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jueves, 29 de junio de 2017
PGR no investigó posibles vínculos de mando militar y Guerreros Unidos tras ataque a normalistas
Entre los días 12 y 29 de octubre de 2014, la PGR recibió al menos cinco denuncias anónimas, en las que se identifica a un capitán del Ejército, como parte del grupo que dirige al cártel Guerreros Unidos.
A pesar de que las autoridades mexicanas han negado que exista evidencia de presuntos vínculos entre el Ejército y el grupo delictivo Guerreros Unidos, –al que las autoridades atribuyen el rapto y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa–, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene varias denuncias sobre la presencia de un militar en la cúpula que dirige este cártel, que fueron recibidas semanas después del ataque contra los estudiantes en Iguala, Guerrero.
martes, 27 de junio de 2017
Líder de Guerreros Unidos tiene un hermano en el Ejército; Sedena e INAI reservan su expediente
El INAI avaló que el Ejército mantenga en secreto el historial de servicio de Alfredo Casarrubias, hermano del presunto líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, señalado como autor intelectual del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa.
Declaraciones ministeriales recabadas por la Procuraduría General de la República (PGR) revelan que Sidronio Casarrubias Salgado, a quien se identifica como líder del cártel Guerreros Unidos y como autor intelectual del ataque contra los 43 normalistas de Ayotzinapa, es hermano de un integrante de las Fuerzas Armadas, de nombre Alfredo Casarrubias Salgado.
Tal como consta en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/946/2014, Sidronio Casarrubias fue capturado el 17 de octubre de 2014, es decir, tres semanas después del ataque contra los normalistas (ocurrido en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de ese año).
Tal como consta en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/946/2014, Sidronio Casarrubias fue capturado el 17 de octubre de 2014, es decir, tres semanas después del ataque contra los normalistas (ocurrido en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de ese año).
jueves, 1 de junio de 2017
Jueza de Morelos libera a siete presuntos cómplices de Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos
El funcionario afirmó que el pasado 4 de marzo fueron detenidos 18 sujetos en posesión de armas largas de grueso calibre, cartuchos útiles y vehículos en el municipio de Tlaltizapán, en la zona norte de Morelos.
jueves, 30 de junio de 2016
Formal prisión a “El Indio”, fundador de Guerreros Unidos
La Procuraduría General de la República (PGR), lo acusa del delito de Delincuencia Organizada, con la finalidad de cometer secuestros.
Salgado Guzmán tiene parentesco familiar con los hermanos Casaurrubias Salgado, involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Además, “El Indio” es señalado como uno de los fundadores de una organización delictiva que opera en Guerrero, relacionada con el trasiego de drogas y algunos actos de violencia en la zona norte de ese estado.
Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México detuvieron al inculpado el pasado 21 de junio en el municipio de Tonatico, quienes lo pusieron a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
FUENTE: PROCESO
AUTOR: PATRICIA DÁVILA
LINK: http://www.proceso.com.mx/445802/formal-prision-a-indio-fundador-guerreros-unidos
jueves, 9 de junio de 2016
Se aferra la PGR a su línea original en el caso de los 43
La Procuraduría General de la República (PGR) mantiene como principal línea de investigación, sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa ocurrida los días 26 y 27 de septiembre de 2014, la tesis de que los estudiantes fueron a Iguala a tomar camiones para llevarlos a su escuela, “situación que motivó a una célula del grupo delictivo Guerreros unidos a actuar presumiblemente en su contra, solicitando a elementos de las policías de Iguala y Cocula que los detuvieran y se los entregaran, para privarlos de su libertad, interrogarlos y presuntamente privarlos de la vida”.
Esta línea de investigación es la que tiene mayores indicios, señaló Éber Betanzos Torres, titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, quien agregó que no obstante haber agotado otras líneas en las que no se han obtenido resultados, se seguirá investigando con toda exhaustividad.
Al hacer un balance sobre el estado que guarda la indagatoria, el funcionario leyó un mensaje –sin permitir preguntas– acompañado del nuevo titular de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal –quien sustituyó a José Aarón Pérez Carro–, en el que afirmó que el modo de operar de ese grupo delictivo en contra de sus enemigosal parecer atiende a diversos factores que generen desmanes en su territorio y que calienten la plaza.
De darse alguno de estos detonantes, la respuesta sería altamente violenta, privando de la libertad a las personas directamente o presuntamente a través de la policía municipal; torturándolas, privándolas de la vida, incinerándolas e inhumándolas, dijo en alusión a la tesis de la PGR sobre la desaparición de los normalistas.
Esta vez, en el mensaje no se hizo referencia alguna a la presunta incineración de los cuerpos de los jóvenes desaparecidos en el basurero de Cocula, ni a la polémica generada por este tema.
Horas antes, en la reunión de la procuradora con los padres de los normalistas, la funcionaria dio instrucciones a Higuera Bernal y al nuevo coordinador general de Servicios Periciales, Jorge Alberto Zúñiga Malvárez, para actuar con estricto apego a la ley, honestidad, con transparencia absoluta y privilegiando en todo momento el diálogo y trabajo cercano de los padres.
Respecto al nombramiento de Higuera, la procuradora aseveró que el movimiento no significa interrupción o reinicio de la indagatoria en curso.Habrá continuidad puntual.
