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Activistas exigen al Senado impedir que el Partido Verde “privatice la riqueza natural”

La organización Greenpeace México se manifestó de forma pacífica a las afueras del Senado de la República para exigir a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales no aprobar la iniciativa de Ley General de Biodiversidad que se expide para abrogar la Ley General de Vida Silvestre, al considerar que los recursos naturales del país podrían ser privatizados. “Esta Ley está abriendo la puerta al saqueo de nuestros recursos naturales, lo está haciendo legal”, expusieron los activistas.

Greenpeace México se manifestó de forma pacífica a las afueras del Senado de la República está mañana para exigir a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de aquel recinto a no aprobar la iniciativa de Ley General de Biodiversidad que se expide para abrogar la Ley General de Vida Silvestre, al considerar que los recursos naturales del país podrían ser privatizados.

La iniciativa de la llamada “Ley de Bosques” sería votada hoy, sin embargo, la discusión se canceló la reunión porque no llegó ningún senador. Se pospuso para el próximo martes.

Greenpeace exige a Bimbo no comprar insumos producidos con fertilizantes prohibidos

CIUDAD DE MÉXICO: Activistas de Greenpeace desplegaron este miércoles una manta en las instalaciones de Grupo Bimbo, en la capital del país, para exigir a la empresa que incluya en sus políticas de compra y producción la eliminación de al menos 30 plaguicidas que han sido prohibidos en otros países pero se siguen utilizando en México.

La ONG invitó a los consumidores a hacer un llamado a la empresa y a su director ejecutivo, Daniel Servitje, por medio de redes sociales y con el hashtag #CompromisoReal, para que la empresa evite la compra de insumos producidos con plaguicidas y fertilizantes sintéticos en los campos mexicanos, o importados de países donde se permite la siembra de transgénicos.

De acuerdo con un comunicado de Greenpeace, “Grupo Bimbo es una compañía de origen mexicano que llega a 99% de los hogares en nuestro país, comercializa sus productos bajo más de 20 marcas, para las cuales requiere miles de toneladas de insumos como almidones, edulcorantes, harinas, aceites, entre otros, que se fabrican con base en productos del campo, en donde el actual modelo de la agricultura industrial ha causado graves estragos ambientales y sociales”.

La ONG también explicó que Bimbo compra estos insumos a proveedores trasnacionales como Ingredion, ALMEX, Bunge, Minsa y Maseca, quienes se abastecen del maíz, trigo y otros cultivos, producidos con plaguicidas y fertilizantes sintéticos. En México, “estas intermediarias concentran la compra de granos bajo un modelo de agricultura por contrato, con el cual, muchas veces, someten a las y los productores a precios y condiciones injustas de comercialización”, detalla el comunicado.

En diversas ocasiones, señala Greenpeace, Daniel Servitje ha declarado que la responsabilidad de los retos climáticos exigen modificar las actuales formas de producción y que todos sus proveedores acompañen estos esfuerzos, mismos que deben apuntar a una agricultura ecológica, libre de plaguicidas, transgénicos, contaminación y de sobreexplotación del agua.

Por lo anterior, los activistas pidieron a Bimbo cambiar su política de compras. Al hacerlo, “garantizaría alimentos de mejor calidad para el 99% de los hogares e impulsará a la industria de alimentos, para que sus proveedores cambien la forma en la que producen y abastecen a más empresas, así como la transición hacia la agricultura ecológica de forma exitosa y justa”.

La petición ha sido respaldada por más de 70 mil personas en el sitio de internet: www.greenpeace.mx/sembremosjuntos; sin embargo, hasta ahora esta demanda ha sido ignorada por la empresa.


En la manta desplegada este miércoles en una de las plantas más importantes de Grupo Bimbo, con el rostro de Daniel Servitje, director ejecutivo del corporativo, se leía: “tenemos que asegurarnos de que nuestros proveedores también se vuelvan sustentables”, parafraseando una declaración hecha por el empresario en una entrevista.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 10 AGOSTO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/450531/greenpeace-exige-a-bimbo-comprar-insumos-producidos-fertilizantes-prohibidos

Se concesionó a mineras 12.7% del territorio nacional, alerta Greenpeace

CIUDAD DE MÉXICO: Greenpeace México alertó este día que cerca de 12.7% del territorio nacional se encuentra concesionado a empresas mineras, donde predomina el capital de origen canadiense con 68% de inversión.


