El año de “casa blanca”, 2014, Higa ganó contratos por casi 900 millones sólo con la SCT

De acuerdo con un cúmulo de solicitudes de información realizado por SinEmbargo, Grupo Higa consiguió 895 millones 499 mil 707 pesos con 12 centavos por siete contratos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sólo en 2014. Unos seis meses después (la investigación del ICIJ indica que fue en el verano de 2015), el dueño del consorcio, Juan Armando Hinojosa Cantú, creó tres fideicomisos repartidos en varias cuentas bancarias para resguardar su dinero en dólares. A nombre de su madre y suegra –mujeres octogenarias– él quedó como único beneficiario.

Seis meses antes de que Juan Armando Hinojosa Cantú lograra resguardar 100 millones de dólares a través de tres fideicomisos en Mossack Fonseca de Panamá; en su país, en México, los negocios no habían ido nada mal. Sólo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) –la dependencia clave para su emporio de construcción– completó 895 millones 499 mil 707 pesos con 12 centavos en siete contratos en 2014.

Lo anterior se desprende de las 36 solicitudes de información dirigidas por SinEmbargo a 26 instituciones y dependencias del Gobierno Federal para conocer si habían firmado contratos con Grupo Higa, S.A. de C.V. o sus filiales en la década de 2005 a 2015. A cada institución le fue solicitado el número de contratos, la copia de los mismos, el tipo de procedimiento por el que fue adjudicado y las razones para concederlo en caso de que se tratara de una convocatoria o invitación. La SCT, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el Banco de Comercio Exterior (Bancomext), así como Pemex Exploración y Producción (PEP) respondieron que sí firmaron con Grupo Higa en ese periodo. Las primeras entidades enviaron sus respuestas a través del sistema Infomex y mediante copias certificadas. Por su parte, PEP entregó sólo contratos de 2011; es decir, firmados por el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

En 2014, Guerrero estaba devastado en toda su costa. Los huracanes Ingrid y Manuel azotaron en su territorio y mataron a 105 personas. Poblaciones enteras fueron arrasadas. Para enfrentar la contingencia se creó el Fondo Guerrero, en la entraña del Fondo de desastres naturales (Fonden) y se destinó una bolsa de millones de pesos.

Tres de los contratos del Fonden los consiguió el Grupo Higa a través de la SCT, el 2014-632-CA-FONDEN-010-W-0-2014, el 2014-632-CA-Fonden-005-W-0-2014 y el 2014-632-CA-Fonden-006-W-2014, lo que le dio un monto de poco más de 746 millones de pesos.

En noviembre de 2014, una investigación periodística de Aristegui Noticias dio con una casa de 86 millones de pesos vendida con un crédito laxo a la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto. El Mandatario nombró Secretario en la Función Pública a Virgilio Andrade, cuando el cargo había permanecido acéfalo, y le ordenó una investigación de sí mismo. Hasta agosto de 2015, las pesquisas de la dependendencia reconocieron siete contratos que sumaron 774 millones 242 mil 263 pesos en un periodo de dos años y medio entre el Gobierno federal y el Grupo Higa. Esa cifra no coincide con lo obtenido por este diario digital: sólo en la SCT hay siete convenios firmados en 2014 y por un monto de más de 895 millones 499 mil 707 pesos con 12 centavos.

Eso, en cuanto a contratos. Respecto a lo fiscal, esos meses también fueron benditos para el Grupo de Juan Armando Hinojosa Cantú. Si en el verano de 2015, el empresario logró crear fideicomisos para resguardar dólares, para el invierno del mismo año, sus abogados lograron que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito cancelara en definitiva el adeudo de 86 millones de pesos que debía la Constructora Teya, una de la filiales de su Grupo Higa.


En sentencias notificadas en octubre de 2015, ese tribunal determinó que el procedimiento para fincar el adeudo fiscal a la constructora había estado viciado desde el origen.



NADIE SABÍA DE ÉL, PERO EL GOBIERNO SÍ

Banobras –una de las instituciones crediticias más antiguas de la Administración federal con ocho décadas de operación– firmó contratos con Eolo Plus, la filial dedicada a las aeronaves del Grupo Higa en 2013, cuando el nombre de Juan Armando Hinojosa Cantú no decía mucho. La bitácora de Eolo registró seis vuelos de entre una y dos horas de duración, con un costo total de 46 mil 295 dólares.

Los pasajeros de estos viajes fueron Alfredo del Mazo Maza, primo del Presidente Enrique Peña Nieto y quien fungía como Director General del organismo, como Luis Dosal, el Director de Proyectos.

En el mismo año, también con Eolo, Nacional Financiera hizo un contrato para transportación por 46 millones 560 mil pesos, y la SCT solicitó servicios de “taxi aéreo” por 40 millones 493 mil 085 pesos.

La Secretaría de Economía también recurrió a los servicios de Eolo Plus con varios contratos anuales por 211 mil 120 pesos por el arrendamiento de vehículos aéreos. Según facturas que fueron entregadas a la SFP, esos viajes fueron para transportar al Secretario Idelfonso Guajardo, de la colonia Polanco en la Ciudad de México a Toluca, la capital mexiquense.


En 2013, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), estaba a cargo de Jorge Carlos Marín (el ex Procurador Jesús Murillo Karam lo sustituyó; hoy la tiene Rosario Robles Berlanga) y contrató a Publicidad y Artículos Creativos -otra de las filiales de Higa-, para la impresión de viniles, cartulinas y tarjetones por 814 mil 107 pesos y también para la adquisición de tarjetones colgantes de estacionamiento en cartulina opalina por 16 mil 32 pesos (Información en el Portal de Obligaciones y Transparencia, POT).

“Contratista favorito del Presidente de México” dice del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, el perfil que hizo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) después de que fueran descubiertas sus operaciones con el despacho panameño Mossack Fonseca para sacar de México 100 millones de dólares. El escándalo fue titulado Panama Papers y el nombre del empresario sobresale entre millonarios del mundo que intentaron poner en “paraísos fiscales” el dinero que ganaron en sus propios países.

Antes de 2014, el de Hinojosa Cantú era de los perfiles más discretos entre los empresarios mexicanos. Pero ese año, en noviembre, se suscitó el escándalo “Casa Blanca”. Seis meses después, el empresario sacó del país millones de dólares mediante la creación de tres fideicomisos en Mosack Fonseca, la firma panameña que durante 40 años ha vendido servicios financieros basados en la secrecía, incluso para clientes relacionados con la delincuencia organizada o notables evasores de impuestos.


“A lo largo del verano y otoño de 2015, no mucho después de la controversia sobre la Casa Blanca, Mossack Fonseca ayudó a Hinojosa a crear tres fideicomisos para quedarse con alrededor de 100 millones de dólares hasta entonces depositados en varias cuentas bancarias. Hinojosa era el principal beneficiario de los fideicomisos, nominalmente controlados por su madre y su suegra. Su esposa e hijos serían designados como beneficiarios en caso de su muerte”, se expone en la página de Internet del ICIJ, a propósito del empresario mexicano.

