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viernes, 26 de febrero de 2016
Las cinco razones del GDF para privatizar los radares de velocidad
El gobierno transparentó el contrato, adendum y anexo técnico de la concesión de este sistema (antes operado por la policía) a una empresa privada. Documentos revelan justificación, fallas previas, tiempo que estarán en línea las fotos, proyección de multas, costos, etc.
A finales del año pasado, el Gobierno del Distrito Federal cedió a una empresa privada la operación de los radares de velocidad que funcionan para multar autos que rebasen los límites establecidos. Animal Político publicó que se trata en total de 40 equipos, cada uno con la meta de fotografiar al menos seis mil coches que cometan esta infracción.
Pero… ¿cuál es la razón del porque se entregó a manos privadas los radares, como funciona exactamente el sistema y que cambia respecto a los años anteriores?
La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) transparentó esta semana el contrato completo de la operación de esos sistemas firmado con la compañía Inteltráfico SA de CV, junto con un adendum aclaratorio que ya se hizo, además del anexo técnico.
Los documentos revelan de forma detallada las características de los equipos, el funcionamiento del mismo, las deficiencias en tecnología que se tenían antes de esta concesión, el tiempo que la imagen de un coche durara en los sistemas, la cuota proyectada (que sí existe) de fotos de autos infractores, entre otros.
Cabe recordar que los radares de velocidad son un sistema distinto al de las otras fotomultas para identificar coches que se pasen la luz roja del semáforo o invadan pasos peatonales, y cuyo contrato dado a la empresa Autotraffic, fue transparentado en enero.
A partir de la revisión de los documentos transparentados, Animal Político resume en cinco puntos la argumentación del gobierno capitalino sobre el funcionamiento de estos radares, ahora en manos de una empresa privada.
1.- Fallas y limitaciones
Desde el 2005 la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) opera los “cinemómetros” como se le conoce técnicamente a los radares de velocidad. No obstante, aunque los resultados son positivos, los sistemas tenían fallas y limitaciones de acuerdo con el anexo técnico del contrato.
Según la dependencia, el 45 por ciento de las fotos que tomaban esos radares tenían que ser descartadas por múltiples deficiencias, entre ellas, falta de identificación precisa del carril en que circulaba el coche sospechoso o fallas en la interpretación de las placas por falta de nitidez en la imagen.
A lo anterior se suma la limitante del espectro de detección de los radares antiguos lo que llegó a provocar situaciones peligrosas como que los coches que circulaban en exceso de velocidad frenaran abruptamente antes de pasar frente al radar, aprovechando su corto alcance.
Además, el anexo técnico detalla que en los equipos usados en años anteriores existía la limitante de que solo podían cubrir arterias con cuatro carriles y de un solo sentido, pero en la capital existen arterias primarias de hasta seis carriles en un sentido o de tres y tres en doble sentido.
Por estos motivos, además de elevados costos en mantenimiento que no se describen en los documentos, se necesitaban sistemas más avanzados.
2.-“Proyecciones”, no cuotas
Animal Político publicó que la Secretaría acordó con Inteltráfico que cada uno de los 40 radares de velocidad que le fueron concesionados levanten un mínimo de 6 mil 674 fotos de coches de velocidad al día, en promedio 8 mil 700 al día. El contrato transparentado confirma lo anterior.
Pero el adendum aclaratorio que se firmó el pasado 8 de enero con Inteltráfico y que también fue dado a conocer esta semana, precisa que se trata de “proyecciones” de fotos tomadas por los equipos, y no de un mínimo de multas que se tengan que cobrar forzosamente. Incluso, se hicieron cambios en la redacción.
En el contrato, se establecía literalmente “Cantidad de multas mínimas mensuales procedentes por equipo 2015-2017” con la meta de 6 mil 674 multas. En el adendum, dicho concepto fue cambiado por el de “Proyección estimada de documentación de captación de conductas mensuales por equipo 2015-2017” con la misma cantidad.
“El servicio contratado no es para que el prestador de servicio infraccione a los conductores, sino el de proveer documentos (fotografías) del momento en el que se presume que el o los conductores se ubican en alguno de los supuestos (exceso de velocidad)” señala el adendum.
3.-Radares más eficientes
El anexo técnico de la concesión de los radares de velocidad detalla las características y funcionamiento de todo el sistema, puntualizando que se trata de tecnología de punta y con un margen mínimo de errores.
De entrada, explica que los radares funcionarán de forma totalmente automatizada con el denominado “Efecto Doppler”, que permite calcular la velocidad de desplazamiento de un objeto a través delas ondas que emite en el espacio.
Los equipos, explica el documento, detectan “con total precisión” cada auto que se encuentre en un carril específico, y disparan de forma automática la cámara fotográfica cuando el sensor advierta que se está sobrepasando el límite de velocidad preestablecido. La información es enviada a un archivo digital en el sistema. Es decir, no se trata de fotografías aleatorias, por lo menos en teoría.
Los radares tienen, según las especificaciones, un área de detección de 180 metros (más del doble que los que operaba la policía antes) y la cámara un alcance de 50 metros; el rango de identificación de velocidades es de los 10 a los 250 km/h. Funcionan las 24 horas del día de forma ininterrumpida y bajo cualquier condición climática.
Además, los equipos pueden detectar autos en las dos direcciones e identificar autos hasta en seis carriles, lo que no podían los anteriores. Las fotos serán de una resolución de diez megapíxeles, y los equipos pueden tomar hasta tres imágenes por segundo.
En cuanto a las fotografías de los autos infractores, el anexo establece que estas deberán permanecer en línea y disponibles para consulta por la policía, por un periodo de dos años, mientras que las boletas de sanción estarán disponibles al menos un año. El sistema es encriptado, a prueba de filtraciones.
4.-La multa en cinco pasos
Los documentos oficiales explican que el procedimiento de la aplicación de la fotomulta se divide fundamentalmente en cinco pasos. Aunque de la lectura se advierte que la policía solo interviene en uno de esos pasos, la SSPDF subraya que de ellos depende definir si se aplica la multa o no.
Paso 1: Monitoreo con los radares de los autos para identificar automáticamente los que excedan los límites de velocidad. (A cargo de Inteltráfico)
Paso 2: Toma de fotografías de los autos posiblemente infractores. Las fotos serán del auto y de la matrícula. (A cargo de Inteltráfico).
Paso 3: Transmisión automáticamente las fotos, pro canales encriptados, a la base de datos que tiene la Secretaría de Seguridad Pública para su análisis. (A cargo de Inteltráfico)
Paso 4: La SSPDF descarga las fotos y en base a las facultades legales que tienen determina la sanción a aplicar y emitirá la firma electrónica para la emisión de la boleta de sanción en cada caso (A cargo de SSPDF)
Paso 5: Con la firma electrónica se emitirá la boleta de sanción y se procederá al envío al domicilio de los infractores en un plazo no mayor a 20 días. (A cargo de Inteltráfico).
5.-Las ganancias “limitadas”
El contrato confirma, como se había publicado en este medio, que Inteltráfico tiene derecho a quedarse con el 44.8% de cada multa que se pague por exceso de velocidad. Es un esquema similar al que también se concedió a otra compañía, Autotraffic, por las fotomultas.
Pero en el documento la Secretaría de Seguridad Pública subraya que existe un límite de ganancias que puede obtener la empresa privada por operar este sistema hasta octubre de 2017. El tope máximo será de 315 millones 813 mil 241 pesos.
El documento subraya que aun cuando se reuniera una cantidad mayor por concepto de las multas que se cobren, la cantidad estipulada será el monto máximo que podrá recibir Inteltráfico . Solamente en caso que al Secretaría solicite un incremento en la operación del servicio, por ejemplo más radares, es que dicho monto podría ser modificado.
Según un análisis previo de la Secretaría de Seguridad, que no se incluye en los documentos transparentados peor fue revisado pro Animal Político, el costo de la operación de los 40 radares con mantenimiento incluido ería de casi mil millones de pesos, por lo que consideran que la concesión resulta mas barata.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/las-cinco-razones-del-gdf-para-privatizar-los-radares-de-velocidad/
jueves, 28 de enero de 2016
El GDF privatiza también operación de radares de velocidad
La operación de los radares está a cargo de una empresa privada que se queda con el 44% de cada multa pagada. El argumento: operar los radares hasta 2017 costaría mil millones, y subrogarlos 359. Hasta ahora este contrato no se ha transparentado.
La operación de las cámaras de fotomultas no es lo único que privatizó el Gobierno del Distrito Federal (GDF). Los radares de velocidad también.
Esto, luego de que el GDF entregó por primera vez a una empresa privada, Inteltráfico SA de CV, la operación de 40 radares de velocidad en la ciudad que detectan y fotografían a los automóviles que superan los límites establecidos. A cambio, la compañía se quedará con el 44% de cada multa que paguen los conductores. La policía y la empresa, pretenden como mínimo la emisión de 8 mil 700 infracciones al día.
