Niega Moreira vínculos con personas investigadas en EU por lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO: El exgobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés negó cualquier vínculo con las personas detenidas e investigadas en Estados Unidos por lavado de dinero.


Luego de darse a conocer que la Corte de ese país investiga al expresidente nacional del PRI, dado que “los fiscales tienen pruebas suficientes para sacar un indictment”, Moreira respondió:

“Ante tales insinuaciones no puedo menos que desmentir una vez más y de forma categórica cualquier relación con los detenidos y los investigados, con el lavado de dinero y con el crimen organizado, como estoy seguro que tarde o temprano se tendrá que reconocer, ante la fuerza de los hechos y no de las interpretaciones o especulaciones”.

En un comunicado que envió al diario Vanguardia, el exgobernador señaló que en la información publicada en el portal de la revista Proceso se hace referencia a Rolando González Treviño –presidente de una cadena de estaciones en el estado de Coahuila denominada Núcleo Radio Televisión y también propietario de una estación de televisión en Eagle Pass, Texas– como el principal testigo que habría aportado información en contra de él, y reiteró que los abogados de éste emitieron un boletín de prensa en el que refirieron que el empresario jamás declaró algo en contra del exmandatario.

“Confío en la justicia, confío en la verdad y sé que los intereses que hay detrás de todos estos ataques continuos contra mi persona acabarán volviéndose contra quienes los lanzan y esconden la mano”, remata el comunicado.

El pasado domingo 17 se dio a conocer en el portal de Proceso que el académico Sergio Aguayo y la reportera Roxana Romero, demandados legalmente por Humberto Moreira, próximamente ya no tendrán por qué preocuparse gracias a los avances en las investigaciones de los fiscales de Texas para sacar el indictment contra el exgobernador de Coahuila.

Una fuente relacionada con la Corte Federal del Distrito Oeste División San Antonio mencionó que los fiscales actualmente rastrean documentos para confirmar el lavado de dinero “robado del erario del Coahuila”, lo que podría considerarse la última etapa de la investigación.

Incluso, debido a que Humberto Moreira tuvo una relación cercana con el presidente Enrique Peña Nieto, “los fiscales ya consultaron con Washington el caso”, dijo la fuente que habló con Proceso bajo condición de que no se revelara su nombre.

Además, las autoridades de Texas siguen sumando testigos que han firmado acuerdos de reducción de condena a cambio de rendir testimonio contra el exgobernador.

El principal testimonio contra Humberto Moreira es el que ofreció Rolando González Treviño, quien fungió como intermediario para lavar en Texas varios millones de pesos robados de las arcas públicas.

De acuerdo con la nota, la confesión de González, que es la base de las indagaciones, señala que el 25 de febrero de 2009 se reunió con Moreira en el lujoso Club de Golf Sonterra de San Antonio, Texas, junto con Javier Villarreal y Jorge Torres, en ese momento secretario de Desarrollo Social, entre otros funcionarios y empresarios.

Tiempo después de esa reunión ambos funcionarios realizaron transferencias a través del banco J.P. Morgan de la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas, y en operaciones ‘offshore’.

“Torres y Villarreal abrieron esas cuentas después de una primera reunión con banqueros del J.P. Morgan Chase en México, donde discutieron la apertura de múltiples cuentas en las Bermudas”, precisa el documento de la Corte 2:13-CV-294, del que Proceso tiene copia.

Actualmente el extesorero Javier Villarreal espera juicio por el delito de lavado de dinero y el exgobernador Jorge Torres es buscado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, que ofrece una recompensa a quien proporcione ayuda para capturarlo.

El último testigo protegido que firmó un acuerdo con los fiscales de Texas es Rodrigo Humberto Uribe Tapia, hijo del exalcalde de Piedras Negras Humberto Uribe Flores.

Uribe Tapia confesó en el juicio que se le sigue al narcotraficante mexicano Marciano Millán, que fue el intermediario de Los Zetas para entregar cuatro millones de dólares a funcionarios de la administración de Humberto Moreira y así comprar protección a la organización criminal.

Rodrigo Humberto Uribe, quien tiene dos hermanos desaparecidos en Piedras Negras, precisó que en dos ocasiones entregó dos millones de dólares a Vicente Chaires Yáñez, quien en un tiempo se desempeñó como secretario particular del exgobernador.


La fuente consultada enfatizó que con esos testimonios los fiscales ya tienen pruebas suficientes para sacar el indictment contra Moreira. No obstante “las investigaciones continúan para tener el caso más sólido”, concluyó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/447787/niega-moreira-vinculos-personas-investigadas-en-eu-lavado-dinero

Guadiana denuncia a Moreira ante Corte Penal Internacional

CIUDAD DE MÉXICO: Después de surgir en cortes de Justicia de España y Texas, el nombre de Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI, salió de nuevo en una denuncia interpuesta ante la Corte Penal Internacional (CPI) por Santana Armando Guadiana Tijerina, aspirante a la candidatura para gobernador independiente de esa entidad.


El también empresario acusó al gobierno de Moreira de “participar de manera activa en los crímenes de lesa humanidad” perpetrados durante las masacres de Allende y del Penal de Piedras Negras en marzo de 2011.

En la denuncia contra funcionarios del gobierno de Coahuila, dirigida al fiscal de la CPI el pasado 12 de julio, el empresario minero aseveró que el gobierno estatal no actuó para detener la masacre y desaparición de cerca de 300 personas cometida por integrantes de Los Zetas en Allende durante más de una semana “a plena luz del día”.

Asimismo, Guadiana Tijerina aseguró que muchas de las víctimas de Los Zetas fueron trasladadas al Centro Estatal de Readaptación Social (Cereso) de Piedras Negras –una institución controlada por el gobierno estatal–, donde fueron torturadas y masacradas.

Ese penal “servía de matadero para desaparecer, torturar y asesinar a las víctimas de Los Zetas”, denunció el empresario.

Agregó que “el gobierno facilitó el ingreso de las víctimas a un centro penitenciario a su cargo, no obstante de que no había orden de aprehensión en contra de los reos, así mismo permitió la tortura de las víctimas, su asesinato y la calcinación de sus cuerpos, después que los metieron al penal no se volvió a saber nada de ellos”.

Como elementos de prueba, el empresario se basó en 77 reportajes periodísticos publicados en medios nacionales y locales.

El 18 de marzo de 2011, una cuarentena de camionetas con hombres fuertemente armados cerraron el acceso al municipio de Allende y empezaron la masacre de cerca de 300 personas así como la destrucción de 70 casas de la población, mismas que “posteriormente fueron baleadas, saqueadas y destruidas con buldozers”, planteó Guadiana.

En su denuncia, el coahuilense mencionó el testimonio que rindió el empresario Humberto Uribe Tapia –vinculado con Los Zetas– en una Corte de Justicia de Texas, en el que aseveró que Humberto Moreira recibió cuatro millones de dólares de ese cártel a cambio de su protección, afirmación que el exgobernador desmintió el mismo día.

