La PGR archiva expedientes de altos funcionarios del caso ABC, pero va tras 22 empleadas

Ciudad de México, 12 de agosto: La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a un juez de Sonora órdenes de aprehensión en contra de 22 trabajadoras de la Guardería ABC por el incendio en el que murieron 49 niños y más de 100 resultaron lesionados, ocurrido el 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora, y al mismo tiempo reservó los expedientes del ex Gobernador de la entidad José Eduardo Robinson Bours Castelo y del ex Procurador Abel Murrieta Gutiérrez.

De acuerdo con información dada a conocer por Gabriel Alvarado Serrano, representante legal del grupo de padres de los niños afectados que integran la agrupación “Manos Unidas por la Justicia”, estas acciones se dan a partir del recurso interpuesto por la asociación.

Sin embargo, consideró que esta resolución es una “cortina de humo” por parte de la PGR para seguir encubriendo al ex Gobernador de ese estado José Eduardo Robinson Bours Castelo y los funcionarios de primer nivel de los gobiernos federal y estatal que estuvieron implicados en las irregularidades que permitieron que ocurriera la tragedia, pues los expedientes de todos ellos fueron reservados.

El representante calificó este acto como una injusticia, pues dijo, se pretende castigar a maestras, intendentes y a la directora de la estancia infantil, por lo que adelantó que continuarán en la exigencia de que declaren y sean procesados los funcionarios de alto nivel, así como los dueños de la Guardería ABC.

Estas órdenes en contra de los empleados de la estancia infantil, dio a conocer Alvarado Serrano, se emitieron desde el pasado 5 de agosto y dos días después fue notificado.

Entre los funcionarios que pretenden sean llevados a la justicia son el ex Secretario de Hacienda de Sonora, Ernesto Vargas Gaytán, los socios de la guardería Sandra Lucia Téllez Nieves y Antonio Salido Suárez; así como el mencionado ex Gobernador Eduardo Bours Castelo.

En enero del año pasado, Delia Irene Botello, ex coordinadora de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo, quien realizó la última visita de supervisión a la Guardería abandonó el Cereso 1 de la capital de Sonora.

Irene Botello era la única funcionaria que estaba detenida por la tragedia. Desde entonces, los padres de las víctimas no ha cejado en su lucha por encontrar justicia.

Previamente, en el año 2012, Arturo Leyva Lizárraga, ex delegado en Sonora del IMSS, obtuvo su libertad bajo fianza. En 2011, el ex coordinador de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) en la administración de Bours Castelo, Willebaldo Alatriste Candiani, libró la cárcel con el pago también de una garantía de 2.5 millones de pesos.


Candiani se amparó de la misma forma que un año antes otros ex servidores públicos, así como los dueños de la guardería lo hicieron: Gildardo Urquídes Serrano, Sandra Lucía Téllez Nieves, María Fernanda Camou Guillot, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo y Antonio Salido.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

PGR resolverá “a más tardar en dos semanas” caso de guardería ABC

México.- La Procuraduría General de la República (PGR) resolverá “a mas tardar dentro de dos semanas, en forma objetiva y profesional, desde luego escuchando el parecer y opiniones de los padres de familia”, la averiguación previa que se integra por el caso de la guardería ABC.

Lo anterior fue informado luego de una reunión que sostuvo el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal, con las víctimas de la guardería ABC en las instalaciones de la PGR en Hermosillo, Sonora.

La información difundida por la dependencia federal refiere que durante el encuentro el subprocurador informó a los padres y madres de los más de 40 menores fallecidos, así como familiares de quienes resultaron lesionados en el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009, “los avances, acciones y perspectivas de las investigaciones realizadas, así como de aquellas pendientes de desahogar”.

Higuera Bernal, en seguimiento a las instrucciones dadas por la procuradora Arely Gómez González, “instruyó a su equipo para que profundice en el estudio de posibles responsabilidades de otro carácter atribuibles a los probables responsables”, aunque no precisó si se refiere a posibles acusaciones de tipo penal por homicidio culposo que pudieran alcanzar a funcionarios federales.

Asimismo, el subprocurador dialogó con las víctimas del incendio ocurrido en la guardería ABC el plan de investigación acerca de la causalidad del hecho, toda vez que existen versiones que señalan que el incendio en una bodega contigua a la guardería fue provocado.

Fuente: La Jornada

Autor: Gustavo Castillo

Van 6 años de “impunidad e ineficiencias”: padre de ABC

"Nos dio una sacudida tremenda, brutal, quedamos en estado de shock", contó el papá de Andrés Alonso.

El pasado 5 de junio se cumplieron seis años del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, por el que 49 niños perdieron la vida; “han sido seis años de impunidad e ineficiencias, necesitamos que se castigue a los responsables e implica la no repetición de una tragedia similar”, aseguró José Francisco García Quintana, del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio y padre de uno de los menors que fallecieron.

En entrevista para Aristegui CNN, señaló que el caso es “una afectación no sólo el día que nos arrebataron la vida de nuestros hijos, en este caso en 2009, a nuestro único hijo Andrés Alonso y en muchas otras familias que también había niños, e incluso hay hermanitos que han querido quitarse la vida. Es parte de la afectación emocional y sicológica”.

“Nos dio una sacudida tremenda, brutal, quedamos en estado de shock, varias familias quedamos adormecidas por dos semanas y fuimos reaccionando en la marcha”, recordó.

