Grupo México incumple compromisos a cuatro años del derrame tóxico en el río Sonora

La empresa Grupo México entregó sólo tres de las 36 plantas potabilizadoras que se comprometió a instalar tras el derrame de 40 millones de litros de ácidos tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi, por las operaciones de la mina Buena Vista del Cobre en Cananea, sucedido el 6 de agosto de 2014

“En el caso del río Sonora, me hizo mucho ruido que la empresa se comprometió a dar un remedio efectivo a estas comunidades, pero durante cuatro años, éstas no han tenido acceso a una fuente de agua confiable, y durante todos esos meses no han accedido al hospital o la clínica que también se les prometió y se encuentra a medio construir”, expresó Baskut Tuncak, de Naciones Unidas.

Hay al menos 120 conflictos ambientales por minería en México

En México hay alrededor de 120 conflictos ambientales originados por la explotación minera y los problemas sociales y ecológicos que derivan de ella, pues desde 2014 se han desarrollado 888 proyectos de exploración y explotación mineros operados por 268 empresas transnacionales, principalmente Canadá, reportó el apartado “Política pública sobre minería, medio ambiente y su soberanía nacional” en la Agenda Ambiental 2018, diagnóstico y propuestas, realizada por expertos de universidades.

Persiste contaminación en río Sonora por derrame minero de 2014: juez

El Juzgado Primero de Distrito de Sonora determinó que al menos dos pozos del río Sonora –afectado desde el 6 de agosto de 2014 por un derrame de la minera Grupo México– presentan contaminación por arsénico y manganeso en niveles superiores a los establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las guías para la calidad del agua potable de la OMS establecen valores más estrictos que la Norma Oficial Mexicana 127-SSA1-1994, informaron afectados, que ganaron el amparo 834/2015.

Crean frente contra Grupo México por contaminación del río Sonora

En su tercera asamblea anual, los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) acordaron hacer un frente común contra Grupo México, debido a que la empresa minera, propiedad de Germán Larrea, ha incumplido con su responsabilidad y los compromisos de remediar la zona afectada con el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, ocurrido hace tres años.

Así lo nieguen Gobierno, Larrea y Grupo México, el Río Sonora sigue contaminado, denuncia abogado

El pasado 27 de junio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusó a Germán Larrea Mota Velasco, director de Grupo México, de incumplir con sus obligaciones con las 24 mil personas afectadas por el desastre ecológico que su mina causó en 2014 en los ríos Sonora y Bacanuchi.

A tres años del “desastre ambiental más grande en la historia de la minería en México”, el Río Sonora sigue contaminado a pesar de que lo niegue el gobierno estatal y la empresa responsable del derrame de 40 millones de litros de tóxicos, Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, aseguró el abogado del caso, Luis Miguel Cano.

El Juzgado Primero de Distrito de Sonora sentenció que el agua del río sigue contaminada. De acuerdo al monitoreo de los pozos, se detectaron dos pozos contaminados: el de la comunidad Sinoquipe con arsénico y en La Labor con manganeso, lo cual viola el derecho humano al agua para los alrededor de 500 habitantes de ambos poblados.

SCJN atrae demanda contra Grupo México por contaminar ríos en Sonora

CIUDAD DE MÉXICO: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de atracción en la demanda en contra de Grupo México y la mina Buenavista del Cobre por haber ocasionado un severo daño al medio ambiente y a los ecosistemas de las aguas y tierras del Estado de Sonora, concretamente las ubicadas alrededor de los Ríos Sonora y Bacanuchi.

De acuerdo con la información difundida a través de un comunicado, la solicitud, presentada por el Ministro José Ramón Cossío Díaz, deriva de la promoción por la asociación civil Defensa Colectiva de una acción colectiva difusa en contra de la minera, pues presuntamente el vertimiento de sustancias tóxicas, particularmente sulfato de cobre acidulado, ha afectado gravemente no sólo a las localidades y poblaciones sonorenses, sino a todos los mexicanos.

Denuncian los mineros de Sombrerete confabulación de Grupo México y STPS

Buscan terminar con la huelga, como en Cananea, señalan

Grupo México y funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) están operando de forma conjunta un ‘‘fuerte golpe’’ contra los trabajadores en huelga de la mina San Martín, en Sombrerete, Zacatecas, similar al de Cananea, Sonora.

Denunció lo anterior el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, el cual expuso que empresa y autoridades utilizan mecanismos ‘‘legaloides’’ para que se desconozca el paro y se finiquite la relación laboral.

Mineros piden cese del subsecretario Rafael Avante por favorecer a Grupo México en caso Cananea

CIUDAD DE MÉXICO: El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) acusó al subsecretario del Trabajo y Previsión Social, Rafael Avante, de favorecer al dueño de Grupo México, Germán Larrea, en el proceso de liquidación y entrega de utilidades de la minera de Cananea, y con ello, violar el contrato colectivo de trabajo, razón por la que exigió su destitución.


En un comunicado, denunció que los miembros de la Sección 65, en huelga desde el 30 de julio de 2007, rechazaron el nuevo intento de someterlos a los intereses de Germán Larrea y Rafael Avante.

Grupo México y Kansas City Southern de México impiden competencia: Cofece

CIUDAD DE MÉXICO: La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) determinó que las compañías ferroviarias Grupo México y Kansas City Southern de México no permiten la competencia efectiva en los servicios de interconexión en su modalidad de derecho de paso entre dichas ferroviarias.


En otras palabras: no existen condiciones de competencia efectiva en los servicios de interconexión en su modalidad de derechos de paso entre redes ferroviarias utilizadas para el servicio de transporte de carga.

No es asunto menor: Grupo México, perteneciente al magnate Germán Larrea Mota Velasco, y Kansas City, presidida por José Zozaya, controlan 72.3% del total de las vías férreas del país.

Slim y su yerno, el cuñado de Salinas y Larrea, los ganones del NAICM

De los 273 contratados que hasta septiembre pasado fueron asignados por el Gobierno federal para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, casi un tercio le fueron asignados a empresas de Carlos Slim Helú, el hombre más rico del país, así como a personas cercanas a él, como su yerno Fernando Romero Havaux. Otros dueños de empresas con montos destacados en las asignaciones son Hipólito Gerard Rivera, cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, y Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).– Desde 2015, un estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) observó que hasta un 70 por ciento de los primeros contratos celebrados para la obra pública del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) habían sido sujetos de procesos distintos a las licitaciones públicas.

