Desinformémonos| Ciudad de México. 12/07/2016.- Las organizaciones civiles Greenpeace e Indignación AC demandaron a quien resulte responsable por sembrar soya transgénica ilegal en el estado de Campeche, en el ciclo agrícola que comenzó en junio, luego de las declaraciones de funcionarios públicos que aseguran que se realizarán las siembras en los municipios de Campeche y Hopelchén, a pesar de no contar con permiso expreso para hacerlo, en el caso del primer municipio, y de existir una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que suspende las autorizaciones de siembra en ocho municipios de la entidad, incluyendo Hopelchén.
Los días 6 y 7 de julio, las organizaciones presentaron denuncias penales ante la Procuraduría General de la Republica (PGR), tanto en la Ciudad de México como en la de Campeche, a fin de que esta dependencia realice labores de investigación en torno a la liberación de soya transgénica por violaciones al marco de bioseguridad y del Código Penal Federal; además del desacato que podría cometerse en contravención a las sentencias de la segunda sala de la Suprema Corte, emitidas el 4 de noviembre de 2016, que ordenaron la suspensión de los permisos de siembra hasta que se consulte a las comunidades indígenas sobre si están de acuerdo o no en que se cultive soya transgénica en su territorio. Se trata de los Amparos en Revisión 499/2015 y 500/2015.
Exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) una investigación para evitar plantaciones de esta soya en el estado y pidieron el decomiso de la semilla transgénica, sus productos o subproductos como medida de seguridad.
Explican que en 2012 la Compañia Monsanto, multinacional estadounidense cotizada en bolsa productora de agroquímicos y biotecnología destinados a la agricultura, pidió autorización para la siembra de soya transgénica resistente al herbicida glifosato en los municipios campechanos de Champotón, Hecelchakán, Hopelchén, Tenabo, Calkiní, Escárcega, Carmen y Palizada cuya solicitud quedó registrada bajo el número 007/2012, se encuentra actualmente suspendida por orden de la Suprema Corte, además de que en el trámite la empresa omitió mencionar explícitamente a Campeche por lo que la siembra en dicho municipio es ilegal.
El día 30 de mayo del 2016 Greenpeace presentó diversas solicitudes de información al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), cuya respuesta expresa que a la fecha, se cuenta con 0 (cero) permisos de soya genéticamente modificada (GM) en el municipio de Campeche, Estado de Campeche; aunque Senasica reconoce, contrariamente a la respuesta anterior, que respecto a las hectáreas sembradas de soya GM del 2012 al 2015 en el municipio de Campeche; en 2012 se sembraron 0 (cero) hectáreas (has); en 2013 se sembraron 7 mil 168 punto 34 has.; en 2014 se sembraron 5 mil 583 punto 9 has y en 2015 se sembraron 8 mil 590 punto 61 has.
Además, dicen las organizaciones que “lamentablemente” durante el desarrollo de la consulta previa a comunidades indígenas ordenada por la Suprema Corte, diversos agricultores reconocieron ante medios de comunicación que han sembrado y sembraran soya GM en el municipio de Hopelchén.
Esto se relaciona con manifestaciones públicas del Delegado de la SAGARPA en Campeche, Cruz Alberto Uc Hernández, en el sentido que en este ciclo agrícola se sembrará soya GM en el municipio de Campeche, al afirmar que “lo que no está prohibido, está permitido” al no figurar el municipio en la sentencia de la SCJN ya que la empresa Monsanto omitió mencionarlo “deliberadamente” afrirman, en su solicitud.
Recuerdan que en abril de este año, el abogado de Monsanto realizó declaraciones a un medio de comunicación local, en las que dejó entrever que ya se estaba distribuyendo semilla de soya transgénica en Campeche bajo el argumento de que la prohibición “únicamente operaba en las comunidades de los quejosos” hecho que fue posteriormente desmentido por la propia Suprema Corte, explican.
Bajo ese contexto, con las denuncias penales, Greenpeace e Indignación AC exigen a la PGR que investigue si existe siembra de variedades de soya transgénica en Campeche, en particular en el municipio del mismo nombre, donde no hay autorización expresa, lo que contraviene la Ley de Bioseguridad de OGM (artículo 119 fracciones I y XXVII) y el Código Penal Federal (artículo 420 TER), pero también que indague sobre lo afirmado por soyeros en el sentido de que ya se sembró soya transgénica en comundiades de Hopelchén, lo que significa un desacato a las sentencias emitidas por la Suprema Corte.
Las organizaciones sociales también solicitaron a la PGR que en caso de existir siembra de soya transgénica, detenerlas mediante medidas como el aseguramiento inmediato de las semillas GM que hayan sido transportadas y almacenadas para la siembra comercial en el estado de Campeche, y en caso de detectar cultivos de esta semilla en los municipios Champotón, Hecelchakán, Hopelchén, Tenabo, Calkiní, Escárcega, Carmen y Palizada y Campeche, deberá asegurar sus productos y subproductos, entre otras medidas de seguridad adecuadas.
Finalmente, dicen, resulta preocupante que frente a la existencia de una resolución judicial por parte del Máximo Tribunal del país, la Sagarpa, a través de su delegado, esté generando condiciones para burlar los efectos de una sentencia que es clara en su contenido para favorecer a Monsanto y a quienes se han beneficiado con la siembra de soya transgénica, acusan, razón por la cual es urgente que la PGR realice una investigación efectiva e imparcial para sancionar conductas que contravienen sentencias definitivas.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: https://desinformemonos.org/greenpeace-e-indignacion-ac-exigen-a-pgr-investigacion-y-confiscacion-de-semilla-de-soya-transgenica-ilegal-en-campeche/
Greenpeace México se manifestó de forma pacífica a las afueras del Senado de la República está mañana para exigir a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de aquel recinto a no aprobar la iniciativa de Ley General de Biodiversidad que se expide para abrogar la Ley General de Vida Silvestre, al considerar que los recursos naturales del país podrían ser privatizados.