Betanzos dijo por su parte que se agilizará la tramitación de la asistencia jurídica internacional, solicitada a las autoridades de Estados Unidos, para profundizar en la línea de investigación sobre el llamado quinto autobús y que se indaga la posible participación de policías municipales de Huitzuco en la detención de los estudiantes.
Asimismo, señaló que la PGR está en proceso de cumplir las recomendaciones hechas por la CNDH y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), además, que investigará todos los señalamientos de tortura y tratos crueles, así como de irregularidades en el desarrollo de la indagatoria. De existir estos elementos no habrá impunidad, prometió.
Precisó que si bien terminó el mandato del GIEI en el país, ello no significa que la colaboración con éste haya concluido, aunque aclaró que la coadyuvancia será conforme a derecho.
Fuente: La Jornada
Autor: Jesús Aranda
http://www.jornada.unam.mx/2016/06/09/politica/009n1pol
miércoles, 11 de mayo de 2016
Afloran 10 testimonios de tortura en el caso Ayotzinapa
En las semanas siguientes a la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, las autoridades mexicanas detuvieron a decenas de sospechosos y dijeron que habían resuelto el caso.
En una apresurada conferencia de prensa, los fiscales mostraron videos de supuestos traficantes de drogas que confesaban haber recibido a los estudiantes de manos de la policía, haberlos asesinado, incinerado sus cadáveres en un basurero y tirado los restos a un río.
Dos equipos independientes de expertos pusieron en duda la versión oficial. Y ahora esa versión ha sufrido otro golpe: denuncias de tortura.
En documentos obtenidos por The Associated Press, a los que no se había dado difusión hasta ahora, 10 de los sospechosos relataron un guión casi idéntico: primero vinieron los interrogatorios, después los golpes, las descargas eléctricas, asfixias parciales con bolsas de plástico y finalmente amenazas de que matarían a sus seres queridos si no hacían confesiones que sustentasen lo que decía el gobierno.
Algunos dijeron incluso que les dieron evidencia preparada o que les indicaron lo que debían decir.
Informes médicos publicados el mes pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) parecen confirmar las versiones de que hubo torturas. De los 10 archivos conseguidos por Ap, la organización revisó cinco y encontró pruebas verosímiles en todos ellos.
En el transcurso del camino me iban dando electricidad en los testículos y en todo el cuerpo, declaró uno de los sospechosos, Patricio Reyes Landa, quien fue detenido un mes después de la desaparición de los estudiantes.
En todo ese tiempo, que fue como dos horas y media de camino, llevé los ojos tapados y me fueron golpeando todo el camino, dijo el hombre a un juez en julio, de acuerdo con los documentos obtenidos por Ap.Recuerdo que se acercó una persona y me quitó la venda de los ojos y me mostró una fotografía de mi familia, de mis dos niñas, de mi esposa y mi hermano, y me dijo que si no hacía todo lo que me dijeran iban a violar a mis pequeñas... Le dije que yo iba a hacer lo que ellos me dijeran.
La declaración de Reyes Landa es clave para el gobierno, porque fue uno de los primeros que confesaron haber matado a los estudiantes y quemado sus cadáveres en un basurero del municipio guerrerense de Cocula, para luego arrojar los restos al río San Juan.
Aparte de esas confesiones y de un fragmento de hueso perteneciente a uno de los estudiantes, según se comprobó mediante análisis de ADN, los fiscales casi no tienen otras pruebas.
Bajo las leyes mexicanas, las confesiones obtenidas mediante torturas no son admisibles.
Si desechan la confesión y no hay más pruebas, básicamente no hay caso, afirmó Denise González, especialista en derechos humanos y derecho internacional de la Universidad Iberoamericana.
La creencia generalizada de que las fuerzas de seguridad mexicanas recurren a torturas al investigar los delitos cometidos por los traficantes de drogas se reforzó con el video de un caso separado que circuló el mes pasado en las redes sociales. Mostraba a una soldado y un oficial de la Policía Federal interrogando a una mujer joven a la que le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza hasta que perdió el conocimiento.
El Ejército confirmó la autenticidad del video que, dijo, se filmó durante un enorme despliegue de militares en febrero de 2015 para combatir a los cárteles de las drogas.
En relación con los estudiantes desaparecidos, las denuncias de torturas involucran a los miembros de la Policía Federal o de las fuerzas armadas que arrestaron a individuos sospechosos de tener vínculos con el sanguinario cártel Guerreros unidos.
La Procuraduría General de la República (PGR) dice que miembros de esa banda mataron a los estudiantes después de que se los entregó la policía, que los había arrestado en la ciudad de Iguala.
Hay evidencia médica
Un informe de médicos de la PGR, preparado dos meses después de la detención de Reyes Landa, dijo que tenía moretones, rasguños y “lesiones puntiformes semejantes a las ocasionadas por la aplicación directa de dispositivos eléctricos (como picanas o chicharras) en abdomen y muslos".
Igual de escalofriante es el testimonio del supuesto líder de Guerreros unidos, Sidronio Casarrubias, quien dijo que un elemento de la procuraduría abusó de él horas después de su detención, en febrero del 2015.
