La tensión por Higa y el NAICM se aviva en el Edomex; Eruviel gobierna para empresarios, acusan

La tensión en comunidades del Estado de México opositoras a megaproyectos se avivó esta semana. La entrada de Grupo Higa, escoltada por elementos de la policía estatal, a la comunidad de San Francisco Xochicuautla para destruir casas, y de topógrafos y militares en una zona ejidal de San Salvador Atenco, a sólo dos kilómetros de los terrenos del NAICM, pusieron en guardia a los habitantes, quienes afirmar han quedado vulnerables ante un Gobierno que endurece la Ley contra la protesta pública y ha dado muestras de su fidelidad a las empresas favoritas del Gobierno federal.

Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).– Eruviel Ávila Villegas ha dado muestras de que su Gobierno no tolerará las manifestaciones en contra de las decisiones que se tienen tomadas desde el Gobierno federal, pese a la oposición y la protesta ciudadana.

Muestra de ello es la destrucción del “Campamento de Paz y de la Digna Resistencia” y de varias casas en la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, realizada por trabajadores al servicio de Grupo Higa, corporativo al que le fue concesionada la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.

El lunes pasado, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) desalojaron a golpes y amenazas al los opositores al proyecto carretero privado y decretado por el Presidente Enrique Peña Nieto.

Durante dos días, los efectivos de seguridad estatales resguardaron los trabajos de la empresa Autovan-Teya, filial del Grupo Higa.

Tras desatarse el escándalo por las agresiones a las propiedades y miembros de la comunidad indígena, los afectados, autoridades del Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Gobernación (Segob) firmaron un acuerdo en el que las autoridades se comprometen a suspender los trabajos de la autopista en tanto se buscan “alternativas” para su construcción.

Al respecto, el Gobierno mexiquense dijo en un comunicado que “fue respetuoso en todo momento de todos los procesos jurídicos interpuestos acerca de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan”.

A la par de los trabajos en Xochicuatla, comuneros de San Salvador Atenco denunciaron que un camión del Ejército mexicano, que escoltaba a un grupo de personas con material de medición topográfica, irrumpió en el cerro de Huatepec que se ubica a dos kilómetros de los terrenos donde ahora se construye el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

“Eran alrededor de unos 10 militares y comenzaron a entrar en el ejido de Atenco. Entre varios compañeros –15 ó 20– acudimos al encuentro de la tanqueta. Y lo único que se nos dijo fue que no teníamos por qué estar aquí”, dijo César del Valle, representante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).

Este caso no es menor si se considera que en el sexenio de Vicente Fox Quesada y la administración de Peña Nieto como Gobernador, ejidatarios de esta comunidad fueron reprimidos en 2006 por oponerse a la creación de un nuevo aeropuerto internacional; el resultado fueron 200 detenidos y mujeres abusadas sexualmente por efectivos policiacos. El caso llegó incluso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Desde que en febrero pasado el Congreso del Estado de México avaló la iniciativa enviada por Eruviel Ávila –con la que se avala el uso de la fuerza policial durante manifestaciones públicas– organizaciones de la sociedad civil alertaron con ello se justificaba de facto la represión a los ciudadanos inconformes.

Este situación fue reiterada esta misma semana por parte de José Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, organización que asesora jurídicamente a la población otomí:

“Les están agrediendo para justificar que la ‘Ley Eruviel’ adquiera vigencia, precisamente con el argumento de que los pueblos tengan que ser reprimidos”.

Las relaciones del Gobierno de Eruviel Ávila con grupos directamente relacionados con el gobierno federal no es nuevo.

SinEmbargo dio a conocer que Apolinar Mena Vargas, involucrado en el escándalo de presunta corrupción con la empresa Obrascon Huarte Lain (OHL) en el Estado de México, recientemente regresó a la administración deEruviel Ávila como Secretario Técnico de su Gabinete.

El funcionario dejó su cargo tras darse a conocer audios que los exhibían solicitando pago en especie, vacaciones en Navidad para él y para su familia en el hotel de lujo Fairmont Mayakoba, propiedad de la constructora y ubicado en la Riviera Maya; en otra se le escucha en un acuerdo para dar sobreprecio a una carretera.

Fuente: Sin Embargo

Autor: Antonio Henández Hernández

http://www.sinembargo.mx/17-04-2016/1648919

“Aquí su progreso. Grupo Higa”: Tres años de lucha en San Francisco Xochicuautla

LERMA, Edomex. (proceso.com.mx).- “¡Qué alegas si ya te pagaron! Acepta el dinero y ya después pides obra para tu pueblo”, espetó un policía estatal a Venancio, un comunero de San Francisco Xochicuautla, cuando confrontó a los policías estatales por el desalojo y derrumbe de la casa del delegado municipal Armando García Salazar, el lunes 11 de abril.

​Con esta acción, el gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas y la empresa Autopista de Vanguardia SA de CV, propiedad del empresario favorito del sexenio, José Armando Hinojosa Cantú, violaron la suspensión definitiva de la obra que un juez otorgó el 15 de mayo de 2015 a Antonio Miguel Reyes Valdez en el juicio de amparo 771/2015, así como las tres resoluciones incidentales el 30 de septiembre, 23 de noviembre y 4 de diciembre de 2015 a Venancio Hernández Ramírez, abogado y dueño de un predio afectado por la obra.

“Hasta la fecha no se ha podido llevar a cabo la audiencia constitucional porque las autoridades señaladas como responsables, la mayor parte rindieron su informe justificado, menos el Comisariado de Bienes Comunicares, Aerovan. Durante el proceso de esos amparos estuvo detenida la obra por ocho meses, hasta el lunes que la echaron a andar de manera ilegal”, indicó Venancio en entrevista conProceso.

​Ese lunes, más de 200 policías estatales custodiaron a los ingenieros empleados de Hinojosa Cantú para sacar a la fuerza a García Salazar. Intentaron derribar la capilla familiar para golpear no sólo su patrimonio sino sus creencias. No lo consiguieron porque miembros de la familia García Salazar se plantaron adentro y porque, afirmó Adela, hermana del afectado, su otro hermano Ricardo rezó en el altar.

Hay quienes creen que fue una advertencia a la comunidad indígena otomí que rechaza la obra porque, desde su perspectiva, fueron directamente a dañar la propiedad del delegado, quien desde hace tres años lucha por impedir que la obra continúe. Otros opinan que la casa estaba dentro del Plano General del Trazo de la autopista privada.

​La postura del gobernador fue: “La autoridad estatal ha respetado de manera precisa la suspensión definitiva otorgada por la autoridad judicial. Sin embargo, ninguno de los promoventes ha precisado con claridad la ubicación ni ha acreditado la titularidad de la fracción de terreno de que se trata, según la suspensión definitiva contenida en el expediente”, expuso en un comunicado.

El conflicto comenzó cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México y en 2006 lanzó la licitación para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la autopista Toluca-Naucalpan, proyecto carretero destinado a conectar el aeropuerto con el exclusivo centro residencial naucalpense Bosque Real.

Un año después le dio el Título de Concesión a Hinojosa Cantú, quien como administrador único de Aerovan podrá cobrar el peaje de esta vía durante 30 años.

Los comuneros se ampararon, pero cuando Peña Nieto asumió la Presidencia le facilitó las cosas a Hinojosa Cantú. El 9 de julio de 2015, el presidente expropió 38 hectáreas de agostadero y de uso común a la comunidad de Xochicuautla que incluyen zonas protegidas de bosque.

