Fue precisamente el GIEI el que exhibió, con evidencias, testimonios y peritajes, el cúmulo de irregularidades de la investigación que desarrolló la PGR de Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón.
Fue precisamente el GIEI el que exhibió, con evidencias, testimonios y peritajes, el cúmulo de irregularidades de la investigación que desarrolló la PGR de Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón.
En conferencia de prensa al concluir el 161 periodo ordinario de sesiones de la CIDH, los comisionados resumieron los logros y avances, incluyendo el caso de Ayotzinapa (http://www.oas.org/es/cidh/default.asp).
"Falta saber los resultados de investigaciones sobre tortura" cometida contra los detenidos por el caso Ayotzinapa, dijo Claudia Paz y Paz.
El caso Iguala-Ayotzinapa “puede esclarecerse. Si se cuenta con la voluntad, el destino final de los estudiantes normalistas se puede saber. Y si las investigaciones se encausan se puede no sólo esclarecer la totalidad de los hechos sino determinar la totalidad de los responsables“, aseveró Claudia Paz y Paz, quien formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
En entrevista para Aristegui CNN, recordó que hay líneas de investigación pendientes por agotar, sobre la posible participación de otras autoridades en los hechos -municipales, estatales, federales o militares-, así como un “tema indispensable” que es “reconocer que el destino final de los estudiantes no fue el basurero de Cocula”.
En ese sentido, retomó el video expuesto por el GIEI en abril pasado, en el que se observa a Tomás Zerón -entonces director de la Agencia de Investigación Criminal- en las inmediaciones del Río San Juan, de Cocula, junto con uno de los presuntos responsables del asesinato de normalistas, lo cual no quedó registrado en el expediente el día que ocurrió.
“Es en el lugar (el Río San Juan) donde aparentemente aparece un fragmento de hueso que permite identificar a uno de los estudiantes (desaparecidos)… siembra una serie de dudas: qué estaban haciendo ahí, por qué no se registró en el expediente, por qué no se avisó al Equipo de Antropólogos Argentinos… estamos hablando de la posibilidad de la comisión de hechos delictivos”, acotó.
Indicó que debido a que no tiene acceso a la investigación actualmente, no puede valorar qué tan bien se han cumplido las recomendaciones que hizo el GIEI en abril.
No obstante, apuntó que aún “falta saber los resultados de investigaciones sobre tortura (de los detenidos), pues hay fuertes evidencias de que un número considerable de los procesados pudieron haber sufrido tortura”.
Aseveró que se debería saber si hay alguna persona procesada por estas investigaciones sobre la tortura a los procesados, “¿hay algún resultado concreto?, preguntó.
Y recomendó investigar la posible obstrucción de justiciaen este caso.
Señaló que aún hay personas prófugas relacionadas con los hechos, como Felipe Flores, director de la policía de Iguala cuando ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre 2014.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1210/mexico/si-hay-voluntad-destino-de-los-43-se-puede-saber-ex-integrante-del-giei-en-cnn/
En entrevista para Aristegui CNN, recordó que hay líneas de investigación pendientes por agotar, sobre la posible participación de otras autoridades en los hechos -municipales, estatales, federales o militares-, así como un “tema indispensable” que es “reconocer que el destino final de los estudiantes no fue el basurero de Cocula”.
En ese sentido, retomó el video expuesto por el GIEI en abril pasado, en el que se observa a Tomás Zerón -entonces director de la Agencia de Investigación Criminal- en las inmediaciones del Río San Juan, de Cocula, junto con uno de los presuntos responsables del asesinato de normalistas, lo cual no quedó registrado en el expediente el día que ocurrió.
“Es en el lugar (el Río San Juan) donde aparentemente aparece un fragmento de hueso que permite identificar a uno de los estudiantes (desaparecidos)… siembra una serie de dudas: qué estaban haciendo ahí, por qué no se registró en el expediente, por qué no se avisó al Equipo de Antropólogos Argentinos… estamos hablando de la posibilidad de la comisión de hechos delictivos”, acotó.
Indicó que debido a que no tiene acceso a la investigación actualmente, no puede valorar qué tan bien se han cumplido las recomendaciones que hizo el GIEI en abril.
No obstante, apuntó que aún “falta saber los resultados de investigaciones sobre tortura (de los detenidos), pues hay fuertes evidencias de que un número considerable de los procesados pudieron haber sufrido tortura”.
