejecutivo mexicano acaba de lanzar la licitación de la banda de 700 megahercios (mhz) para el desarrollo de Internet. ¿Cómo va el proceso?
–Ha habido mucho interés y éste se refleja en consultas, en visitas, en reuniones. Yo creo que grandes grupos internacionales van a participar, y estamos hablando de cinco o seis empresas interesadas. Este proyecto es muy importante y muy interesante para las compañías ya que busca llevar las telecomunicaciones a 85 millones de mexicanos, es decir, extenderla por zonas rurales y poblaciones en el que ahora es difícil que se llegue.
Además, su costo va a ser mucho menor porque fue el incentivo que puso el Gobierno mexicano para animar la licitación. Es decir, se pide una contraprestación mucho menor de la que se cobraría en una licitación de una red de esta naturaleza.
–El año pasado saltó un escándalo en torno a OHL México y las autopistas que tiene concesionadas. ¿Cómo ha terminado el caso?
–Fue un problema de criterios en la contabilidad por la rentabilidad garantizada. Esta rentabilidad quiere decir que la empresa va a pagar con la cuota de la autopista el capital que invirtió, que en parte viene de la propia firma y en parte de los accionistas y créditos bancarios. Lo que hacía OHL era poner en su estado de contabilidad el valor de esa rentabilidad garantizada que de acuerdo a esos criterios de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) no fue correcto, y por eso se le multó. Pero eso era lo que tanto se reclama, que es sus estados financieros publicaba algo que no correspondía a la realidad. La autoridad bancaria dijo que no estaba de acuerdo en como contabiliza esos ingresos por lo que le puso una multa y le dijo que los corrigiera, nada más.
–También se colgaron en Internet una serie de grabaciones que apuntaban a casos de corrupción…
–Son grabaciones alteradas que no decían absolutamente nada. Estaban seleccionadas, alteradas e ilegalmente obtenidas. No hay absolutamente nada en las grabaciones que tenga un problema. En mi caso, decía que me habían pagado unas vacaciones en Mayakobá. Si usted oye la grabación, sólo decía “por qué permitieron que el Secretario pagara su cuenta”. Yo jamás me he hospedado en Mayakobá.
Son cosas amañadas que sería erróneo tomar como corrupción. Ellos se expresaban entre ellos mismos de una manera incorrecta, yo creo que sí, pero no hay nada ilegal.
–La mayor constructora de México, ICA, está atravesando verdaderos problemas financieros y se ha apuntado que podría perder varias concesiones por falta de fondos. ¿Cómo afecta su situación a las obras que tiene con la SCT?
–Hay dos obras en Oaxaca (autopista La Barranca Larga-Ventanilla y Mitla-Tehuantepec, que se está viendo de qué manera se terminan y a través de qué mecanismo. No es tanto que le vayamos a quitar las obras a ICA, queremos ver de qué manera ellos logran un consorcio con otra empresa o algún banco para poder terminar la obra sin necesidad de dar por terminada la concesión. Y esperemos lograrlo porque ya falta muy poco. Y en cuanto a los pagos, estamos haciendo lo posible para tardar muy poco.
FUENTE: SIN EMBARGO/ECONOMÍAHOY.
AUTOR: REDACCIÓN/ÁFRICA SEMPRÚN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-06-2016/3058222
En el audio, Ruiz Esparza, exsecretario de Infraestructura en el gobierno del Estado de México durante la administración de Peña Nieto, confirma al directivo de OHL que la empresa de tecnología aplicada Infraiber, que denunció públicamente a la constructora española por irregularidades en el sistema del aforo vehicular del Circuito Exterior Mexiquense, “no tiene cómo defenderse porque no tiene ni acción contra el gobierno del Estado (de México), porque no hay nada que le haya dado derecho a Infraiber, porque no se firmó ni se ha firmado, entiendo, con ningún otro concesionario”.
La conversación telefónica, realizada el 7 de abril de este año, se difundió horas después de que fuera detenido en la Ciudad de México, Pablo Diez Gargari, abogado de la empresa de tecnología aplicada Infraiber, con una orden de presentación y localización.
Diez Gargari fue llevado a la Coordinación General de Investigación de la PGR para que declarara sobre una averiguación previa por “intervención de comunicaciones privadas”. Los directivos de OHL presumen que Infraiber está detrás de la difusión de los audios que han exhibido a los principales responsables de la constructora española y a autoridades del Estado de México y del gobierno federal.
La detención y la divulgación del nuevo audio se realiza también dos días después que en España el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, anunció una reestructuración del capital de esta empresa y advirtió que la empresa está “en proceso” de celebrar “las exigencias civiles y penales” en contra de Infraiber.
Las acusaciones de Infraiber son “cien por ciento falsedades y calumnias”, afirmó Villar Mir en conferencia de prensa, en Madrid.
La disputa entre OHL e Infraiber alcanzó notoriedad internacional, ya que presumía actos de corrupción de la constructora española en el cobro del aforo vehicular del Circuito Exterior Mexiquense, la obra más importante de la compañía española, que le genera más del 40 por ciento de sus ingresos en México.
Nuevo Audioescándalo
La conversación grabada entre Ruiz Esparza y Pablo Wallentin ocurrió un día después del encuentro de Villar Mir y el presidente Enrique Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos, según el texto difundido en Youtube.
Ruiz Esparza prácticamente asesora durante esta conversación a Wallentin sobre los siguientes pasos que tomará el gobierno del Estado de México, tanto la secretaría de Comunicaciones como al Conserjería Jurídica para desestimar las acusaciones de Infraiber y declarar nulo el convenio con esta empresa responsable de administrar el sistema de aforo vehicular en el Circuito Exterior Mexiquense.
“OHL no tiene nada qué ver con el tema”, sentencia Ruiz Esparza. “Salvo que en la concesión le pusieron una obligación al gobierno del Estado de México con OHL, que habla de 50 centavos, pero no dice por cruce. A lo mejor son 50 centavos por toda la autopista. Digo, fue una pendejada firmarlo así”, argumenta el actual titular de la SCT y que fue responsable de las concesiones del Estado de México con OHL durante el gobierno estatal de Peña Nieto.
“Infraiber no tiene nada qué demandarle a OHL. Infraiber no tiene nada que demandarle al gobierno del Estado de México”, señala Ruiz Esparza.
En clara referencia a la campaña de denuncias de Infraiber en un sitio en internet y en desplegados en la prensa, Ruiz Esparza se explaya:
“Ahora, ¿qué hacemos para que este hijo de puta pare de chingar? Pues es otro pedo. ¿Me explico? Pues ahí, sí, no tenemos forma. Nosotros tratamos de hablar con él para ver qué chingados quería”.
Ruiz Esparza le confiesa a su interlocutor que ante el escándalo de la concesión al Circuito Exterior Mexiquense “he tenido que tragar tantita caca, eh, luego les comento”.
En una entrevista radiofónica, este martes 8, Ruiz Esparza admitió que tuvo esta conversación, pero que los audios están grabados y manipulados ilegalmente.
El titular de la SCT indicó que el convenio del Estado de México se le adjudicó “indebidamente” a Infraiber”. No existía la forma para que los concesionarios “validaran la entrada en vigor del convenio para poder supervisar el aforo durante 20 años a un costo de 50 centavos por vehículo”, abundó Ruiz Esparza.
Para Ruiz Esparza la conversación con el directivo de OHL no se trató de una asesoría sino de un intercambio de opiniones en las que se “aclararon temas”.
VÍDEO:
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
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