“La atención principal está en lo que dijo la Suprema Corte: en el deorden generalizado, en una larga cadena de responsables, desde el municipio, el estado, y a nivel federal”, apuntó.

El Estado aún no garantiza que se repita una tragedia como la de ABC, sostuvo. 

“Seguimos exigiendo justicia, justicia tardada es igual a justicia negada“, finalizó.

Por otra parte Santiago Aguirre, abogado del Centro Pro, dijo que “hay dos vertientes fundamentales, una es que ante estos hechos atroces se deben generar verdaderas garantías de no repetición y ahí las familias han avanzado bastante en arrebatar una nueva ley, la ley del 5 de junio, que es una ley que reconoce derechos de niñas y niños en primera instancia y que da un piso diferente de garantías para este universo de las estancias y del ejercicio de derechos de la primera instancia”.

Está “la otra dimensión que es la justicia, hechos tan atroces deberían derivar en la sanción de los responsables y ahí el balance es negativo, a seis años no tenemos una sola sentencia penal que establezca responsabilidad penal individual. Lo cierto es que cuando hay certeza de que hechos tan fuertes van a derivar en sanciones penales, se genera también un mecanismo de inhibición, esto es lo que no ocurre en México”.

“No ocurre tampoco en otros casos emblemáticos y tenemos en general procesos de búsqueda de justicia impulsadas por familias”, refirió.

Además “es un caso que ilustra la retirada del Estado en ámbitos de la vida social donde tendría que ser garante de derechos, muchas veces se realiza de una manera irresponsable en la que particulares asociados al poder se ven beneficiados, donde la población queda en un estado de vulnerabilidad al no haber una supervisión efectiva sobre esos ´ámbitos de la vida social”.

“En el caso ABC ha habido distintas vías para la justicia, un proceso pebnal abierto que no ha derivado en sanciones, averiguaciones previas y un planteamiento para presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, indicó.

En otra intervención, Lourdes Encinas, periodista y autora de 49 razones para no olvidar, dijo vía telefónica  que “apenas se puede creer que cumpliendo seis años del incendio se siga con pendientes importantes como determinar, dentro de la investigación de la PGR, la causa del incendio en la bodega del gobierno de Sonora que se pasó a la guardería”.

“Apenas se puede creer que a seis años los padres de los niños que fallecieron, sigan en una lucha constante contra las autoridades mexicanas, incluso ya ante instancias internacionales para que el caso se mantenga vivo, para que las autoridades hafgan su trabajo, para que se emitan las conclusiones sobre el caso”.
“Respecto a los niños que resultaron lesionados, que reciban atención necesaria, la atención correcta”, agregó.


“Son seis años ya y parece que aquella frase del ministro Arturo Zaldívar cuando presentó su dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que decía: si la muerte de 49 niños no es suficiente para que las cosas cambien en nuestro país, entonces ¿qué es lo que tiene que pasar?, yo me sigo preguntando eso, para ver una respuesta contundente de las autoridades”, mencionó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

‘No hemos aprendido…’

A 6 años de la tragedia que consumió la vida de 49 y sumió en la tristeza a cientos de personas alrededor, los familiares de los pequeños coinciden en que lo que pasó en la Guardería ABC puede volver a suceder.

Para muchos, la vida se detuvo el 5 de junio del 2009 en Hermosillo, Sonora. Ese día, la Guardería ABC consumió en sus llamas la vida de 49 niños y niñas, y dejó a más de 104 con heridas en sus cuerpos. Decenas de personas quedaron también con heridas en su alma.

Hoy, a 2 mil 191 días de distancia, quienes estuvieron involucrados en la tragedia coinciden: no hemos aprendido; la experiencia podría repetirse en cualquier lugar del país.

La ineficiencia en la respuesta del Estado, como institución, fue escasa o nula.

Después de la tragedia, el Gobierno se dedicó a intentar lavar la imagen de la ciudad y el reclamo de justicia se politizó.

No solo no se llegó al señalamiento de los responsables, sino que no se trabajó en el mejoramiento de los protocolos de reacción ante una emergencia de ese tipo.

Esto deja en un estado de vulnerabilidad a otras guarderías no solo de la región, sino del país.

Personas que participaron durante o después de la tragedia en el manejo de los afectados, niños o adultos, coincidieron en que el Estado no agotó todas las alternativas que tenía para agotar el tratamiento de la tragedia y aprender de la situación.

Incluso, algunos de ellos que forman parte de la estructura de gobierno han querido participar para que se realice un diagnóstico de la actuación que se tuvo ese día, y han sido amenazados con perder sus cargos.

¿Preparados?

A seis años de distancia, las dudas sobre lo que se pudo hacer mejor todavía calan hondo en Fabiola –nombre ficticio-, una de las psicólogas que trató a los familiares de quienes perdieron a sus hijos, de quienes fueron afectados por el incendio, o que ayudaron en el rescate de las víctimas.

Fabiola vivió en carne propia lo difícil que fue la recuperación de los directamente involucrados.

Para ella, la lógica indicaba que el Gobierno, de cualquiera de los tres niveles, convocara a quienes habían participado en el rescate inmediato y el tratamiento posterior para compartir sus experiencias y conformar un protocolo de acción y respuesta a una tragedia así en el corto, mediano y largo plazo. Nada de eso ocurrió.

