Grupo Higa sí ayudó a EPN con la “casa blanca” y facilitó propiedad de Malinalco a Videgaray: Lozoya
Según la denuncia presentada ante la Fiscalía, Hinojosa Cantú era tratado como socio por el Gobierno peñista y fue impulsado en la adjudicación de proyectos de ingeniería y obra. Sin embargo, esto cambió luego de la investigación periodística sobre la “casa blanca”.
El Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, le habría facilitado la “casa blanca” al expresidente Enrique Peña Nieto, y la casa de Malinalco al exsecretario Luis Videgaray, mismas que habrían desatado un escándalo político por el que supuestamente canceló el proyecto del tren México-Querétaro, según dijo Emilio Lozoya Austin en su declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Grupo Higa desdeña resolución judicial federal y mantiene la construcción de autopista en comunidad otomí. Pobladores de Santa Cruz Ayotuxco ven cómo siguen las obras, protegidas por funcionarios y policías del Estado de México.
Sierra de Huixquilucan, Estado de México. El pasado 6 de abril de 2017, la comunidad indígena Otomí Ñuhú de Santa Cruz Ayotuxco obtuvo el resolutivo favorable del recurso de revisión 27/2017. Está resolución indica suspender todos los trabajos de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, hasta que se resuelva el amparo 1396/2015.
A partir de esa fecha por diferentes instancias los comuneros han intentado hacer valer esta resolución de carácter federal y los resultados han sido desfavorables para ellos. Pero esta situación no es menor, se “entrelazan redes de corrupción, intereses económicos corporativos y la violación a los derechos humanos y de los pueblos indígenas”, señalan pobladores.
A partir de esa fecha por diferentes instancias los comuneros han intentado hacer valer esta resolución de carácter federal y los resultados han sido desfavorables para ellos. Pero esta situación no es menor, se “entrelazan redes de corrupción, intereses económicos corporativos y la violación a los derechos humanos y de los pueblos indígenas”, señalan pobladores.
Basada en túneles y puentes, propone permitir el cruce humano y de fauna, así como de las fuentes de agua de la comunidad, a diferencia del proyecto de Grupo Higa.
Desde hace más de 10 años, el gobierno del Estado de México y la empresa Autopistas de Vanguardia, filial de la Constructora Teya del Grupo Higa, han intentado construir la autopista Toluca-Naucalpan que pretende cruzar y dividir a la comunidad de San Francisco Xochicuautla, en Lerma Estado de México, así como a otras comunidades. El proyecto de la Autopista Toluca-Naucalpan adjudicado a la empresa, implica la separación de la comunidad, de sus bienes naturales y culturales en el tramo correspondiente del kilómetro 14.000 al 18.000. Es un proyecto que afecta bosques, fauna, lugares sagrados y cultura del pueblo otomí.
¿Qué razones dio EPN para quitar tierras a Xochicuautla y darlas a Higa? Los otomíes sabrán… en 2022
Frente a la resistencia de las entidades públicas y los muros legales, el navegante de los portales de acceso a la información se parece a Moisés, el hombre bíblico que en cuarenta años de búsqueda jamás pisó la tierra prometida. El marco jurídico de la Transparencia nacional permite que la información sea negada con uno de estos argumentos: los datos solicitados están bajo reserva, son inexistentes o confidenciales. Así, la Administración de Enrique Peña Nieto mantiene más de 12 millones de expedientes bajo llave. Se ha negado a mostrar el acta de nacimiento del Presidente, el decreto que avala la pensión vitalicia a exPresidentes y sus viudas, los resultados de sus encuestas, los fundamentos para crear la Gendarmería o los gastos de las fiestas dentro de Los Pinos. #DatosCerrados es un ejercicio de la Unidad de Datos de SinEmbargo que identifica lo que el Gobierno y otras instituciones no quieren revelar.
Alfredo Del Mazo podría convertirse en el tercer gobernador del Estado de México en llegar al poder gracias a la caja sin fondo que construyeron el Grupo Atlacomulco y OHL, cimentado en un CLCLO de corrupción e impunidad que ha definido las últimas elecciones en el Estado de México y que llevó a Enrique Peña Nieto a la Presidencia.
Alfredo Del Mazo podría convertirse en el tercer gobernador del Estado de México en llegar al poder gracias a la caja sin fondo que construyeron el Grupo Atlacomulco y OHL, cimentado en un CLCLO de corrupción e impunidad que ha definido las últimas elecciones en el Estado de México y que llevó a Enrique Peña Nieto a la Presidencia.
EL CICLO es una historia fragmentada. Sus protagonistas y episodios han sido denunciados por periodistas y ciudadanos, desde hace varios años.
EL CICLO es una historia fragmentada. Sus protagonistas y episodios han sido denunciados por periodistas y ciudadanos, desde hace varios años.
Luego de la inseguridad y la pobreza, el tema de la corrupción se ha convertido en uno de los de mayor importancia en el Estado de México y para el Gobierno de Eruviel Ávila Villegas. Si bien muchos de los casos han sido herencia de administraciones anteriores o del ámbito federal, Eruviel se ha dedicado a mantener en la impunidad a quienes los han protagonizado y además ha cooperado con el uso indiscriminado de la fuerza pública, sobre todo cuando de comunidades originarias se trata.
Al cumplirse el primer mes de campaña por la gubernatura del Estado de México, los candidatos han posicionado en sus agendas estatales el tema que asola al Poder Ejecutivo: la corrupción.
En consecuencia, Alfredo del Mazo Maza, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha sido el más cuestionado por lo que el Gobierno de Eruviel Ávila Villegas ha dejado de hacer y por los escándalos que ha protagonizado su primo, el Presidente Enrique Peña Nieto.
Eruviel Ávila no habla mucho de los casos que le cargan. OHL, Xochicuautla y Grupo Higa o todo lo detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) son temas menores en sus discursos donde sobresale el “vamos bien”.
En consecuencia, Alfredo del Mazo Maza, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha sido el más cuestionado por lo que el Gobierno de Eruviel Ávila Villegas ha dejado de hacer y por los escándalos que ha protagonizado su primo, el Presidente Enrique Peña Nieto.
Eruviel Ávila no habla mucho de los casos que le cargan. OHL, Xochicuautla y Grupo Higa o todo lo detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) son temas menores en sus discursos donde sobresale el “vamos bien”.
El abogado de la empresa Infraiber, Paulo Diez Gargari, sostiene que la captura en España de Javier López Madrid, el yerno del accionista mayor de OHL, por corromper a un funcionario a cambio de privilegios en las obras públicas, confirma el esquema que el grupo constructor –pero también otros como Higa y Odebrecht– aplica en México. En entrevista con Proceso, el litigante expone que hay “indicios fundados” de que la trasnacional paga con sobornos las facilidades para operar dos rentables vialidades de cuota mexiquenses, y de que ese dinero sucio puede financiar el apoyo ilegal del gobernador Eruviel Ávila a la campaña electoral del priista Alfredo del Mazo.
Ningún usuario se imagina que cuando paga por usar el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense, dos vías de cuota para cruzar la anárquica zona metropolitana del Estado de México –vecina de la capital del país–, parte de ese dinero se destina al soborno de funcionarios y al financiamiento ilegal de campañas políticas como la de Alfredo del Mazo, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno de esa entidad.
Y menos saben los usuarios que dinero de la empresa que explota esas dos vías de comunicación de cuota, concesionadas a OHL por Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador, se envía a su matriz de España para corromper también a gobernantes del Partido Popular a cambio de privilegios en obra pública, como consta en la investigación que llevó a la captura de Javier López Madrid, yerno del máximo accionista de la constructora, Juan Miguel Villar Mir.
Y menos saben los usuarios que dinero de la empresa que explota esas dos vías de comunicación de cuota, concesionadas a OHL por Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador, se envía a su matriz de España para corromper también a gobernantes del Partido Popular a cambio de privilegios en obra pública, como consta en la investigación que llevó a la captura de Javier López Madrid, yerno del máximo accionista de la constructora, Juan Miguel Villar Mir.
Las auditorías concluyeron que en la construcción no se acreditaron los criterios de eficiencia, economía, honradez y transparencia.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que en la construcción del nuevo hangar presidencial, la empresa Concretos y Obra Civil del Pacífico, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, encareció dos conceptos que derivaron en pagos irregulares por 59 millones de pesos.
Sin embargo, en los reportes de la ASF, con corte a diciembre de 2016, no se comprobó la recuperación de dinero o si se presentaron denuncias penales por esta irregularidad.
El documento que resume las auditorías concluye que en la construcción del hangar presidencial no se acreditaron los criterios de eficiencia, economía, honradez y transparencia.
Este lunes, Aristegui Noticias documentó cómo el presupuesto del hangar presidencial pasó de 685 millones a mil 182 millones, afectando el proyecto de manera estructural.
Según documentos oficiales, el hangar se vio afectado por los errores de las tres empresas participantes, ante la mira de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (vía el Aeropuerto capitalino) y Presidencia de la República:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: SEBASTIÁN BARRAGÁN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1801/mexico/grupo-higa-encarecio-costos-de-hangardeepn-por-59-mdp-auditoria-superior/
Sin embargo, en los reportes de la ASF, con corte a diciembre de 2016, no se comprobó la recuperación de dinero o si se presentaron denuncias penales por esta irregularidad.
El documento que resume las auditorías concluye que en la construcción del hangar presidencial no se acreditaron los criterios de eficiencia, economía, honradez y transparencia.
Según documentos oficiales, el hangar se vio afectado por los errores de las tres empresas participantes, ante la mira de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (vía el Aeropuerto capitalino) y Presidencia de la República:
- La empresa proyectista (SGS de México) no acabó los planos a tiempo.
- La constructora (Concretos y obra Civil del Pacífico, de Juan Armando Hinojosa Cantú, amigo del Presidente) ejecutó mal los trabajos y propuso cambios estructurales para evadir sanciones.
- La empresa supervisora (Bufete de Control de Calidad) no acreditó haber vigilado los trabajos correctamente.
PAGOS IRREGULARES
La Auditoría Superior de la Federación encontró “pagos indebidos” por 67 millones 837 mil pesos.
De esas cantidad, la ASF reveló que la constructora de Hinojosa Cantú encareció dos precios de productos, que se reflejaron en un gasto extraordinario e irregular por 59 millones 987 mil pesos.
Se trata del precio del concepto “suministro, fabricación y puesta en obras, de estructura metálica atornillable, formada con perfiles laminados de acero ASTM A-36…”, que se elevó respecto “de los precios de mercado por lo que se efectuó un pago en exceso de 24 millones 777 mil pesos”.
