La OEA debe garantizar financiamiento a la CIDH: HRW

CIUDAD DE MÉXICO: La organización Human Rights Watch (HRW) pidió a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) asegurarse de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reciba financiamiento suficiente para continuar con su mandato y evitar que las víctimas de abusos pierdan la posibilidad de obtener justicia.

“Desde hace tiempo la CIDH ha sido la última esperanza para víctimas de la región que durante años han luchado para hacer valer sus derechos en los sistemas judiciales nacionales”, destacó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

Y subrayó que si los Estados miembros de la OEA no atienden la crisis financiera que enfrenta la CIDH y que podría obligarla a despedir a casi la mitad de su personal y a suspender las audiencias programadas para julio y octubre de este año, “sembrarán serias dudas sobre su compromiso con los derechos humanos y levantarán sospechas de que pretenden librarse del escrutinio de la comisión”.

En un comunicado, HRW destacó que el embajador mexicano ante la OEA, Luis Alfonso de Alba Góngora, sugirió que la CIDH podría estar recibiendo menos fondos debido a su supuesta “parcialidad” y sus “retrasos” en el tratamiento de casos, y pidió a la OEA que tomara “medidas correctivas” para reformarla.

Las declaraciones del mexicano se dieron después de que en abril de 2016 un grupo de expertos internacionales designados por la CIDH refutó la versión oficial de México sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Los expertos indicaron que los detenidos habían sufrido abusos y que la investigación oficial estuvo marcada por la manipulación irregular y pérdida de pruebas clave, e incluso su posible destrucción.

Los expertos fueron obligados a concluir su investigación, luego de que el gobierno mexicano no renovara su mandato.

“El gobierno mexicano pareciera estar dispuesto a aprovechar esta crisis financiera para debilitar a la comisión, que se atrevió a cuestionar su investigación sobre las desapariciones de Ayotzinapa”, opinó Vivanco. “Ello sería una grave afrenta a las víctimas de atrocidades en México y en el resto de la región”, dijo.

En su texto, HRW detalló que desde que fue instalada en 1979, la Comisión ha sido clave para promover los derechos humanos en la región.

“La comisión, y los casos que ha llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han contribuido a fortalecer estándares universales de derechos humanos. Estos estándares se refieren, entre otros, a la incompatibilidad de las amnistías por violaciones graves de derechos humanos con el derecho internacional, el limitado alcance de la jurisdicción penal militar, el acceso a información pública, los derechos de las personas LGBT y la violencia de género”, apuntó.

Resaltó, asimismo, que la CIDH ha protegido de abusos a cientos de víctimas y sus familiares a través de medidas cautelares. Actualmente supervisa el cumplimiento por parte de numerosos gobiernos de cientos de medidas cautelares, y emite decenas de nuevas medidas cada año, sostuvo.

“Si los Estados miembros de la OEA no abordan oportunamente esta crisis financiera, es probable que se agraven los riesgos para numerosas personas, incluidos activistas y defensores de derechos humanos”, sostuvo Human Rights Watch.

Expresó que las audiencias de la comisión, que este año podrían suspenderse si no se aborda la crisis financiera, contribuyen a poner de relieve las violaciones de derechos humanos sufridas por numerosas víctimas en la región.

Cada año, decenas de organizaciones denuncian abusos ante la comisión, y tienen la posibilidad de interpelar a las autoridades gubernamentales para que rindan cuentas por su récord de derechos humanos, en lo que constituye el foro de derechos humanos más importante de las Américas, puntualizó.

Luego de precisar que la OEA ha enfatizado en reiteradas ocasiones la importancia del sistema interamericano de derechos humanos (SIDH) para consolidar los derechos humanos y la democracia en la región, y se ha comprometido a reformar el financiamiento del sistema, la CIDH subrayó que en marzo de 2013 la Asamblea General de la OEA “reafirmó su compromiso de lograr el pleno financiamiento del SIDH” a través del fondo regular de la OEA, y pidió a los países que realizaran contribuciones voluntarias “mientras se alcanza ese compromiso”.

No obstante, los Estados miembros de la OEA todavía no han cumplido con este compromiso y la comisión aún depende de donaciones voluntarias, que representan cerca de la mitad de su presupuesto, apuntó.


Tales donaciones –sobre todo las procedentes de Estados que no son miembros de la OEA– se redujeron drásticamente en 2015 y 2016, lo que propició la actual crisis financiera en la CIDH.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/442792/la-oea-debe-garantizar-financiamiento-a-la-cidh-hrw

Denuncia HRW violaciones de EU a los derechos humanos de niños migrantes

CIUDAD DE MÉXICO: La organización estadunidense Human Rights Watch (HRW) denunció al gobierno de Barack Obama por graves violaciones a los derechos contra niños migrantes que son deportados sin asistencia legal.

En un comunicado, HRW informó que presentó un amicus curiae a favor de un juicio iniciado en Estados Unidos en representación de miles de niños migrantes que litigan contra el gobierno federal debido a que “no les brinda representación legal en las audiencias sobre deportación”.