“Yo pensé que se iban a hacer convocatorias públicas a través de los medios de comunicación a todos los involucrados para juntar las piezas del rompecabezas e incluso para evaluar eficacia en la respuesta del Estado a este tipo de emergencias. Pero nada.

“En otros países, como Corea o Japón, se hacen unos procesos muy completos en este tipo de desgracias; aquí no hubo voluntad”, señaló Fabiola.

Algunos, como Rodolfo –nombre ficticio- saben que la reacción de las autoridades no fue la mejor y que, aunque actuaron como pudieron ante la emergencia, pudieron haberlo hecho con mayor eficacia y, quizá, haber salvado la vida de más niños.

Sin embargo, ha decidido guardar silencio por respeto a las familias que perdieron a un pequeño pero, sobre todo, por miedo a perder su trabajo.

“Hubo quienes quedaron con daños psicológicos muy fuertes y no se les trató. Hubo quien sacó a los niños y se quedaba con pedazos de piel en sus ropas. Fue muy fuerte, es algo que jamás podrán superar y menos porque todo se quedó en silencio”, comentó María, conocida de un policía que estuvo en el lugar de los hechos.

Después del incendio, quienes participaron en el rescate esperaban que los protocolos de acción cambiaran y se diera prioridad a la formación de policías, rescatistas, bomberos y otro personal encargado de actuar en caso de una emergencia.

“No se les dio capacitación; si ese día no supieron qué hacer, ahora estaríamos igual”, sentenció María.

Abundan los testimonios de servidores públicos que han preferido guardar silencio antes de poner en riesgo su fuente de trabajo.

Para Patricia Duarte, madre Andrés Alonso García Duarte, quien falleció ese día en la Guardería ABC, aunque a nivel federal se han hecho cambios, como la aprobación de la Ley de Estancias Infantiles, conocida como Ley 5 de junio, el peligro de que vuelva a ocurrir una tragedia similar está latente.

“Desgraciadamente creemos que puede seguir pasando. Ha pasado en otros estados: muertes de niños y niñas en estancias infantiles por lo mismo, por la indiferencia al cuidado de estos niños, a la protección de estos niños, por el mal manejo de instalaciones, por la precaria capacitación de las personas que están a cargo de éstos niños y esto sigue cobrando la vida de estos pequeñitos”, expresó.

La única forma de llegar a una preparación completa es la preparación para actuar frente a lo inesperado, comentó.

Con los hechos de la Guardería ABC aprendió la sociedad civil, sobre todo de Hermosillo, una ciudad que se caracterizaba por la apatía absoluta hacia casi cualquier problema social.

El Estado, en falla

Gabriel Alvarado es un abogado que ha luchado hombro con hombro al lado de algunos de los padres afectados por el incendio en ABC.

Para él, la reacción de las autoridades fue escasa y sin la eficacia para castigar a los responsables y evitar que una tragedia así vuelva a ocurrir.

“No, no aprendió el Estado de esto. Le voy a poner un ejemplo (…) cuando pasó lo de la tragedia de la Guardería, ellos (la Suprema Corte de Justicia) de inmediato cambiaron la suya, porque estaba en un techo (…); ellos se vieron de repente en situación de riesgo y en cómo ayudar a eliminar a esos factores de riesgo.

“Pero un esfuerzo que se puede armar, institucional, no existe, ni en Hermosillo, ni en el estado de Sonora y mucho menos en el país”, acusó Alvarado.


El Estado, como institución, ha fallado en su obligación de proteger a sus ciudadanos al no garantizar la seguridad de que los menores estarán a salvo mientras su familia trabaja para proveerla y cumplir con sus obligaciones.

Al Estado, comentó Alvarado, los ciudadanos le pagan la existencia de este tipo de servicios con sus impuestos, por lo que es grave que no haya un avance en esa materia después de haber pagado una lección tan dura con tantas vidas.

“Esto que ocurrió en la Guardería es la tragedia más grande de este país y de las más grandes en el mundo -a nivel infantil-. Entonces, con eso debió haber sido suficiente para que el Estado mexicano reaccionara e hiciera todas las adecuaciones”, sostuvo el abogado.

La labor del gobierno, en sus tres niveles, fue la de mitigar el impacto negativo y tratar de evitar que su imagen y autoridad se viera cada vez más deteriorada, en lugar de entregarse a un esfuerzo por erradicar la posibilidad de que esto pudiera repetirse.

“Yo creo que se hizo lo que le llaman el control de daños”, sentenció.

Además de la nulidad en la acción preventiva del Estado, otro pendiente son los menores que resultaron afectados por el incendio y que han encontrado una atención deficiente, a juicio del litigante.

Cenizas de dolor

Los alrededores de la Guardería ABC se han convertido, desde hace seis años, en un lugar lúgubre donde abundan historias de cómo se vivió ese día y lo que siguió en cada uno de los 2 mil 191 días que han pasado.

No falta quien se acerque para poder desahogarse aunque sea un poco. Para revivir las imágenes de lo que les tocó vivir y así exorcizarlas.

María Elena es una de ellas.

Ella, como muchos otros, llegó ese viernes negro a intentar sacar a los niños mientras el lugar se consumía en llamas.

La guardería ya estaba rodeada de policías, quienes le impidieron siquiera acercarse.

Desde entonces, ella tiene la duda sobre si pudo haber salvado a alguien.