Un 31 por ciento de los casos, mostró el documento “Desarrollo Efectivo de Megaproyectos de Infraestructura. El Caso del NAICM”, habían sido adjudicaciones directas; hasta un 39 por ciento se había asignado en competencias restringidas o en “invitación a cuando menos tres personas”, y sólo un 30 por ciento habían sido licitaciones.

“Al limitar la competencia a licitantes invitados, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) incurrió en el riesgo de recibir propuestas que no tuvieran suficiente calidad y, por tanto, tuvo que cancelar y volver a publicar el proceso correspondiente (en 21 por ciento de los procesos)”, advirtió el análisis de la OCDE, que afirma haber revisado 36 procesos de contratación realizados hasta agosto de 2015.

“Esas tendencias —tanto respecto de los procesos competitivos de contratación como en lo referente a la apertura— cambiarán drásticamente según las declaraciones públicas que se han hecho: todas las actividades de contratación relacionadas con la construcción del NAICM serán mediante licitaciones públicas abiertas”, agregó el reporte.

Un análisis de SinEmbargo.mx sobre 273 contratos celebrados hasta septiembre pasado muestra que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), efectivamente, aumentó el monto de los procesos sujetos a licitación pública, que ahora es un 61 por ciento de los 34 mil 721 millones de pesos ya asignados a contratos.

Las compañías ganadoras más recientes fueron seleccionados apenas el pasado 2 de septiembre, cuando se difundieron los nombres de las constructoras de las pistas 2 y 3 y que, juntas, recibieron el 44 por ciento del costo total hasta el momento.

Uno de los ganadores fue el consorcio en el que participan la sexagenaria compañía mexicana Constructora Nacional (Coconal), que compitió con 61 empresas para obtener el acuerdo de construir la Pista 2, por un monto de 7 mil 926.2 millones de pesos.

El otro contrato anunciado ese día, para construir la Pista 3, fue obtenido por el consorcio formado –entre otras empresas– por Operadora Cicsa (Carso Infraestructura y Construcción), propiedad de Carlos Slim, y Edificadora Gia+A, dirigida por el cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, Hipólito Gerard Rivera, con un monto de 7 mil 359.2 millones de pesos.

“Con estos fallos se están licitando las obras más importantes del Nuevo Aeropuerto”, dijo Federico Patiño, director general de GACM, de acuerdo con el boletín emitido ese día.

Hasta antes de estos dos mega-contratos, sin embargo, el monto de los proyectos licitados (4 mil 80.5 millones de pesos, de acuerdo con el análisis de SinEmbargo) era menor al asignado de manera directa (9 mil 347.1 millones).

Entre ellos, se observa en un listado de los 273 contratos, se celebró el pasado 21 de agosto un contrato por 2 mil 709.09 millones de pesos asignados de manera directa a la compañía Ferrovalle (o Ferrocarril y Terminal del Valle de México), en la que participa como propietario el Grupo México, del empresario Germán Larrea Mota Velasco.

También el de 2 mil 136.4 millones asignado en diciembre de 2014 al consorcio Romero-Foster and Partners, representado por José Fernando Romero Havaux, yerno de Slim Helú; empresario éste último que con el contrato para la Pista 3 se vinculó a 9 mil 495.6 millones de pesos, o un 27 por ciento del capital ya contratado para el NAICM.

Otro contrato asignado de manera directa fue para la Gerencia del Proyecto, otorgado en octubre de 2014 a la compañía norteamericana Parsons Corporation, que ganó dos mil 361.9 millones de pesos.

Como el consorcio representado por Romero Havaux, o despacho “arquitecto maestro”, Parsons se encuentra a la cima de la estructura orgánica que supervisa el resto de los contratos.

“La estructura orgánica depende también del trabajo de otros tres actores, que operan de la mano con el GACM: el gerente de proyecto (empresa Parsons International Limited), el arquitecto maestro (empresa Romero-Foster & Partners), y el ingeniero maestro (grupo de empresas integrado por Netherlands Airports Consultants, TADCO y SACMAG)”, dice el documento de la OCDE.

“Ante estos actores, el GACM es el propietario del proyecto NAICM e integra todos sus aspectos, con el apoyo del Gerente del Proyecto. Éste se ocupa de elaborar el plan para poner en marcha el programa de implementación, el cual se emplea como documento guía para la ejecución. Supervisa, orienta y dirige al arquitecto maestro, al ingeniero maestro y a otros consultores clave, para asegurar el cumplimiento de los objetivos y los plazos de las etapas. El GP es también responsable del presupuesto, el calendario y los controles generales”, agrega.

BARDA PERIMETRAL, A CARGO DE LA SEDENA

Previsto para ocupar cuatro mil 430 hectáreas ubicadas al nororiente del aeropuerto actual, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México enfrentó desde 2001 la oposición de los habitantes de los poblados afectados, sobre todo en el municipio de Atenco, que se organizaron en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y, en 2002, lograron detener el decreto expropiatorio.

Después de 12 años, sin embargo, el ahora Presidente Enrique Peña Nieto retomó el proyecto y anunció el inicio de la construcción del NAICM en 12 mil 500 hectáreas de “propiedad del Gobierno federal”.

Las implicaciones del mega-proyecto, sin embargo, ha renovado la introducción de Juicios de Amparo por parte de los habitantes de la zona, que lo consideran “proyecto de muerte” y en los últimos meses han interpuesto unos ocho recursos judiciales buscando aplazar lo que temen será un despojo de sus tierras y, también, la alteración total de su modo de vida.

“Quieren engañar diciendo que estamos nosotros violentando los derechos de sus trabajos de ellos, cuando que sabemos que nuestra comunidad, nunca ni vamos a aceptar el cambio de uso de suelo al dominio pleno”, dijo en mayo pasado Jorge Espinoza, de 69 años y ejidatario de San Miguel Tocuila.

Como él, otros campesinos integrantes del FPDT instalaron en abril pasado un plantón en un bordo aledaño a los trabajos de la nueva obra y, con piedras pintadas con cal, formaron el mensaje “no al aeropuerto”.

De acuerdo con un posicionamiento público del FPDT, “a la par del uso de golpeadores para alejar a los campesinos de las tierras donde están las obras del aeropuerto, las empresas concesionarias siguen con las obras a pesar de los amparos federales”.