Este es un esquema prácticamente idéntico al que se aplicó para subrogar la operación de los sistemas de fotomultas a otra empresa, Autotraffic SA de CV, y que generó polémica por la entrega de un porcentaje de la infracción a la compañía así como por contemplar una cuota de infracciones.
A diferencia de las fotomultas, los radares son exclusivamente para captar autos a exceso de velocidad. Desde hace 10 años la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSPDF) ha operado estos sistemas por su cuenta pero en 2015 decidió por primera vez subrogar su operación a una empresa privada.
De acuerdo con la SSPDF, esto permitiría ahorrar dinero. Según los documentos de justificación del contrato que pudo revisar Animal Político, la operación de 40 radares de velocidad con los costos de mantenimiento y la entrega de las infracciones ascendería a más de mil millones de pesos. En vez de eso, se decidió dar un contrato por 359 millones a una empresa privada.
En la misma justificación, la SSPDF proyectó que Inteltráfico deberá aplicar con sus 40 radares, por lo menos, ocho mil 700 infracciones diarias, 267 mil al mes, en total más de tres millones 204 mil al año. Dichas cantidades cuadriplican las multas que se aplicaban por exceso de velocidad hasta 2012.
Hasta el día de hoy el contrato completo que se concedió a Inteltráfico no se ha transparentado, como ocurrió con el del Autotraffic. Incluso, los vínculos al proceso de licitación en la página web de la SSPDF se encuentran rotos, pues no remiten a los documentos.
La página web de Inteltráfico SA de CV también se encontraba (hasta la publicación de esta nota) fuera de servicio. Según declaraciones de su director, Alejandro Araujo, la compañía tiene contratos en San Luis Potosí, Atizapán, y Chihuahua.
Hubo irregularidades
En junio de 2015, la SSPDF entregó un primer contrato, el número SSP/BE/S/261/2015, a Inteltráfico SA de CV para operar los radares de velocidad. No obstante, dicho contrato solo duró dos meses luego de que la Contraloría decidió anularlo tras confirmar irregularidades en la licitación.
Los documentos del caso que fueron revisados por Animal Político arrojan que la inconformidad fue presentada por la empresa Union Swiss, la cual participó junto con Inteltráfico y otras en el procedimiento de licitación LPN-30001066-007-15 para la subrogación de los radares. Hubo también otras quejas pero estas no procedieron, según el expediente revisado.
Lo que Union Swiss argumentó es que el sobre cerrado con su propuesta técnica y económica no fue aceptado por la SSPDF. La dependencia argumentó que no se hizo porque una identificación venía afuera lo que violaba el procedimiento sin embargo, la Contraloría General del Distrito Federal le dio la razón a la empresa y ordenó que se anulara todo el procedimiento.
Tras recibir la notificación de la cancelación del contrato, en septiembre de 2015, Inteltráfico solicitó el pago del 46% de las infracciones pagadas que ya había aplicado hasta ese momento, es decir, las correspondientes al periodo de julio a septiembre de 2015.
A finales de ese mismo mes se realizó una nueva licitación para la operación de radares al que solo acudieron dos empresas, Inteltráfico y TMM Logistics. La SSPDF determinó el 2 de octubre, dar de nuevo el contrato a Inteltráfico, y se estableció que el monto que le corresponde a la empresa por multa pagada es de 44.8 por ciento.
Cabe señalar que en la página web de la SSP, en el apartado de difusión, se incluyen links a la licitación que se realizó para subrogar los radares, sin embargo, ninguno funciona.
En la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados correspondiente al 20 de enero pasado, se incluyó un punto de acuerdo solicitado por los legisladores para que el Gobierno del Distrito Federal transparente a la brevedad, el contrato que se concedió a Inteltráfico, sobre todo después de las irregularidades en la licitación.
Lo que la SSPDF si confirmó, a través de la solicitud de transparencia 0109000395115 respondida el pasado 7 de enero, es que existen dos contratos vigentes: el de Autotraffic para las fotomultas, y el Inteltráfico para los cinemómetros (radares).
Multas salen sí o sí
La cuota de infracciones mensuales que cada radar de velocidad subrogado levantará está garantizada.
Así lo establece el contrato firmado con Inteltráfico para la operación de los radares de velocidad, el cual no se ha hecho público hasta ahora. No obstante, Animal Político pudo conocer algunas de las condiciones generales del mismo, gracias al expediente que la Contraloría capitalina abrió por la queja que presentó una de las compañías que perdió en el proceso de licitación para dar este servicio.
Fue un contrato multianual firmado a mediados de 2015 para la “subrogación de servicios para imponer multas por medio de cinemómetros a vehículos que excedan los límites de velocidad”, con vigencia a diciembre de 2017. El monto: 359 millones de pesos, casi el doble del contrato relacionado con las fotomultas.
La SSPDF justificó la necesidad de subrogar la operación de los radares de velocidad, debido a que comprarlos y costear su mantenimiento representa una erogación mayor. Según los cálculos de la dependencia, el costo de operar por su cuenta los 40 nuevos radares con los gastos paralelos que implica, sería hasta de poco más de mil millones de pesos, el triple del contrato por subrogarlos.
En ese contexto, la SSPDF proyectó en la justificación del contrato que “el número de infracciones mensuales procedentes por equipo será de seis mil 674”. Dicha cantidad, señaló, se obtuvo a partir de una estimación de los resultados de 2013.
Incluso, la policía capitalina contempló que si en un punto donde hay un radar ya no se está llegando a la meta pactada, los equipos serán cambiados de ubicación, con el objetivo de no caigan las infracciones levantadas.
“En cuanto un radar cumpla su objetivo será removido de ese lugar y se instalará en una vialidad con un mayor número de accidentes viales, de esta manera se cumple con el objetivo del programa y a la vez se mantiene constante el número total de infracciones” explica la Secretaria de Seguridad.
Con 40 equipos en funcionamiento, la aplicación de seis mil 674 multas mensuales al día por cada radar significará un total de tres millones 203 mil 616 infracciones por exceso de velocidad en 2016 y la misma cantidad en 2017. Es un nivel de infracciones record como evidencia la propia tabla incluida en el documento oficial.
Ahorro de tiempo y recursos: SSPDF
El subsecretario de Control de Tránsito Fernando Badillo, consideró como positiva la decisión e subrogar la operación de los radares de velocidad, pues dijo que representa tanto un ahorro económico así como de recursos humanos para la policía.
Cabe recordar que antes de que se entregara el contrato a Inteltráfico, eran los agentes los que se encargaban al cien por ciento de operar los equipos en tierra, y trasladar aquellos radares que eran móviles.
“En la operación para nosotros es mejor ahorita cuando están subrogados porque no implica un costo inicial y nosotros nos encargamos solo de supervisar y de validar y eso en el tema de personal y de equipo nos implica un menor gasto dijo el funcionario”, dijo el subsecretario.
Hasta ahora la SSPDF no ha dado a conocer cuál es el saldo de las infracciones que se han aplicado a partir de la intervención de Inteltráfico y de Autotraffic.
No obstante Animal Político pudo conocer, a través de la solicitud de transparencia 0109000308515, que hasta el mes de octubre se recababan, solo por exceso de velocidad, más de 45 mil imágenes diarias con los radares.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/01/el-gdf-privatiza-tambien-operacion-de-radares-de-velocidad-y-pone-cuota-diaria-de-multas/
La operación de las cámaras de fotomultas no es lo único que privatizó el Gobierno del Distrito Federal (GDF). Los radares de velocidad también.
Esto, luego de que el GDF entregó por primera vez a una empresa privada, Inteltráfico SA de CV, la operación de 40 radares de velocidad en la ciudad que detectan y fotografían a los automóviles que superan los límites establecidos. A cambio, la compañía se quedará con el 44% de cada multa que paguen los conductores. La policía y la empresa, pretenden como mínimo la emisión de 8 mil 700 infracciones al día.
Este es un esquema prácticamente idéntico al que se aplicó para subrogar la operación de los sistemas de fotomultas a otra empresa, Autotraffic SA de CV, y que generó polémica por la entrega de un porcentaje de la infracción a la compañía así como por contemplar una cuota de infracciones.
A diferencia de las fotomultas, los radares son exclusivamente para captar autos a exceso de velocidad. Desde hace 10 años la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSPDF) ha operado estos sistemas por su cuenta pero en 2015 decidió por primera vez subrogar su operación a una empresa privada.
De acuerdo con la SSPDF, esto permitiría ahorrar dinero. Según los documentos de justificación del contrato que pudo revisar Animal Político, la operación de 40 radares de velocidad con los costos de mantenimiento y la entrega de las infracciones ascendería a más de mil millones de pesos. En vez de eso, se decidió dar un contrato por 359 millones a una empresa privada.