También, en el precio unitario de “Acarreo en camión, incluye: cargo directo por costo de mano de obra que intervenga…”, donde “no se contó con las especificaciones generales y particulares ni con la autorización de los bancos de tiro que acrediten los rendimientos asentados en el precio por 35 millones 210 mil pesos”.
El resto de los pagos extraordinarios se desglosa en tres conceptos:
- Penalizaciones por incumplimiento del programa de servicios por 6 millones 79 mil pesos.
- Retenciones o sanciones por el incumplimiento del programa de obra por 12 mil pesos.
- Actividades sin comprobar de la empresa supervisora por un millón 593 mil pesos
- Incorrecta integración del costo directo del contrato del director responsable de obra y corresponsables por 164 mil pesos.
ERRORES DE PROCEDIMIENTO
La ASF encontró que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) adjudicó directamente el contrato a Concretos y Obra Civil del Pacífico sin contar con “el proyecto ejecutivo que permitiera ejecutar ininterrumpidamente los trabajos, ya que éste no se concluyó sino 160 días naturales después de la fecha de terminación pactada (22 de diciembre de 2014)”.
Aristegui Noticias comprobó, mediante la bitácora de obra, que durante los 18 meses de los trabajos los constructores se quejaron por la falta de planos e, incluso, por su precisión.
Por esta razón, la Auditoría ordenó investigar a los funcionarios que permitieron adjudicar directamente una obra para la que no había un proyecto ejecutivo.
Los auditores encontraron que durante 2014 el AICM pagó obras extraordinarias sin haber celebrado un convenio modificatorio.
Aunque elAaeropuerto contrató una empresa sólo para supervisar las obras, la ASF concluyó que no hubo manera de verificar la calidad de los trabajos.
“No se vigiló ni controló la realización de los trabajos en sus aspectos de calidad, costo, tiempo ni se ajustó a los programas de ejecución de acuerdo con los avances pactados en el contrato, debido a que el proyecto fue extemporáneo, tuvo modificaciones y volúmenes adicionales”, dice el documento 14-2-09KDN-04-0409.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: SEBASTIÁN BARRAGÁN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1801/mexico/grupo-higa-encarecio-costos-de-hangardeepn-por-59-mdp-auditoria-superior/
No lo hizo en los términos en que lo anunció, cuando el 18 de noviembre de 2014 publicó un video “para defender su integridad, la de sus hijos y la de su marido” e informó que vendería los derechos del inmueble para que no se siguiera ofendiendo a su familia.
“Con la misma apertura con los que les he compartido los detalles de esta casa, quiero comunicarles que he tomado la decisión de vender los derechos derivados del contrato de compraventa, porque yo no quiero que esto siga siendo un pretexto para ofender a mi familia”, expuso en aquel entonces.
La información emitida hoy por la Presidencia de la República da cuenta de que no vendió los derechos, sino que canceló la operación y que el contratista Hinojosa Cantú le regresó el dinero y los intereses que llevaba pagados. No se menciona ninguna penalización como es habitual en este tipo de transacciones cuando una de las partes da por terminada la relación contractual.
“Por la terminación anticipada del contrato de compraventa, las partes pactaron que la señora Angélica Rivera Hurtado pagara el equivalente a una renta por el tiempo en que tuvo posesión del inmueble. Por su parte, la inmobiliaria reintegró a la señora Rivera los pagos que había realizado entre el 12 de enero de 2012 y el 11 de diciembre de 2014 más los intereses respectivos”.
Hoy, luego de que el presidente Enrique Peña Nieto promulgó seis leyes que sustentarán el Sistema Nacional Anticorrupción, la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República emitió una ficha informativa sobre el convenio de cancelación de la compraventa relativo a la residencia de escándalo, que establece como fecha de finiquito el 11 de diciembre de 2014.
La Presidencia precisó que, si bien tenía la posesión del inmueble, la operación nunca se concretó en transmisión, debido a que era una compraventa con reserva de dominio.
Con lo anterior, la Presidencia declaró que Rivera Hurtado ya no tiene relación con ese inmueble.
Durante la promulgación de las leyes anticorrupción este lunes, el mandatario federal pidió “perdón” por haber generado inconformidad, aun cuando repitió como en otras ocasiones que no hubo nada ilegal. Inclusive, consideró que los servidores públicos además de cumplir la ley deben cuidar la percepción que se pueda tener de sus acciones. Y fue en ese sentido que dijo, “cometí un error”.
La investigación
El 9 de noviembre de 2014, el equipo de investigación de la periodista Carmen Aristegui publicó un reportaje –en su portal de internet Aristegui Noticias y en la edición 1984 de Proceso— sobre la residencia que al inicio de la administración presumió la primera dama en una revista del corazón.
El reportaje mostró que en la construcción de la residencia ubicada en la calle Sierra Gorda 150 habían participado con opiniones e indicaciones, el presidente Peña Nieto y su esposa, de acuerdo con testimonios de trabajadores.
También demostró que el inmueble se comunicaba con la residencia de Angélica Rivera –adquirida presuntamente por su trabajo de actriz en Televisa– ubicada en Paseo de las Palmas1325, ambas en Lomas de Chapultepec, uno de los sectores más exclusivos y de mayor plusvalía del continente.
Pero sobre todo, el reportaje reveló que la construcción estuvo a cargo de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una razón social sin mayor actividad que esa operación y que dicha empresa era de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de numerosas empresas dedicadas a la proveeduría gubernamental y que, durante el sexenio de Peña Nieto como gobernador del Estado de México, consiguió unos 35 mil millones de pesos en contratos.
Más tarde, Proceso documentó que en dos años de gobierno federal Hinojosa sumó más de 60 mil millones en contratos de obra.
Días después, el 18 de noviembre de 2014, al regresar de una gira de trabajo por China y con el escándalo desatado inclusive en medios internacionales, Peña Nieto anunció que sería su esposa la encargada de explicar la forma en que se adquirió la propiedad. Entonces ella publicó en YouTube el video mencionado.
Fue hasta febrero de 2015 cuando Peña Nieto instruyó una investigación sobre el caso, para lo cual designó como secretario de la Función Pública a Virgilio Andrade. El resultado se dio a conocer en agosto siguiente, cuando el funcionario informó que el mandatario federal no incurrió en conflicto de intereses. Sin embargo, admitió que no se revisaron otros posibles actos ilícitos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/447723/la-gaviota-regreso-la-casa-blanca-higa-le-reintegro-dinero-los-intereses
El diario estadounidense señala que Grupo Higa ha ganado contratos del gobierno por al menos mil 200 millones de dólares.
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, se reunió dos veces en 2015 con Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa, en medio de la investigación de la Secretaría de la Función Pública, sobre la compra de la casa blanca de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, y la de Malinalco, de Luis Videgaray, a ese contratista del gobierno.
Así lo reveló este miércoles el diario The Wall Street Journal, e indicó que dichos encuentros fueron durante junio y julio, de acuerdo con documentos obtenidos por medio de solicitudes de transparencia.
Dichos documentos revelan que el propósito de dichas reuniones fue monitorear el avance de los trabajos de remodelación del hangar presidencial en el aeropuerto de la Ciudad de México.
Sin embargo, en la reunión también se trataron otros temas, incluyendo la investigación que estaba en desarrollo sobre las compras de las residencias, reconoció una persona con conocimiento de dichos encuentros, destacó el diario estadounidense.
“Esas fueron reuniones inapropiadas por las circunstancias especiales (por la investigación que se estaba realizando)”, dijo Max Kaiser, un experto anticorrupción del IMCO.
“Aunque es cierto que este tipo de encuentros entre funcionarios y contratistas son comunes en México”, reconoció.
En febrero 2015, el presidente Peña Nieto nombró a Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública y su primera encomienda fue la de investigar las compras de la casa blanca, la de Malinalco y también una que compró Peña a otro contratista en Ixtapan. Pasaron unos meses y en agosto de ese año, Andrade resolvió que no hubo conflicto de interés en ninguno de los casos.
Sobre las reuniones con Higa, un vocero de Ruiz Esparza dijo a WSJ que éstas se dieron por trabajo y asistieron funcionarios de diversas agencias gubernamentales. Pero no comentó si Ruiz Esparza e Hinojosa trataron otros temas.
De acuerdo con el diario estadounidense, antes y después de financiar las dos viviendas, al menos cuatro empresas de Hinojosa, encabezadas por Grupo Higa, recibieron contratos del gobierno por al menos mil 200 millones de dólares, primero cuando Peña Nieto fue gobernador del Estado de México durante 2005 a 2011, y después como Presidente, en 2012.
Banobras también dio contratos a una empresa de Hinojosa en 2013, cuando Videgaray era titular de Hacienda y presidente del consejo del banco, añadió.
WSJ recordó que el nombre del dueño de Higa, Hinojosa, era parte de los Panama Papers, ya que transfirió unos 100 millones de dólares el año pasado a una cuenta en un paraíso fiscal, después de los escándalos por sus negocios con el gobierno.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1805/mexico/sct-se-reunio-con-higa-en-medio-de-investigacion-sobre-casa-blanca-wsj/
Así lo reveló este miércoles el diario The Wall Street Journal, e indicó que dichos encuentros fueron durante junio y julio, de acuerdo con documentos obtenidos por medio de solicitudes de transparencia.
Dichos documentos revelan que el propósito de dichas reuniones fue monitorear el avance de los trabajos de remodelación del hangar presidencial en el aeropuerto de la Ciudad de México.
Sin embargo, en la reunión también se trataron otros temas, incluyendo la investigación que estaba en desarrollo sobre las compras de las residencias, reconoció una persona con conocimiento de dichos encuentros, destacó el diario estadounidense.
“Esas fueron reuniones inapropiadas por las circunstancias especiales (por la investigación que se estaba realizando)”, dijo Max Kaiser, un experto anticorrupción del IMCO.
“Aunque es cierto que este tipo de encuentros entre funcionarios y contratistas son comunes en México”, reconoció.
En febrero 2015, el presidente Peña Nieto nombró a Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública y su primera encomienda fue la de investigar las compras de la casa blanca, la de Malinalco y también una que compró Peña a otro contratista en Ixtapan. Pasaron unos meses y en agosto de ese año, Andrade resolvió que no hubo conflicto de interés en ninguno de los casos.
Sobre las reuniones con Higa, un vocero de Ruiz Esparza dijo a WSJ que éstas se dieron por trabajo y asistieron funcionarios de diversas agencias gubernamentales. Pero no comentó si Ruiz Esparza e Hinojosa trataron otros temas.
De acuerdo con el diario estadounidense, antes y después de financiar las dos viviendas, al menos cuatro empresas de Hinojosa, encabezadas por Grupo Higa, recibieron contratos del gobierno por al menos mil 200 millones de dólares, primero cuando Peña Nieto fue gobernador del Estado de México durante 2005 a 2011, y después como Presidente, en 2012.