La advertencia

Alrededor de las nueve de la mañana del lunes 11 de abril, Ricardo, hermano del dueño de la casa destruida, estaba a punto de salir a la calle con su esposa, cuando vio que por las calles Cuauhtémoc e Hidalgo subían al cerro diez camionetas y cuatro camiones repletos de granaderos. Calculó que eran entre 200 y 250 policías estatales.

​Cuando subió por el camino del cerro ya se habían apostado alrededor de la casa unos 50 uniformados. Cuando Armando les preguntó qué se les ofrecía, lo ignoraron; cuando les pidió salirse de su predio, no obedecieron.

​“Se activaron los botones de pánico que mi hermano tiene. Es un botón que les dan a los defensores de los derechos humanos. Él activa su botón y llama y le regresan la llamada, le preguntan ¿qué pasa? El explica la situación y pide que nos monitoreen cada media hora”, comentó.

​En ese lapso arribó al lugar un tal Luis Enrique García que sin mostrar alguna identificación, se presentó primero como representante del Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SASCAEM). Cuando otra persona le preguntó sus generales, dio el mismo nombre pero dijo que “iba de Gobernación”.

Luis Enrique traía consigo un paquete de documentos con el decreto de expropiación y un convenio con el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Miguel Ángel Valdés.

“Posteriormente le dice ‘aquí está, es una orden de SASCAEM que ya es propiedad federal, nosotros somos los posesionarios (sic) y pues venimos a evaluar tu casa. Le contesta mi hermano ‘sí, con gusto les doy permiso, siempre y cuando traigan la orden del juez girada, las notificaciones en dónde ustedes me hagan llegar que viene a mi nombre y yo con gusto acepto, les recibo los papeles y lo que vienen a hacer hagan su trabajo y ya, yo busco mi perito y mi valuador y ya’”, relató en entrevista con Proceso.

Tras diez minutos de discusión, Luis Enrique García se retiró del predio e inmediatamente el encargado del cuerpo de granaderos –quien no se identificó– dio la orden de bajar las máquinas que estaban en el cerro por dónde pasará la autopista.

“Pasan cinco minutos más y vuelven a subir las máquinas. Nos metimos, a la casa. Empezamos a filmar, tomar fotos y nos refugiamos a la casa. En eso suben dos patrullas y bajan de ellas un grupo con un ariete, empiezan a romper la puerta, con nosotros adentro. Y gritaron ‘esto es un desalojo y vamos a demoler su casa, sálganse hijos de quién sabe qué, y a insultar y a jalonearse’”, detalló.

Llegó un representante de la empresa que ordenó a los cargadores entrar a la casa para saquearla. La familia García Salazar “salvó” algunas pertenencias como un cristo crucificado, imágenes de la Virgen de Guadalupe, cobijas, un par de grandes bocinas, un refrigerador, una mesita, banquitos, entre otras cosas de su derruido hogar de tres niveles donde vivía Armando con su esposa y sus dos hijos.

Alrededor de las 12 y media del día, se dio la orden al conductor de la máquina que empezara a demoler la casa. Terminaron cerca de las tres de la tarde. “Fue muy rápido”, sentenció. Mientras eso pasaba llegaron los representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que quisieron hablar con el encargado de la orden de demoler y también los ignoraron.

“La gente como ve quiénes son los que dan las órdenes los empiezan a señalar. Los señores, al ver que están señalados pues, su presencia, se meten, los resguardan en dos patrullas y los sacan. Solamente se queda la policía estatal, los granaderos y uno que otro ingeniero que ahí andaba”, señaló.

Su hermana Adela, entre lágrimas, describió el impacto de este desalojo de los dos hijos de Armando que a esa hora estaban en la escuela y al salir su casa ya no estaba.

“Se quedaron en la calle. Mi hermano, en la calle. Todas sus cosas ahí polveándose, echándose a perder”, mencionó.

Ella padeció a los policías estatales el martes 12 cuando quisieron derrumbar la capilla familiar donde se realizan misas católicas y rituales otomíes.

​“Lo que yo viví el martes fue una cosa fea porque ya iban a tirar la capilla y yo me tuve que pasar con los granaderos arrempujándolos (sic). Cuando llegué a la capilla –dijo con voz quebrada— mis imágenes estaban afuera con mis hermanos y no es justo que hagan eso, tan siquiera hubieran avisado ¿no?”, evocó.
​Al final del día no destruyeron la capilla porque Adela, junto a su hija, sus tres hermanos y otros vecinos permanecieron adentro, rezando.

​“Yo llegué como a las nueve y media o diez. Ya mis hermanos tenían las imágenes afuera. Yo llego y entro. Mi hermano estaba en el altar, estaba haciendo una oración. Y por una oración no pasaron las máquinas”, indicó.

Todavía el martes 12 de abril los policías estatales estaban resguardando la maquinaria, pero se fueron por la noche. Del miércoles 13 al cierre de esta edición la obra está suspendida y no hay granaderos.
Lucas Hernández Josefa, integrante del Consejo Supremo Otomí, informó que Armando ya llegó a un acuerdo con la empresa. Le repondrán el daño y le darán dinero para pagar la renta de un lugar para vivir.

El miércoles 13 de abril, el subsecretario de Gobierno del Valle de Toluca, Armando Méndez; Carlos Partida Pulido, director del Sistema de Autopistas y Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares, (Saascaem), García Salazar y Antonio Miguel Reyes, representantes de la comunidad indígena otomí de Xochicuautla, firmaron un acuerdo para suspender la obra, se realice la búsqueda de un trazo alternativo a la autopista y reparar el daño a la casa de García Salazar.

Además, durante el desalojo rompieron una red de agua potable que ya está reparando gente del Ayuntamiento de Lerma, aseveró.

La CNDH consiguió medidas cautelares para la comunidad, por lo que “sus maquinarias, su personal no puedan entrar a la comunidad a trabajar ni la presencia de granaderos. Hay una restricción de un kilómetro de la comunidad”, señaló.

Intimidar para progresar

El jueves 14 de abril, Proceso visitó el campamento de los comuneros en Xochicuautla. Entre las ruinas, algún avezado pintó en una piedra lisa, con tinta azul: “Aquí su progreso. Grupo Higa”, en alusión al conglomerado de empresas de Hinojosa Cantú. Cerca, entre las pencas del magüey habían escondido una bolsa con cohetones para juntar al pueblo ante cualquier problema.

​Los otomíes narraron cómo las autoridades estatales los han abrumado desde 2007. Siempre están rodeados de policías cuando llevan a cabo sus asambleas comunitarias. Cierran las calles, señalaron, “como si fuera a venir el presidente”. Sólo dejan pasar a comuneros que nacieron y viven todavía en San Francisco Xochicuautla, aunque no tengan tierras. Está prohibida la entrada a quienes nacieron ahí pero viven en otro lugar o estado y a quienes no nacieron ahí, pero sus antepasados son oriundos.

​En la asamblea del 16 de agosto de 2011 también se firmó el Convenio de Ocupación de 223 mil 736.42 metros cuadrados de tierras de uso común y de los bienes que pudieran existir sobre las mismas. Avaló “como pago anticipado de indemnización por motivo de la expropiación, afectación, limitación de uso y disfrute de una fracción de tierras destinadas al uso común”, un monto por 55 millones 538 mil 758 pesos para los 441 comuneros registrados.

​Se elaboró igual número de cheques. A cada comunero le tocaba 40 mil 410 pesos. Del total, 188 votaron a favor y se les dio el pago, pero a los 186 en contra y seis votos de comuneros anulados no les dieron nada. También se se fijaron los precios de los terrenos que de 240 pesos por metro cuadrado bajaron a 130 pesos por metro cuadrado.