En el marco del Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, que se conmemora este viernes 22, organizaciones, colectivos de abogados y Greenpeace presentaron el manual “Defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca) de pueblos y comunidades frente a los megaproyectos mineros en México”, una herramienta para hacer frente a los abusos de la puesta en marcha de esos proyectos en todo el país.

Greenpeace advirtió que “a fines de 2014 se registraron un total de 25 mil 267 concesiones mineras que, según datos del Servicio Geológico Mexicano, amparaban una superficie concesionada de casi 26 millones de hectáreas, representando alrededor de 12.7% del territorio nacional”.


Esa situación, destacó Marisa Jacott, directora de Fronteras Comunes de Greenpeace, ha ocasionado más de 300 conflictos mineros en el país, según la Red de Afectados por la Minería (Rema).

Además, resaltó la activista, en un año la industria minera extrajo casi 437 millones de metros cúbicos de agua, “cantidad suficiente como para cubrir las necesidades humanas de toda la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit durante el mismo periodo”.

La concesión del territorio nacional a proyectos mineros que se traslapan con territorios comunales y ejidales, prosiguió, atenta con las formas de organización y derechos sociales de las comunidades indígenas y campesinas.

Lo anterior suscita una problemática compleja, la destrucción masiva de los recursos naturales provocada por la actividad minera: contaminación del aire, el agua y el suelo a gran escala; alteración del entorno y los ecosistemas; cambio de uso de suelo, incluso en áreas naturales protegidas; despojos con violencia, represión y crimen contra formas de defensa del territorio y organización comunitaria; deterioro de la salud de los habitantes cercanos a las minas; además del impacto que sufren los trabajadores mineros por laborar en condiciones de alto riesgo y por el uso intensivo de materiales peligrosos y sustancias químicas.

Por ello, subrayó Greenpeace en un comunicado, resulta indispensable fortalecer en México el trabajo de defensa social y ambiental frente a esta actividad industrial depredadora.

“Se ha publicitado y conocido muchas veces en el país la enorme cantidad de concesiones para la explotación minera otorgadas por muchos años, lo que contrasta con otros países de América Latina. También sabemos que todo está relacionado con este modelo de ‘desarrollo’ neoliberal y extractivo”, denunció Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

Por ejemplo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) reportó este año la existencia de 177 ANP en el país, que abarcan un total de 25 millones 628 mil 239 hectáreas, que representan 12.1% del territorio nacional.

Es por ello que el manual Desca aborda las relaciones y tensiones que provoca la minería, y plantea que es a partir de la sobreexplotación, deterioro y afectación de los recursos naturales que el Estado mexicano privilegia el beneficio de intereses privados y extranjeros sobre los sociales, quebrantando así los derechos colectivos.


Sin embargo, el manual propone la utilización de herramientas jurídicas y no jurídicas para las comunidades, a fin de fortalecer sus luchas por la defensa de su territorio, patrimonio y su salud frente al auge minero depredador en México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/448151/se-concesiono-a-mineras-12-7-del-territorio-nacional-alerta-greenpeace

Greenpeace e Indignación AC exigen a PGR investigación y confiscación de semilla de soya transgénica ilegal en Campeche

Desinformémonos| Ciudad de México. 12/07/2016.- Las organizaciones civiles Greenpeace e Indignación AC demandaron a quien resulte responsable por sembrar soya transgénica ilegal en el estado de Campeche, en el ciclo agrícola que comenzó en junio, luego de las declaraciones de funcionarios públicos que aseguran que se realizarán las siembras en los municipios de  Campeche y Hopelchén, a pesar de no contar con permiso expreso para hacerlo, en el caso del primer municipio, y de existir una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que suspende las autorizaciones de siembra en ocho municipios de la entidad, incluyendo Hopelchén.

