La OEA debe garantizar financiamiento a la CIDH: HRW

CIUDAD DE MÉXICO: La organización Human Rights Watch (HRW) pidió a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) asegurarse de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reciba financiamiento suficiente para continuar con su mandato y evitar que las víctimas de abusos pierdan la posibilidad de obtener justicia.

“Desde hace tiempo la CIDH ha sido la última esperanza para víctimas de la región que durante años han luchado para hacer valer sus derechos en los sistemas judiciales nacionales”, destacó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

Y subrayó que si los Estados miembros de la OEA no atienden la crisis financiera que enfrenta la CIDH y que podría obligarla a despedir a casi la mitad de su personal y a suspender las audiencias programadas para julio y octubre de este año, “sembrarán serias dudas sobre su compromiso con los derechos humanos y levantarán sospechas de que pretenden librarse del escrutinio de la comisión”.

En un comunicado, HRW destacó que el embajador mexicano ante la OEA, Luis Alfonso de Alba Góngora, sugirió que la CIDH podría estar recibiendo menos fondos debido a su supuesta “parcialidad” y sus “retrasos” en el tratamiento de casos, y pidió a la OEA que tomara “medidas correctivas” para reformarla.

Las declaraciones del mexicano se dieron después de que en abril de 2016 un grupo de expertos internacionales designados por la CIDH refutó la versión oficial de México sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Los expertos indicaron que los detenidos habían sufrido abusos y que la investigación oficial estuvo marcada por la manipulación irregular y pérdida de pruebas clave, e incluso su posible destrucción.

Los expertos fueron obligados a concluir su investigación, luego de que el gobierno mexicano no renovara su mandato.

“El gobierno mexicano pareciera estar dispuesto a aprovechar esta crisis financiera para debilitar a la comisión, que se atrevió a cuestionar su investigación sobre las desapariciones de Ayotzinapa”, opinó Vivanco. “Ello sería una grave afrenta a las víctimas de atrocidades en México y en el resto de la región”, dijo.

En su texto, HRW detalló que desde que fue instalada en 1979, la Comisión ha sido clave para promover los derechos humanos en la región.

“La comisión, y los casos que ha llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han contribuido a fortalecer estándares universales de derechos humanos. Estos estándares se refieren, entre otros, a la incompatibilidad de las amnistías por violaciones graves de derechos humanos con el derecho internacional, el limitado alcance de la jurisdicción penal militar, el acceso a información pública, los derechos de las personas LGBT y la violencia de género”, apuntó.

Resaltó, asimismo, que la CIDH ha protegido de abusos a cientos de víctimas y sus familiares a través de medidas cautelares. Actualmente supervisa el cumplimiento por parte de numerosos gobiernos de cientos de medidas cautelares, y emite decenas de nuevas medidas cada año, sostuvo.

“Si los Estados miembros de la OEA no abordan oportunamente esta crisis financiera, es probable que se agraven los riesgos para numerosas personas, incluidos activistas y defensores de derechos humanos”, sostuvo Human Rights Watch.

Expresó que las audiencias de la comisión, que este año podrían suspenderse si no se aborda la crisis financiera, contribuyen a poner de relieve las violaciones de derechos humanos sufridas por numerosas víctimas en la región.

Cada año, decenas de organizaciones denuncian abusos ante la comisión, y tienen la posibilidad de interpelar a las autoridades gubernamentales para que rindan cuentas por su récord de derechos humanos, en lo que constituye el foro de derechos humanos más importante de las Américas, puntualizó.

Luego de precisar que la OEA ha enfatizado en reiteradas ocasiones la importancia del sistema interamericano de derechos humanos (SIDH) para consolidar los derechos humanos y la democracia en la región, y se ha comprometido a reformar el financiamiento del sistema, la CIDH subrayó que en marzo de 2013 la Asamblea General de la OEA “reafirmó su compromiso de lograr el pleno financiamiento del SIDH” a través del fondo regular de la OEA, y pidió a los países que realizaran contribuciones voluntarias “mientras se alcanza ese compromiso”.

No obstante, los Estados miembros de la OEA todavía no han cumplido con este compromiso y la comisión aún depende de donaciones voluntarias, que representan cerca de la mitad de su presupuesto, apuntó.


Tales donaciones –sobre todo las procedentes de Estados que no son miembros de la OEA– se redujeron drásticamente en 2015 y 2016, lo que propició la actual crisis financiera en la CIDH.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/442792/la-oea-debe-garantizar-financiamiento-a-la-cidh-hrw

Autoridades obstruyeron investigación del GIEI sobre Ayotzinapa: HRW

El grupo de expertos deja el país este mes, luego de que el gobierno no les concediera una prórroga para seguir coadyuvando en las investigaciones.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, consideró que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) mostró cómo funciona la impunidad en México, al investigar el caso Ayotzinapa, del que presentó su segundo y último informe.

“El grupo de expertos ha revelado como funciona internamente la impunidad en México de un modo que nunca lo habíamos visto antes. El primer informe del grupo documentó graves defectos en la investigación del gobierno, éste último va mucho más allá y ofrece pruebas de la manipulación de evidencia, obstrucción y aparentemente tortura por parte de las autoridades”, señaló.

“El informe anterior mostraba el escaso interés que tenía el gobierno en realizar una investigación seria. Éste último muestra cuán lejos han estado dispuestos a ir -a través de obstrucciones, engaño y aparentemente incluso tortura- para impedir que el caso sea resuelto y lograr imponer una ficción llamada verdad histórica”, expuso.


“Las autoridades no brindaron la plena cooperación que el grupo requería. Y ahora que los expertos están enfrentando lo que parece ser una campaña coordinada de desprestigio, el gobierno los ha abandonado a su suerte”, lamentó Vivanco.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2504/mexico/autoridades-obstruyeron-investigacion-del-giei-sobre-ayotzinapa-hrw/

México fracasó en proteger a menores migrantes, dice HRW

En 2015, de 18 mil detenidos sólo se dio asilo a 57. Hoy presenta un informe; pide al país y a EU brindarles garantías.

México ha fracasado en brindar protección y refugio a niños y adolescentes migrantes procedentes de América Central, cuya vida o seguridad corren peligro en caso de ser deportados a sus países de origen, aseveró Michael Bochenek, asesor jurídico de la División de Derechos del Niño de Human Rigths Watch (HRW).