“Los policías no me dejaban pasar. Lo intenté varias veces y nomás no pude. Ya en la noche, mi esposo estaba dormido junto a mí y yo veía las manitas de los niños rodeándome.

Como si me quisieran pedir que fuera por ellos”, narró entre lágrimas. María Elena contó que hace unos meses uno de sus sobrinos falleció de cáncer; pero antes de partir al hospital donde daría su último aliento, tuvo una experiencia sobrecogedora.

“Cuando fue el incendio, él vivía en Puerto Peñasco, no tuvo nada que ver con lo que pasó aquí ese día. Hace como un año, se cambió a vivir a Hermosillo para recibir su tratamiento y se cambió aquí a vivir con nosotros.

“Un día, se puso a decirnos que veía a los niños de la guardería en el cuarto… pero el ni los conocía. Nos fuimos a asomar y no vimos nada, ahí no había nadie. Al rato, pocas horas después, se empezó a poner muy malito. La ambulancia vino por él y se lo llevó al hospital y más tarde falleció”, rememoró María Elena.

El relato habría pasado desapercibido a no ser que unas semanas después, al ir a visitar la tumba de su sobrino, ella y su familia se dieron cuenta de que cerca de su sepulcro se encontraban enterrados algunos de los niños que fallecieron en la tragedia.

“Yo creo que los niños vinieron por él”, dijo, convencida.

En la nave industrial donde estaba instalada la guardería, aún se observan las cortinas que ondean con el viento que entra a través de los vidrios rotos.


El polvo cubre ya la pintura de los muros, coloreados aún en naranja, azul y amarillo; y ya muy desgastados, aun se ven los restos de los letreros que colocó la PGR y que restringen la entrada.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

‪#‎FreeNestora‬. Seis años de impunidad en caso ABC; ahora PGR traerá a peritos ingleses

MÉXICO, D.F: En vísperas de que se cumpla un año más de la tragedia de la guardería ABC, registrada en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 bebés y 70 más resultaron lesionados, padres de las víctimas condenaron la impunidad en que se mantiene el caso; además, revelaron que la próxima semana la PGR dará a conocer un “plan de investigación”.

En rueda de prensa para dar a conocer las acciones programadas para recordar el incendio en la guardería subrogada del IMSS, así como la situación jurídica en que se encuentra el tema, padres y sus representantes del Centro Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) resaltaron que en marzo anterior la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les notificó que estudia el caso.

José Francisco García Quintana, vocero de los padres afectados, informó que en una reunión sostenida con el subprocurador de Control de Procesos y Amparo de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, éste se comprometió a viajar la próxima semana a Hermosillo para presentar a los deudos y familiares de los lesionados “un plan de investigación y retomar el asunto con un aire fresco”.

García Quintana comentó que el funcionario federal se comprometió a detallar las diligencias que faltan por practicar en las averiguaciones previas iniciadas en 2009 y 2013, esta última abierta ante denuncias de que el fuego en la guardería fue presuntamente provocado por servidores públicos de Sonora, en un intento por destruir documentos.

“No podemos dar un voto de confianza, tenemos que ver el planteamiento que nos hagan y no sólo eso, sino cuestionarlo porque se presenta con un retraso de seis años, seis años de denegación de justicia”, apuntó.

Luego de recordar que, de 2009 a la fecha, han dialogado con cinco procuradores, García Quintana resaltó que aún no hay sentencia pese a que el expediente vigente en el Primer Juzgado de Distrito en Hermosillo está compuesto por 168 tomos de mil hojas cada uno. En realidad, deploró, “sólo se ha acumulado papel y no hay resultados”.

También destacó que la averiguación previa abierta en 2013, en la que se involucraba a exfuncionarios del gobierno de Eduardo Bours, “se quedó en una cuestión mediática”.

Sin embargo, el vocero de los padres de las víctimas resaltó que en el encuentro con Higuera Bernal advirtieron que se pretende contratar a una empresa inglesa para realizar peritajes, con lo que los afectados están en desacuerdo.

“Desde el año pasado manifestamos nuestra inconformidad con los peritajes, porque sólo se va a gastar dinero para decir que están haciendo algo, porque sabemos que la escena donde murieron nuestras hijas e hijos ha sido afectado, ha sido modificada varias veces y no se ha resguardado como debió ser, por lo tanto es complicado que pueda tener cierta credibilidad o validez a más de cinco años de los hechos”, apuntó García Quintana.

Entre las demandas de los padres de familia, apuntó, destaca la ampliación de la acción penal a más responsables, incluida la “cadena de mando”, así como que se reclasifique el delito, pues “a pesar del homicidio de 49 bebés y lesiones en más de 70, para el juez estos hechos no son considerados graves”.

En la próxima reunión que sostendrán con Higuera Bernal, los padres de familia pedirán que se “actualice el número de consignados”, toda vez que inicialmente tenían conocimiento de que eran 22, pero de ellos “un Tribunal Unitario benefició a Marcia Matilde Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, y a su socio Gildardo Urquídez Serrano”.

El vocero de los padres también expresó la preocupación de los deudos por la escasa atención de los gobiernos estatales para homologar su legislación con la Ley Genera de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, conocida como “ley 5 de junio”, toda vez que sólo en 50% de las entidades se han puesto en marcha esas adecuaciones.