​El abogado y dueño de un predio, Venancio Hernández Ramírez, aseguró que este dinero se los dieron “sólo porque votaron” a favor del proyecto carretero.

El dinero fue retirado del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonae) ante la Secretaría de la Reforma Agraria. Lo curioso del convenio es que, desde 2011, se afirma que este pago es “para los efectos del correspondiente Decreto Expropiatorio y su ejecución”, lo cuál se realizó hasta 2015.

​El 27 de febrero de 2015 se aprobó en asamblea la lista de beneficiarios por la afectación de la superficie de 235, 736.42 metros cuadrados para la autopista, en base al convenio firmado el 16 de noviembre de 2011 –que se declaró nulo por amparo– y que el comisariado gestione los apoyos en materia forestal del gobierno federal y del Estado de México para la comunidad, así como programas del gobierno municipal, entre irregularidades en la reunión, pues los comuneros nunca tuvieron voz.

​Todas estas acciones, dijo, son ilegales de acuerdo con la sentencia del juicio agrario 647/2011 de fecha 15 de mayo de 2014 y de la sentencia ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en el Juicio de Amparo 48/2014.

​La fecha para continuar el juicio agrario que interpuso para recomponer el proceso y a las autoridades de la comunidad otomí que, acusó, usurparon funciones y se autonombraron, es el 18 de mayo de 2016, pero tiene pocas esperanzas porque continuamente cancelan las audiencias.

Esta no es la primera vez que reprimen a los comuneros. El 3 de noviembre de 2015, 121 comuneros de Xochicuautla se enfrentaran con los trabajadores de Autovan custodiados por 600 policías estatales que comenzaron a cortar los árboles, destruyeron cosechas y asesinaron a Vicente Flores Flores, miembro del comisariado por rechazar la obra.

“Hubo rapiña de madera. Metieron maquinaria desde donde empiezan los terrenos comunales. Se metieron a la fuerza. Hubo despojo, excavaciones profundas, afectación al medio ambiente, y violación de derechos humanos”, indicó. Detuvieron por 48 horas a ocho campesinos, entre ellos una persona de 76 años y Venancio.

En junio de 2015 simularon asambleas para realizar la transferencia de bienes comunales, con el aval del actual Consejo Supremo Otomí-Lerma, el cual es ilegal porque la comunidad indígena no nombró a Benjamín Pedro Saavedra Angelina como Jefe Supremo Otomí. Cuenta con el aval de las autoridades pese a ser una persona discapacitada, pues está ciego.

Así fue que se creó el Consejo Otomí Nato, tras este juicio y nulidad del anterior, a cargo de Antonio Miguel Valdés Flores, como Jefe Supremo Otomí.

“¿Por qué hicieron todo esto? Para cumplir con los requisitos para el proyecto carretero, a espaldas de la comunidad. Lo hicieron porque venía el proyecto expropiatorio de junio de 2015”, aseguró.




Fuente: Proceso

Autor: Rosalía Vergara

http://www.proceso.com.mx/437431/aqui-progreso-grupo-higa-tres-anos-lucha-en-san-francisco-xochicuautla

Proponen 214 diputados, ninguno del PRI, comisión para investigar a Grupo Higa

CIUDAD DE MÉXICO: Con el respaldo de 56 diputados del PRD, 97 del PAN y 25 de Movimiento Ciudadano, 36 legisladores de Morena solicitaron a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la creación de una comisión que investigue los contratos de Grupo Higa con organismos gubernamentales, empresas paraestatales y órganos descentralizados.

De acuerdo con el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Virgilio Caballero, se confirmó que Grupo Higa –la empresa que construyó la “Casa Blanca” de la primera dama Angélica Rivera y cuyo dueño, Juan Armando Hinojosa, es el contratista predilecto del presidente Enrique Peña Nieto– tiene relación con 25 organismos.

Entre ellos destacan el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Casa de Moneda de México, Petróleos Mexicanos (Pemex), Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

En la lista también aparece la Comisión Federal de Electricidad (FCE), Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito), Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), entre otros.

Según el asesor de la UNESCO en temas de radio y televisión en América Latina, es probable que las ganancias que ha obtenido Grupo Higa con esas dependencias formen parte de los 100 millones de dólares que se le adjudicaron en empresas “offshore” en la investigación periodística denominada #PanamaPapers, basada en documentos del despacho Mossack-Fonseca.

Por su parte, el diputado Vidal Llerenas Morales, también de Morena, consideró que la creación de una comisión investigadora “es una gran oportunidad para que se ejerza esta facultad que tiene la Cámara de Diputados de realizar investigaciones que permitan aclarar las enormes dudas que hay sobre un grupo que prácticamente tiene contratos con toda la Administración Pública Federal”.

En días pasados Proceso dio a conocer que en en julio pasado, mientras el escándalo de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera seguía generando primeras planas en la prensa, en las oficinas del discreto despacho D’Orleans & Bourbon Associates en Miami y en la Ciudad de México, se armó en apenas diez días una compleja estructura de sociedades internacionales a favor de Juan Armando Hinojosa Cantú.

El despacho panameño Mossack Fonseca, una de las cinco firmas más grandes del mundo especializada en la creación de empresas offshore, participó en el diseño del entramado internacional que consistió en la creación de sociedades británicas, integradas por fundaciones holandesas y fideicomisos neozelandeses.

Su objetivo: gestionar a través de esta red offshore más de 100 millones de dólares en activos financieros que Juan Armando Hinojosa Cantú posee en distintas instituciones bancarias del planeta, y que le darían un rendimiento de 5% anual.

Los despachos tenían claro que esa cantidad sólo representaba una “pequeña parte” del patrimonio del contratista tamaulipeco, quien construyó la llamada Casa Blanca de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, valuada en siete millones de dólares.

Los operadores financieros consideraban que sería una primera etapa en el camino que, en el futuro, les llevaría a administrar la fortuna de Hinojosa Cantú. Con ello esperaban poner otro pie en el club exclusivo de los ultrarricos de México.

La fortuna del empresario creció del erario y se disparó desde 2005 al amparo de los gobiernos de Enrique Peña Nieto. En la administración mexiquense y posteriormente en la Presidencia de la República, el actual mandatario otorgó alrededor de 60 mil millones de pesos en contratos de obra pública a las empresas de Hinojosa Cantú –Grupo Higa, Grupo Eolo y Constructora Teya, entre otras—, de acuerdo con investigaciones del reportero Arturo Rodríguez García, publicadas en la ediciones 1984,1985 y 1986 del semanario Proceso.

El nombre de Hinojosa Cantú está escondido en las estructuras que elaboraron esos despachos. Apenas aparecen los nombres de dos ancianas: Dora Patricia Cantú Moreno y María Teresa Cubria Cavazos, –85 y 82 años, respectivamente–. Ambas son originarias de Reynosa, Tamaulipas; la primera es madre de Hinojosa Cantú, y la segunda, su suegra.

En el esquema financiero, el empresario y su esposa “donaron” millones de dólares a las ancianas y los recuperaron a través de un sistema de “restructuración patrimonial”. El dinero proviene de los “ahorros” que el empresario guardó en bancos internacionales a través de empresas fantasmas, a su vez establecidas en paraísos bancarios.