  Higa Contratos by OmarVargas

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR. UNIDAD DE DATOS, LINALOE R. FLORES, ALEJANDRA PADILLA, DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-04-2016/1644108

Buscan diputados revivir comisión Higa tras revelaciones de #PanamaPapers

CIUDAD DE MÉXICO: Luego de las revelaciones de #PanamaPapers, que exhiben la compleja operación financiera de allegados a Juan Armando Hinojosa Cantú, el constructor predilecto de Enrique Peña Nieto en el traslado de cien millones de dólares a “paraísos fiscales”, diputados federales adelantaron que pedirán la reactivación de la comisión Higa.


Rocío Nahle, coordinadora del partido Morena, dijo en conferencia de prensa que ante el “escándalo” que provocó la revelación internacional acerca de la creación de empresas fachada en paraísos fiscales por el despacho panameño Mossack-Fonseca para líderes de todo los sectores, entre ellos el constructor tamaulipeco y amigo de Peña Nieto, los legisladores solicitarán se conforme una comisión especial.

También dijo que hasta el momento Hinojosa Cantú ha recibido contratos de la administración federal por 60 mil millones de pesos –además de algunos estados, como Puebla–, y recordó que la legislatura pasada promovió y creó la comisión Higa para indagar si no había conflicto de interés en el asunto de la Casa Blanca, pero que “el PRI dejó que pasara el tiempo”, se bloquearon las indagaciones y no se llegó a grandes revelaciones.


Ahora, añadió, ante los nuevos documentos que revelan la salida de cuando menos cien millones de dólares del país por parte de Juan Armando Hinojosa, la diputada dijo que buscarán el apoyo de otros grupos parlamentarios y recabar las 126 firmas que se requieren para establecer de nueva cuenta la comisión Higa.

Luego adelantó que solicitarán la comparecencia del director del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, para que explique por qué la dependencia que encabeza puede detectar el movimiento de 20 mil pesos de un ciudadano y no la salida de cien millones de dólares de Hinojosa Cantú.

Rocío Nahle agregó que el titular del SAT no puede ahora salir con que “estamos haciendo la línea de investigación”, pues los datos ya están. “Y también nos enteramos de que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, intentó crear una empresa y de eso no sabemos más”.

La coordinadora de la bancada de Morena dijo que buscan la comparecencia para que detalle qué hará ante las revelaciones.

Además, exigirán la renuncia del titular de la Función Pública, Virgilio Andrade, porque nada ha hecho respecto de las denuncias y se ha limitado a exonerar a sus amigos.

En tanto el vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, justificó que el SAT no tiene que venir a explicar si el dinero salió, pues la ley mexicana no prohíbe inversiones en otros países.


Lo que sí se debe indagar, añadió, es si todos los que han recurrido al citado despacho panameño han pagado sus impuestos en México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435846/buscan-diputados-revivir-comision-higa-tras-revelaciones-panamapapers

Capital de Hinojosa Cantú en Panama Papers podría estar relacionado con ‘Casa Blanca’ de EPN: PAN

Portavoz Indicó que se debe hacer una investigación a fondo y actuar si se encuentra responsabilidad en contra de algún funcionario del actual gobierno.

El portavoz del PAN, Fernando Rodríguez Doval, sostuvo que la presencia de Juan José Hinojosa -dueño del grupo Higa e implicado en el caso de la ‘Casa Blanca’-, entre los personajes que se llevaron millones de dólares a paraísos fiscales, indica que hay elementos para suponer que ha obtenido su fortuna de manera ilegal, por lo que el SAT debe hacer una investigación a fondo.

Ante el planteamiento del SAT de que no era ilegal tener dinero en los llamados “paraísos fiscales“, consideró que pueda que no sea un delito, pero sí lo es la evasión fiscal y el lavado de dinero“.

Rodríguez Doval aseveró que esto podría estar relacionado con el caso de la llamada ‘Casa blanca’, propiedad de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, al igual que la propiedad de Malinalco, del secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Hinojosa Cantú, el dueño de grupo Higa, que vio crecer su fortuna en alrededor de 800 millones de dólares a la par de la carrera política del Presidente Enrique Peña Nieto, protegió su fortuna en paraísos fiscales.


El panista indicó que se debe hacer una investigación a fondo y si se encuentra responsabilidad en contra de algún funcionario del actual gobierno, se debe actuar en consecuencia.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0404/mexico/capital-de-hinojosa-cantu-en-panama-papers-podria-estar-relacionado-con-casa-blanca-de-epn-pan/

Juez suspende autopista de Higa en Xochicuautla; se niegan a acatar

El Juez Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, otorgó la suspensión definitiva del proyecto de construcción de la autopista Aeropuerto de Toluca – Interlomas Naucalpan, propiedad de Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, debido a las violaciones que se cometieron en el proceso contra las comunidades indígenas de la región, particularmente San Francisco Xochicuautla, quien solicitó este amparo y quienes exigen a los empresarios y autoridades, acatar la resolución y abandonar las obras de construcción de la autopista, pues han dejado de tener sustento legal para estar en el lugar.

Cabe recordar que el tamulipeco Juan Armando Hinojosa Cantú, es uno de los grandes amigos de Enrique Peña Nieto, dueño original de su famosa Casa Blanca, quizás esta cercanía les genera la confianza para seguirse sintiendo por encima de la ley, y cuando están por cumplirse ya casi un mes de las resoluciones emitidas el pasado 11 y 18 de febero, continúan desacatando la resolución judicial, y mantienen trabajos en los bosques originarios que siguen devastando, sin tener permiso siquiera de estar en el lugar.

Ante esta situación la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), emitió también una alerta, para que desocupen los territorios otomís en San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, detallando que:


“Las suspensiones concedidas por el Poder Judicial de la Federación tienen el objetivo de proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas, como el derecho al territorio, a la autodeterminación, al agua, la cultura, a la libertad de culto, y a los recursos naturales, entre otros, mientras dure el juicio. Lo anterior implica que la comunidad tiene la posesión legal del territorio expropiado y en consecuencia, ni la empresa ni las autoridades del Estado involucradas cuentan con fundamento legal alguno para continuar las obras de construcción de la autopista por dicho periodo”.

La reconocida organización defensora de derechos, quienes están en su vigésimo quinto aniversario, detallaron que aunque esta suspensión es un gran paso para las comunidades indígenas, aún falta que la empresa finalmente reconozca el daño de fondo que genera su proyecto y anuncie la cancelación definitiva del trazo carretero, criticado también por la comunidad científica, debido a la devastación de los frágiles bosques de los que dependen en gran medida el sistema hídrico que abastace de agua a las ciudades de México y Toluca.

El organismo recordó también las amenazas que ha habido contra integrantes de la comunidad, por lo que hizo un exhorto a la opinión pública a estar pendientes del caso, además de exigir a las autoridades el cumplimiento de la ley.


