Transparencia empantanada

Con las modificaciones impulsadas por el PRI para las nuevas leyes en esa materia, la negociación está atorada en el Senado. El PRD acusa que el tricolor está frenando los avances.

Apesar de que ya se venció el plazo para que sean aprobadas las leyes de transparencia, su negociación continúa empantanada en comisiones del Senado.

Esto debido a una serie de modificaciones que son impulsadas por el PRI y en las que los partidos de izquierda no están de acuerdo.

Senadores del PRD acusaron que el tricolor impulsa alrededor de 80 modificaciones al dictamen de la Ley de Transparencia, entre las que se encuentran que la información sobre las violaciones graves a derechos humanos, a delitos de lesa humanidad o a actos de corrupción sea abierta “hasta que una autoridad competente resuelva la materia”.

Se contempla, además, eliminar del catálogo de sujetos obligados a los Fondos y los Fideicomisos gubernamentales.

“Si no se frenan (las modificaciones), pues en realidad, lo que estaría ocurriendo es una enorme limitación a los avances que en materia de transparencia se han tenido”, denunció Armando Ríos Piter, senador por Guerrero.

Los priistas han planteado una ampliación del catálogo de temas y tópicos que deben permanecer reservados, intención que resulta “intransitable” para los perredistas.

Aunado a esto, el tricolor intenta que en algunas dependencias o entidades ni siquiera se considere la obligación de establecer un consejo de transparencia, acusaron.

En ese supuesto se encontrarían el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el Centro Nacional de Protección, la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), y el Estado Mayor Presidencial y de las Fuerzas Armadas.

El PRI busca también eliminar la necesidad de que se exprese “la prueba de daño”, a través de la cual las dependencias que decidan no hacer pública una información deben justificar cuál sería el daño que se haría al país si se revela.

Se busca también matizar la figura de la recomendación, que la oposición considera como fundamental para la prevención y que se busca dejar con un carácter no vinculante.

“Esto va totalmente en contra de lo que existe en Estados Unidos y en el mundo, esto es una regresión”, afirmó el perredista Zoe Robledo, senador por Chiapas.

En la reserva de información sobre los Fondos y Fideicomisos, los perredistas alertaron sobre la opacidad que habrá sobre el manejo de recursos en el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y de los tres niveles de Gobierno que están radicados en esas figuras.

Dolores Padierna acusó que se intenta ocultar principalmente la información proveniente del Fondo Mexicano del Petróleo.

“Hay que decir que los recursos millonarios que hay en los fondos y fideicomisos son recursos públicos y que, por lo tanto, deben de tener máxima transparencia, más aún si se trata del Fondo Monetario del Petróleo se trata de ingresos petroleros que deben de estar a la vista al día, diario se saca petróleo, diario  hay ingresos petroleros, diario tenemos que revisar cómo se va conformando este Fondo Mexicano del Petróleo”, afirmó Padierna.

Los legisladores acusaron que con los cambios que se proponen, se fomenta que exista un ambiente de discrecionalidad en toda la Administración Pública.

Por su parte, el PRI definió el tema de transparencia como una de sus prioridades en este periodo de sesiones y han acusado que es la oposición quien no quiere continuar con la negociación del tema.

Sin embargo, los perredistas acusaron que las modificaciones no provienen de la bancada del PRI, sino directamente de la Presidencia de la República, por lo que no hay con quién negociar.

“Los corchetes tienen un origen. ¿Con quién vamos a discutir los corchetes, las diferencias? Lo que nosotros estamos planteando al PRI es que no tiene ninguna razón estar discutiendo con quien no está realizando las modificaciones. Si hay corchetes de última hora, necesitamos discutir con quien puso esos corchetes”, señaló Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.


Los legisladores se pronunciaron por llevar a cabo el debate de las modificaciones de forma abierta y que los debates sean transmitidos por el Canal del Congreso.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Ley de transparencia tropezó con casas en Las Lomas y Malinalco: Encinas

La legislación en esta materia fue analizada por el senador, la comisionada del Ifai, Areli Cano, y el coordinador del Colectivo por la Transparencia, Guillermo Noriega.

La ley de la reforma constitucional en materia de transparencia, que se prepara en el Senado, “lamentablemente tropezó en el mes de diciembre, y tropezó con varias casas en Las Lomas, en el club de Golf en Malinalco, o en otros lugares… porque el gobierno (federal) se dio cuenta de la dimensión, el alcance de la iniciativa que habíamos planteado”, consideró el senador Alejandro Encinas. 