Cuando los empleados de Mossack Fonseca se percataron que Hinojosa Cantú estaba involucrado en el escándalo de la Casa Blanca, pidieron un esclarecimiento a D’Orleans, Bourbon & Associates, en Miami. El despacho respondió que muchos de los periódicos que señalaban la cercanía de su cliente con Peña Nieto “son propiedad de algunos rivales de negocio” de Hinojosa Cantú, como Carlos Slim, y precisó que ése era el caso del New York Times.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/437233/proponen-214-diputados-ninguno-del-pri-comision-investigar-a-grupo-higa

Edomex se compromete a detener obra de autopista en Xochicuautla

Ciudad de México. Tras las movilización social y actos de protesta por la irrupción policiaca en la comunidad de San Francisco Xochicuautla, con lo que se pretendía continuar las obras de la autopista Naucalpan-Toluca, en violación a varias órdenes judiciales, el gobierno del Estado de México se comprometió a suspender los trabajos de construcción en dicho lugar, en tanto se realizan mesas técnicas que buscarán alternativas al proyecto. Además, la Policía Estatal será retirada del lugar.

“Las mesas de trabajo contarán con la participación de asesores que presentará la comunidad y se realizarán en respeto a los derechos de los pueblos indígenas”, señala el punto uno de los acuerdos alcanzados entre las partes.

En otro de los resultados de las negociaciones, realizadas en la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, es que el gobierno del Estado de México “reparará el daño” de las construcciones que fueron derribadas, además de pagar una renta en tanto se restablezca el patrimonio perdido y celebrarán un contrato de reparación del daño a la propiedad de manera independiente a cualquier tema relacionado a la construcción de la carretera.

Otro de los acuerdos, que contó con el aval de funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), es que el gobierno mexiquense realizará los trabajos necesarios para reparar los daños a la tubería de agua de la comunidad, para lo cual se comprometen los integrantes de la comunidad a garantizar las condiciones de seguridad.

El último cuarta acuerdo es que el gobierno del estado dará las indicaciones necesarias para que la Policía Estatal se retire del lugar, manteniendo únicamente una pequeña presencia para el resguardo de la maquinaria, que se encuentra a un kilómetro de distancia de la comunidad.

Fuente: La Jornada

Autor: José Antonio Román

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/13/gobierno-de-edomex-se-compromete-a-suspender-obras-en-autopista-naucalpan-toluca

Constata ONU violación de órdenes judiciales en obras de la autopista Naucalpan-Toluca

Lerma, Méx. Personal de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) constató ayer que la empresa Autovan (propiedad de Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa y uno de los contratistas predilectos de Enrique Peña Nieto), continuó con la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca en el núcleo ejidal de San Francisco Xochicuautla, a pesar de que existen dos suspensiones definitivas concedidas por juzgados de distrito a los comuneros de esa localidad, las cuales ordenan que no se realicen obras en los terrenos expropiados mientras se resuelven los juicios de amparo.

Protegidos por cientos de granaderos, tres trascabos de Autovan continuaron desmantelando el campamento Por la Paz y la Digna Resistencia que habitantes de Xochicuautla instalaron en junio pasado para impedir las obras. También siguieron abriendo brecha para la carretera y amenazaron con derribar una pequeña capilla en el paraje de El Zopilote, donde ayer demolieron una casa.

Cuatro mujeres y un hombre entraron en la capilla para impedir que la maquinaria la derribara. Los dos enviados de la ONU se pusieron frente al inmueble y pidieron tolerancia a los policías antimotines.

Los abogados del movimiento explicaron al personal de la ONU que cuentan con dos suspensiones que no están siendo respetadas y anunciaron que denunciarán a la empresa por incurrir en desacato, con apoyo de la policía estatal.

El comandante que estaba al frente de los granaderos dijo desconocer la existencia de las suspensiones y manifestó que sus superiores no le notificaron.


En el paraje Los Zopilotes se reunieron más de 100 habitantes que pidieron con gritos y llanto a los policías y a los ingenieros de Autovan que pararan la destrucción del bosque y sus viviendas. En el trazo de la carretera hay seis viviendas más que podrían ser demolidas.

La mayoría de la población de Xochicuautla se opone a la construcción de la autopista desde 2008, cuando se inició su construcción, pues aseguran que este proyecto es punta de lanza para que la zona se urbanice y se arruine el llamado Bosque de Agua, principal punto de recarga del acuífero del Lerma, que abastece a la Ciudad de México.

Los pobladores han retrasado ocho años el proyecto que se concesionó a Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de Higa, que construyó la llamada Casa Blanca en Las Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México al gusto de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto.

El año pasado el Ejecutivo expropió 37 hectáreas del núcleo comunal de Xochicuautla para terminar la autopista, pero habitantes promovieron amparos y aseguran que nunca se realizó la consulta a la que estaban obligadas las autoridades antes de emitir el decreto expropiatorio.

Apoyo de normalistas

A la zona de conflicto también llegaron representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quienes tomaron nota. Pasadas las 15 horas, policías y personal de Autovan se retiraron cuando arribaron normalistas de Tenería en apoyo a la comunidad.

En tanto, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, invitó a las partes a que en la disputa por este proyecto priven el diálogo, el respeto a la ley y los derechos humanos.


Durante la presentación del Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2015, en la Ciudad de México, el ombudsman dijo que el organismo a su cargo analiza el expediente.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ISRAEL DÁVILA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/04/13/estados/026n2est

#Xochicuautla, Grupo Higa y la conspiración mexiquense

CIUDAD DE MÉXICO: Con algunas horas de diferencia, mientras Enrique Peña Nieto presumía en Berlín las estelas de la cultura maya, en el bosque de Xochicuautla, zona otomí del Estado de México, personal de la empresa Autovan, filial de Grupo Higa, ingresó en un predio para desalojar a sus habitantes, destruir casas y parte del bosque, en franca violación a la suspensión definitiva que obtuvo la comunidad en un juicio de amparo promovido en el juzgado quinto de distrito con sede en Toluca.

Con el apoyo de los granaderos estatales y haciendo valer su condición de contratista privilegiado, la empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú –el mismo empresario consentido del peñismo, el de la Casa Blanca, de la Casa de Malinalco, del millonario proyecto del Acueducto hacia Monterrey, del Aeropuerto de Toluca, del frustrado proyecto de tren hacia Querétaro, más los que se sumen– hizo valer el poder de la impunidad y el respaldo de las autoridades del gobierno del Estado de México.

La tarde del lunes 11, maquinaria pesada demolió la vivienda propiedad del delegado Armando García Salazar, bajo el pretexto de que se encontraba en el polígono expropiado, que forma parte de la concesión de la carretera Toluca-Naucalpan.


Las imágenes de la demolición de la vivienda, del ingreso de más de 100 granaderos, de la expulsión de los habitantes de esta zona, se difundieron a través de cuentas en Twitter y en otras redes sociales como Periscope. El hashtag #AlertaXochicuautla se convirtió de inmediato en Trending Topic. Las cuentas falsas del oficialismo federal y estatal y la estrategia de “inflar” otras frases insulsas para borrar Trending Tópics incómodos fue aplicada durante toda la tarde del mismo lunes 11 para “encubrir” la agresión.

En la mañana de este martes, los granaderos continuaron con su labor de desalojo. A las 10:30 de la mañana se registró otro ataque. Las imágenes de agresiones a mujeres otomíes orando y con veladoras, en una de las capillas de la comunidad, recorrieron las redes sociales.

El gobierno de Eruviel Ávila, siempre dispuesto a lavarse las manos ante la arbitrariedad de su propio gobierno, informó que el Sistema de Autopistas del Estado de México inició trabajos de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, en el tramo de los kilómetros 16 a 19, “a fin de ejecutar conforme a derecho de posesión un predio ejidal expropiado en junio de 2015”.