Ayer, una fuente judicial de Texas confirmó a proceso.com.mx que la Corte Federal de Distrito Oeste División San Antonio investiga a Moreira por lavado de dinero que el servidor público habría desviado del erario estatal.

Si bien la acusación se limita a señalar la actuación de autoridades estatales, la denuncia de hechos también involucra a varias dependencias federales, desde el gobierno federal hasta los militares.

“Se ha revelado que las autoridades tanto municipales como estatales estaban enteradas de los sucesos criminales señalados y no actuaron para defender a las víctimas y nada informaron a la ciudadanía”, denunció.

“A unos cuantos kilómetros de Allende se encuentra un cuartel del ejército mexicano, mismo que no se explica la razón por la cual no intervino”, añadió.

Según la argumentación jurídica de Guadiana, la CPI debe tomar el caso ya que “el Estado de Coahuila y el Gobierno de la República Mexicana no están dispuestos a llevar a cabo una investigación imparcial y mucho menos el enjuiciamiento en perjuicio de ningún funcionario público involucrado en la masacre de Allende y de Piedras Negras”.

El texto continúa: “El gobierno se ha lavado las manos con el argumento de que fueron Los Zetas los causantes de la masacre, sin observar que estos actuaron con la complicidad activa de varios cuerpos de seguridad”.

Y recuerda que “en México no se le persigue (a Moreira) por ningún delito, mientras en los Estados Unidos de Norteamérica está investigado y acusado por delitos graves y en España fue apresado por supuesto lavado de dinero y vínculos con Los Zetas”.

Asimismo, planteó que “en la matanza de Allende no se respetó a los niños, mismos que fueron desaparecidos junto con sus padres y también asesinados (…) Violencia extrema contra infantes que debe motivar la intervención de la Corte de Derecho Penal”.

El empresario también señaló que, con el apoyo de su hermano Rubén Moreira –actual gobernador de la entidad, entonces presidente del PRI estatal–, Humberto Moreira tomó medidas para controlar la seguridad y las finanzas del estado después de su abandonar el cargo de gobernador.


Para ello, creó una Fiscalía General y el Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (Satec), a los que dotó de autonomía e independencia respecto al Poder Ejecutivo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE
LINK: http://www.proceso.com.mx/447672/guadiana-denuncia-a-moreira-ante-corte-penal-internacional

Tras demanda de Moreira contra Aguayo, preocupa a AI uso de recursos judiciales para inhibir libertad de expresión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización Amnistía Internacional (AI) manifestó su preocupación “por el posible uso de recursos judiciales para inhibir la libertad de expresión en México”, luego de conocer la denuncia contra el académico y periodista Sergio Aguayo, por publicar una columna sobre la detención en España del exgobernador de Coahuila Humberto Moreira.

“La opinión publicada por Sergio Aguayo se realizó como parte del ejercicio legítimo de su libertad de expresión. Los asuntos de interés público deben estar sujetos a un amplio escrutinio por parte de diversos actores sociales y, por lo tanto, funcionarios y otras figuras públicas pueden estar sujetos a la crítica sin que dicha actuación vulnere sus derechos humanos”, destacó AI en un comunicado.

Señaló que la demanda de Moreira contra el académico de El Colegio de México exige una retractación de su opinión y el pago de al menos 550 mil dólares por concepto de reparación. Para pedir dicho monto, apuntó, el exgobernador ha pedido al juez que no se aplique el límite máximo que la ley mexicana establece por este tipo de demandas (mil 400 dólares, aproximadamente).

De acuerdo con la organización, toda persona tiene derecho a la protección de su honra y reputación, lo que en ocasiones puede requerir la eventual intervención del sistema de justicia civil. Sin embargo, en este caso particular –apuntó– Amnistía Internacional “está preocupada por el posible uso de recursos judiciales para inhibir la libertad de expresión en México”.

Consideró, asimismo, que la suma exigida como reparación en la demanda “es excesiva” y podría constituir una forma de sanción e intimidación con efectos inhibitorios de la libertad de expresión en el debate público.

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades mexicanas a asegurarse de que el sistema de justicia civil “no sea utilizado para hostigar y desacreditar a las voces críticas mediante la imposición de sanciones civiles que derivan exclusivamente del ejercicio pacífico de los derechos humanos”.

Remató: “Las autoridades están obligadas a garantizar que las y los periodistas puedan desempeñar su trabajo sin miedo a sufrir represalias y satisfacer el derecho de la sociedad en su conjunto a estar informada sobre todos los asuntos de interés público”.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/447464/preocupa-a-ai-posible-uso-recursos-judiciales-inhibir-la-libertad-expresion-en-mexico

Zetas evadían a marinos en autos y helicópteros del Gobierno de Moreira, revela juicio de Texas

Los Zetas usaban helicópteros y vehículos oficiales para operar en Coahuila para evadir operativos, declaró ante una Corte en San Antonio, Texas, Estados Unidos, Rodrigo Humberto Uribe Tapia, ex operador financiero de esa organización criminal y quien también dijo que el Gobernador Humberto Moreira Valdés, recibió pagos millonarios para dejarlos operar.

El cártel de Los Zetas usaba helicópteros y vehículos propiedad del estado de Coahuila para evadir operativos de Marina en su contra, declaró Rodrigo Humberto Uribe Tapia, ex operador financiero de esa organización criminal, ante una Corte en San Antonio, Texas, Estados Unidos.

“Ellos [Los Zetas] pagaban por usar los vehículos y los helicópteros del [Gobierno del] estado de Coahuila […], los usaban para moverse de un lugar a otro y que los marinos no pudieran detenerlos”, declaró Uribe, según el diario estadounidense San Antonio Express News.

Uribe Tapia volvió a subir al estrado en su segundo día de testimonio del juicio que se lleva en contra de Marciano Millán Vázquez, presunto líder de Los Zetas en  Piedras negras, Coahuila, acusado de 10 cargos, entre ellos la matanza masiva y desaparición de cuerpos en la prisión Piedras Negras Coahuila. Ayer, él mismo declaró que el ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, recibió pagos por hasta 4 millones de dólares para brindarles protección.

De acuerdo con el testimonio de Uribe, los sobornos que Los Zetas presuntamente pagaban al Gobierno de Coahuila no sólo eran para protección, sino que también les permitían obtener permisos de construcción sin ningún obstáculo y acceso a las prisiones.

El testigo también dio su versión sobre el asesinato de José Eduardo Moreira, hijo del también ex líder nacional del PRI, aseguró que fue asesinado por Los Zetas, debido a que esa organización criminal rompió relaciones con el Gobierno.

Jaime Cavazos, abogado defensor de Millán Vázquez, señaló que Uribe es un informante pagado que ofrece su testimonio sobre homicidios que pasaron incluso después de haber huido a EU buscando protección de agentes federales. Criticó que el proceso judicial se convierta en un desfile de testigos pagados.


Reiteró que su cliente no tiene conexión con ninguno de los actos que Uribe ha descrito.

El Fiscal Russell Leachman, quien lidera la parte acusadora en el juicio en contra de Marciano Millán Vázquez, señaló que en los próximos días declararán “soplones” que darán más información sobre los secuestros y asesinatos ocurridos en Piedras Negras y vinculados con las masacres del penal de ese municipio y los hechos ocurridos en Allende.

