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El descarado ocultamiento de la guerra de Calderón

By: Draco Dracul on 20:46:00 / comment : 0 ,

Entre abril y agosto de 2010, Proceso solicitó información, vía Ley de Transparencia, sobre el “número de ejecuciones civiles” en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. En esas fechas Felipe Calderón llevaba casi cuatro años como presidente de México.

 Se ingresaron peticiones de información a las Unidades de Enlace de la Presidencia, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Procuraduría General de la República (PGR) y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En reserva, el documento con las cifras fatales de la guerra calderonista

By: Draco Dracul on 14:20:00 / comment : 0 , ,

Atizada por la guerra que Felipe Calderón declaró desde el inicio de su gestión, la violencia se exacerbó y hundió a México en el caos y la militarización. Ante las dimensiones de la tragedia, su gobierno ordenó que un documento oficial –que Proceso obtuvo– con las cifras fatales se mantuviera en reserva hasta 2024, al final del sexenio de López Obrador.

En 2011 el gobierno de Felipe Calderón registró cifras más altas sobre los homicidios en México que las dadas a conocer de manera oficial por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por lo que determinó ocultar un documento que precisaba esos números y lo reservó hasta el año 2024.

“En el caso de homicidios, la clasificación se divide en culposos y dolosos. Las cifras que capta el Secretariado Ejecutivo son regularmente más altas que las del Inegi”, indica un documento de la Secretaría de Gobernación en poder por Proceso.

El PAN condujo al Ejército a las calles y ahora, con el PRI, le dará “un poder descomunal”, alertan

By: Draco Dracul on 15:00:00 / comment : 0 , , , ,

A diez años de que la guerra contra el narcotráfico iniciara, el PAN busca reglamentar la participación del Ejército en las calles. El 11 de diciembre de 2006 el otrora Presidente Felipe Calderón Hinojosa envío a las Fuerzas Armadas al combate frontal contra las fuerzas fácticas en Michoacán. Este fue el inicio de una estrategia federal de abordar la lucha contra las drogas, y la violencia no tardó en dispararse. Estadísticas oficiales registraron que los asesinatos subieron de 27 cometidos por día, durante la administración del primer gobernante panista Vicente Fox Queseada, a 56 en el sexenio calderonista. Sin embargo, hoy lejos de regresar a los cuarteles, los elementos castrenses están más cerca de realizar operativos de seguridad pública gracias al respaldo del PAN a la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior, presentada por el PRI.
Diez años después del inicio de la guerra contra el narcotráfico, el Partido Acción Nacional (PAN) apuesta por que las Fuerzas Armadas combatan en las calles contra el crimen organizado a través de las propuestas de Ley en materia de Seguridad Interior, que están por iniciar sus discusión en la Cámara de Diputados.

 La oposición de los partidos Movimiento Ciudadano (MC), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) al uso de las Fuerzas Armadas en tareas policiales ha dejado al Blanquiazul y sus votos como indispensables para detener las propuestas en esta materia, que ya impulsa el PRI.
“Yo creo de lo que se trata es de reglamentar, poner límites al poder del Presidente de la República como jefe máximo de nuestras Fuerzas Armadas para que pueda mandar a las calles al Ejército. Y así saber ¿bajo qué condiciones puede el Ejército salir a las calles, en qué casos, cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la participación del poder Legislativo? Eso es lo que no tenemos”, dijo el Diputado panista Jorge Triana Tena, miembro de la Comisión de Gobernación que discutirá las propuestas.

Hasta el momento hay seis propuestas de iniciativa de Ley de Seguridad Interior. Pero ha sido la presentada por el jefe de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiróz, el pasado 27 de octubre, la que ha secundado la solicitud expresa del Presidente Enrique Peña Nieto de legislar este asunto.

 Una Ley de Seguridad Interior le otorgaría al Presidente de la República la capacidad de decretar la intervención de las Fuerzas Armadas en un lugar y tiempo determinado.
Peña Nieto decidió continuar con la estrategia de seguridad de su antecesor, Felipe Calderón. Pero los registros oficiales refieren que la violencia no disminuyó con la intervención de militares para acabar con el narcotráfico.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que entre 2001 y 2006, bajo el Gobierno de Vicente Fox Quesada, fueron asesinadas 60 mil 162 personas. Mientras que con el segundo gobierno panista, el de Felipe Calderón Hinojosa entre 2006 y 2012, ocurrieron 121 mil 613.