Es decir, justificaron el desalojo remitiéndose al decreto de expropiación firmado por Enrique Peña Nieto el año pasado, que afecta a 37 hectáreas del núcleo comunal de Xochicuautla para terminar con una carretera que lleva más de seis años de retraso.

Los pobladores de la zona otomí afirmaron que el gobierno federal de Peña Nieto nunca hizo la consulta a la que estaba obligado antes de emitir el decreto expropiatorio, por lo que ellos promovieron un juicio de amparo y ganaron en febrero de 2016 la suspensión definitiva. El juez quinto de distrito en materia administrativa ordenó al Grupo Higa no realizar obras ni invadir los predios de Xochicuautla, hasta que se emita la sentencia del juicio de amparo.

El tamaño del negocio es de 7 mil 200 millones de pesos que el gobierno del Estado de México concesionó a Grupo Higa desde que Enrique Peña Nieto era gobernador. Se trata de la construcción de la vía de cuota de 39 kilómetros que conectará a la autopista La Venta-Chanopa, para beneficiar el tránsito vehicular procedente de la zona poniente del Estado de México y, sobre todo, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca, concesionado “casualmente” también a Grupo Higa.

El acto de represión contra los pobladores de Xochicuautla ocurre una semana después de que Juan Armando Hinojosa Cantú apareciera en los #PanamaPapers como uno de los empresarios mexicanos que utilizaron este mecanismo para encubrir fondos por más de 100 millones de dólares, justo cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto lo “investigaba” a través de la Secretaría de la Función Pública por posible corrupción en los casos de la Casa Blanca y también de la casa de Malinalco.

La represión ocurre también “casualmente” cuando Peña Nieto está fuera del país. Una vez más se repite el guión: cada vez que está ausente del territorio nacional el primer mandatario, algo ocurre con Grupo Higa y este personaje que parece romper todos los récords de impunidad y de silencio.

En medio de esta trama hay un creciente pleito entre los distintos bloques y grupos de poder del Estado de México: principalmente entre quienes participan en el gobierno federal de Peña Nieto y han apoyado a Hinojosa Cantú hasta la ignominia (léase Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT y exsecretario estatal de Infraestructura y también vinculado al escándalo OHL) y entre quienes están en el gobierno de Eruviel Ávila, una administración cercada por sus propias torpezas y fracturas.


La conspiración mexiquense apenas empieza. Y se esperan capítulos aún más represivos y violentos. No en balde la llamada #LeyAtenco parece retratar a una clase política que se divide y se fractura por sus intereses y negocios en juego, pero que coincide en una sola cosa: la ley del más fuerte es la que impera en el medioevo mexiquense.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436872/xochicuautla-grupo-higa-la-conspiracion-mexiquense

Rompen diálogo en Xochicuautla; Higa rechaza parar desalojos y demoliciones

LERMA, Edomex: Comuneros de San Francisco Xochicuautla, directivos de Higa y empleados del gobierno estatal dieron marcha atrás en el establecimiento de una mesa de diálogo que ya habían pactado, en virtud de que la empresa se niega a suspender los trabajos de desalojo y demolición de viviendas para construir la autopista Toluca-Naucalpan.


Después de varias horas de reunión con Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, y cuando ya existía un acuerdo para que Higa respetara la suspensión definitiva de la obra ordenada por los amparos 1117/2015 y 1123/2015 y para iniciar negociaciones formales en la sede de la CNDH, la empresa se retractó.

José Luis Fernández, vocero de la comunidad, indicó que el corporativo, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, reculó en su oferta de detener las máquinas y anunció que mañana regresan al bosque de agua; además, asumió la “postura intransigente” para que la mesa de diálogo se instale en la Secretaría General de Gobierno del Estado de México.


No obstante, advirtió que cualquier reunión en Toluca o en otro punto de la entidad no garantiza la seguridad para pobladores y dirigentes del movimiento otomí.

“No hay condiciones de seguridad para nosotros, nos han hostigado mucho, hemos sido perseguidos, y más por gobierno del estado”, acusó.

Por estas razones, indicó que la comunidad decidió tomar otro tipo de acciones políticas y legales.

Este día los inconformes entablaron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y aparte esperan que en breve la CNDH tenga lista la recomendación correspondiente y que la oficina del Alto Comisionado de la ONU tome acciones y decisiones tras constatar hoy la violación a los derechos humanos de los habitantes.

En tanto, para este miércoles 13 se espera el arribo de una caravana que integra una campaña por la Defensa de la Madre Tierra, con 178 comunidades y organizaciones de todo el país, quienes han ofertado realizar una valla humana en torno al trazo, y en conjunto se decidirán las acciones de resistencia pacífica subsecuente.

Mientras, esta mañana cerca de mil granaderos fueron dispuestos a lo largo del trazo carretero que construye la empresa de uno de los principales contratistas del sexenio.


Los policías pretendían demoler la casa de Celestino Fernández, indígena otomí de 78 años, quien vive solo, y la ermita sagrada, una capilla de la comunidad, pero se detuvieron sólo ante la posibilidad de un enfrentamiento.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436836/higa-trabajos-en-xochicuautla-comuneros-piden-dialogo-en-la-cdmx

Grupo Higa sitia con 800 granaderos a Xochicuautla que defiende su bosque. Hay casas demolidas sin orden judicial

11 de abril de 2016.- A partir de las 9 de la mañana Grupo Higa sitió con 800 granaderos de la policía del estado de México fuertemente armados la comunidad de Xochicuautla, para destruir el campamento que los pobladores instalaron en defensa del bosque Otomí. En el mismo operativo introdujeron maquinaria para continuar con la ilegal construcción de la autopista privada Toluca-Naucalpan, que devastará buena parte del bosque. La carretera ya fue cancelada por el juez quinto de distrito en materia de amparo, quien concedió la suspensión definitiva.

Grupo Higa y su dueño Juan Armando Hinojosa son contratistas consentidos de las administraciones del presidente Peña Nieto y del gobernador del Estado de México Eruviel Ávila. La empresa y su dueño han estado envueltos en sonados escándalos, como los de la venta de las residencias para Angélica Rivera, esposa de Peña Nieto y para Luis Videgaray. En días recientes se supo del envío de 100 millones de dólares enviados por Hinojosa a paraísos fiscales.

El sitio policiaco es absolutamente ilegal ya que pasa por encima del amparo que suspende definitivamente las obras en el bosque Otomí. A lo largo del día se va informando de la demolición de casas de los comuneros, sin notificación previa, ni orden judicial a nombre de los afectados.

Estos son los comunicados y entrevistas que la comunidad de Xochicuautla ha emitido desde la mañana hasta las 14:30.

10:41

#‎AlertaMáximaXochicuautla‬ | Comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla , 11 de abril de 2016

A los medios de comunicación
Al Congreso Nacional Indígena
A la sociedad civil nacional e internacional
A los Centros de Derechos Humanos
A los estudiantes y académicos
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional México


Por medio del presente les informamos que el Grupo Higa, personal del Gobernador Eruviel y su aliado corrupto Angel Valdez Ramírez (representante de bienes comunales de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla), han subido a nuestras montañas acompañados de 6 camiones de granaderos y varias patrullas.

Responsabilizamos a Ángel Valdez Ramírez y a Eruviel por cualquier acto de represión que lleguen a cometer, y también por el hostigamiento que están cometiendo sobre esta comunidad indígena.

Les suplicamos estar ‪#‎Alerta‬ ya que pretenden continuar con el despojo de las tierras para la construcción de la Autopista Privada Toluca – Naucalpan.

