Tuvieron que pasar más de 50 años para que cinco familias pudieran recuperar los cuerpos de sus seres queridos que fueron fusilados y sepultados en fosas clandestinas por el Ejército en lo alto de la sierra de Ajuchitlán del Progreso.

Este viernes, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) entregó los cuerpos de José Isabel Rojas Bernardino, Apolonio Hernández Bernardino, Gervacio Bernardino Durán, Bartolo Rojas Nazario y Pablo Rojas Terán, que tenía 14 años cuando fue asesinado al salir a buscar a su papá Francisco Rojas Nazario.

En Atoyac de Alvarez, Guerrero, el epicentro de las desapariciones forzadas en la guerra sucia tras la muerte de Lucio Cabañas, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, descalificó las listas de los vuelos de la muerte que familiares de las víctimas presentaron en agosto pasado.

Los trabajos del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) fueron omitidos por la Secretaría de Gobernación cinco días antes de concluir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La polémica en torno a la inclusión de otras víctimas de violencias del Estado que no eran luchadoras sociales o integrantes de grupos guerrilleros fue aprovechada por las autoridades para desestimar, ignorar cuatro tomos y reducir de 6 mil páginas a solo ocho el informe final “Fue el Estado 1965-1990”, realizado por tres de los cuatro comisionados de dicho mecanismo.

El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad (MEH) acusó a la Secretaría de Gobernación (Segob) de desconocer su informe sobre la Guerra Sucia y a más de 4 mil víctimas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos entre 1965 y 1990.

A un día de que concluya el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, tres expertos que coordinaron el MEH lamentaron que la Segob no publicó completo su informe de casi 5 mil hojas, y en lugar de eso solo difundió un breve resumen de ocho páginas.

“Estamos viviendo nuevos tiempos y yo creo que este acto es una prueba de que se está cambiando (…)  no queremos que esto quede en la superficie, no queremos la simulación, queremos ir al fondo”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al dar el banderazo de salida a los trabajos de investigación de la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia.

El presidente dijo estas palabras en junio de 2022, en el Campo Militar No. 1 y frente a familiares de víctimas de crímenes que ocurrieron entre 1965 y 1990. El esclarecimiento de los hechos de la llamada Guerra Sucia fue una de las principales promesas de López Obrador al arranque de su gobierno.

Ante la falta de certeza de que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya recibido el informe “Fue el Estado”, relacionado con violaciones de derechos humanos cometidos entre 1965 y 1990, comisionados responsables del documento entregaron un ejemplar en la Oficialía de Partes de Presidencia de la República.

Por más de un año en que el equipo de investigación del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) inspeccionó y revisó diversos documentos del archivo militar, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ocultó, mutiló y alteró un número aún indefinido de expedientes que podrían inculpar a esta institución en graves violaciones a los derechos humanos durante el periodo conocido como la “Guerra sucia”.

El Centro Nacional de Inteligencia de México (CNI) entregó al Archivo General de la Nación (AGN) 300 mil 986 documentos de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS) con fotografías, documentos, cintas de video, microfichas, microfilms y 215 mil tarjetas fechados entre 1965 y 1990 con datos de grupos guerrilleros, actores políticos, sociales, sindicales y activistas relacionados con la guerra sucia, el terrorismo de Estado contra la oposición política.

"Es toda aquella información referente a posibles violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción", indicó el AGN, según recoge el diario mexicano 'La Jornada'.