Aseveró que se debería saber si hay alguna persona procesada por estas investigaciones sobre la tortura a los procesados, “¿hay algún resultado concreto?, preguntó.
Y recomendó investigar la posible obstrucción de justiciaen este caso.
Señaló que aún hay personas prófugas relacionadas con los hechos, como Felipe Flores, director de la policía de Iguala cuando ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre 2014.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1210/mexico/si-hay-voluntad-destino-de-los-43-se-puede-saber-ex-integrante-del-giei-en-cnn/
"Se ha perdido un tiempo valioso insistiendo en una teoría que ya está descartada desde todo punto de vista", lamentó la ex integrante del GIEI.
A casi 2 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Ángela Buitrago, ex integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, sostuvo que “era claro y es claro que el resultado final no fue el basurero de Cocula. Sobre esos elementos ya hay 5 dictámenes técnicos en ese sentido”.
Lo que queda, apuntó, es “seguir insistiendo y recordando que dentro de las recomendaciones habían otras líneas de investigación que podrían estar sustentadas en el expediente, demostrando incluso que los muchachos fueron separados”.
Hasta ahora, afirmó, “se ha perdido un tiempo valioso insistiendo en una teoría que ya está descartada desde todo punto de vista”.
En entrevista para Aristegui CNN, habló sobre el documento de la PGR que establece que Tomás Zerón “afectó el derecho a la verdad”.
Consideró “preocupante encontrar que se hace una investigación seria, que arroja unos resultados, y la persona que hace la investigación es removida”, en referencia al visitador de la Procuraduría.
También, dijo, “resulta muy importante que en este momento surja esta información porque toda la actividad que se realiza el 28 de octubre 2014″, cuando Tomás Zerón, como director de la Agencia de Investigación Criminal acudió al Río San Juan, de Cocula, sin registrarlo en el expediente, “no tiene ninguna validez dentro de la investigación y empiezan a generarse una serie de dudas y vacíos que obligan a la PGR a investigar seriamente las actividades que se realizaron el 28 de octubre y el 29 de octubre cuando se encuentra la bolsa posteriormente en el río San Juan de Cocula”.
Recordó que se violó el debido proceso, y esto repercute en los resultados de la investigación y en los del juicio.
Buitrago llamó a la PGR a realizar al fin una “investigación exhaustiva seria y responsable sobre todo lo que se dejó de investigar”.
“Hay que investigar esos comportamientos y cuáles son las razones para haber procedido de esa manera”, refirió en cuanto a lo ocurrido con Zerón.
El documento referido, “no pienso que esté en el limbo”, sino que se debe hacer un seguimiento, pues “no puede quedar en el olvido”.
En el mismo sentido, concluyó que “se ha afectado la verdad en el caso Ayotzinapa, se debe rescatar esa verdad” y eso es esponsabilidad del Estado mexicano.
A su vez, Edgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, calificó como relevante el documento de la Visitaduría de la PGR, pues establece que sí hubo responsabilidad de Tomás Zerón, del MP y de algunos de los peritos, con su presencia no registrada en el expediente.
“¿Qué va a pasar con él?”, se preguntó.
En teoría, “tendrían que seguir los causes legales”, e investigar una posible responsabilidad de Zerón en lo encontrado en el río de Cocula.
Sin embargo, “estos mecanismos son muy débiles, porque están en una estructura muy jerárquica, donde cabe un amplio margen de discrecionalidad para guardarlo en un cajón”.
“Nos pone a la tarea a seguirle la pista, a seguir reclamando que se dé paso a las consecuencias tanto administrativas pero también penales y pensar en las responsabilidades políticas”, indicó.
Recordó que cuando Zerón pasó de la Agencia de Investigación Criminal al Consejo Nacional de Seguridad, la Presidencia no hizo ninguna alusión al documento de la PGR que señala que afectó la verdad de los hechos.
Al contrario, la Presidencia habla de un desempeño destacado de Zerón, lo cual es extraño y frustante para los familiares, comentó.
Esto solo demuestra que “acciones contrarias a la ley no tienen muchas consecuencias” en el país. Por lo tanto, urgió a la PGR a “dar continuidad y pleno peso a este documento”, el cual fue publicado por Aristegui Noticias esta semana.