“De 2009 a la fecha, 20 niños han muerto en los centros de atención infantil, y el argumento en la mayoría de los casos es que se debió a broncoaspiración, pero tenemos sospechas que los decesos se debieron a que no hay condiciones óptimas en las guarderías”, denunció García Quintana, luego de indicar que la pretensión de llevar el caso ante la CIDH es para evitar la repetición de casos como el ABC.

El director del Centro Prodh, Mario Patrón Sánchez, añadió que a seis años de los hechos “no hay justicia ni reparación en el caso, y tampoco hay verdad, porque no han terminado de esclarecer la causa del incendio y la ley no ha significado una política coordinada en los estados para evitar que estos hechos vuelvan a suceder.

“Tampoco hay una política pública que asegure la integridad y la vida de niños y niñas que están en guarderías, y no se ha investigado la cadena de mando de altos funcionarios que podrían estar involucrados en los hechos”, lamentó.

Stephanie Brewer, responsable del litigio internacional del Centro Prodh, puntualizó que el interés de los padres no sólo es que haya justicia para sus hijos, sino que desde la CIDH se ordenen medidas de no repetición, ya que de acuerdo con datos del Consejo creado por la “ley 5 de junio” para la supervisión de guarderías, “por lo menos 2 mil estancias infantiles incumplían con los requisitos de seguridad y protección civil, en tanto que más de la mitad de las guarderías de Sedesol incumplía con requisitos de protección civil”.

Brewer informó que luego de que en octubre del año pasado un grupo de padres de familia acudiera a Washington a presentar la petición para que la CIDH admita el caso, en marzo se les notificó que la petición ya cuenta con el número 1459/2014, solicitud que será analizada para determinar si es admitida por el organismo regional.


En la conferencia de prensa se informó que entre las actividades para recordar a las víctimas de la tragedia habrá movilizaciones en Hermosillo, Distrito Federal, Puebla, Guanajuato, Yucatán, Querétaro, España, Argentina y Chile. Además, este miércoles 3 el obispo Raúl Vera se reunirá con los familiares de los menores fallecidos en Hermosillo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

PGR promete esclarecer el caso de la Guardería ABC… casi 6 años después

Arely Gómez se reunió con padres, familiares y representantes de las víctimas de la Guardería ABC, a quienes les prometió el esclarecimiento del caso.

A 10 días del sexto aniversario por el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, la procuradora Arely Gómez González se reunió el martes con padres, familiares y representantes de las víctimas, con quienes se comprometió a esclarecer los hechos.

Según un comunicado de la PGR, la funcionaria les reiteró que la dependencia a su cargo está comprometida con la investigación del caso, y sobre todo en la búsqueda de justicia por los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora.

“En esta reunión, instruyó a las áreas correspondientes de la institución para que se realicen todas diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales que, en su caso corresponda“, detalló la PGR.


Gómez González estuvo acompañada por los subprocuradores de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal, y de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Omar Betanzos Torres.

Tuits:

Habría "noticias importantes", cdo Murillo era PGR; Renato Sales iba a investigar "desde 0". Nada pasó: puras maniobras distractoras

— Daniel Gershenson (@alconsumidor) Mayo 27, 2015

Memo a @arelygomezglz: aq le sea difícil hacerlo, respete el dolor de papás y mamás #GuarderiaABC. Deje de asumir "compromisos" electoreros

— Daniel Gershenson (@alconsumidor) Mayo 27, 2015

Reuniones #ABC tuvieron un único propósito: detener críticas por su absoluto desinterés presidencial, o -en el caso de @epn- #cachar votos

— Daniel Gershenson (@alconsumidor) Mayo 27, 2015

Sostiene @ArelyGomezGlz encuentro con padres y familiares de la #GuarderíaABC de #Sonora http://t.co/EIWrV6YVpw pic.twitter.com/Og0y7nQb1C

— PGR México (@PGR_mx) Mayo 27, 2015

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Caso Guardería ABC cumple 68 meses de “luto, impunidad y burla”: Padres de víctimas

HERMOSILLO, Son: En el 98 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 se cumplen 68 meses de “luto, impunidad y burla”, denunciaron padres y familiares de los 49 niños fallecidos y los más de 70 lesionados durante el incendio de la guardería ABC.

La agrupación Movimiento 5 de Junio señaló en un comunicado que en estos casi seis años han recorrido diversas instancias nacionales e internacionales para reclamar castigo contra los responsables, entre los que se encuentran exfuncionarios de los tres niveles de gobierno, así como para promover la no repetición de un accidente como el ocurrido en 2009.

“Se cumplen 68 meses de impunidad en este aniversario de la Constitución, la cual fue reformada por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto de 2012 a la fecha, en complicidad partidista del Pacto por México”, expone el pronunciamiento.

“Estas reformas son letra muerta para la gran mayoría de nuestro país y representan la permanencia de un grupo de grandes empresarios coludidos con la clase política en el poder, empleados de una burguesía financiera internacional que marca las reglas del juego político económico”, advierten los padres de las víctimas.

Es una “burla” que el PRI en Sonora haya postulado a la gubernatura a Claudia Pavlovich, añade el texto, porque en 2009, cuando se desempeñaba como diputada local, emitió cartas de recomendación en favor de los propietarios de la guardería ABC, entre ellos Sandra Lucía Téllez Nieves y Gildardo Urquídez Serrano.