En entrevista con motivo del informe que se presentará este jueves, señaló que aun cuando la legislación mexicana en la materia es excelente y se basa en las normas internacionales para proporcionar todas las medidas de protección, en la práctica la realidad es otra y ni siquiera uno por ciento de quienes solicitan refugio son beneficiados con ese derecho.

El informe, titulado Puertas cerradas: el fracaso de México a la hora de proteger a niños refugiados y migrantes de América Central, indica que durante 2015 más de 18 mil menores no acompañados, procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, fueron detenidos por agentes de migración mexicanos y sólo se dio asilo a 57.


La ley, agregó Bochenek, señala que los agentes migratorios deben informar a los menores migrantes detenidos que tienen derecho a solicitar asilo en caso de que su seguridad o su vida corra peligro al regresar a sus países de origen. Pero no se les da ninguna asesoría jurídica, se les detiene y deporta, y a los pocos que solicitan refugio se les amenaza con que la retención será muy prolongada.

Hay una práctica sistemática de los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) de detener y deportar sin brindar protección. No se profundiza en las razones que llevaron a los migrantes a salir de sus países.

El abogado de HRW destacó que los menores migrantes corren varios riesgos tanto en sus países de origen como al emigrar: los hombres enfrentan el riesgo de ser reclutados por maras o pandillas; las mujeres, aunque no sólo ellas, son víctimas de acoso y violación sexual; secuestros y violencia, además de que las familias pueden ser extorsionadas.

Cada vez más, refiere el reporte, es mayor el número de detenciones de migrantes centroamericanos en el país. Esto se debe en parte al creciente apoyo financiero de Estados Unidos para que México ponga en operación un control migratorio más estricto desde mediados de 2014.

De 2014 a 2015 el número de aprehensiones de menores migrantes no acompañados creció en México y disminuyó en Estados Unidos.

Hace dos años, 63 mil 676 niños y adolescentes fueron detenidos en el país del norte, mientras en territorio nacional la cifra alcanzó los 10 mil 943; para 2015 el número fue de 49 mil 353 y 18 mil 650, respectivamente.

HRW enlista una serie de recomendaciones a ambos países para que se garantice el acceso efectivo de esos niños a las garantías que les otorgan los tratados internacionales.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: EMIR OLIVARES ALONSO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/31/mexico-incumple-leyes-ante-menores-migrantes-de-ca-acusa-hrw-5227.html

Denuncia HRW violaciones de EU a los derechos humanos de niños migrantes

CIUDAD DE MÉXICO: La organización estadunidense Human Rights Watch (HRW) denunció al gobierno de Barack Obama por graves violaciones a los derechos contra niños migrantes que son deportados sin asistencia legal.

En un comunicado, HRW informó que presentó un amicus curiae a favor de un juicio iniciado en Estados Unidos en representación de miles de niños migrantes que litigan contra el gobierno federal debido a que “no les brinda representación legal en las audiencias sobre deportación”.

El organismo resaltó que contrario a los procesos penales, en los migratorios “no se reconoce el derecho a un abogado solventado por el gobierno para quienes no puedan solventar ese costo”, por lo que Estados Unidos “ha vulnerado sus derechos fundamentales (de los menores) protegidos por el derecho internacional”.


El recurso de respaldo al caso J.E.F.M. v. Lynch estuvo acompañado también por el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colombia y el estudio de abogados Convington and Burling LLP, en tanto que alumnos de la clínica de Derecho Humanos de la Facultad de Derecho de Columbia, colaboraron en la investigación para el informe.

La investigadora sobre temas de migración de HRW, Clara Long, destacó que “en las audiencias de deportación en Estados Unidos, miles de menores están solos ante abogados gubernamentales y jueces, e intentan plantear una defensa sin asistencia de un abogado”.

Agregó que las audiencias “son extraordinariamente complejas, y perder implica la amenaza de deportación, con consecuencias potencialmente mortales”, ello porque gran parte de los menores que llegan a Estados Unidos lo hacen huyendo de la violencia en sus lugares de origen.

De acuerdo con datos oficiales reproducidos por medios de comunicación estadunidenses, entre octubre de 2014 y septiembre de 2015 fueron detenidos 39 mil 970 menores de 17 años centroamericanos, pero un año antes la cifra fue de 68 mil 541.

Pese a los obstáculos puestos a los menores, las cifras no han descendido. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, entre octubre y noviembre del año pasado 10 mil 588 menores no acompañados fueron detenidos con fines de deportación.

Al recordar que en el congreso de Estados Unidos está pendiente la discusión de un proyecto de ley que obliga al gobierno estadunidense a proporcionar abogados a los menores migrantes no acompañados, HRW puntualizó que fue a partir de 2014 cuando el Departamento de Justicia comenzó deportación de niños en los tribunales de inmigración por la vía rápida.

“Desde entonces la justicia ha impuesto la deportación de miles de niños que no estaban representados por un abogado muchas veces después de una sola audiencia”, apuntó HRW.

La organización destacó que normas internacionales de derechos humanos “reconocen que los menores migrantes no están en condiciones de ejercer su propia representación, y que se les debe asignar un abogado para garantizar el debido proceso en los procedimientos de deportación”.

Para la directora ejecutiva del Risa Kaufman del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colombia, “un sistema que pretende que un menor se presente solo ante un juez de inmigración cuya decisión podría ser de vida o muerte no es imparcial ni justo”.

Además destacó que ante en otros países “reconocen la necesidad de brindar asesoramiento legal a menores en esta situación absolutamente vulnerable”.

En tanto, Ben Setel, alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia quien participó en el amicus curiae, apuntó que “los menores necesitan de tutela y garantías legales, y en este caso los  riesgos para los niños no podrían ser más graves”.

HRW hizo notar que existen declaraciones de jueces de inmigración de Estados Unidos que han declarado que “un niño de tres o cuatro años se podía representar a sí mismo eficazmente ante un tribunal de inmigración y aprender sobre derecho migratorio”.


Elisa Salomon, asociada del Convigton and Burling LLP, resaltó que hay funcionarios estadunidenses que han reconocido que “muchas de las personas que abandonan América Central escapan de graves amenazas contra su vida y, aun así, el sistema migratorio de Estados Unidos trata a los menores que han llegado al país “como si sus pretensiones no merecieran la plena garantía del debido proceso”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433562/denuncia-hrw-a-eu-violaciones-a-derechos-humanos-ninos-migrantes

La verdad histórica es “ficción”: HRW tras informe de peritos; el caso sigue abierto, dice la PGR

El Gobierno de México no sólo debe esclarecer el paradero de los 43 normalistas, también debe indagar la actuación de las autoridades que presentaron “la versión oficial infundada”, incluyendo el proceder “del propio ex Procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo, para que responda por su papel en perpetuar la impunidad”, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó a través de un comunicado que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa “no está cerrado”, esto luego de que el cuerpo de peritos argentinos informará que la verdad histórica está científicamente descartada.