En la misma justificación, la SSPDF proyectó que Inteltráfico deberá aplicar con sus 40 radares, por lo menos, ocho mil 700 infracciones diarias, 267 mil al mes, en total más de tres millones 204 mil al año. Dichas cantidades cuadriplican las multas que se aplicaban por exceso de velocidad hasta 2012.
Hasta el día de hoy el contrato completo que se concedió a Inteltráfico no se ha transparentado, como ocurrió con el del Autotraffic. Incluso, los vínculos al proceso de licitación en la página web de la SSPDF se encuentran rotos, pues no remiten a los documentos.
La página web de Inteltráfico SA de CV también se encontraba (hasta la publicación de esta nota) fuera de servicio. Según declaraciones de su director, Alejandro Araujo, la compañía tiene contratos en San Luis Potosí, Atizapán, y Chihuahua.
Hubo irregularidades
En junio de 2015, la SSPDF entregó un primer contrato, el número SSP/BE/S/261/2015, a Inteltráfico SA de CV para operar los radares de velocidad. No obstante, dicho contrato solo duró dos meses luego de que la Contraloría decidió anularlo tras confirmar irregularidades en la licitación.
Los documentos del caso que fueron revisados por Animal Político arrojan que la inconformidad fue presentada por la empresa Union Swiss, la cual participó junto con Inteltráfico y otras en el procedimiento de licitación LPN-30001066-007-15 para la subrogación de los radares. Hubo también otras quejas pero estas no procedieron, según el expediente revisado.
Lo que Union Swiss argumentó es que el sobre cerrado con su propuesta técnica y económica no fue aceptado por la SSPDF. La dependencia argumentó que no se hizo porque una identificación venía afuera lo que violaba el procedimiento sin embargo, la Contraloría General del Distrito Federal le dio la razón a la empresa y ordenó que se anulara todo el procedimiento.
Tras recibir la notificación de la cancelación del contrato, en septiembre de 2015, Inteltráfico solicitó el pago del 46% de las infracciones pagadas que ya había aplicado hasta ese momento, es decir, las correspondientes al periodo de julio a septiembre de 2015.
A finales de ese mismo mes se realizó una nueva licitación para la operación de radares al que solo acudieron dos empresas, Inteltráfico y TMM Logistics. La SSPDF determinó el 2 de octubre, dar de nuevo el contrato a Inteltráfico, y se estableció que el monto que le corresponde a la empresa por multa pagada es de 44.8 por ciento.
Cabe señalar que en la página web de la SSP, en el apartado de difusión, se incluyen links a la licitación que se realizó para subrogar los radares, sin embargo, ninguno funciona.
En la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados correspondiente al 20 de enero pasado, se incluyó un punto de acuerdo solicitado por los legisladores para que el Gobierno del Distrito Federal transparente a la brevedad, el contrato que se concedió a Inteltráfico, sobre todo después de las irregularidades en la licitación.
Lo que la SSPDF si confirmó, a través de la solicitud de transparencia 0109000395115 respondida el pasado 7 de enero, es que existen dos contratos vigentes: el de Autotraffic para las fotomultas, y el Inteltráfico para los cinemómetros (radares).
Multas salen sí o sí
La cuota de infracciones mensuales que cada radar de velocidad subrogado levantará está garantizada.
Así lo establece el contrato firmado con Inteltráfico para la operación de los radares de velocidad, el cual no se ha hecho público hasta ahora. No obstante, Animal Político pudo conocer algunas de las condiciones generales del mismo, gracias al expediente que la Contraloría capitalina abrió por la queja que presentó una de las compañías que perdió en el proceso de licitación para dar este servicio.
Fue un contrato multianual firmado a mediados de 2015 para la “subrogación de servicios para imponer multas por medio de cinemómetros a vehículos que excedan los límites de velocidad”, con vigencia a diciembre de 2017. El monto: 359 millones de pesos, casi el doble del contrato relacionado con las fotomultas.
La SSPDF justificó la necesidad de subrogar la operación de los radares de velocidad, debido a que comprarlos y costear su mantenimiento representa una erogación mayor. Según los cálculos de la dependencia, el costo de operar por su cuenta los 40 nuevos radares con los gastos paralelos que implica, sería hasta de poco más de mil millones de pesos, el triple del contrato por subrogarlos.
En ese contexto, la SSPDF proyectó en la justificación del contrato que “el número de infracciones mensuales procedentes por equipo será de seis mil 674”. Dicha cantidad, señaló, se obtuvo a partir de una estimación de los resultados de 2013.
Incluso, la policía capitalina contempló que si en un punto donde hay un radar ya no se está llegando a la meta pactada, los equipos serán cambiados de ubicación, con el objetivo de no caigan las infracciones levantadas.
“En cuanto un radar cumpla su objetivo será removido de ese lugar y se instalará en una vialidad con un mayor número de accidentes viales, de esta manera se cumple con el objetivo del programa y a la vez se mantiene constante el número total de infracciones” explica la Secretaria de Seguridad.
Con 40 equipos en funcionamiento, la aplicación de seis mil 674 multas mensuales al día por cada radar significará un total de tres millones 203 mil 616 infracciones por exceso de velocidad en 2016 y la misma cantidad en 2017. Es un nivel de infracciones record como evidencia la propia tabla incluida en el documento oficial.
Ahorro de tiempo y recursos: SSPDF
El subsecretario de Control de Tránsito Fernando Badillo, consideró como positiva la decisión e subrogar la operación de los radares de velocidad, pues dijo que representa tanto un ahorro económico así como de recursos humanos para la policía.
Cabe recordar que antes de que se entregara el contrato a Inteltráfico, eran los agentes los que se encargaban al cien por ciento de operar los equipos en tierra, y trasladar aquellos radares que eran móviles.
“En la operación para nosotros es mejor ahorita cuando están subrogados porque no implica un costo inicial y nosotros nos encargamos solo de supervisar y de validar y eso en el tema de personal y de equipo nos implica un menor gasto dijo el funcionario”, dijo el subsecretario.
Hasta ahora la SSPDF no ha dado a conocer cuál es el saldo de las infracciones que se han aplicado a partir de la intervención de Inteltráfico y de Autotraffic.
No obstante Animal Político pudo conocer, a través de la solicitud de transparencia 0109000308515, que hasta el mes de octubre se recababan, solo por exceso de velocidad, más de 45 mil imágenes diarias con los radares.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/01/el-gdf-privatiza-tambien-operacion-de-radares-de-velocidad-y-pone-cuota-diaria-de-multas/
jueves, 14 de enero de 2016
Congreso pide al GDF informar más sobre el nuevo Reglamento de Tránsito
MÉXICO, D.F: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al Gobierno del Distrito Federal a informar a la población de mejor manera sobre las disposiciones del nuevo Reglamento de Tránsito que han causado polémica desde su entrada en vigor, el pasado 15 de diciembre.
Mediante un punto de acuerdo, pidió en particular a la autoridad local dar a conocer sus atribuciones para aplicar multas y sanciones a través de las fotomultas, cuyo sistema ha sido cuestionado por la ciudadanía tras conocerse que el contrato con la empresa Autotraffic estipula una cantidad de 150 mil fotomultas al mes, en promedio cinco mil diarias.
Los diputados federales consideraron que una campaña de información abonaría a inhibir posibles actos de corrupción y a que la ciudadanía tenga la certeza de que el programa funciona con la transparencia requerida.
De hecho, en un inicio el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera iba a destinar dinero para una profusa campaña de información sobre el nuevo reglamento de tránsito pero se arrepintió y no destinó partida alguna a la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF) para ese fin.
Además de una campaña informativa, la comisión permanente pidió al GDF instalar señalización adecuada para el nuevo reglamento. Lo anterior con base en un informe de académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad (UAM) Xochimilco quienes han detectado que en los 20 cruceros viales donde se registra el mayor número de accidentes, hacen falta señales claras para automovilistas, ciclistas y peatones.
Los diputados de la comisión cuestionaron también que el reglamento establezca multas mínimas y máximas para la misma conducta y no explique bajo qué criterios se impondrá una sanción. Como está, argumentaron, queda a criterio de los policías de tránsito la cantidad a pagar.
Durante la presentación del dictamen, Martha Palafox, senadora por el PT, lamentó que la administración capitalina no buscara a otras entidades de la Zona Metropolitana para renovar el Reglamento de Tránsito Metropolitano, que aún rige partes del Estado de México e Hidalgo.
“Nada más basta con que las placas sean externas para que seamos víctimas de la recepción que nos hace la policía del Distrito Federal, a quienes se les han dado uñas, dientes y dotado para que extorsionen; por ello, es preocupante la falta de una señalización vial adecuada”, reprochó.