Estaremos informando a través de este medio. ‪#‎FavorDeDifundir‬‪#‎XochicuautlaNoEstaSolo‬

11:56

Urgente Difundir

#‎AlertaMáximaXochicuautla‬

11 de abril de 2016

Ha ingresado de manera ilegal maquinaria del Grupo Higa, ya sitiaron nuestro pueblo con granaderos, se han establecido en los accesos principales de la población.

Las máquinas están empezando a trabajar de manera ILEGAL en dos extremos principales del Bosque Otomi sobre el cual recientemente se gano el amparo.

12:25
Esperamos que ya actue la CNDH, así es como operan los trabajos ILEGALES de Eruviel Ávila para destruir el Bosque Sagrado Otomi-Mexica en la comunidad Otomi de San Francisco Xochicuautla, pretende seguir con la imposición de su Autopista de Cuota que conectaría el Aeropuerto de Toluca con Naucalpan ‪#‎AlertaMáximaXochicuautla‬

13:10

A la @CNDH le exigimos su presencia en San Francisco‪#‎Xochicuautla‬, esto ya es el colmo, granaderos de Eruviel Ávila han ‪#‎golpeado‬ a una mujer otomi de la tercera edad y ‪#‎maltratado‬ a una indígena menor a 10 años, han ingresado a una proviedad privada y la están saqueando porque quieren derrumbar la casa que les estorba para continuar con sus trabajo ILEGALES para la Autopista de Cuota Toluca-Naucalpan.

13:34

Entrevista por Radio Zapote

https://soundcloud.com/user-964488035-287430408/entrevista-xochicuautla-11-abril-2016

13:50

Entrevista por Noticias de Abajo Medios Libres.

Represión en Xochicuatla Estado de México. Urgente, favor de difundir!!!
#AlertaXochicuautla

En estos momentos están derribando la casa de nuestro compañero Armando García, ex delegado de Xochicuautla, hay personas de la comunidad en el lugar pero están rodeados por policía de la CES, sacaron sus cosas y con impunidad y violando la suspensión definitiva otorgada en febrero de este año destruyen la casa del compañero, el patrimonio de sus hijos y los lugares sagrados del lugar.

14:32

Entrevista por Frente Autónomo Audiovisual, demolición de casa del Dr. Armando García, sin notificación previa ni orden judicial al realizar la demolición, mientras un funcionario estatal que dijo llamarse Luis Enrique García presentó el decreto de expropiación, sin ser una orden a nombre de la familia así despojada

https://www.facebook.com/frentejuvenil.xochicuautla/videos/601606063336960/

Fuente: Centro de Medios Libres

Autor: Redacción

https://www.centrodemedioslibres.org/2016/04/11/grupo-higa-sitia-con-800-granaderos-a-xochicuautla-que-defiende-su-bosque-hay-casas-demolidas-sin-orden-judicial/

El PRI nos quiere fuera, pero ni con su gas lacrimógeno nos sacará: vecinos de Xochicuautla

Vecinos del municipio de Lerma afectados por la empresa Autovan-Teya, filial de Grupo Higa, temen que más casas sean destruidas por el paso de la carretera Toluca-Naucalpan. ¿A quién han beneficiado las autoridades del Estado de México?

San Francisco Xochicuautla, Estado de México, 12 de abril (SinEmbargo).– Los habitantes de la comunidad San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, anuncian resistencia pacífica luego de que ayer por la mañana 700 elementos policiacos arribaran al pueblo con el propósito de demoler una casa, como parte del proyecto carretero Toluca-Naucalpan de Grupo Higa.

Sin orden judicial, representantes del Gobernador del Estado de México, el priista Eruviel Ávila Villegas, se presentaron en el poblado de no más de 6 mil habitantes, ubicado dentro del municipio de Lerma.

En una mañana, la familia García vio esfumarse los bienes que había acumulado durante toda su vida. Alrededor de las 10:30 horas la llegada de la fuerzas de seguridad ya conformaban una valla serpenteada sobre el cerro donde vivía el doctor Armando García, una de las tres autoridades locales.


“Subieron cuatro camionetas 4×4 y nosotros nos quedamos ahí en la casa. Y en eso vimos como una máquina empezó a llegar. Yo me subí al tercer nivel y en eso empezaron a patear la puerta. Se escuchaba mucho ruido “, relató Selene Romero Gil, familiar del afectado, en entrevista con SinEmbargo.

El lugar en la mayoría de habitantes se dedica a la albañilería o al trabajo del campo fue tomado por sorpresa, sin opciones a auxiliar a los miembros de la comunidad afectados.

“Yo venía de trabajar, a eso de las 12 y media, cuando me percaté de que había muchos elementos de seguridad”, dijo Luis Antonio Baltazar Lucas, oriundo del sitio.

Entre 40 y 50 personas, entre ellas niños y ancianos, fueron desalojados a la fuerza, de acuerdo con testigos.

“Nos vinieron a provocar. Y una mujer policía me pateó”, dijo María Isabel Hernández García, miembro del Consejo Supremo, el órgano de autoridad local.

El desplome de la edificación conocida por los lugareños como “El castillo” fue lento.


“Ya no nos dejaron hacer nada mientras la derrumbaban. Después, desde una capilla que estaba arriba de la casa [colina arriba], empezaron a tirar gas lacrimógeno, lo que hizo que la gente corriera”, relató Romero a punto de llorar.

Más de dos horas tardó la maquinaria custodiada por la policía estatal en transformar el paisaje en nada más que escombros. Un hecho que acusaron los vecinos es ilegal, ya que en febrero se interpusieron dos amparos aún no resueltos: el registrado con el número 1117/2015 y también el 1123/2015.

No obstante, una persona que se presentó como Luis Enrique García encabezó las obras de derrumbe tan sólo con el decreto de expropiación, acusaron los vecinos.

¿Y LA CNDH?

Sergio García, hermano de Armando, lamentó el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que tiempo atrás había otorgado alarmas de pánico por la resistencia pacífica que lleva más de siete meses en contra de la carretera de Autovan-Teya, filial de Grupo Higa.


“Las sonamos pero no llegaron en nuestro auxilio, sino hasta muchas horas después”, dijo a este medio.

Los habitantes apuntaron que esta sería la cuarta casa demolida y que la última construcción fue removida en julio. Sin embargo, en todos los casos anteriores decidieron vender en vez de oponer resistencia.

Esta amenaza a los bienes patrimoniales que siguen en el trazo de la carretera, dijeron, no han querido ser atendidas por las autoridades municipales.

“Desgraciadamente aquí está gobernando el PRI [Partido Revolucionario Institucional] Y sabemos que es Peña Nieto, y aquí nunca ha habido ningún apoyo. Y aquí en la comunidad, Mario Villavicencio, el ex presidente de Bienes Comunales apoyó estas obras a espaladas de la población en el trienio pasado”, dijo Sergio García.

Tras la retirada de los policías al filo de las cinco de la tarde, vecinos y voluntarios llegados de la Ciudad de México ayudaban a la familia afectada a buscar objetos de valor entre los escombros.

“De aquí no nos vamos a ir. Vamos a seguir con el campamento de resistencia pacífica”, dijo Romero. Hasta ahora los turnos de personas en resistencia oscilan entre las 20 y las 50. Familiares aseguraron que esperan que una denuncia interpuesta en la Procuraduría General de la República (PGR) esta tarde provoque la reparación de los daños causados.

Organizaciones civiles nacionales e internacionales condenaron las acciones de “represión y desalojo cometidas” en contra de los pobladores de San Francisco Xochicuautla y exigieron que se respete la suspensión de las obras concedida al pueblo otomí.