Las organizaciones firmantes exigimos a las autoridades estatales, federales y municipales, cumplan con la suspensión concedida por el Poder Judicial, y que por lo tanto SAASCAEM, la empresa Autopista de Vanguardia, S. A. de C. V., desocupen de manera inmediata del territorio de San Francisco Xochicuautla, retirando maquinaria, trabajadores, así como también se retiren las policías estatales que suelen acompañar la obra.

Cabe señalar que además son dos los amparos que se obtuvieron para suspender el proyecto, el primero de ellos del 4 de diciembre de 2015 y el segundo, impulsado por un Delegado municipal, el Consejo Supremo Indígena, comuneros e indígenas de San Francisco Xochicuautla, el Colectivo de Abogados y Abogadas Solidarias CAUSA, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C.

En entrevista con el antropólogo y periodista Heriberto Paredes, los abogados Hugo Hernández de CAUSA y Carla Loyo, de la CMDPDH, describieron las agresiones contra los indígenas ñhato de Xochicuautla, como el principal motivo por el cual se concede la suspensión definitiva.


“En particular se adujo la violación a los derechos a la autodeterminación, al territorio y a la integridad cultural, al agua, a la consulta libre, previa, informada y con procedimientos culturalmente apropiados, así como al consentimiento. Asimismo, se atacó la constitucionalidad de la determinación de «necesidad pública» realizada por Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares (SAASCAEM), perteneciente a la Secretaría de Infraestructura del Estado de México, intentado explicar por qué la autopista de cuota Toluca-Naucalpan vulnera los derechos de los pueblos indigenas en sí misma, para reducir el tiempo el traslado de personas y mercancías (con posibilidad económica de cubrir la cuota) entre el Distrito Federal y el Aeropuerto de Toluca; cuestión que, a nuestros ojos, resulta inconstitucional.”

Los abogados señalaron que las autoridades tenían 10 días para informar personalmente a los responables de la obra, no obstante a más de un mes, la empresa Grupo Higa y sus contratistas, continúan invadiendo la comunidad indígena, con total complaciencia de las autoridades del Estado de México.

Fuente: Huellas 2.0

Autor: David Galeano

http://huellas.mx/nacional/2016/03/14/juez-suspende-autopista-de-higa-en-xochicuautla-se-niegan-a-acatar/

La lucha del pueblo de Xochicuautla

Han sido 10 años de lucha en contra de una carretera que atravesará sus territorios, los despojará de sus tierras de cultivo, de sus lugares sagrados y de su flora y fauna. El pueblo de San Francisco Xochicuautla, en el estado de México, ha sabido resistir de múltiples formas: sus pobladores han puesto el cuerpo frente a la maquinaria; han recorrido la vía jurídica; se han movilizado en las calles y frente a organismos de derechos humanos. Un decreto de expropiación de sus tierras no los desanimó y se ampararon contra el atropello. Finalmente, el juez quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales en el estado de México concedió la suspensión del decreto. Pero falta.

El proyecto de autopista fue puesto en marcha por el entonces gobernador del estado y ahora presidente de México, Enrique Peña Nieto, nada menos que por la constructora Autopistas de Vanguardia, perteneciente al Grupo Higa, y no sólo afecta a Xochicuautla sino al menos a otras 12 comunidades, entre ellas San Lorenzo Huitizizilapan y Santa Cruz Ayotuzco, que también la han rechazado.

El manual del despojo operó aquí como en el resto del país. Vino la división de los pueblos, la compra de voluntades, el engaño para apoderarse de las tierras. Luego la represión. Primero fueron detenidos 14 opositores, y el 3 de noviembre de 2014 otros ocho. Después, el decreto expropiatorio de 37 hectáreas, 93 áreas y 86 centiáreas de uso común. Este es el decreto que lograron echar para atrás.


Pero el pueblo de Xochicuautla no se confía, y tiene razones para ello. Y si no, que le pregunten a la tribu yaqui, que ganó todas las instancias posibles contra un acueducto que casi está terminado. Las suspensiones concedidas por el Poder Judicial de la Federación tienen el objetivo de proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas, como el derecho al territorio, a la autodeterminación, al agua, la cultura, a la libertad de culto, y a los recursos naturales, entre otros, mientras dure el juicio. Lo anterior implica que la comunidad tiene la posesión legal del territorio expropiado y, en consecuencia, ni la empresa ni las autoridades del Estado involucradas cuentan con fundamento legal alguno para continuar las obras de construcción de la autopista por dicho periodo, explicaron en un comunicado.

La defensa continúa y las movilizaciones no cesarán hasta quela autopista sea cancelada de manera definitiva y se respeten plenamente los derechos de las comunidades como pueblo indígena otomí, por lo que desde el estado de México demandan estar alertas por posibles represalias que estas suspensiones generen en contra de los defensores del bosque sagrado.

Fuente: Los de Abajo/La Jornada

Autora: Gloria Muñoz Ramirez

http://www.jornada.unam.mx/2016/03/12/opinion/012o1pol

Logra Xochicuautla suspensión del decreto de expropiación de su territorio

Tras 10 años de lucha, la comunidad de San Francisco ‪#‎Xochicuautla‬ logró la suspensión definitiva del decreto de expropiación de su territorio, suspendiendo así la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan que pone en grave peligro el territorio comunal otomí.

Pero la lucha continúa, las autoridades municipales, estatales y federales, así como las empresas deben desocupar el territorio, retirando maquinaria, trabajadores y policías ‪#‎XochicuautlaResiste‬

Los pasados días 11 y 18 de febrero, el Juez Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, concedió la suspensión definitiva del proyecto de construcción de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan.Durante diez años, miembros de la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla han defendido el territorio comunal que se encuentra en grave peligro por la construcción y operación de la autopista Toluca-Naucalpan, impulsada desde el año 2006 por el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. El territorio de dicho pueblo indígena fue expropiado por el actual Presidente de la República en favor de Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) en 2015.

La autopista es construida por Autopistas de Vanguardia S.A. de C. V. perteneciente al Grupo Higa y afecta a diferentes comunidades y municipios del Estado de México, incluida la comunidad de San Francisco Xochicuautla, y al menos doce comunidades más, como lo son San Lorenzo Huitizilapan y Santa Cruz Ayotuzco.

Se han interpuesto una diversidad de recursos jurídicos: amparos, denuncias penales, quejas en las comisiones de derechos humanos, juicios agrarios, entre otros. En dos de los amparos se obtuvo la suspensión del decreto de expropiación. El primero de ellos el 4 de diciembre de 2015 y el segundo, impulsado por un Delegado municipal, el Consejo Supremo Indígena, comuneros e indígenas de San Francisco Xochicuautla, el Colectivo de Abogados y Abogadas Solidarias CAUSA, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C., concedió la suspensión definitiva el 11 y 18 de febrero pasados.