El señor aquí presente fue uno de los primeros que me torturó y se sentó en mi estómago, y fue el que me asfixió con bolsas negras de plástico, que además me violó con una pieza metálica, dijo Casarrubias mientras apuntaba hacia al investigador Gabriel Valle Campos, según los documentos.
Me amenazó que iba torturar a mi familia, a mis hijos, de la misma forma en que lo estaba haciendo conmigo.
Eber Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, que supervisa el caso, dijo que no puede comentar las denuncias de torturas y que le corresponderá a los jueces analizar una serie de evaluaciones físicas y mentales que se están haciendo a unos 90 sospechosos que dicen haber sido sometidos a esa práctica ilícita.
Betanzos indicó que 32 detenidos dicen que fueron torturados. Las denuncias involucranmayoritariamente a agentes aprehensores distintos a la PGR.
Señaló que la procuraduría inició nueve investigaciones de torturas, y que la mayoría de las denuncias abarcan heridas que dejan huella, como moretones y cortes.
Últimamente la atención se enfocó en Agustín García Reyes, de los primeros sospechosos que identificaron el sitio donde supuestamente los restos de los estudiantes incinerados habían sido tirados al río San Juan y donde se encontró la única evidencia vinculada con el caso.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la CIDH, expresó dudas sobre el testimonio de García Reyes, luego de que circularon fotos y videos en los que él aparece caminando junto al río con Tomás Zerón de Lucio, jefe de la Agencia de Investigación Criminal, de la PGR, un día antes de que los fiscales dijeran que habían sido hallados fragmentos de huesos.
Eso hizo pensar que la evidencia había sido colocada allí. En medio de acusaciones de manejos irregulares, Zerón dio a conocer un video propio en el que aparece en la escena del crimen con García Reyes, pero no se le ve escarbando la tierra ni encontrando huesos. Eso daría crédito al argumento de las autoridades, que dicen que los restos fueron encontrados al día siguiente por buzos.
En los documentos obtenidos por Ap, García Reyes señala que fue torturado durante horas, mientras le decían lo que tenía que confesar cuando fue llevado al río, aproximadamente un mes después de la desaparición de los estudiantes.
Me pusieron la bolsa en la cabeza y me comenzaron a pegar; yo les dije que no sabía nada, relató García Reyes, de acuerdo con los documentos. “Me decían, ‘más vale que me digas adónde están, porque si no vamos a matar a tu esposa, a tu hijo y a ti también’.
Me siguieron pegando hasta que les dije que yo les iba a decir lo que ellos quisieran, agregó. “Me llevaron al río y me dijeron en la camioneta, ‘ahorita tú vas a hacer como si hubieras tirado las bolsas al río, y si no lo haces te vamos a seguir golpeando’. Llegamos a ese lugar y estaban grabando ellos, y yo hice como si tirara las bolsas al río y me llevaron en seguida adonde ya tenían unas bolsas de plástico; las señalé como diciendo que yo las conocía”.
A pesar de la denuncia de que fue torturado, a García Reyes se le ve caminando normalmente en un video de la fiscalía, sin signo alguno de haber sido maltratado.
González, la especialista universitaria en derechos humanos, admitió que es posible que algunos sospechosos inventen historias sobre malos tratos.
Pero agregó que en el contexto de México, donde la tortura es generalizada... toda denuncia debe ser investigada, y a partir del contexto, es muy posible que sea cierto.
Fuente: La Jornada
Autor: AP
http://www.jornada.unam.mx/2016/05/11/politica/009n1pol
jueves, 5 de mayo de 2016
Continúan homicidios de personajes ligados al caso Ayotzinapa; llegó el turno de dirigente transportista
El crimen se registró en Iguala a las 20:00 horas, en el estacionamiento de la Quinta Margarita, cuando Martínez López se disponía a abordar su automóvil en compañía de su esposa, Sandra Lorena Vellaty Barrios, quien también fue asesinada.
La mañana de ayer, Martínez López había encabezado una reunión con líderes transportistas de la zona Norte, donde anunció su regreso a la dirección de la Coordinadora del Transporte Organizado de la Zona Norte (CTOZN), cargo que dejó en diciembre pasado tras ser vinculado al narcotráfico y el caso Ayotzinapa.
“Vamos a seguir apoyando a la coordinadora al mil por ciento en los trabajos que lleva la coordinadora, y hay un logro que se está dando que es la unificación de los transportistas” (sic), expresó Victórico Martínez durante su mensaje. Horas después fue ejecutado en su propio domicilio.
El caso Ayotzinapa no sólo exhibió los presuntos nexos de autoridades de los tres niveles y el Ejército con el narcotráfico, sino que también ha dejado una estela de ejecuciones y detenciones de personajes ligados a la política en la zona Norte, donde el silencio se impone a balazos.
El pasado 25 de diciembre fue localizado el cuerpo de un hombre ejecutado y junto al cadáver dejaron un mensaje firmado por “Daniel El Travieso” donde acusaban directamente a los líderes del transporte en la zona Norte Victórico Martínez, Nicolás Nájera Salgado “El May” y José Luis Ramírez “El Churros” de formar parte del grupo delictivo Guerreros Unidos y haber participado en la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Tanto Nicolás Najera y José Luis Ramírez fueron detenidos por la Policía Federal, el primero el 25 de abril y el segundo a principios de este mes, ambos son acusados por el gobierno federal de ser líderes de Guerreros Unidos y estar relacionados con la desaparición de normalistas.