Los días 6 y 7 de julio, las organizaciones presentaron denuncias penales ante la Procuraduría General de la Republica (PGR), tanto en la Ciudad de México como en la de Campeche, a fin de que esta dependencia realice labores de investigación en torno a la liberación de soya transgénica por violaciones al marco de bioseguridad y del Código Penal Federal; además del desacato que podría cometerse en contravención a las sentencias de la segunda sala de la Suprema Corte, emitidas el 4 de noviembre de 2016, que ordenaron la suspensión de los permisos de siembra hasta que se consulte a las comunidades indígenas sobre si están de acuerdo o no en que se cultive soya transgénica en su territorio. Se trata de los Amparos en Revisión 499/2015 y 500/2015.

Exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) una investigación para evitar plantaciones de esta soya en el estado y pidieron el decomiso de la semilla transgénica, sus productos o subproductos como medida de seguridad.

Explican que en 2012 la Compañia Monsanto, multinacional estadounidense cotizada en bolsa productora de agroquímicos y biotecnología destinados a la agricultura, pidió autorización para la siembra de soya transgénica resistente al herbicida glifosato en los municipios campechanos de Champotón, Hecelchakán, Hopelchén, Tenabo, Calkiní, Escárcega, Carmen y Palizada cuya solicitud quedó registrada bajo el número 007/2012, se encuentra actualmente suspendida por orden de la Suprema Corte, además de que en el trámite la empresa omitió mencionar explícitamente a Campeche por lo que la siembra en dicho municipio es ilegal.

El día 30 de mayo del 2016 Greenpeace presentó diversas solicitudes de información al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), cuya respuesta expresa que a la fecha, se cuenta con 0 (cero) permisos de soya genéticamente modificada (GM) en el municipio de Campeche, Estado de Campeche; aunque Senasica reconoce, contrariamente a la respuesta anterior, que respecto a las hectáreas sembradas de soya GM del 2012 al 2015 en el municipio de Campeche; en 2012 se sembraron 0 (cero) hectáreas (has); en 2013 se sembraron 7 mil 168 punto 34 has.; en 2014 se sembraron 5 mil 583 punto 9 has y en 2015 se sembraron 8 mil 590 punto 61 has.

Además, dicen las organizaciones que “lamentablemente” durante el desarrollo de la consulta previa a comunidades indígenas ordenada por la Suprema Corte, diversos agricultores reconocieron ante medios de comunicación que han sembrado y sembraran soya GM en el municipio de Hopelchén.

Esto se relaciona con manifestaciones públicas del Delegado de la SAGARPA en Campeche, Cruz Alberto Uc Hernández, en el sentido que en este ciclo agrícola se sembrará soya GM en el municipio de Campeche, al afirmar que “lo que no está prohibido, está permitido” al no figurar el municipio en la sentencia de la SCJN ya que la empresa Monsanto omitió mencionarlo “deliberadamente” afrirman, en su solicitud.

Recuerdan que en abril de este año, el abogado de Monsanto realizó declaraciones a un medio de comunicación local, en las que dejó entrever que ya se estaba distribuyendo semilla de soya transgénica en Campeche bajo el argumento de que la prohibición “únicamente operaba en las comunidades de los quejosos” hecho que fue posteriormente desmentido por la propia Suprema Corte, explican.

Bajo ese contexto, con las denuncias penales, Greenpeace e Indignación AC exigen a la PGR que investigue si existe siembra de variedades de soya transgénica en Campeche, en particular en el municipio del mismo nombre, donde no hay autorización expresa, lo que contraviene la Ley de Bioseguridad de OGM (artículo 119 fracciones I y XXVII) y el Código Penal Federal (artículo 420 TER), pero también que indague sobre lo afirmado por soyeros en el sentido de que ya se sembró soya transgénica en comundiades de Hopelchén, lo que significa un desacato a las sentencias emitidas por la Suprema Corte.

Las organizaciones sociales también solicitaron a la PGR que en caso de existir siembra de soya transgénica, detenerlas mediante medidas como el aseguramiento inmediato de las semillas GM que hayan sido transportadas y almacenadas para la siembra comercial en el estado de Campeche, y en caso de detectar cultivos de esta semilla en los municipios Champotón, Hecelchakán, Hopelchén, Tenabo, Calkiní, Escárcega, Carmen y Palizada y Campeche, deberá asegurar sus productos y subproductos, entre otras medidas de seguridad adecuadas.

