“Yo creo de lo que se trata es de reglamentar, poner límites al poder del Presidente de la República como jefe máximo de nuestras Fuerzas Armadas para que pueda mandar a las calles al Ejército. Y así saber ¿bajo qué condiciones puede el Ejército salir a las calles, en qué casos, cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la participación del poder Legislativo? Eso es lo que no tenemos”, dijo el Diputado panista Jorge Triana Tena, miembro de la Comisión de Gobernación que discutirá las propuestas.
“Como veo la situación, es que esta Ley trae un gran apoyo del PRI, Verde, Panal, y el mismo PAN. Ellos hacen mayoría y temo que van aplicar esa fuerza numérica para aprobarlo en comisión y después en el pleno. Sin embargo, siendo el Congreso un órgano deliberativo eso no nos impide decir lo que hemos dicho, que la propuesta es reduccionista. Sólo un parche para el problema”, consideró Macedonio Támez Guajardo, Diputado de MC.De acuerdo con el Diputado blanquiazul Jorge Ramos, quien es presidente de la Comisión de Seguridad Pública, la iniciativa no es un espaldarazo al PRI, pues dijo que su partido presentó casi un año antes, desde noviembre de 2015, su propia propuesta.
“Yo creo que están opinando sobre una Ley. Y la comisión va dictaminar sobre seis. En particular mi iniciativa que está diseñada para una intervención temporal, subsidiaria y transitoria para las Fuerzas Armadas. Siento que se está precipitando declaraciones sin conocer el contenido”, añadió Ramos.Ramos, a diferencia del resto, no propuso la creación de una nueva legislación, sino la modificación de la Ley de Seguridad Nacional en materia de seguridad interior para reglamentar el actuar de los militares.
“Algunos diputados del PAN sostienen que la Ley va resolver los señalamientos de derechos humanos sobre las Fuerzas Armadas. Pero, yo creo que así como está esa propuesta, genera lo contrario. Es anticonstitucional, y va en contra de varios convenios de derechos humanos”, dijo el Diputado del PRD, Rafael Soriano Hernández.El martes pasado, una serie de organizaciones de la sociedad civil ofrecieron una conferencia de prensa en la que apuntaron que el Gobierno federal estaría omitiendo recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que exhortaron a diseñar un plan para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
“La Ley de Seguridad Interior busca darle protección militar a aquello que los militares han venido haciendo extra legalmente. Generales que crecen mientras civiles se encogen. Soldados cada vez más presentes, ante policías cada vez menos profesionalizados”, dijo la activista Denise Dresser.
“El PAN tiene condicionada su aprobación al respeto de los derechos Humanos, a que sea una iniciativa de carácter subsidiario y temporal para la participación de las Fuerzas Armadas. Y tercero, con obligaciones de gobiernos locales de restituir capacidades institucionales para que el Ejército se vaya”, aseguró el diputado panista Jorge Ramos.
“Es un tema distinto. A título personal soy un convencido del uso de las drogas. Incluso, con fines lúdicos. Creo que esto eliminaría de forma importante el mercado negro. Y el mercado negro de narcóticos se llama narcotráfico. Pero vamos muy atrasados con respecto al entorno internacional. Apenas estamos abordando el tema del uso medicinal”, justificó.
“No voy a guardar silencio porque es la verdad. Disculpe, señor Presidente, yo no le puedo decir bienvenido, porque para mi no lo es. Nadie lo es. Porque aquí son más de dos años que se están cometiendo asesinatos. Se están cometiendo muchas cosas y nadie hace nada. Y yo quiero que se haga justicia y no nada más para mis dos niños, sino para todos los demás niños”, dijo Luz María Dávila, madre que perdió a sus dos únicos hijos en la masacre de Salvárcar.
“La continuación de la guerra marca un margen de violencia ya a niveles realmente grandes. No solamente se refiere a la gente que ha desaparecido, sino a una violencia que en las regiones ha obligado a la gente a salir de sus municipios o organizarse para enfrentar una violencia muy generalizada”, comenta al respecto el doctor René Jiménez Ornelas, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“La estructura militar ha tomado una mayor relevancia política dentro del país. No sólo en las obviedades de realizar labores de seguridad pública, sino que han tomado un papel más fuerte en lo político. Y eso es señal del debilitamiento del Ejecutivo, con una Presidencia que llega a su cuarto año, con un índice de aprobación bajísimo y con un debilitamiento de su equipo. El debilitamiento del Ejecutivo ha dado un campo para que los militares tomen un papel político más importante y eso se refleja en la insistencia de impulsar la Ley de Seguridad Interna que le daría el marco regulatorio a lo que se ha hecho sin él por más de 10 años, que son los militares en las calles haciendo la labor de los policías”, detalló.Reyna Estévez dijo que esa ampliación del poder militar también se ve en que la Ley de Desaparición Forzada, atorada en el Congreso, pues criticó que está así porque aún no tienen el visto bueno de la Sedena. “Si es así, es gravísimo, porque uno de los actores del Estado Mexicano que históricamente han sido quienes ocasionan las desapariciones forzadas, el Ejército, sería una fuerza en contra de la Ley de la Desaparición Forzada como la que se requiere en este país”, destacó.
“Es gravísimo lo que sucede en cuanto a las desapariciones. Este Gobierno no quiere aceptar una Ley contra la desaparición en la que se ponga como prioridad la voz de los familiares de las víctimas y de las organizaciones civiles que los acompañan en sus procesos porque son ellos los que conocen la entrada de la corrupción e impunidad que permea en muchos territorios del país; son quienes se han enfrentado a todas las trabas y perversiones que el sistema actual tiene para no buscar, no investigar, pero para armar los casos con una preponderancia en la tortura. Es una señal ominosa, de absoluto desprecio a la sociedad en general y a las víctimas de desaparición y que tiene como uno de sus fines, el encubrirse a sí mismos”, agregó al respecto Reyna Estévez.