En enero, Proceso publicó el reportaje “Guerreros Unidos se cimbra en pugnas internas” donde se advierte que la violencia registrada a finales del año pasado en Iguala muestra la lucha intestina en el grupo delictivo, ya que los mensajes iban dirigidos contra policías estatales y mandos militares a quienes se acusa de dar protección a Víctor Hugo Benítez Palacios “El Tilo” y a Eduardo Joaquín Jaimes “El Choky”, de la banda de “Los Peques”, brazo armado del grupo criminal.
En ese tiempo se mencionan nombres de varios funcionarios presuntamente implicados con ese grupo delincuencial, como el exdirector de la policía de Taxco, Eruviel Salado Chávez, y una docena de agentes de esa corporación que desde octubre último está bajo el mando de la Policía Federal.
Tanto Salado Chávez como el exalcalde taxqueño Salomón Majul González, quien ahora es diputado federal por el PRI, y el empresario Federico Figueroa han sido señalados públicamente por sus presuntos nexos con Guerreros Unidos.
El 27 de diciembre aparecieron dos narcomantas en Iguala. En ellas se menciona al líder transportista de la zona Norte, Victórico Martínez López, y a otras personas como presuntos operadores de Guerreros Unidos, a quienes se acusa de “sobornar” a policías federales y ministeriales.
Dos días después, el centro de la ciudad amaneció tapizado de mensajes. En ellos se señala al Ejército de proteger a Víctor Hugo Benítez Palacio “El Tilo”, líder de “Los Peques”, uno de los presuntos implicados en la masacre y desaparición de los 43 normalistas; también se difundió una foto con el rostro de “El Choky”, supuesto brazo ejecutor de “El Tilo”, considerado por el gobierno federal como otra de las piezas clave en el caso Ayotzinapa.
Fuentes oficiales consultadas por el corresponsal aseguran que se trata de una lucha intestina entre miembros de la organización criminal que opera en Iguala, Taxco, Tepecoacuilco y Huitzuco, zona colindante con el sur del estado de Morelos.
Según informó la agencia Apro en octubre de 2014, el gobierno federal sabía que “Los Peques” controlan el narcomenudeo en Iguala y estaban implicados en la agresión a los normalistas de Ayotzinapa, lo mismo que algunos uniformados estatales y federales.
Los reportes oficiales consultados por Proceso en esas fechas indican que después de la desaparición de los 43 normalistas, los sicarios al servicio de “Los Peques” salieron de Iguala y se refugiaron en la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri. Las autoridades de los tres niveles de gobierno y del Ejército les brindaron protección.
El año pasado, autoridades del poblado donde se encuentra la minera canadiense Gold Corp denunciaron la existencia de fosas clandestinas; algunos afirmaron que la esposa del exalcalde de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, se refugió en esa zona.
La confrontación entre los operadores de Guerreros Unidos se incrementó en diciembre pasado, cuando fueron divulgados los nombres de políticos y autoridades civiles y castrenses de la zona norte presuntamente vinculados al caso Ayotzinapa.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS
LINK: http://www.proceso.com.mx/439631/continuan-homicidios-personajes-ligados-al-caso-ayotzinapa-llego-turno-dirigente-transportista
martes, 19 de abril de 2016
El terror de las mazmorras
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- No sabe si es de día o de noche. Está boca abajo en el suelo, amarrado de las manos, inmóvil. Puede sentir una alfombra en un lado de su rostro. No está en un lugar clandestino sino en las oficinas de la PGR, en manos de policías ministeriales federales de la Agencia de Investigación Criminal.
“Me dicen que ya no hay regreso, que esto es el comienzo… En ese momento me bajan el pantalón y me quitan las vendas de los pies, me echan agua en los testículos y en ese momento proceden a asfixiarme nuevamente y me introducen algo en mi trasero. Es como si fuera de fierro por la forma en que me penetran. En esos mismos momentos me están asfixiando con la bolsa de plástico y una mano presiona mi nariz y la oprime, me la cierra con la presión de las manos. En ese momento siento también toques eléctricos en los testículos…
“El hombre está sentado sobre mí, sudando y nervioso; se oye muy agitado su cuerpo y entonces me ordena que me levante los pantalones. Estoy mojado, siento mis ropas mojadas y un dolor fuerte en el ano y en el ombligo y mi pecho, a la altura del corazón… y me dice el que ordenó la tortura que si ya voy a hacer lo que ellos dicen, les contesto que sí que haré todo lo que ellos ordenen.”
Lo entregan a otros agentes, que lo llevan a un nuevo calvario. Le duele cada parte de su cuerpo. Cuando lo dejan ir al baño se da cuenta que está sangrando del recto, además de que tiene costras de sangre en medio de sus piernas. Tiembla del susto.
Este es el testimonio de una de las 15 personas acusadas de participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes fueron detenidas y torturadas por integrantes de la Policía Federal, la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Marina, según denunciaron ante las Naciones Unidas y el Poder Judicial, así como en cartas enviadas directamente a esta reportera.