ENTREVISTA:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2309/mexico/es-claro-que-destino-de-los-43-no-fue-el-basurero-de-cocula-buitrago-en-cnn/
Lo que queda, apuntó, es “seguir insistiendo y recordando que dentro de las recomendaciones habían otras líneas de investigación que podrían estar sustentadas en el expediente, demostrando incluso que los muchachos fueron separados”.
Hasta ahora, afirmó, “se ha perdido un tiempo valioso insistiendo en una teoría que ya está descartada desde todo punto de vista”.
En entrevista para Aristegui CNN, habló sobre el documento de la PGR que establece que Tomás Zerón “afectó el derecho a la verdad”.
Consideró “preocupante encontrar que se hace una investigación seria, que arroja unos resultados, y la persona que hace la investigación es removida”, en referencia al visitador de la Procuraduría.
También, dijo, “resulta muy importante que en este momento surja esta información porque toda la actividad que se realiza el 28 de octubre 2014″, cuando Tomás Zerón, como director de la Agencia de Investigación Criminal acudió al Río San Juan, de Cocula, sin registrarlo en el expediente, “no tiene ninguna validez dentro de la investigación y empiezan a generarse una serie de dudas y vacíos que obligan a la PGR a investigar seriamente las actividades que se realizaron el 28 de octubre y el 29 de octubre cuando se encuentra la bolsa posteriormente en el río San Juan de Cocula”.
Recordó que se violó el debido proceso, y esto repercute en los resultados de la investigación y en los del juicio.
Buitrago llamó a la PGR a realizar al fin una “investigación exhaustiva seria y responsable sobre todo lo que se dejó de investigar”.
“Hay que investigar esos comportamientos y cuáles son las razones para haber procedido de esa manera”, refirió en cuanto a lo ocurrido con Zerón.
El documento referido, “no pienso que esté en el limbo”, sino que se debe hacer un seguimiento, pues “no puede quedar en el olvido”.
En el mismo sentido, concluyó que “se ha afectado la verdad en el caso Ayotzinapa, se debe rescatar esa verdad” y eso es esponsabilidad del Estado mexicano.
A su vez, Edgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, calificó como relevante el documento de la Visitaduría de la PGR, pues establece que sí hubo responsabilidad de Tomás Zerón, del MP y de algunos de los peritos, con su presencia no registrada en el expediente.
“¿Qué va a pasar con él?”, se preguntó.
En teoría, “tendrían que seguir los causes legales”, e investigar una posible responsabilidad de Zerón en lo encontrado en el río de Cocula.
Sin embargo, “estos mecanismos son muy débiles, porque están en una estructura muy jerárquica, donde cabe un amplio margen de discrecionalidad para guardarlo en un cajón”.
“Nos pone a la tarea a seguirle la pista, a seguir reclamando que se dé paso a las consecuencias tanto administrativas pero también penales y pensar en las responsabilidades políticas”, indicó.
Recordó que cuando Zerón pasó de la Agencia de Investigación Criminal al Consejo Nacional de Seguridad, la Presidencia no hizo ninguna alusión al documento de la PGR que señala que afectó la verdad de los hechos.
Al contrario, la Presidencia habla de un desempeño destacado de Zerón, lo cual es extraño y frustante para los familiares, comentó.
Esto solo demuestra que “acciones contrarias a la ley no tienen muchas consecuencias” en el país. Por lo tanto, urgió a la PGR a “dar continuidad y pleno peso a este documento”, el cual fue publicado por Aristegui Noticias esta semana.
ENTREVISTA:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2309/mexico/es-claro-que-destino-de-los-43-no-fue-el-basurero-de-cocula-buitrago-en-cnn/
El subdirector de la Policía Federal, Luis Antonio Dorantes, habló dos veces por teléfono con el comandante de los agentes municipales, Felipe Flores Velázquez, cuando ocurrían las agresiones a un autobús frente al Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con los registros telefónicos.
Las comunicaciones telefónicas de los mandos policiacos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, confirmarían la coordinación entre la Policía Federal (PF) y la Municipal de Iguala en los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con las pruebas de las antenas de telefonía celular, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) consideró que el secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez (señalado como uno de los principales operadores de los ataques a los estudiantes) habló frecuentemente con la Policía Federal en momentos claves de las agresiones a los estudiantes.