En ese contexto, en el listado de 273 contratos asignados por el GACM destaca una asignación no licitada sino entregada bajo un “convenio de colaboración” a la Secretaría de la Defensa Nacional, por mil 547.4 millones de pesos, para construir barda y camino perimetrales y “aseguren” la obra entre los municipios mexiquenses de Ecatepec, Atenco y Texcoco.

“Objetivo: contratar los trabajos para la construcción de la barda perimetral, camino perimetral, alumbrado que lo acompaña, servicios inducidos subterráneos y casetas de acceso, que permita el aseguramiento de las instalaciones durante y después de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México”, dice el Convenio Específico de Colaboración entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Sedena.

Fuente: Sin Embargo

Autora: Sandra Rodríguez Nieto

http://www.sinembargo.mx/29-10-2016/3108534

Larrea, el sucio

CANANEA, SONORA: El gobierno de Sonora les ofreció trabajo como barrenderos para que dejaran de buscar oro en los montes. Ellos, integrantes de la Unión de Gambusinos de El Parián y concesionarios de 500 hectáreas de tierra rica en mineral, rechazaron la oferta.

“Todo empezó porque encontramos un cerrito que tenía oro”, dice Francisco Serrano, el bigotón y corpulento líder del grupo de mineros artesanales.

A partir de entonces, acusa, el alcalde de Bacoachi, Adolfo Salazar Espinoza, y los ganaderos del Bajío de Nuestra Señora de Guadalupe les cerraron el paso al lugar.

Bacoachi es un municipio al noreste del estado de Sonora, donde el oficio de buscar oro arañando la tierra pelea contra la explotación de minerales a gran escala. Durante 500 años, los pobladores de esta región han sobrevivido de la venta a pequeña escala. Con picos, palas, mazos y bateas, Serrano y su familia se van a los montes en busca de vetas de oro, un oficio que aprendió de su padre, y él, a su vez, de su abuelo, y del que puede sacar unos 200 pesos al día.

“Lo que debería de hacer el gobierno, en vez de quitarnos nuestras tierras, es enseñarnos cómo explotar más, que nos ayude a tecnificarnos”, lamenta el gambusino.

A 70 kilómetros al norte de Bacoachi, en Cananea, está la mina Buenavista del Cobre, explotada por Grupo México, la minera más grande del país y tercera productora de cobre del mundo.

El grupo de mineros artesanales, que aglomera a más de 100 familias, sospecha que el bloqueo a sus actividades tiene relación con los intereses del poderoso grupo empresarial: “Como es una concesión y saben que hay oro, a lo mejor quieren favorecer al grupo (México) o no sé a qué gente. Quitarnos a nosotros que les estorbamos para quedarse con la tierra”.

Un pueblo al que le creció un tumor
Grupo México tiene una extensión concesionada para explotación minera en Sonora de casi 6 millones de hectáreas, lo que representa el poder de usufructo de la tercera parte del estado, con una extensión equivalente a la superficie total de Michoacán.

En 1990, mediante una subasta, la empresa compró al gobierno mexicano la mina Buenavista del Cobre por poco más de 400 millones de dólares, una cantidad muy por debajo de su precio real, estimado en 3 mil millones de dólares.

La familia Larrea, propietaria del emporio, no siempre se dedicó a la minería. Su negocio, hasta 1990, estaba en la industria de la construcción. Ahora, la fortuna familiar proviene de la minería, con operaciones en México, Perú y Estados Unidos.

“La colaboración de los miembros del grupo empresarial con el régimen salinista les fue ampliamente retribuida; un ejemplo de esto fue la participación de muchos de ellos en el proceso reprivatizador”, sostiene la politóloga Marcela Briz en su libro El Consejo Mexicano de Hombres de Negocio. Surgimiento y Consolidación.

Grupo México es dirigido por Germán Larrea Mota-Velasco, un hombre conocido por su poca afición a la vida pública. En el Consejo de Administración figura Claudio X. González, uno de los empresarios más influyentes de México y que, paradójicamente, nació en Cananea hace 82 años.

Cananea es un pueblo de mineros, de hombres que regresan a dormir a casas de huéspedes con la nariz irritada y los ojos rojos. La mayoría de los habitantes son hombres. La prostitución y las peleas de cantina son cosa de todos los días.

Desde 1899, cuando William Cornell Greene fundó The Cananea Consolidated Copper Company y catapultó la extracción del cobre que abunda en la región, Cananea ha sido el centro minero más importante del país. Aunque su fama se debe a la huelga que iniciaron el 1 de junio de 1906 más de 2 mil mineros de origen mexicano contra los entonces dueños extranjeros de la compañía. La huelga fue sofocada rápidamente, pero en la historia mexicana se considera el inicio de la Revolución.

La mina y el pueblo de Cananea están juntos. Primero se abrió el socavón y después se asentaron los habitantes, que durante décadas se beneficiaron de la producción minera… hasta que llegó el Grupo México. Hoy, la tierra muerta ha crecido tanto y tan rápido que, visto desde el cielo, el pueblo parece tener un tumor. Su presa de jales (dónde se tiran todos los desechos tóxicos) tiene una superficie del tamaño del poblado entero. La cohabitación es tal, que todas las tardes suena una sirena que precede a la explosión de dinamita. El estruendo cimbra las casas y estremece a los habitantes.

Los nuevos mineros
Desde que Grupo México adquirió Buenavista del Cobre, la empresa dijo que compró una mina no un sindicato, cuenta Antonio Navarrete Aguirre, vocero de la sección 65 del sindicato minero, convencido de que la empresa empeoró a propósito las condiciones de seguridad.

Lo cierto es que la relación laboral se modificó. En 2007, mil 200 trabajadores de Cananea anunciaron un paro de labores. Pero, como en porfiriato, los mineros llevaron las de perder: Fernando Gómez Mont, abogado corporativo de Grupo México, se convirtió en Secretario de Gobernación en la administración de Felipe Calderón y “el gobierno se convirtió en abogado de la empresa”.

En 2009 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró terminada la relación laboral entre el sindicato y la empresa, y un año después, la Suprema Corte de Justicia ratificó la sentencia. Luego, se adjudicó a la Confederación de Trabajadores de México el contrato colectivo de trabajo y Grupo México comenzó a subcontratar personal por medio de out sourcing.

Los nuevos mineros llegaron del sur, principalmente de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Estado de México y Veracruz. Eran trabajadores sin arraigo en la comunidad y que poco saben del orgullo que representa para sus pobladores trabajar en la mina.