Respecto a este tema, el ex operador financiero de Los Zetas dijo que él fue testigo de que había cuerpos al interior del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Piedras Negras  y que sabía que esos centros de reclusión era usados para desaparecer cadáveres

“Ellos toman estos cuerpos al CERESO para poder destruirlos o desintegrarlo […]. Tenían contenedores de ácido”, dijo de acuerdo al rotativo extranjero.

Saúl Fernández, un joven de 21 años de edad, acusado de conspiración, dijo que Los Zetas orquestaban fugas de los penales de Coahuila para engrosar sus filas y disputar el territorio.

“En septiembre de 2012, un miembro de alto rango Zeta jactaba de orquestar una fuga de la prisión en el CERESO. El comandante que supervisaba Piedras Negras y varias ciudades de los alrededores se jactó con él acerca de lo fácil que era. […]. Me dijo que tomaron dos autobuses, y se los llevaron por la puerta principal “.

El miércoles, Uribe Tapia sostuvo en su primera declaración que entregó personalmente, en dos ocasiones, dos millones de dólares a Vicente Chaires Yáñez, ex funcionario de Coahuila y a Jesús Torres Charles, ex Fiscal del estado.

“Todo fue hecho mediante el señor Vicente Chaires y Jesús Torres Charles”, señaló.

“Muchos de los pagos fueron hechos en Saltillo, era una especie de acuerdo con el Gobernador Humberto”, declaró Uribe Tapia de acuerdo con el diario estadounidense.

Dijo que a cambio de los sobornos, Los Zetas estaban protegidos para operar en toda la franja fronteriza que pertenece a Coahuila.

Tras las acusaciones el ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, y el ex Fiscal de ese Estado, Jesús Torres Charles, negaron haber recibido dinero por parte de Los Zetas.

No conozco a Rodrigo Uribe, lo único que ahora sé de él es que participó en el talk show ‘Caso Cerrado’ como panelista declarando sobre su vida de ‘exsicario’ […] desconozco absolutamente las fantasias que se relatan”, sostuvo Moreira en un comunicado.

“Ningún colaborador me propuso algo impropio. Contestaré como siempre con la ley en la mano todas las falsedades publicadas acerca de este caso. Basta ya de pretender vincularme con quienes mataron a mi hijo”, abundó.

A su vez, el ex Fiscal de Coahuila, también rechazó haber recibido dinero para proteger al grupo criminal:

“Niego terminantemente dicha información por ser absolutamente falsas las manifestaciones vertidas por dicho individuo. El suscrito Jesús Torres Charles no conoce ni ha tenido jamás trato alguno con ese sujeto que dice llamarse Rodrigo Humberto Uribe Tapia y mucho menos he recibido de él ni de ninguna otra persona cantidad alguna de dinero a nombre de o para Humberto Moreira Valdés”.


A su vez, Rubén Humberto Moreira Guerrero, hijo de Humberto Moreira, publicó en sus redes sociales que el testigo que declaró que Los Zetas sobornaban al Gobierno de Coahuila por protección, fue pagado por Guillermo Anaya, Luis Fernando Salazar o Armando Guadiana.

Breitbart Texas dijo en febrero pasado que “Los Zetas fueron capaces de actuar con total impunidad en Coahuila, gracias a la ayuda del ex Gobernador Humberto Moreira, quien fue investigado en España por lavado dinero. Esta semana la causa contra el ex mandatario fue archivada al considerar que no está debidamente justificada la perpetración de los delitos que motivaron su detención. En el marco de este caso, él fue llamado como un subordinado del cártel Los Zetas por los fiscales. Moreira pasó una semana en la cárcel antes de ser liberado bajo fianza en relación con el caso y después viajó a México”.

“La noticia de la detención provocó una ola de especulación acerca de que los funcionarios públicos serían los siguientes en ser nombrados. El ex gobernador Moreira ha sido implicado en el saqueo de fondos públicos de Coahuila y la canalización de ellos a los EU. Aunque el ex Gobernador no ha sido acusado penalmente, ha sido señalado en una serie de acciones civiles en la oficina del Fiscal de Estados Unidos, la cual está trabajando para apoderarse de ciertos activos”, agregó el medio texano.


Los Zetas tuvieron “una pelea con el ex Gobernador Moreira y terminaron asesinando a su hijo en venganza por la muerte de un pariente cercano de Treviño Morales. Eso sucedió cuando el actual Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, quien también es el hermano de Humberto Moreira, decidió encarar a Los Zetas. La nueva postura de Coahuila contra Los Zetas consistió en la creación de una unidad especial de la policía conocida como Los GATES. Ese grupo fue creados para erradicar a Los Zetas”, expresó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-07-2016/3064284.

Zetas pagaron 4mdd a Humberto Moreira por protección: testigo

MC ALLEN, Tex. (apro).- Rodrigo Humberto Uribe Tapia, empresario de Piedras Negras quien se desempeñó como operador financiero de los Zetas, confesó que entregó cuatro millones de dólares a funcionarios de la administración de Humberto Moreira para comprar protección a la organización criminal.

Durante un juicio que arrancó ayer en la Corte Federal del Distrito de San Antonio, dijo:

“El dinero se entregó a través de Vicente Chaires (exsecretario de Operación y Administración) y Jesús Torres Charles (exfiscal General), y varios pagos se hicieron en Saltillo. Fue algún tipo de acuerdo con el gobernador Humberto Moreira”.

El operador financiero de los Zetas fue convocado por el fiscal Russel D. Leachman para que rindiera su testimonio en el juicio que se celebra en la corte federal del distrito de San Antonio contra el narcotraficante mexicano Marciano Millán Vázquez, El Chano, a quien se le acusa por crímenes cometidos por Los Zetas en el municipio de Allende, Coahuila y otros nueve delitos más.

El juicio inició a las 8:30 horas de ayer miércoles. El fiscal Leachman presentó 10 cargos contra el capo Zeta Millán Vázquez y otro acusado de nombre Gustavo Rodríguez Costilla, El Tito.

Entre los ilícitos que cometió El Chano están: conspiración para traficar drogas, posesión de armas, usar menores para la venta de narcóticos y otros siete delitos.

Una de las imputaciones que presentó el Fiscal Russel Leachman contra Marciano Mancilla es que “disparó, desmembró y quemó cuerpos por sí mismo”. Las autoridades texanas tienen identificadas al menos nueve víctimas.

El Chano operó durante 2010 y 2011 como lugarteniente de los Zetas en la ciudad de Piedras Negras.

Durante el proceso judicial de ayer miércoles, el empresario Rodrigo Humberto Tapia Uribe, de 41 años de edad, confesó al jurado que se reunió dos veces con personal del entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira.

“En cada ocasión –dijo Uribe—dio a Vicente Chaires Yañez dos millones de dólares en una sus empresas de bienes raíces ubicadas en San Antonio. El dinero estaba destinado para el gobernador”, publicó el diario San Antonio Express News.