 En el seno de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, el PRI cuenta, junto con su aliado el Partido Verde, con 15 votos. Por su parte, el PRD, Morena y Movimiento Ciudadano (MC), quienes se han manifestado en contra de legislar sobre este asunto, suman ocho votos. Lo que deja como decisivos los siete votos del PAN para aprobar o no un dictamen sobre Seguridad Interior.
“Como veo la situación, es que esta Ley trae un gran apoyo del PRI, Verde, Panal, y el mismo PAN. Ellos hacen mayoría y temo que van aplicar esa fuerza numérica para aprobarlo en comisión y después en el pleno. Sin embargo, siendo el Congreso un órgano deliberativo eso no nos impide decir lo que hemos dicho, que la propuesta es reduccionista. Sólo un parche para el problema”, consideró Macedonio Támez Guajardo, Diputado de MC.
De acuerdo con el Diputado blanquiazul Jorge Ramos, quien es presidente de la Comisión de Seguridad Pública, la iniciativa no es un espaldarazo al PRI, pues dijo que su partido presentó casi un año antes, desde noviembre de 2015, su propia propuesta.
“Yo creo que están opinando sobre una Ley. Y la comisión va dictaminar sobre seis. En particular mi iniciativa que está diseñada para una intervención temporal, subsidiaria y transitoria para las Fuerzas Armadas. Siento que se está precipitando declaraciones sin conocer el contenido”, añadió Ramos.
Ramos, a diferencia del resto, no propuso la creación de una nueva legislación, sino la modificación de la Ley de Seguridad Nacional en materia de seguridad interior para reglamentar el actuar de los militares.

 Los legisladores del PAN sostuvieron que el uso de las Fuerzas Armadas podrá servir para acabar con el narcotráfico.

 “Absolutamente esta ley y la del mando mixto ayudarían. El problema no es el Ejército, ni la marina. Gracias a su intervención no se ha agudizado el problema en el país”, dijo Ramos.
No obstante, a diez años de la guerra contra el narcotráfico hay pocos indicios de que las células criminales hayan sido reducidas. Datos de la Procuraduría General de la República (PGR), actualizados al 13 de febrero, apuntaron que en el país operan 37 células delictivas y nueve cárteles.
La incursión del Ejército en enfrentamientos con presuntos criminales aumentó los índices de asesinato en diversos municipios en un 6 por ciento, de acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Sin embargo, esta tasa se incrementa a 9  por ciento cuando se ven involucrados en el combate elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

 Este centro de estudios reveló que entre diciembre de 2006 y noviembre de 2011 se registraron 68 masacres, donde hubo al menos 10 muertos.

“Algunos diputados del PAN sostienen que la Ley va resolver los señalamientos de derechos humanos sobre las Fuerzas Armadas. Pero, yo creo que así como está esa propuesta, genera lo contrario. Es anticonstitucional, y va en contra de varios convenios de derechos humanos”, dijo el Diputado del PRD, Rafael Soriano Hernández.
El martes pasado, una serie de organizaciones de la sociedad civil ofrecieron una conferencia de prensa en la que apuntaron que el Gobierno federal estaría omitiendo recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que exhortaron a diseñar un plan para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
“La Ley de Seguridad Interior busca darle protección militar a aquello que los militares han venido haciendo extra legalmente. Generales que crecen mientras civiles se encogen. Soldados cada vez más presentes, ante policías cada vez menos profesionalizados”, dijo la activista Denise Dresser.

El inicio de la guerra contra el narcotráfico disparó las quejas contra la Sedena en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por presuntas violaciones a derechos humanos.

 De 182 quejas recibidas en 2006, la CNDH pasó a registrar 367 en 2007 y mil 230 en 2008, de acuerdo con un informe del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
“El PAN tiene condicionada su aprobación al respeto de los derechos Humanos, a que sea una iniciativa de carácter subsidiario y temporal para la participación de las Fuerzas Armadas. Y tercero, con obligaciones de gobiernos locales de restituir capacidades institucionales para que el Ejército se vaya”, aseguró el diputado panista Jorge Ramos.
Pero la estrategia de la organización de las fuerzas policiales no ha sido debatida. Y la profesionalización de las policías ha sido un tema pendiente por el Gobierno federal, acusó el legislador de oposición Macedonio Támez.

 Si bien el ex Presidente Calderón buscó que cada entidad aprobara un Mando Único, en el que las policías municipales quedaran al mando del Gobernador, el modelo no gozó del apoyo necesario para ser adoptado en todo el país.
Ahora, bajo un llamado Modelo Mixto en el que los municipios más grandes podrán conservar sus propios policías, el PAN, PRI, MC y PRD buscan reconfigurar la organización policial de México.