Las suspensiones concedidas por el Poder Judicial de la Federación tienen el objetivo de proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas, como el derecho al territorio, a la autodeterminación, al agua, la cultura, a la libertad de culto, y a los recursos naturales, entre otros, mientras dure el juicio. Lo anterior implica que la comunidad tiene la posesión legal del territorio expropiado y en consecuencia, ni la empresa ni las autoridades del Estado involucradas cuentan con fundamento legal alguno para continuar las obras de construcción de la autopista por dicho periodo.

Si bien las suspensiones son un gran paso para proteger los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, la defensa de la vida, el agua, el Bosque y el campo continuarán hasta que la autopista sea cancelada de manera definitiva y se respeten plenamente los derechos de las comunidades como pueblo indígena otomí.

Solicitamos a la sociedad civil estar pendiente a las posibles represalias que estas suspensiones puedan generar en contra de las y los defensores del Bosque Sagrado del Agua. En ocasiones anteriores, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero ha documentado diferentes amenazas y agresiones en contra de quienes resisten a la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.

Las organizaciones firmantes exigimos a las autoridades estatales, federales y municipales, cumplan con la suspensión concedida por el Poder Judicial, y que por lo tanto SAASCAEM, la empresa Autopista de Vanguardia, S. A. de C. V., desocupen de manera inmediata del territorio de San Francisco Xochicuautla, retirando maquinaria, trabajadores, así como también se retiren las policías estatales que suelen acompañar la obra.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=z7MMD7hNSg8

Fuente: Desinformémonos/CMDPDH

http://desinformemonos.org.mx/?p=90013

http://cmdpdh.org/2016/03/comunidad-otomi-de-san-francisco-xochicuautla-exige-cumplimiento-de-decision-del-poder-judicial-de-suspender-la-autopista-toluca-naucalpan/

Higa gana disputa al SAT por 86 mdp

MÉXICO, D.F., (apro).- El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito canceló un adeudo de 86 millones de pesos a Constructora Reya, filial de Grupo Higa.

En sentencias notificadas en octubre, dicho tribunal determinó que el procedimiento para fincar el adeudo fiscal a Grupo Teya estuvo viciado de origen.

La compañía filial de Grupo Higa ganó un amparo para que se analizado su reclamo de daños y perjuicios contra el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

El periódico Reforma publica este miércoles que el tribunal concluyó que el SAT fundó su competencia en un artículo equivocado de su reglamento interior.

En septiembre de 2006, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el Estado de México firmó un contrato con Grupo Higa por 575 millones de pesos para construir puentes, distribuidores viales y modernizar el Bulevar Aeropuerto en Toluca.

La consultora privada, Arvic Consulting, contratada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, advirtió que la administración local otorgó una adjudicación directa por 575 millones de pesos a Grupo Higa, misma que fue renovada anualmente hasta sumar 2 mil 200 millones de pesos en 2010, sin que existiera justificación.

Constructora Teya es integrante del consorcio formado por China Railway Construction, China South Rolling Stock Corporation, Grupo GIA+A, Prodemex y GHP, que obtuvo la licitación para construir el tren rápido México-Querétaro.

En junio del año pasado, a Teya le fueron asignadas las obras de ampliación del hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por un monto de mil millones de pesos. Está ligada al Grupo Atlacomulco y tiene como accionista mayoritario a Juan Armando Hinojosa Cantú, tamaulipeco avecindado en el Estado de México.

Fuente: Proceso

http://www.proceso.com.mx/?p=424389

Comuneros otomíes denuncian intromisión del gobierno para favorecer a Higa

MÉXICO, DF (apro).- Comuneros otomíes afectados por el decreto expropiatorio para la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan, alertaron de la pretensión de los “tres niveles de gobierno” de manipular el proceso de renovación de autoridades comunales en Huitzizilapan para favorecer a Grupo Higa, concesionaria de Juan Armando Hinojosa Cantú.

En conferencia de prensa, habitantes de Huitzizilapan, una de las tres comunidades del municipio de Lerma que serán afectadas por el paso carretero solicitaron la presencia de organizaciones civiles y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la asamblea en la que se designarán al Comisariado y al Consejo de Vigilancia, ante la tensión que persiste en la comunidad.

Los habitantes inconformes con la construcción de la autopista de cuota, que comunicaría a Toluca con Naucalpan, rechazaron la presencia de policías municipales y estatales en el proceso de renovación de autoridades comunales y pidieron que la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano “sea vigilante para que la actuación de los servidores públicos de la Delegación de la Procuraduría Agraria en el Estado de México” se apegue a la Constitución.

Asimismo exigieron al gobierno municipal de Lerma, “al gobierno de Eruviel Ávila y a las empresas” interesadas en su territorio, “se abstengan de intervenir” en la asamblea para elegir a las autoridades de la comunidad indígena en apego a la Constitución y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Mientras esperan que un tribunal colegiado resuelva el amparo 855/2014 por el que piden la suspensión definitiva de la obra, Abundio Rivero, habitante de Huitzizilapan, denunció que en la comunidad opera un “grupo de choque” vinculado a una camarilla de priistas que se han encumbrado como autoridades comunitarias durante los últimos 15 años, tiempo en que han dado concesiones a empresas privadas para deforestar y para la construcción de la autopista concesionadas a la empresa Teya, del Grupo Higa.

Según el comunero, el “grupo de choque” a cargo del excomisariado ejidal Luis Enrique Ortínez Dorantes y el exalcalde de Lerma Erick Servilla presionan a los 904 comuneros que integran el padrón avalado por la Procuraduría Agraria para que favorezcan a miembros de su grupo político.

Tras recordar que el proyecto carretero afectará 138 hectáreas de bosque que comprenden las comunidades de Huitzizilapan, Xochicuatla y Ayotuxco los líderes comunitarios resaltaron que en 2006 y 2012 los entonces comisariados ejidales Guadalupe Fidencio y Francisco Olvera, también priistas, “operaron junto con la empresa (Teya) la imposición de proyecto y dieron 20 mil pesos a cada comunero para que aceptaran el paso de la autopista”.

Y aunque a esa asamblea “ni la mitad del padrón asistió” fue convalidada por la Procuraduría Agraria.

Al señalar las trabas impuestas por la Procuraduría Agraria para que se emitiera una convocatoria para el relevo de autoridades comunales que habían concluido su mandato en octubre de 2014, Abundio Rivero señaló que el “grupo de choque” priista “intimida a los comuneros para que los apoyen, los amenazan con sacarlos del padrón de comuneros o les ofrecen dádivas a cambio de su voto”.

Efrén Santana explicó que contra la intención de que los priistas vinculados a la constructora Teya continúen como autoridades comunitarias y bloqueen los recursos legales contra la autopista, los opositores decidieron conformar una planilla en la que participan representantes de las 12 poblaciones que integran Huitzizilapan.