Entre 2007 y 2010, cuando fungió como director de Administración y Secretario de Operación y Administración de la gestión de Humberto Moreira, Vicente Chaires Yañez se convirtió en un próspero empresario de bienes raíces y también incursionó en el negocio de la radio y televisión.

“El 23 de mayo del 2007 inició su aventura empresarial en Estados Unidos al crear en Texas la inmobiliaria Vicap Global Investments, LLC., e incorporarse a los consejos directivos de las empresas estadunidenses Procom Marketing, LLC., y Transnational Construction & Real Estate Co., LLC”, según una investigación del diario Reforma.

Además, en noviembre de ese año compró al empresario Roberto Casimiro González, dueño de la cadena radiofónica y televisiva de Coahuila RCG, una casa con un valor de 860 mil dólares y otra propiedad del Sindicato de Maestros.

Mientras que el Fiscal General Torres Charles se lavó las manos cuando salió a la luz la masacre de Allende. En esa ocasión el Fiscal aseguró que no podía intervenir argumentando que los crímenes estaban relacionados con el narcotráfico y que ese delito era de orden federal.

Rodrigo Humberto Tapia Uribe, quien es testigo protegido de la Fiscalía, se desempeñó como operador financiero de los Zetas en Piedras Negras. Era dueño de centros nocturnos y lavaba dinero para la organización criminal. El 27 de octubre de 2009 inauguró el Bar Martini Lounge en Allende, Coahuila, época en que el pueblo estaba tomado por el capo Zetas Omar Treviño Morales, “Z42”, ya que ahí se había casado y ahí radicaba.

Gobierno cómplice

Para argumentar su inocencia sobre esos crímenes, los abogados defensores de Millán Vázquez presentaron documentos oficiales del gobierno de Coahuila donde se afirma que el capo Zeta no “tiene una investigación en su contra, ni antecedentes criminales en el estado.

“Los Estados Unidos se oponen a la autenticidad de cualquier documento redactado por el estado de Coahuila que pretenda mostrar una ausencia de investigación criminal en la conducta del acusado en México”, precisó un oficio presentado en la corte.

Agrega que el documento mexicano no es fiable ya que se generó en el estado de Coahuila, “cuyas autoridades han sido cómplices del cartel de los Zetas en el tráfico de narcóticos”.

“Hay testimonios que muestran que de los procedimientos y los responsables de ejecutar la ley estatal están controlados por el cartel”, afirma el documento de la corte de Texas.

Marciano Millán Vázquez fue capturado el año pasado en San Antonio. En Piedras Negras operó como lugarteniente de los Zetas bajo las órdenes de Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, Z40 y Z42 respectivamente.

Por órdenes de los hermanos Treviño Morales inició una limpia en la organización y fue el responsable de eliminar a altos mandos de esa organización en Allende y el Norte de Coahuila.

Entre los primeros asesinados estaban “contadores” que se habían designado a diversas plazas. Dos de ellos eran Víctor Triana, enviado a Monterrey, y Luis Zamarripa para Monclova. Triana y Zamarripa y al menos ocho “contadores” más fueron llamados a Allende por Miguel Ángel Treviño Morales, para luego ser asesinados.

Durante el juicio contra Millán Vázquez se prevé que otros testigos documenten cómo se fraguó la masacre que dejó más de 300 muertos y desparecidos en Piedras Negras, Allende y la región de Cinco Manantiales.

Además, la impunidad que tuvieron los Zetas por esos crímenes gracias a la protección que tenían por parte de la administración del exgobernador Humberto Moreira.

Fuente: Proceso

Autor: Juan Alberto Cedillo

http://www.proceso.com.mx/446496/446496

Gobierno de Coahuila amedrenta a Vanguardia

El desalojo del director del diario no se explica como un simple litigio civil por la propiedad de una vivienda. Detrás está el ex gobernador Humberto Moreira y la demanda que interpuso contra el medio por la publicación de una nota que lo señala de recibir una pensión de manera irregular.   

La agresión física y violación de derechos que sufrió Armando Castilla, director del periódico Vanguardia en Coahuila, por parte de policías estatales y personal del Poder Judicial estatal durante el desalojo de su vivienda, son consideradas un ataque al medio que se ha distinguido por criticar al Gobierno del Estado. 

En febrero, el diario publicó una nota sobre la pensión que recibe el ex gobernador Humberto Moreira Valdés, obtenida de manera irregular en el sistema educativo, de acuerdo con documentos oficiales. El hermano del actual mandatario estatal y acusado en España de blanqueo de 200 mil dólares, presentó una demanda contra Vanguardia y la reportera Roxana Romero por difamación. 

Bajo este contexto, la organización en defensa de la libertad de expresión, Artículo 19, explica el desalojo realizado al sur de Saltillo, Coahuila. 

“Hay un proceso de violencia institucional en el caso de la demanda contra el medio y de la reportera, así como un uso desproporcionado y arbitrario del sistema del Estado para amedrentar a los periodistas de Vanguardia”, expuso Sandra Patargo, de Artículo 19, encargada de documentar el ataque al medio de comunicación coahuilense. 

Ricardo Mendoza, director editorial del periódico Vanguardia de Saltillo, Coahuila. Por su parte, Ricardo Mendoza Reséndez, director editorial de Vanguardia, expuso: “No es un proceso civil entre particulares, es un ataque al medio y a los derechos civiles más fundamentales, a informar, ser informado. Lo más grave como sociedad es que el juicio civil forme parte de un ataque”. 

El viernes 6 de mayo, 30 elementos de Fuerza Coahuila, el grupo policiaco élite especializado en el combate al crimen organizado, irrumpieron en la casa de Armando Castilla, sin notificación previa, para despojarlo de sus pertenencias y desalojar el sitio. 

La diligencia de desalojo forma parte del juicio especial hipotecario 1102/2009, promovido desde 2009 por Olga Leticia Muñoz Cena en contra de Gustavo Antonio Lara Ramos, en el Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil en la Ciudad de México. 

Según Ricardo Mendoza Reséndez, la familia Castilla adquirió el inmueble hace 20 años, después de que Lara Ramos dejó de pagar un crédito hipotecario e inició un litigio mercantil. Juez al servicio de Moreira César Alejandro Saucedo Rodríguez, titular del Juzgado Segundo en Materia Civil de Saltillo, Coahuila, es tanto el juez que ordenó la diligencia de desalojo, como el que lleva el caso de la demanda de Moreira contra el rotativo. 

Saucedo Flores obtuvo su cargo como juez en junio de 2008, bajo la administración estatal de Humberto Moreira, a pesar de un amparo interpuesto por el juez saliente, Benito Villanueva, por considerar que el nuevo titular no había acreditado los exámenes correspondientes. 

Mendoza Reséndez declaró vía telefónica a ZETA que el exhorto llegó el 5 de mayo a las 12:54 horas al Juzgado Primero de lo Civil de Saltillo, “por causas que en este momento desconocemos, en cuestión de minutos se turna al Juzgado Segundo”, detalló. 