“Estas cartas junto a las redactadas por los arzobispos de Hermosillo obran en el expediente del caso como pruebas con las que se pretendió influir en la decisión del juez, además de ser una muestra clara de que no les importó el hecho de que murieran 49 niños”, acusó el Movimiento 5 de Junio.

Los afectados también se solidarizaron con los familiares de las víctimas de la explosión del Hospital Infantil Materno de Cuajimalpa, ocurrida el 30 de enero anterior.


Además, reiteraron su apoyo a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, y recomendaron “no dejarse encandilar” por las declaraciones del presidente Peña Nieto; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.

Caso de la Guardería ABC llega a la Comisión Interamericana de DH

Los padres esperan encontrar una respuesta favorable, sin embargo, no hay tiempo estimado para que el organismo resuelva aceptarlo, lo que podría llevar años.

Cinco años después de la muerte de 49 niños en la guardería ABC en Sonora sin haber encontrado justicia en las instituciones mexicanas, padres integrantes del “Movimiento 5 de junio” acudirán hoy lunes 27 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar las omisiones del Estado mexicano.
Al menos cuatro de los padres de los menores fallecidos acudirán a una reunión con los comisionados de la CIDH James Cavallaro, Rosa María Ortiz y el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, como parte de las audiencias en el 153 periodo ordinario de sesiones en Washington.

Harán la petición formal para que el organismo internacional evalúe la admisibilidad y pueda atraer el caso para su análisis. De confirmar las violaciones a derechos humanos, la Comisión podría emitir un informe con las recomendaciones y señalamientos al Estado mexicano.

Este lunes a las 11:00 de la mañana, hora de México, los padres presentarán un video de lo sucedido en la guardería ABC el 5 de junio de 2009 y expondrán sus argumentos sobre la presuntas violaciones a los derechos humanos cometidos por el Estado en una de las tragedias más dolorosos en el país.

Los temas sobre los que se finca esta petición es “la falta de acceso a la verdad, a la justicia y a reparación del daño entendida como la garantía de no repetición”, explica Sthephanie Erin Brewer, integrante del equipo legal del Centro Miguel Agustín Pro Juárez que acompaña a los padres.

Tanto en las investigaciones como en los procesos penales e incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha argumentado que lo ocurrido en la guardería fue producto de la negligencia de “unas cuantas personas con puestos de bajo rango” en Hermosillo, Sonora; pero “en la realidad la guardería es un ejemplo paradigmático de la situación de inseguridad, incumplimientos e irregularidades que prevalecían en prácticamente todas las guarderías subrogadas por el IMSS en el país”, explica Brewer.

En entrevista, asegura que la muerte de 49 menores es responsabilidad es de “toda una estructura, de una decisión tomada desde los más altos niveles en el IMSS de subrogar guarderías a particulares en una lógica de mercado, convirtiéndolas en un negocio lucrativo y a los niños y niñas en una oportunidad de ganar dinero gastando lo menos posible”.

Después de estos años no ha habido un reconocimiento de ese nexo con el incendio. Por eso, las investigaciones tampoco se han enfocado en la posible responsabilidad de altos mandos a nivel federal y estatal, afirma la abogada.

Después de agotar todas las instancias legales en México y sin encontrar la reparación del daño con la garantía de no repetición, ni castigo a toda la línea de responsables, las víctimas pueden acudir a los organismos internacionales, según los instrumentos de protección de los derechos humanos.

La última instancia

La muerte de 43 niños y niñas ha quedado impune, según han denunciado los padres, toda vez que no hay ningún responsable en la cárcel.
Y es que la cadena de responsabilidad, aseguran las víctimas, debía alcanzar al entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; el ex director del IMSS, Daniel Karam Toumeh; el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours y el ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou.

La Suprema Corté de Justicia de la Nación atrajo el caso en 2009 y un año después, en votación dividida, los ministros concluyeron que sólo funcionarios medios de los niveles federal, estatal y municipal tuvieron alguna responsabilidad.

El fallo de la Corte era una esperanza de los padres para encontrar justicia y aunque la conclusión no los satisfizo, las sentencias del máximo órgano legal no pueden ser impugnadas por alguna otra instancia.

Al agotar las instancias legales en el país, se cumple con uno de los requisitos para que la solicitud ante la CIDH sea aceptada.

Otro de los preceptos es que no se ha alcanzado ningún compromiso del Estado para la no repetición. Aunque gracias al activismo de los padres se promulgó la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil conocida como “Ley 5 de junio” en 2011, los estados no la están aplicando.

La legislación pretende garantizar la seguridad de los niños y niñas en guarderías, pero sólo Jalisco ha concluido con la promulgación de ley y el reglamento correspondiente.

Aunque los estados estaban obligados a adecuar sus leyes locales en el año siguiente a la publicación sólo algunas lo han hecho. Se trata de Sonora, el Estado de México, Puebla, Colima, Baja California y Yucatán, pero faltan sus leyes secundarias.

Los padres esperan encontrar una respuesta favorable en la CIDH, sin embargo, no hay tiempo estimado para que el organismo resuelva aceptarlo, lo que podría llevar años.


Después, en caso de darle entrada, vendría el litigio sobre la responsabilidad del Estado y al final, la publicación de un informe.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELIROLDÁN

Padres de la Guardería ABC levantan plantón, pero se quedan en el DF esperando ser recibidos por Peña

Un grupo de padres de familia de la Guardería ABC levantó un campamento que habían montado al exterior de Los Pinos a fin de ser recibidos por Peña Nieto para tratar el caso de la estancia infantil en la que fallecieron 49 niños en junio de 2009.