Banobras también dio contratos a una empresa de Hinojosa en 2013, cuando Videgaray era titular de Hacienda y presidente del consejo del banco, añadió.
WSJ recordó que el nombre del dueño de Higa, Hinojosa, era parte de los Panama Papers, ya que transfirió unos 100 millones de dólares el año pasado a una cuenta en un paraíso fiscal, después de los escándalos por sus negocios con el gobierno.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1805/mexico/sct-se-reunio-con-higa-en-medio-de-investigacion-sobre-casa-blanca-wsj/
Ciudad de México. El comisariado de bienes comunales (CBC) de San Francisco Xochicuautla y del barrio La Concepción es el órgano de representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros de esos poblados mexiquenses, a los que el gobierno federal les expropió 37 hectáreas de terrenos comunales por donde pasará la autopista Toluca-Naucalpan, y fue por ello que la constructora Autovan les ha entregado hasta el momento 130 millones 53 mil 257 pesos.
En una tarjeta informativa elaborada por abogados de la empresa filial de Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, se precisa que ese dinero se ha entregado en cumplimiento a los convenidos firmados desde 2009 entre el gobierno del estado de México (en representación de la empresa concesionaria de las obras de la autopista) y el CBC (que representa a 882 comuneros de ambos poblados).
La empresa precisó que el artículo 98 de la Ley Agraria (reglamentaria del artículo 27 Constitucional), estipula que el CBC es el representante legal y administrador de los recursos que obtengan los comuneros de Xochicuautla y del barrio La Concepción, motivo por el cual haberle entregado recursos a los integrantes del comisariado por concepto de indemnización por la expropiación de sus tierras está previsto en la normatividad agraria.
De su lado, abogados de Autovan consultados, quienes pidieron no mencionar su nombre, aseguraron que no existen tratos bajo el agua o alguna otra irregularidad en los pagos que ha recibido el CBC tanto en depósitos o transferencias bancarias como en un fideicomiso, ya que todo ello está previsto dentro de la normatividad de la Ley Agraria vigente.
En la edición de este lunes La Jornada informó que la filial de Higa ha repartido al menos 100 millones de pesos en San Francisco Xochicuatla, acción que ha divido a comuneros e indígenas en torno a los convenios que autorizan la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan.
Según el desglose de pagos que tiene Autovan, por concepto de indemnización por el uso de las tierras comunales de Xochicuautla y su barrio La Concepción entregó al CBC el 9 de diciembre de 2009 13 millones 095 mil 770 pesos; otros 58 mil 934 millones se los depositó el 8 y 15 de diciembre de 2011; el 15 de mayo de 2012 les entregó un millón 319 mil 381 pesos; para 2015 los pagos ascendieron a 34 millones 154 mil 594 pesos y, finalmente, les depositó 398 mil 843 pesos el 14 de marzo pasado.
La empresa también acreditó ante el juzgado quinto de distrito con sede en Toluca (el cual otorgó dos suspensiones de amparo que mantienen detenidas las obras de construcción de la autopista en los tramos concernientes a los poblados afectados) que se ha entregado al CBC 2 millones 201 mil 383 pesos en material para construcción (cemento, mina picapiedra, entre otros).
Autovan también entregó al juzgado quinto comprobantes de pagos en efectivo a los integrantes del CBC por 14 millones 882 mil 174 pesos.
La Jornada posee copia de esos comprobantes de depósitos y transferencias bancarias que según la empresa constructora forman parte de los convenios firmados con el comisariado de bienes ejidales para efecto de los pagos indemnizatorios.
La mayoría de los 15 mil pobladores inconformes con la construcción de la autopista han argumentado en diversas demandas de amparo que los miembros del CBC están coptados por el gobierno mexiquense, que sus integrantes no informaron debidamente a toda la comunidad del proceso de expropiación de las 37 hectáreas que serán dañadas por la construcción de la autopista y que la construcción del proyecto carretero violaría los derechos humanos de los 15 mil indígenas otomíes que habitan ambos poblados.
Aunque los pobladores inconformes sostienen que los miembros del CBC están coptados por el gobierno mexiquense, en el mismo decreto de expropiación de las 37 hectáreas de terreno de 2015 se informa que en junio de 2014 se realizó una asamblea comunal y ahí se autorizó la construcción de la autopista, con el aval de la mayoría de votos de los 882 comuneros de ambos poblados.
AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ.
Los integrantes del comisariado de bienes comunales (CBC) del poblado de San Francisco Xochicuautla y del barrio La Concepción –que desde 2009 fungen como representantes de los 882 comuneros de ambos poblados, ubicados en el municipio de Lerma, estado de México– han recibido entre diciembre de ese año y marzo pasado, por concepto de ocupación territorial previa, gastos reparatorios por afectación de bienes distintos a la tierra y por indeminización expropiatoria, al menos 100 millones de pesos de parte de autoridades mexiquenses.
En realidad, los recursos entregados al comisariado fueron proporcionados por la constructora Autovan, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa –uno de los contratistas predilectos de Enrique Peña Nieto–, la cual obtuvo en 2007 la concesión del gobierno mexiquese para encargarse de las obras de la autopista Toluca-Naucalpan, a la que se oponen una minoría de los 882 comuneros y la mayoría de los 15 mil habitantes de los dos poblados afectados.
Los pobladores inconformes con la construcción de la autopista han argumentado en diversas demandas de amparo que los miembros del CBC están cooptados por el gobierno mexiquense, que sus integrantes no informaron debidamente a toda la comunidad del proceso de expropiación de las 37 hectáreas que serán dañadas por la construcción de la autopista y que la construcción del proyecto carretero violaría los derechos humanos de los 15 mil indígenas otomíes que habitan ambos poblados.
De su lado, los abogados de la empresa Autovan intentan demostrar al Poder Judicial Federal que han cumplido a cabalidad con las normas del derecho agrario, por lo que ya entregaron al juzgado quinto de distrito del estado de México copias certificadas de convenios legales, cheques, transferencias bancarias y otras pruebas tendientes a comprobar que el comisariado ha aceptado dinero en representación de los 882 comuneros.
Entre los documentos privados aportados por la compañía destacan cinco convenios que avalan en total el pago de 56 millones de pesos y que fueron firmados por el CBC a cambio de permitir los trabajos de construcción de un tramo de esa carretera, que afectará 37 hectáreas pertenecientes a esas comunidades, cuyos terrenos fueron expropiados el año pasado.
La Jornada cuenta con copia de los cinco convenios firmados por los integrantes del comisariado, así como de otras documentales bancarias que demuestran la existencia de un fideicomiso por 54.2 millones de pesos, además de transferencias bancarias y cheques por otros tantos millones que administra el comisariado.
Buena parte de los 15 mil pobladores indígenas de la región afectada por la construcción de la autopista –representados por organismos no gubernamentales– han conseguido suspensiones en vía de amparo.
Esos recursos legales han retrasado durante más de ocho años la consumación del proyecto que se concesionó en 2007 al propietario de Higa, grupo constructor de la llamada Casa Blanca en Las Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México, edificada al gusto de Angélica Rivera, esposa de Enrique Peña Nieto.
Aunque los pobladores inconformes sostienen que los miembros del comisariado están cooptados por el gobierno mexiquense, en el mismo decreto de expropiación de las 37 hectáreas de terreno de 2015 se informa que en junio de 2014 se realizó una asamblea comunal y ahí se autorizó la construcción de la autopista, con el aval de la mayoría de votos de los 882 comuneros de ambos poblados.
Fuentes jurídicas cercanas al gobierno mexiquense –que pidieron no mencionar su nombre– informaron a este diario que los pagos los ha realizado la empresa ‘‘de buena fe’’. Añadieron que los comuneros que sí están en favor de la autopista siguen solicitando dinero a la empresa, supuestamente para calmar las inconformidades de quienes aún se oponen.
De su lado, José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), quien junto con otros organismos no guberamentales asesora legalmente a los comuneros e indígenas otomíes inconformes con la construcción de la autopista, reconoció que los integrantes del CBC y buena parte de los 882 comuneros recibieron dinero del gobierno mexiquense y de Autovan.
‘‘Los comuneros y pobladores están divididos, eso es real, hay que decirlo textualmente. (Sin embargo), la mayoría de los que están en favor de la autopista efectivamente es porque recibieron prebendas y dádivas del gobierno del estado de México y por parte de la empresa’’, dijo Lara Duque.
Según el representante de los comuneros inconformes, la controversia de fondo no es por temas de derecho agrario, sino de derechos indígenas tutelados por el artículo 2 de la Constitución y por diversos tratados internacionales.
‘‘Hay poco más de 800 comuneros con título de propiedad y una comunidad de cerca de 15 mil personas; por tanto, nuestro argumento es que si bien hay un padrón de 882 comuneros que se rigen mediante las leyes agrarias, existen unos 15 mil otomíes tutelados por el derecho indígena a quienes se les violarán sus derechos humanos individuales y colectivos si se construye una autopista en los poblados donde habitan desde hace varias generaciones. Eso está a debate en los tribunales’’, dijo Lara.
Fuente: La Jornada
Autor: Alfredo Méndez
http://www.jornada.unam.mx/2016/05/16/politica/003n1pol
Grupo Higa y OHL México sobreviven en un mar de sospechas de corrupción, críticas, alegatos jurídicos y disputas sociales. Algunos de sus proyectos no pueden avanzar como la autopista Toluca-Naucalpan o el Acueducto Monterrey VI, ambas concesiones otorgadas al Grupo de Juan Armando Hinojosa Cantú. Otras están bajo auditoría como el Viaducto Bicentenario, la mayor que recibió OHL México en el Estado de México. Pero ninguna de las dos entidades privadas más señaladas durante el sexenio peñista, se ha rendido. Juntas suman 70 mil 721 millones de pesos en obras que se reparten en el Estado de México, la
Grupo Higa y OHL México son, entre el conjunto de entidades privadas que tienen convenios con dinero público, sobre las que podría caer la mayor crítica política, moral y hasta penal, una vez que concluya el sexenio peñista. Ambas sobreviven en un mar de sospechas de corrupción, litigios y alegatos sociales por haberse expandido al amparo de la presente Administración federal. Pero ninguna se ha rendido.
Juntas suman 70 mil 721 millones de pesos en obras que se reparten en el Estado de México, la Ciudad de México, Puebla y Nuevo León, según arrojó un ejercicio de SinEmbargo, basado en más de mil solicitudes de información a los sistemas de Transparencia en las 32 entidades federativas.
No hay obra que OHL México o Grupo Higa hayan levantado que no implique problemas.