“El Ministerio Público de la Federación reitera que este caso no está cerrado; las investigaciones continúan y seguirán hasta que el último responsable sea consignado ante la autoridad judicial”, precisó la dependencia en un comunicado.

La dependencia informó que hoy, a las 11:42 horas, recibió un documento firmado por tres integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el cual será analizado por el Ministerio Público de la Federación.

Por su parte, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó hoy de “ficción” la versión oficial del Gobierno mexicano que establece que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula.

El informe del EAAF divulgado hoy “refuerza la conclusión de que la llamada ‘verdad histórica’ sobre lo que ocurrió con los 43 estudiantes desaparecidos fue una ficción”, señaló en un boletín.

Este martes el EAAF reveló que en el peritaje que realizó entre octubre y noviembre de 2014 en el basurero de Cocula no se hallaron evidencias científicas ni biológicas que prueben que los 43 fueron incinerados en ese lugar.

“Lo que México necesita no es solo que se esclarezca el paradero de los estudiantes desaparecidos (en septiembre de 2014), sino también que se investigue la actuación de las autoridades que presentaron la versión oficial infundada”, consideró Vivanco.

Ello incluye investigar el proceder “del propio ex Procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo, para que responda por su papel en perpetuar la impunidad”, añadió.

Según la “verdad histórica” proclamada por Murillo en enero de 2015, los 43 estudiantes fueron detenidos por policías corruptos en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero del municipio aledaño de Cocula.

Según la “verdad histórica” proclamada por Murillo en enero de 2015, los 43 estudiantes fueron detenidos por policías corruptos en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero del municipio aledaño de Cocula.

Un mes después Murillo dejó la fiscalía tras recibir duras críticas por la investigación del caso, entre ellas de los familiares de los jóvenes, quienes nunca creyeron en su versión.

El EAAF dijo hoy que hay indicios de varios incendios registrados en la zona principal del basurero en años recientes, pero la presencia de plantas prueba que estos no acontecieron en los 30 días anteriores a su análisis sobre el terreno.

El informe también destacó que a partir de casquillos y proyectiles localizados en el basurero se identificaron hasta 39 armas, en su mayoría largas, cuando los supuestos responsables de la desaparición declararon que “solo utilizaron armas cortas”.


Asimismo, en el peritaje se detectaron restos óseos de al menos 19 individuos, si bien estos no se pueden relacionar con los 43 jóvenes y ni se pueden analizar genéticamente por su estado de fragmentación y alteración térmica. EFE

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/09-02-2016/1617713

Denuncia HRW “gravísimas” violaciones a derechos humanos en gobierno de Peña Nieto

Washington: En el gobierno de Enrique Peña Nieto se han cometido “gravísimas” violaciones a los derechos humanos en México, con el atenuante de índices “alarmantes” de impunidad, denunció la organización internacional Human Rights Watch (HRW).

Al hablar de la situación de América Latina en su informe anual correspondiente a 2015, la agrupación defensora de las garantías individuales en el mundo destacó particularmente la crisis en materia de derechos humanos que se vive en México.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, categorizó en dos casilleros la realidad de los derechos humanos en América Latina: los “dramáticos” y el ejemplo de “progresos”.

Al iniciar su conferencia de prensa para dar a conocer el informe anual, aunque evitó establecer un escalafón de ejemplo de lo peor o lo mejor, Vivanco arrancó con México para destacar situaciones dramáticas en la región.

“No puedo ignorar la situación de derechos humanos que aflige a México, un país que ha sufrido gravísimas violaciones a derechos humanos, especialmente en el contexto de la lucha contra las drogas”, declaró el funcionario de HRW.

Como lo ha hecho desde que arrancó el sexenio de Peña Nieto, la agrupación internacional destacó que las ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad, la desaparición de personas y el secuestro y tortura se mantienen como las prácticas más recurrentes de violación a las garantías individuales.

“Y sobre todo con unos índices de impunidad realmente alarmantes. El caso de los 43 estudiantes (de Ayotzinapa) desaparecidos es, creo, un ejemplo de la gravedad de la situación que afecta a México y sobre todo de la falta de competencias por parte de las autoridades internas para garantizar investigaciones profesionales serias”.

Sobre el caso Ayotzinapa, HRM destacó que ante la incompetencia del gobierno mexicano y su falta de credibilidad en la investigación, se tuvo que recurrir el Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Del GIEI, Vivanco resaltó su aportación para intentar esclarecer el misterio del paradero de los normalistas guerrerenses ante la falta de credibilidad en las investigaciones por parte del gobierno de Peña Nieto. “No hemos hasta ahora podido constatar una voluntad seria o un cambio de política por parte del gobierno del presidente Peña Nieto para abordar las enormes dificultades que enfrenta México en materia de derechos humanos”, añadió.

El director para las Américas también lamentó que algunos “columnistas” del periodismo mexicano hayan utilizado sus espacios en algunos periódicos de circulación nacional para descalificar a los integrantes del GIEI que investigan el caso Ayotzinapa.

“Lamentablemente algunos columnistas enarbolan la bandera del nacionalismo para criticar al GIEI”, destacó Vivanco en la conferencia de prensa.

El informe de la agrupación, que dedica nueve páginas al capítulo de México, insiste en que el gobierno de Peña Nieto ha logrado muy pocos avances en el juzgamiento de los responsables de violaciones a los derechos humanos, pero sobre todo de los que cometieron los soldados y policías en el sexenio del expresidente Felipe Calderón durante la guerra contra el narcotráfico.

“México ha empleado fuertemente a las fuerzas armadas en la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y la delincuencia organizada, y los militares han cometido en sus operaciones numerosas violaciones de derechos humanos”, se lee en el informe anual de HRW.

Y como ejemplo de la impunidad en el gobierno de Peña Nieto para con los elementos de las fuerzas de seguridad del Estado, en especial a los de las fuerzas armadas, el reporte denuncia:

“Al momento de la preparación de este informe, ningún militar había sido condenado en relación con el asesinato de 22 civiles por soldados en Tlatlaya, Estado de México, en noviembre de 2014”.

