Ése es el resultado de la investigación designada a Andrade desde febrero de 2015 – cuando fue nombrado secretario de la Función Pública – para esclarecer si el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, incurrieron en conflictos de interés por su relación con Grupo Higa.
Andrade centró el informe en el hecho de que ni Peña Nieto ni Videgaray formaron parte de los 22 contratos de obra pública establecidos con las empresas vinculadas al accionista Juan Armando Hinojosa Cantú, lo que descarta el conflicto de interés.
Asimismo resaltó que las propiedades en Ixtapan de la Sal (de Peña Nieto) y en Malinalco (de Videgaray) fueron adquiridas antes de que ambos funcionarios llegaran a su cargo actual y se comprobó su propiedad.
En el caso de la propiedad de Sierra Gorda, en la Ciudad de México, adquirida por Angélica Rivera, Andrade destacó que el contrato celebrado es legal y no fue modificado posteriormente para favorecerla una vez que Peña Nieto tomó posesión de la presidencia.
Sobre este mismo inmueble se remarcó que el pago de la propiedad se hizo con los recursos que Rivera acuñó en su trabajo como actriz. También se acreditó que Rivera recibió un finiquito por 88 millones de pesos el 25 de junio de 2010 de parte de Televisa.
Otro de los elementos centrales en la investigación fue el interrogatorio a 111 funcionarios públicos involucrados con los contratos de obra pública en cuestión a quienes se les cuestionó si recibieron alguna orden de resolver cualquier procedimiento de una manera determinada. Todos ellos negaron que ése hubiera sido el caso.
Virgilio Andrade aclaró que solo puede haber intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios de un servidor público estén en posibilidad de afectar su desempeño imparcial en el cargo que tiene asignado.
“El conflicto de interés no se materializa con la amistad”
El Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade descartó que la amistad entre el accionista Juan Armando Hinojosa Cantú y el presidente Enrique Peña Nieto se traduzca en un conflicto de interés pues, asegura, el Ejecutivo Federal no se ha visto beneficiado por esta relación.
“Las relaciones no están prohibidas. Se tiene que demostrar la materialización de beneficios (para determinar si hay conflicto de interés)”, aseguró Andrade en conferencia de prensa.
Ante el cuestionamiento de si la investigación se basó sólo en las declaraciones de los servidores para determinar si era verdad, Andrade dijo que los testimonios de los 111 funcionarios se contrastaron con otra información dentro del expediente completo que la Secretaría decidió publicar en su micrositio.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