Ahí está la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada al Grupo de Juan Armando Hinojosa Cantú, en el Estado de México, que implicó el desalojo de los habitantes de la comunidad otomí de Santiago Xochicuautla, en abril pasado.
Ahí están, también en la tierra mexiquense, el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense, concesiones para OHL-México. La información de ambas está bajo reserva y sobre la primera pesa una auditoría por parte del Gobierno del Estado.
En Puebla están el Museo Internacional del Barroco (MIB) y el segundo piso de la Autopista México-Puebla. El Museo resultó de un contrato con el Grupo Higa y la carretera de otro con OHL México. Se trata de las dos obras más criticadas de la gestión del Gobernador Rafael Moreno Valle por su alto costo.
En la Ciudad de México, OHL México se hizo cargo de la Supervía Poniente de la Ciudad (Poetas) y la Autopista Urbana Norte. La primera fue emblema de la exageración optimista en las estimaciones, estilo adjudicado a la empresa en los audios publicados en YouTube por una mano anónima a partir de julio de 2015. Los datos reales se alejaron de los que presentó la empresa al obtener el título de concesión. Según el reporte del primer trimestre de 2015 entregado a la Bolsa Mexicana de Valores, en 2012 circularon siete mil 103 vehículos cuando se habían calculado 41 mil 505 a 46 mil 460 autos al día.
Frenado por el mismo Gobernador Jaime Rodríguez “El Bronco”, por no asegurar abastecimiento de agua, ahí están paradas las obras del acueducto Monterrey VI, de 372 kilómetros a lo largo y 2.13 metros a lo ancho que atraviesa San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y desemboca en Linares, Nuevo León.
Se trata de construcciones controvertidas, pero en las que el dinero no hace falta. OHL México suma 47,121 millones de pesos por las siguientes obras: Viaducto Bicentenario (10 mil 071 millones de pesos), Circuito Exterior Mexiquense (24 mil 921 millones de pesos), Autopista Urbana Norte (9 mil 522 millones de pesos) y la Supervía Poetas (2 mil 607 millones de pesos).
Por su parte, Grupo Higa tiene una suma de 23 mil 600 con el MIB en Puebla (recibirá a lo largo de 23 años, más de 7 mil millones de pesos) y por el Acueducto Monterrey VI en Nuevo León (unos 9 mil 400 millones de pesos de los 7 mil millones de pesos comprometidos para el consorcio formado por Ingenieros Civiles y Asociados, Productos y Estructuras de Concreto, Desarrollos Rogar y Concretos y Obra Civil del Pacífico) y la autopista Toluca-Naucalpan (7 mil 200 millones de pesos).
Es el alcance en los estados de las dos empresas privadas más controvertidas de este sexenio, por supuestas tramas de corrupción en sus entrañas.
LOS ENIGMAS SE QUEDARON EL EDOMEX
En el acercamiento a OHL o Higa, todos los caminos llevan al Estado de México, la tierra del Presidente Enrique Peña Nieto. Juntas, en obras, tienen 42 mil 192 millones de pesos en esa entidad preponderante en el Valle de México, según la investigación de SinEmbargo.
Pero en esa entidad, de donde surgió el llamado grupo de políticos identificado como Atlacomulco, guarda secretos fundamentales. Una Ley de Transparencia, flexible en sus plazos, le permitió al Gobernador Eruviel Ávila Villegas reservar la información de Higa y OHL, en algunos casos hasta 2024, cuando el Presidente Peña Nieto tenga un sexenio de haber dejado Los Pinos.
Entre los secretos guardados están las condiciones de operación del Viaducto Bicentenario. El argumento del Gobierno es que se encuentra bajo auditoría de la Contraloría del Estado de México. Ha transcurrido un año desde que el Gobierno de Eruviel Ávila Villegas anunció en un comunicado que pondría bajo fiscalización este proyecto y es la hora en que no ha mostrado resultados.
La información del Circuito Exterior Mexiquense también está reservada. El año marcado para la apertura de la información es 2024. El conductor que transita cada día por esa vía ha pagado 50 centavos para ser monitoreado con ese sistema, pero si pregunta por el destino de sus pagos, no obtendrá ninguna respuesta.
Según el Gobierno del Estado de México, la concesión del Circuito está inmersa en un proceso judicial. En mayo de 2015, canceló el contrato por considerar que la empresa encargada, Infraiber, cobraría un monto excesivo por el servicio, de 50 centavos. Luego, el mismo Gobierno mexiquense acordó con OHL México continuar con ese mismo cobro. La decisión de la remoción del contrato fue una supuesta orden del propio Presidente Enrique Peña Nieto, según uno de los audios colgados en el canal Youtube sobre presuntos actos de corrupción del corporativo. Pero Infraiber se inconformó en juzgados.
LA VIDA EN SUSPENSO EN XOCHICUAUTLA
La carretera Toluca-Naucalpan está planeada para ser una vía de cuota de 39 kilómetros para beneficiar el tránsito vehicular procedente de la zona poniente del Estado de México y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca. El negocio es siete mil 200 millones de pesos y desde que Enrique Peña Nieto era Gobernador de la entidad mexiquense, fue concesionado a Grupo Higa.
Los detalles de la concesión no pueden saberse. El Gobierno de Eruviel Ávila clasificó la información como “reservada” hasta 2024. Así, la autoridad guarda bajo candado lo relativo a la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la autopista.
Pero la carretera ha traído otro tipo de destino que no está relacionado con el dinero. En la comunidad otomí de Santiago Xochicuautla, en Lerma, en el Estado de México, se vive con zozobra. El 11 de abril pasado, el pueblo amaneció con la amenaza de ser desalojado debido a un decreto expropiatorio. Higa no ha avanzado en sus trabajos.
Aquel día, la incursión de mil policías para garantizar la construcción de la vialidad fue difundida en las redes sociales por varias Organizaciones no Gubernamentales y las imágenes sirvieron para que autoridades del Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Gobernación, firmaran un acuerdo para suspender los trabajos en tanto se buscan “alternativas”.
La información relativa a los estudios de impacto social que debió hacer el Gobierno del Estado de México antes de otorgar el título de concesión para la obra también se encuentra clasificada.
LA OBRA MÁS CONTROVERTIDA EN PUEBLA ES DE HIGA
La negó más de tres veces, pero el Museo Internacional del Barroco (MIB) sí fue concedido por el Gobierno de Moreno Valle, Gobernador de Puebla por la vía de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) al Grupo Higa.
En 2014, el Gobernador rechazó que la mano de Hinojosa Cantú estuviera en ese proyecto a través de un boletín: “El fallo se dio a conocer el 27 de agosto de 2014 y establece como ganadora a La Peninsular Compañía Constructora S.A. de C.V. empresa del Grupo Hermes, en consorcio con otras empresas dentro de las cuales no se encuentra Grupo Higa S.A. y, por ende, no participa en el proyecto referido”.
Pero en marzo de 2015, la negación de Moreno Valle se desvaneció por completo. En un informe al Congreso de la Unión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expuso que la administración poblana adjudicó a la Sociedad Museo Barroco S.A. de C.V. la construcción del edificio mediante el concurso con el registro SFA-CP-APP-2014-002, un documento en el que se precisa que en efecto, el fallo para la adjudicación benefició a La Peninsular Compañía Constructora S.A. de C.V. la cual colocó en sinergia a tres empresas: Operadora y Administración Técnica, Promotora de Cultura Yaxche y Concretos y Obra Civil del Pacífico, de Grupo Higa.
Cuando SinEmbargo le preguntó al Gobierno de Puebla si había firmado algún contrato con Higa entre 2005 y 2016, respondió que ese documento era inexistente en los archivos de la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría General de Gobierno y Carreteras de Cuota Puebla.
MONTERREY VI FRENTE A LA PRUEBA DE FUEGO
Cuestionado por organizaciones ambientalistas, el Acueducto Monterrey VI, a cargo de un consorcio en el que participa Higa, se enfrenta a su prueba de fuego. Se trata de la obra más grande del país en abastecimiento de agua en construcción o licitación.
Uno de los estudios más serios sobre el caso, elaborado por The Nature Conservancy, revela que la capacidad del acueducto es insuficiente para las necesidades de la zona en los siguientes 30 años, a lo que se suman los problemas que traería al propio Río Pánuco en Veracruz.
En septiembre de 2015, el equipo de transición del Gobernador electo, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, informó que se buscarían alternativas al proyecto. Así ocurrió. Según el Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey (FAMM), el contrato que firmó la administración pasada está vivo, pero su arranque tendrá que esperar un año para que se analicen 20 propuestas alternativas.
La concesión para construir el acueducto Monterrey VI, tendría una longitud total de 372 kilómetros, así como cinco estaciones de bombeo que se inician en San Luis Potosí, cruzan Veracruz y Tamaulipas hasta llegar a Linares, en Nuevo León, para interconectar con el Acueducto existente Cerro Prieto-Monterrey. La concesión se expidió en marzo de 2014 y se han concedido varias prórrogas.
LA SUPERVÍA VENCIÓ LOS OBSTÁCULOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Era 2008 y cientos de vecinos de Cuajimalpa interpusieron una demanda ante Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal para impedir la construcción de una autopista. La queja la basaron en el decreto de la expropiación de cinco poligonales que hizo el Gobierno del Distrito Federal.
Pero OHL México, junto con la Inmobiliaria Copri y la Constructora Atco bajo la denominación social de Controladora Vía Rápida Poetas, recibió el título de concesión.
El GDF, en ese entonces a cargo de Marcelo Ebrard Casaubón, le impuso 125 medidas para compensar el daño causado a la barranca donde fue construida. El maltrato en que incurrió la empresa fue sobre los residuos sólidos o peligrosos y su vertimiento al suelo; además de que no había contenedores adecuados. Durante algunos meses, la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) del DF y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) informaron sobre el seguimiento a las medidas. Cuando la cresta del escándalo sobre OHL se encuentra arriba, han dejado de hacerlo. La última actualización en la página de la PAOT es del 18 de junio de 2013, mientras que el último reporte de la SMA es de abril del 2012.
Para SinEmbargo no hubo respuesta sobre los contratos sobre la Supervía Poniente y la Autopista Urbana Norte. Varias dependencias indicaron que eran “inexistentes” en sus archivos. Respecto a si tenía convenios con Grupo Higa, la solicitud fue turnada a la Jefatura de Gobierno y la respuesta no llegó hasta el cierre de esta edición.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/DANIELA BARRAGÁN, ALEJANDRA PADILLA, LINALOE R. FLORES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-05-2016/1659282
Juntas suman 70 mil 721 millones de pesos en obras que se reparten en el Estado de México, la Ciudad de México, Puebla y Nuevo León, según arrojó un ejercicio de SinEmbargo, basado en más de mil solicitudes de información a los sistemas de Transparencia en las 32 entidades federativas.