Finalmente, dicen, resulta preocupante que frente a la existencia de una resolución judicial por parte del Máximo Tribunal del país, la Sagarpa, a través de su delegado, esté generando condiciones para burlar los efectos de una sentencia que es clara en su contenido para favorecer a Monsanto y a quienes se han beneficiado con la siembra de soya transgénica, acusan, razón por la cual es urgente que la PGR realice una investigación efectiva e imparcial para sancionar conductas que contravienen sentencias definitivas.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: https://desinformemonos.org/greenpeace-e-indignacion-ac-exigen-a-pgr-investigacion-y-confiscacion-de-semilla-de-soya-transgenica-ilegal-en-campeche/

Greenpeace dice a Pemex: las pruebas de contaminación en Río de Veracruz son “irrefutables”

La organización ecologista Greenpeace rechazó la información que el pasado miércoles dio a conocer el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya, quien señaló que el complejo petroquímico de Pajaritos, Veracruz, no vierte sustancias tóxicas al Río Coatzacoalcos.  En un informe, los activistas señalan que el complejo arroja 59 químicos al vaso lacustre.

Greenpeace México reiteró que el complejo petroquímico de Pajaritos, en Veracruz arroja 59 sustancias tóxicas al Río Coatzacoalcos. La organización respondió así al titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya quien negó que la planta de este empresa productiva del Estado provocara algún tipo de daño al ambiente o a los mantos acuíferos.

“Aunque el director general de Pemex diga que no, nuestra evidencia científica es irrefutable. Pemex sí descarga en el Río Coatzacoalcos cotidianamente, y/o producto de la explosión del complejo de Pajaritos, sustancias altamente tóxicas y peligrosas como el dicloruro de etileno (EDC), del que encontramos altas concentraciones, por encima, incluso de los límites marcados por la legislación en Estados Unidos”, señaló en un comunicado.

El pasado miércoles durante la inauguración del Megacomplejo Etileno XXI en Nachital, Veracruz, el funcionario negó que Pemex contaminara el río: “La Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente (Profepa) tiene un reporte en el cual queda claro que Pemex ha estado trabajando con cuidado y no ha habido esto [descargas de EDC]”.

Los ecologistas dijeron que González Anaya “se equivoca”, puesto que “las muestras de agua que tomamos de su tubo de descarga lo desmienten”.

El pasado 23 y 24 de abril, Greenpeace realizó análisis al agua que proviene de la tubería de descarga del Complejo “Pajaritos” de la firma Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), operada por Mexichem en asociación con Pemex, y constató que al menos contenía 59 químicos orgánicos aislados, entre ellos algunos considerados de alto riesgo para el ambiente y la salud de los habitantes de la periferia, al ser catalogados como posibles cancerígenos.

Ante esto, la organización ambientalista, con presencia internacional, acusó que dichas sustancias prácticamente carecen de regulación en México y que fueron encontradas en concentraciones superiores a lo permitido por la International Agency for Research on Cancer (IARC) de Estados Unidos.

De las 10 muestras tomadas, la que arrojó resultados más alarmantes de presencia de tóxicos es precisamente la del agua proveniente de las zonas cercanas al complejo Pajaritos: ahí se encontraron etenos clorados, etanos clorados, y metanos clorados así como bencenos clorados. Además, contiene una amplia gama de químicos orgánicos semivolátiles.

De las distintas sustancias, el químico más predominante es el Dicloruro de Etileno (EDC, por sus siglas en inglés), sustancia catalogada como posible cancerígeno por la IARC y los servicios de salud de EU. Las concentraciones halladas de EDC superan de 10 a 28 veces los límites que establece Estados Unidos respecto a las aguas residuales que vierte el sector de los plásticos.

Por ello, en aquella ocasión subrayó la necesidad de que la situación sea atendida a largo plazo. “Hay que darle seguimiento y financiamiento para que la gente tenga noción, sepa lo que puede pasar y además para que (Pemex y Mexichem) asuman los gastos”.


Asimismo, recordó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene la gran tarea de fortalecer la regulación del uso de suelo “porque si las autoridades hicieran su trabajo, accidentes como este por la liberación de químicos tóxicos podrían haberse evitado”, aseguró.