En una mesa de análisis en MVS sobre dicha legislación -en la cual también participó la comisionada del Ifai, Areli Cano, y el coordinador del Colectivo por la Transparencia, Guillermo Noriega-, el legislador indicó que “fracasó” un proyecto para construir una iniciativa plural, con la participación de la sociedad civil.

“Esto llevó a que no se dictaminara la ley en diciembre”, pues detectaron varias “regresiones”, propuestas por el PRI y el Partido Verde, por lo que se pospuso para el nuevo periodo de sesiones, que inició en febrero; con esto, “no se cumplió con el término constitucional que se estableció para publicar las leyes reglamentarias en materia de transparencia”, abundó Encinas.

Entre las propuestas de modificación planteadas por PRI-PVEM, a una iniciativa ya consensuada, el senador recordó ocho, que en general consisten en que “ya se ponen mayores restricciones a conocer información sobre violación a derechos humanos, delitos de lesa humanidad o actos de corrupción, donde plantean que sea hasta que falle la autoridad competente cuando se pueda poner a disposición esa información”.

“¿Qué implicaría esto? Que resoluciones como las que ha tomado el Ifai, para conocer de los hechos de Tlatlaya, o las fotografías que el Ejército tomó a los muchachos de Ayotzinapa, no podría tenerse acceso, hasta que se diera por concluido el caso, por parte de la Procuraduría General de la República”, ejemplificó Encinas.

-¿O sea podría ser nunca?-, preguntó la periodista Carmen Aristegui.

“Exactamente. Y en ese nunca también amplía los plazos de reserva, así como los conceptos de información reservada en materia de seguridad nacional, riesgos a la economía, a la estabilidad financiera, a la estabilidad monetaria del país, amplía los plazos de reserva, estableciendo la posibilidad de una prórroga adicional. En términos concretos no solamente es ampliar hasta siete años la reserva de alguna información sino con las prórrogas, prácticamente serían prórrogas consecutivas, donde no se tendría en el conocimiento de la información vinculada con estos hechos”, detalló el legislador.

Además, se propone dejar solamente en manos del titular de la dependencia la conducción de toda la política en materia de acceso a la información, “con lo cual aumentaría enormemente la opacidad o la discrecionalidad”, consideró.

En la propuesta de priistas y verdes, también plantean eliminar la obligación de los sujetos obligados de acreditar la llamada “prueba de daño”, que presenta para argumentar que se debe reservar determinada información.

Además, se propone que el consejero jurídico de la Presidencia pueda presentar, cuando haya “riesgo a la seguridad nacional”, recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre determinada solicitud de información.

Por su parte, la comisionada Areli Cano dijo que confía en que el legislativo cumpla con una normatividad “de avanzada, progresista”.

Sin embargo, reconoció que hay preocupación en el Ifai sobre 2 temas: que se intente reservar información en casos de violaciones a derechos humanos o el hecho de que el consejero de la Presidencia pueda interponer recursos de revisión.

Cano mencionó que otro tema preocupante es el acceso restringido a la información, que se pretende. Y aseveró que las autoridades deben seguir fundando, motivando y explicando las razones por las cuales deciden no otorgar información.

A su vez, Guillermo Noriega dijo que ha visto “propuestas regresivas”, sin nombre ni rostro.


Por ello, llamó a hacer públicos los dictámenes de esta legislación, pues actualmente hay una “parte nebulosa”.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ley de Transparencia: los cambios que propone el PRI y que organizaciones califican de regresivos

Límites para transparentar información sobre violaciones a derechos humanos, que instituciones de inteligencia puedan reservar datos o que sea más sencillo negar información.

La iniciativa que se construye de la Ley General de Transparencia en el Senado deja atrás los logros en la materia que el Estado mexicano acumuló a lo largo de una década, acusan organizaciones civiles tras analizar los cambios que el Ejecutivo sugirió a la propuesta de ley y que actualmente impulsan los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista de México (PVEM).

La discusión de esos cambios es lo que llevó a que los legisladores no cumplieran con el plazo legal impuesto para la aprobación de la ley, que era este 7 de febrero. Ello a pesar de que la redacción de una iniciativa ya acumulaba más de 200 horas de trabajo entre senadores y sociedad civil que redactaron y presentaron un documento el pasado 2 de diciembre.

Y aunque en esa iniciativa hubo detalles que el Colectivo por la Transparencia, México Infórmate y la Red por la Rendición de Cuentas cuestionaron ⎯como que la estabilidad económica fuera una causal para reservar datos o la sanción a funcionarios de los órganos garantes que ordenaran publicar información⎯, se mantenían principios elementales para fortalecer y garantizar el derecho de acceso a información pública.