 ¿Por qué el modelo policial ha sido relacionado con las propuestas de Seguridad Interior y no la regularización de las drogas?, se le preguntó al Diputado del Blanquiazul, Jorge Triana.
“Es un tema distinto. A título personal soy un convencido del uso de las drogas. Incluso, con fines lúdicos. Creo que esto eliminaría de forma importante el mercado negro. Y el mercado negro de narcóticos se llama narcotráfico. Pero vamos muy atrasados con respecto al entorno internacional. Apenas estamos abordando el tema del uso medicinal”, justificó.

Los legisladores adelantaron que esperan tener la próxima semana un dictamen sobre las distintas propuestas de seguridad interior que reglamente las operaciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública; así como aprobar una legislación en seguridad interior al finalizar este periodo de sesiones que acaba en abril.

 FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-02-2017/3153168

No era necesario activar al Ejército en guerra contra el narco, concluye estudio del Senado

By: Draco Dracul on 14:27:00 / comment : 0 , , ,

Cuando se activó la "guerra contra el narco" no existía una crisis de seguridad que justificara operativos con las Fuerzas Armadas", indica un estudio; las iniciativas partidistas para dar a militares un marco legal en combate al crimen son "cuestionables" y tienen deficiencias, señala el Instituto Belisario Domínguez.
A diez años de que diera inicio la actual estrategia de combate al crimen organizado, con la participación activa de las Fuerzas Armadas en los enfrentamientos con el narcotráfico, los datos oficiales disponibles revelan que ésta “no redujo la violencia existente en el país”, sino “todo lo contrario: esta estrategia detonó una posterior ola de violencia”, tal como concluyó un estudio elaborado por el Senado de la República.

 Peor aún: dicho estudio determinó que, en el año 2007, cuando esta estrategia popularmente conocida como “guerra contra el narco” fue puesta en marcha, la violencia en México “se encontraba en niveles mínimos históricos”, por lo cual, en realidad “no existía una crisis de seguridad que justificara el despliegue simultáneo de operativos con las Fuerzas Armadas”.
Elaborado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (centro de estudios legislativos del Senado de la República), el documento denominado “Seguridad interior: elementos para el debate” destaca que “hasta el momento, no se ha puesto a disposición pública ningún diagnóstico oficial que justifique este cambio en la política nacional” de seguridad pública, decidido en 2007 y refrendado hasta la fecha.

 Información publicada por la Secretaría de la Defensa Nacional en diciembre de 2016 señala que, en el presente, 52 mil soldados participan en los operativos antinarco iniciados hace diez años, sin embargo, según el estudio del Senado, hasta ahora no existe información oficial “que permita evaluar a cabalidad el desempeño y los resultados de los operativos” militares.
Lo que sí puede verificarse, tal como determinó la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez, es que la implicación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado generó un deterioro no sólo de la seguridad pública, sino también de “las relaciones de convivencia entre el Ejército y la sociedad mexicana”.

 Tras analizar los registros de homicidios del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el centro de estudios legislativos del Senado constató que, antes del inicio de la guerra contra el narco, México experimentaba un índice anual de 9 mil asesinatos, que se elevó a 27 mil a raíz de que esta estrategia de confrontación bélica fue puesta en marcha.

 Las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas, además, también registraron un crecimiento exponencial.

 Retrocesos legislativos

 El 1 de diciembre de 2016, cuando faltaban unas semanas para conmemorar los 10 años de la guerra contra el narco, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, demandó en un discurso público “que se hagan las leyes reglamentarias del artículo 89 fracción VI Constitucional”, para que “podamos servir mejor (al país), con un respaldo jurídico que le permita al soldado hacer las cosas que la propia ley le va autorizar”.
El titular de la Sedena aseguró que dicha reforma es necesaria, ya que “nuestros soldados ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos de la delincuencia, (ya que se enfrentan) con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos”.

 En respuesta, tres partidos políticos (PRI, PAN y PRD) presentaron en el Congreso su propia iniciativa de Ley de Seguridad Interior, para dotar a las Fuerzas Armadas de un marco legal que regule su participación en la guerra contra el narco.

 Sin embargo, según el Instituto Belisario Domínguez, las tres iniciativas de ley presentan distintas deficiencias, empezando por que las tres incumplen con su objetivo central, que es “acotar la presencia militar en tareas de seguridad pública”.