No hay obra que OHL México o Grupo Higa hayan levantado que no implique problemas.
Ahí está la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada al Grupo de Juan Armando Hinojosa Cantú, en el Estado de México, que implicó el desalojo de los habitantes de la comunidad otomí de Santiago Xochicuautla, en abril pasado.
Ahí están, también en la tierra mexiquense, el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense, concesiones para OHL-México. La información de ambas está bajo reserva y sobre la primera pesa una auditoría por parte del Gobierno del Estado.
En Puebla están el Museo Internacional del Barroco (MIB) y el segundo piso de la Autopista México-Puebla. El Museo resultó de un contrato con el Grupo Higa y la carretera de otro con OHL México. Se trata de las dos obras más criticadas de la gestión del Gobernador Rafael Moreno Valle por su alto costo.
En la Ciudad de México, OHL México se hizo cargo de la Supervía Poniente de la Ciudad (Poetas) y la Autopista Urbana Norte. La primera fue emblema de la exageración optimista en las estimaciones, estilo adjudicado a la empresa en los audios publicados en YouTube por una mano anónima a partir de julio de 2015. Los datos reales se alejaron de los que presentó la empresa al obtener el título de concesión. Según el reporte del primer trimestre de 2015 entregado a la Bolsa Mexicana de Valores, en 2012 circularon siete mil 103 vehículos cuando se habían calculado 41 mil 505 a 46 mil 460 autos al día.
Frenado por el mismo Gobernador Jaime Rodríguez “El Bronco”, por no asegurar abastecimiento de agua, ahí están paradas las obras del acueducto Monterrey VI, de 372 kilómetros a lo largo y 2.13 metros a lo ancho que atraviesa San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y desemboca en Linares, Nuevo León.
Se trata de construcciones controvertidas, pero en las que el dinero no hace falta. OHL México suma 47,121 millones de pesos por las siguientes obras: Viaducto Bicentenario (10 mil 071 millones de pesos), Circuito Exterior Mexiquense (24 mil 921 millones de pesos), Autopista Urbana Norte (9 mil 522 millones de pesos) y la Supervía Poetas (2 mil 607 millones de pesos).
Por su parte, Grupo Higa tiene una suma de 23 mil 600 con el MIB en Puebla (recibirá a lo largo de 23 años, más de 7 mil millones de pesos) y por el Acueducto Monterrey VI en Nuevo León (unos 9 mil 400 millones de pesos de los 7 mil millones de pesos comprometidos para el consorcio formado por Ingenieros Civiles y Asociados, Productos y Estructuras de Concreto, Desarrollos Rogar y Concretos y Obra Civil del Pacífico) y la autopista Toluca-Naucalpan (7 mil 200 millones de pesos).
Es el alcance en los estados de las dos empresas privadas más controvertidas de este sexenio, por supuestas tramas de corrupción en sus entrañas.
En el acercamiento a OHL o Higa, todos los caminos llevan al Estado de México, la tierra del Presidente Enrique Peña Nieto. Juntas, en obras, tienen 42 mil 192 millones de pesos en esa entidad preponderante en el Valle de México, según la investigación de SinEmbargo.
Pero en esa entidad, de donde surgió el llamado grupo de políticos identificado como Atlacomulco, guarda secretos fundamentales. Una Ley de Transparencia, flexible en sus plazos, le permitió al Gobernador Eruviel Ávila Villegas reservar la información de Higa y OHL, en algunos casos hasta 2024, cuando el Presidente Peña Nieto tenga un sexenio de haber dejado Los Pinos.
Entre los secretos guardados están las condiciones de operación del Viaducto Bicentenario. El argumento del Gobierno es que se encuentra bajo auditoría de la Contraloría del Estado de México. Ha transcurrido un año desde que el Gobierno de Eruviel Ávila Villegas anunció en un comunicado que pondría bajo fiscalización este proyecto y es la hora en que no ha mostrado resultados.
La información del Circuito Exterior Mexiquense también está reservada. El año marcado para la apertura de la información es 2024. El conductor que transita cada día por esa vía ha pagado 50 centavos para ser monitoreado con ese sistema, pero si pregunta por el destino de sus pagos, no obtendrá ninguna respuesta.
Según el Gobierno del Estado de México, la concesión del Circuito está inmersa en un proceso judicial. En mayo de 2015, canceló el contrato por considerar que la empresa encargada, Infraiber, cobraría un monto excesivo por el servicio, de 50 centavos. Luego, el mismo Gobierno mexiquense acordó con OHL México continuar con ese mismo cobro. La decisión de la remoción del contrato fue una supuesta orden del propio Presidente Enrique Peña Nieto, según uno de los audios colgados en el canal Youtube sobre presuntos actos de corrupción del corporativo. Pero Infraiber se inconformó en juzgados.LA VIDA EN SUSPENSO EN XOCHICUAUTLA
La carretera Toluca-Naucalpan está planeada para ser una vía de cuota de 39 kilómetros para beneficiar el tránsito vehicular procedente de la zona poniente del Estado de México y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca. El negocio es siete mil 200 millones de pesos y desde que Enrique Peña Nieto era Gobernador de la entidad mexiquense, fue concesionado a Grupo Higa.
Los detalles de la concesión no pueden saberse. El Gobierno de Eruviel Ávila clasificó la información como “reservada” hasta 2024. Así, la autoridad guarda bajo candado lo relativo a la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la autopista.
Pero la carretera ha traído otro tipo de destino que no está relacionado con el dinero. En la comunidad otomí de Santiago Xochicuautla, en Lerma, en el Estado de México, se vive con zozobra. El 11 de abril pasado, el pueblo amaneció con la amenaza de ser desalojado debido a un decreto expropiatorio. Higa no ha avanzado en sus trabajos.
Aquel día, la incursión de mil policías para garantizar la construcción de la vialidad fue difundida en las redes sociales por varias Organizaciones no Gubernamentales y las imágenes sirvieron para que autoridades del Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Gobernación, firmaran un acuerdo para suspender los trabajos en tanto se buscan “alternativas”.
La información relativa a los estudios de impacto social que debió hacer el Gobierno del Estado de México antes de otorgar el título de concesión para la obra también se encuentra clasificada.
La negó más de tres veces, pero el Museo Internacional del Barroco (MIB) sí fue concedido por el Gobierno de Moreno Valle, Gobernador de Puebla por la vía de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) al Grupo Higa.
En 2014, el Gobernador rechazó que la mano de Hinojosa Cantú estuviera en ese proyecto a través de un boletín: “El fallo se dio a conocer el 27 de agosto de 2014 y establece como ganadora a La Peninsular Compañía Constructora S.A. de C.V. empresa del Grupo Hermes, en consorcio con otras empresas dentro de las cuales no se encuentra Grupo Higa S.A. y, por ende, no participa en el proyecto referido”.
Pero en marzo de 2015, la negación de Moreno Valle se desvaneció por completo. En un informe al Congreso de la Unión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expuso que la administración poblana adjudicó a la Sociedad Museo Barroco S.A. de C.V. la construcción del edificio mediante el concurso con el registro SFA-CP-APP-2014-002, un documento en el que se precisa que en efecto, el fallo para la adjudicación benefició a La Peninsular Compañía Constructora S.A. de C.V. la cual colocó en sinergia a tres empresas: Operadora y Administración Técnica, Promotora de Cultura Yaxche y Concretos y Obra Civil del Pacífico, de Grupo Higa.
Cuando SinEmbargo le preguntó al Gobierno de Puebla si había firmado algún contrato con Higa entre 2005 y 2016, respondió que ese documento era inexistente en los archivos de la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría General de Gobierno y Carreteras de Cuota Puebla.
MONTERREY VI FRENTE A LA PRUEBA DE FUEGO
Cuestionado por organizaciones ambientalistas, el Acueducto Monterrey VI, a cargo de un consorcio en el que participa Higa, se enfrenta a su prueba de fuego. Se trata de la obra más grande del país en abastecimiento de agua en construcción o licitación.
Uno de los estudios más serios sobre el caso, elaborado por The Nature Conservancy, revela que la capacidad del acueducto es insuficiente para las necesidades de la zona en los siguientes 30 años, a lo que se suman los problemas que traería al propio Río Pánuco en Veracruz.
En septiembre de 2015, el equipo de transición del Gobernador electo, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, informó que se buscarían alternativas al proyecto. Así ocurrió. Según el Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey (FAMM), el contrato que firmó la administración pasada está vivo, pero su arranque tendrá que esperar un año para que se analicen 20 propuestas alternativas.
La concesión para construir el acueducto Monterrey VI, tendría una longitud total de 372 kilómetros, así como cinco estaciones de bombeo que se inician en San Luis Potosí, cruzan Veracruz y Tamaulipas hasta llegar a Linares, en Nuevo León, para interconectar con el Acueducto existente Cerro Prieto-Monterrey. La concesión se expidió en marzo de 2014 y se han concedido varias prórrogas.
LA SUPERVÍA VENCIÓ LOS OBSTÁCULOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Era 2008 y cientos de vecinos de Cuajimalpa interpusieron una demanda ante Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal para impedir la construcción de una autopista. La queja la basaron en el decreto de la expropiación de cinco poligonales que hizo el Gobierno del Distrito Federal.
Pero OHL México, junto con la Inmobiliaria Copri y la Constructora Atco bajo la denominación social de Controladora Vía Rápida Poetas, recibió el título de concesión.
El GDF, en ese entonces a cargo de Marcelo Ebrard Casaubón, le impuso 125 medidas para compensar el daño causado a la barranca donde fue construida. El maltrato en que incurrió la empresa fue sobre los residuos sólidos o peligrosos y su vertimiento al suelo; además de que no había contenedores adecuados. Durante algunos meses, la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) del DF y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) informaron sobre el seguimiento a las medidas. Cuando la cresta del escándalo sobre OHL se encuentra arriba, han dejado de hacerlo. La última actualización en la página de la PAOT es del 18 de junio de 2013, mientras que el último reporte de la SMA es de abril del 2012.
Para SinEmbargo no hubo respuesta sobre los contratos sobre la Supervía Poniente y la Autopista Urbana Norte. Varias dependencias indicaron que eran “inexistentes” en sus archivos. Respecto a si tenía convenios con Grupo Higa, la solicitud fue turnada a la Jefatura de Gobierno y la respuesta no llegó hasta el cierre de esta edición.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/DANIELA BARRAGÁN, ALEJANDRA PADILLA, LINALOE R. FLORES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-05-2016/1659282
La nube de escándalos que lo cubrió no lo ha oscurecido ni frenado. Justo en 2015, cuando era investigado por la Secretaría de la Función Pública por supuestos conflictos de interés, Grupo Higa, del empresario tamaulipeco, Juan Armando Hinojosa Cantú, continuó con la expansión de su negocio a través de contratos con el Gobierno federal. Ese año, firmó con el Instituto Mexicano del Seguro Social cuatro convenios que sumaron ocho millones de pesos por los servicios de taxis aéreos de Eolo Plus y un año antes, en el año de la “casa blanca”, tuvo 895 millones 499 mil 707 pesos con 12 centavos en siete contratos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Primero con un bajo perfil; después, envuelto en la sospecha de corrupción, el Grupo Higa jamás detuvo su expansión a través de contratos para servicios y obra pública en las compras a las dependencias federales y algunos organismos descentralizados o con participación mayoritaria del Estado.