El cuestionamiento se hizo al Tribunal Superior de Justicia del Estado, sin que hasta el cierre de esta edición hubiera respuesta. El director de Vanguardia tampoco ha sido informado de la ubicación de los muebles, bienes y posesiones se encontraban dentro de su hogar, ya que le fueron decomisados ese día, a pesar de que se trataba de una diligencia de desalojo y no de cateo. 

De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría General de Gobierno de Coahuila, a cargo de Víctor Zamora, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil “giró oficio al encargado del Agrupamiento de la Policía de Proximidad Social de Fuerza Coahuila, para que auxiliara con el uso de la fuerza pública la realización de una diligencia dentro del exhorto 29/2016 para desalojar un predio y ser entregado a las personas a las cuales hace referencia el exhorto”. 

No obstante, Mendoza Reséndez refiere que es atípica la participación de más de cuatro policías en una diligencia, así como la intervención de elementos de Fuerza Coahuila. Otras irregularidades de la actuación, son la falta de notificación del desalojo, así como el uso de camiones de mudanza y maquinaria pesada para derribar bardas y allanar propiedades hasta llegar a la vivienda del director de Coahuila. 

En su boletín, el gobierno estatal niega irregularidades en la práctica de la diligencia, incluso afirma que el secretario Víctor Zamora ha solicitado se dé vista a las instituciones y dependencias correspondientes “para que lleve a cabo la investigación correspondiente y, en caso de que haya ocurrido una irregularidad, sea castigada aun cuando no se aprecie que exista alguna violación legal”. 

ZETA se comunicó con la vocera de la Secretaría General de Gobierno de Coahuila, Rosario Cano, para saber el porqué de la participación de agentes de Fuerza Coahuila, de las irregularidades cometidas durante el desalojo y si se trata de un ataque en contra del medio de comunicación por las críticas que ha lanzado contra los gobierno estatales de los hermanos Humberto y Rubén Moreira. 

La servidora pública argumentó que el gobierno no emitirá otra postura más que la ya difundida a través del comunicado de prensa. PERSECUCIONES E INTIMIDACIONES El director editorial de Vanguardia señaló que desde la publicación de la nota sobre la pensión de Humberto Moreira, la reportera Roxana Romero, quien redactó la pieza periodística, ha sido “perseguida y acosada”. También Armando Castilla sufrió de actos de intimidación en los últimos días. 

“Estaba siendo seguido desde hace semana por desconocidos, dos o tres veces, sorprendió a personas fotografiándolo en distintos momentos”. De igual forma, Mendoza indicó que desde el 27 de enero “surgieron una serie de portales anónimos que se dedicaron a injuriar, hostigar y difamar a la familia de Vanguardia”. 

Por último, confió en que las voces de periodistas en México “se sumen a no coartar la libertad de expresión para analizar y entender el riesgo en el que estamos nosotros y muchos de nuestros compañeros en todas las latitudes del país”. 

“PRÁCTICAS DESPROPORCIONADAS Y ARBITRARIAS DE GOBIERNO CONTRA UN MEDIO CRÍTICO”: ARTÍCULO 19 

A pesar del litigio civil en el que está involucrado Armando Castilla, Artículo 19 exige al gobierno de Rubén Moreira Valdés, “se apegue al Estado de Derecho en cuanto a los procesos judiciales y que no sean prácticas desproporcionadas y arbitrarias por la batalla legal de un integrante de un partido político y ex funcionario político que ha hecho claro su enojo por una nota”, en referencia a Humberto Moreira. 

Sandra Patargo comentó a ZETA que la organización también exige al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conformado por funcionarios del Gobierno de la República, organismos autónomos y civiles, “dé atención al caso para salvaguardar la integridad de la reportera Roxana Romero y de su familia, ya que la agresión se dio en un contexto de su hogar, así como de otros integrantes del medio”. 

En su opinión, “es preocupante que un medio sea amedrentado y se busque censurar a un medio crítico en un contexto de procesos ilegales, donde encontramos judicialización y violencia institucional”. 

En 2015, Artículo 19 registró 397 agresiones a la libertad de expresión en México. Siete de ellas en Coahuila, entidad donde, de 2009 hasta ese año, han ocurrido 75 ataques a periodistas. 

Mientras que de enero a marzo de 2016, son cuatro las agresiones documentadas por la organización en la entidad norteña, dos en Saltillo y dos en Ciudad Acuña. Se trata de un caso de intimidación, un ataque físico, acoso y hostigamiento sexual en redes sociales, así como una amenaza de muerte por redes sociales.

Fuente: Zeta Tijuana 

Autora: Inés García Ramos

http://zetatijuana.com/2016/05/13/gobierno-de-coahuila-amedrenta-a-vanguardia/

La liberación de Moreira en Madrid fue una operación del Estado mexicano, revela El País

Humberto Moreira fue detenido el pasado 15 de enero en el Aeropuerto de Aldolfo Suárez de Madrid cuando viajaba en compañía de su mujer y dos hijas a Barcelona. El País dice que ese mismo día los funcionarios de la Embajada de México en Madrid, que encabeza Roberta Lajous, recibieron órdenes de que se volcaran con el caso. La publicación detalla que unos funcionarios fueron encomendados a la búsqueda de prestigiosos abogados españoles que se hicieran cargo de la defensa de Humberto Moreira, mientras que otros se centraron en atender a su esposa, Vanessa Guerrero, y a de sus hijas.

El Gobierno de Enrique Peña Nieto puso a disposición de Humberto Moreira Valdés, ex Gobernador de Coahuila y ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), toda la maquinaria diplomática y legal de su embajada en España para conocer cada detalle de su situación legal, atender a su familia y sacarle de la cárcel, revela el diario El País en una investigación publicada este día.

José María Irujo detalla en el reportaje “Misión: salvar en Madrid a Humberto Moreira” cómo la gestión de mayor nivel del Gobierno de México ocurrió el pasado 21 de enero, a horas de que se llevara a cabo la audiencia de Moreira en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó su puesta en libertad. Dice que en esa ocasión, la Procuradura Arely Gómez González telefoneó a su homóloga española, Consuelo Madrigal, para conocer la posición de los fiscales españoles que tienen el caso del ex mandatario.

“Le respondió que el caso está bajo secreto de sumario, que no podíamos darle ningún detalle y que la posición de la Fiscalía es que ese señor debía permanecer en la cárcel porque los delitos eran muy graves”, dijo un portavoz de la Fiscalía General del Estado a El País.

Humberto Moreira fue detenido el pasado 15 de enero en el Aeropuerto de Aldolfo Suárez de Madrid cuando viajaba en compañía de su mujer y dos hijas a Barcelona. La investigación realizada por el diario español refiere que ese mismo día los funcionarios de la Embajada de México en Madrid, que encabeza Roberta Lajous, recibieron órdenes de que se volcaran con el caso.

La publicación detalla que unos funcionarios fueron encomendados a la búsqueda de prestigiosos abogados españoles que se hicieran cargo de la defensa de Humberto Moreira, otros se centraron en atender a su esposa, Vanessa Guerrero, y a de sus hijas, que durante varios días se alojaron en el hotel Vincci Soho, localizado a escasos 100 metros de la legación diplomática en pleno corazón de Madrid.