Hay evidencia de que el subdirector de la PF de Iguala, Luis Antonio Dorantes, habló dos veces por teléfono con Flores Velázquez en el momento en el que ocurrían los ataques al autobús Estrella de Oro 1531 frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde 14 de los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos por policías de Iguala y de Huitzuco, según las investigaciones de los expertos internacionales y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El chofer del camión declaró que observó dos patrullas de policías federales, que el semanario Proceso identificó a dos agentes como Víctor Manuel Colmenares Campos y Emmanuel de la Cruz Pérez Arizpe, los cuales siguen activos según la publicación.
Antes, el periódico El Financiero destacó la actuación de la PF la noche del 27 de septiembre a partir de una llamada telefónica a medianoche, en una operación coordinada por los subinspectores Luis Antonio Dorantes y José Carlos Hernández.
También los oficiales Víctor M. Colmenares, Arturo Gómez, y los suboficiales Marco Antonio Pérez Guzmán, Emanuel Arizpe y Alfonso Ugalde Cámara.
El GIEI informó que el subdirector de la PF de Iguala renunció pocos días después, y que diferentes testimonios ubican a agentes de esa corporación en varias escenas del crimen, por lo tanto, concluyeron que la PF sabía de la toma de autobuses de los normalistas y alertó a sus agentes para que estuvieran vigilantes en las carreteras, en la que podrían huir los normalistas.
En este contexto ocurrieron los ataques a cinco autobuses retenidos por los estudiantes en la terminal de Iguala, y al camión del equipo de fútbol de Los Avispones de Chilpancingo, cuando intentaron salir de la ciudad.
LOS FEDERALES Y “EL CAMINANTE”
Los expertos internacionales identificaron los teléfonos de 55 perpetradores, seleccionaron aquellos que poseían información en los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
En su informe final advirtieron que el análisis del GIEI sobre la telefonía se limitó a señalar en qué momento determinado número se conectó a qué radio base, y a qué escena relevante para el caso en sus cercanías.
Informaron que al menos seis policías de Iguala tuvieron comunicación con un número de teléfono reconocido en las agendas como “El Caminante”, al menos tres de ellos durante la persecución y detención de los estudiantes, pero su identidad no ha sido esclarecida por la PGR.
Indicaron que Flores Velázquez (quien está prófugo) declaró ante el Ministerio Público que habló con el capitán Luis Dorantes: “cuando eran las 9 de la noche con 24 minutos le marco por teléfono al Capitán D, quien es jefe de PF (Policía Federal de Caminos) de esta ciudad, y le informé textualmente la llamada que yo había recibido, ya que es la colaboración institucional que tenemos entre estas corporaciones policiacas, él me dice que tomara nota de ello y que estará en alerta”.
A partir del registro de las llamadas de Flores Velázquez, los expertos confirmaron que el policía realizó dos llamadas, primero a una persona que se encontraba en Acapulco, luego envió un mensaje desde el centro de Iguala y de este teléfono le devolvieron una llamada a las 9:39 de la noche, que tuvo una duración de 34 segundos.
Además Felipe Flores marcó su teléfono en la antena de Nicolás Bravo, localizada a espaldas del Palacio Municipal en el centro de la ciudad, y el usuario del número señalado se encontraba cerca de la antena denominada Margaritas, frente al Palacio de Justicia.
Pero no hay registros de lo que hablaron, y a esa hora los normalistas habían salido de la ciudad en uno de los autobuses atacados, el Estrella de Oro 1531 se encontraba ya en la zona del Palacio de Justicia, según el testimonio de los normalistas en el quinto autobús Estrella Roja que alrededor de esa hora estaba cerca de esa zona.
Con los registros se confirmó que el subdirector Antonio Dorantes habló con el Secretario de Seguridad Pública desde cerca de la antena del Palacio de Justicia en dos ocasiones, en el momento en que se estaban produciendo los ataques al autobús Estrella de Oro 1531, pero en las tarjetas informativas Luis Dorantes no mencionó los disparos ni heridos graves de los ataques. Registró “saldo en blanco”.
Posteriormente en su declaración ante la Procuraduría General de la República (PGR), Dorantes dijo que informó a diferentes mandos superiores de la Policía Federal de Guerrero y al centro de mando nacional, lo que contrasta con sus reportes.
En su informe el GIEI destacó que el ex Secretario de Seguridad Pública mantuvo comunicación frecuente con un número telefónico, “en los momentos claves de los ataques y desde distintos escenarios, y en cada uno de esos escenarios hubo presencia de patrullas de la Policía Federal, según los testigos”.