Ismael Santana, integrante de la planilla opositora a los priistas, señaló que aunque sólo pueden participar en la renovación de las autoridades comunitarias 904 personas el proyecto carretero impulsado por Peña Nieto desde que era gobernador afectará a 17 mil personas, además de los daños al ambiente y a los recursos hídricos que alimentan el sistema Cutzamala.

“Como planilla seguimos firmes para combatir el despojo. Aunque el decreto expropiatorio dice que el uso de la autopista es de utilidad pública, lo cierto es que el objetivo es unir los grandes capitales de Santa Fe e Interlomas con el aeropuerto de Toluca, a costa de la destrucción de la tierra”, denunció Santana.

Fuente: Proceso

Autor: Gloria Leticia Díaz

http://www.proceso.com.mx/?p=422443

Hinojosa Cantú viajó a Colombia en el avión presidencial

MÉXICO, D.F: En 2013, el empresario Armando Hinojosa Cantú, propietario de Grupo Higa, viajó en el avión presidencial al lado de Enrique Peña Nieto.

El viaje ocurrió los días 22 y 23 de mayo de 2013 con motivo de la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico realizada en Colombia.

El empresario compartió la cabina presidencial del avión oficial con: El director de Pemex, Emilio Lozoya Austin; el jefe del Estado Mayor Presidencial, Roberto Francisco Miranda Moreno; el secretario de Economía, Idelfonso Guajardo; el secretario particular del presidente, Jorge Corona Méndez; el entonces coordinador de asesores y actual jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán Ortíz; e Ilhuicamina Díaz Méndez, encargado de elaborar los discurso presidenciales.

El portal Aristegui Noticias publica este lunes que “el nombre del empresario aparece en el número 4 de la lista de pasajeros de los vuelos de ida y regreso que realizó del avión presidencial TP-01, también conocido como Presidente Juárez, de acuerdo con documentos oficiales del Estado Mayor Presidencial”.

Armando Hinojosa Cantú es propietario de Grupo Higa, dueño a su vez de la mansión conocida como “La Casa Blanca”, habitada por Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. El constructor es uno de los concesionarios favoritos de la actual administración federal.

El viaje de Armando Hinojosa con el presidente y parte de su gabinete ocurrió nueve meses después de que Peña Nieto y Rivera ocuparan “La Casa Blanca”, el 22 de agosto de 2012.

Armando Hinojosa Cantú recibió de Enrique Peña Nieto durante su paso por la gubernatura del Estado de México alrededor de 35 mil 668 millones de pesos como contratista. En noviembre del año pasado, Aristegui Noticias y la revista Proceso publicaron que Constructora Teya, perteneciente a Grupo Higa, vendió a la pareja presidencial una casa en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, con un valor de 86 millones de pesos.


El empresario fue invitado de honor de Peña Nieto durante la ceremonia de su tercer informe de gobierno en septiembre pasado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Concede jueza federal amparo a Grupo Higa para ocultar crédito de 2 mil 775 mdp

El préstamo fue para construir la autopista Naucalpan-Toluca, cuya concesión fue dada cuando el hoy presidente Peña Nieto era gobernador del Edomex.

Una jueza federal suspendió por tiempo indefinido la difusión pública de los detalles del crédito de 2 mil 775 millones de pesos que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) otorgó en 2012 a una filial de Grupo Higa.

La suspensión fue concedida el 24 de septiembre por la jueza Laura Gutiérrez de Velasco, a raíz de un amparo promovido por Autopistas de Vanguardia, filial de Higa que obtuvo la concesión para construir y operar la autopista en abril de 2007, cuando Enrique Peña era gobernador del Estado de México.

De acuerdo con Reforma, el amparo busca declarar ilegal la resolución del pasado 2 de septiembre del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), en la que ordenó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) publicar acta de la sesión de octubre de 2012.

Los recursos habrían sido para construir y operar la autopista Naucalpan-Toluca, la cual ha generado protestas de pobladores de la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, en el municipio Lerma, Estado de México.

Los habitantes de la zona solicitaron en julio de este año a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitir medidas cautelares para evitar que se construya la autopista Toluca-Naucalpan, por la filial de Grupo Higa, la empresa vinculada al escándalo de propiedades y conflicto de interés del Presidente.


Grupo Higa ha sido señalado por ser un contratista cercano al gibierno federal, fue quien financió la casa blanca de Enrique Peña Nieto, la casa de Malinalco de Luis Videragray y fue exonerado por la Secretaría de la Función Pública tras una investigación.

DOCUMENTOS:

Recurso de revisión RDA 3647/2015 contra Banobras by Aristegui Noticias:

  Recurso de revisión RDA 3647/2015 contra Banobras

El pasado 2 de septiembre de 2015 en el pleno del INAI se presentó y discutió el proyecto RDA 3747/15
Dependencia ante la cual se presentó la solicitud: Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS)
Folio de solicitud: 0632000021415
Sobre el caso:
El particular solicitó al Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS) tres contenidos relacionados con la autorización de recursos por 2 mil 775 millones de pesos para la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.


BANOBRAS respondió que no fue posible localizar la información relacionada con su Consejo Directivo y reservó el resto por secreto bancario. Inconforme, el particular impugnó esta respuesta ante este Instituto. En alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta inicial.

INFOGRAFÍA:

De acuerdo al análisis del caso, esta ponencia considera que:

1) El agravio del particular en cuanto a la inexistencia de información es parcialmente fundado por dos motivos

a) Las autorizaciones de créditos otorgadas por BANOBRAS se realizan según el monto de los mismos. Dado el monto del crédito que nos ocupa en este caso, no correspondió autorizarlo al Consejo Directivo de BANOBRAS, sino al Comité Ejecutivo de Crédito. Esto explica por qué no existe información relacionada con el Consejo Directivo ya mencionado.

b) No obstante, esta aclaración fue hecha por el sujeto obligado hasta la intervención de este Instituto, esta debió ser indicada desde la respuesta inicial. Al omitir este acto, la respuesta de BANOBRAS dejó sin certeza jurídica al solicitante.

2) Respecto a la reserva de información por secreto bancario, el agravio del particular sí es fundado.

a) La información solicitada no se refiere en sí al contrato de crédito, sino a las actas de las sesiones que dejan constancia sobre cómo cumplieron con sus atribuciones las autoridades de BANOBRAS. Por lo tanto, esta información no puede ser reservada.


b) Ahora bien, la información solicitada contiene el nombre de un Consejero independiente que no tiene el carácter de servidor público y debe ser testado por ser considerado dato personal.