La senadora independiente Martha Tagle Martínez, advirtió que el nuevo reglamento de tránsito no es un modelo para prevenir accidentes y sólo tiene un fin recaudatorio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=426218
Mediante un punto de acuerdo, pidió en particular a la autoridad local dar a conocer sus atribuciones para aplicar multas y sanciones a través de las fotomultas, cuyo sistema ha sido cuestionado por la ciudadanía tras conocerse que el contrato con la empresa Autotraffic estipula una cantidad de 150 mil fotomultas al mes, en promedio cinco mil diarias.
Los diputados federales consideraron que una campaña de información abonaría a inhibir posibles actos de corrupción y a que la ciudadanía tenga la certeza de que el programa funciona con la transparencia requerida.
De hecho, en un inicio el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera iba a destinar dinero para una profusa campaña de información sobre el nuevo reglamento de tránsito pero se arrepintió y no destinó partida alguna a la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF) para ese fin.
Además de una campaña informativa, la comisión permanente pidió al GDF instalar señalización adecuada para el nuevo reglamento. Lo anterior con base en un informe de académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad (UAM) Xochimilco quienes han detectado que en los 20 cruceros viales donde se registra el mayor número de accidentes, hacen falta señales claras para automovilistas, ciclistas y peatones.
Los diputados de la comisión cuestionaron también que el reglamento establezca multas mínimas y máximas para la misma conducta y no explique bajo qué criterios se impondrá una sanción. Como está, argumentaron, queda a criterio de los policías de tránsito la cantidad a pagar.
Durante la presentación del dictamen, Martha Palafox, senadora por el PT, lamentó que la administración capitalina no buscara a otras entidades de la Zona Metropolitana para renovar el Reglamento de Tránsito Metropolitano, que aún rige partes del Estado de México e Hidalgo.
“Nada más basta con que las placas sean externas para que seamos víctimas de la recepción que nos hace la policía del Distrito Federal, a quienes se les han dado uñas, dientes y dotado para que extorsionen; por ello, es preocupante la falta de una señalización vial adecuada”, reprochó.
La senadora independiente Martha Tagle Martínez, advirtió que el nuevo reglamento de tránsito no es un modelo para prevenir accidentes y sólo tiene un fin recaudatorio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=426218
jueves, 17 de diciembre de 2015
#CasoRosita Impunidad y negligencia en el CEAV
Alejandro Meneses, violador que continúa en libertad Foto: Revolución 3.0 |
Supuestamente habían detenido al maestro de música y también homeópata, Alejandro Meneses, quien violó a Rosita en el Estado de Jalisco, está amparado y no lo pueden detener.
Hay pruebas de que este malnacido si realizó ese acto tan aberrante, aprovechándose de la discapacidad de la niña en aquel entonces.
Mientras que Jaime Rochin, del Centro de Atención a Víctimas en la ahora Ciudad de México dijo que ya lo habían detenido en Puente Grande, Jalisco. Pero todo fue FALSO.
En estos momentos, Gabriela (Mamá de Rosita y fundadora de una organización que ayuda a madres solteras, hijas y mujeres que han sido abusadas sexualmente) y la Fundación Iris que defiende este caso, se encuentran en el CEAV esperando respuesta, esperando alguna explicación del porqué sigue libre este desgraciado.
Es necesario que la CNDH y CIDH, o alguna organización de derechos humanos, medios libres y alternativos, y sociedad en general apoye esta lucha que realizan, así como las que han estado sucediendo a causa de este sistema deplorable hecha por el narcogobierno mexicano.
miércoles, 16 de diciembre de 2015
Derrumban casa en Santa Fe
México, DF. El secretario de Protección Civil, Fausto Lugo, informó que prácticamente está demolida la casa, ubicada en el Fraccionamiento Vista del Campo, en Santa Fe, como parte de los trabajos de estabilización del talud.
Durante un recorrido por la zona explicó que a ella se sumará el edificio aledaño que está en obra negra y siguen las obras en Tamaulipas 250, donde se cortó el volado que se tenía, y una vez concluidas éstas, los vecinos desalojados podrán regresar.
Los trabajos terminarán en 3 semanas, de acuerdo al calendario establecido, y no se ha registrado ningún deslizamiento de tierra, ni afectación a otros inmuebles
Hoy, dijo, se tienen varios frentes de obra, donde están distribuidos 40 trabajadores para concluir con las obras comprometidas en seis semanas, aunque todo el proceso de estabilización del talud tomará 6 meses.
Fuente: La Jornada
Autora: Laura Gómez
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/15/derrumban-casa-en-santa-fe-9564.html
martes, 8 de diciembre de 2015
El gobierno del DF vende sus bienes y gana poco
De los bienes públicos que se dan de baja y se decide vender, el Gobierno del Distrito Federal sólo recupera 1% del monto que representan.
Entre enero y septiembre de 2015, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) dio de baja casi nueve mil vehículos, cerca de cinco mil objetos diversos —como computadoras laptop y proyectores—, más de 13 mil 500 litros de distintos líquidos y cuatro millones de kilogramos de materiales.
Se trata de bienes muebles que todas las dependencias de la ciudad sacaron de sus inventarios porque fueron robados o destruidos, o porque las autoridades consideran que dejaron de ser útiles para la administración local.
Para estos últimos bienes, la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público establece que las instituciones pueden donarlos a organizaciones sin fines de lucro o tratar de recuperar parte de lo que se invirtió en ellos vendiéndolos a través de licitaciones públicas. Sin embargo, cifras oficiales indican que al GDF le va mal en esas ventas.
En 2013 y 2014, por ejemplo, el GDF dio de baja bienes muebles con un valor equivalente a mil 765 millones de pesos, de los cuales solamente recuperó 17 millones de pesos —menos de 1%—, de acuerdo con información que la Oficialía Mayor del Distrito Federal entregó vía transparencia a Máspormás.
La Oficialía también informa que, entre 2012 y noviembre de este año, el GDF firmó 53 contratos por la venta de bienes desechados, con los que recaudó 41 millones de pesos.
En la Gaceta Oficial del DF, se encontraron convocatorias que hacían pública la intención del gobierno de vender bienes como boletos desechados del Metro, aparatos telefónicos o chalecos antibalas de la policía. No obstante, en las páginas web de las dependencias no se ubicó ninguno de los contratos referidos por la Oficialía, donde por ley tendrían que aparecer.
Máspormás solicitó hablar con personal de la Oficialía, pero ésta no dio entrevistas.
Cuando las cuentas no salen
Lo poco que el gobierno capitalino logra recuperar de estos bienes desechados tiene un impacto en las finanzas públicas, según ha advertido la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM).
Esto se debe a que, en sus proyectos de Ley de Ingresos, el GDF contempla recaudar con esas ventas cierta cantidad de dinero para cubrir sus gastos en el siguiente ejercicio fiscal. Sin embargo, al final reúne mucho menos de lo estimado y ese hueco debe cubrirse con otros recursos.
En julio, cuando dio a conocer su revisión de la Cuenta Pública de 2013, la Auditoría señaló que no se recaudó 99.6% de los casi dos mil millones de pesos que se esperaban ganar. “Sería conveniente considerar este antecedente al estimar el presupuesto”, indicó entonces la institución.
Manuel Guadarrama, director de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), considera preocupante que el GDF no logre ganar lo que calcula que obtendrá de estas ventas, puesto que eso reduce el margen de acción de la administración capitalina, que queda sujeta a lo que se recaude de impuestos.
Bienes sin destino claro
De los bienes que el GDF da de baja, no todos son puestos en venta. Algunos permanecen almacenados mientras las autoridades deciden qué destino les darán.
Tal es el caso de la llamada Victoria Alada, una estatua réplica del emblemático Ángel de la Independencia que fue usada para promover la imagen de la Ciudad de México en otros países.
La escultura —cubierta por una capa de oro y valuada en más de dos millones de pesos— fue donada en 2008 por su autor, Víctor Gutiérrez, a la Secretaría de Turismo local. Alejandro Rojas Díaz Durán, entonces titular de la dependencia, incluso dijo que se construirían otras copias, aunque esto no se cumplió.
Seis años después, la dependencia desechó la estatua y la entregó a la Oficialía Mayor. Ésta la puso en una bodega ubicada en la colonia Industrial Vallejo, en la delegación Azcapotzalco, donde lleva más de un año.
“Aún se encuentra en evaluación el destino que se le dará a la estatua”, señala Ximena González, directora de Avalúos de la Oficialía, en respuesta a una solicitud de información.
Al respecto, el especialista del IMCO advierte que el GDF debería tener un sistema para unificar y hacer clara la información sobre sus bienes y el destino que se les da cuando son desechados. Sin embargo, reconoce que crearlo tomaría tiempo y sería difícil debido a la cantidad de datos.
“Las estructuras de las administraciones son muy complejas. Prácticamente cada dependencia en un inicio se hace cargo de cada uno de sus bienes y lograr justamente sistematizar toda la parte de las contrataciones es muy complicado”, dice.