Las amenazas y las persecuciones judiciales disuadieron a los mineros en su protesta. La casa de Moisés Miranda fue atacada a balazos y él se libró de la cárcel con libertad condicional. “Algunas casas de compañeros las quemaron los esquiroles de la empresa”, cuenta el hombre, el último de una familia minera. La esperanza de que sus hijos heredaran su empleo -el mismo que tuvieron su padre y abuelo- se terminó en 2010, cuando Grupo México puso sus apellidos en la “lista negra” de despedidos. Ese año la empresa inició un plan de expansión para elevar 180 por ciento la producción de cobre hacia 2016.

Para los trabajadores, las condiciones de vida son peores. Un minero que lleva un año y medio trabajando en Buenavista del Cobre, con jornadas de 12 horas diarias y un sueldo que no le alcanza para mantener a su esposa e hijo, asegura que en el tiempo que lleva en la mina ha sabido de unos 15 compañeros muertos. Sólo entre marzo y mayo de este año hubo tres accidentes graves dentro de la mina: en el primero, un trabajadormurió al caer en un molino que tritura piedra; el 20 de abril, otro minero se fracturó las dos piernas al caer de un trascabo; y dos semanas después, otros tres mineros fueron aplastados por un camión de volteo.

En su informe de 2014, el último disponible en línea, Grupo México no desglosa el número de accidentes en sus minas, sólo dice que la tasa de “accidentes incapacitables” y enfermedades en la división minera disminuyó entre 2012 y 2014. En cambio, presume acciones del “Tren de la Salud”, un proyecto filantrópico que es ampliamente publicitado a través de la cadena de cines Cinemex, que también es propiedad de la familia Larrea.

El peor desastre
El 6 de agosto de 2014 una represa de jales con químicos tóxicos derivados de la mina de Buenavista del Cobre derramó 40 mil litros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora. La cuenca se pintó de rojo y cobre. La muerte de especies llegó hasta Hermosillo, a 296 kilómetros al sur, y la afectación alcanzó 7 municipios de la región.

El “desastre ecológico más grande de México”, como dijo Juan José Guerra, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, afectó a 22 mil personas de la zona. Así lo reconoció, en una de las primeras reuniones, el abogado de la empresa, Horacio Sánchez Urzueta -ex gobernador de San Luis Potosí, ex diputado federal y militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1972-. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora estimó las pérdidas económicas en 2 mil millones de pesos las pérdidas económicas. En cambio, Óscar González Rocha, presidente de Southern Copper, una de las mineras propiedad de Grupo México, respondió que decir eso era una exageración: “es el peor desastre en Sonora, pero a nivel nacional tenemos muchos”.

Un minero que estuvo presente en el derrame y que pide el anonimato, lo explica a su modo: “Ese ácido (el derramado) desbarata toda piedra que agarra, hazte de cuenta que más fuerte que la sosa o que el ácido muriático”. La empresa, dice el minero, “es consciente de lo que está contaminando”.

Un año después, la organización no gubernamental Poder (Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación) documentó que el derrame fue ocasionado porque Buenavista del Cobre operaba sin acatar normas básicas de seguridad exigidas por la ley, como tener un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos supervisado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Además, la mina almacenó la solución de sulfato de cobre acidulado en instalaciones que estaban en construcción y no tenían sistemas de detección y control de derrames.

“La minera ha sido negligente y obtuvo beneficios económicos derivados de disminuir sus costos por evadir el cumplimiento de las normas ambientales en materia de manejo de lixiviados, residuos peligrosos y de control de las emisiones contaminantes a la atmósfera”, concluye Poder.

A pesar del desastre, las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores se mantuvieron estables y no les suspendieron la concesión. Y un mes después del derrame, el 9 de septiembre, el equipo de prensa de Presidencia distribuyó una fotografía de Germán Larrea saludando a Enrique Peña Nieto en una reunión de Banamex.

En marzo de 2015, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sancionó a Grupo México con una multa por 23 millones de pesos, debido a que incurrió en 55 “irregularidades”; el monto representó 0.22 por ciento del flujo operativo que la empresa tuvo en el tercer trimestre del año. Además de la multa, Grupo México debió pagar 2 mil millones de reparación del daño, a través de Fideicomiso Río Sonora, que no llegó a los campesinos.

Un despojo selectivo

En Cananea los coches están corroídos por el ácido que flota en el aire y las láminas de los autos empiezan a ponerse amarillas. Roberto González habitante del pueblo, cuenta que revierte el efecto en su camioneta lavándola con ácido de aluminio.

El kinder Charles Darwin tiene de vista en su traspatio un par de tinas donde se almacena ácido. María, una vecina del lugar, dice que los niños que toman clases ahí sufren de vómitos constantes.

La venta de productos regionales disminuyó entre 80 y 100 por ciento después del derrame; las familias tienen que gastar más en agua purificada, comprar productos foráneos que son más caros y movilizarse a ciudades aledañas para comprar productos que antes compraban en la región, según una estimación de costos del derrame elaborada por investigadores de la Universidad de Sonora.

Rosa Guayante, líder del Frente Femenil Cananense, explica que cuando remplazaron a los mineros, la producción de la compañía aumentó, pero también empezó a haber más contaminación. Relata que hace un par de años la pequeña huerta de cilantro y tomate en el jardín de su casa se secó. Ella jura que lo que mató sus plantas fue el aire enrarecido y el olor a huevo podrido que desprende una bodega donde se procesa molibdeno con sulfhidrato de sodio, a menos de un kilómetro de su casa.

Ahora, dice, a través del presidente municipal, la minera está promoviendo reubicar a 150 vecinos del lugar por las quejas de la contaminación. Ella no piensa irse y le puso precio a su casa: “50 millones”, dice entre risas. Aunque su resistencia sí ha tenido un costo: cuando sugirió a los demás propietarios el precio para vender sus viviendas, el Ayuntamiento la dejó de invitar a las juntas de negociación.

El historiador de la Universidad de Sonora, Juan Manuel Silva, ha dedicado varias investigaciones a los proyectos mineros en el estado. Uno de sus hallazgos importantes es que la contaminación, si bien no es hecha a propósito, las empresas mineras sí la han sabido capitalizar.

Los dirigentes sindicales cuentan, por ejemplo, que después del derrame, Grupo México compró las rancherías La Mexicana, El Cuatro, El Jaralito, El Alacán, La Morita, Las Tinajas y parte del ejido Los Nogales. Todos esos son lugares afectados por el derrame, pero también futuros terrenos de explotación minera.