Un grupo de seis padres de familia de la Guardería ABC levantó este sábado 11 de octubre un campamento que habían montado al exterior de Los Pinos a fin de ser recibidos por el presidente Enrique Peña Nieto para tratar el caso de la estancia infantil en la que fallecieron 49 niños en junio de 2009.

Luego de que los padres de los niños fallecidos en la estancia se reunieran con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), José Antonio González, Julia Escalante, una de las madres, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, que éste les explicó que la vía para tratar su caso es a través de ellos o de la PGR.

Sin embargo, dijo Escalante, seguirán buscando ver al Presidente de la República y, explicó, el desacuerdo fue porque lejos de ser una mesa de trabajo, se trató “de un exhorto directo a que nos retiráramos; a que si no era a través de instituciones como IMSS y PGR, el Presidente  no nos recibiría”.

Han pasado dos años y cuatro meses desde que Enrique Peña Nieto, entonces candidato a la Presidencia de la República por el PRI, se reuniera en junio de 2012 con los padres de los 49 niños que murieron en el incendio de la guardería ABC, de Hermosillo. En aquella reunión en Ciudad Obregón, el abanderado del tricolor escuchó los reclamos de los padres y fue incluso un paso más allá en su compromiso ante el electorado: recibió y firmó un escrito con cuatro puntos en el que le pedían que, de llegar a Los Pinos, atendiera en los primeros 100 días de su administración “la resolución total y definitiva del caso”.

A más de 800 días de aquella promesa electoral, el presidente Peña Nieto no se ha vuelto a reunir con los padres de las víctimas de la guardería ABC. Y cinco años y cuatro meses después del 5 de junio de 2009, cuando tuvo lugar el incendio, sigue sin haber ningún responsable en la cárcel.


Ante esta situación, un grupo de padres instaló desde el lunes 6 de octubre un campamento frente a la residencial oficial de Los Pinos, para exigir al presidente Peña Nieto que reciba a todos los padres afectados.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Confluyen en Los Pinos deudos de caso ABC y madres de desaparecidas

MÉXICO, D.F. (apro).- En los dos extremos de la calle Chivatito, que une la residencia oficial de Los Pinos al Paseo de la Reforma, confluyeron hoy los deudos de las víctimas de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Con su dolor a cuestas, unos y otros recriminaron al presidente Enrique Peña Nieto la falta de cumplimiento de sus promesas.

Las madres de Juárez, exhaustas, volvieron a comer pequeñas porciones de verduras picadas ayer. Su estómago sigue traumatizado por los 15 días que duró la huelga de hambre y que culminó ayer luego de firmar acuerdos con la PGR y la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Me queda claro que, sin la campaña de movilización y de apoyo que reunimos, las autoridades no nos hubieran hecho caso”, señaló Malú García Andrade, fundadora de la asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa y hermana de Ilia Alejandra, una de las víctimas de feminicidios en Juárez.

En estos acuerdos las autoridades se comprometieron a cooperar con las autoridades de Chihuahua para investigar los casos de siete niñas y mujeres asesinadas y desaparecidas durante la década pasada, por lo que las investigaciones no saldrán del fuero federal, como temían las madres.

Además, dieron luz verde al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) –que también participa en los peritajes de los cuerpos exhumados en Iguala, Guerrero– para que realice la exhumación y el peritaje de la hija de Silvia Fabiola.

Asimismo, la PGR prometió que llevará a cabo campañas para encontrar a las desaparecidas con recompensas de un millón y medio de pesos.

Incluso, que se avanzará en la creación de una base de datos nacional sobre desaparecidas, y otra base en la que se registrará su ADN.

Sin embargo, la demanda más sentida de las madres de Ciudad Juárez no obtuvo respuesta: un encuentro con Peña Nieto. “Simplemente no quisieron atendernos”, denunció García Andrade.

En rueda de prensa que organizó en la esquina de Chivatito y Reforma, señaló: “Los acuerdos abarcan siete casos de mamás, pero pedimos las audiencias con el presidente para abordar con él los feminicidios en general en el estado de Chihuahua”.

Y recordó que, en los dos primeros años del sexenio de Peña Nieto, se han documentado 97 feminicidios sólo en Juárez, mientras que en Camargo –otra ciudad chihuahuense– se encuentran desaparecidas 300 niñas.

“La problemática sigue igual y cada vez es más alarmante”, denunció. Según García Andrade, el gobierno federal se deslinda de las investigaciones, mientras que la agenda presidencial nunca ha incluido el tema de los feminicidios.

Promesa de campaña

En el otro extremo de la calle Chivatito, frente a la entrada a Los Pinos, los padres de los niños fallecidos el 5 de junio de 2009 en la guardería ABC no padecieron el hambre sino las inclemencias de la lluvia y el frío desde que iniciaron su plantón, el lunes 6.

Se desplazaron hacia la Ciudad de México para recordar su promesa a Peña Nieto, pues durante una visita a Ciudad Obregón, etapa de su campaña presidencial, el entonces candidato del PRI se comprometió ante los padres de víctimas a dar soluciones “en los primeros 100 días de su mandato”.