¿Transparencia?
El IMCO publicó su índice de información presupuesta estatal 2015. En él dice que:
La lista de objetos inútiles
En los listados de objetos que las dependencias del gobierno capitalino dan de baja, bajo el argumento de que dejan de serles útiles, hay vehículos, computadoras, proyectores, impresoras, televisores, grabadoras, cámaras fotográficas, refrigeradores, pizarrones y lavadoras, entre otras cosas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: IGNACIO GÓMEZ
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/12/la-fallida-venta-de-garaje-del-gdf-el-gobierno-capitalino-vende-sus-bienes-y-gana-poco/
Entre enero y septiembre de 2015, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) dio de baja casi nueve mil vehículos, cerca de cinco mil objetos diversos —como computadoras laptop y proyectores—, más de 13 mil 500 litros de distintos líquidos y cuatro millones de kilogramos de materiales.
Se trata de bienes muebles que todas las dependencias de la ciudad sacaron de sus inventarios porque fueron robados o destruidos, o porque las autoridades consideran que dejaron de ser útiles para la administración local.
Para estos últimos bienes, la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público establece que las instituciones pueden donarlos a organizaciones sin fines de lucro o tratar de recuperar parte de lo que se invirtió en ellos vendiéndolos a través de licitaciones públicas. Sin embargo, cifras oficiales indican que al GDF le va mal en esas ventas.
En 2013 y 2014, por ejemplo, el GDF dio de baja bienes muebles con un valor equivalente a mil 765 millones de pesos, de los cuales solamente recuperó 17 millones de pesos —menos de 1%—, de acuerdo con información que la Oficialía Mayor del Distrito Federal entregó vía transparencia a Máspormás.
La Oficialía también informa que, entre 2012 y noviembre de este año, el GDF firmó 53 contratos por la venta de bienes desechados, con los que recaudó 41 millones de pesos.
En la Gaceta Oficial del DF, se encontraron convocatorias que hacían pública la intención del gobierno de vender bienes como boletos desechados del Metro, aparatos telefónicos o chalecos antibalas de la policía. No obstante, en las páginas web de las dependencias no se ubicó ninguno de los contratos referidos por la Oficialía, donde por ley tendrían que aparecer.
Máspormás solicitó hablar con personal de la Oficialía, pero ésta no dio entrevistas.
Cuando las cuentas no salen
Lo poco que el gobierno capitalino logra recuperar de estos bienes desechados tiene un impacto en las finanzas públicas, según ha advertido la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM).
Esto se debe a que, en sus proyectos de Ley de Ingresos, el GDF contempla recaudar con esas ventas cierta cantidad de dinero para cubrir sus gastos en el siguiente ejercicio fiscal. Sin embargo, al final reúne mucho menos de lo estimado y ese hueco debe cubrirse con otros recursos.
En julio, cuando dio a conocer su revisión de la Cuenta Pública de 2013, la Auditoría señaló que no se recaudó 99.6% de los casi dos mil millones de pesos que se esperaban ganar. “Sería conveniente considerar este antecedente al estimar el presupuesto”, indicó entonces la institución.
Manuel Guadarrama, director de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), considera preocupante que el GDF no logre ganar lo que calcula que obtendrá de estas ventas, puesto que eso reduce el margen de acción de la administración capitalina, que queda sujeta a lo que se recaude de impuestos.
Bienes sin destino claro
De los bienes que el GDF da de baja, no todos son puestos en venta. Algunos permanecen almacenados mientras las autoridades deciden qué destino les darán.
Tal es el caso de la llamada Victoria Alada, una estatua réplica del emblemático Ángel de la Independencia que fue usada para promover la imagen de la Ciudad de México en otros países.
La escultura —cubierta por una capa de oro y valuada en más de dos millones de pesos— fue donada en 2008 por su autor, Víctor Gutiérrez, a la Secretaría de Turismo local. Alejandro Rojas Díaz Durán, entonces titular de la dependencia, incluso dijo que se construirían otras copias, aunque esto no se cumplió.
Seis años después, la dependencia desechó la estatua y la entregó a la Oficialía Mayor. Ésta la puso en una bodega ubicada en la colonia Industrial Vallejo, en la delegación Azcapotzalco, donde lleva más de un año.
“Aún se encuentra en evaluación el destino que se le dará a la estatua”, señala Ximena González, directora de Avalúos de la Oficialía, en respuesta a una solicitud de información.
Al respecto, el especialista del IMCO advierte que el GDF debería tener un sistema para unificar y hacer clara la información sobre sus bienes y el destino que se les da cuando son desechados. Sin embargo, reconoce que crearlo tomaría tiempo y sería difícil debido a la cantidad de datos.
“Las estructuras de las administraciones son muy complejas. Prácticamente cada dependencia en un inicio se hace cargo de cada uno de sus bienes y lograr justamente sistematizar toda la parte de las contrataciones es muy complicado”, dice.
¿Transparencia?
El IMCO publicó su índice de información presupuesta estatal 2015. En él dice que:
- El DF es una de las cuatro entidades con menor transparencia en el gasto de su presupuesto. Una de las principales fallas es que en la capital se pospone la publicación de sus clasificadores de información presupuestal.
- Para el IMCO, la situación es grave porque la ciudad es la segunda entidad con mayor presupuesto, sólo por debajo del Estado de México.
- La agrupación publicará este martes su Índice de Información Presupuestal Municipal 2015, que incluirá datos sobre las 16 delegaciones capitalinas.
La lista de objetos inútiles
En los listados de objetos que las dependencias del gobierno capitalino dan de baja, bajo el argumento de que dejan de serles útiles, hay vehículos, computadoras, proyectores, impresoras, televisores, grabadoras, cámaras fotográficas, refrigeradores, pizarrones y lavadoras, entre otras cosas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: IGNACIO GÓMEZ
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/12/la-fallida-venta-de-garaje-del-gdf-el-gobierno-capitalino-vende-sus-bienes-y-gana-poco/
martes, 1 de diciembre de 2015
Las delegaciones tendrán sólo 17% del presupuesto: Morena; el GDF es sordo: César Cravioto
En total se le está asignando a las delegaciones 30 millones 759 mil pesos, es decir menos de 17 por ciento, denunció Morena.
El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) realizó un primer análisis al paquete económico enviado ayer por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera Espinosa a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y propuso redireccionar 10 mil 92 millones de pesos (mdp), lo equivalente al 6 por ciento del total.
En conferencia de prensa esta tarde, el Coordinador de la bancada del partido en la ALDF César Cravioto Romero pidió más dinero para las delegaciones de la ciudad y un incremento considerable para las cinco demarcaciones que gobierna Morena.
“El Gobierno de la Ciudad es autista, no escucha, no ve. Esta ciudad ya cambió en junio del año pasado con la mayoría de oposición y eso no se ve reflejado en el presupuesto. Vienen con la misma inercia de años anteriores”, dijo.
En total se le está asignando a las delegaciones 30 millones 759 mil pesos, es decir menos del 17 por ciento del total del presupuesto.
Morena, dijo Cravioto, solicita a la ALDF se incremente a 20 por ciento del total del presupuesto para el DF.
“En cuanto a las delegaciones que gobierna Morena, la propuesta que viene es que sean 8 mil 640 millones de pesos. Lo que nosotros pedimos es que se incremente a 11 mil 460 millones de pesos y que haya en general incremento para el resto de las 11 delegaciones”, dijo.
Cravioto Romero solicitó más presupuesto para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, para la Secretaría de Desarrollo Social en el programa para adultos mayores, para la Red de Transporte Público, el Instituto de Vivienda y la Red de Transportes Eléctricos.
Morena, dijo, propone un decremento para órganos autónomos y para la ALDF. Para el órgano legislativo solicitó una reducción de 828 mdp, sobre los mil 828 mdp que vienen etiquetados en el paquete económico.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/01-12-2015/1568172
El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) realizó un primer análisis al paquete económico enviado ayer por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera Espinosa a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y propuso redireccionar 10 mil 92 millones de pesos (mdp), lo equivalente al 6 por ciento del total.
En conferencia de prensa esta tarde, el Coordinador de la bancada del partido en la ALDF César Cravioto Romero pidió más dinero para las delegaciones de la ciudad y un incremento considerable para las cinco demarcaciones que gobierna Morena.
“El Gobierno de la Ciudad es autista, no escucha, no ve. Esta ciudad ya cambió en junio del año pasado con la mayoría de oposición y eso no se ve reflejado en el presupuesto. Vienen con la misma inercia de años anteriores”, dijo.
En total se le está asignando a las delegaciones 30 millones 759 mil pesos, es decir menos del 17 por ciento del total del presupuesto.
Morena, dijo Cravioto, solicita a la ALDF se incremente a 20 por ciento del total del presupuesto para el DF.