“Éste tipo de actos no solo constituyen graves violaciones a los derechos de libertad de expresión, de reunión y protesta, sino que además se enmarcan en un contexto de represión en contra de pueblos indígenas que defienden sus derechos frente a la imposición de megaproyectos en México y de la habilitación de legislaciones que permiten, como en el caso de la Ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, denominada ‘Ley Eruviel’, habilitar el uso de la fuerza, incluso letal, en contextos de manifestación pública”, señalaron a través de un comunicado las organizaciones que conforman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS).

El pasado 9 de julio, el Presidente Enrique Peña Nieto firmó un decreto para expropiar casi 38 hectáreas de uso común del pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, para la construcción de una autopista privada, pese a la oposición de la comunidad. Los pobladores consideran que la obra, concesionada a una empresa del Grupo Higa, violaría sus derechos como pueblo indígena, pues no se les consultó sobre el proyecto. La construcción de la obra fue cedida en abril de 2007 y desde entonces la comunidad ha mantenido una resistencia contra el proyecto, en busca de su cancelación definitiva.

Fuente: Sin Embargo

Autor: Juan Luis García Hernández

http://www.sinembargo.mx/12-04-2016/1647146

Irrumpe Higa con fuerza pública a Xochicuautla; derriba viviendas pese a amparos

LERMA, Edomex: Alrededor de 700 elementos de la policía estatal sitiaron desde esta mañana la comunidad de San Francisco Xochicuautla y comenzaron el derrumbe de las casas que se encuentran en el trazo de la autopista Toluca-Naucalpan.

La obra es edificada por Autovan-Teya, filial de Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los principales contratistas del gobierno federal y cuyas operaciones financieras en paraísos fiscales fueron descubiertas por tras la investigación de los Papeles de Panamá.

José Luis Fernández, vocero de la comunidad, indicó que desde las 9:00 horas de este lunes comenzaron a arribar a la zona camiones con policías estatales, cerca de 700; los uniformados enseguida se desplegaron en torno al poblado.

“Entraron por varios parajes y la comunidad está sitiada completamente; en las entradas a las calles y todos los lugares hay muchos policías”, acusó.

El integrante de la comunidad indígena otomí explicó que con la irrupción se violenta la suspensión definitiva de la obra ordenada por los amparos 1117/2015 y 1123/2015, por lo que “no pueden estar trabajando”.

Los elementos policiacos acompañan a personal de la empresa y a quienes se presentan como empleados del gobierno del Estado de México.

La primera casa derrumbada con apoyo de las máquinas de construcción fue la del doctor Armando García, delegado de la comunidad, ubicada sobre el trazo del proyecto carretero.

“La están derribando ahorita, pero para derribarla antes desalojaron y golpearon al menos a 25 compañeros, entre ellos a Isabel Bernaldez, de entre 78 y 80 años, integrante del Consejo Supremo, a quien los policías arrastraron”, indicó el vocero.

García Salazar precisó que previo a la demolición de su casa no fue notificado; esta mañana, expuso, “llegó a mi domicilio quien dijo llamarse Luis Enrique García, empleado de gobierno del Estado de México, apenas amparado por una copia del decreto expropiatorio y acompañado por la fuerza pública”.

Previo al desalojo, al afectado no se permitió extraer sus pertenencias y documentos; los policías, explicó, sólo recuperaron algunos muebles, pero la mayoría quedó dentro.

Los habitantes advierten la posibilidad de que Higa continúe con el derrumbe de inmuebles, vía la imposición, para concretar el proyecto carretero.



FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436625/irrumpe-higa-fuerza-publica-a-xochicuautla-derriba-viviendas-pese-a-amparos

“Grupo Higa se volvió un riesgo para el Gobierno, las empresas y hasta para la imagen del país”

El coordinador del Índice Global de Impunidad y del Índice de Impunidad de México de la UDLAP alerta: La aparición del dueño del Grupo Higa –el contratista favorito del Gobierno–en los llamados Panama Papers lastima la imagen de México en el extranjero, afecta el flujo de inversiones de empresas de otros países y refuerza la idea de que en este país no se castiga a los delincuentes ni a los directivos de altas empresas que comentan actos de corrupción.

Las filtraciones sobre Grupo Higa en el caso de los llamados Panama Papers, confirma que esta compañía se ha convertido en un factor que “lastima” la imagen de México en el extranjero, la del Presidente y la del Estado mexicano, consideró Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, coordinador del Índice Global de Impunidad y del Índice de Impunidad de México de la Universidad de las Américas en Puebla (UDLAP).

Consideró que el tema de conflicto de interés que involucra a Higa, así como la presunción de que su dueño, Juan Armando Hinojosa Cantú, creó tres fideicomisos repartidos en varias cuentas bancarias para resguardar su dinero en dólares a nombre de su madre y suegra –mujeres octogenarias– quedando él quedó como único beneficiario –según los llamados Panama Papers–“es un tema de seguridad nacional, porque al ser el contratista favorito del Gobierno, está involucrando al Presidente de la República de manera indirecta y lastima la imagen de México como país”.

Además de ser calificado como “el contratista favorito”, Grupo Higa se vio involucrado en el llamado escándalo “casablanca” que involucra la compra–venta de una casa por más de 7 millones de dólares por parte de la Primera Dama Angélica Rivera Hurtado.

“En la misma lista –los Panama Papers– están lo mismo un contratista que ha favorecido con un crédito a la esposa del actual Presidente que un ex convicto mexicano que fue el capo de capos en los 80 y 90: Rafael Caro Quintero”, expresó Rodríguez Sánchez Lara.

–¿Pero una sola constructora puede poner en riesgo la seguridad económica de un país?

–Por supuesto, para el caso de la licitación del tren rápido México–Querétaro había varias empresas internacionales participando, que detrás de ellas tienen a sus gobiernos, a sus embajadas. Hay que recordar que el mundo está en recesión y las embajadas tienen la obligación de abrir espacios de negocios y México es un espacio de negocio natural para empresas francesas, chinas, canadienses, de Estados Unidos; entonces si se privilegia a una empresa como Higa, claramente esto afecta los intereses comerciales y económicos de las empresas de otros países en México, porque las licitaciones no son transparentes y el Gobierno mexicano no está mandando las señales correctas de que no hay conflicto de interés o de que las negociaciones son transparentes. Ése es el meollo del asunto: complica las negociaciones económicas, las relaciones políticas, lastima la imagen de este país porque da la impresión de que solamente se pueden hacer negocios de manera ilícita corrompiendo a los funcionarios de alto nivel.

Para el investigador, Grupo Higa es el más claro ejemplo de lo que una vez citó el semanario inglés The Economist, refiriéndose a México: “’Este Gobierno no entiende que no entiende’, los casos de conflictos de interés están afectado la imagen de México en el exterior en materia de seguridad económica, de las inversiones, de la confianza que tienen las empresas extranjeras en invertir en México, esto hay que sumarlo a que el país está perdiendo puntos de calificadoras internacionales como Moody’s, y a que la capacidad crediticia de México en el mundo está siendo cuestionada por problemas que tienen Pemex [Petróleos Mexicanos] y la CFE [Comisión Federal de Electricidad]”.


HINOJOSA, LOS OTROS Y EL PRESTIGIO DE MÉXICO

Además de Hinojosa Cantú, en las filtraciones de los Panama Papers, se menciona a Ricardo Benjamín Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, a Guillermo Cañedo White, ex ejecutivo de Televisa y vicepresidente de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe de Futbol (Concacaf), a Alfonso de Angoitia, uno de los vicepresidentes de Televisa, a la actriz Edith González y al ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin, casi todos han negado su relación en el escándalo.