El País explica que este hotel mantiene un convenio con la embajada y allí alojan a las autoridades mexicanas que visitan el país; en su parking aparcan los coches de la Embajada.

El medio dice que la misma tarde y noche de la detención, cuando Moreira fue conducido ante Enrique de la Mata, el juez de guardia de la Audiencia Nacional para comunicarle su ingreso en prisión, los teléfonos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional comenzaron a sonar.


Se trataba de funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) adscritos a la Embajada que preguntaban por qué se había detenido a Moreira y que indicios o cargos había contra el ex presidente del PRI. De acuerdo con fuentes consultadas por El País, “estaban muy interesados, pero no se les dijo ni pío”.

El reporte menciona que en la Embajada de México en España se creyó que los agentes españoles les revelarían por qué había sido detenido Humberto Moreira. Sin embargo,  los agentes de la PGR no lograron su objetivo.

“Su silencio causó malestar en la legación diplomática ya que, además, en esta ocasión las autoridades españolas no les habían avisado de la detención como hacen habitualmente”,  dijeron fuentes cercanas a la representación diplomática a El País.

La publicación detalla que el lunes 18, dos días y medio después de la detención del ex líder priista, el cónsul de México en Madrid, Bernardo Tello, se trasladó hasta la prisión de Soto del Real para visitar al reo.

Aunque el cónsul visita con frecuencia a presos nacionales, fuentes penitenciarias dijeron a El País que sus visitas no se producen “con tanta celeridad”. A la par, dice la investigación, un funcionario del consulado llamado Víctor telefoneó en varias ocasiones al despacho del abogado Manuel Ollé, el letrado español que asistió a Moreira, para interesarse por el caso y conocer aspectos de la instrucción.

“Les dijimos que se dirigieran al juzgado”, respondió el abogado al medio.

En el directorio de la Embajada de México en España se tiene registrado a un Víctor de apellidos Koyoc Cauich, quien funge como Cónsul adscrito.

El medio español dice que la intervención oficial prosiguió cuando un chófer a los mandos de la Vannette Mercedes plateada de la embajada, con matrícula diplomática CD 52003, se trasladó al aeropuerto madrileño para recoger a Ulricht Richter, el abogado mexicano de Moreira.

“Toda la Embajada estuvo volcada en Moreira como nunca había ocurrido con otros detenidos”, dijo una fuente cercana al caso al periódico madrileño.

La misma información indica que el Gobierno de Peña Nieto quería saber qué indicios criminales había contra “su antiguo colaborador y presunto financiador de su campaña electoral”.

“En la embajada, en el número 46 de la carrera de San Jerónimo, a tiro de piedra del Congreso de los Diputados, funcionarios de la Sección Consular redactaron un escrito dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores en el que amparándose en el artículo 36 de la Convención de Viena preguntaron al juez Pedraz, instructor del caso, aspectos relevantes de la investigación”, dice El País.

En el documento se demandó: información oficial sobre los delitos por los cuales se investigaba a Moreira, el tiempo que duraría el secreto de sumario, el resultado de la audiencia celebrada el día 22, si fue decretada la prisión preventiva o la libertad bajo fianza y el tiempo que puede durar la instrucción del caso.


La respuesta que dio Pedraz fue estrictamente protocolaria y en la misma no se facilitó ningún dato de la causa declarada secreta, según fuentes judiciales.

SABOR A IMPUNIDAD

El ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, fue detenido el viernes 15 de enero en Madrid en el marco de una operación llevada a cabo por el juez Santiago Pedraz. La Policía Española dijo en su cuenta de Twitter: “MisiónCumplida”.

El equipo del ex líder nacional del PRI dijo a Grupo Fórmula que su arresto se debió a cuestiones migratorias. Pero mintió. El priista fue arrestado por presunta actividad criminal.

El 22 de enero, de manera sorpresiva, Moreira dejó la prisión. Y el 3 de febrero ya estaba en México. Listo para lo que siguiera.

Una vez aquí, Moreira Valdés dijo en entrevista que si existiera la posibilidad de reelección en la gubernatura, él se presentaría a los comicios. “Si hubiera posibilidades de reelección para Gobernador, me presentaría”, expresó. De ser así, la familia Moreira cumpliría 18 años al frente de Coahuila. Después de Humberto, Rubén Moreira fue elegido Gobernador. Luego vendría otra vez Humberto. Tres periodos de 6 años cada uno.

En la entrevista, el ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró que volverá a la política de Coahuila, luego de casi cinco años de ausencia. En un principio lo haría con el Partido Joven, que es local. Sin embargo, también consideró a su actual partido, el PRI. “Recordemos que puede haber alianzas […]”, afirmó.

La detención de Moreira Valdés en España causó polémica por la falta de investigación previa de las autoridades mexicanas, pese a denuncias de políticos y grupos civiles sobre el presunto delito de peculado que el político priista habría cometido en contra del erario de Coahuila.

Pero en México no existe ninguna denuncia en contra del ex Gobernador de Coahuila, al menos así lo afirma la Procuraduría General de la República (PGR). Jorge Vargas Espinosa, subdirector de información de la PGR, confirmó que hasta el momento no hay una investigación abierta en la dependencia.

En esencia, añadió, porque “no hay un denunciante. Nadie ha sido tan valiente”.


Sin embargo, el abogado René Sánchez Galindo aseguró que la institución estaría incumpliendo con sus obligaciones. “Lo dice el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se indica que las autoridades pueden iniciar una averiguación de cualquier evento del que tengan noticia”.



En agosto del 2011, el entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y ahora Senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Cordero Arroyo, presentó ante la PGR una denuncia contra Moreira Valdés por la adquisición irregular de deuda pública. Sin embargo, al año siguiente, la dependencia absolvió al ex Gobernador por no contar con evidencias suficientes. Un argumento que ahora usa la defensa de Moreira.

Pero desde 2011, nueva evidencia que inculpa a Moreira ha salido a la luz. En especial, por autoridades de la gestión de Moreira inculpadas en delitos de corrupción en Estados Unidos. Uno de ellos es el ex Tesorero de Moreira, Javier Villarreal Hernández, quien se declaró culpable por lavado de dinero y de transportar dinero robado hacia el extranjero. Villarreal estuvo preso entre febrero y octubre del 2014, y después salió libre al presentar documentos que mostraban un desvío de fondos hacia Bermudas.

Parte de las acusaciones hacia Moreria fueron recibidas por el Juez español Santiago Pedraz Gómez en San Antonio, Texas. Recientemente, tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, como el del Senado, Roberto Gil Zuarth, refirieron que la PGR y la unidad especializada de la SHCP para detectar casos de lavado de dinero, deberían al menos, abrir una línea de investigación.

La Fiscalía Anticorrupción ibérica investigaba a Moreira por el supuesto lavado de 200 mil euros (unos cuatro millones de pesos). De acuerdo con las líneas de investigación registradas en medios locales, estos recursos podrían proceder del narcotráfico o de delitos de malversación de fondos públicos.