 Según el centro de estudios del Senado, en vez de limitar la participación del Ejército, estas iniciativas buscan “otorgar amplias facultades a las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública, y posibilitan una presencia militar de largo plazo, si no es que permanente”.

 Aunque estas tres iniciativas persiguen objetivos “bien intencionados”, el Instituto Belisario Domínguez concluyó que los procedimientos que proponen convertir en ley “pueden resultar cuestionables”.

 De aprobarse estas enmiendas legales, las Fuerzas Armadas quedarían autorizadas para realizar “investigación de delitos federales y locales”, “amenazas a la gobernabilidad”, “perturbaciones a la paz pública” e incluso “riesgos sanitarios”.
Además, por simple decisión presidencial, sería posible “la suspensión de derechos humanos”, tales como “la libertad de tránsito”, el “derecho a no ser molestados en nuestra persona, familia, papeles o posesiones”, “los derechos a no ser detenidos y a no ser objeto de violencia por parte de las autoridades”, e incluso, se permitiría “el uso de la fuerza pública para controlar actos de resistencia no agresiva por parte de la población”.

 Todas estas propuestas presentadas por el PAN, PRI y PRD para atender la solicitud del titular de la Sedena, no obstante, entran en contradicción con diversos artículos de la Constitución, tal como concluyó el centro de estudios del Senado, entre los cuales están los artículos 11, 16, 22, 29 y 129 de la Carta Magna.

 Asimismo, el Instituto Belisario Domínguez advirtió que ninguna de las iniciativas legales contempla “políticas especiales para la atención y garantía de las víctimas de violaciones a derechos humanos, en el contexto de las acciones contra amenazas a la seguridad interior”, y tampoco precisa “medidas específicas para garantizar el trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos”.
Por todas estas razones, el centro de estudios del Senado determinó que la militarización de la seguridad pública no ayuda a disminuir la violencia, sino que sólo la incrementa “de forma drástica”, además de que los proyectos para normalizar legalmente la participación de militares en la guerra contra el narco atentan contra el orden constitucional.

 ESTUDIO COMPLETO

 FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/ejercito-guerra-narco-senado/

Para combatir al narco, durante el gobierno de Calderón municipios sacrificaron programas sociales

By: Draco Dracul on 15:13:00 / comment : 0 , ,

Un estudio demostró que por cada homicidio vinculado al narco, un municipio perdió dos programas de inclusión o participación social.
La guerra contra el narcotráfico iniciada por el gobierno de Felipe Calderón redujo las capacidades de gobernabilidad de los municipios del país.

 Por cada ejecución vinculada al crimen organizado -en una tasa de mil habitantes-, los municipios perdieron en promedio dos programas u órganos de participación ciudadana que contribuían a mejorar las condiciones de vida de la población, concluyó el estudio La Retracción del Estado: como la violencia afecta la capacidad de gobernar en México,  del Centro de Investigación y Desarrollo Económico (CIDE).

 “Los municipios tenían en promedio 3.1 mecanismos para la participación y consulta, por lo que el efecto asociado de la violencia fue de una magnitud importante en la reducción de esta función”, indica el estudio. 

 De acuerdo con el análisis realizado por el investigador Oliver D. Meza, los municipios tuvieron que enfocar sus propias políticas en favor del gasto en seguridad conforme a la línea del gobierno federal, y en detrimento de los recursos para otros programas.

 “Los gobiernos municipales han decidido privilegiar agendas de políticas impulsadas por la federación para empatar recursos locales con recursos federales. Estos mecanismos fiscales, entre otros, han hecho que el municipio pierda interés en asuntos de su propia agenda”, detalla.

 Sin embargo, el análisis también plantea que el mismo recrudecimiento de la violencia pudo desincentivar a los ciudadanos para participar activamente con el gobierno municipal en estos programas, lo que también representa un retroceso en la presencia del Estado.

 Incluso existe la posibilidad de que el propio crimen organizado haya asumido funciones inherentes al gobierno municipal y que este retroceso del Estado se refleje en la disolución de planes y estrategias sociales.

 “El municipio en México es un agente del Estado, aun cuando se le quiera ver como el eslabón más pequeño. Por tanto el detrimento en estas funciones disminuye la capacidad del Estado en su conjunto y los datos señalan que ésta se vio afectada posiblemente a causa de la violencia generada por el narcotráfico, especialmente en momentos en los que el mismo Estado recrudeció la violencia mediante la política prohibicionista”, subraya el estudio.