Forjado por el empresario tamaulipeco Juan Armando Hinojosa Cantú, sus adquisiciones se iniciaron en 2010 en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y se dispararon a partir de 2013, el primer año de Enrique Peña Nieto en Los Pinos, una carrera que de 2010 a 2015, le hizo completar casi mil millones de pesos de la bolsa del Gobierno federal, de acuerdo con un ejercicio de este diario digital a través de solicitudes de información a las instituciones gubernamentales y la revisión de datos abiertos del Portal de Obligaciones y Transparencia (POT), la página Compranet y el buscador “zoom” del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).
Esa cantidad representa el 55.5 por ciento de los 100 millones de dólares (unos mil 800 millones de pesos) en activos financieros descubiertos en el banco Mossack Fonseca de Panamá –los llamados Panama Papers– bajo el nombre de Juan Armando Hinojosa Cantú.
Pero el monto resulta muy superior a la deuda fiscal de 86 millones de pesos adjudicada a la Constructora Teya –una de las filiales del Grupo Higa–, disculpada en 2015 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito con el argumento de que el procedimiento había estado viciado de origen.
La nube de escándalos, por una serie de revelaciones periodísticas que llevó a la Secretaría de la Función Pública y a un grupo de diputados a investigarlo, no atemorizó nunca a este consorcio. En noviembre de 2014, el equipo de Aristegui Noticias descubrió que le había vendido, con un crédito de condiciones laxas, una casa pintada de blanco a Angélica Rivera Hurtado, esposa del Presidente Enrique Peña Nieto, de un valor de 86 millones de pesos, en la colonia Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México.
Después, el rotativo estadounidense, The Wall Street Journal, dio con el hecho de que el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, también poseía una casa en Malinalco, en el Estado de México, adquirida en condiciones similares.
Pero justo en 2014, cuando la “casa blanca” fue descubierta, Higa tuvo 895 millones 499 mil 707 pesos con 12 centavos en siete contratos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y en 2015, en el momento en que era investigado por supuesto conflicto de interés, los negocios continuaron: consiguió ocho millones de pesos sólo con los servicios de taxis aéreos que Eolo Plus le prestó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para traslado de pacientes en cuatro contratos.
En el ámbito federal, el ejercicio de SinEmbargo permitió ver que los negocios del consorcio se han concentrado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el Banco de Comercio Exterior (Bancomext), Pemex Exploración y Producción (PEP), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En el tiempo de Felipe Calderón en Los Pinos, el nombre de Higa no decía mucho. A Eolo Plus –su filial de taxis aéreos– le otorgó casi 16 millones de pesos con Pemex Exploración con tres contratos firmados, uno en 2010 y dos en 2011. Una cantidad poco llamativa entre el mar de convenios que firmó el Gobierno pasado y que se diluía en cuanto se comparaba con los de otras empresas de construcción. Por ejemplo, el grupo formado por Innovaciones Técnicas en Cimentación, Tradeco Operación Internacional, Tradeco Industrial, Marcadores de Pavimento y Condx recibieron en un solo contrato dos mil 56 millones 689 mil 291 pesos por la construcción de un tramo de la autopista Durango-Mazatlán, en Sinaloa, consta en el POT.
Pero en 2012, al llegar Enrique Peña Nieto a la Administración federal, el Grupo Higa se impuso sobre cualquier otro ante el Gobierno: el número de convenios prosperó hasta superar los 900 millones de pesos en sólo tres años.
Tres contratos con el Gobierno federal son pocos si se considera que Higa era un consorcio de siete empresas (Constructora Teya, Concretos y Obra Civil del Pacífico, Publicidad y Artículos Creativos, Eolo Plus, Bienes Raíces H&G S.A, Mezcla Asfáltica de Alta Calidad, Señales y Mantenimiento S.A. de C.V.); pero en ese tiempo, Higa realizaba más obras de infraestructura en el Estado de México, donde gobernaba el actual Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Si de 2006 a 2012, cuando gobernó Felipe Calderón, el Grupo Higa no era conocido a nivel federal, en el Estado de México era el principal proveedor de Productos y Servicios. Y allá, el Primer Mandatario era Enrique Peña Nieto. Más de mil 300 millones de dólares sólo en obra pública: el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango y, en sociedad con la española OHL, el Viaducto Elevado Bicentenario.
2014 fue un año bendito. Por lo menos para las empresa Constructora Teya y Concreto y Obra Civil del Pacífico, filiales del Grupo Higa, que obtuvieron entre las dos, ocho contratos para reconstruir Guerrero, Tabasco y Baja California Sur, estados averiados por los desastres naturales del año anterior.
Para muchos otros en México, ese año no tuvo nada de bendito. Se vivían los estragos de los huracanes Ingrid y Manuel que en diez estados de la República, arrancaron poblaciones enteras, dañaron las siembras y ahogaron al ganado.
Sobre ese paisaje, Grupo Higa, con sus empresas constructoras ganó 940 millones 226 mil 004 pesos con 12 centavos, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), entidad clave para su emporio de construcción, que le adjudicó contratos del Fondo de desastres naturales (Fonden).
Ese fondo, cuyo propósito legal es rescatar a las poblaciones averiadas después de un fenómeno, tuvo un total de recursos autorizados de 29 mil 308 millones de pesos, de los cuales, siete mil millones se quedaron sólo en la Reserva Especial Fondo Guerrero, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En la entidad del Pacífico Sur, Ingrid y Manuel habían sido un poco más crueles y por ello se hizo una partida especial.
De los siete mil millones de la reserva para Guerrero, Higa se llevó el 10.6 por ciento (poco más de 746 millones de pesos) con tres contratos: el 2014-632-CA-Fonden-010-W-0-2014, el 2014-632-CA-Fonden-005-W-0-2014 y el 2014-632-CA-Fonden-006-W-2014. Además, el Grupo recibió otros cuatro contratos del Fonden que fueron para Tabasco y que sumaron 149 millones 476 mil 613 pesos. Los convenios fueron 2014-27-CF-D-150-W-00-2014, 2014-27-CF-D-148-W-00-2014, 2014-27-CF-D-151-W-00-2014, 2014-27-CF-D-149-W-00-2014.
En Baja California Sur, Concreto y Obra Civil del Pacífico tuvo el contrato 3-C-CB-C-504-W-0-3 por 44 millones 726 mil 297 pesos con setenta y tres centavos para reconstrucción de vado mediante renivelación, bacheo, arrope de taludes en el tramo Ciudad Insurgentes-Loreto.
LAS RESERVAS DE BANOBRAS
Banobras –una de las instituciones crediticias más antiguas de la Administración federal con ocho décadas de operación– ha firmado seis contratos con filiales del Grupo Higa en la presente administración. Pero el emblemático banco de desarrollo mantiene “parcialmente reservada” la información que concierne a cuatro convenios y ante la solicitud de SinEmbargo, precisó sólo el monto de uno, el que firmó con Eolo Plus en 2013 por 10 millones 700 mil pesos.
Sobre los datos reservados, el argumento de Banobras es que pertenecen a un fideicomiso el cual está bajo secreto fiduciario. Así, no se sabe cuánto se le pagó a Higa por los trabajos consistentes en la ampliación de la carretera Guadalajara-Colima, la que ganó Concretos y Obra Civil del Pacífico en unión con Grupo Servicios S.A de C.V. y G. Collado. Tampoco el que se le otorgó a Publicidad y Artículos Creativos (PACSA) para realizar el “estudio de sondeo a los usuarios del tramo carretero Guadalajara-Colima” ni por el que se le dio a la misma PACSA para “estudio de sondeo a los usuarios del tramo carretero Altacomulco-Maravatío.
Los montos tampoco aparecen en el contrato de la constructora Teya para la ejecución de los trabajos consistentes en la ampliación de dos a cuatro carriles de los kilómetros 103-510 al 110-000 del tramo carretero Guadalajara-Colima.
El contrato con los taxis aéreos de Eolo Plus sirvieron para transportar a Alfredo del Mazo Maza, primo del Presidente Enrique Peña Nieto y quien fungía como Director General del organismo, y Luis Dosal, director de Proyectos.
Nacional Financiera también firmó con Eolo, en el mismo año, para transportación por 46 millones 560 mil pesos, y la SCT solicitó servicios de “taxi aéreo” por 40 millones 493 mil 085 pesos.
La carrera empresarial de Hinojosa Cantú tenía un perfil tan bajo que se parecía a las biografías de emprendedores como Amancio Ortega, fundador y dueño de Inditex en España, que agrupa a las tiendas de ropa Zara. O a Germán Larrea, en México, dueño de Grupo México que incluye a Buenavista del Cobre, que con derrames intencionales de tóxicos al río Sonora afectó a siete municipios. Las fotos faltan cuando se desea hacer los perfiles de esos empresarios y pasa algo similar con Juan Armando Hinojosa Cantú de quien hay muy pocas imágenes.
De su estilo en la gestión de negocios, se encuentra mucho menos. ¿A qué hora llega a trabajar? ¿Cuál es su ética para los negocios? ¿Qué comunicación entabla con sus trabajadores cercanos y lejanos? Son preguntas que se han quedado en el limbo ahora que su nombre es conocido.
El diario Nuestro Tiempo del Estado de México publicó en 2012 que es originario de Tamaulipas, pero su carrera se encuentra completa en la tierra mexiquense. A Toluca se mudó invitado por su amigo, Alfredo del Mazo González quien había sido Gobernador de 1981 a 1987. En esa época, se dedicó a realizar trabajos de impresión y serigrafía al Gobierno del Estado en su empresa Publicidad y Artículos Creativos S.A. de C.V.
Hay muy poco que ayude a describir el salto que dio de la serigrafía a la construcción. Lo cierto es que para 1999, cuando Arturo Montiel Rojas arribó al Gobierno del estado, él era dueño de Empresas Constructoras Teya, Mezcla Asfáltica de Alta Calidad, así como de Señales y Mantenimiento. Hinojosa Cantú ya abarcaba todas las áreas de la edificación.
