PUEBLA, Pue: La comunidad indígena de San Miguel Canoa decidió expulsar a la fuerza pública, crear su propia autodefensa desarmada y montar retenes para restringir el acceso a la localidad ante la pretensión del gobierno de Rafael Moreno Valle de imponerles autoridades.
En rueda de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Rocío Pérez Pérez, informó vía telefónica que los acuerdos tomados por su comunidad el pasado lunes 12, incluyen evitar la entrada de funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y de posibles candidatos si el conflicto no se resuelve antes de la celebración de los comicios de este año.
El pasado 4 de noviembre fue detenido el Presidente Auxiliar de Canoa, Raúl Pérez Velázquez, quien mantuvo su oposición a entregar las oficinas del Registro Civil, luego de que el gobierno de Moreno Valle impulsó una reforma legislativa para centralizar ese servicio.
Desde entonces, Canoa se declaró en resistencia y ha tratado de evitar que el gobierno estatal imponga autoridades suplentes sin que hayan sido electas por la vía de usos y costumbres que rige a esta comunidad y que cuenta con una población 90% indígena.
Pérez explicó que prefirió no presentarse en la rueda de prensa en la Ciudad de México, luego de que ha sido amenazada por el gobierno estatal de que si se manifiestan en torno al Informe del mandatario poblano, su padre será trasladado del penal de San Miguel al de alta seguridad de Tepexi de Rodríguez, lo que podría afectar su estado de salud y anímico.
Asimismo, denunció que recibieron dos amenazas por parte del gobierno poblano, una de ellas telefónica en la que le pidieron cancelar la conferencia de prensa.
Pérez informó que en la asamblea del lunes pobladores de Canoa determinaron que expulsarán a unos 30 policías que hay en esa localidad, que sólo se dedican a resguardar el edificio de la presidencia de la Junta Auxiliar y no cuidan la seguridad de los habitantes.
Explicó que la seguridad del pueblo, de unos 35 mil habitantes, será asumida con la organización de los pobladores, que ya dividieron el territorio en 10 secciones y nombraron comités que coordinarán las actividades de vigilancia.
“Todas se coordinarán con el comité central en coordinación para evitar ingobernabilidad”, precisó. “No hay, ni habrá armas de ningún tipo, nuestra resistencia es pacífica, vamos a resguardarnos como población sin ningún tipo de armas. No es autodefensa”.
Además, apuntó que la comunidad determinó colocar una especie de retenes o casetas en las entradas de la comunidad para tener un control del ingreso de personas extrañas, luego de que el gobierno estatal y municipal podría enviar policías o funcionarios para detener a más personas o imponer autoridades en la Presidencia Auxiliar.
“Tendrán que pedir permiso para ingresar a la comunidad, y así evitar que lleguen autoridades estatales y municipales”, detalló.
Indicó que no se permitirá el acceso a representantes del INE para la organización de los comicios federales, ni a los candidatos que pretendan hacer campañas, hasta que se acuerde respetar las decisiones del pueblo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
En rueda de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Rocío Pérez Pérez, informó vía telefónica que los acuerdos tomados por su comunidad el pasado lunes 12, incluyen evitar la entrada de funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y de posibles candidatos si el conflicto no se resuelve antes de la celebración de los comicios de este año.
El pasado 4 de noviembre fue detenido el Presidente Auxiliar de Canoa, Raúl Pérez Velázquez, quien mantuvo su oposición a entregar las oficinas del Registro Civil, luego de que el gobierno de Moreno Valle impulsó una reforma legislativa para centralizar ese servicio.
Desde entonces, Canoa se declaró en resistencia y ha tratado de evitar que el gobierno estatal imponga autoridades suplentes sin que hayan sido electas por la vía de usos y costumbres que rige a esta comunidad y que cuenta con una población 90% indígena.
Pérez explicó que prefirió no presentarse en la rueda de prensa en la Ciudad de México, luego de que ha sido amenazada por el gobierno estatal de que si se manifiestan en torno al Informe del mandatario poblano, su padre será trasladado del penal de San Miguel al de alta seguridad de Tepexi de Rodríguez, lo que podría afectar su estado de salud y anímico.
Asimismo, denunció que recibieron dos amenazas por parte del gobierno poblano, una de ellas telefónica en la que le pidieron cancelar la conferencia de prensa.
Pérez informó que en la asamblea del lunes pobladores de Canoa determinaron que expulsarán a unos 30 policías que hay en esa localidad, que sólo se dedican a resguardar el edificio de la presidencia de la Junta Auxiliar y no cuidan la seguridad de los habitantes.
Explicó que la seguridad del pueblo, de unos 35 mil habitantes, será asumida con la organización de los pobladores, que ya dividieron el territorio en 10 secciones y nombraron comités que coordinarán las actividades de vigilancia.
“Todas se coordinarán con el comité central en coordinación para evitar ingobernabilidad”, precisó. “No hay, ni habrá armas de ningún tipo, nuestra resistencia es pacífica, vamos a resguardarnos como población sin ningún tipo de armas. No es autodefensa”.
Además, apuntó que la comunidad determinó colocar una especie de retenes o casetas en las entradas de la comunidad para tener un control del ingreso de personas extrañas, luego de que el gobierno estatal y municipal podría enviar policías o funcionarios para detener a más personas o imponer autoridades en la Presidencia Auxiliar.
“Tendrán que pedir permiso para ingresar a la comunidad, y así evitar que lleguen autoridades estatales y municipales”, detalló.
Indicó que no se permitirá el acceso a representantes del INE para la organización de los comicios federales, ni a los candidatos que pretendan hacer campañas, hasta que se acuerde respetar las decisiones del pueblo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.