Sin embargo, el Senado recibió un documento de la Consejería Jurídica de la Presidencia con más de 80 cambios ⎯entre técnicos y de fondo⎯ con los que se deja atrás el trabajo que la sociedad civil realizó con los legisladores.

“Si se aceptan esos cambios perderemos todo lo que se ha avanzado en tema de transparencia. Estas modificaciones eliminan los criterios jurisdiccionales que amplían el derecho de acceso a la información. No sólo pervierten la iniciativa que se presentó el 2 de diciembre pasado si no que neutralizan por completo los efectos de la reforma constitucional de 2014”, dijo en entrevista Ana Cristina Ruelas, oficial del programa de Acceso a la información de Artículo 19.

Los colectivos civiles que integraron las mesas de trabajo con senadores confirman que, con los cambios que envío el Ejecutivo, ya no ha habido vías institucionales para participar en la redacción del documento, aunque se acordó que se haría en Parlamento Abierto.

La senadora del PRI, Arely Gómez, dijo que con la sociedad civil se realizó un proceso de consulta que ya concluyó y que ahora es trabajo de los senadores definir el contenido de la Ley General de Transparencia.

Estas son algunas de las modificaciones impulsadas en el Senado por el PRI y el PVEM y que el Colectivo por la Transparencia, México Infórmate y la Red por la Rendición de Cuentas califican de regresivas:

Transparentar violaciones a DDHH

El artículo 115 establece que no puede declararse información reservada cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Sin embargo, la iniciativa de sociedad civil establecía que la trascendencia social de las violaciones era suficiente motivo para publicitar los datos.

La propuesta del PRI elimina esa posibilidad y agrega que se necesita el pronunciamiento de alguna autoridad competente que confirme las violaciones a derechos humanos para que la información no se reserve.

Se elimina el sistema de sanciones

En la iniciativa de sociedad civil y senadores se incluyó un capítulo para sancionar el incumplimiento a las obligaciones de transparencia, es decir, castigar a los sujetos obligados que declaren inexistencia de información cuando sí la tengan, por ejemplo; o que reserven datos sin justificación.

En la propuesta de la Consejería Jurídica del Ejecutivo se elimina por completo el capítulo y deja sin sanción las violaciones al derecho de acceso a la información.

Negar información, sin justificación

Actualmente, cuando un sujeto obligado niega información al ciudadano debe comprobar el daño que causa entregar esos datos.

La propuesta del PRI es que ya no tengan que justificar por qué no están entregando la información a menos que el ciudadano acuda a un órgano garante (el Instituto Federal de Acceso a Información, IFAI; o el equivalente en los estados).

Según sociedad civil esto abre la puerta a que todos los sujetos obligados opten por negar información apostando a que, según estadísticas del IFAI, un porcentaje mínimo de ciudadanos se quejan ante el órgano garante y sólo en ese caso tendrían que justificar la negativa o entregar los datos.

Causales de reservas y sin tiempo para abrir la información

Además de que se mantiene como causal de reserva la estabilidad económica ⎯según Colectivos por la Transparencia es una causal muy amplia y ambigua; y en los términos de la iniciativa todo podría considerarse que atenta contra la estabilidad económica como la corrupción o un caso de violación de derechos⎯ se convierte en un tema de reserva infinito.

Cuando se reserva información por temas de estabilidad económica, financiera y monetaria y para las cuestiones que tienen que ver con infraestructura de servicios públicos, no existe tiempo límite para abrir la información.

Y en los casos que sí tienen periodo de reserva, se incrementan los tiempo: en lugar de cinco años se propone que sean siete y cuando se solicita y aprueba un plazo para ampliar la reserva, en lugar de dos, podrían ser cinco.

Sin prueba de daño

Uno de los mayores logros de sociedad civil en la discusión de la iniciativa había sido que los senadores aceptaron incluir una prueba de daño, es decir, los Comités de transparencia de cada sujeto obligado deberían analizar el impacto que tiene en la sociedad cierto tipo de información y así determinar si debería ser pública y no reservarse, privilegiando el derecho a la información.

En los cambios del PRI y Presidencia se elimina la prueba de daño y en lugar de que los Comités justifiquen la clasificación de información sólo confirman o revocan la decisión.

Condonaciones fiscales, no sabremos a quién sí

El PRI y el PVEM impulsan que sólo se deban publicar los montos de las cancelaciones y condonaciones de créditos fiscales, en lugar de los nombres de los beneficiados, como proponía sociedad civil.