Resolución:

Esta ponencia solicita acompañar su propuesta que consiste en MODIFICAR la respuesta de BANOBRAS e instruirle comunicar al particular las razones por las que declaró inexistente la información sobre una autorización hecha por su Consejo Directivo sobre recursos destinados al proyecto de la autopista estatal de cuota Toluca-Naucalpan, así como entregarle el acta número 56 de la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo de Crédito, fechada el 26 de octubre de 2012, que contiene el acuerdo de otorgamiento de un crédito para financiar bajo la modalidad de un título de concesión, de la autopista referida. Deberá ser protegido el nombre del Consejero Independiente que obra en el acta de mérito.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2909/mexico/concede-jueza-federal-amparo-a-grupo-higa-para-ocultar-credito-de-2-mil-775-mdp/

Inai: Si Banobras no abre los 2,775 millones a Higa, crecerá la idea de corrupción impune

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) tendrá que desclasificar y hacer públicos los documentos sobre el crédito de 2 mil 775 millones de pesos, que otorgó a Autopistas de Vanguardia S.A. de C.V., subsidiaria de Constructora Teya, filial de Grupo Higa, para la construcción de la autopista privada Toluca-Naucalpan, y para la que se expropiaron 38 hectáreas de uso común del pueblo otomí San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México.

La resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), notificada a Banobras el pasado lunes 7 de septiembre, destaca que cuentan con 10 días hábiles para hacer públicos los documentos que le fueron negados a un solicitante bajo el argumento de que la información estaba clasificada como reservada por “secreto bancario”, y de que no existían los datos relacionados con el banco que otorgó el crédito.

En entrevista para SinEmbargo, Joel Salas Suárez, Comisionado del Inai, explicó que tras el recurso de revisión del solicitante, la resolución fue encaminada bajo la noción de que al tratarse de recursos públicos, el argumento de secreto bancario no es válido.


Salas Suárez descartó la aprobación de un periodo de prórroga en caso de que la entidad lo solicitara, ya que la única información que puede y debe reservar es la del nombre de la persona que formó parte del Comité Ejecutivo de Crédito de Banobras.

“Los documentos se pueden abrir y no requiere mayor carga”, comentó el Comisionado.

De acuerdo con Salas Suárez, fue al momento de entrar al estudio del caso que el Inai cayó en cuenta de que se trataba de una obra a cargo de una filial de Grupo Higa, empresa propiedad de Armando Hinojosa Cantú, y que recientemente fue investigada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por la sospecha de conflictos de intereses con el Presidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).


José Antonio Lara Duque, Coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), detalló que la resolución del Inai sienta un importante precedente  al poner el tema en debate público y lo mínimo que esperan es que Autopistas de Vanguardia pare de forma definitiva la construcción de la autopista.

“Ese dinero ya no debe moverse, porque si no la idea de que los grandes actos de corrupción en México se solapan, continuará creciendo [...] porque se sigue descubriendo esta delicada y aberrante red de corrupción que existe sobre todo en las tierras mexiquenses”, afirmó.

Con base en los 456 documentos que conforman la investigación de la SFP se concluyó que ni el Presidente ni el titular de la Secretaría de Hacienda “actuaron bajo conflicto de interés” con la empresa de Armando Hinojosa Cantú, aunque de 2013 a la fecha Higa y sus filiales se han adjudicado contratos por mil 037 millones 563 mil 737 pesos.


El hecho de que el documento del crédito otorgado para el financiamiento del diseño, construcción, operación y mantenimiento de la autopista Toluca-Naucalpan, no figurara dentro de la investigación podría deberse a que éste tiene fecha del 26 de octubre de 2012; sin embargo, el Comisionado detalló que por parte del Inai hubo una advertencia sobre lo oportuno de hacer públicos todos los documentos de los organismos federales que tuvieran relación con Grupo Higa.

“Después de atraer la problemática, analizamos todos los contratos que Banobras reportó a la Secretaría de la Función Pública y nos dimos cuenta que esta obra no está dentro lo que se analizó (…) Nosotros nos permitimos hacer la sugerencia de que se  liberaran todos los contratos con Higa y sus filiales, que valdría la pena eso, ya que así se generaría suspicacia. Llama mucho la atención que la investigación no haya hecho públicos los contratos con la empresa”, explicó.

Lara Duque, defensor de derechos humanos del Estado de México, calificó como aberrante la intención de Banobras de ocultar información y evidencia que en el país están arraigadas las prácticas antidemocráticas en los ejercicios de transparencia.

Los resultados de la investigación de la SFP muestran contratos de Banobras, pero con Eolo Plus, la empresa de viajes aéreos y de helicópteros de Higa. Sólo en 2013 se registraron seis vuelos de entre una y dos horas de duración, con un costo total de 46 mil 295 dólares.

Los pasajeros de estos viajes fueron Alfredo del Mazo Maza, primo del Presidente Enrique Peña Nieto y quien fungía como director General de Banobras en la fecha en que fue otorgado el crédito en cuestión, y Luis Dosal, el director de Proyectos.

En el documento de contratos de Banobras hay otra liberación de pago del 26 de diciembre de 2013, en el que se expiden ocho pagos de mayo a diciembre de ese mismo año, que suman 135 mil 798 dólares.

En 2014, los viajes tuvieron un costo de hasta 849 mil 227 pesos, y para 2015 los pagos registrados van desde los 899 mil 455 hasta los 221 mil 332 pesos.

“Queda claro que las investigaciones entre compadrazgos y familiares, mantienen la impunidad y la opacidad en el manejo de las finanzas públicas. Este gobierno de la República, originario del Estado de México, se ha caracterizado por profundizar este ejercicio de gobierno en el que compadres y allegados políticos se distribuyen todas las autorizaciones, la riqueza y cometen actos de corrupción”, consideró Lara Duque.

La autopista fue concesionada desde 2007 y desde entonces se ha encontrado con el rechazo de comunidades que se verán afectadas por su construcción. Al día de hoy, el proyecto tiene ya un alto porcentaje de avance, pero uno de los factores que ha impedido que continúe la construcción, es la resistencia de los pueblos indígenas de la región.

De acuerdo con información publicada por la Secretaría de Comunicaciones mexiquense, la autopista conectará con la otra la autopista La Venta-Chamapa-Lechería y canalizará el tránsito vehicular procedente del poniente de la entidad, el Valle de Toluca y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca al área norponiente de la Zona Metropolitana del Valle de México. La construcción de la vialidad, cuya longitud será de 39 kilómetros, implicará un gasto de 7 mil 200 millones de pesos, según la misma dependencia.


La obra abarcará los municipios de Toluca, Lerma, Huixquilucan y Naucalpan y atravesaría las áreas naturales protegidas estatales Parque Ecológico, Turístico y Recreativo “Parque Otomí-Mixteca” y Santuario del Agua y Forestal Sub Cuenca Tributaria del Río San Lorenzo, además de comunidades otomíes de la zona de la montaña, entre ellas San Francisco Xochicuautla, San Lorenzo Huitzizilapan, Santa María Tlalmilolpan, Jajalpa, Santa María Atarasquillo, San Nicolás Peralta y Santa Cruz Ayotuxco.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-09-2015/1480120.

No hubo corrupción ni conflicto de interés en compra de casa blanca: EPN

Reconoce que "afectó y lastimó evidentemente el ánimo social y también lastimó internamente a la familia". Lo califica como "un tema de enorme desgaste".