Se trata de Sidronio Casarrubias, Gildardo López Astudillo, Felipe Rodríguez Salgado, Patricio Reyes Landa, Agustín García Reyes, Jonathan Osorio Cortés, Marco Antonio Ríos Berber y Raúl Núñez Salgado. Cinco de ellos fueron señalados por la PGR como testigos clave para esclarecer los hechos ocurridos en Iguala.
El grupo incluye a funcionarios de las policías municipales de Iguala y Cocula: Verónica Bahena Cruz, Santiago Mazón Cedillo, Héctor Aguilar Ávalos, Alejandro Lara García, Édgar Magdaleno Navarro Cruz, Jesús Parra Arroyo y Magali Ortega Jiménez.
En una carta del 10 de julio del año pasado, funcionarios de la ONU reclamaron al gobierno de Enrique Peña Nieto las detenciones arbitrarias de 12 de los detenidos:
“También expresamos seria preocupación con las alegaciones según las cuales la tortura –que incluye las violencias sexuales y las amenazas de violación a familiares– y los malos tratos tuvieron como propósito extraer confesiones forzadas y prefabricadas, y que el uso de estos métodos no parece ser en casos aislados”, señalaron en la misiva Seong-Phil Hong, presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Ariel Dulitzky, presidente-relator de Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Gabriela Knaul, relatora especial sobre la independencia de magistrados; y Juan E. Méndez, relator especial sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes .
Los siguientes testimonios fueron recabados por la ONU y la autora de este reporte. Por respeto a las víctimas se omite su nombre en la descripción de los abusos.
***
Quienes lo detuvieron nunca mostraron una identificación. Se lo llevaron en un vehículo con otros detenidos. Los transportan en helicóptero a otro lugar, donde una persona vestida de marino le atiende la ceja que le abrieron sus captores de un golpe. Sentado en el suelo, escucha los gritos de otros. Es su turno.
“Me fueron a traer dos personas vestidas de marinos y me metieron a un cuarto. Me empezaron a amarrar las manos con una venda hacia atrás y me amarraron los pies… me empezaron a dar toques eléctricos en mis testículos, también en mi ano y en la boca… y también me ponían una bolsa en la cara hasta el grado de perder la respiración, y en cuanto la perdía me pegaban en el pecho y el estómago. Así estuvieron unas tres horas, me decían que me iban a decir todo lo que tenía que decir.
“En cuanto a la foto de mi familia, me dijeron que si ahora sí iba a cooperar con ellos, que si no, iban a matar a mi esposa y que a mis dos niñas también las iban a matar, pero antes de matarlas las iban a violar y que les iban a meter el lado del cañón por el ano, y que a mi esposa la iban a violar entre todos… que de todos modos yo era un muerto de hambre.”
***
Policías federales ministeriales le vendan los ojos, la meten a un cubículo y la sujetan a una silla donde la amenazan con quitarle su casa y violar a las mujeres de su familia. La golpean en las costillas, la patean en las piernas y aplican descargas eléctricas. Por el miedo se orina en la ropa y los policías que la torturan aprovechan para humillarla e insultarla. Se la llevan de la oficina donde estaba a las de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, donde la hicieron declarar lo que ordenaron.
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Mientras se encuentra vendado y maniatado, la Policía Federal Ministerial lo amenaza con desaparecerlo y hacerle lo mismo a toda su familia. Como si fuera un protocolo, igual que a los otros le ponen una bolsa para provocarle asfixia mientras le aplican descargas eléctricas en pies y testículos, mientras le preguntan el paradero de los estudiantes desaparecidos. Mientras se ensañaban con él, escuchaba los gritos de dolor de otros detenidos, como si no fuera un edificio de oficinas públicas, sino mazmorras de terror.
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Es detenido por personal de la Agencia de Investigación Criminal. Antes de ser presentado ante el Ministerio Público, es golpeado fuertemente en espalda, abdomen y testículos. Sabe que todo esto ocurre en oficinas de la PGR, pero no sabe cuáles. Cuando finalmente lo llevan ante el MP las cosas no mejoran. Incluso el encargado de tomarle la declaración lo amenaza con violar a su esposa y matar a toda su familia si no se declara culpable de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala.
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Está en oficinas de la Secretaría de Marina. Lo golpean en hombros, costillas y muslos; le aplican toques eléctricos en los pezones y testículos, mientras de otras formas le provocan asfixia. Los marinos lo presentan ante el Ministerio Público 12 horas después de su detención. Cuando la perito hace la inspección física encuentra tales daños que ella misma recomienda que lo manden al hospital para ser valorado por especialistas en oftalmología, traumatología y ortopedia.
En respuesta a la carta de la ONU, el gobierno de Peña Nieto reconoció que tuvo que abrir las averiguaciones previas 312/UEIDAPLE/DT/31/2015, 114/AP/DGDCSPI/2015, 185/API/ DGDCSPI/2015, 044/AC/ DGDCSPI/2015, y 047/AC/ DGDCSPI/2015 para indagar los hechos de tortura y abuso de autoridad en 10 de los 13 detenidos a los que se refirió la comunicación de la instancia internacional. Admitió también que las presuntas víctimas de tortura fueron detenidas por la Policía Federal, la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Marina.