Carlos Orta Canales, actual director de Desarrollo Social de Saltillo y quien fuera Diputado local por el PAN, dijo en entrevista a SinEmbargo que, además del equipo de trabajo del ex Gobernador, hay ex funcionarios implicados en la exorbitante adquisición de la deuda en Coahuila que continúan en la impunidad.

“Me refiero a que falsificaron documentos del Congreso, para poder solicitar empréstitos bancarios y no pasaron por los diputados, pero para que esto suceda, pues tiene que haber gente del poder legislativo coahuilense involucrada”, expresó.


Orta refirió que las actuales autoridades estatales continúan limpiando el rastro del presunto enriquecimiento ilícito de Moreira. Y apuntó al Registro Público de la Propiedad de realizar estas operaciones. “Hasta el más ingenuo se pregunta qué está pasando adentro del Registro, pues son propiedades que en este momento están limpiando el camino. No es posible que tenga tantas propiedades, fraccionamientos, casas, hoteles, que las tenga a nombre de otras personas, y que esas personas vienen y se las venden a otras, y así se empieza a lavar”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-02-2016/1627302

Documentan que la pensión por $37 mil que recibe Moreira fue obtenida con irregularidades

CIUDAD DE MÉXICO: La pensión de 37 mil 128 pesos mensuales que recibe Humberto Moreira Valdés fue obtenida de manera irregular, de acuerdo con una investigación del periódico Vanguardia.

El exgobernador de Coahuila se pensionó con el 100 por ciento de su sueldo después de supuestamente cumplir con 30 años y 15 días de servicio; no obstante, de acuerdo con la constancia de servicios del exgobernador aprobada por la Secretaría de Educación Pública del Estado, el exlíder nacional del PRI únicamente estuvo activo durante 17 años y cinco meses.

“El documento –del cual VANGUARDIA tiene una copia-, fue emitido el 20 de noviembre del 2015 y deja ver que el exlíder nacional del PRI, solamente realizó sus aportaciones a la Dirección de Pensiones durante 17 años y 5 meses, tiempo que estuvo asignado a grupos, aunque sólo dio clases tres años. Desde hace más de 11 años, y hasta la fecha, se mantuvo con permisos sin goce de sueldo”, cita el diario.


De acuerdo con la constancia, Moreira inició labores como catedrático en la Secundaria Técnica Abel Suárez de León, en 1985. Tres años después comenzó a trabajar en las oficinas centrales de la SEP en la Ciudad de México. El priista permaneció adscrito a diversos planteles en Saltillo hasta 1995, cuando le fueron asignadas horas clase en una secundaria en la “Unidad Jurídica de la Secretaría de Educación del Estado” hasta 2004.

Desde ese año, el priista pidió permiso sin goce de sueldo que fue renovado cada ciclo escolar y el último vence el próximo 31 de agosto

“Una primera anomalía en la pensión de Humberto Moreira comienza con los años de servicio y las aportaciones que dejan en entredicho que, como lo aseguró el Director de la Dipetre, cumpliera con todos los requisitos para poder jubilarse.


“VANGUARDIA publicó que Moreira Valdés se pensionó con el 100 por ciento de sus sueldo al haber cumplido 30 años 15 días de servicio; sin embargo, el documento de la Sedu afirma que el exmandatario solamente estuvo activo durante 17 años y cinco meses en el ramo de la educación, único periodo durante el que aportó al Servicio Médico y a la Dirección de Pensiones”, añade el periódico.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430541/documentan-que-la-pension-por-37-mil-que-recibe-moreira-fue-obtenida-con-irregularidades

Moreira de fiesta: libre y con jubilación de casi 40 mil pesos por 3 años de magisterio

CIUDAD DE MÉXICO: La Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) aprobó la jubilación de Humberto Moreira como trabajador de la Secretaría de Educación de Coahuila, por un monto de 37 mil 129 pesos mensuales.


El exgobernador de Coahuila inició su carrera profesional en 1985 como profesor de una secundaria técnica, cargo que sustituyó en 1988 por un puesto en la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México.

De acuerdo con información difundida en Radio Fórmula, a la primera quincena de diciembre, Moreira tenía tres años de docencia y 27 años 15 días como comisionado.

En esos años como comisionado, Moreira se dio tiempo para ser el titular de la Secretaría de Educación Pública de Coahuila de 1999 a 2002. Luego fue alcalde de Saltillo de enero de 2003 al junio de 2005 y de ahí saltó a la gubernatura, cargo que desempeñó de diciembre del 2005 a enero del 2011.

Para rematar, el maestro comisionado por el SNTE fue presidente nacional del PRI de marzo de 2011 a diciembre del mismo año, cargo al que tuvo que renunciar por las presiones en su contra por el millonario endeudamiento en que dejó a Coahuila.

Todavía Moreira presumió su autoexilio en Barcelona en donde dijo que estudiaba una maestría becado por el sindicato magisterial.

El pasado 15 de enero, Humberto Moreira fue detenido en España acusado por presunta participación en lavado de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal.

Sin embargo, el pasado martes, el juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz levantó las medidas cautelares que impuso al ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que se le devolvió su pasaporte y viajó a la Ciudad de México.

Moreira Valdés afirmó que ha sido el único político en el país que ha demostrado con pruebas que es inocente.


“Quiero ver que adversarios políticos pasen las pruebas que he tenido ya que en cada investigación me han exonerado“, subrayó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/428897/aprueba-el-snte-jubilacion-de-humberto-moreira-recibira-37-mil-129-pesos-cada-mes

Moreira quiere contender por un cargo público: “Sigo en la vida política”

CUIDAD DE MÉXICO: Humberto Moreira anunció que evalúa postularse a un cargo de elección popular como diputado o senador por su entidad natal, Coahuila.


“Yo sigo en la vida política, tengo 49 años y además yo me baso mucho en las encuestas, y en mi tierra las encuestas las diferentes mediciones que hemos hecho me ubican en un sitio que me permite poder mantener el ánimo de participar en la política”, declaró al periodista Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

Moreira manifestó que nunca ha ocupado los cargos de regidor, síndico, diputado federal o senador.

También aseguró que no cerrará sus empresas Unipolares y espectaculares del Norte y Negocios, de los que partió la acusación en España por los delitos de lavado de dinero, malversación de recursos públicos –unos dos mil millones de pesos–, organización criminal y cohecho. El gobierno español lo acusó de triangular dinero entre México, Estados Unidos y España.

El exgobernador de Coahuila agradeció la lealtad del presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones: “Quiero agradecerle a Beltrones la defensa que hizo. Él hizo declaraciones diciendo que se iba a demostrar mi inocencia”.
Dijo que pagó los honorarios de su abogado, Manuel Ollé, con dinero aportado por su familia, excepto su hermano Rubén Moreira, gobernador de Coahuila.

Aseguró que en marzo próximo se definirá si la investigación en su contra permanece abierta o es cerrada definitivamente.