El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que la compra de la casa en Lomas de Chapultepec, que su esposa Angélica Rivera adquirió con un contratista del gobierno, “es un tema que sin duda vino a abonar al clima de desconfianza que yo he apuntado se fue generando a lo largo de este último año”.

En entrevista con Adela Micha, transmitida en Televisa, la conductora le preguntó si “fue un golpe al corazón de su gobierno”, a lo que el mandatario respondió:

“Pero déjame poner en claro contexto este tema, no obstante que lo he abordado ya en otro momento.

“Primero yo tengo que reconocer que me parece que de forma muy legítima mi esposa había adquirido una propiedad o estaba en ese proceso como lo ha acreditado.

“Como la propia Secretaría de la Función Pública hiciera su investigación, con todos los documentos que se aportaron, esta fue una operación que se hizo de forma legal, de forma lícita, pero también tuve que reconocer… que sin duda en la forma en que se había hecho, y quizá sí deba reconocer un error, despertó suspicacias de un eventual conflicto de interés, lo cual también se ha logrado esclarecer y por eso también dije: el presidente de la República y los servidores públicos no sólo están obligados a observar puntualmente la ley sino también realmente a evitar que en cualquier acto se den eventos que despierten alguna suspicacia por alguna eventual irregularidad si es que la hubiera.

“Aquí claramente no la hubo, sin embargo fue algo que sí afectó y lastimó evidentemente el ánimo social y también lastimó internamente a la familia. Yo reconozco el valor que mi esposa tuvo de salir públicamente a explicar por qué ella como mujer, que había trabajado durante 25 años como actriz, pues estaba en su legítimo derecho de adquirir una propiedad, estaba en ese proceso, estaba apenas pagando esa propiedad y decidió dar la cara, explicarlo y no obstante, no dejó de ser esto un tema que lamentablemente señalara, estigmatizara, generara desconfianza, de tal suerte que sí fue un tema de desgaste, de enorme desgaste y sobre todo que abonó a la falta de confianza en las instituciones”.

“¿Hubo corrupción?, le preguntó la conductora.

“No lo hubo (corrupción) claramente señalado, no lo hubo… Fue una percepción que llevó a este escenario y por eso reconozco que si bien algo legalmente hecho, lícitamente hecho, algo que no advertimos como familia mi esposa ni yo es que esto pudiera generar la impresión de que había un conflicto de interés, que fue lo que despertó, por eso había que esclarecerlo, había que aportar todas las pruebas correspondientes”, sostuvo.

Al ser interrogado sobre si le pidió a su esposa aparecer en la televisión para aclarar la compra de la casa, Peña dijo que “al contrario, yo soy el primero en agradecerle a mi esposa y reconocerle el valor y la valentía y el coraje que tuvo de salir a explicar este tema”.

Expuso que después de que fuera revelada la compra del inmueble ubicado en Lomas de Chapultepec, ordenó abrir su declaración patrimonial y pidió a la Secretaría de la Función Pública investigarlo, lo cual finalmente concluyó el mes pasado, cuando determinó que no existió conflicto de interés.

“La Secretaría de la Función Pública, después de revisar toda la documentación y haber recogido no sé cuántos testimoniales, queda claro que se trató de un acto legal, que no hubo conflicto de interés”, indicó. Sin embargo, dijo, ofreció una disculpa porque “no puedo dejar de reconocer que ese tema en particular afectó la credibilidad y la confianza en las instituciones, lastimó la imagen de las instituciones del Estado mexicano y eso me llevó a ofrecer una disculpa pública, porque este evento, aislado y en su contexto, lamentablemente había afectado la confianza en las instituciones del Estado mexicano”.

-Presidente, nadie cree el resultado que hizo la SFP porque no hay confianza en las instituciones-, le comentó la entrevistadora.

Ante ello, Peña mencionó que ”no ha habido un escrutinio tan amplio sobre un acto como ha sido la adquisición de esta casa, de esta propiedad que finalmente canceló mi esposa. Estaba en un proceso pactado para irse pagando en cierto tiempo y finalmente mi esposa, ante todo esto, dijo ‘no quiero ya comprar la casa’, se decide cancelar la compraventa, convenir la terminación del contrato de compra-venta con la empresa que lo había vendido y queda ahí concluida la operación”.

Refirió que la SFP abrió el expediente completo y lo sometió al escrutinio público, “está completamente abierta la investigación” en la página de internet de la SFP.

“Yo ofrecí una disculpa por lo que había significado el hecho; si bien, legal, si bien, ajeno al conflicto de interés, no puedo dejar de reconocer que fue algo que lastimó a la sociedad, que indignó y sobre todo abonó a la desconfianza en las instituciones”, concluyó.


En la entrevista, el mandatario también descartó una mala relación con su esposa, y la calificó de una “bonita relación”, en tanto que consideró “sacado de contexto” un video que se viralizó en las redes sociales, donde él intenta tomarla de la mano, sin que lo logre, por un aparente desaire de Angélica Rivera.

COMPLEMENTO:

El dueño de Grupo Higa fue invitado especial en el tercer informe de Peña Nieto

El empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño del polémico Gupo Higa, que construyó la casa blanca de Enrique Peña Nieto, estuvo presente en el tercer informe del presidente, muy cerca de integrantes del Ejército Mexicano. Mientras Peña Nieto hablaba del primer punto de su decálogo sobre las leyes secundarias para combatir a la corrupción, Hinojosa Cantú, con una corbata lila y saco azul, aplaudía.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Pagó Videgaray su casa con cheque de 6.6 mdp que fue cobrado casi un año después: Bloomberg

Grupo Higa cobró el documento unos días antes de que el Wall Street Journal revelara el caso: Bloomberg; Virgilio Andrade concluyó que la adquisición se dio antes de que Videgaray fuera funcionario federal, pero el último pago se hizo cuando ya era secretario de Hacienda.

El secretario  de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, está en problemas por la compra de su casa en Malinalco, que para su colega de gabinete, Virgilio Andrade, no representó ninguna ilegalidad.

Videgaray cerró la compra de una casa de descanso con tres obras de arte y un cheque personal fechado el 31 de enero de 2014, pero éste no se cobró por Grupo Higa sino hasta casi un año después, reportó el medio estadounidense Bloomberg en su página electrónica este jueves.

La liquidación del cheque -señala Bloomberg- se dio días antes de que se publicara en el Wall Street Journal que el funcionario adquirió la propiedad a la empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista del gobierno.

El reporte de Bloomberg cita documentos que se dieron a conocer la semana pasada en el marco de una investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre compras de viviendas por parte del secretario de Hacienda, el presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera. Los tres fueron exonerados de haber caído en conflicto de interés.


El titular de la SFP, Virgilio Andrade, a quien Peña Nieto designó al frente de la investigación, no contestó las solicitudes de declaraciones, indica Bloomberg.