Fuente: Proceso
Autora: Anabel Hernández
http://www.proceso.com.mx/437648/terror-las-mazmorras
domingo, 17 de abril de 2016
Sobornos y torturas, atrás de la “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa
La atroz realidad es que la tortura y el soborno son las herramientas que la PGR ha aplicado, no para esclarecer los hechos de la noche trágica de Iguala, sino para apuntalar la “verdad histórica” decretada por el exprocurador Murillo Karam. Expedientes judiciales del caso Ayotzinapa, cartas de denuncia de algunos detenidos y documentos que relatores de la ONU enviaron al gobierno federal así lo revelan. Esta investigación fue llevada a cabo con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley y el Fondo para Periodismo de Investigación (FIJ, con sede en Washington).
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Jesús Murillo Karam, exprocurador general; Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal, y Gustavo Salas Chávez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), accedieron a que se recurriera a la tortura –y los dos primeros incluso ofrecieron sobornos millonarios– para manipular el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Esto se revela en expedientes judiciales –de los cuales se tiene copia–, y cartas enviadas a la reportera, que contienen esas imputaciones directas contra Murillo, Zerón y Salas, principales responsables de la investigación sobre la desaparición de los normalistas ocurrida en Iguala en septiembre de 2014.
En la investigación documentada se encontró que al menos 15 detenidos habrían sufrido violencia sexual –amenazas de violación contra sus familiares y la consumación de algunas de ellas, asfixia, toques eléctricos en genitales y violación– para obligarlos a confesar su participación en los hechos, imputar a otros y firmar declaraciones prefabricadas.
A casi 19 meses de la desaparición de los estudiantes, la versión oficial que hasta ahora sostiene la Procuraduría General de la República (PGR) es que los 43 fueron asesinados y cremados en el basurero de Cocula. La versión se sustenta con testimonios de presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos y policías de Iguala y Cocula, quienes habrían confesado su participación en los hechos.
La violencia sexual usada como método de tortura para obtener confesiones fue abordada en dos cartas enviadas en febrero y julio de 2015 al gobierno de Enrique Peña Nieto por altos funcionarios de la ONU, a raíz de varios procedimientos especiales ordenados por el Consejo de Derechos Humanos de esa Organización, ante las “serias” acusaciones de “detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles e inhumanos y degradantes” por parte de 13 detenidos entrevistados directamente por relatores de las Naciones Unidas.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2059, ya en circulación.
Fuente: Proceso
Autora: Anabel Hernández
http://www.proceso.com.mx/437449/sobornos-torturas-atras-la-verdad-historica
viernes, 6 de febrero de 2015
6 meses del asesinato del hijo del director de la Radio de Luvianos: sin justicia
Hay dos menores de edad detenidos que declararon haber participado en el asesinato. Presuntamente son del cártel Guerreros Unidos. La familia Benítez aún no tiene las condiciones de seguridad para regresar al municipio.
Hace seis meses, un grupo armado atacó a Indalecio Benítez, el fundador y director de la radio comunitaria Calentana Mexiquense, del municipio de Luvianos, en el Estado de México. Asesinaron a su hijo de 12 años, Juan Diego Benítez. El atentado se dio en el zaguán de su casa y sede de la radio. Era un grupo de al menos cuatro hombres armados con cuernos de chivo y con chaleco y pantalones de camuflaje, según recuerda Benítez.
Ahora sabe que fueron los Guerreros Unidos. Así lo declararon ante la Procuraduría de Justicia del Estado de México dos menores de edad que están detenidos por haber participado en el ataque. Un tercero, señalado por ellos como el que disparó, habría muerto pocos días después del asesinato de Juan Diego en un enfrentamiento con miembros de La Familia. El cuarto, presuntamente también estaría muerto.
Los Guerreros Unidos disputan el municipio de Luvianos al cártel de La Familia, el grupo criminal fuerte en el municipio desde el 2010 cuando José María Chávez Magaña, alias “El Pony”, sometió a los narcos locales. Desde que “El Pony” fue detenido el pasado julio como el operador de La Familia en el Estado de México, los Guerreros Unidos aumentaron su presencia en Luvianos. Según las declaraciones de los detenidos, tenían el encargo de obligar a Indalecio Benítez a prestarles la radio periódicamente para emitir mensajes de su organización.
“En el pueblo hay mucha gente que le entra al crimen porque le obligan y no le queda de otra”, explica ahora Indalecio. Luvianos colinda con Michoacán y Guerrero y se inserta en el mismo corredor de Tierra Caliente que Tlatlaya, todavía en el Estado de México, Arcelia, en Guerrero e Iguala.
Indalecio Benítez y toda su familia ya rindieron declaración, la última vez ante la Fiscalía Especial para la Atención a los Derechos contra la Libertad de Expresión, la FEADLE, que atrajo el caso. En la última ampliación de la declaración, hace apenas un par de semanas, Indalecio les entregó un casquillo que quedó en su propiedad pese al peritaje hecho por la Procuraduría de Justicia del Estado de México para iniciar la averiguación previa.
Los criminales habían disparado dos balas. Los investigadores solo se llevaron un casquillo. Dos días después, uno de los hijos de Indalecio se encontró el segundo. “La Procuraduría mexiquense hizo el levantamiento de pruebas en cinco minutos, como que se quería desentender”, se queja Benítez. La Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso a las pocas semanas.