Greenpeace México exhortó al director de Pemex para que comparta el informe de la Profepa “para que lo pudiéramos revisar (si es que existe) y poder contrastarlo con el análisis que realizamos en nuestros laboratorios de investigación en la Universidad de Exeter, Ingleterra. Informe, que por cierto, reporta resultados similares a los que hicimos por primera vez hace 15 años y en los que también encontramos sustancias cancerígenas, lo que nos apunta a pensar que Pemex –y ahora también Mexichem- están descargando directamente al Río Coatzacoalcos químicos peligrosos”.

Además, explica que los datos obtenidos durante su investigación están apegados al uso de métodos científicos y que, de ser que existan estudios contradictorios al suyo, “estos deben aplicar el mismo principio de transparencia y disponibilidad de los nuestros”.

Los activistas mencionaron que la dependencia “contestó que no existía información al respecto” sobre si se habían tomado muestras representativas de suelo, agua, aire en la zona del complejo petroquímico de Pajaritos para conocer la presencia o no de contaminantes y su concentración.


El pasado 20 de mayo, Pemex dijo no contar con información respecto al tipo de sustancias que operan en el complejo. Respuesta que Miguel Ángel Soto, vocero de Greenpeace México, calificó como ridícula: “Es ridículo que Pemex no tenga información de las sustancia que explotaron dentro de su complejo donde mataron a 32 personas hasta el momento porque no sabemos si las cifras están actualizadas o están escondiendo algo”.

El pasado 20 de abril, una fuerte explosión se registró en el complejo petroquímico “Pajaritos”, en Coatzacoalcos, Veracruz, dejando tras de sí decenas de muertos, cientos de heridos, e inclusive forzó la evacuación de cientos de personas debido a una columna de humo tóxico que se extendió por la zona.

El fuego que detonó el estallido se originó en la planta Clorados III, una productora de policloruro de vinilo (PVC) de la firma Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), que es producto de una alianza, firmada en 2013, por Mexichem –que posee 54 por ciento– y Pemex –con un 46 por ciento–.

Dentro del Consejo de Administración de esta compañía, que en 2011 también reportó un accidente fatal, destacan empresarios como Valentín Díez Morodo [socio de Grupo Modelo y ex consejero de OHL México], Juan Francisco Beckmann Vidal [presidente de José Cuervo], un ex funcionario público y figuras que también son consejeros de Grupo México y Grupo Televisa, entre otros.

Mexichem –parte de Grupo Kaluz, propiedad de la familia Del Valle– destaca que la seguridad de sus colaboradores es “el factor más importante” para el desempeño de sus actividades y su meta es tanto prevenir todos los accidentes como tener cero fatalidades.

De acuerdo con su informe de sustentabilidad más reciente, en 2011 reportó un accidente fatal, 180 accidentes incapacitantes y 4 mil 697 días perdidos. Su indicador de seguridad operacional registra hasta 2014, una suma de 826 accidentes incapacitantes.


La Petroquímica Mexicana de Vinilo anunció a sus clientes que por “una condición de fuerza mayor” [el siniestro] fue afectada la producción de cinco productos químicos embarcados desde Veracruz.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/24-06-2016/3058527

Halla Greenpeace sustancias cancerígenas tras explosión en Pajaritos

CIUDAD DE MÉXICO: A dos meses de la explosión en el complejo petroquímico Pajaritos, con saldo de 32 muertos, la organización ambientalista Greenpeace dio a conocer el reporte de las sustancias tóxicas encontradas en lugar de los hechos, muchas de la cuales, subrayó, son clasificadas “como posibles cancerígenos”.


En un comunicado precisa que de las muestras tomadas y analizadas en sus Laboratorios de Investigación en la Universidad de Esex, Inglaterra, la que arrojó resultados más alarmantes de presencia de tóxicos tras la explosión es precisamente la del agua proveniente de una de las tuberías del complejo Pajaritos, que desecha decenas de químicos extremadamente tóxicos en el caudal del río Teapa.