Primero en la calle Juan Álvarez aproximadamente cuando dijo que habló con el subdirector de la PF de Iguala, en el Palacio de Justicia donde varios testigos dicen que hubo dos patrullas de Policía Federal, en el crucero de Santa Teresa a la hora en que se encontraba en la zona la PF, y 45 minutos después del ataque a varios vehículos, incluyendo el autobús de Los Avispones.
Por lo tanto, recomendaron para la investigación del caso que el contenido de las comunicaciones, como la identidad del usuario con quien habló frecuentemente Felipe Flores, sean determinadas con seguridad, “pero el GIEI señala que las pruebas de las antenas de telefonía muestran que se trataría de Policía Federal”.
Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos ahora demandan el análisis de la comunicación de oficiales implicados y presuntos perpetradores a la PGR, porque los expertos solo tuvieron acceso a datos parciales, a pesar de que pidieron a la Procuraduría que hiciera solicitudes de información a las compañías de telefonía móvil desde abril de 2015.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/LOURDES CHÁVEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-06-2016/3057073
De acuerdo con las pruebas de las antenas de telefonía celular, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) consideró que el secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez (señalado como uno de los principales operadores de los ataques a los estudiantes) habló frecuentemente con la Policía Federal en momentos claves de las agresiones a los estudiantes.
Hay evidencia de que el subdirector de la PF de Iguala, Luis Antonio Dorantes, habló dos veces por teléfono con Flores Velázquez en el momento en el que ocurrían los ataques al autobús Estrella de Oro 1531 frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde 14 de los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos por policías de Iguala y de Huitzuco, según las investigaciones de los expertos internacionales y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El chofer del camión declaró que observó dos patrullas de policías federales, que el semanario Proceso identificó a dos agentes como Víctor Manuel Colmenares Campos y Emmanuel de la Cruz Pérez Arizpe, los cuales siguen activos según la publicación.
Antes, el periódico El Financiero destacó la actuación de la PF la noche del 27 de septiembre a partir de una llamada telefónica a medianoche, en una operación coordinada por los subinspectores Luis Antonio Dorantes y José Carlos Hernández.
También los oficiales Víctor M. Colmenares, Arturo Gómez, y los suboficiales Marco Antonio Pérez Guzmán, Emanuel Arizpe y Alfonso Ugalde Cámara.
El GIEI informó que el subdirector de la PF de Iguala renunció pocos días después, y que diferentes testimonios ubican a agentes de esa corporación en varias escenas del crimen, por lo tanto, concluyeron que la PF sabía de la toma de autobuses de los normalistas y alertó a sus agentes para que estuvieran vigilantes en las carreteras, en la que podrían huir los normalistas.
En este contexto ocurrieron los ataques a cinco autobuses retenidos por los estudiantes en la terminal de Iguala, y al camión del equipo de fútbol de Los Avispones de Chilpancingo, cuando intentaron salir de la ciudad.
LOS FEDERALES Y “EL CAMINANTE”
En su informe final advirtieron que el análisis del GIEI sobre la telefonía se limitó a señalar en qué momento determinado número se conectó a qué radio base, y a qué escena relevante para el caso en sus cercanías.
Informaron que al menos seis policías de Iguala tuvieron comunicación con un número de teléfono reconocido en las agendas como “El Caminante”, al menos tres de ellos durante la persecución y detención de los estudiantes, pero su identidad no ha sido esclarecida por la PGR.
Indicaron que Flores Velázquez (quien está prófugo) declaró ante el Ministerio Público que habló con el capitán Luis Dorantes: “cuando eran las 9 de la noche con 24 minutos le marco por teléfono al Capitán D, quien es jefe de PF (Policía Federal de Caminos) de esta ciudad, y le informé textualmente la llamada que yo había recibido, ya que es la colaboración institucional que tenemos entre estas corporaciones policiacas, él me dice que tomara nota de ello y que estará en alerta”.
A partir del registro de las llamadas de Flores Velázquez, los expertos confirmaron que el policía realizó dos llamadas, primero a una persona que se encontraba en Acapulco, luego envió un mensaje desde el centro de Iguala y de este teléfono le devolvieron una llamada a las 9:39 de la noche, que tuvo una duración de 34 segundos.