Ahora, los peritos de la FEADLE –dependiente de PGR– determinaron que ese casquillo es el de la bala que asesinó a Juan Diego, expansiva, que al impactar en el carro se dividió en seis ojivas, tres de las cuales penetraron el cuerpo del menor. El tipo de bala explica que en un primer momento Indalecio dijese que les habían rafagueado pese a que el vehículo en el que llegaban a su casa cuando recibieron el impacto tenía un solo agujero.
Como Animal Político explicó hace seis meses, Benítez y su familia regresaban de cenar pasada la medianoche del sábado 2 de agosto cuando al llegar a su casa cuatro hombres armados los esperaban. En un acto reflejo Indalecio decidió no detenerse y acelerar. Los hombres dispararon al vehículo y tres impactos penetraron por la espalda a su hijo Juan Diego, y le atravesaron el corazón.
Benítez condujo hasta la base de la Marina, a 700 metros de su casa, para resguardarse pero ya no pudieron salvar la vida del pequeño. Los criminales dieron media vuelta y regresaron a la casa de Benítez. Allí se encontraban su madre y dos tíos, todos mayores de 80 años, y el hijo más grande, de 17. Volvieron a disparar y entraron empuñando sus AK-47, los amenazaron, registraron la casa, y encañonaron al muchacho al que le pidieron el celular y le esculcaron hasta la mochila de la preparatoria. La Marina llegó a los 20 minutos, cuando ya se habían ido los criminales.
Después de cinco días, Indalecio Benítez y su familia decidieron dejar el municipio por temor a vivir más represalias. A raíz de su denuncia pública la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado mandó dos patrullas a vigilar la sede de la emisora, que ha seguido retransmitiendo en todo momento.
Una de las locutoras denunció a Animal Político haber recibido una amenaza en estos meses, justo un día que se fue la policía. Aunque los dichos no pasaron a más Indalecio Benítez y su familia no se atreven todavía a regresar. “Se está avanzando pero todavía no se ha hecho justicia. Tenemos que esperar. Estos chamacos han aportando algunos datos, pero son el eslabón más bajo de una organización y no saben muchas cosas”, reflexiona Benítez.
Su esposa dice que ya necesitan volver, que no pueden continuar en el limbo que es el exilio. “Mira, aquí estamos encerrados, no trabajamos, ya se nos acabó el dinero, luego pasa algo, como ahora al niño, que se rompió el pie y no tenemos ni a quién pedirle prestado para comprar las medicinas”, relata Lorena Benítez, esposa de Indalecio. Uno de sus otros cuatro hijos, con la pierna en alto, baja la mirada. Su hermano Juan Diego murió en sus brazos.
En Luvianos los enfrentamientos continúan. El 30 de octubre el Ejército, que tiene también base en tierras municipales, mató a cinco presuntos delincuentes en uno de sus parajes. Al menos desde el asesinato de Juan Diego, Indalecio cuenta tres asesinatos de vecinos.
También mataron a un edil del partido que gobierna, el PRD. Otros tantos han sido secuestrados. En una visita al municipio en noviembre un comerciante local decía: “Sin quererlo estamos en medio de sus conflictos (de ambos grupos). Uno saluda a todos, se la lleva tranquilo, pero no sabes si un día van a venir por ti”. Benítez asegura que la estrategia es que “con una mano se les saluda y con la otra se les retira”.
La FEADLE, que apoya al periodista y a su familia en el exilio, no quiso dar detalles de cómo podrían asegurar su regreso. “Las medidas cautelares funcionan en tanto son secretas”, espetó Alberto Peralta, Director General Adjunto de esta Fiscalía, quién aceptó la entrevista de este medio pero no contestó ninguna pregunta para no afectar la investigación.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MAJO SISCAR.
Ahora sabe que fueron los Guerreros Unidos. Así lo declararon ante la Procuraduría de Justicia del Estado de México dos menores de edad que están detenidos por haber participado en el ataque. Un tercero, señalado por ellos como el que disparó, habría muerto pocos días después del asesinato de Juan Diego en un enfrentamiento con miembros de La Familia. El cuarto, presuntamente también estaría muerto.
Los Guerreros Unidos disputan el municipio de Luvianos al cártel de La Familia, el grupo criminal fuerte en el municipio desde el 2010 cuando José María Chávez Magaña, alias “El Pony”, sometió a los narcos locales. Desde que “El Pony” fue detenido el pasado julio como el operador de La Familia en el Estado de México, los Guerreros Unidos aumentaron su presencia en Luvianos. Según las declaraciones de los detenidos, tenían el encargo de obligar a Indalecio Benítez a prestarles la radio periódicamente para emitir mensajes de su organización.
“En el pueblo hay mucha gente que le entra al crimen porque le obligan y no le queda de otra”, explica ahora Indalecio. Luvianos colinda con Michoacán y Guerrero y se inserta en el mismo corredor de Tierra Caliente que Tlatlaya, todavía en el Estado de México, Arcelia, en Guerrero e Iguala.
Indalecio Benítez y toda su familia ya rindieron declaración, la última vez ante la Fiscalía Especial para la Atención a los Derechos contra la Libertad de Expresión, la FEADLE, que atrajo el caso. En la última ampliación de la declaración, hace apenas un par de semanas, Indalecio les entregó un casquillo que quedó en su propiedad pese al peritaje hecho por la Procuraduría de Justicia del Estado de México para iniciar la averiguación previa.