* * *

El 19 de febrero del 2006 en la mina de carbón Pasta de Conchos, en Coahuila, propiedad de Grupo México, una explosión mató a 65 mineros que quedaron atrapados. La minera se empeñó en decir que fue un “accidente”; han pasado 10 años y los cuerpos de los mineros no han sido rescatados. En Perú, donde Grupo México encabeza el proyecto minero Tía María, paralizado en 2015 por la inconformidad social de las comunidades indígenas de Arequipa, la represión gubernamental a la resistencia ha dejado cuatro personas muertas.

Son los antecedentes de una empresa que, en los hechos, no se ocupa de las condiciones mínimas de seguridad de sus trabajadores, ni de las afectaciones a las comunidades aledañas, que en lugar de vivir de la mina, como en el pasado, ahora son despojadas de su trabajo y de su tierra.

Grupo México es la empresa minera que más agua consume en el país con más de 90 millones de metros cúbicos al año, según el estudio sobre las concesiones de agua para las minas presentado este año por Cartocrítica y la organización alemana Heinrich Böll.

Bacoachi, dice su cronista, Zoila Salazar, significa río de víboras, pero ya no hay víboras. El nivel de agua ha bajado porque “bombean el agua, para surtir a Cananea y a la mina de agua y la mina la regresa a ese represo pero ya contaminada y envenena el nacimiento del Río Sonora”.

¿Qué costo tiene la empresa por estas afectaciones? En agosto, tras cumplirse dos años del derrame, Poder dio a conocer que Grupo México y sus subsidiarias “han utilizado todas las herramientas legales para evitar la entrega de información pública” relacionada con el derrame, por lo que la organización mexicana tuvo que acudir a las cortes de Estados Unidos y ha tenido que ser un juez de Distrito de Arizona, donde tiene su sede Southern Copper Corporation (la empresa matriz de Buenavista del Cobre), el que falle a favor de que Semarnat y la empresa entreguen información.

En México, en cambio, conforme a los datos obtenidos vía transparencia, la denuncia penal interpuesta por Profepa contra Buenavista del Cobre, “no ha causado estado”. Tampoco hay detenidos. Y por la solicitud de información realizada para este reportaje, la investigación fue clasificada bajo reserva por cinco años.


Quizá en el año 2021, las 22 mil personas afectadas puedan conocer qué fue lo que sucedió el día que los ríos se espesaron de color rojo.


FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: José Ignacio De Alba y Jade Ramírez Cuevas. Fotos: Héctor Guerrero y José Ignacio De Alba.

LINK: https://desinformemonos.org/larrea-el-sucio/

**Este texto es una publicación de Pie de Página. Es una investigación de la  Red de Periodistas de a Pie y fue realizada como parte de la Beca Mike O’Connor, del International Center for Journalist (ICFJ) y de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, que ICFJ tiene en alianza con Connectas


http://piedepagina.mx/el-banquete-minero.php

Lo que el gobierno oculta sobre el desastre en el río Sonora

Este 5 de agosto se cumplieron dos años del derrame de sustancias tóxicas de la minera Buenavista del Cobre, del Grupo México, en los ríos Sonora y Bacanuchi. A la empresa ya se le están levantando las sanciones, mientras que un informe confidencial –al que este semanario tuvo acceso– demuestra que el gobierno federal oculta información clave sobre el desastre: el agua contaminada se filtró a los depósitos de agua potable y el número de enfermos por este motivo se duplicó en siete municipios.

BACANUCHI, Son: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó sólo a algunas dependencias federales y sus delegaciones que el fluido tóxico derramado por la mina Buenavista del Cobre el 6 de agosto de 2014 se filtró a los pozos y tuberías que llevan agua potable a la población de los márgenes de los ríos Sonora y Bacanuchi.

Además, les comunicó que los enfermos por contaminación de metales pesados en la sangre y la orina se elevaron, de los 360 reconocidos por la Cofepris, a casi el doble. El informe confidencial de 26 hojas, al que este semanario tuvo acceso, revela en su capítulo “Estudios de laboratorio y de diagnóstico” que en 2015 se confirmaron 624 casos de personas intoxicadas con metales pesados.

El Laboratorio Médico Polanco, encargado de realizar los estudios a potenciales enfermos, reportó que este año 295 personas son objeto de análisis para saber si fueron afectados por los lixiviados de cobre y otros metales que recorrieron 271.6 kilómetros desde el arroyo Tinajas, en Cananea, a la presa El Molinito, en Hermosillo.

El documento fue enviado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente (Profepa) y a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Salud (SS), de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Gobernación (Segob); así como a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (Uveas).

En el apartado “Pozos de agua para consumo humano”, encargado al Laboratorio ABC, se señala que de 566 muestras tomadas, 208 se encuentran fuera de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 por su alta concentración de arsénico, fierro, manganeso, sulfatos y fluoruros, igual que por su grado de “dureza total” (concentración de iones de calcio magnesio, estroncio y bario) y “turbiedad” (residuos biológicos).

El municipio con mayores concentraciones de metales pesados es Baviácora, localizado 134 kilómetros al nororiente de Hermosillo. De las 150 muestras que ahí se tomaron, 105 resultaron “fuera de norma”.

Ures, el ayuntamiento con mayor densidad poblacional en la zona ribereña, arrojó 56 muestras que superan todas las medidas máximas de contaminantes permisibles para el consumo humano.

En Aconchi, cuyas aguas termales son famosas, 19 exámenes hidrológicos fueron desfavorables. En Huépac, el municipio más pequeño de la ribera del río Sonora, se obtuvieron 15 muestras adversas.

Arizpe, la primera ciudad en recibir los desechos mineros, registró siete muestras fuera de norma; Topahue, cuatro, y Banámichi, 2. En tanto, San Felipe de Jesús y Molino de Camou, población del municipio de Hermosillo, no obtuvo ninguna muestra en que los contaminantes rebasaran la concentración permitida.

La doctora Reina Castro Longoria, catedrática del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora, lamenta que la autoridad federal intente ocultar la información sobre el número de personas enfermas y la calidad del agua que beben los habitantes de la zona.

Considera que en estos dos años las instituciones han sido incapaces de manejar la grave contingencia ambiental y se pregunta por qué no convocaron a expertos de todo el mundo para frenar la catástrofe. “Es una omisión criminal, un delito de lesa humanidad. ¿Quién castigará a estos funcionarios públicos responsables de dejar correr una desgracia como esta?”, cuestiona.