Instituciones de inteligencia, un trato diferenciado

Tras la reforma constitucional en la materia se fortaleció la figura de los Comités de Transparencia de cada sujeto obligado, encargados de garantizar mejores prácticas en la entrega o reserva de información.

Sin embargo, el PRI está proponiendo que las instituciones de inteligencia no cuenten con este Comité y que corresponda a los titulares de las instancias de gobierno determinar qué datos son reservados.

Los beneficiados de esta diferenciación serían: El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad; la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; el Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional y el Estado Mayor General de la Armada.

Más poder al Ejecutivo


Aunque sociedad civil no pudo evitar en las mesas de trabajo con senadores que el Consejero Jurídico de la Presidencia tuviera la posibilidad de interponer un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando considere que el fallo del IFAI al ordenar la apertura de cierta información atenta contra la seguridad nacional; con la propuesta del Ejecutivo además de mantener esa facultad se añade que cualquier instancia pueda acudir al Consejero para pedirle que solicite a la Corte la revisión de una resolución del IFAI y se mantengan ciertos datos reservados.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.

“Preocupantes” propuestas, para la ley en materia de transparencia: Noriega

Contemplan posibilidad de que se reserve información, si consideran que afectará la "estabilidad económica" del país.

El pasado 7 de febrero de 2014 se promulgó la reforma constitucional en materia de transparencia, la cual “celebramos todos”, por ser una “reforma de avanzada, positiva, en la cual participamos especialistas, organizaciones de la sociedad civil, académicos y muchos interesados”, retomando los mejores criterios y prácticas internacionales; el Congreso tenía 1 año para promulgar la ley general que haría posibles los beneficios que tiene la reforma, pero no lo ha hecho, señaló Guillermo Noriega, coordinador del Colectivo por la Transparencia en México.

Desde hace unos meses, ciudadanos han trabajado en una iniciativa de ley que ya fue presentada, pero de última hora en el Senado, “los duendes legislativos, tradicionales de nuestro sistema político”, incluyeron 2 artículos “preocupantes”, indicó en entrevista para Noticias MVS primera emisión.

“Uno, que señala que se pudiera sancionar a los integrantes de los organismos garantes, si algún sujeto obligado -es decir, el gobierno, una asociación, sindicato…-, sentía que se le había vulnerado o dañado”, reveló.

La segunda propuesta consiste en “la posibilidad de que los sujetos obligados reservaran información, en caso de que consideraran que su difusión, afectara la estabilidad económica, lo que sea que eso signifique“, indicó.

“Cualquier caso grave, digámoslo así, de corrupción; la casa blanca; algún fraude, tipo Moreirazo… puede ser alegado como una causal de que afecta la estabilidad económica, y la verdad en estos tiempos cualquier cosa, efectivamente, afecta la estabilidad económica, pero no por ello se le va a poder permitir a los gobiernos ocultar información”, sostuvo.

Noriega apuntó, además, que diferentes funcionarios buscan “descafeinar” dicha legislación en materia de transparencia, que ha “sufrido intentos de regresión”. 

“Muchos temas preocupan, uno de ellos, es la parte de violaciones graves a los derechos humanos. Ahora se propone que el Ifai no pueda revelar esa información si no ha sido calificado ya como violaciones graves, por un organismo, en este caso pues tendríamos que esperar a que el ombudsman nacional se animara a pronunciarse”, agregó.

Actualmente, la principal manera para negar información es decir “es inexistente lo que me estás pidiendo”. Para evitarlo, en la ley proponen que el sujeto obligado genere la información que le está solicitando, si es que no cuenta con ella.

Estos cambios de último momento, “contrastan muchísimo con el discurso del presidente Enrique Peña Nieto por mayor transparencia, esta una gran oportunidad para él de demostrar… de que efectivamente es real ese compromiso, y no vamos a caer en lo mismo de siempre, de hacer reformas constitucionales hermosas, que a la hora de aterrizar en las legislaciones secundarias, simplemente son inaplicables“.

Paradójicamente, actualmente se está construyendo una ley general de transparencia de todo el país, “con poca transparencia, y eso es sumamente preocupante”, aseveró.

“Para no estar boxeando con sombras… necesitamos que las comisiones legislativas encargadas de dictaminar, saquen un dictamen y lo hagan público, y lo sometan a la discusión pública, y esto está en la cancha del senador Pablo Escudero (PVEM), quien es presidente de la comisión de Anticorrupción y participación ciudadana”, aseguró. 