Destaca que hallaron al menos 59 químicos orgánicos aislados, entre ellos algunos considerados “extremadamente preocupantes para el ambiente y la salud de las personas al ser catalogados como posibles cancerígenos”.


De acuerdo con Greenpeace, estas sustancias prácticamente carecen de regulación en México y fueron encontradas en concentraciones superiores a lo permitido por la normatividad de Estados Unidos.

“Encontramos sustancias sumamente tóxicas como etenos clorados, etanos clorados, y metanos clorados, así como bencenos clorados. Además, contiene una amplia gama de químicos orgánicos semivolátiles”.

De las distintas sustancias, el químico más predominante es el dicloruro de etileno (EDC, por sus siglas en inglés), sustancia catalogada como posible cancerígeno por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) y los servicios de salud de Estados Unidos.

Las concentraciones halladas de EDC, agrega, superan de 10 a 28 veces los límites que establece ese país (tres) respecto de las aguas residuales que vierte el sector de los plásticos.

Para Greenpeace México resulta indignante que apenas siete días después de la explosión de Pajaritos, Mexichem “parecía más preocupado en calmar a sus accionistas, que en tratar de remediar la tragedia originada en su complejo petroquímico”.

Por otro lado, apunta, resulta inexplicable que Petróleos Mexicanos (Pemex) diga desconocer información básica de sus operaciones de producción en el complejo siniestrado.

La respuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) también fue “decepcionante”. El 25 de abril, cinco días después de la explosión, Greenpeace México solicitó información pública mediante el sistema Infomex al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“Preguntamos a Pemex, a la Semarnat, a Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) y a la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios), entre otras cosas, si ya se habían tomado muestras representativas de agua, aire y suelo en las zonas aledañas a Pajaritos. Solicitamos dichos reportes. Pedimos información sobre el plan de monitoreo dentro y fuera de las instalaciones donde se suscitó la explosión (muestras agua, suelo y agua), solicitamos información sobre la condición de los trabajadores, sobre las personas que atendieron el accidente y la población vecina. Pedimos conocer con exactitud qué sustancias se fugaron para causar la explosión, pedimos saber si había algún antecedente de fugas en el complejo y con qué sustancias se estaba trabajando exactamente cuando ocurrió el estallido.

“Fuimos ignorados. Pemex argumentó el 20 de mayo la supuesta ‘inexistencia de la información solicitada’. La Semarnat dijo que ‘no era su competencia’. Profepa y Cofepris pidieron una prórroga que vence precisamente mañana (martes 21). Esperamos que cumplan con su palabra”.

El 29 de mayo la Profepa dijo que recibió un reporte de Mexichem sobre lo sucedido. Sin embargo, este reporte no se hizo público, subraya la organización ambientalista. Y cuestiona: ¿Cuáles fueron las sustancias químicas peligrosas liberadas al ambiente y la población? ¿Cuáles serán las sanciones para Pemex y Mexichem? Y quizá otra de las incógnitas que la Profepa podría resolver: ¿Quiénes eran los encargados de supervisar/verificar el funcionamiento de Pajaritos? ¿Se está encubriendo a alguien en ese sentido?

Es por estas razones, y por la falta de transparencia de las autoridades federales (Semarnat, Profepa, Conagua), estatales y municipales, así como de Pemex y de Mexichem, que desde Greenpeace México “exigimos acciones claras y contundentes en el corto y mediano plazo a los citados actores”, apunta en su comunicado.

En el corto plazo Greenpeace demanda sanciones ejemplares contra la paraestatal y Mexichem debido a las lamentables pérdidas humanas y a los graves daños causados a la comunidad y al medio ambiente, así como a quien resulte responsable de la verificación del funcionamiento de este complejo.

Pemex y Mexichem, apunta, deben financiar y asignar recursos suficientes para indemnizar a las familias de los fallecidos y brindar atención médica a largo plazo a los afectados, así como resarcir el daño ambiental.

“Exigimos al gobierno federal y a PMV (Petroquímica Mexicana de Vinilo) dar a conocer ya el plan de remediación y estudios pertinentes para conocer qué sucedió, qué impacto tendrá en el entorno, de qué forma se reparará el daño al medio ambiente.