Además Felipe Flores marcó su teléfono en la antena de Nicolás Bravo, localizada a espaldas del Palacio Municipal en el centro de la ciudad, y el usuario del número señalado se encontraba cerca de la antena denominada Margaritas, frente al Palacio de Justicia.
Pero no hay registros de lo que hablaron, y a esa hora los normalistas habían salido de la ciudad en uno de los autobuses atacados, el Estrella de Oro 1531 se encontraba ya en la zona del Palacio de Justicia, según el testimonio de los normalistas en el quinto autobús Estrella Roja que alrededor de esa hora estaba cerca de esa zona.
Con los registros se confirmó que el subdirector Antonio Dorantes habló con el Secretario de Seguridad Pública desde cerca de la antena del Palacio de Justicia en dos ocasiones, en el momento en que se estaban produciendo los ataques al autobús Estrella de Oro 1531, pero en las tarjetas informativas Luis Dorantes no mencionó los disparos ni heridos graves de los ataques. Registró “saldo en blanco”.
Posteriormente en su declaración ante la Procuraduría General de la República (PGR), Dorantes dijo que informó a diferentes mandos superiores de la Policía Federal de Guerrero y al centro de mando nacional, lo que contrasta con sus reportes.
En su informe el GIEI destacó que el ex Secretario de Seguridad Pública mantuvo comunicación frecuente con un número telefónico, “en los momentos claves de los ataques y desde distintos escenarios, y en cada uno de esos escenarios hubo presencia de patrullas de la Policía Federal, según los testigos”.
Primero en la calle Juan Álvarez aproximadamente cuando dijo que habló con el subdirector de la PF de Iguala, en el Palacio de Justicia donde varios testigos dicen que hubo dos patrullas de Policía Federal, en el crucero de Santa Teresa a la hora en que se encontraba en la zona la PF, y 45 minutos después del ataque a varios vehículos, incluyendo el autobús de Los Avispones.
Por lo tanto, recomendaron para la investigación del caso que el contenido de las comunicaciones, como la identidad del usuario con quien habló frecuentemente Felipe Flores, sean determinadas con seguridad, “pero el GIEI señala que las pruebas de las antenas de telefonía muestran que se trataría de Policía Federal”.
Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos ahora demandan el análisis de la comunicación de oficiales implicados y presuntos perpetradores a la PGR, porque los expertos solo tuvieron acceso a datos parciales, a pesar de que pidieron a la Procuraduría que hiciera solicitudes de información a las compañías de telefonía móvil desde abril de 2015.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/LOURDES CHÁVEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-06-2016/3057073
El Ejército y la Policia Federal, entre otros, negaron al Grupo Interdisiciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la desaparición de los 43 normalistas en Guerrero, los organigramas de los grupos criminales que operan en la entidad, así como las estructuras del EPR, del ERPI y otros grupos guerrilleros. Esta información la consideraban clave para establecer una ruta sobre qué grupo podría haber desaparecido a los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.
Los organigramas y estructuras de los principales cárteles de la droga en la entidad, así como de los grupos de guerrilla, las fosas clandestinas y exhumaciones hechas después el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, Morelos, Estado de México y Michoacán, son parte de las solicitudes de información que promovió la unidad de investigación del caso Ayotzinapa, a petición del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
A pesar de la insistencia de los oficios que emitió con carácter “extraurgente” el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos Torres, las peticiones no fueron atendidas o fueron respondidas de manera parcial, pues en su informe final los cinco expertos internacionales que acompañaron la investigación durante un año -con una serie obstáculos de las autoridades y dificultades a su labor-, insistieron en que sin una explicación de lógica de las estructuras delictivas, la lucha contra la impunidad en México seguirá fragmentada e incompleta.
En la tercera parte de la averiguación previa de los ataques a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, durante un operativo en Iguala, difundido el viernes en Internet por la PGR, se encuentran los documentos oficiales integrados al expediente entre estos las insistentes solicitudes de información sobre los organigramas y estructuras de los grupos criminales Guerreros Unidos, Los Beltrán Leyva, Los Rojos y La Familia Michoacana, sus zonas de influencia, miembros, actividades delincuenciales, modos de operación, así como las investigaciones que se han judicializado.
En particular la identificación de las estructuras que pertenecen a Sidronio Casarrubias Salgado, “El Mochomo”, uno de los fundadores del cartel Guerreros Unidos buscado, con otros implicados, debido a la desaparición forzada de los 43 estudiantes desaparecidos.