La crisis de derechos humanos en México, como lo estipula HRW en su reporte, resalta las violaciones constantes de derechos humanos, los agravios a la población civil con desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura por parte de un sistema judicial penal incompetente, además de la aplicación ineficaz de la ley que originó el surgimiento de grupos de autodefensa.

También destaca los ataques a los periodistas y defensores de derechos humanos, los que sufren las mujeres y los niños, o aquellos por causas de orientación sexual y género y por discapacidades fisicas.


“México sigue siendo un país de retroceso, de soluciones de atajo, de parche”, sostuvo Vivanco al caracterizar la crisis de derechos humanos mexicana y las soluciones que a esto intenta darle el gobierno de Peña.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427838

Grupo de expertos que investiguen masacres en Apatzingán y Tanhuato, propone HRW

Human Rights Watch sostiene que hay evidencia de que la Policía Federal cometió ejecuciones extrajudiciales de al menos 50 civiles, en dos masacres distintas cometidas en Michoacán en 2015: una el 6 de enero en Apatzingán y la otra el 22 de mayo en los límites entre Tanhuato y Ecuandureo.

Tras señalar las evidencias que apuntan a que en Apatzingán y Tanhuato, Michoacán, hubo ejecuciones extrajudiciales y “clarísimos abusos” por parte de la Policía Federal, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, indicó que propondrá al gobierno que un grupo de expertos indague y esclarezca ambos hechos, repitiendo lo que sucede en el caso Ayotzinapa, donde interviene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En entrevista para Aristegui CNN -programa en el que también fue entrevistada la periodista Laura Castellanos, quien investigó a fondo y reveló la masacre en Apatzingán-, Vivanco planteó:

“Nuestra propuesta, y vamos a formulársela al actual gobernador de Michoacán (Silvano Aureoles) es que se busque colaboración internacional, que exista la participación de un pequeño grupo de expertos y que repitamos la experiencia de Ayotzinapa y que esos expertos puedan tener acceso a todas las evidencias, a todos las investigaciones, a los testigos que existen, algunos protegidos, para dictaminar qué es lo que se ha hecho hasta ahora, por qué no hay ningún policía consignado, qué ocurre con la investigación, y hacer unas recomendaciones muy concretas tanto a las autoridades del estado de Michoacán como a las autoridades federales”.

Recordó que en el informe de HRW, que dio a conocer esta semana, se expone el “fracaso, falta de credibilidad del sistema de justicia en México, donde da la impresión de ser incapaz o realmente no quiere que miembros de las fuerzas de seguridad rindan cuentas por los abusos que cometen”.

Por ello, “es que el próximo paso es proponerle tanto al gobierno federal como al estado de Michoacán que se conforme una comisión similar al grupo de expertos que evaluó el caso Ayotzinapa”.

Vivanco aseguró que “las evidencias que nosotros hemos podido recopilar, en Apatzingán y Tanhuato, ambos en Michoacán y ambos ocurridos durante el curso de este año, nos permiten asegurar que allí se cometieron ejecuciones extrajudiciales, por parte de policías federales, en estos dos casos murieron al menos 50 civiles y no cabe duda alguna que hubo participación y responsabilidad en estos casos de policías federales”.

Lo grave, dijo, “es que han transcurrido varios meses de la comisión de estos hechos y hasta ahora ningún policía ha sido consignado por actuación indebida, por exceso del uso de la fuerza en relación con estos incidentes… (pese a que) las evidencias muestran que en estos 2 casos se produjeron clarísimos abusos”. 

El director de HRW expuso que han revisado “con mucho cuidado las versiones oficiales, hemos tenido reuniones al más alto nivel con el gobierno federal, por ejemplo en el caso de Apatzingán luego de ocurridos los incidentes”.

Rememoró cómo “apenas había arrancado la investigación oficial, el comisionado para la seguridad de Michoacán, designado por la Presidencia, el señor Alfredo Castillo, sostuvo que la mayoría de los 8 civiles que perdieron la vida habían muerto a raíz de fuego cruzado provocado por las armas de los mismos civiles, y mostró para ello un video que según afirmaba o demostraba que los policías habían sido atacados por civiles”.

Empero, “posteriormente, la Secretaría de Gobernación difundió el video a los medios de comunicación, que pudimos revisar… lo cierto es que en el mismo video que se utiliza para justificar el argumento de la legítima defensa por parte de los policías, no proporciona evidencia en ese sentido, en el video no se ve que civiles ataquen a policías, y los civiles que aparecen en él no portan armas de fuego, de tal modo que la famosa evidencia, que hasta ahora ha existido, que consiste fundamentalmente en estos videos, no permiten mínimamente siquiera avalar la tesis del gobierno”.

El ex comisionado Castillo siempre ha negado la masacre en Apatzingán.

José Miguel Vivanco dijo lo que, en el sentido contrario de la versión oficial, se han encontrado: “Testimonios de personas que nos señalan que se abrió fuego contra civiles que no estaban armados, que dispararon a dos de ellos en la cabeza, mientras se encontraban en el suelo, intentando resguardarse, y luego colocaron armas junto a sus cuerpos, son declaraciones que nosotros hemos recogido directamente, y otras que hemos podido recibir de testigos presenciales de los hechos, incluyendo un médico que atendió a las personas heridas durante los incidentes en Apatzingán y declaró a los medios de comunicación que algunos de los policías no permitieron que los heridos recibieran atención médica, y por ello habrían muerto”.

“Estos dos hechos (las masacres en Apatzingán y Tanhuato) sumados a las masacres anteriores, Tlatlaya y Ayotzinapa, muestran que aquí pareciera que estamos ante otras  dos graves atrocidades cometidas por fuerzas de seguridad mexicanas, en este caso policías federales, pero si bien el gobierno insiste en que la policía actuó correctamente, de acuerdo a la ley en ambos casos los hechos, las evidencias con las que se cuenta, que han recabado Laura Castellanos y otras entidades, el trabajo periodístico y el trabajo nuestro y otras entidades, demuestra que estamos ante más violaciones a derechos humanos, que si no existe atención y debate público, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, estos hechos pueden quedar impunes”, alertó. 