Tragedia minimizada

El delegado de la Conagua en Sonora, César Alfonso Lagarda Lagarda, celebró que la prohibición de extraer agua durante cuatro meses de los pozos en un radio de 500 metros en ambas márgenes del río Sonora “fue muy positiva debido a que evitó que las fuentes de agua pudieran contaminarse”.

Entrevistado el pasado lunes 1, el funcionario sostiene que en los pozos abastecedores aledaños al río Sonora “no se ha detectado algún metal producto de ese derrame”, pese a que los reportes oficiales indican lo contrario.

Incluso afirma: “Como ciudadano y funcionario federal les digo que me da tranquilidad porque en cuanto Cofepris o algún municipio encargado de operar los pozos detecten que el agua no cumple con la norma pues ellos deberán suspender el rebombeo, pero hasta ahorita nadie nos ha informado que el agua esté contaminada”.

Las declaraciones de Lagarda contradicen el citado informe de la Cofepris, además de minimizar el ecocidio que afectó a 22 mil 878 sonorenses.

Zoila Hildegardis López, residente de Baviácora, sufre desde hace dos años de ardor en la piel y un dolor en el cuerpo que la postró en cama por meses, mermó su capacidad motriz y la imposibilita ­desempeñar su trabajo de estilista.

Consultó a varios médicos, que le diagnosticaron resfriado, infección en las vías urinarias, dengue y problemas en el sistema circulatorio; incluso le extirparon la vesícula, que sólo le funcionaba al 7%, y por último se le atribuyó una depresión cercana a la demencia que le “exigía llamar la atención por ser la última de 14 hermanos”.

Visitó clínicas, hospitales generales, la unidad itinerante de la Cofepris, consultó al médico de la familia, a médicos alternativos, especialistas y hasta una doctora particular, quien le dijo: “Tú lo que tienes es depresión”.

Después, un gastroenterólogo amigo de su esposo señaló que el problema era la vesícula y se procedió a extraerla. La paciente mejoró, pero meses después los síntomas regresaron.

Al cabo de dos años, a Zoila, sus tres hijos y su esposo se les hicieron estudios especializados de la Cofepris, los cuales demostraron que todos tenían metales pesados en la sangre. Los menores tenían padecimientos en la piel, su esposo un quiste en el riñón y ella una alta concentración de aluminio y cobre.

En una de las visitas al especialista, la afectada videograbó disimuladamente a una médica cuando admitía que sus síntomas fueron causados por arsénico pero que nunca se lo encontraría en exámenes de sangre porque este metal pesado abandona el cuerpo después de dañarlo a su paso.

Con base en su experiencia y en las declaraciones del gobierno que minimiza el problema, Zoila señala: “Todavía desconfío en los doctores porque pienso que esto tiene que ver con Grupo México y a lo mejor ellos están comprados o amenazados, tal vez por eso cubren los síntomas que uno tiene”.

Al recorrer la zona es inevitable encontrar a los damnificados del derrame tóxico y sus secuelas, que continuarán hasta 2029, según la Comisión Presidencial para la Atención Inmediata y Permanente de los daños generados por el derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi, creada por instrucción de Enrique Peña Nieto el 12 de septiembre de 2014.

Dicha comisión documentó que los lixiviados ricos en arsénico, cobre, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo se escurrieron a los largo de los 17.6 kilómetros del arroyo Tinajas, los 64 del río Bacanuchi y los 190 del río Sonora, hasta la presa El Molinito, que surte “parcialmente” a Hermosillo.

En el informe Actuación de Profepa, fechado el 15 de marzo de 2015, el sulfato de cobre acidulado (CuSO4) se derramó “por una falla en el amarre en un tubo de polietileno en una de las piletas de lixiviados; por falta de una válvula en el Sistema de Tinajas 1 y la no existencia de una pileta de demasías”.

Y detalla: “La empresa notificó del incidente a la autoridad federal por teléfono el 8 de agosto (dos días después del percance por negligencia) y formalmente el 12 de agosto”.

Aun así, el 5 de marzo de 2015 la Profepa levantó las dos clausuras temporales impuestas a la mina Buenavista del Cobre tras el derrame y por incurrir en 55 irregularidades que culminaron en multas económicas por un total de 22 millones 959 mil 386 pesos.

En aquella ocasión el titular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, resaltó: “Son las sanciones más altas y significativas en cumplimiento a las leyes ambientales; están emitidas en los plazos y términos legales en coordinación con la federación; y a la empresa aún le restan por cumplir las disposiciones emitidas por la Cofepris, la Conagua y la STPS”.

Según él, desde entonces ya “no existe riesgo inminente para el medio ambiente o el equilibrio ecológico”.

Reacción lenta e insuficiente

Los tóxicos de Buenavista del Cobre se filtraron en el ciclo hidrológico de las cuencas sonorenses, contaminaron tierras del cultivo, debilitaron la producción ganadera, afectaron en su salud al menos a 624 pobladores ribereños y fluyeron hasta los hogares por la tubería de agua potable.

El análisis de uso exclusivamente institucional de la Cofepris indica que 41 de 355 muestras tomadas a las redes públicas de agua en ocho municipios, incluyendo Hermosillo, superaron la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994.

El ayuntamiento de Aconchi es el más afectado. De 50 muestras tomadas entre enero y febrero pasados, 13 (26%) fueron reportadas “fuera de norma”. En Ures, de 49 pruebas realizadas a las redes de conducción de agua potable, nueve (18.3%) rebasaron los límites máximos recomendados para consumo humano. En Molino de Camou, siete de las 10 muestras tomadas arrojaron una concentración de sustancias tóxicas mayor que la admitida en la norma.

Sin embargo, el director del organismo operador del Agua de Hermosillo, Renato Ulloa, defendió la pureza del líquido en la presa El Molinito, en la batería de pozos adyacentes a esta infraestructura hidráulica y en las redes de agua potable del casco urbano de la capital sonorense.

“Nuestro principal trabajo, la labor número uno es agua de calidad a la gente, porque si no hay salud todo se cae; es lo que hacemos primero que nada”, enfatiza.

Entrevistado el martes 2, Ulloa no pudo explicar por qué si el agua de la presa El Molinito es tan pura, existen 14 casos confirmados por intoxicación de aluminio y arsénico:

“Ese no es un tema… yo no dije que el agua de El Molinito está buena, no me lo han preguntado. Es un tema de la Conagua. Ellos son los responsables de la calidad del agua y, sin embargo, nosotros también hacemos análisis. No hemos detectado problemas en El Molinito.”