Fue el único empresario que acudió a la casa de campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a celebrar la vuelta de ese partido al poder presidencial. Fue él quien le prestó a Enrique Peña Nieto, los aviones para realizar campaña electoral, tanto en la contienda por el Gobierno del Estado de México como por la Primera Magistratura.
En 2012, cuando Enrique Peña Nieto cumplió 46 años, sus invitados fueron los de su “círculo íntimo”, según dijo él mismo. Ahí estuvo el empresario. Peña Nieto ya era candidato electo y los citó para comer en la Hacienda Cantalagua, en el Estado de México. El cariz privado de la reunión se habría mantenido si no hubiera sido por la tragedia. Al salir del encuentro, el helicóptero Augusta 109 matrícula XA-UQH se precipitó en los límites de Jiquipilco y Villa del Carbón. Viajaba ahí Juan Armando Hinojosa García, hijo de Hinojosa Cantú. La aeronave era de la empresa Eolo Plus, del Grupo Higa.
ANTECEDENTE O PARTE ANTERIOR.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR :REDACCIÓN/LINALOE FLORES, DANIELA BARRAGÁN, ALEJANDRA PADILLA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-05-2016/1658318
Forjado por el empresario tamaulipeco Juan Armando Hinojosa Cantú, sus adquisiciones se iniciaron en 2010 en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y se dispararon a partir de 2013, el primer año de Enrique Peña Nieto en Los Pinos, una carrera que de 2010 a 2015, le hizo completar casi mil millones de pesos de la bolsa del Gobierno federal, de acuerdo con un ejercicio de este diario digital a través de solicitudes de información a las instituciones gubernamentales y la revisión de datos abiertos del Portal de Obligaciones y Transparencia (POT), la página Compranet y el buscador “zoom” del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).
Esa cantidad representa el 55.5 por ciento de los 100 millones de dólares (unos mil 800 millones de pesos) en activos financieros descubiertos en el banco Mossack Fonseca de Panamá –los llamados Panama Papers– bajo el nombre de Juan Armando Hinojosa Cantú.
Pero el monto resulta muy superior a la deuda fiscal de 86 millones de pesos adjudicada a la Constructora Teya –una de las filiales del Grupo Higa–, disculpada en 2015 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito con el argumento de que el procedimiento había estado viciado de origen.
La nube de escándalos, por una serie de revelaciones periodísticas que llevó a la Secretaría de la Función Pública y a un grupo de diputados a investigarlo, no atemorizó nunca a este consorcio. En noviembre de 2014, el equipo de Aristegui Noticias descubrió que le había vendido, con un crédito de condiciones laxas, una casa pintada de blanco a Angélica Rivera Hurtado, esposa del Presidente Enrique Peña Nieto, de un valor de 86 millones de pesos, en la colonia Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México.
Después, el rotativo estadounidense, The Wall Street Journal, dio con el hecho de que el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, también poseía una casa en Malinalco, en el Estado de México, adquirida en condiciones similares.
Pero justo en 2014, cuando la “casa blanca” fue descubierta, Higa tuvo 895 millones 499 mil 707 pesos con 12 centavos en siete contratos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y en 2015, en el momento en que era investigado por supuesto conflicto de interés, los negocios continuaron: consiguió ocho millones de pesos sólo con los servicios de taxis aéreos que Eolo Plus le prestó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para traslado de pacientes en cuatro contratos.
En el ámbito federal, el ejercicio de SinEmbargo permitió ver que los negocios del consorcio se han concentrado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el Banco de Comercio Exterior (Bancomext), Pemex Exploración y Producción (PEP), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Pero en 2012, al llegar Enrique Peña Nieto a la Administración federal, el Grupo Higa se impuso sobre cualquier otro ante el Gobierno: el número de convenios prosperó hasta superar los 900 millones de pesos en sólo tres años.
Tres contratos con el Gobierno federal son pocos si se considera que Higa era un consorcio de siete empresas (Constructora Teya, Concretos y Obra Civil del Pacífico, Publicidad y Artículos Creativos, Eolo Plus, Bienes Raíces H&G S.A, Mezcla Asfáltica de Alta Calidad, Señales y Mantenimiento S.A. de C.V.); pero en ese tiempo, Higa realizaba más obras de infraestructura en el Estado de México, donde gobernaba el actual Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Si de 2006 a 2012, cuando gobernó Felipe Calderón, el Grupo Higa no era conocido a nivel federal, en el Estado de México era el principal proveedor de Productos y Servicios. Y allá, el Primer Mandatario era Enrique Peña Nieto. Más de mil 300 millones de dólares sólo en obra pública: el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango y, en sociedad con la española OHL, el Viaducto Elevado Bicentenario.
2014 fue un año bendito. Por lo menos para las empresa Constructora Teya y Concreto y Obra Civil del Pacífico, filiales del Grupo Higa, que obtuvieron entre las dos, ocho contratos para reconstruir Guerrero, Tabasco y Baja California Sur, estados averiados por los desastres naturales del año anterior.
Para muchos otros en México, ese año no tuvo nada de bendito. Se vivían los estragos de los huracanes Ingrid y Manuel que en diez estados de la República, arrancaron poblaciones enteras, dañaron las siembras y ahogaron al ganado.
Sobre ese paisaje, Grupo Higa, con sus empresas constructoras ganó 940 millones 226 mil 004 pesos con 12 centavos, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), entidad clave para su emporio de construcción, que le adjudicó contratos del Fondo de desastres naturales (Fonden).
Ese fondo, cuyo propósito legal es rescatar a las poblaciones averiadas después de un fenómeno, tuvo un total de recursos autorizados de 29 mil 308 millones de pesos, de los cuales, siete mil millones se quedaron sólo en la Reserva Especial Fondo Guerrero, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En la entidad del Pacífico Sur, Ingrid y Manuel habían sido un poco más crueles y por ello se hizo una partida especial.
De los siete mil millones de la reserva para Guerrero, Higa se llevó el 10.6 por ciento (poco más de 746 millones de pesos) con tres contratos: el 2014-632-CA-Fonden-010-W-0-2014, el 2014-632-CA-Fonden-005-W-0-2014 y el 2014-632-CA-Fonden-006-W-2014. Además, el Grupo recibió otros cuatro contratos del Fonden que fueron para Tabasco y que sumaron 149 millones 476 mil 613 pesos. Los convenios fueron 2014-27-CF-D-150-W-00-2014, 2014-27-CF-D-148-W-00-2014, 2014-27-CF-D-151-W-00-2014, 2014-27-CF-D-149-W-00-2014.
En Baja California Sur, Concreto y Obra Civil del Pacífico tuvo el contrato 3-C-CB-C-504-W-0-3 por 44 millones 726 mil 297 pesos con setenta y tres centavos para reconstrucción de vado mediante renivelación, bacheo, arrope de taludes en el tramo Ciudad Insurgentes-Loreto.
LAS RESERVAS DE BANOBRAS
Banobras –una de las instituciones crediticias más antiguas de la Administración federal con ocho décadas de operación– ha firmado seis contratos con filiales del Grupo Higa en la presente administración. Pero el emblemático banco de desarrollo mantiene “parcialmente reservada” la información que concierne a cuatro convenios y ante la solicitud de SinEmbargo, precisó sólo el monto de uno, el que firmó con Eolo Plus en 2013 por 10 millones 700 mil pesos.
Sobre los datos reservados, el argumento de Banobras es que pertenecen a un fideicomiso el cual está bajo secreto fiduciario. Así, no se sabe cuánto se le pagó a Higa por los trabajos consistentes en la ampliación de la carretera Guadalajara-Colima, la que ganó Concretos y Obra Civil del Pacífico en unión con Grupo Servicios S.A de C.V. y G. Collado. Tampoco el que se le otorgó a Publicidad y Artículos Creativos (PACSA) para realizar el “estudio de sondeo a los usuarios del tramo carretero Guadalajara-Colima” ni por el que se le dio a la misma PACSA para “estudio de sondeo a los usuarios del tramo carretero Altacomulco-Maravatío.
Los montos tampoco aparecen en el contrato de la constructora Teya para la ejecución de los trabajos consistentes en la ampliación de dos a cuatro carriles de los kilómetros 103-510 al 110-000 del tramo carretero Guadalajara-Colima.
El contrato con los taxis aéreos de Eolo Plus sirvieron para transportar a Alfredo del Mazo Maza, primo del Presidente Enrique Peña Nieto y quien fungía como Director General del organismo, y Luis Dosal, director de Proyectos.
Nacional Financiera también firmó con Eolo, en el mismo año, para transportación por 46 millones 560 mil pesos, y la SCT solicitó servicios de “taxi aéreo” por 40 millones 493 mil 085 pesos.
De su estilo en la gestión de negocios, se encuentra mucho menos. ¿A qué hora llega a trabajar? ¿Cuál es su ética para los negocios? ¿Qué comunicación entabla con sus trabajadores cercanos y lejanos? Son preguntas que se han quedado en el limbo ahora que su nombre es conocido.
El diario Nuestro Tiempo del Estado de México publicó en 2012 que es originario de Tamaulipas, pero su carrera se encuentra completa en la tierra mexiquense. A Toluca se mudó invitado por su amigo, Alfredo del Mazo González quien había sido Gobernador de 1981 a 1987. En esa época, se dedicó a realizar trabajos de impresión y serigrafía al Gobierno del Estado en su empresa Publicidad y Artículos Creativos S.A. de C.V.
Hay muy poco que ayude a describir el salto que dio de la serigrafía a la construcción. Lo cierto es que para 1999, cuando Arturo Montiel Rojas arribó al Gobierno del estado, él era dueño de Empresas Constructoras Teya, Mezcla Asfáltica de Alta Calidad, así como de Señales y Mantenimiento. Hinojosa Cantú ya abarcaba todas las áreas de la edificación.
Fue el único empresario que acudió a la casa de campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a celebrar la vuelta de ese partido al poder presidencial. Fue él quien le prestó a Enrique Peña Nieto, los aviones para realizar campaña electoral, tanto en la contienda por el Gobierno del Estado de México como por la Primera Magistratura.
En 2012, cuando Enrique Peña Nieto cumplió 46 años, sus invitados fueron los de su “círculo íntimo”, según dijo él mismo. Ahí estuvo el empresario. Peña Nieto ya era candidato electo y los citó para comer en la Hacienda Cantalagua, en el Estado de México. El cariz privado de la reunión se habría mantenido si no hubiera sido por la tragedia. Al salir del encuentro, el helicóptero Augusta 109 matrícula XA-UQH se precipitó en los límites de Jiquipilco y Villa del Carbón. Viajaba ahí Juan Armando Hinojosa García, hijo de Hinojosa Cantú. La aeronave era de la empresa Eolo Plus, del Grupo Higa.