“En nombre del derecho a la información. PMV debe informar a la sociedad cuáles son las sustancias que maneja en sus instalaciones, cuáles fueron liberadas durante la explosión y en qué cantidad están descargando cotidianamente en tierra, agua y aire de Coatzacoalcos”.

La Semarnat, añade, debe fortalecer la regulación del uso de sustancias químicas peligrosas en el país, ya que en México se permite el manejo de cientos de sustancias prohibidas en otros países del mundo, y vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente en el manejo de tóxicos.


El documento destaca que el obligatorio Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes de México lleva ya casi tres años de retraso, por lo que el gobierno federal debe hacerlo público y con sanciones vinculantes a toda industria que se niegue a informar qué tipo de sustancias está liberando al medio ambiente.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 20 JUNIO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/444658/detecta-greenpeace-sustancias-cancerigenas-tras-explosion-en-pajaritos

Investiga Greenpeace daño al ambiente tras explosión en Pajaritos

CIUDAD DE MÉXICO: Activistas de Greenpeace acudieron al puerto de Coatzacoalcos a tomar muestras de agua y suelo en el de la zona aledaña al complejo petroquímico Pajaritos, donde el pasado 20 de abril se registró una explosión que según cifras oficiales ha dejado un saldo de 32 muertos hasta ahora.

Los activistas buscan la presencia de sustancias químicas peligrosas en el ambiente.


“Las muestras fueron tomadas en cuatro puntos, dos de ellos ubicados río abajo de la planta Pajaritos y dos de ellos, río arriba. Cada muestra se tomó siguiendo estrictos protocolos de bioseguridad y de acuerdo a estándares científicos”, explicó Miguel Rivas, coordinador del muestreo.

Comentó que las muestras serán enviadas para su análisis a un laboratorio independiente y una vez que se tengan los resultados se darán a conocer a la población y a las autoridades responsables a fin de que se tomen las medidas necesarias.

“Consideramos que ha habido opacidad en el manejo de la información referente a este siniestro. Hasta ahora no sabemos con exactitud el número de muertos, en qué zona de la planta petroquímica se generó la explosión, qué otros químicos había en las instalaciones en ese momento y tampoco sabemos cómo se ha manejado la emergencia ambiental a fin de controlar los posibles impactos al entorno y a la gente.

“Por eso estamos aquí buscando la verdad sobre la presencia de tóxicos para dar esta información a la población ya que tiene derecho a saber y a la reparación de los daños”, afirmó Rivas.

Por su parte, Lorenzo Manuel Bozada, consultor ambiental y presidente de la asociación Ambiente y Desarrollo Humano en Coatzacoalcos, Veracruz, consideró que tras la explosión Mexichem, copropietaria con Pemex de Petroquímica Mexicana de Vinilo, ha expuesto a los habitantes de Coatzacoalcos a un baño de dioxinas.

Y por ello pidió a las autoridades “que limpien, que hagan una remediación de la zona para que estos contaminantes no se queden aquí y que las personas no nos quedemos expuestas a estas sustancias con las terribles consecuencias que eso puede tener para nuestra salud”.

El experto dijo que es indispensable que el sistema de salud realice pruebas entre la población para determinar los impactos por la exposición a dioxinas.

Pide transparencia a Pemex y Mexichem

Greenpeace lanzó una petición en línea dirigida a los directores generales de Mexichem y de Petróleos Mexicanos,
Antonio Carrillo Rule y José Antonio González Anaya respectivamente, en demanda de transparencia en la información y un sistema de monitoreo claro, abierto, así como medidas para evitar que se repitan catástrofes como ésta.

En la petición, los firmantes piden a ambas empresas información: “Necesitamos datos reales y oportunos sobre las causas, los efectos y cómo manejarán esta emergencia” en Pajaritos.

También un monitoreo, estudios dentro y fuera de las instalaciones sobre la persistencia de tóxicos en suelo, agua, “y de manera muy importante, en las personas que atendieron el accidente y la población afectada”.

Y por último: Indemnización. “Pemex y Mexichem deben financiar estos estudios de monitoreo y asignar recursos suficientes para indemnizar a las familias de los fallecidos y brindar atención médica a los afectados así como resarcir el daño ambiental y las pérdidas económicas a las comunidades por las posibles suspensiones de actividades productivas en la zona, como la pesca y el comercio de alimentos”, señala la petición.