 Un cáncer que se multiplica

 El CIDE documentó que al menos en los primeros cinco años de la estrategia de combate el narcotráfico el fenómeno de la violencia relacionada con el crimen organizado se expandió de forma notoria en el país, causando deterioro en las condiciones sociales y de seguridad.

 Los datos incluidos en el estudio Geografía de la Violencia en México. Un acercamiento a la reconfiguración territorial de la violencia generada por el crimen organizado evidenciaban que en 2007 se registraron 76 municipios con al menos un enfrentamiento, pero para 2009 ya se tenían 221 municipios con esta problemática.

 Y para 2011 la cifra se disparó hasta 366 municipios con al menos un enfrentamiento vinculado a la delincuencia organizada. “Esto representa el 15 % del total de municipios en el país, y un incremento superior al 500 por ciento respecto al año 2007”, indica el análisis.

 En 2011 también hubo 211 municipios en el país en donde se registraron agresiones y ejecuciones relacionadas con la delincuencia organizada, casi el doble en comparación con cuatro años antes. Otro dato más: en 2007 el 18 % de los incidentes registrados tuvieron armas largas de por medio y para 2011 dicha proporción ya era superior al 30 por ciento.

 “En este tenor es muy probable que se diera un incremento en las organizaciones criminales y ante tal escenario, la actuación del Estado se tornó compleja para combatir a tantas pequeñas fracciones de estos grupos delincuenciales. Condición que debilita la posibilidad del gobierno para intervenir, efectivamente, en una diversificación de grupos fragmentados menores”, concluye el análisis.

 Metodología del estudio

 Para realizar el estudio, Meza construyó un modelo estadístico de análisis con más de diez variables. Se utilizó como indicadores para la medición dos estrategias básicas que tienen los municipios para construir o consolidar condiciones de gobernabilidad y que son medidas por el INEGI: el número  de mecanismos y de órganos de participación ciudadana.

 Este tipo de estrategias agrupan programas como visitas de las autoridades a comunidades o colonias, foros de atención con los ciudadanos, supervisión de obras y/o servicios públicos, consejos ciudadanos, comités vecinales, consejos de seguridad pública, órganos de contraloría social, entre otros.
El estudio cruzó esta información con la evolución de ejecuciones ligadas al crimen organizado y, a través de una fórmula que incluyó otras varias variables, encontró una relación que permite concluir que el incremento de la violencia incidió negativamente en la continuidad de los programas.

 FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/guerra-narco-municipios-perdieron-programas-sociales/

Grupos criminales crecieron 900% durante la guerra contra el narco de Calderón

By: Draco Dracul on 21:53:00 / comment : 0 , ,

De acuerdo con estudios del CIDE, en los primeros cinco años de la lucha contra el crimen se deterioraron las condiciones de seguridad y se incrementó el número de muertos por enfrentamientos.
Los grupos del narcotráfico crecieron más de un 900% durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, pese a la estrategia de enviar al ejército a las calles a combatirlos, revelan cinco estudios* realizados por investigadores del Centro de Investigación y Desarrollo Económicos (CIDE).

 En ese mismo sexenio se disparó por arriba del 2000% la tasa de civiles muertos en enfrentamientos entre autoridades y presuntos delincuentes, concluyen los investigadores del CIDE.
El aumento de la violencia derivada de la estrategia para combatir al narcotráfico deterioró las condiciones de seguridad en el país, dicen los investigadores.

 En el 2007, cuando comenzó el despliegue de fuerzas federales operaban en el país 20 organizaciones criminales que estuvieron involucradas en 79 enfrentamientos o ataques ya sea entre ellas o con la autoridad.

 Tres años después, en 2011 ya se encontraban en operación 200 grupos criminales que solo en ese año estuvieron implicados en más de mil enfrentamientos.

 Con ellos aumentó 2,093% el número de muertos. Mientras que en 2007 la tasa de víctimas letales por cada incidente era apenas de 0.08 (en promedio un civil muerto por cada 10 enfrentamientos); para 2011 esta tasa ya era de 1.9 muertos (en promedio dos personas muertas por un solo enfrentamiento).

 El promedio de detenidos por enfrentamientos pasó de 0.4 en 2007 a 1.7 en 2011, un crecimiento de más del 300%.

 Los analistas calcularon que cada enfrentamiento adicional protagonizado por la Secretaría de la Defensa Nacional representó un incremento del 8% en los homicidios en el trimestre inmediato al evento, y del 3% en el año inmediato.