El organismo resaltó que contrario a los procesos penales, en los migratorios “no se reconoce el derecho a un abogado solventado por el gobierno para quienes no puedan solventar ese costo”, por lo que Estados Unidos “ha vulnerado sus derechos fundamentales (de los menores) protegidos por el derecho internacional”.


El recurso de respaldo al caso J.E.F.M. v. Lynch estuvo acompañado también por el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colombia y el estudio de abogados Convington and Burling LLP, en tanto que alumnos de la clínica de Derecho Humanos de la Facultad de Derecho de Columbia, colaboraron en la investigación para el informe.

La investigadora sobre temas de migración de HRW, Clara Long, destacó que “en las audiencias de deportación en Estados Unidos, miles de menores están solos ante abogados gubernamentales y jueces, e intentan plantear una defensa sin asistencia de un abogado”.

Agregó que las audiencias “son extraordinariamente complejas, y perder implica la amenaza de deportación, con consecuencias potencialmente mortales”, ello porque gran parte de los menores que llegan a Estados Unidos lo hacen huyendo de la violencia en sus lugares de origen.

De acuerdo con datos oficiales reproducidos por medios de comunicación estadunidenses, entre octubre de 2014 y septiembre de 2015 fueron detenidos 39 mil 970 menores de 17 años centroamericanos, pero un año antes la cifra fue de 68 mil 541.

Pese a los obstáculos puestos a los menores, las cifras no han descendido. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, entre octubre y noviembre del año pasado 10 mil 588 menores no acompañados fueron detenidos con fines de deportación.

Al recordar que en el congreso de Estados Unidos está pendiente la discusión de un proyecto de ley que obliga al gobierno estadunidense a proporcionar abogados a los menores migrantes no acompañados, HRW puntualizó que fue a partir de 2014 cuando el Departamento de Justicia comenzó deportación de niños en los tribunales de inmigración por la vía rápida.

“Desde entonces la justicia ha impuesto la deportación de miles de niños que no estaban representados por un abogado muchas veces después de una sola audiencia”, apuntó HRW.

La organización destacó que normas internacionales de derechos humanos “reconocen que los menores migrantes no están en condiciones de ejercer su propia representación, y que se les debe asignar un abogado para garantizar el debido proceso en los procedimientos de deportación”.

Para la directora ejecutiva del Risa Kaufman del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colombia, “un sistema que pretende que un menor se presente solo ante un juez de inmigración cuya decisión podría ser de vida o muerte no es imparcial ni justo”.

Además destacó que ante en otros países “reconocen la necesidad de brindar asesoramiento legal a menores en esta situación absolutamente vulnerable”.

En tanto, Ben Setel, alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia quien participó en el amicus curiae, apuntó que “los menores necesitan de tutela y garantías legales, y en este caso los  riesgos para los niños no podrían ser más graves”.

HRW hizo notar que existen declaraciones de jueces de inmigración de Estados Unidos que han declarado que “un niño de tres o cuatro años se podía representar a sí mismo eficazmente ante un tribunal de inmigración y aprender sobre derecho migratorio”.


Elisa Salomon, asociada del Convigton and Burling LLP, resaltó que hay funcionarios estadunidenses que han reconocido que “muchas de las personas que abandonan América Central escapan de graves amenazas contra su vida y, aun así, el sistema migratorio de Estados Unidos trata a los menores que han llegado al país “como si sus pretensiones no merecieran la plena garantía del debido proceso”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433562/denuncia-hrw-a-eu-violaciones-a-derechos-humanos-ninos-migrantes

Innecesario, nuevo peritaje en el basurero: padres

Los padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y sus abogados consideraron ‘‘absolutamente innecesaria’’ la pretensión de la Procuraduría General de la República (PGR) de realizar un nuevo peritaje al basurero de Cocula, pues sólo ‘‘gastaría’’ los esfuerzos y recursos de las autoridades para reforzar las líneas de investigación trazadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Presentes en la conferencia de prensa donde el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) presentó su dictamen pericial del basurero, los padres advirtieron que esta petición de la PGR podría retrasar la investigación del caso Iguala, en espera de que concluya el segundo mandato del GIEI sin resultados concluyentes.

Mario González, Melitón Ortega e Hilda Leguideño, padre y madre de alumnos desaparecidos, y el abogado Vidulfo Rosales, insistieron en que la supuesta ‘‘verdad histórica’’ de los hechos de Iguala ‘‘se ha hecho pedazos’’ con el dictamen presentado por el EAAF.

Tras asistir a la presentación del dictamen, los padres de familia, un grupo de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y diversos colectivos realizaron la tarde-noche de este martes una manifestación frente a las instalaciones de la PGR, sobre Paseo de la Reforma, en la que exigieron ‘‘castigo’’ para el ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam.


En declaraciones sobre el caso, el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, aseguró que el informe presentado refuerza que ‘‘la llamada verdad histórica fue sólo ficción’’.

Lo que México necesita, agregó, no es sólo que se esclarezca el paradero de los estudiantes desaparecidos, sino también que se investigue la actuación de las autoridades que presentaron la versión oficial infundada, incluyendo al propio ex procurador Murillo Karam, para que respondan por su papel en perpetuar la impunidad.