A los legisladores pidió que haya máxima transparencia y “no caigan en la tentación de una legislación que promueva la opacidad, dé pasos atrás”.


Precisó que hasta ahora han detectado cerca de 80 propuestas regresivas, que les preocupan.

ENTREVISTA:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El Ejército tiene 10 días para entregar información sobre Ayotzinapa: comisionado del Ifai

Debe realizar una búsqueda exhaustiva de las fotografías y registros que tomaron elementos militares a los normalistas de Ayotzinapa.

El comisionado del Ifai, Joel Salas, indicó que el Ejército tiene 10 días para entregar información sobre el caso Ayotzinapa. 

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, Salas indicó que, en un primer momento, cuando se le solicitaron fotografías y bitácoras de militares, la Secretaría de la Defensa Nacional negó esa información, declarándose “incompetente”, respuesta que fue revocada el jueves 5, por unanimidad en el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y protección de datos.

En su ponencia del jueves, el comisionado Salas indicó que en cuanto a las fotografías y registros, existen indicios sobre la presencia de elementos del Ejército Mexicano en el Hospital Cristina, a donde llegaron normalistas agredidos la noche del 26 de septiembre.

El acontecimiento de Ayotzinapa moviliza a quienes entienden que se interrumpió el curso del país… Buena parte de la sociedad mexicana y la comunidad internacional se solidarizó con las familias de los estudiantes y mantiene la exigencia al gobierno federal para rendir cuentas de la investigación, al tiempo que advierte una fractura en el contrato social entre ciudadanía y gobierno”, apuntó Salas.

El Ifai instruyó a la Sedena a “que realice una búsqueda exhaustiva de las fotografías y registros que tomaron elementos del ejército mexicano a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, así como de las bitácoras y todos los informes de los hechos sobre la desaparición de los normalistas y entregue al particular una versión pública, en su caso, en la que clasifique únicamente aquellos datos personales que no han sido ya publicados por las autoridades investigadoras. La búsqueda no podrá omitir al Estado Mayor de la Defensa Nacional y a los Batallones y Zonas Militares que hayan acudido a tomar conocimiento de los hechos, así como que hayan participado en reuniones y grupos de trabajo, con motivo de las investigaciones de los hechos ocurridos en Iguala Guerrero, el 26 de septiembre de 2014″.


Tiene diez días para dar una respuesta.

ENTREVISTA:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ifai pide a Sedena las fotos que militares tomaron a normalistas

México, DF. El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hacer una “búsqueda exhaustiva” de las fotografías que tomaron elementos del Ejército Mexicano a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre, así como todos los informes de los hechos sobre su desaparición.

En respuesta a una solicitud de un particular, la Secretaría de la Defensa Nacional declaró su “incompetencia” para conocer la información. Inconforme con esta respuesta, el particular interpuso un recurso de revisión.

Esta mañana, el pleno del Ifai aprobó por unanimidad, a propuesta del comisionado ponente Joel Salas Suárez, “revocar” la respuesta de la institución castrense y hacer una búsqueda de la información y entregar al particular, en su caso, una versión pública en la que solamente clasifique aquellos datos personales.

En su ponencia, el comisionado Salas recordó que el particular solicitó copia simple de las fotografías y registros que los elementos del Ejército Mexicano tomaron el 26 de septiembre a los normalistas de Ayoitzinapa, en Iguala, petición basada en el testimonio de uno de los sobrevivientes, Omar García, en el sentido de que militares ingresaron al hospital “Cristina” y les tomaron fotos y datos de los estudiantes que llegaron a dicho nosocomio.

El comisionado Salas precisó que por su respuesta, la Sedena podría estar en dos escenarios: “uno, no documentó debidamente las acciones que llevó a cabo como parte de su intervención en el Hospital Cristina, y en las investigaciones subsecuentes; o dos, incumple con su responsabilidad de rendir cuentas y aumenta la desconfianza en las instituciones públicas”.

Incluso, se preguntó: ¿No se tomaron las fotografías, no cuentan con un solo informe documentado de los hechos? ¿La Sedena mantendrá la misma respuesta a este recurso de revisión?”.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN.

PGR debe entregar expedientes por genocidio en 1968 y 1971: Ifai

Debe entregar versión pública de los expedientes de averiguación previa números PGR/FEMOSPP/011/2002 y PGR/FEMOSPP/002/2002, en donde se consignaron varias personas por el delito de genocidio, incluido el ex presidente Luis Echeverría.

El Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) instruyó a la Procuraduría General de la República que entregue una versión pública de los expedientes de dos averiguaciones previas por delitos de genocidio en 1968 y 1971 contra varias personas, incluido el expresidente Luis Echeverría.