Los informes institucionales que contradice el director Ulloa indican que en Baviácora los resultados de cinco de las 51 pruebas ponen en riesgo la vida de quienes consuman esa agua.

En Huépac, cuatro muestras se encontraron por encima de toda norma; dos en Arizpe y una en Banámichi. Sólo en San Felipe de Jesús el agua es apta para consumo, ya que en ninguno de los 45 estudios realizados se encontraron niveles nocivos de metales pesados.

Consultado al respecto, el delegado estatal de la Segob, Wenceslao Cota Montoya, reconoce que a dos años del derrame –que el entonces titular de la Semarnat, Juan José Guerra Abud, calificó como el “peor desastre ambiental en los tiempos modernos de la industria minera”– aún están pendientes la edificación de la clínica para atender a damnificados y la instalación de 27 plantas potabilizadoras –no 37 como se anunció primero– con capacidad para separar metales pesados.

Detalla que las plantas más pequeñas serán entregadas en agosto y septiembre, mientras que las de mayor capacidad se proporcionarán en octubre y noviembre.

Cota Montoya precisa que hasta finales de julio pasado el Fideicomiso Río Sonora, que se creó con un fondo inicial de 2 mil millones de pesos, había destinado mil 250 millones al resarcimiento del daño y tenía un remanente de 750 millones que se destinaría a un edificio para atender a los damnificados y evaluar la situación ambiental, así como a construir infraestructura hidráulica, ya que actualmente sólo en Bacanuchi, municipio de Arizpe, existe una.

En cuanto a la unidad epidemiológica, el delegado de Gobernación admite que sólo lleva un avance de 40%, por lo que no será entregada este año como anunció la comisión presidencial.

El 4 de febrero pasado, 18 meses después del derrame, la Semarnat entregó la primera y hasta ahora única potabilizadora en esta población de Arizpe. Actualmente se encuentra detenida por falta de pago de la energía eléctrica y hace tres semanas los habitantes cerraron con cadenas y candados la obra porque, dicen, unos funcionarios federales amagaron con llevarse la maquinaria sin justificación.


Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Censo de Población y Vivienda 2010 arrojó que 20 mil 395 personas residían en los siete municipios afectados. Tras darse a conocer la Encuesta Intercensal de 2015, se observó que mil 220 de esos pobladores abandonaron la sierra baja sonorense en el último lustro, a razón de 244 por año en promedio.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/450595/lo-gobierno-oculta-desastre-en-rio-sonora

Sin cumplir la remediación ambiental a más de dos años de derrame tóxico en Sonora

La instalación de plantas potabilizadoras, el seguimiento a la salud de las víctimas y los recursos para mejorar el sector agrícola y ganadero afectado, son algunas de las promesas que el gobierno y la empresa Grupo México no han cumplido a más de dos años de que la mina, Buenavista del Cobre (BDC), derramara 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, denunciaron los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder).

Afirmaron que el flujo de tóxicos llegó a las corrientes de agua por la “falta de cumplimiento, por parte de BDC, de la normatividad ambiental para el manejo de lixiviados, y por utilizar instalaciones que estaban en construcción, sin permisos para operar y que además no contaban con sistemas de detección ni de control de derrames”.

“La empresa no se ha hecho cargo de la remediación ambiental del desastre causado, ha ocultado información y dos años después afirma que el caso está cerrado, el río está limpio y que ya no entregará más recursos al fideicomiso que creó junto con el gobierno para dar atención a los afectados”, acusan.

Ante esto, la población de los siete municipios que sufrieron los efectos del derrame tóxico se integraron en los CCRS, con el fin de defender sus derechos básicos y conseguir una remediación integral de la zona.

Desde que el secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano, prometió en feberero 28 plantas potabilizadoras para agosto, sólo se ha instalado una, la cual no está en funcionamiento por falta de pago de la energía para su operación.

Sin las plantas potabilizadoras, los afectados continúan comprando agua embotellada y con la incertidumbre de no saber si el líquido que consumen está contaminado con metales pesados.

Además “los productores de ajo, especie endémica de la cuenca de los ríos Bacanuchi-Sonora, perdieron la semilla y se vieron obligados a comprarla. Por otra parte, “la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación incumplió el Programa de Reactivación Agropecuaria que prometió a los productores de los siete municipios afectados”.


Por todas las faltas ante el compromiso de la empresa y el gobierno, se prevé, a largo plazo, un incremento en la venta de tierras de los pequeños propietarios, el abandono de la actividad agropecuaria y un aumento de la migración hacia Estados Unidos desde el estado.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/siguen-sin-cumplir-promesas-de-remediacion-a-mas-de-dos-anos-de-derrame-toxico-en-sonora/

Intoxicados aún, 99 niños por el vertido químico de Grupo México

Los químicos tóxicos que derramó la mina Buenavista del Cobre, explotada por Grupo México en el río Sonora, se encuentran presentes en el organismo de 99 niños que en agosto de 2014 quedaron expuestos a la contaminación al jugar en las aguas del caudal, puse no hubo alerta de la mayor contingencia ambiental en la historia nacional.

A los hermanos Nicole y Alfredo Yáñez, de ocho y 10 años, respectivamente, les fueron detectados niveles de metales pesados altamente nocivos para la salud, principalmente aluminio, plomo, arsénico y cobre, según los análisis clínicos realizados por la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental del río Sonora (UVEAS).

A raíz del desastre ecológico la abuela de los menores, Martha Patricia Velarde, se convirtió en una de las activistas más férreas de la región, quien lamentó que sus dos nietos tuvieran que mudarse fuera del país, porque según los especialistas los niños continuaban expuestos a la contaminación.

Los principales problemas de salud que enfrentan los afectados por los tóxicos derramados por la mina Buenavista del Cobre, son padecimientos dermatológicos, 290 casos diagnosticados, según la Cofepris, seguido de enfermedades gastrointestinales con 18 casos confirmados, oftalmológicos 17 casos, e incluso 12 padecimientos neurológicos generados por la intoxicación con metales pesados.

De los nueve municipios afectados por la contaminación de Grupo México la mayoría de los enfermos radican en Ures con 96 pacientes; seguido de Aconchi con 73; Baviácora con 63; Arizpe con 53, y Banámichi con 39.