Los criminales habían disparado dos balas. Los investigadores solo se llevaron un casquillo. Dos días después, uno de los hijos de Indalecio se encontró el segundo. “La Procuraduría mexiquense hizo el levantamiento de pruebas en cinco minutos, como que se quería desentender”, se queja Benítez. La Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso a las pocas semanas.
Ahora, los peritos de la FEADLE –dependiente de PGR– determinaron que ese casquillo es el de la bala que asesinó a Juan Diego, expansiva, que al impactar en el carro se dividió en seis ojivas, tres de las cuales penetraron el cuerpo del menor. El tipo de bala explica que en un primer momento Indalecio dijese que les habían rafagueado pese a que el vehículo en el que llegaban a su casa cuando recibieron el impacto tenía un solo agujero.
Como Animal Político explicó hace seis meses, Benítez y su familia regresaban de cenar pasada la medianoche del sábado 2 de agosto cuando al llegar a su casa cuatro hombres armados los esperaban. En un acto reflejo Indalecio decidió no detenerse y acelerar. Los hombres dispararon al vehículo y tres impactos penetraron por la espalda a su hijo Juan Diego, y le atravesaron el corazón.
Benítez condujo hasta la base de la Marina, a 700 metros de su casa, para resguardarse pero ya no pudieron salvar la vida del pequeño. Los criminales dieron media vuelta y regresaron a la casa de Benítez. Allí se encontraban su madre y dos tíos, todos mayores de 80 años, y el hijo más grande, de 17. Volvieron a disparar y entraron empuñando sus AK-47, los amenazaron, registraron la casa, y encañonaron al muchacho al que le pidieron el celular y le esculcaron hasta la mochila de la preparatoria. La Marina llegó a los 20 minutos, cuando ya se habían ido los criminales.
Después de cinco días, Indalecio Benítez y su familia decidieron dejar el municipio por temor a vivir más represalias. A raíz de su denuncia pública la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado mandó dos patrullas a vigilar la sede de la emisora, que ha seguido retransmitiendo en todo momento.
Una de las locutoras denunció a Animal Político haber recibido una amenaza en estos meses, justo un día que se fue la policía. Aunque los dichos no pasaron a más Indalecio Benítez y su familia no se atreven todavía a regresar. “Se está avanzando pero todavía no se ha hecho justicia. Tenemos que esperar. Estos chamacos han aportando algunos datos, pero son el eslabón más bajo de una organización y no saben muchas cosas”, reflexiona Benítez.
Su esposa dice que ya necesitan volver, que no pueden continuar en el limbo que es el exilio. “Mira, aquí estamos encerrados, no trabajamos, ya se nos acabó el dinero, luego pasa algo, como ahora al niño, que se rompió el pie y no tenemos ni a quién pedirle prestado para comprar las medicinas”, relata Lorena Benítez, esposa de Indalecio. Uno de sus otros cuatro hijos, con la pierna en alto, baja la mirada. Su hermano Juan Diego murió en sus brazos.
En Luvianos los enfrentamientos continúan. El 30 de octubre el Ejército, que tiene también base en tierras municipales, mató a cinco presuntos delincuentes en uno de sus parajes. Al menos desde el asesinato de Juan Diego, Indalecio cuenta tres asesinatos de vecinos.
También mataron a un edil del partido que gobierna, el PRD. Otros tantos han sido secuestrados. En una visita al municipio en noviembre un comerciante local decía: “Sin quererlo estamos en medio de sus conflictos (de ambos grupos). Uno saluda a todos, se la lleva tranquilo, pero no sabes si un día van a venir por ti”. Benítez asegura que la estrategia es que “con una mano se les saluda y con la otra se les retira”.
La FEADLE, que apoya al periodista y a su familia en el exilio, no quiso dar detalles de cómo podrían asegurar su regreso. “Las medidas cautelares funcionan en tanto son secretas”, espetó Alberto Peralta, Director General Adjunto de esta Fiscalía, quién aceptó la entrevista de este medio pero no contestó ninguna pregunta para no afectar la investigación.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MAJO SISCAR.
lunes, 2 de febrero de 2015
La líder de Guerreros Unidos era María de los Ángeles Pineda, dice Murillo Karam a senadores
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El Procurador informó que debido a que estaba protegida como la cabeza de la célula criminal fue más complicado procesarla por delincuencia organizada.
“Sin embargo, hicimos una investigación que llegó hasta penales de Estados Unidos, donde logramos obtener testimonios que la ligan directa y claramente con el manejo de la banda de Guerrero Unidos, que vinculaban al padre, la madre y los dos hermanos”, declaró el Procurador, según difunden hoy diversos medios nacionales.
Por lo cual el funcionario federal concluyó que el ex Edil era el segundo a cargo.
Tras reunirse con senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde (PVEM), Murillo reconoció que la estrategia de comunicación en este caso no ha sido buena.
Ayer el funcionario federal asistió a la Reunión Plenaria de Senadores del PRI donde analizaron la agenda legislativa y que se llevó a cabo en el municipio de Ocoyoacac en el Estado de México.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/31-01-2015/1235780.
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