“En cuanto a las delegaciones que gobierna Morena, la propuesta que viene es que sean 8 mil 640 millones de pesos. Lo que nosotros pedimos es que se incremente a 11 mil 460 millones de pesos y que haya en general incremento para el resto de las 11 delegaciones”, dijo.
Cravioto Romero solicitó más presupuesto para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, para la Secretaría de Desarrollo Social en el programa para adultos mayores, para la Red de Transporte Público, el Instituto de Vivienda y la Red de Transportes Eléctricos.
Morena, dijo, propone un decremento para órganos autónomos y para la ALDF. Para el órgano legislativo solicitó una reducción de 828 mdp, sobre los mil 828 mdp que vienen etiquetados en el paquete económico.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/01-12-2015/1568172
sábado, 7 de noviembre de 2015
Colonos de Santa Fe alistan demandas contra el GDF por deslaves
MÉXICO, DF: El Gobierno del Distrito Federal (GDF) enfrentará demandas penales y civiles por parte de los habitantes del fraccionamiento Vista del Campo, en Santa Fe, cuyos departamentos están en riesgo por los deslaves registrados desde hace una semana en esa zona.
Juan Rivero Legorreta, abogado penalista y vecino de la Torre 1 del conjunto habitacional compuesto por cinco torres en total, dijo a Reforma que él y varios vecinos ya preparan una denuncia penal contra el GDF y cualquier persona física que resulte responsable por los deslizamientos.
También, advirtió, interpondrán denuncias civiles por daños a la moral y daños y perjuicios contra los responsables.
“Nada de esto tiene uso de suelo, y el Gobierno del Distrito Federal lo permitió, y a los ingenieros que están construyendo todo esto, porque ellos sí sabían lo que estaba pasando”, acusó.
En particular acusó a Arturo Rosette, propietario del residencial, quien –sostuvo el abogado— tendría que haber verificado que todo estuviera el orden para la construcción.
“El propietario de ese edificio (Rosette) es el primer responsable junto con el GDF por todo esto”, insistió Rivero Legorreta quien adelantó que colocará carteles a lo largo del fraccionamiento para convocar a todos los colonos a sumarse a la denuncia.
Entre los afectados, se encuentran personajes de la farándula como el actor cómico Fredy Ortega y la ex Miss Universo, Alicia Machado, quienes confirmaron que desalojaron sus viviendas ante el riesgo de más desgajamientos.
Y el predio es propiedad de…
Ante la inminencia de las demandas, los colonos exigieron conocer toda la información sobre la propiedad del predio que, según versiones periodísticas, es del GDF.
El propio jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera afirmó que el predio donde se encuentra el fraccionamiento Vista del Campo es propiedad del gobierno capitalino pero que la ocupación es “de un particular”.
En entrevista luego de encabezar el evento “Principios de Desarrollo Social CDMX”, en el Patio Oriente del Antiguo Palacio de Ayuntamiento, Mancera Espinosa, explicó que en realidad se trata de cuatro predios que fueron expropiados y que tres de ellos iniciaron un proceso de reversión.
“Fueron predios expropiados, de esos cuatro predios, tres no son propiedad del Gobierno del Distrito Federal, están los registros, fue a través de un procedimiento de reversión.
“Y hay un predio que no fue al procedimiento de reversión pero que, sin embargo tiene una ocupación, esa ocupación no la tiene el Gobierno del Distrito Federal, la tiene un particular pero es un predio que registralmente está con el Distrito Federal”, afirmó
El mandatario capitalino dijo que expertos de la UNAM y especialistas de la Secretaría de Obras y Servicios y el Centro Nacional de Prevención de Desastres del gobierno federal, trabajan en un dictamen para saber exactamente cuál es la situación y la delegación Cuajimalpa deberá informar si los permisos estaban ingresados o no para todas las construcciones e instalaciones.
Más tarde, el consejero Jurídico y de Servicios Legales (CEJUR), Manuel Granados Covarrubias; y los secretarios de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, y de Protección Civil, Fausto Lugo García, convocaron a una rueda de prensa para entregar los resultados de las investigaciones sobre los antecedentes del predio.
El consejero jurídico informó que el registro de la propiedad en la zona de Santa Fe data de 1959 y estaba a nombre de Charles Breuer Moehl, hasta que en 1982 se subdividió en cuatro fracciones a petición del propietario. En ese año, dijo, Carlos Rosette Herrejón adquirió el predio con número predial 056812240002.
“El 23 de octubre de 1997 se promueve la solicitud de reversión del predio de referencia y el 24 de enero de 2013 se declara procedente, por tanto, la titularidad del predio es del señor Carlos Rosette Herrejón. El propietario ha poseído el inmueble desde que lo adquirió en el año 1982 a la fecha”, afirmó Granados Covarrubias.
Sin embargo, dijo que la investigación continúa para determinar el grado de responsabilidad de los involucrados, así como los daños y perjuicios que indiquen los servicios periciales.
El secretario de Protección Civil precisó que hasta obtener los resultados de los estudios no intervendrán en las tareas de limpieza, a fin de garantizar la seguridad del personal que realizará los trabajos.
“Es una responsabilidad del particular garantizar la seguridad de lo que va a construir, las personas que vean una situación de riesgo, no contraten, no compren”, pidió Lugo García.
Comentó que realizarán diferentes recorridos para revisar las áreas que tengan que revisarse en materia de Protección Civil.
Por cierto, hoy el diario Milenio dio a conocer que autoridades de Cuajimalpa detectaron que la barranca de Santa Rita una zona de viviendas populares ubicada en la zona limítrofe con el municipio de Huxquilucan, corren el mismo riesgo de deslaves como los ocurridos en la exclusiva zona de Santa Fe.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Juan Rivero Legorreta, abogado penalista y vecino de la Torre 1 del conjunto habitacional compuesto por cinco torres en total, dijo a Reforma que él y varios vecinos ya preparan una denuncia penal contra el GDF y cualquier persona física que resulte responsable por los deslizamientos.
También, advirtió, interpondrán denuncias civiles por daños a la moral y daños y perjuicios contra los responsables.
“Nada de esto tiene uso de suelo, y el Gobierno del Distrito Federal lo permitió, y a los ingenieros que están construyendo todo esto, porque ellos sí sabían lo que estaba pasando”, acusó.
En particular acusó a Arturo Rosette, propietario del residencial, quien –sostuvo el abogado— tendría que haber verificado que todo estuviera el orden para la construcción.
“El propietario de ese edificio (Rosette) es el primer responsable junto con el GDF por todo esto”, insistió Rivero Legorreta quien adelantó que colocará carteles a lo largo del fraccionamiento para convocar a todos los colonos a sumarse a la denuncia.
Entre los afectados, se encuentran personajes de la farándula como el actor cómico Fredy Ortega y la ex Miss Universo, Alicia Machado, quienes confirmaron que desalojaron sus viviendas ante el riesgo de más desgajamientos.
Y el predio es propiedad de…
Ante la inminencia de las demandas, los colonos exigieron conocer toda la información sobre la propiedad del predio que, según versiones periodísticas, es del GDF.
El propio jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera afirmó que el predio donde se encuentra el fraccionamiento Vista del Campo es propiedad del gobierno capitalino pero que la ocupación es “de un particular”.
En entrevista luego de encabezar el evento “Principios de Desarrollo Social CDMX”, en el Patio Oriente del Antiguo Palacio de Ayuntamiento, Mancera Espinosa, explicó que en realidad se trata de cuatro predios que fueron expropiados y que tres de ellos iniciaron un proceso de reversión.
“Fueron predios expropiados, de esos cuatro predios, tres no son propiedad del Gobierno del Distrito Federal, están los registros, fue a través de un procedimiento de reversión.
“Y hay un predio que no fue al procedimiento de reversión pero que, sin embargo tiene una ocupación, esa ocupación no la tiene el Gobierno del Distrito Federal, la tiene un particular pero es un predio que registralmente está con el Distrito Federal”, afirmó
El mandatario capitalino dijo que expertos de la UNAM y especialistas de la Secretaría de Obras y Servicios y el Centro Nacional de Prevención de Desastres del gobierno federal, trabajan en un dictamen para saber exactamente cuál es la situación y la delegación Cuajimalpa deberá informar si los permisos estaban ingresados o no para todas las construcciones e instalaciones.
Más tarde, el consejero Jurídico y de Servicios Legales (CEJUR), Manuel Granados Covarrubias; y los secretarios de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, y de Protección Civil, Fausto Lugo García, convocaron a una rueda de prensa para entregar los resultados de las investigaciones sobre los antecedentes del predio.
El consejero jurídico informó que el registro de la propiedad en la zona de Santa Fe data de 1959 y estaba a nombre de Charles Breuer Moehl, hasta que en 1982 se subdividió en cuatro fracciones a petición del propietario. En ese año, dijo, Carlos Rosette Herrejón adquirió el predio con número predial 056812240002.
