Durante la presentación del protocolo de Actuación para la policía como primer respondiente con perspectiva de personas migrantes, Parra Bonilla encabezó una serie de actividades que, según ella, pretendían sensibilizar sobre la realidad que viven las personas que deciden migrar, al meterse ella misma, junto con varias personas más, incluso la diputada local priista Montserrat Hernández Pérez, en una casa de campaña, para mostrar el hacinamiento en que viven los inmigrantes.

Según la funcionaria, el objetivo era empatizar con la realidad que viven las personas migrantes, mediante una “situación vivencial”, además de salir de su “zona de confort”.

Sin embargo, el ejercicio que encabezó la ombudsperson fue duramente criticado por integrantes de la sociedad civil, así como defensores y organizaciones de los derechos humanos.

En redes sociales, se compartieron imágenes de las actividades que llevó a cabo Ana Karen Parra, con comentarios y señalamientos que coincidían en que, lejos de empatizar, incurrió en una “burla” hacia las personas que deciden dejar sus lugares de origen en busca de una mejor vida.

“Como un espectáculo, como una caricatura de nuestro propio sufrimiento. Esta puesta en escena no solo es una burla, sino una muestra del clasismo y el privilegio de quienes, desde su comodidad, juegan a ponerse en nuestros zapatos, mientras siguen viviendo del erario sin hacer su trabajo. Muchos tuvimos que irnos precisamente por la corrupción y la incompetencia de funcionarios como ustedes, que prefieren el show mediático en lugar de garantizar derechos reales”, escribió en redes sociales Haidee Franco, quien agregó que, como migrante en Estados Unidos, sabe lo que significa la migración.

Las actividades realizadas por la presidenta de la Comisión Estatal se llevaron a cabo el miércoles pasado; sin embargo, pese a las críticas, el organismo no ha emitido una postura.

Para Trump los migrantes son una amenaza

Desde que regresó a la Casa Blanca, Trump declaró una “emergencia nacional” en la frontera con México y firmó un decreto que declara que los migrantes en situación irregular representan “amenazas significativas para la seguridad nacional”.

Trump anunció el pasado 1 de febrero aranceles del 25% a todas las exportaciones desde México y Canadá, sus socios en el acuerdo de libre comercio T-MEC, al acusar a ambos países de permitir el tráfico de drogas y migrantes indocumentados a su territorio.

Sin embargo, el republicano aplazó la imposición de esas tarifas hasta inicios de marzo tras una negociación telefónica con Sheinbaum, quien acordó desplegar 10 mil militares en la frontera con Estados Unidos.

En tanto, México reclama a Estados Unidos detener el flujo de armas hacia los cárteles de la droga mexicanos.

Un día después de la llegada de Trump al gobierno, el Departamento de Seguridad Nacional abrió la puerta para que se puedan realizar arrestos a inmigrantes en iglesias y escuelas, espacios que durante la administración de Biden eran considerados “sensibles”.

El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, emitió dos directivas “para poner fin a la invasión de la frontera sur de Estados Unidos y empoderar a las fuerzas del orden para proteger a los estadounidenses”, informaron en un comunicado.

La primera elimina medidas impuestas por el expresidente Joe Biden que impedía que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) realizaran acciones cerca de las llamadas “áreas sensibles” como lo son las iglesias y escuelas, por lo que las  fuerzas de seguridad podrán ingresar para realizar detenciones.

Mientras que con la segunda directiva se propone analizar caso por caso en el programa de libertad condicional humanitaria y agrega que el ICE y la CBP “eliminarán gradualmente cualquier programa que no se ajuste a la ley”.

Tan solo del 20 al 26 de enero, es decir, la primera semana de gobierno de Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que 4 mil migrantes fueron deportados de Estados Unidos a México, tras la implementación de las nuevas órdenes en materia de migración.

Asimismo, posterior a su investidura, Donald Trump firmó varias órdenes ejecutivas para declarar emergencia nacional en la frontera con México, designar como terroristas a los cárteles mexicanos y comenzar con el proceso de deportar a “millones y millones de migrantes indocumentados”.

También señalaron que el exagente ya había sido remitido a las autoridades por violencia familiar, lo que habría causado su baja de la corporación.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) inició las investigaciones correspondientes y hasta el momento no se reportan detenidos por estos hechos.

Homicidios en Hidalgo

Durante enero y los tres primeros días de febrero, en Hidalgo se registraron 23 homicidios dolosos, de acuerdo con el reporte diario que emite el gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El año pasado se iniciaron 264 carpetas de investigación por asesinato en la entidad, de los cuales 140 fueron cometidos con arma de fuego y 22 con arma blanca.

Ese número de asesinatos representa un incremento de 2.72 % con respecto a 2023, cuando se ingresaron 257 querellas por homicidios de tipo doloso en la entidad.