En respuesta a la solicitud de un particular, la PGR declaró inexistentes los expedientes de ambas averiguaciones, argumentando que éstas fueron consignadas a juzgados federales. El ciudadano se inconformó con esa respuesta, e interpuso UN recurso de revisión ante el IFAI, a quien el sujeto obligado reiteró su respuesta.

En el análisis del recurso, el comisionado ponente Joel Salas Suárez explicó que existen recursos de revisión anteriores sobre las mismas averiguaciones previas. Recordó que previamente el Ifai instruyó a la PGR entregar versiones públicas de los expedientes. Además, se identificó que el Ministerio Público, y por tanto la PGR, está obligado a conservar copia por duplicado de las actuaciones en sus archivos.

Por votación unánime de los comisionados, el pleno del Ifai revocó este martes la respuesta de la PGR y le instruyó a realizar una búsqueda exhaustiva de la información requerida en todas las unidades administrativas competentes, a efecto de entregar versión pública de los expedientes de averiguación previa números PGR/FEMOSPP/011/2002 y PGR/FEMOSPP/002/2002, en donde se consignaron varias personas por el delito de genocidio, incluido el ex presidente Luis Echeverría.

Cabe recordar que en noviembre de 2001 se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), misma que en 2004 solicitó órdenes de aprehensión por genocidio contra el ex presidente Luis Echeverría Álvarez y el ex secretario de Gobernación Mario Moya Palencia, además de otras 10 órdenes (por homicidio calificado y lesiones) contra responsables de la matanza del 10 de junio de 1971. Entre ellas, se insertan las averiguaciones previas a las que se hace referencia en este caso.

“Los movimientos (de 1968 y 1971) permanecen en la memoria de los mexicanos… como un recordatorio permanente para garantizar los derechos fundamentales. En temas de crímenes contra la humanidad, genocidio y violación de derechos humanos, se debe privilegiar el principio de máxima publicidad… Incumplir con lo señalado en la Ley Federal de Transparencia, declarando inexistente información fundamental, es desconocer o negar episodios constitutivos de nuestra historia… se mina la confianza ciudadana en el Estado mexicano, efecto que urge revertir ante el contexto actual”, comentó el comisionado Salas.


De acuerdo con el comisionado ponente Joel Salas Suárez, la respuesta ofrecida anteriormente por la PGR es un ejemplo más de una práctica recurrente del sujeto obligado ya que, tan solo en 2014, la PGR alegó inexistencia en el 11% de las solicitudes de información recibidas y se ubicó entre los primeros cinco sujetos obligados ante los que se interponen más recursos de revisión, con 212 recursos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El IFAI ordena a presidencia hacer público oficio de cancelación del tren México-Querétaro

MÉXICO, D.F: El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la presidencia de la República hacer público el oficio de cancelación del tren de alta velocidad México-Querétaro.

La presidencia está obligada a hacer público dicho documento y el fundamento legal de la cancelación de la mencionada licitación.

La comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos expuso en su ponencia que la Oficina de la Presidencia de la República, a través de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia y la Secretaría Particular del Presidente, son las instancias responsables de dar a conocer las órdenes y acuerdos del titular del Poder Ejecutivo.

Precisó: “El asunto es de gran interés, tanto por los recursos que implica el desarrollo de este proyecto, como por el impacto que generará en materia de infraestructura y comunicaciones para nuestro país. Por lo tanto, es importante que este proceso se conduzca de manera transparente”.


El pasado 30 de enero, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, anunció un recorte del gasto público por 124 mil 300 millones de pesos, es decir, 0.7% del Producto Interno Bruto; determinó suspender de manera indefinida el proyecto del Tren México-Querétaro y cancelar el Tren Transpeninsular en Yucatán.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El IFAI abre la puerta para que cualquiera censure contenidos en internet

Con la resolución sobre datos personales que involucra a Google México, el órgano avala que se borren contenidos en Internet sin privilegiar si son datos de interés público, como ocurriría en una denuncia de corrupción.

Si un político escribe en el buscador de Google México su nombre y como resultado encuentra algunas notas periodísticas sobre presuntos actos de corrupción que lo involucran podrá exigir que la información sea eliminada de internet tras argumentar que con éstas hay una violación a sus datos personales.


Ese es el principio que instauró este lunes el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) con la resolución contra Google México, en la que le solicita eliminar del buscador tres ligas que llevan a sitios web con información de un particular.