Además, los organigramas y análisis de las estructuras del Ejército Popular Revolucionario (EPR), del Ejército Revolucionario Popular Insurgente (ERPI) y otros posibles grupos guerrilleros que operan en Guerrero.
Esta información se solicitó al comisionado de la Policía Federal (PF), al Ejército y al Centro de Planeación y Análisis e información para el combate a la delincuencia organizada, además de a las procuraduría estatales de las entidades mencionadas, junto con el número de fosas clandestinas y los cuerpos exhumados del 26 de septiembre en adelante.
En los escritos insistieron en que “la información tendrá carácter de confidencial y su contenido no será divulgado para salvaguardar las garantías de secrecía respecto a sus actuaciones”.
Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también solicitaron las investigaciones a la Policía federal por los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala, y entrevistas a las personas que estaban en esa fecha en la Dirección de Operaciones Regional: el titular del área de información, en la Dirección de Operaciones de Seguridad Nacional, el director general adjunto en la región Centro, divisiones de seguridad regional de la PF, la Coordinación Estatal de Guerrero de la Policía federal y al inspector general. En los oficios inmediatos no hay respuestas.
En ésta, la tercera etapa de la investigación, se retomó la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos hace más de 19 meses ya que se autorizaron y publicaron recompensas hasta de 1.5 millones por información que permita su localización.
Seguida de otra publicación de recompensas por el mismo monto para detener al director de la Policía Municipal de Iguala, Felipe Flores, y al juez de la Policía Municipal de barandilla, José Ulises Bernabé García, “que presuntamente entregó a policías municipales de Cocula, a personal de Protección Civil y a elementos del grupo de reacción inmediata conocidos como ‘Los Bélicos’, con la finalidad de entregarlos a Guerreros Unidos”.
Gracias a información periodística, ahora se sabe que Bernabé García pidió asilo político en Estados Unidos, que negó haber recibido a los normalistas desaparecidos en la cárcel de la Policía Municipal de Iguala o haber hablado con ellos en algún momento.
LO QUE PLANTEÓ EL GIEI
De las investigaciones de desapariciones forzadas, el GIEI señaló en su informe final, dado a conocer a finales de abril días antes de que los cinco expertos abandonaran México, que las autoridades de procuración de justicia deben tomar en cuenta, “la complejidad de este tipo de hechos y la estructura en la cual se ubican las personas probablemente involucradas”, es decir, las redes criminales y a los agentes de Gobierno.
En este sentido, “deben conocer los criterios para orientar la investigación, tomando en cuenta los análisis de contexto, el modus operandi, los perfiles de los desaparecidos y los patrones regionales de ocurrencia de los hechos (delictivos)”.
Destacaron que “a la llegada del grupo no existía en el expediente un análisis financiero de los distintos integrantes de Guerreros Unidos ni del cruce financiero entre ellos, ni de la posible cooptación de autoridades, o del uso de inteligencia para conocer la estructura y áreas de influencia del grupo, todos elementos fundamentales al analizar el contexto de la grupo criminal al cual se le atribuía la desaparición”.
Al salir del caso señalaron que la investigación estaba fragmentada en muchas averiguaciones previas relacionadas con los hechos, y advirtieron que “si las investigaciones se adelantan de manera aislada y no se buscan denominadores comunes que expliquen lógicas y estructuras delictivas, la lucha contra la impunidad seguirá siendo encarada de manera fragmentaria e incompleta”.
“La articulación de diferentes investigaciones puede permitir el diseño de una estrategia con resultados más efectivos. El análisis de contexto es una herramienta que merece ser tenida en cuenta”, concluyen.
FUENTE: PROCESO/EL SUR.
AUTOR: REDACCIÓN/ LOURDES CHÁVEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-05-2016/1661383
A pesar de la insistencia de los oficios que emitió con carácter “extraurgente” el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos Torres, las peticiones no fueron atendidas o fueron respondidas de manera parcial, pues en su informe final los cinco expertos internacionales que acompañaron la investigación durante un año -con una serie obstáculos de las autoridades y dificultades a su labor-, insistieron en que sin una explicación de lógica de las estructuras delictivas, la lucha contra la impunidad en México seguirá fragmentada e incompleta.