“El 23 de octubre de 1997 se promueve la solicitud de reversión del predio de referencia y el 24 de enero de 2013 se declara procedente, por tanto, la titularidad del predio es del señor Carlos Rosette Herrejón. El propietario ha poseído el inmueble desde que lo adquirió en el año 1982 a la fecha”, afirmó Granados Covarrubias.
Sin embargo, dijo que la investigación continúa para determinar el grado de responsabilidad de los involucrados, así como los daños y perjuicios que indiquen los servicios periciales.
El secretario de Protección Civil precisó que hasta obtener los resultados de los estudios no intervendrán en las tareas de limpieza, a fin de garantizar la seguridad del personal que realizará los trabajos.
“Es una responsabilidad del particular garantizar la seguridad de lo que va a construir, las personas que vean una situación de riesgo, no contraten, no compren”, pidió Lugo García.
Comentó que realizarán diferentes recorridos para revisar las áreas que tengan que revisarse en materia de Protección Civil.
Por cierto, hoy el diario Milenio dio a conocer que autoridades de Cuajimalpa detectaron que la barranca de Santa Rita una zona de viviendas populares ubicada en la zona limítrofe con el municipio de Huxquilucan, corren el mismo riesgo de deslaves como los ocurridos en la exclusiva zona de Santa Fe.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
miércoles, 4 de noviembre de 2015
El GDF se dice interesado en el proyecto alternativo de AMLO para el Nuevo Aeropuerto
El Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno capitalino, Salomón Chertorivski, en una misiva dirigida a López Obrador, expresó el “gran interés” de las autoridades capitalinas por estudiar y analizar su proyecto.
El Gobierno del Distrito Federal solicitó el proyecto alterno del Nuevo Aeropuerto presentado ayer por Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
El Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno capitalino, Salomón Chertorivski, envió una misiva dirigida a López Obrador, en la que le expresa el “gran interés” de las autoridades capitalinas por estudiar y analizar su proyecto.
“Como es de su conocimiento, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, nos ha instruido a desarrollar un amplio programa de participación, consulta e información a todos los ciudadanos y a todos los actores de la Ciudad de México, en torno al Aeropuerto Internacional, ante la posibilidad de su mudanza, fuera de la propia Ciudad”, inicia la misiva.
Detalla que el objetivo “ es preparar a la ciudad con todo rigor y antelación, ante la eventualidad de cambio físico del Aeropuerto, en efecto, ocurra”. Por ello, asegura el documento, escucharán todas las voces, “sin distingos, con un Plan de Participación que está ahora mismo, en marcha”.
“Con interés, acudimos a la presentación de la alternativa aeroportuaria que usted realizó el día de ayer”, agrega.
Finalmente, la carta indica que “por tal razón resulta de gran interés, poder contar con su presentación para estudiarla y analizarla, como una de las voces que debemos tomar en cuenta en nuestra consulta -y en el momento que usted lo decida- conocer directamente a mayor profundidad las condiciones de su proyecto”.
Ayer, el dirigente de Morena presentó su proyecto alternativo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con el cual, asegura, se busca un ahorro de cien mil millones de pesos, de los 170 mil millones que estima el Gobierno federal.
López Obrador solicitó además una audiencia con el Presidente Enrique Peña Nieto para presentarle el proyecto alternativo, solicitud que encomió a los integrantes de la comisión que se creó para difundir esta propuesta.
“Que se busque una audiencia pública con el licenciado Peña Nieto, independientemente de nuestras diferencias estamos hablando del patrimonio nacional”, declaró esta noche durante la presentación de su proyecto.
El dirigente de Morena explicó que el gasto planteado por el Gobierno federal incluye el cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el área de Santa Lucia, sin embargo, dijo, la propuesta alterna que él trabaja es más eficaz y barata, ya que contempla la remodelación y no el cierre.
Indicó que su propuesta busca remodelar la actual terminal capitalina y la Base Aérea de Santa Lucía, y establecer entre ambas un transporte directo, en un recorrido de unos 35 minutos, además de mejorar algunas vialidades existentes.
Esta alternativa, dijo, costaría unos 69 mil millones por la construcción de dos pistas más, casi 100 mil millones menos de los que el Gobierno federal tiene contemplados para la construcción de un nuevo aeropuerto en el Lago de Texcoco, ya que el monto de inversión solo considerará la renovación de las instalaciones.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-11-2015/1540816
El Gobierno del Distrito Federal solicitó el proyecto alterno del Nuevo Aeropuerto presentado ayer por Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
El Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno capitalino, Salomón Chertorivski, envió una misiva dirigida a López Obrador, en la que le expresa el “gran interés” de las autoridades capitalinas por estudiar y analizar su proyecto.
“Como es de su conocimiento, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, nos ha instruido a desarrollar un amplio programa de participación, consulta e información a todos los ciudadanos y a todos los actores de la Ciudad de México, en torno al Aeropuerto Internacional, ante la posibilidad de su mudanza, fuera de la propia Ciudad”, inicia la misiva.
Detalla que el objetivo “ es preparar a la ciudad con todo rigor y antelación, ante la eventualidad de cambio físico del Aeropuerto, en efecto, ocurra”. Por ello, asegura el documento, escucharán todas las voces, “sin distingos, con un Plan de Participación que está ahora mismo, en marcha”.
“Con interés, acudimos a la presentación de la alternativa aeroportuaria que usted realizó el día de ayer”, agrega.
Finalmente, la carta indica que “por tal razón resulta de gran interés, poder contar con su presentación para estudiarla y analizarla, como una de las voces que debemos tomar en cuenta en nuestra consulta -y en el momento que usted lo decida- conocer directamente a mayor profundidad las condiciones de su proyecto”.
Ayer, el dirigente de Morena presentó su proyecto alternativo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con el cual, asegura, se busca un ahorro de cien mil millones de pesos, de los 170 mil millones que estima el Gobierno federal.
López Obrador solicitó además una audiencia con el Presidente Enrique Peña Nieto para presentarle el proyecto alternativo, solicitud que encomió a los integrantes de la comisión que se creó para difundir esta propuesta.
“Que se busque una audiencia pública con el licenciado Peña Nieto, independientemente de nuestras diferencias estamos hablando del patrimonio nacional”, declaró esta noche durante la presentación de su proyecto.
El dirigente de Morena explicó que el gasto planteado por el Gobierno federal incluye el cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el área de Santa Lucia, sin embargo, dijo, la propuesta alterna que él trabaja es más eficaz y barata, ya que contempla la remodelación y no el cierre.
Indicó que su propuesta busca remodelar la actual terminal capitalina y la Base Aérea de Santa Lucía, y establecer entre ambas un transporte directo, en un recorrido de unos 35 minutos, además de mejorar algunas vialidades existentes.
Esta alternativa, dijo, costaría unos 69 mil millones por la construcción de dos pistas más, casi 100 mil millones menos de los que el Gobierno federal tiene contemplados para la construcción de un nuevo aeropuerto en el Lago de Texcoco, ya que el monto de inversión solo considerará la renovación de las instalaciones.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-11-2015/1540816
miércoles, 8 de julio de 2015
‘Debe aplicarse la ley’: Legisladores
Integrantes de la Comisión Especial de la Línea 12 de la Cámara de Diputados el castigo se aplique no solo a funcionarios menores, sino a altos mandos que estén implicados en el caso.
Legisladores federales coincidieron en que la ley debe aplicarse a funcionarios y exfuncionarios de todos los niveles del Gobierno del Distrito Federal (GDF) en el caso de la Línea 12 del Metro.
Integrantes de la Comisión Especial de la Línea 12 de la Cámara de Diputados se pronunciaron porque el castigo se aplique no solo a funcionarios menores, sino a altos mandos del servicio público capitalino.
Abel Guerra, diputado priista e integrante de la extinta Comisión, cuestionó que el alcance de la justicia haya llegado hasta ahora a funcionarios menores.
“Creo que ellos son víctimas de su falta de energía para oponerse a las órdenes superiores que recibían, puesto que ambos expresaron en su momento mediante documentos, que las obras estaban mal, que los trenes eran incompatibles con la infraestructura, que no se estaba haciendo lo adecuado, etcétera.
“Yo supongo que hubo prisa, fundamentalmente del jefe de Gobierno –Marcelo Ebrard- para terminar la obra que estaba siendo utilizada como su obra insignia y quizá para tener un reconocimiento que se entendió mal, pero había perfectamente el conocimiento de que se estaban haciendo mal las cosas”, sentenció Guerra en entrevista.
El legislador lamentó que quien lleve toda la responsabilidad sean los ingenieros que firmaron solo lo que les instruían desde los niveles más altos de gobierno y que ahora sean considerados culpables ante las autoridades.