Sin embargo, al llegar el lunes a Los Pinos, los agentes del Estado Mayor Presidencial (EMP) no querían permitirles que instalaran sus dos tiendas de campaña en la banqueta central, pero se sostuvieron y acamparon. “Hasta que el presidente nos dé fecha para recibirnos, nos quedaremos”, advirtió Marina Othón.

“Ya pasaron años y no hemos constatado avances en las investigaciones”, acusó.

También dijo que únicamente fueron recibidos por el subprocurador de la PGR, representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el encargado de Atención Ciudadana de la Presidencia.

“Si quisiéramos ver al IMSS o a la PGR hubiéramos hecho un plantón ante el IMSS o la PGR”, subrayó Adriana Villegas.

Fue hasta la noche del martes que elementos de vigilancia de Los Pinos permitieron a los ocho padres sonorenses acceder a los sanitarios del lugar.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE

A más de 2 años de que les prometiera resultados, Peña Nieto no recibe a padres de Guardería ABC

Un grupo de siete padres instalaron un plantón frente a Los Pinos para exigir al presidente Peña Nieto que los reciba y que cumpla la promesa electoral que les hizo en junio de 2012, cuando el hoy mandatario visitó Ciudad Obregón como candidato del PRI.

Han pasado dos años y cuatro meses desde que Enrique Peña Nieto, entonces candidato a la Presidencia de la República por el PRI, se reuniera en junio de 2012 con los padres de los 49 niños que murieron en el incendio de la guardería ABC, de Hermosillo.

En aquella reunión en Ciudad Obregón, el abanderado del tricolor escuchó los reclamos de los padres y fue incluso un paso más allá en su compromiso ante el electorado: recibió y firmó un escrito con cuatro puntos en el que le pedían que, de llegar a Los Pinos, atendiera en los primeros 100 días de su administración “la resolución total y definitiva del caso”.

A más de 800 días de aquella promesa electoral, el presidente Peña Nieto no se ha vuelto a reunir con los padres de las víctimas de la guardería ABC. Y cinco años y cuatro meses después del 5 de junio de 2009, cuando tuvo lugar el incendio, sigue sin haber ningún responsable en la cárcel.

Ante esta situación, un grupo de siete padres instaló desde el lunes 6 de octubre un campamento frente a la residencial oficial de Los Pinos, para exigir al presidente Peña Nieto que reciba a todos los padres afectados.

“Peña Nieto nos hizo un compromiso a los padres de los niños de la Guardería ABC de que nos iba a atender. Han pasado ya más de dos años desde que tomara el poder y aún no hemos tenido respuesta“, expone en entrevista con Animal Político Julia Escalante, madre de Fátima Sofía Moreno, una de las 49 víctimas del incendio. “Nosotros creemos que ya se le dio suficiente tiempo para que de él saliera la invitación de reunirnos, pero desafortunadamente no ha sido así, y por eso estamos aquí, en Los Pinos, para exigirle que cumpla su palabra”, añadió la madre de familia. 

Hasta el momento, los padres de las víctimas cuentan que sólo una persona del departamento de Comunicación Social de Presidencia se ha acercado al campamento que instalaron en Los Pinos para ofrecerles atención, aunque desde que le plantearon la petición de entrevistarse con el Presidente no han vuelto a tener noticias suyas.

“También nos enviaron a gente del seguro social y de la PGR, pero con ellos ya hemos tenido muchas reuniones y acercamientos, y no ha pasado nada. Nosotros ya no queremos más intermediarios, queremos ver al Presidente Peña Nieto“, insistió Escalante, que lamentó la falta de respuesta del mandatario.

“La verdad es que no vemos ningún tipo de acercamientos con Presidencia. Por eso vamos a mantener el plantón hasta que nos den una respuesta. Si Peña Nieto dice que no nos va a recibir, pues está bien, pero que al menos nos lo diga”, pidió la madre de familia.

“Un intento desesperado”

Por su parte, Daniel Gershenson, activista y columnista de Animal Político que acompaña el plantón en Los Pinos, explicó que esta medida de presión de los padres “es un intento desesperado ante la falta de interés en este caso del Gobierno de Peña Nieto, el cual constituye una suerte de continuidad con el gobierno anterior de Felipe Calderón”.

“A Felipe Calderón no le interesaba en lo más mínimo resolver este caso y algunos padres decidieron entonces otorgar el beneficio de la duda a Peña Nieto. Sin embargo, a dos años de gobierno, y a más de dos de que les hiciera una promesa incumplida, se han dado cuenta de que tienen que hacer algo y por eso están aquí en el DF”, señaló el activista.


Marina Othón E., madre del niño Juan Carlos Rodriguez Othón (fallecido); Adriana Tamayo Trujillo, madre de la niña Yoselin Valentina Tamayo Trujillo (fallecida); Julia Escalante, madre de la niña Fátima Sofía Moreno Escalante (fallecida); Alejandra Cázares y Abraham Angulo, padres del niño Axel Abraham Angulo Cázares (fallecido); Adriana Villegas, madre del niño Héctor Manuel Robles (lesionado) y Delfina Bueras, madre de la niña Paulina Villaescuza (lesionada), son quienes participan en el plantón frente a Los Pinos para exigir que Peña Nieto reciba a todos los padres de los 49 niños fallecidos y los 76 heridos en la tragedia de la Guardería ABC.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.