Asimismo, la organización ambientalista pide un nuevo modelo de manejo de sustancias tóxicas en el país, ya que en México se permite el manejo de cientos de sustancias prohibidas.


“La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debe fortalecer la regulación del uso de sustancias químicas peligrosas en el país”, subraya la petición.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/438425/investiga-greenpeace-dano-al-ambiente-tras-explosion-en-pajaritos

“Mejor no vaya a París”, le dice Greenpeace a EPN

México se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% antes del 2020 y en un 22% adicional antes de 2030.

Organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace, así como el Centro Mario Molina, cuestionaron por qué aún no ha sido aprobada la Ley de Transición Energética.

En tres desplegados, se manifestaron a favor de esta legislación, a unos días de que se realice en París la cumbre del clima, que inicia el 30 de noviembre.

En su publicación, Greenpeace preguntó: “Enrique Peña Nieto, ¿farol de la calle, oscuridad de su casa?“. Y le envió el siguiente mensaje: “Sr. Presidente, su gobierno se comprometió a reducir el 22% de las emisiones nacionales de Gases de Efecto Invernadero antes del 2030. No obstante, sin la aprobación de la Ley de Transición Energética (LTE) esa meta tiene altas probabilidades de no hacerse realidad.

“El Acuerdo de París contará con mecanismos de evaluación del cumplimiento de las metas de los países. ¿Cómo espera cumplir la contribución no condicionada de México en el sector energético sin la Ley de Transición Energética? Mejor, no vaya a París a la COP-21“, sugirió.

En tanto, en otro desplegado, el Centro Mario Molina expone lo siguiente:

La Ley de Transición Energética pilar de los compromisos de mitigación de México

Durante los últimos 20 años y bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, México ha mantenido una posición proactiva en la lucha contra el cambio climático que le ha valido el reconocimiento internacional. Acorde a ello, nuestro país se ha comprometido a reducir sus emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) en un 30% antes del 2020 y en un 22% adicional antes de 2030. Consideramos que estos esfuerzos son consecuentes con su grado de desarrollo, circunstancias y posibilidades para limitar el calentamiento global a 2°C, objetivo aceptado por la comunidad internacional de expertos en cambio climático.

En México, la Ley de Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética señala que el sector eléctrico debe transformarse para que al 2024 un máximo de 65% de la electricidad provenga de combustibles fósiles. Esta meta se ratifica en la Ley General de Cambio Climático que estipula que el 35% de la generación eléctrica provenga de energías limpias para ese mismo año.

El cumplimiento de las metas de mitigación de nuestro país exige una planeación detallada de la expansión de la generación de electricidad que considere una incorporación acelerada de energías limpias en el Sistema Eléctrico Nacional, que sea vinculante para que brinde certeza a los inversionistas. Esta planeación deberá incorporar también la eficiencia energética como otro de los componentes importantes para reducir las emisiones del país.

Las energías renovables en México, además de contribuir a la meta climática, pueden ofrecen múltiples co-beneficios. Permiten tener una matriz de generación eléctrica más limpia, equilibrada, diversa y por tanto menos vulnerable a los vaivenes internacionales de abasto y de precios, menores impactos a la salud por exposición a contaminantes y generación de miles de empleos asociados con la fabricación e instalación de materiales y equipos.

No podemos perder tiempo, debemos acelerar el paso hacia las energías renovables y la eficiencia energética. Por ello, invitamos al Senado de la República a que se discuta y apruebe la Ley de Transición Energética, para que México pueda impulsar su transición hacia una economía baja en carbono.


Confiamos en que México desempeñará un papel digno y ejemplar en la COP-21. Aprobar la Ley de Transición Energética será fundamental para confirmar que México asume con seriedad sus metas y compromisos para la descarbonización del sector eléctrico y de nuestra economía, tal y como lo están haciendo ya otras economías emergentes. Mostremos al mundo en París que nuestro país está a la altura del desafío climático y que tiene la intención de contribuir decisivamente a la preservación del bienestar de las generaciones actuales y futuras del mundo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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