Fernando Rodríguez Doval, diputado por el PAN y también integrante de la Comisión Especial de la Línea 12, criticó que haya “una gran lentitud” en las investigaciones, lo que ha propiciado que haya personajes que ya estén prófugos.
“El caso más claro es el de Enrique Horcasitas, a quien ya se le giró una orden de aprehensión, pero que no tenemos certeza de que lo puedan detener porque al parecer el señor ya escapó, literalmente”, expuso Rodríguez Doval en entrevista.
El legislador panista aplaudió que se comiencen ya a ver los avances en la investigación de las autoridades, pero pidió que se investigue no solo a funcionarios de la anterior administración capitalina, sino también a los de la actual.
“No nos ha dado motivos el actual Gobierno del DF ni la Procuraduría para tener confianza en sus investigaciones; no nos queda de otra más que esperar lo que ellos vayan a hacer porque son la instancia que tiene la atribución, junto con la PGR en el caso de delitos federales, para hacer estas averiguaciones.
“Pero hasta ahora no ha habido motivos porque más bien pareciera que se utiliza la justicia con fines políticos; pero vamos a estar al pendiente y veremos qué decisiones se toman desde el gobierno capitalino”, expuso.
Rodríguez Doval pidió, empero, que el caso de la Línea 12 no sea utilizado para llevar a cabo una “cacería de brujas” contra ciertos personajes opositores al gobierno en turno.
Piden justicia, no política
Desde el Senado de la República los legisladores federales también se pronunciaron respecto a la aplicación de la ley en el caso de la Línea 12 y pidieron que haya una investigación seria y justicia contra quien resulte responsable.
David Penchyna, senador por el PRI, expuso que la ley se tiene que aplicar a todos los que resulten responsables sin importar el nivel en el que se encuentren.
“Me parece que en la medida que combatamos la impunidad y se castigue a quien ha hecho mal uso de recursos y haya un procedimiento justo y equitativo conforme a derecho, se aplique el mismo (…)”, exigió Penchyna.
Arturo Zamora, senador del PRI, señaló que lo más importante es que se logre la total rehabilitación de la Línea 12 para seguir dando servicio a los usuarios.
El legislador reconoció la actuación de las autoridades y dijo que estas detenciones son las primeras de otras que seguramente ocurrirán en las próximas semanas.
“Este caso es la punta de la hebra de una madeja muy extensa. Nosotros tenemos noción que estas detenciones obedecen a una sola averiguación, por un contrato de 8 millones y medio de pesos; pero, si tomamos en cuenta la inversión multimillonaria que se realizó, seguramente van a seguir encontrándose bastantes irregularidades”, comentó Zamora en entrevista.
Ernesto Cordero, senador por el PAN, dijo que su bancada estará pendiente de la aplicación de la justicia, pero también de que no haya un abuso de las autoridades.
“Si las investigaciones no son lo suficientemente sólidas, son endebles y más bien es una persecución pues por supuesto que habrá que condenarlo, pero en este momento hay que concederles el beneficio de la duda y habrá que esperar que estas investigaciones verdaderamente sean sólidas”, dijo.
Los senadores perredistas pidieron que no se haga un uso político de la justicia y se aplique la ley.
“Toda investigación sobre el uso de recursos públicos debe de estar apegada a derecho y no debe prestarse a filias o fobias, sino debe ser muy profesional, muy apegada a derecho, y conforme a ella se hagan las sanciones correspondientes, las que marque la ley”, afirmó la perredista Dolores Padierna.
El también perredista Armando Ríos Piter sostuvo que en el tema de la Línea 12 hay que llegar hasta las últimas consecuencias, pero de una forma correcta.
“En la investigación lo que hay que pedir es que haya imparcialidad, que lo que haya sean resoluciones justas”, consideró.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Legisladores federales coincidieron en que la ley debe aplicarse a funcionarios y exfuncionarios de todos los niveles del Gobierno del Distrito Federal (GDF) en el caso de la Línea 12 del Metro.
Integrantes de la Comisión Especial de la Línea 12 de la Cámara de Diputados se pronunciaron porque el castigo se aplique no solo a funcionarios menores, sino a altos mandos del servicio público capitalino.
Abel Guerra, diputado priista e integrante de la extinta Comisión, cuestionó que el alcance de la justicia haya llegado hasta ahora a funcionarios menores.
“Creo que ellos son víctimas de su falta de energía para oponerse a las órdenes superiores que recibían, puesto que ambos expresaron en su momento mediante documentos, que las obras estaban mal, que los trenes eran incompatibles con la infraestructura, que no se estaba haciendo lo adecuado, etcétera.
“Yo supongo que hubo prisa, fundamentalmente del jefe de Gobierno –Marcelo Ebrard- para terminar la obra que estaba siendo utilizada como su obra insignia y quizá para tener un reconocimiento que se entendió mal, pero había perfectamente el conocimiento de que se estaban haciendo mal las cosas”, sentenció Guerra en entrevista.
El legislador lamentó que quien lleve toda la responsabilidad sean los ingenieros que firmaron solo lo que les instruían desde los niveles más altos de gobierno y que ahora sean considerados culpables ante las autoridades.
Fernando Rodríguez Doval, diputado por el PAN y también integrante de la Comisión Especial de la Línea 12, criticó que haya “una gran lentitud” en las investigaciones, lo que ha propiciado que haya personajes que ya estén prófugos.
“El caso más claro es el de Enrique Horcasitas, a quien ya se le giró una orden de aprehensión, pero que no tenemos certeza de que lo puedan detener porque al parecer el señor ya escapó, literalmente”, expuso Rodríguez Doval en entrevista.
El legislador panista aplaudió que se comiencen ya a ver los avances en la investigación de las autoridades, pero pidió que se investigue no solo a funcionarios de la anterior administración capitalina, sino también a los de la actual.
“No nos ha dado motivos el actual Gobierno del DF ni la Procuraduría para tener confianza en sus investigaciones; no nos queda de otra más que esperar lo que ellos vayan a hacer porque son la instancia que tiene la atribución, junto con la PGR en el caso de delitos federales, para hacer estas averiguaciones.
“Pero hasta ahora no ha habido motivos porque más bien pareciera que se utiliza la justicia con fines políticos; pero vamos a estar al pendiente y veremos qué decisiones se toman desde el gobierno capitalino”, expuso.
Rodríguez Doval pidió, empero, que el caso de la Línea 12 no sea utilizado para llevar a cabo una “cacería de brujas” contra ciertos personajes opositores al gobierno en turno.
Piden justicia, no política
Desde el Senado de la República los legisladores federales también se pronunciaron respecto a la aplicación de la ley en el caso de la Línea 12 y pidieron que haya una investigación seria y justicia contra quien resulte responsable.
David Penchyna, senador por el PRI, expuso que la ley se tiene que aplicar a todos los que resulten responsables sin importar el nivel en el que se encuentren.
“Me parece que en la medida que combatamos la impunidad y se castigue a quien ha hecho mal uso de recursos y haya un procedimiento justo y equitativo conforme a derecho, se aplique el mismo (…)”, exigió Penchyna.
Arturo Zamora, senador del PRI, señaló que lo más importante es que se logre la total rehabilitación de la Línea 12 para seguir dando servicio a los usuarios.
El legislador reconoció la actuación de las autoridades y dijo que estas detenciones son las primeras de otras que seguramente ocurrirán en las próximas semanas.
“Este caso es la punta de la hebra de una madeja muy extensa. Nosotros tenemos noción que estas detenciones obedecen a una sola averiguación, por un contrato de 8 millones y medio de pesos; pero, si tomamos en cuenta la inversión multimillonaria que se realizó, seguramente van a seguir encontrándose bastantes irregularidades”, comentó Zamora en entrevista.
Ernesto Cordero, senador por el PAN, dijo que su bancada estará pendiente de la aplicación de la justicia, pero también de que no haya un abuso de las autoridades.
“Si las investigaciones no son lo suficientemente sólidas, son endebles y más bien es una persecución pues por supuesto que habrá que condenarlo, pero en este momento hay que concederles el beneficio de la duda y habrá que esperar que estas investigaciones verdaderamente sean sólidas”, dijo.
Los senadores perredistas pidieron que no se haga un uso político de la justicia y se aplique la ley.
“Toda investigación sobre el uso de recursos públicos debe de estar apegada a derecho y no debe prestarse a filias o fobias, sino debe ser muy profesional, muy apegada a derecho, y conforme a ella se hagan las sanciones correspondientes, las que marque la ley”, afirmó la perredista Dolores Padierna.
El también perredista Armando Ríos Piter sostuvo que en el tema de la Línea 12 hay que llegar hasta las últimas consecuencias, pero de una forma correcta.
“En la investigación lo que hay que pedir es que haya imparcialidad, que lo que haya sean resoluciones justas”, consideró.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
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