En el caso de Hinojosa Cantú, en lo publicado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ), autor de la investigación, poco después del escándalo “casablanca”, a lo largo del verano y otoño de 2015, el despacho pañameno Mossack Fonseca ayudó a Hinojosa a crear tres fideicomisos para quedarse con alrededor de 100 millones de dólares hasta entonces depositados en varias cuentas bancarias. “Hinojosa era el principal beneficiario de los fideicomisos, nominalmente controlados por su madre y su suegra. Su esposa e hijos serían designados como beneficiarios en caso de su muerte”.

El trabajo periodístico esta basado en la filtración de 11.5 millones de archivos del despacho Mossack Fonseca, que cual trabaja por medio de empresas offshore que ponen sus domicilios fiscales en paraísos fiscales, pero operan en todo el mundo.

Una investigación de la Unidad de Datos de SinEmbargo, arrojó que seis meses antes de que Hinojosa Cantú lograra resguardar 100 mdd a través de tres fideicomisos en Mossack Fonseca, en México, sólo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) –la dependencia clave para su emporio de construcción– completó 895 millones 499 mil 707 pesos con 12 centavos en siete contratos en 2014.

Lo anterior se desprende de las 36 solicitudes de información dirigidas por este diario digital a 26 instituciones y dependencias del Gobierno Federal para conocer si habían firmado contratos con Grupo Higa, S.A. de C.V. o sus filiales en la década de 2005 a 2015. A cada institución le fue solicitado el número de contratos, la copia de los mismos, el tipo de procedimiento por el que fue adjudicado y las razones para concederlo en caso de que se tratara de una convocatoria o invitación. La SCT, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el Banco de Comercio Exterior (Bancomext), así como Pemex Exploración y Producción (PEP) respondieron que sí firmaron con Grupo Higa en ese periodo. Las primeras entidades enviaron sus respuestas a través del sistema Infomex y mediante copias certificadas.


LA RESPUESTA DE MÉXICO

El domingo, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) en México anunció a través de un comunicado que revisará los casos de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México señalados por evasión fiscal en el escándalo de los Panama Papers.

“La información publicada se revisará (…) con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal”, señala el documento, en el que se aclara, sin embargo, que conforme a la legislación mexicana, no hará pública información específica sobre contribuyentes.

Ante esta respuesta, el investigador insistió en que el Gobierno debe dar un mensaje claro y contundente de que los conflictos de interés, las violaciones a las leyes fiscales y las dudas en las licitaciones de infraestructura “lastiman la imagen de todo el país, no sólo de ese Gobierno”.

Consideró que esta es una oportunidad más en la que el Gobierno de México tiene que mandar un mensaje contundente a la comunidad internacional “porque los mexicanos estamos profundamente lastimados por este y otros casos de corrupción e impunidad”, al mismo tiempo, destacó que tanto las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como la de Relaciones Exteriores (SRE) deben empezar a trabajar para remediar esa mala imagen, vigilar y evitar que se presenten nuevos casos de corrupción.

Citó el caso de Islandia, donde el Primer Ministro, Sigmundur David Gunnlaugsson, dejó ayer su cargo, luego de verse involucrado en el escándalo destapado por el ICIJ.


“La corrupción trae consecuencias financieras a cualquier país, por eso Brasil, Guatemala, Islandia… están actuando”, expresó Sánchez Lara.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JULIANA FREGOSO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-04-2016/1644490

Otra del intocable compadre de Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO: La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto es un crimen sin castigo, y ahora, en un nuevo escándalo de alta corrupción, la evasión fiscal del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú por esconder en paraísos fiscales al menos mil 800 millones de pesos apunta a quedar también impune.


El nombre del contratista favorito de Peña emergió de entre los millones de documentos que, desde el año pasado, examinaron periodistas de más de cien medios de comunicación del mundo –Proceso el único escrito de México–, y aparecieron además los de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, y del cerebro financiero de Televisa, Alfonso de Angoitia.

Igual que narcotraficantes como Rafael Caro Quintero y empresarios como Amado Yáñez, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Óscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio, además de Omar Yunes Márquez, hijo del candidato panista a gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, Hinojosa Cantú ocultó “una pequeña parte” de su fortuna –100 millones de dólares– en empresas offshore con el claro fin de no pagar impuestos, un delito contra la sociedad que no puede quedar sin castigo.


Pero todo apunta a que así será: Para empezar, Hinojosa Cantú es amigo y compadre del presidente de la República, a quien le obsequió la mansión de Las Lomas de Chapultepec a través de La Gaviota Angélica Rivera, a cambio de obtener multimillonarios contratos, desde 2005, en los gobiernos del Estado de México y el federal.

Luego, como en la Casa Blanca con Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, será también un subordinado de Peña, Luis Videgaray, secretario de Hacienda y responsable del Sistema de Administración Tributaria (SAT), quien eventualmente investigará los 100 millones de dólares que Hinojosa Cantú sacó del país y los depositó en paraísos fiscales.

Y además, en lo que también podría tipificarse como conflicto de interés, Videgaray es otro beneficiario de Hinojosa Cantú, quien le vendió una mansión en Malinalco, Estado de México, a precio de regalo de 7 millones de pesos y con todas las facilidades.

No sólo eso: El propio Aristóteles Núñez, jefe del SAT y subordinado de Videgaray, exoneró en los hechos a Hinojosa Cantú y todos los mexicanos que han optado por el esquema de crear empresas offshore, con el fin de ocultar sus fortunas y evadir el pago de impuestos.

Es verdad que no es ilegal tener recursos en el extranjero o en paraísos fiscales, como asegura Aristóteles, sino que la ilegalidad se materializa si esos recursos generaron dividendos y no se pagaron los impuestos correspondientes.

¿Pagaron impuestos? No lo sabemos, y pienso que no lo sabremos jamás, porque a cualquier solicitud de información la autoridad se amparará en el secreto fiscal para el ocultamiento, tal como lo han hecho los gobiernos más recientes con todas las grandes empresas que no pagan impuestos.

Y aun si, en el extremo, sabemos que no pagaron impuestos, y los magnates pueden acogerse al “programa de retorno de inversiones”, un esquema para que los contribuyentes regresen los recursos que mantienen en el extranjero no reportados en México, incluidos los de regímenes fiscales preferentes, y que estará vigente hasta junio de este año, como lo explicó el jefe del SAT.

¿Por qué digo que está garantizada la exoneración –y la impunidad– de los magnates que ocultan sus fortunas en paraísos fiscales? Porque, aun en el caso de que haya quienes se acojan a programa de retorno de inversiones”, el beneficio es el perdón: Se dan por cumplidas las obligaciones fiscales y no se generan multas ni recargos adicionales a las sanciones. Tantán…

A esta mecánica de impunidad en México –que también se produce en muchos países del mundo– debe contraponerse el periodismo, cuyo deber supremo es hacer pública la información que concierne a los ciudadanos, como en este caso los archivos del Grupo Mossack-Fonseca, de Panamá, uno de los principales proveedores en el mundo de compañías offshore.

Esta filtración de los archivos –#PanamaPapers– al periódico alemán Süddeutsche Zeitung fue compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) con más de cien medios en el planeta, en lo que es la revelación más grande en la historia: Es 46 veces mayor que la de Wikileaks.


Proceso fue el único medio impreso de México convocado por el ICIJ en la investigación global de 11.5 millones de archivos internos de Mossack-Fonseca que duró casi un año y que, como se informó también, se realizó bajo estrictas medidas de seguridad del ICIJ por 376 reporteros alrededor del mundo…

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435838/otra-del-intocable-compadre-de-pena-nieto