En el caso de lo ocurrido en Tanhuato, en mayo pasado, “el sólo aceptar que existan 42 civiles muertos de un lado y un policía del otro, la desproporción, cuenta creer que allí se dio un enfrentamiento y lo cierto es que existe un informe elaborado por la procuraduría local, del estado de Michoacán, de más de 80 páginas con fotografías, al que ha tenido acceso Carlos Loret de Mola, corrobora además lo que nosotros hemos conocido por fuentes independientes, y que demuestra que allí efectivamente se habría producido un ajusticiamiento y no enfrentamiento”. 

Masacres merecen atención: Castellanos

La periodista Laura Castellanos reconoció la importancia de que “finalmente una organización internacional de derechos humanos visibilice estas 2 masacres porque desafortunadamente no han tenido la atención que merecen”. Mencionó que la ONU envió una misión a Apatzingán para conocer los hechos, y ellos decidieron no hacer público su informe.

“La gravedad del tema de Ayotzinapa ha llamado la atención de organizaciones internacionales que han arropado esta exigencia justa de los padres de familia, de que se aclare el paradero de los normalistas, sin embargo en este país ha habido otras masacres, aparte de Tlatlaya, la de Apatzingán, Tanhuato-Villa Purificación (Ecuandureo) y no han tenido la misma atención o arropamiento, por eso es tan importante que este informe de esta organización internacional visibilice estas dos”. 

Recordó que el gobierno dijo que investigaba presuntos abusos de la policía federal en Apatzingán, “eso se dijo en abril (horas antes de la investigación ‘Fueron los Federales‘) y no sucedió absolutamente nada. No hay un solo policía detenido“.

Además, mencionó lo que evidenció una investigación de Univision, sobre que la ex subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) y actual diputada federal priista, Mariana Benítez Tiburcio, mintió al anunciar en enero pasado la destitución de Alfredo Becerril, delegado de esa dependencia en Michoacán, debido a su conducta irregular en la masacre de 16 civiles ocurrida en Apatzingán, Michoacán, el 16 de enero.


Un reportaje realizado por Peniley Ramírez para Univision Investiga muestra que Becerril no fue destituido, sino que renunció con un saludo de agradecimiento a la PGR, y luego fue nombrado como fiscal para los Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE). Castellanos apuntó que este mismo funcionario como fiscal de delitos de alto impacto fue ratificado por el actual gobierno de Silvano Aureoles.

ENTREVISTA:



El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, dijo el miércoles que respeta la investigación realizada por Human Rights Watch (HRW) en la que que asegura tener evidencia de que elementos de la Policía Federal ejecutaron a civiles en Apatzingán y Tanhuato, Michoacán.

Aureoles Conejo se pronunció a favor de que se deslinden responsabilidades, a la vez de que pidió que dichos sucesos no deben denostar a las fuerzas federales, quienes han coadyuvado al restablecimiento del orden y de la paz social del estado.


El gobernador michoacano mostró disposición de su administración para que la investigación se realicen de forma profesional, y remarcó que se debe combatir al crimen organizado con respeto a los derechos humanos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

HRW pide a México investigar presuntas ejecuciones extrajudiciales en Apatzingán y Tanhuato

La organización con sede en Nueva York es el segundo organismo internacional en pedir a las autoridades de México aclarar lo que sucedió el 6 de enero en Apatzingán y el 22 de mayo en Tanhuato, ambas localidades del estado occidental de Michoacán.

Human Rights Watch aseguró este miércoles 28 de octubre que algunas evidencias sugieren la ejecución extrajudicial a manos de policías federales de civiles y presuntos criminales que huían o se habían rendido en Apatzingán y Tanhuato, en Michoacán.

La organización con sede en Nueva York es el segundo organismo internacional en pedir a las autoridades de México aclarar lo que sucedió el 6 de enero en Apatzingán y el 22 de mayo en Tanhuato, ambas localidades del estado occidental de Michoacán.

En los dos episodios murieron un total de 50 personas.

En Tanhuato, 42 presuntos criminales fallecieron en un supuesto enfrentamiento y sólo un policía federal murió. En Apatzingán, ocho civiles murieron por disparos en la calle, algunos cuando intentaban protegerse bajo una camioneta.

El grupo internacional, conocido por sus siglas HRW, señaló que hay declaraciones de testigos que sugieren que las muertes no fueron resultado de un enfrentamiento, como el gobierno sostiene.

“Sobre la base de la evidencia disponible, pareciera que estamos ante otras dos graves atrocidades cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas”, dijo Daniel Wilkinson, director de la división de las Américas de HRW, citado en un comunicado.

Agregó que “si bien el gobierno insiste en que la policía actuó correctamente en ambos casos, los hechos relatados por los testigos claramente sugieren que hubo ejecuciones extrajudiciales”.

El gobierno mexicano ha negado cualquier ejecución en ambos casos y sostiene que la policía federal respondió tras ser atacada.

En una visita a México hace unas semanas, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron que el país enfrentaba una “crisis” en esa materia y también pidió a las autoridades investigar los mismos dos incidentes.

La Comisión no hizo ninguna investigación pero señaló que había irregularidades en las indagatorias del gobierno y que las escenas del crimen fueron alteradas para sustentar la versión oficial de un enfrentamiento.

En el caso de Apatzingán, testigos dijeron en aquel momento a The Associated Press que los fallecidos eran ex integrantes de grupos de autodefensa que protestaban porque la policía federal había arrestado a 44 de sus compañeros. Aseguraron que sólo estaban armados con palos y que quienes murieron salieron de sus camionetas entre gritos de que estaban desarmados.

HRW señaló que entrevistó a un hombre de 19 años herido en el ataque que aseguró que dos de las víctimas recibieron disparos en la cabeza cuando estaban en el piso. La organización añadió que otros dos testigos corroboraron el dicho, aunque no identificó a ninguno.

En el caso de Tanhuato, un investigador de derechos humanos ajeno a HRW entrevistó a tres sobrevivientes que afirmaron que la policía disparó a personas que huían o que ya se habían rendido. HRW señaló que mantiene en secreto la identidad de los declarantes y el entrevistador por protección.

Los dos casos traen a la memoria una masacre de junio de 2004 en el Estado de México, cuando militares dijeron que 22 presuntos criminales murieron en un enfrentamiento en el que sólo un soldado resultó herido. Una investigación de AP indicó que algunos de ellos los colocaron frente a una pared y les dispararon.