Por otra parte, el abogado Vidulfo Rosales dijo que todavía realizan esfuerzos para poder entrevistarse con el papa Francisco, quien este viernes llega al país en una visita pastoral de cinco días.

Dijo que en caso de no concretarse la audiencia, se prevé entregarle una carta para hacerle saber el enorme dolor de los padres de familia por la desaparición de los 43 jóvenes.

Fuente: La Jornada

Autor: José Antonio Román

http://www.jornada.unam.mx/2016/02/10/politica/004n1pol

Decálogo de Peña, lo mismo con nuevo envoltorio: HRW

MÉXICO, D.F: Organizaciones de derechos humanos criticaron el decálogo de acciones que este jueves dio a conocer el presidente Enrique Peña Nieto.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPD), esas medidas ya habían sido anunciadas con anterioridad, pero hasta ahora no se han aplicado y mucho menos ha disminuido el número de personas “no localizadas” , que al 31 de octubre de este año sumaban 23 mil 605.

Desde Washington, José Miguel Vivanco, representante de Human Rights Watch (HRW), consideró que el gobierno de Peña no hace más que “reeditar el mismo producto con un nuevo envoltorio”, lo que dificulta “tomar con seriedad y otorgarle credibilidad a sus anuncios en materia de derechos humanos, debido a que buena parte de ellos trata sobre compromisos y planes que supuestamente ya estaban en curso”.

En un breve comunicado para fijar su posición, Vivanco recordó que al inicio de la gestión de Peña y ante el reclamo generalizado de organizaciones nacionales e internacionales sobre los miles de desaparecidos, “el gobierno asumió el compromiso de crear un mecanismo para su búsqueda como una de las tareas principales de su administración”.

En julio de este año, precisó, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR) presentaron lineamientos para promover la búsqueda y en agosto presentaron el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas.

Por ello, agregó, resulta extraño que el presidente haga el mismo anuncio, al que le añadió el Sistema Nacional de Información Genética, mientras reitera el compromiso de “revisar la definición del delito de desaparición forzada en distintas normas penales”.

Al dar cuenta de la reedición de las promesas, Vivanco apuntó que “la efectividad del gobierno para abordar la enorme y grave crisis de derechos humanos que enfrenta México está en su capacidad de mostrar resultados, y no en los anuncios y promesas de lo que va a hacer, que en teoría debía ya haber hecho”.

En México, diversas organizaciones reprocharon que en el diseño de las medidas anunciadas, el gobierno federal no tomara en cuenta a la sociedad civil ni a expertos, y mucho menos a familiares de víctimas que se han entregado a la búsqueda de sus seres queridos, y manifestaron su desconfianza de la eficacia de esas acciones.

En un comunicado conjunto, criticaron que la puesta en marcha de las reformas dependa en los hechos del Poder Legislativo, “sin que el titular del Ejecutivo haya señalado alguna medida inmediata para impulsar la investigación de las miles de desapariciones forzadas que han sido denunciadas en los últimos años, en esquemas que garanticen tanto la búsqueda de personas desaparecidas como la sanción de los responsables”.

Al recordar que el 9 de julio de este año fue presentado un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, que incluía “el dispositivo de búsqueda urgente, el registro único de fosas comunes y la Red Nacional de Procuración de Justicia para la Búsqueda de Personas No Localizadas”, las organizaciones sociales apuntaron que dicho Plan “no sirvió para prevenir la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas ni para hacer frente a las acciones de búsqueda inmediata”, de ahí que no hay garantías de que las medidas anunciadas este jueves representen “un avance significativo”.

De las acciones e iniciativas legislativas dadas a conocer por Peña Nieto para enfrentar la crisis humanitaria, reprocharon que “el contenido del Sistema Nacional no fue informado ni existió ningún procedimiento de consulta previa con quienes por años han denunciado el aumento exponencial de las desapariciones en México”.

Para las organizaciones, el gobierno de Peña Nieto estaba obligado a consultar los términos de la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda, porque “no puede dejar de lado los aportes de las víctimas y de la sociedad civil, que han sido los principales factores de impulso a la búsqueda de las personas desaparecidas”.

El Ejecutivo, apuntaron, debió tomar en cuenta la asistencia técnica que brindará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado atienda el caso de los normalistas desparecidos, y que “aportará elementos para el diseño de políticas de búsqueda y justicia que verdaderamente atienda este problema en el plano estructural”.

Lamentaron que al cumplirse dos meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Peña Nieto “no haya anunciado ninguna acción concreta para profundizar la búsqueda de los jóvenes, cuyo paradero hasta hoy no se ha esclarecido con pruebas científicas, ni haya realizado ningún acercamiento con los padres y madres de familia que han vivido en la zozobra e indignación desde el 26 y 27 de septiembre, ante quienes suscribió compromisos que hasta hoy permanecen incumplidos”.


Con el lema de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, firmaron el documento los centros de derechos humanos Fray Juan de Larios y Miguel Agustín Pro Juárez de la Montaña-Tlachinollan, así como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Fundar Centro de Análisis e Investigación, y Scalabrinianas, Misión para Migrantes y Refugiados.

FUENTE:PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.