“Tengo que estar a disposición por si se requiere mi colaboración porque también claramente establece que hay otras personas que están investigando, (…) pueden solicitar mi participación como testigo”, explicó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Moreira contraataca: actuará legalmente contra quienes lo vincularon con Los Zetas

A unas horas de su regreso a México, el exgobernador de Coahuila dijo que no sabe quién está detrás de las acusaciones pero interpondrá una denuncia. Asegura que contemplaría contender por algún cargo en Saltillo o trabajar en los medios de comunicación.

Ya libre y de regreso en México, tras pasar siete días en una cárcel en España, el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, dijo que prepara una respuesta judicial contra aquellos que lo acusaron de tener vínculos con el grupo criminal de Los Zetas.

“Habrá que tomar decisiones de carácter jurídico, de carácter legal en su momento, para quienes han hecho esos señalamientos y además de lastimarme haber puesto en riesgo a mi familia”, mencionó el exdirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en entrevista con Ciro Gómez Leyva, de la cadena Radio Fórmula.

Moreira dijo que aún no podría afirmar quién está detrás de esas acusaciones, que repercutieron hasta España, aunque en años previos en México se había descartado que tuviera algún vínculo con un grupo criminal.

“Ya había sido exonerado de todo”, dijo el político. “Esa es la mayor infamia porque ellos (Los Zetas) asesinaron a mi hijo”, agregó en referencia al asesinato de su hijo José Eduardo, en 2012.

La indagatoria en España por presuntos vínculos de Moreira con Los Zetas inició en Estados Unidos, indicaron funcionarios mexicanos el 21 de enero pasado a Animal Político, tras un reporte del diario El Español sobre el proceso judicial en el país europeo.

Al exdirigente priista lo detuvieron en el aeropuerto de Madrid el 15 de enero pasado, con la acusación de blanqueo de capitales o lavado de dinero. Sin embargo el 22 de enero un juez de la Audiencia Nacional española, Santiago Pedraz, decretó su libertad.

Según dijo Moreira a Radio Fórmula, la justicia española acreditó que no incurrió en el delito de blanqueo de capitales, aunque la indagatoria persiste, enfocada en otras personas “que son de México”, y que “según entiendo, son personas que yo pudiera conocer”.

El político dijo que en su caso manifestó a la justicia española su disposición de colaborar. “Pueden solicitar mi participación como testigo, y yo mostré mi mejor disposición de participar con la justicia española”, agregó.

Sobre su experiencia en la cárcel de Soto del Real, España, dijo que no estuvo en una celda VIP, como se mencionó en algunos medios.

“Los días de prisión fueron realmente difíciles, a nadie se lo deseo”, expresó. ”Estaba como un interno más. Había muchos latinos ahí, rumanos, musulmanes, españoles, mexicanos, por diversos delitos, como homicidio, drogas”, agregó.

Respecto a su futuro, Moreira dijo: “Yo sigo en la vida política”.

En Coahuila, agregó, las encuestas le indican que aún mantiene la simpatía de los ciudadanos, como para “mantener el ánimo de participar en política”, así que no descarga contender por un cargo local en Saltillo.

“Nunca he sido regidor, nunca he sido síndico, diputado local o diputado federal, nunca he sido senador, y además en el caso de la alcaldía hay reelección… pero es una decisión que tendré que tomar más adelante”, expresó.


Otra posibilidad, dijo, es que busque participar en los medios de comunicación, ya que tiene un máster en esa disciplina. Aunque de momento quiere pasar tiempo con su familia y “hacer lo que más me gusta, que es comer unos tacos de barbacoa”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/moreira-contraataca-actuara-legalmente-contra-quienes-lo-vincularon-con-los-zetas/

Moreira regresa a México; acusaciones mancharon mi honor y dañaron a mi familia, dice

El exgobernador de Coahuila negó los delitos que se le imputaron en España a su llegada a la Ciudad de México, proveniente de Madrid, España, donde fue detenido el pasado 15 de enero y liberado una semana después.

El exgobernador de Coahuila y exdirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, rechazó haber cometido los delitos que se le imputaron en España, por lo que, dijo, puede probar su inocencia.

Al llegar a la Ciudad de México, procedente de España, Moreira señaló que las acusaciones que le hicieron mancharon su honor. “Es un dañó que me han hecho a mi y a mi familia”, expresó, de acuerdo con un reporte del diario Reforma.

Recordó que durante el gobierno de Felipe Calderón también se le fincaron cargos, los cuales, señaló, no fueron comprobados, por lo que es “inocente de las imputaciones”.

El exgobernador de Coahuila arribó la noche de este miércoles 3 de febrero al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), procedente de Madrid, España, donde fue detenido el pasado 15 de enero por los delitos de lavado de dinero, organización criminal y cohecho.

Ante la llegada del exgobernador, las autoridades del aeropuerto implementaron un operativo de seguridad en la Terminal 2 del AICM, donde Moreira apareció en la zona de llegadas internacionales alrededor de las 8:25 de la noche.

Tras salir del aeropuerto Moreira caminó hacia el estacionamiento del lugar, leyó un documento en el que se explica que no se le encontraron delitos, por lo que pudo salir de España  y sólo contestó que no sabe si regresará a la política.

Luego de ser detenido el 15 de enero, Moreira fue liberado una semana después, el 22 de enero, y un juez español le devolvió su pasaporte apenas el pasado 2 de febrero, luego de que la Fiscalía Anticorrupción española no apeló el fallo del juez que lo puso en libertad.


Antes de salir de Madrid, Moreira insistió en que no había cometido ninguno de los delitos que se le imputan.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/moreira-regresa-a-mexico/

Humberto Moreira regresa a México

Moreira estuvo preso desde el día 15 y hasta el 22 de enero pasado, acusado por la Fiscalía Anticorrupción española de lavado de dinero, organización criminal, malversación de caudales públicos, y cohecho.

El ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira, regresa este miércoles a México luego de que el martes recibiera su pasaporte y que la Fiscalía Anticorrupción decidiera no recurrir la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

El día 22 de enero pasado, el juez de la Audiencia Nacional española, Santiago Pedraz, decretó la libertad de Moreira, en el proceso que se abrió en su contra por lavado de dinero y organización criminal.

La defensa de Moreira entregó al juez una serie de facturas que probarían que las transferencias de dinero, casi 200 mil euros, que Moreira recibió durante su estancia en España, provenían del trabajo que hacía para empresas, de manera lícita.

El martes, tras recibir el pasaporte, el ex dirigente del PRI aseguró estar tranquilo y apuntó que su director de tesis le dio el visto bueno para viajar a México.

Aseveró que ahora lo que hará en México es descansar y estar con su familia.

Fuentes de la Audiencia Nacional señalaron, sin embargo, que la querella continúa abierta y que si el juez Santigo Pedraz vuelve a llamarlo a comparecer, tendrá que apersonarse en Madrid. 

A su vez, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción aseguraron que el político mexicano continúa estando bajo investigación en un proceso judicial en España y que si se decidió no recurrir es por estrategia procesal.


Moreira es investigado como parte de un caso de procedimiento penal, junto con otras personas cuyos nombres no se han dado a conocer debido a que el proceso está bajo secreto de sumario.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0302/mexico/humberto-moreira-regresa-a-mexico/