El gobierno negó inicialmente las ejecuciones extrajudiciales, pero una sobreviviente decidió hablar y dijo que los soldados dispararon a la mayoría de ellos cuando ya se habían rendido. Las autoridades acusaron a siete soldados, pero cuatro fueron exculpados por un juez a principios de este mes por falta de evidencias.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

HRW urge al gobierno de Peña a actuar ante fallas de la PGR en la investigación

MÉXICO, D.F: La organización internacional Human Rights Watch (HRW) urgió al gobierno de Enrique Peña Nieto a abordar inmediatamente las fallas de la PGR en investigación sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes ocurrida en septiembre de 2014, y llevar a los responsables ante la justicia.

HRW consideró que la Procuraduría General de la República debería investigar de inmediato las denuncias de graves abusos y obstrucción de justicia planteados por un grupo de expertos internacionales que evaluó la investigación oficial sobre las desapariciones.

La organización recordó que este domingo un grupo de expertos internacionales designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) difundió un informe que refuta la versión oficial sobre el destino de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el estado de Guerrero.

La versión oficial, agrega, sostenía que los 43 estudiantes habían sido detenidos por policías municipales y entregados a miembros de una organización delictiva, quienes mataron a las víctimas y quemaron sus cuerpos en un basurero municipal cercano.

Según el grupo de expertos, estas conclusiones se basan en declaraciones de testigos que habrían sufrido graves abusos, y que son contradictorias con la evidencia física.

“Este informe contiene una evaluación extremadamente crítica sobre la actuación de México ante la atrocidad de derechos humanos más grave de los últimos tiempos”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

“A pesar de que el mundo tenía los ojos puestos en México, y de los enormes recursos asignados, las autoridades demostraron ser incapaces o no estar dispuestas a llevar a cabo una investigación seria”.

El informe cuestiona aspectos clave de las conclusiones de la PGR, que aseguró haber esclarecido el caso en enero de 2015. Según el grupo de expertos, es “imposible” que 43 cuerpos hayan sido cremados en el basurero, y “no existe ninguna evidencia” que sustente esa hipótesis.

La investigación oficial estuvo marcada por el manejo irregular, la pérdida y la posible destrucción de pruebas clave. Las autoridades estatales no aseguraron ni documentaron adecuadamente distintos lugares donde ocurrieron los delitos, y debido a esto hubo elementos de prueba cruciales, como sangre y cabellos, que quedaron expuestos a la contaminación y manipulación.

En julio de 2015, a más de nueve meses de iniciada la investigación, el grupo descubrió que numerosas prendas de vestir que pertenecían a las víctimas habían sido recogidas pero nunca habían sido analizadas.

Los agentes de la PGR no examinaron grabaciones de cámaras de seguridad hasta que fue solicitado por el grupo de expertos, y en ese momento gran parte del contenido había sido borrado. Por ejemplo, un video con imágenes de un enfrentamiento entre estudiantes y policías fue borrado mientras se encontraba bajo la custodia de agentes del Poder Judicial estatal, señaló el grupo. Las autoridades tampoco allanaron las viviendas u oficinas de policías municipales que estaban entre los principales presuntos responsables. Dos conductores de autobús que presenciaron enfrentamientos entre estudiantes y policías no fueron entrevistados por los agentes del Ministerio Púbico hasta abril de 2015.

El grupo de expertos concluyó que numerosos detenidos sufrieron lesiones provocadas por abusos deliberados. Varios presuntos implicados les dijeron a los expertos que fueron torturados por agentes de seguridad.

Asimismo, el informe revela que los agentes de la PGR solamente enfocaron sus investigaciones en cuatro autobuses que llevaban a los estudiantes, y no investigaron el posible nexo entre las desapariciones y un quinto autobús, que también trasladaba a estudiantes. Las autoridades federales indicaron al grupo que el quinto autobús había sido destruido por estudiantes antes de los enfrentamientos con miembros de las fuerzas de seguridad, pero, según  los expertos internacionales, esta aseveración fue contradicha por numerosos testigos y por la investigación inicial que llevaron a cabo autoridades estatales.

La omisión tuvo “serias consecuencias” para la investigación, ya que es probable que este autobús sea un “elemento central del caso”, señalaron los expertos.

Las conclusiones del grupo de expertos son el resultado de seis meses de análisis de las evidencias disponibles y el expediente judicial, pericias independientes de los lugares de los hechos y entrevistas con presuntos implicados, autoridades federales, testigos sobrevivientes y familiares de víctimas.

El informe insta a las autoridades mexicanas a redoblar sus esfuerzos por llevar ante la justicia a los responsables de las desapariciones forzadas, esclarecer el destino de los estudiantes desaparecidos e investigar exhaustivamente los nexos entre autoridades y la delincuencia organizada. Si bien el mandato del grupo concluyó el 2 de septiembre, el gobierno mexicano está considerando la posibilidad de una extensión.

La falta de resolución del caso de Ayotzinapa por las autoridades resulta incluso más inquietante ante la inusual atención que el caso ha recibido del público, y las reiteradas ocasiones en que el gobierno aseguró estar comprometido con su resolución, indicó Human Rights Watch.

Las desapariciones forzadas a manos de miembros de las fuerzas de seguridad son generalizadas en México. Decenas de cuerpos fueron exhumados en varias fosas en Iguala durante el transcurso de la investigación de Ayotzinapa. Tan sólo en el municipio de Iguala, hay más de 300 investigaciones abiertas por presuntas desapariciones forzadas, según la PGR. A nivel nacional, se desconoce el paradero de más de 25 mil personas, según un registro nacional oficial.

Hasta abril de 2014, ninguna persona había sido condenada por desapariciones forzadas cometidas después de 2006, según estadísticas oficiales. En agosto de 2015, un representante de la PGR indicó a Human Rights Watch que estaban trabajando en la actualización de datos oficiales sobre desapariciones forzadas.

“Sin este informe, la magnitud de las fallas en la investigación probablemente nunca hubieran salido a la luz, y el caso de los 43 estudiantes se habría cerrado”, indicó Vivanco.


“El mandato del grupo de expertos debería ahora ser renovado, para que pueda monitorear las investigaciones que se lleven a cabo sobre este y otros casos de derechos humanos. Claramente, las instituciones judiciales del país necesitan de escrutinio externo para evitar que se repita este desempeño lamentable”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sin investigar al Ejército, no habrá justicia en los casos Ayotzinapa y Tlatlaya: HRW

MÉXICO, D.F: Los casos Tlatlaya y Ayotzinapa son reflejo fiel de la “profunda crisis de derechos humanos” que enfrenta México, afirmó el director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.