“Con esta decisión el IFAI instaura una vía que puede ser utilizada por cualquier persona (como en este caso) para silenciar la labor periodística, sofocar el debate público y obstaculizar el flujo informativo en internet, sin que exista ningún límite o salvaguarda. Por el contrario, se deja al arbitrio de particulares y de empresas la definición de los límites a la libertad de expresión”, concluyó la Red en Defensa de los Derechos Digitales tras analizar la resolución del órgano garante del acceso a la información.

En su resolución, el IFAI considera que Google México viola la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) porque en su buscador se hallan ligas que llevan a páginas web con datos de un particular que acusó que la información ahí publicada atenta contra “su honor y vida privada”, sus “relaciones comerciales y financieras” además de que “conlleva un grave riesgo para (su) seguridad personal e integridad física”.

Uno de esos enlaces dirige a una investigación periodística sobre un presunto fraude vinculado con la fundación Vamos México de la exprimera dama, Martha Sahagún; y uno más es un foro de Yahoo! Respuestas en el que se menciona al particular como beneficiario del Fobaproa, un programa de rescate financiero creado en la década de 1990 por el gobierno mexicano.

Aunque Google México se negó a remover los links tras la solicitud del particular, éste acudió al IFAI, quien desestimó el argumento de la empresa de que el servicio de búsqueda pertenece a Google Inc. en Estados Unidos y lo emplazó a cumplir con las obligaciones de la Ley federal de Protección de Datos.

Por lo anterior, Google México tiene un plazo de 10 días hábiles –contados a partir del lunes 27 de enero– para borrar los links o se haría acreedor de una multa de hasta 30 millones de pesos.

La postura de Google México sobre el caso es ésta: “Nos preocupa la resolución emitida por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos ya que consideramos se vulneran los derechos de acceso a la información y libertad de expresión. Google en todo momento se maneja con apego a las leyes que, en cada caso, resulten aplicables. Daremos seguimiento a este proceso a través de las instancias legales que correspondan.”

Pero para el IFAI, que el Pleno haya iniciado un procedimiento para sancionar a Google México implicó “un hecho sin precedente”, pues se ordena a esta empresa a “hacer efectivos los derechos de cancelación y oposición al tratamiento de los datos personales de un particular”.

La Red por los Derechos Digitales considera que el IFAI no ponderó el valor de la información antes de emitir una resolución y con ello, establecer un principio sobre lo que deberán hacer, de ahora en adelante, los buscadores cuando un particular argumente que hay datos personales en los sitios web indexados.

“El IFAI debería ponderar la información y no lo hace. Simplemente dice ‘es un dato personal’ sin tomar en cuenta que hay excepciones al derecho de oposición y de cancelación, al derecho a datos personales, como cuando se afecta el interés público o el derecho de terceros, que en este caso somos todos, pues se afecta nuestra posibilidad de buscar y de recibir información de interés público. El IFAI tendría que ponderar si remover estos enlaces que llevan a datos personales en un contenido afecta o no el interés público”, explicó Luis Fernando García, abogado de derechos digitales.

Para fallar contra Google México, los comisionados del IFAI hacen alusión a una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto al “derecho al olvido”, que se refiere al derecho de cualquiera de eliminar contenidos en internet vinculados a su persona, aunque actualmente se discute si la remoción debe ser sobre aquello que lo menciona o sólo acerca de lo que publicó por sí mismo en la web.

Y además de que todavía es discutible si ese derecho existe, la Red en Defensa de los Derechos Digitales advierte que el IFAI no estableció salvaguardas para la información que es de interés público -como ocurre en Europa- y dejó abierta la posibilidad de eliminar ligas con datos sobre fraudes y presuntos actos de corrupción.

“Con este precedente cualquiera puede tratar de emularlo y decir ‘oye, cuando ponen mi nombre en Google salen estas notas y yo quiero que se quiten de Google’. Cualquier político, empresario, figura pública que considere que hay algunas notas que le afectan podría exigir a Google que se remuevan. Y dado que el concepto que dio el IFAI para su resolución es tan amplio y no hace ninguna acotación, abre una puerta para que se elimine el link a una nota periodística con información de claro interés público”, dijo Luis Fernando García.

Tras la resolución del IFAI, Google México tiene 10 días hábiles para borrar los links, aunque otra vía es apelar esta decisión y a través de un juicio de amparo acudir ante el Poder Judicial de la Federación, en donde se decidiría si el llamado derecho al olvido se sostiene o atenta contra otros derechos como el de libertad de expresión.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales señala otros puntos controversiales de la resolución del IFAI:

-Además de que es irrazonable que un motor de búsqueda revise y elimine cualquier mención al nombre de una persona en cualquier enlace, esto genera incentivos para la censura privada.