En total, hay 360 afectados por el derrame tóxico que continúan expuestos a la contaminación por el agua de los pozos alimentados por el río Sonora.

Fuente: La Jornada

Autora: Cristina Gómez Lima

http://www.jornada.unam.mx/2016/08/06/sociedad/029n2soc

Demanda Sonora que Grupo México atienda a los afectados por derrame

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano solicitó por escrito al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán, que exija a Grupo México –propiedad de Germán Larrea– que cumpla sus obligaciones con los habitantes de comunidades aledañas al río Sonora, afectados por el mayor desastre ambiental en la historia del país: el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado de la empresa minera Buenavista del Cobre, el 6 de agosto de 2014.

Grupo México prometió atender a los afectados en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (Uveas) e instalar plantas potabilizadoras de agua, pero no ha cumplido.

Casi dos años después de la contaminación del río Sonora, que dejó 360 afectados, el consorcio minero cerró una clínica provisional y las plantas potabilizadoras se encuentran paradas por falta de pago de servicio de electricidad.

Esta es la segunda ocasión en que Pavlovich Arellano, quien fue postulada por el Partido Revolucionario Institucional, solicita intervención del gobierno federal. La primera fue un mensaje en video a la procuradora general de la República, Arely Gómez, a quien demandó actuar contra el ex gobernador panista Guillermo Padrés Elías, acusado de peculado, lavado de dinero, enriquecimiento indebido y otros delitos.

En entrevista, dijo que el problema en la región del río Sonora debe ser atendido por Grupo México y la Federación. Ojalá que yo tuviera los recursos, pero no los tengo.

El edificio que ocupaba la Uveas mientras se construía una clínica, como parte de un fideicomiso, cerró el pasado 30 de junio y el personal fue liquidado.

Fuente: La Jornada

Autora: Cristina Gómez Lima

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/12/demanda-sonora-que-grupo-mexico-atienda-a-los-afectados-por-derrame

Grupo México busca explotar mina en reserva de la monarca; desde EU piden a EPN detenerlo

Una red de organizaciones estadounidense que trabaja por proteger la vida silvestre colgó una petición dirigida al Presidente Enrique Peña Nieto en la que le piden que no “permita que Grupo México opere una vez más la mina de Agangueo”, ubicada en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca en Michoacán, debido a que la actividad minera podría poner el futuro de esta especie “en duda real”.

En una carta difundida desde Estados Unidos y dirigida al Presidente Enrique Peña Nieto, se exige que no se permita a Grupo México reactivar la mina de Agangueo, ubicada en el estado de Michoacán en un área protegida de la mariposa monarca.

La misiva, colocada en una petición en el plataforma Takeaction Takepart, denuncia que Grupo México está tratando de reactivar la mina de Agangueo, cerrada desde 1992, por significar “una amenaza para la zona y para las monarcas”.

“A medida de que el área resguarda los sitios de hibernación para la mayor parte de la población de la mariposa monarca del este, es crucial para la supervivencia de esta especie en peligro, que la reserva sea protegida”, exige la misiva.

En el documento, que hasta el momento han firmado más de una centenar de personas, se expresa el apoyo a las acciones que México ha tomado para proteger la migración anual del ejemplar que se estableció en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca. Por ello los firmantes alertan que “permitir que Grupo México opere una vez más la mina de Agangueo podría poner el futuro de esta especie en duda real”.

La petición, colgada por la red Endangered Species Coalition, que agrupa a organizaciones que trabajan para proteger la vida silvestre, denuncia que la operación en la mina Agangueo usaría una enorme cantidad de agua, e incluso, existe el riesgo de que “un derrame del tipo que se produjo en el Río Sonora ponga en peligro la reserva”.

Recuerda que las monarca arriban a los bosques de oyamel en México anualmente, y aunque este año se reportó una posible recuperación en la población de mariposas, muchas se perdieron por una tormenta de nieve en marzo.

“Por favor [Presidente Enrique Peña Nieto] rechace la solicitud de Grupo México para reiniciar la extracción de cobre peligros, zinc, plomo y minerales en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca. Gracias por su consideración”, clama la petición.

De acuerdo con el mismo documento, la compañía minera más grande de México, propiedad de Germán Larrea, intenta usar un vacío legal para asegurar uno de los últimos permisos necesarios para comenzar a explotar la mina de Agangueo en la zona protegida de la mariposa monarca.

La Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, recuerda el documento, declarado patrimonio mundial por la Unesco, es el habitan de hibernación para la mayoría de la población de la especie proveniente del este. La pérdida de este hábitat, así como la destrucción del algodoncillo, vegetal necesario para la supervivencia de las monarcas, ha generado ya la disminución de casi dos tercios de la población hibernante en sólo 12 años.

El días pasados, el diario New York Times publicó un reportaje titulado Una mina contra un millón de monarcas”, en el que destacó que la principal atracción turística del pueblo de Angangueo, en Michoacán, se encuentra en riesgo por la apertura de una mina en las montañas de la zona.

Felipe Martínez, subdirector de la Reserva de al Biosfera Mariposa Monarca, dijo al diario que “todo tipo de actividad industrial debe estar prohibido en la zona”.

El diario alertó que la minera de Germán Larrea cuenta ya con todo lo necesario para realizar las excavaciones en la zona, sin embargo aún está en negociaciones con el Gobierno federal para instalar una planta de tratamiento que necesita.

Martínez denunció que Grupo México ha argumentado que el proyecto debe ser aceptado debido a que la mina nunca cerró por completo.

De acuerdo con el diario estadounidense, a los expertos les preocupa que las grandes cantidades de agua utilizadas por la mina, llegue a secar la flora de la montaña o atenten contra la estabilidad de los árboles de oyamel.

En entrevista con Milenio, el pasado 10 de mayo, el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano, confirmó que Grupo México cuenta con la autorización en materia de impacto ambiental para explotar zinc, cobre, plata y oro en una mina subterránea localizada en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca en Angangueo. Sin embargo, aseguró, la minera no lo ha utilizado porque la escala no es la que les conviene.


Pacchiano detalló que la minera de Germán Larrea busca desde hace tres años una nueva autorización de cambio de uso de suelo, sin embargo, dijo el funcionario federal, que han “hablado con ellos directamente para decirles que vemos muy complicado la ampliación, pero ellos estarían en el derecho de poderla operar en la escala que les fue autorizada”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-05-2016/1662446