Además, subrayó, el gobierno federal y el Ejército mismo deben demostrar un “genuino interés” por resolver ambos casos, a los que definió como emblemáticos.

Sin la voluntad y una investigación realmente seria al Ejército mexicano y a los miembros de la milicia, señalados por participar en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, dichos casos no estarán claros, apuntó.

En una entrevista con el diario digital ‘SinEmbargo’, Vivanco consideró que a un año de la masacre de Tlatlaya, en el Estado de México, el pendiente más importante es la justicia y resultados concretos sobre la posible ejecución extrajudicial de 22 personas que, según el último informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), surgió de una orden al teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien el 30 de junio del año pasado mandó “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

“El caso Tlatlaya es un gravísimo ejemplo de un problema mayor, y lamentablemente no se trata solamente de denuncias de ejecuciones, pues según expertos internacionales, las fuerzas de seguridad mexicanas están implicadas también en desapariciones y en casos de tortura. Esta crisis se manifiesta, a su vez, en una preocupante desconfianza en las instituciones judiciales, que no han logrado combatir la impunidad que rodea a estos graves abusos”, expuso.

De igual manera, destacó que aunque hay evidencia de la ejecución de 12 personas, algunos soldados sólo fueron acusados por la muerte de ocho.

“Además, los abusos que sufrieron las tres mujeres que presenciaron los hechos en manos de autoridades del Ministerio Público estatal, para que no contaran lo que vieron, también siguen impunes. En el mismo sentido, aunque la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) sostuvo que hubo encubrimiento por parte de la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), esa línea de investigación sigue sin llegar a resultados concretos que se hayan hecho públicos”.

El pasado 29 de junio, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), coadyuvante en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa), reveló en su cuarto informe de actividades que luego de tres meses de espera, el gobierno federal mantiene en vilo la petición de entrevistarse con integrantes del 27 Batallón de Infantería, con destacamento en Iguala, Guerrero, lugar donde se vio a los jóvenes por última vez.

Ángela Buitrago, experta del GIEI, señaló que el 28 de junio el Estado les informó que “aún analizaban la solicitud”.

“El GEI ve con preocupación esta demora, porque limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos y en la búsqueda”, sostuvo.

Por su parte, Vidulfo Rosales Sierra, activista del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y abogado del caso, consideró que la renuencia del gobierno a permitir las entrevistas sólo genera más sospechas sobre su implicación en la desaparición de los estudiantes.

El abogado indicó que el gobierno pretende “presentar al Ejército como una institución inmaculada, salvadora de la patria y que jamás ha cometido actos violatorios de los derechos humanos”.


“Pero vemos el caso Tlatlaya y la guerra sucia que ilustran otra circunstancia muy distinta. Entre mayor sea la negativa de gobierno de que los padres de los estudiantes revisen los cuarteles y para que los expertos se entrevisten con los militantes, en medio de esta opacidad, arrogancia y autoritarismo, se acrecientan las sospechas de que participaron en la desaparición el 26 de septiembre”, apuntó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

‪#‎FreeNestora. HRW exige investigación independiente por matanza en Ecuandureo

WASHINGTON: La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) exhortó al gobierno de Enrique Pena Nieto a que expertos independientes realicen una investigación sobre el presunto enfrentamiento entre policías federales y civiles ocurrido el pasado 22 de mayo en Ecuandureo, Michoacán.

“Convocar a expertos independientes es clave para obtener un resultado creíble”, indicó HRW en un comunicado en relación al supuesto enfrentamiento en que murieron 42 civiles y un policía federal.

HRW pide al gobierno federal efectuar una investigación “exhaustiva e imparcial” sobre las circunstancias alrededor del caso del supuesto enfrentamiento entre integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación, y elementos de la Policía Federal.

“Que 42 civiles hayan muerto y que las fuerzas de seguridad hayan sufrido una sola baja genera serias dudas sobre el uso de la fuerza proporcional”, destaca en su comunicado HRW.

La falta de credibilidad en el gobierno de Pena Nieto es razón suficiente para que expertos independientes investiguen lo ocurrido en Michoacán, insistió la organización.

“Debido a los pésimos antecedentes en materia de derechos humanos de las fuerzas de seguridad mexicanas, es crucial que se lleve a cabo un investigación rigurosa y transparente para determinar si efectivamente el empleo de la fuerza fue proporcional durante el enfrentamiento y si se produjeron ejecuciones extrajudiciales”, enfatiza Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de HRW.

A la Procuraduría General de la Republica (PGR), Wilkinson pide investigar sin demora ni negligencia lo ocurrido en Michoacán, tomando en cuenta el antecedente de la masacre de civiles en Tlatlaya, Estado de México, en junio del año pasado, donde la versión oficial se derrumbó ante las evidencias que arrojaron las investigaciones independientes.

HRW agrega que según familiares de los civiles muertos en Tanhuato, “uno de los cuerpos tenía un tiro en la parte superior de la cabeza, otro presentaba golpes en el rostro y había perdido un ojo, y un tercero tenía la dentadura hundida hacia adentro”.

Además de que de acuerdo con el relato de vecinos del rancho donde ocurrió el enfrentamiento, la mayoría de los disparos los efectuó la Policía Federal desde un helicóptero.


“Para no repetir el fiasco de la investigación sobre el caso Tlatlaya, la PGR debería convocar inmediatamente a expertos forenses independientes y rigurosos que puedan otorgarle credibilidad a su investigación sobre los asesinatos ”, remató Wilkinson.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.

Gobierno de EPN resta importancia a crisis de derechos humanos en México: HRW

Las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura, problemas extendidos en México, apunta la organización.

México debe intensificar sus esfuerzos por asegurar que se investiguen y sancionen adecuadamente gravísimas violaciones de derechos humanos, urgió Human Rights Watch en una carta enviada a la nueva Procuradora General de la República, Arely Gómez González.

La organización internacional identificó medidas que debería adoptar la procuradora general para dar cumplimiento a su compromiso de defender los derechos humanos.

Las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura representan problemas extendidos en México, observó Human Rights Watch.

Asimismo, se refirió a las conclusiones de varios de sus propios informes, así como a informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de múltiples organismos de derechos humanos de la ONU: la regla es que estos abusos queden impunes.