En la tercera parte de la averiguación previa de los ataques a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, durante un operativo en Iguala, difundido el viernes en Internet por la PGR, se encuentran los documentos oficiales integrados al expediente entre estos las insistentes solicitudes de información sobre los organigramas y estructuras de los grupos criminales Guerreros Unidos, Los Beltrán Leyva, Los Rojos y La Familia Michoacana, sus zonas de influencia, miembros, actividades delincuenciales, modos de operación, así como las investigaciones que se han judicializado.
En particular la identificación de las estructuras que pertenecen a Sidronio Casarrubias Salgado, “El Mochomo”, uno de los fundadores del cartel Guerreros Unidos buscado, con otros implicados, debido a la desaparición forzada de los 43 estudiantes desaparecidos.
Además, los organigramas y análisis de las estructuras del Ejército Popular Revolucionario (EPR), del Ejército Revolucionario Popular Insurgente (ERPI) y otros posibles grupos guerrilleros que operan en Guerrero.
Esta información se solicitó al comisionado de la Policía Federal (PF), al Ejército y al Centro de Planeación y Análisis e información para el combate a la delincuencia organizada, además de a las procuraduría estatales de las entidades mencionadas, junto con el número de fosas clandestinas y los cuerpos exhumados del 26 de septiembre en adelante.
En los escritos insistieron en que “la información tendrá carácter de confidencial y su contenido no será divulgado para salvaguardar las garantías de secrecía respecto a sus actuaciones”.
Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también solicitaron las investigaciones a la Policía federal por los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala, y entrevistas a las personas que estaban en esa fecha en la Dirección de Operaciones Regional: el titular del área de información, en la Dirección de Operaciones de Seguridad Nacional, el director general adjunto en la región Centro, divisiones de seguridad regional de la PF, la Coordinación Estatal de Guerrero de la Policía federal y al inspector general. En los oficios inmediatos no hay respuestas.
En ésta, la tercera etapa de la investigación, se retomó la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos hace más de 19 meses ya que se autorizaron y publicaron recompensas hasta de 1.5 millones por información que permita su localización.
Seguida de otra publicación de recompensas por el mismo monto para detener al director de la Policía Municipal de Iguala, Felipe Flores, y al juez de la Policía Municipal de barandilla, José Ulises Bernabé García, “que presuntamente entregó a policías municipales de Cocula, a personal de Protección Civil y a elementos del grupo de reacción inmediata conocidos como ‘Los Bélicos’, con la finalidad de entregarlos a Guerreros Unidos”.
Gracias a información periodística, ahora se sabe que Bernabé García pidió asilo político en Estados Unidos, que negó haber recibido a los normalistas desaparecidos en la cárcel de la Policía Municipal de Iguala o haber hablado con ellos en algún momento.
LO QUE PLANTEÓ EL GIEI
De las investigaciones de desapariciones forzadas, el GIEI señaló en su informe final, dado a conocer a finales de abril días antes de que los cinco expertos abandonaran México, que las autoridades de procuración de justicia deben tomar en cuenta, “la complejidad de este tipo de hechos y la estructura en la cual se ubican las personas probablemente involucradas”, es decir, las redes criminales y a los agentes de Gobierno.
En este sentido, “deben conocer los criterios para orientar la investigación, tomando en cuenta los análisis de contexto, el modus operandi, los perfiles de los desaparecidos y los patrones regionales de ocurrencia de los hechos (delictivos)”.
Destacaron que “a la llegada del grupo no existía en el expediente un análisis financiero de los distintos integrantes de Guerreros Unidos ni del cruce financiero entre ellos, ni de la posible cooptación de autoridades, o del uso de inteligencia para conocer la estructura y áreas de influencia del grupo, todos elementos fundamentales al analizar el contexto de la grupo criminal al cual se le atribuía la desaparición”.
Al salir del caso señalaron que la investigación estaba fragmentada en muchas averiguaciones previas relacionadas con los hechos, y advirtieron que “si las investigaciones se adelantan de manera aislada y no se buscan denominadores comunes que expliquen lógicas y estructuras delictivas, la lucha contra la impunidad seguirá siendo encarada de manera fragmentaria e incompleta”.
“La articulación de diferentes investigaciones puede permitir el diseño de una estrategia con resultados más efectivos. El análisis de contexto es una herramienta que merece ser tenida en cuenta”, concluyen.
FUENTE: PROCESO/EL SUR.
AUTOR: REDACCIÓN/ LOURDES CHÁVEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-05-2016/1661383
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