 La hipótesis de “descabezamiento de cárteles” o de desequilibrio del status quo entre grupos también es corroborada por los datos. En el corto plazo, tanto matar como detener a miembros de la delincuencia organizada en enfrentamientos con la fuerza pública provoca un incremento de la violencia en 0.5% y de 3%, respectivamente.

 En el largo plazo, un detenido adicional no tiene ningún efecto en la violencia, pero un miembro del crimen organizado adicional ejecutado en enfrentamientos con la fuerza pública genera un incremento en los homicidios de 1%” concluyen los expertos

 El remedio… ¿peor que la enfermedad?

 Entre los resultados que arrojan los estudios destaca que entre 2007 y 2011 se registraron en total tres mil 327 combates entre las fuerzas armadas y federales con células de grupos delictivos. Más del 84% de dichos incidentes fueron propiciados por los propios soldados o policías y el resto fue en respuesta a una agresión directa.

 En su análisis, los expertos advierten que la intervención de las fuerzas federales ha derivado en la detención o muerte de líderes criminales pero esto, lejos de frenar las actividades de los grupos delictivos, ha propiciado una multiplicación de los mismos.

 “Las estimaciones mues­tran que las intervenciones de las fuerzas públi­cas de seguridad tienden a fragmentar aún más a las organizaciones criminales; y que estos cam­bios producen a su vez más violencia” indican los analistas.

 El deterioro de las condiciones de seguridad impulsada por la fragmentación y disputa de los grupos delictivos también ha incidido en la libertad de prensa.

 En uno de los análisis denominados “Voces Silenciadas” se revela, además del incremento en el homicidio de periodistas del 2007 al 2011, que el 63% de los homicidios (31 casos) ocurrió en municipios donde había una disputa entre grupos criminales. En tanto, el 12% de los asesinatos se registró en localidades donde solo operaba un grupo criminal y el 25% en donde no se tenía reportada la presencia de ninguno.

 Estos resultados, prosigue el análisis,  son “consistentes con la hipótesis de la fragmentación que afirma que en condiciones de competencia (criminal) la violencia contra periodistas también aumenta”.

 Letalidad… y opacidad

 En el desarrollo de la llamada “guerra contra el narcotráfico” se incrementó de forma significativa la letalidad de las fuerzas armadas en los enfrentamientos, es decir, el porcentaje de civiles que murieron en cada enfrentamiento.

 Lo que hicieron los analistas es identificar los llamados “eventos de letalidad perfecta por fuerzas públicas”, que son aquellos combates donde no hubo lesionados ni sobrevivientes del lado de los presuntos agresores.

 Entre el año 2007 y 2008 estos eventos se mantuvieron en una proporción similar a los combates donde si hubo detenidos o lesionados pero a partir de ahí crecieron de forma significativa. En 2009 se registraron 59 enfrentamientos con letalidad perfecta por 48 que no lo fueron; para 2010 la cifra se disparó a  280 combate de letalidad perfecta por solo 91 donde hubo sobrevivientes; y en 2011 fueron 451 eventos sin sobrevivientes por 149 en donde sí los hubo.

 Otro dato revelador es el incremento de la proporción de civiles fallecidos justamente en estos “eventos de letalidad perfecta”. Mientras que en 2008 representaron el 60% de los decesos de presuntos agresores para 2011 la proporción era superior al 90 por ciento.

 De acuerdo con los datos del CIDE, de los tres mil 413 civiles fallecidos en los enfrentamientos contra las fuerzas militares y policiales entre 2007 y 2013, están dos mil 938 (más del 86%) que perdieron la vida justamente en estos combates de “letalidad perfecta” donde no hubo sobrevivientes

 “Estas cifras sugieren que la guerra contra el crimen organizado en México es cada vez más letal y costosa medida por el número de pérdidas de vidas humanas” concluyeron los especialistas.

 Por otra parte los especialistas del CIDE advirtieron que desde hace al menos cinco años existe opacidad en cuanto a los datos oficiales de homicidios vinculados con el crimen organizado. La única estadística oficial que se dio a conocer en 2012 correspondía al periodo de los años 2007 a 2011.
“En mayo de 2012, en el contexto de la 27ª Sesión Plenaria de la Con­ferencia Nacional de Procuradores de Justicia, los procuradores locales consideraron que esta nue­va base no era confiable y “decidieron recons­truirla con la misma metodología para tener cer­teza de las cifras con datos verificados por cada dependencia. A la fecha no se ha publicado una base de datos verificada por las procuradurías locales” indica el estudio

 FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/grupos-criminales-aumentaron-900-la-guerra-narco-calderon/
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