“El gobierno de Peña Nieto se ha esmerado demasiado en restarle importancia a la crisis de derechos humanos en el país, mientras que sus esfuerzos para resolverla han sido absolutamente insuficientes”, sostuvo Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de Human Rights Watch.

“La nueva Procuradora General de la República está en condiciones de contribuir para marcar un nuevo rumbo para México, pero para ello deberá ser mucho más activa que sus predecesores”, agregó.

Al asumir en marzo de 2015, Gómez González expresó su compromiso de investigar abusos, incluidas desapariciones y torturas, y de establecer como prioridad el trabajo con organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

En marzo, Juan Méndez, el Relator Especial de la ONU sobre Tortura, presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el cual afirmó que la “tortura es generalizada en México” y que los responsables muy pocas veces son llevados ante la justicia.

Sin embargo, a fines de marzo, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto criticó públicamente al relator especial, y cuestionó su conclusión de que la tortura era un problema generalizado en México.

En otras ocasiones, altos funcionarios de gobierno, incluido el ex Procurador General Jesús Murillo Karam, expresaron su intención de abordar los problemas de derechos humanos que existen en el país, pero sus esfuerzos han sido inadecuados y han producido resultados limitados, señaló Human Rights Watch.

En junio de 2013, por ejemplo, la Procuraduría General de la República creó una unidad dedicada a casos de desapariciones. Hasta enero de 2015, la unidad no había obtenido ninguna condena por desapariciones forzadas cometidas desde 2007, según información oficial.

La nueva Procuradora General, apuntó HRW, debería trabajar con otras autoridades competentes para asegurar que la unidad especial dedicada a desapariciones tenga recursos y personal suficientes para llevar a cabo investigaciones.

La investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de estos y otros abusos debería ser una de las máximas prioridades de la PGR, sostuvo HRW.

Human Rights Watch también manifestó que la PGR debería dar a conocer los nombres de 22.000 personas extraviadas o desaparecidas, así como de otras miles más que habían sido denunciadas como extraviadas y que presuntamente han sido halladas.


La procuradora general también debería asegurar que los expertos independientes que participan en las investigaciones penales realicen su labor sin interferencias indebidas, y que las víctimas, sus familiares y el público en general tengan el mayor acceso que permita la ley a la información sobre estas investigaciones.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Human Rights Watch demanda a la DEA por espiar a 161 países, incluido México

MÉXICO, D.F: La organización internacional Human Rights Watch (HRW) informó hoy que interpuso una demanda contra la Agencia Estadunidense Antidrogas (DEA) por grabar ilegalmente llamadas telefónicas de decenas de países, incluido México, durante más de dos décadas.

Según publica hoy el diario USAToday a partir del gobierno de George H. Bush, la DEA, con autorización del Departamento de Justicia, inició la recolección de datos de miles de millones de llamadas telefónicas internacionales realizadas hacia y desde 161 países relacionados con el narcotráfico en tres continentes, incluyendo Afganistán, Pakistán, México, Italia y Canadá entre otros.

HRW entabló la demanda luego de ésta y otras publicaciones en la prensa que divulgan documentos oficiales sobre un programa de vigilancia de la DEA desde la década de los 90.

El proceso legal fue interpuesto en una corte federal de California y en ella HRW pide a un juez declarar este tipo de vigilancia como una violación a los derechos constitucionales de la ONG y pide eliminar todos los registros de ese programa.

“En Human Rights Watch trabajamos con gente que a veces está en situaciones de vida o muerte, donde hablar puede convertirlos en un objetivo”, señaló Dinah PoKempner, consejera de la agrupación.

“Con quién nos comuniquemos y cuándo es a menudo extraordinariamente sensible y es información que no podemos entregar al gobierno a la ligera”, abundó.

Mark Rumold, abogado de la Electronic Frontier Foundation, que representa a Human Rights Watch afirmó por su parte que el programa de la DEA “es otro ejemplo de los excesos de las agencias federales en su autoridad de vigilancia secreta”.

“Queremos forzar a la DEA a destruir las grabaciones que ilegalmente recolectó y que reconozca -de una vez por todas- que la recolección masiva de datos de los estadounidenses es inconstitucional”, subrayó.

De acuerdo con la demanda, la DEA dio a conocer la existencia de su programa de vigilancia masiva en enero de 2015, luego de que un juez federal ordenó al gobierno proveer más información en el caso de un hombre acusado de violar restricciones de importaciones por enviar bienes a Irán.

En su edición de hoy USAToday indicó que la práctica de espionaje fue iniciada casi una década antes de “los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001” al amparo de un programa que sirvió como mapa para el espionaje electrónico conducido a partir de estos hechos por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

Incluso refiere que las labores dirigidas en ese entonces por la DEA tenían menos restricciones que las que realiza ahora la NSA porque la recolección de datos se llevaba a cabo sin una orden judicial como se requiere en la actualidad.

Según el diario, los investigadores federales utilizaron las llamadas para rastrear redes de distribución de drogas en Estados Unidos, lo que pernmitía a las agencias identificar y ubicar organizaciones criminales cuya existencia se desconocía.

Las investigaciones a partir de la obtención de esos datos permitieron también a las autoridades ubicar redes de lavado de dinero. La recolección de datos no incluía el contenido de las llamadas sólo los números de teléfono y las fechas en que se realizaron.

La práctica como tal fue frenada por el Procurador General de Justicia, Eric Holder, luego el escándalo generado por las revelaciones del excontratista de la NSA, Edward Snowden.


Actualmente la DEA envía citatorios legales a las compañías de telefonía mediante los que requiere listas de llamadas internacionales relacionadas solamente con números de teléfonos que se sospecha estén relacionados con el tráfico de drogas u otros tipos de crímenes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: KARINA TERÁN.

“Se priva a México de una de las periodistas de mayor prestigio”: HRW

El director de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, se pronunció sobre el caso MVS.

José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, envió este martes 17 de marzo  a los medios de comunicación  un posicionamiento sobre el intento de rescisión de contrato con la periodista Carmen Aristegui y su equipo de trabajo en Noticias MVS:

“Es lamentable y preocupante el despido de Carmen Aristegui de su programa radial porque priva a México de una de las periodistas de mayor prestigio en América Latina por su rigor profesional y credibilidad en la investigación de casos de abuso de poder.


Esta situación genera seria preocupación por el estado de la libertad de expresión en México”, dijo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.