“En documentos difundidos la semana pasada, Andrade dijo que Videgaray extendió el cheque por 6.6 millones de pesos, o unos 500,000 dólares en ese momento, en enero de 2014, a una unidad de Juan Armando Hinojosa, cuyo Grupo Higa es un conglomerado constructor que tiene 22 contratos gubernamentales, entre ellos el de renovación del hangar presidencial en el aeropuerto de Ciudad de México. La firma de Hinojosa no cobró el cheque hasta el 5 de diciembre, días antes de que un artículo del Wall Street Journal cuestionara el acuerdo”, publicó Bloomberg este jueves.

Hacienda dijo a CNNExpansión que por el momento no hará comentarios sobre el caso.

Bloomberg señala que en el informe que se dio a conocer la semana pasada por la SFP se concluyó que el secretario compró la casa antes de convertirse en funcionario federal y que no estuvo involucrado de forma personal en el otorgamiento de los contratos.

“Los documentos difundidos junto con el informe de Virgilio Andrade indican que Videgaray no concluyó la compra de la propiedad hasta el 28 de noviembre de 2013, casi un año después de entrar en funciones. El cheque de 500,000 dólares está fechado dos meses después de eso”, refiere el medio estadounidense.


El artículo de diciembre pasado del WSJ señalaba que la casa costó 7.5 millones de pesos y que Higa, a través de Bienes Raíces H&G SA, habría dado un financiamiento a 18 años para la adquisición.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Lo que la SFP no investigó sobre la ‘casa blanca’ de Peña Nieto

La secretaría a cargo de Virgilio Andrade omitió por completo la trayectoria de Peña Nieto como gobernador del Estado de México, cuando él y su esposa pactaron con Juan Armando Hinojosa la construcción de la casa.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó este viernes 21 de agosto los resultados de la investigación sobre la compra de la “casa blanca” por parte de la familia del presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, determinando que el Ejecutivo federal no incurrió en conflicto de interés.

La indagatoria se limitó al periodo de Peña Nieto como presidente de la República y omitió por completo su trayectoria política como gobernador del Estado de México, cuando él y Rivera pactaron con Juan Armando Hinojosa Cantú, presidente de Grupo Higa, la construcción de la casa, su diseño, la compra de los terrenos y la edificación.

La SFP argumentó que sólo está facultada para investigar a servidores públicos federales, y bajo esta lógica no podía indagar actos cometidos por Peña Nieto previos al 1 de diciembre de 2012.

A continuación, una serie de puntos que la SFP excluyó de su investigación sobre la “casa blanca”:

En noviembre de 2008, un día después de que Peña Nieto admitió en un programa de televisión que Rivera y él sí eran novios, Grupo Higa creó la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, la cual se encargó más tarde de construir la “casa blanca”.

Durante mucho tiempo, esta fue su única obra en el DF. Peña Nieto, en ese momento, era gobernador del Estado de México y Grupo Higa era un contratista de su administración.

En noviembre de 2009, cuando Peña Nieto y Rivera eran novios y ya tenían planes para casarse, la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, de Grupo Higa, compró el primer terreno de Sierra Gorda 150, en Lomas de Chapultepec, para construir la “casa blanca”. Este terreno se encuentra justo detrás de la casa de Rivera en Paseo de las Palmas 1325. La compra de este terreno se dio de manera simultánea con el hecho de que Grupo Higa tenía contratos con el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México.

Durante el Gobierno de Peña Nieto, Grupo Higa ganó contratos para construir autopistas, hospitales, obras viales, entre varios más. Un ejemplo es el Hospital de Especialidades de Zumpango, por el que se deberán pagar 600 millones de dólares hasta el año 2034. Estos contratos se dieron a la par que, en su círculo familiar, Peña Nieto y Rivera pactaron la construcción de la casa con el dueño de Grupo Higa.

En el video que difundió Angélica Rivera en noviembre pasado, para explicar el origen de la casa, admitió que pidió personalmente a Hinojosa Cantú comprar un terreno para construir una casa y que ella le pagaría cuando estuviera terminada.

Esto se dio al mismo tiempo que el empresario era contratista del gobierno de su futuro esposo.

El 27 de junio de 2010, la empresa registró la manifestación de construcción ante la delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal. El arquitecto que diseñó la casa, Miguel Ángel Aragonés, confirmó que Peña Nieto, siendo gobernador en funciones, participó personalmente con Rivera en el diseño de la casa para adecuarla a sus necesidades familiares.

La pareja se casó el 27 de noviembre de 2010, por bienes separados. Y 17 días después, el 14 de diciembre de ese mismo año, la empresa de Grupo Higa compró un segundo terreno para ampliar la obra de Sierra Gorda 150. Peña Nieto continuaba siendo gobernador y su administración tenía contratos con Grupo Higa.

Ese mismo 14 de diciembre de 2010, según consta en el Registro Público del DF, la empresa Televisa transfirió la propiedad de Paseo de las Palmas 1325 a nombre de Angélica Rivera. Aunque llevaba viviendo ahí desde mediados de 2009, como lo dijo a diversas revistas de sociales, la casa fue legalmente suya hasta que se casó con Peña Nieto.

La llamada “casa blanca” siempre estuvo a nombre de Grupo Higa, y nunca se registró de manera pública que Rivera estuviera en proceso de comprarla. Ese dato siempre se mantuvo oculto. La Presidencia de la República y la SFP señalaron, a través de solicitudes de información pública hechas en agosto 2014, que los bienes de Rivera eran confidenciales. En la solicitud se preguntó específicamente por la casa de Sierra Gorda 150, pero se informó que los datos no podían difundirse.

Tras dejar el gobierno del Estado de México, en septiembre de 2011, la “casa blanca” continuó en construcción durante el periodo de precampaña y campaña. Fue concluida el 22 de agosto de 2012, mes y medio después de que Peña Nieto ganó la elección presidencial. Durante los comicios, Peña Nieto usó helicópteros y aviones de Grupo Higa para su transporte en el país.

Durante el periodo de transición, el Estado Mayor Presidencial tomó custodia de la “casa blanca” y la mantuvo bajo resguardo hasta enero de 2015, después de Rivera anunció que la vendería tras revelarse el reportaje.

El 1 de diciembre de 2012, cuando asumió la presidencia, Peña Nieto dio un discurso en Palacio Nacional en el cual anunció la construcción del Tren México-Querétaro y otras obras. Entre los invitados estaba Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa y quien construyó la “casa blanca” a petición de Peña Nieto y Rivera y casi dos años después ganó la polémica licitación para dicho tren.

El resultado de la investigación de la SFP no desmiente el corazón del reportaje: uno de los contratistas emblemáticos del Estado de México, cuando Peña Nieto fue gobernador, construyó una residencia a gusto de su esposa y él. Esa empresa, posteriormente, ganó la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro.


La labor del reportaje fue documentar hechos de interés público que nunca, en ningún momento, fueron desmentidos por el gobierno federal y que, de otra manera, hubieran permanecido ocultos para la sociedad.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: DANIEL LIZÁRRAGA/ RAFAEL CABRERA.