ANTECEDENTE O PARTE ANTERIOR.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR :REDACCIÓN/LINALOE FLORES, DANIELA BARRAGÁN, ALEJANDRA PADILLA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-05-2016/1658318
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Detrás del enfrentamiento entre la comunidad de San Francisco Xochicuautla y el Grupo Higa está uno de los contratos que el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú refirió ante la firma panameña Mossack Fonseca para crear el año pasado empresas offshore con el propósito de movilizar por lo menos 100 millones de dólares.
El proyecto carretero Aeropuerto de Toluca-Naucalpan aparece como uno de “los más significativos del Grupo Higa en los últimos años”, según la documentación obtenida por Proceso como parte de la investigación internacional #PanamaPapers, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés, https://www.icij.org/) a partir de la filtración de 11 y medio millones de documentos de Mossack Fonseca al periódico alemán Süddeutsche Zeitung (http://www.sueddeutsche.de/).
La oposición de los comuneros al proyecto carretero, por las amenazas que representa al ecosistema de esa zona otomí, no es nueva. Sin embargo, Hinojosa Cantú la pasó por alto cuando se apresuró, en julio del año pasado, a crear complejas estructuras a través de sociedades británicas y fundaciones establecidas en Holanda y Nueva Zelanda para mover lo que sus asesores financieros describieron como “una pequeña parte” de su fortuna.
El despacho D’Orleans, Bourbon & Associates Group, que tiene oficinas en distintas partes del mundo, elaboró el documento en el que menciona una docena de contratos del Grupo Higa para justificar la riqueza del constructor de la “Casa Blanca” del presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera.
Entre ellos está el proyecto carretero Aeropuerto Toluca-Naucalpan que ha causado el rechazo de los pobladores de San Francisco Xochicuautla por las afectaciones al bosque y a los mantos acuíferos de esa zona. La semana pasada fue necesaria la intervención policial para que comenzaran los trabajos en la zona. Pero se tuvieron que parar de manera indefinida ante el rechazo organizado de los comuneros desde el año pasado.
PEP y UHNWI
La responsable de la obra es la empresa Autovan-Teya, filial del Grupo Higa, propiedad de Hinojosa Cantú. De acuerdo con el documento, la Constructora Teya tiene 36 años de existencia y es “una de las empresas líderes en la construcción civil del país”.
Además de la carretera en discordia, menciona otras 10 obras como algunos de los proyectos más significativos del Grupo Higa “en los últimos años”; es decir en los gobiernos de Enrique Peña Nieto en el Estado de México y en el federal (Proceso 2058). La mayoría de las obras que refiere son del Estado de México:
La construcción de más de 58 tramos carreteros, el viaducto elevado Bicentenario, el Aeropuerto Internacional de Toluca y el libramiento Acambay, la modernización de 31 vialidades primarias y 39 carreteras en el Estado de México, la modernización de la vialidad de las torres de Zinacantepec a San Mateo Atenco, la construcción del estadio y gimnasio de la Universidad Autónoma del Estado de México y el Hospital de Zumpango.
También menciona la remodelación del hangar presidencial, “a través de una asignación directa por 945.5 millones de pesos”, el acueducto de Monterrey, y su interés para construir 17% del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, “que será el más grande y moderno del mundo”. Sin precisar, como otras obras menciona la construcción y rehabilitación de unidades médicas en diferentes municipios.
Para demostrar la solvencia de Hinojosa Cantú, el documento no se limitó a esas obras y a la constructora Teya. Mencionó que “algunas” de las empresas que tiene son: Eolo, compañía aeronáutica, situada en el aeropuerto internacional de Toluca y que da varios servicios aeroportuarios, entre ellos de aerotaxi. De la flota de Eolo dice tener un avión Challenger, un avión Hawker, un avión Learjet, un helicóptero Augusta Koala y un helicóptero Augusta Grand.
La información indica que también es dueño de la empresa Mezcla Asfáltica de Calidad; Impresión Publicitaria, que tiene entre sus clientes a Coca-Cola, Domino’s Pizza y el Tec de Monterrey; y Bienes Raíces H&G, que desarrolla vivienda de lujo y propiedades vacacionales en el Estado de México, Guerrero, Quintana Roo y Campeche. Uno de sus clientes fue el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, con una residencia de descanso que le vendió en Malinalco, Estado de México, durante la campaña presidencial de Peña Nieto.
Además, es dueño de Consorcio IGSA Médica del Perú, que cuenta con la exclusividad por 30 años para el tratamiento de pacientes renales en ocho departamentos (estados) del país, incluida Lima, la capital. Según el documento, el negocio tiene un valor de mil 200 millones de soles, casi 370 millones de dólares al tipo de cambio actual.
Identificado en el documento como ingeniero civil “originario del Estado de México, graduado del Tecnológico de Monterrey”, Hinojosa Cantú fue asesorado para transferir el dinero que tenía en seis cuentas bancarias en las Islas Vírgenes Británicas y la isla Nevis, en el Caribe, a tres fideicomisos en Nueva Zelanda a nombre de su madre y su suegra.
En el esquema, esos fideicomisos pasaron a ser los beneficiarios de fundaciones establecidas en Holanda, cuyo propósito era la “protección de bienes”, la “planeación de sucesión familiar”, así como “confidencialidad y privacidad”, publicó proceso.com.mx el pasado domingo 3, cuando los más de 100 medios que participaron en la investigación de #PanamaPapers revelaron en forma simultánea sus hallazgos.
A pesar de ser considerado una PEP (persona políticamente expuesta), por su estrecha relación con Peña Nieto, Mossack Fonseca le ofreció sus servicios “no sólo desde el punto de vista de negocio… sino también desde el punto de vista estratégico”, porque este señor conoce a muchos UHNWI (individuo de fortuna neta ultra elevada) en México.
Los UHNWI son personas con activos líquidos superiores a los 30 millones de dólares, sin incluir sus bienes personales, residencia principal ni piezas de colección.
Fuente: Proceso
Autor: Jorge Carrasco
http://www.proceso.com.mx/437768/los-millones-detras-xochicuautla
El pasado lunes 11, la maquinaria pesada de la empresa Autovan, filial del Grupo Higa, avanzó en contra de los pobladores de Xochicuautla con el fin de limpiar el camino para construir una nueva carretera de cuota en beneficio de las cuentas bancarias de Hinojosa. Los empleados de la constructora violaban así una suspensión judicial que tiene detenidas las obras en defensa de los derechos de los pobladores de la zona. Pero la ley importa poco cuando se cuenta con el respaldo de la fuerza despótica del Estado neoliberal.
Cientos de granaderos del Estado de México armados con la recién aprobada “Ley Atenco”, que legaliza la violación generalizada de los derechos humanos de manifestantes y activistas sociales, acompañaron a los trabajadores de la empresa. La compañía primero aplastó el campamento de “la digna resistencia” del Frente de Pueblos en Defensa de los Recursos de la Madre Tierra para después destruir la casa de García Salazar y otros pobladores de la zona. Mientras, los policías repelieron con la fuerza a los habitantes que querían ingresar a su propiedad.
Llama la atención la inversión total de la historia en comparación con el caso del desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2005. En aquella ocasión también se buscaba construir una carretera, pero tanto las circunstancias como las consecuencias fueron radicalmente diferentes. Hace una década el predio era propiedad de un empresario poderoso, el camino tenía el objetivo de facilitar el acceso a un hospital y el jefe de Gobierno no violó amparo alguno porque había suspendido por completo la obra. Aun así, se utilizó toda la fuerza del Estado y de los medios de comunicación para descalificar, desaforar y enjuiciar al popular político tabasqueño con el fin de descarrilar su eventual candidatura presidencial.
Hoy ocurre todo lo contrario. Si bien Eruviel Ávila, Hinojosa y Peña Nieto se han visto obligados a suspender temporalmente su obra, no habrá ninguna consecuencia mediática o jurídica de las graves violaciones ya cometidas en agravio al pueblo de Xochicuautla. Se ratifica una vez más el doble estándar autoritario de los poderes mediáticos y judiciales respecto de la aplicación de la ley.
Como ha señalado Jenaro Villamil en estas mismas páginas, llama la atención que en el mismo momento en que ocurría el desalojo ilegal de los indígenas otomís de sus tierras en el Estado de México, Peña Nieto paseaba con el presidente de Alemania, Joachim Gauck, presumiendo las piezas olmecas exhibidas en Berlín como parte del Año Dual México-Alemania. La simultaneidad de estas dos acciones captura con gran elocuencia la profunda hipocresía que caracteriza al gobierno actual.
Al día siguiente, el martes 12, ocurrió otra coincidencia esclarecedora. En el mismo momento en que el presidente mexicano presumía con los gobiernos europeos su supuesto respeto por los derechos humanos, uniformados procedían a desalojar violentamente a los normalistas de Michoacán que protestaban por la falta de pago de becas y de gastos operativos para las ocho escuelas normales de la entidad. Con gran valentía, los normalistas reclaman el pago de un monto, 8 millones de pesos, que equivale a menos de una docena de spots gubernamentales en Televisa y a una pequeña fracción del costo del nuevo avión presidencial.
Pero los normalistas de Michoacán no son compadres del presidente. Así que en lugar de acceder a sus demandas, el gobernador michoacano, Silvano Aureoles, recibió la orden de reprimir a los activistas sin piedad alguna. Recordemos cómo apenas hace unos meses, en diciembre de 2015, Aureoles envió docenas de normalistas a la cárcel como presos políticos en castigo por su dignidad rebelde.
El miércoles 13 un grupo de indígenas tarahumaras clausuró el aeropuerto Barrancas del Cobre en la ciudad de Creel, Chihuahua, en protesta por el incumplimiento de una sentencia judicial que demanda una reparación de daño a la comunidad por las afectaciones ambientales y sociales generadas por la construcción del aeropuerto. Los indígenas reclaman acceso a agua potable, el saneamiento de dos ojos de agua, reforestación y la liberación de veredas naturales que les permiten acceso a escuelas, hospitales y otros servicios públicos. Denuncian que lo único que han recibido de parte de las autoridades han sido pretextos y tácticas dilatorias.
Cada día el pueblo tolera menos los abusos del poder gubernamental y de una economía controlada por una mafia de compadres. La tasa de aprobación para el presidente de la República hoy se encuentra en su punto más bajo en las últimas décadas y cada vez menos personas creen que el país “va por buen camino” (sólo 13%, de acuerdo con el último sondeo del periódico Reforma).
Los mexicanos están despiertos y se encuentran en pie de lucha a lo largo y ancho del territorio nacional. Ya se inició el proceso de relevo político tan necesario para salvar a la patria.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOHN M. ACKERMAN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/437555/higa-construye-destruye-casas
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