-La orden de remoción de enlaces resulta una medida de censura previa prohibida por el artículo 7 de la Constitución y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

-La decisión del IFAI resultaría inefectiva, pues sólo aplicaría a Google México y con hacer búsquedas en Google.com se podría tener acceso a los resultados que se ordenó eliminar.


El expediente completo:

Expediente IFAI-Google México:

  Expediente IFAI-Google México

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.

El Ifai inicia procedimiento de sanción contra Google México

MÉXICO, D.F: En un hecho sin precedente, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai), inició un procedimiento de imposición de sanciones contra Google México por posibles infracciones a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).

Además, ordenó a dicha empresa hacer efectivos los derechos de cancelación y oposición al tratamiento de los datos personales de un particular.

Lo anterior luego de que la filial del gigante de las redes sociales ignorara la solicitud de un particular quien exigió su derecho constitucional de cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales.

Ante la falta de respuesta, el 9 de septiembre de 2014 el particular interpuso una solicitud de protección de derechos ante el Ifai.

Tres meses después, el 9 de diciembre, celebró una audiencia de conciliación solicitada por las partes, con el fin de conciliar sus intereses; sin embargo no hubo acuerdo y el Ifai acordó continuar con el procedimiento.

Google México argumentó que no es la empresa que presta el servicio de motor de búsqueda, sino Google Inc., que tiene su domicilio en Estados Unidos y por ello no atendió la solicitud de ejercicio de derechos del particular.

Sin embargo, en el análisis del caso, el pleno del Ifai concluyó que Google México es una empresa legalmente constituida en México y en términos de la LFPDPPP es responsable del tratamiento de datos personales y que de acuerdo con su objeto social, presta servicios de motor de búsqueda.

Además, indicó que Google México sí hace un tratamiento de datos personales cuando se coloca en el buscador un dato de cualquier persona y se encuentra indexado a la información de la Red y no acreditó que dicho servicio lo realiza o presta una empresa distinta.


Por ello el Ifai determinó iniciar un procedimiento de sanciones por posibles infracciones a la LFPDPPP.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Policías municipales participaron en la masacre de San Fernando, Tamaulipas

La organización estadounidense National Security Archive logra, con intervención del IFAI, tener acceso a una tarjeta informativa de la PGR:

La policía municipal de San Fernando participó en la detención de decenas de migrantes asesinados en Tamaulipas en marzo de 2011, se informó en la primera emisión de Noticias MVS.

Al menos 17 agentes de la Policía Municipal de San Fernando se dedicaban a interceptar y detener personas para posteriormente entregarlas a “Los Zetas”, quienes asesinaron a los migrantes, cuyos cuerpos, 194, fueron hallados posteriormente en fosas clandestinas. También realizaban labores de “halconeo” o vigilancia para esa organización criminal.

A cambio, recibían un pago de ese grupo criminal, según revela una tarjeta informativa desclasificada por el Instituto Federal  de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IFAI), a petición de la National Security Archive.

Dicha organización estadounidense, especializada en acceso a la información pública, solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que diera a conocer los correos electrónicos, minutas, acuerdos y otros documentos oficiales relacionados con el caso San Fernando, dependencia que se negó a entregar cualquier información argumentando que formaba parte de diversas averiguaciones previas.

EL IFAI revocó dicha respuesta y le ordenó a la PGR entregar la información no relacionada con averiguaciones previas, por lo que esa dependencia se vio obligada a dar a conocer una tarjeta informativa que resume la participación de los policías municipales de San Fernando, Tamaulipas, en el caso de las 194 personas secuestradas y  asesinadas a su paso por dicho municipio.

La tarjeta informativa  emitida por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) da a conocer los nombres de los policías municipales de San Fernando que colaboraron con “Las Zetas” en el secuestro y asesinato de las 194 víctimas halladas en las fosas clandestinas descubiertas en dicho municipio.

Hay por lo menos ocho testimonios de presuntos integrantes de “Los Zetas” que describen la complicidad de los policías municipales en uno de los mayores crímenes colectivos cometidos por esa organización criminal.

En un primer momento, se reconoce que no hay imputaciones particulares contra los elementos de la policía municipal, pero se insiste en que hay testimonios de la colusión entre ambas partes, por lo que el Ministerio Público Federal encargado del caso giró órdenes de localización y presentación  contra 17 policías municipales de San Fernando, misma que fue cumplimentada por la Policía Federal el 3 de abril del 2011.

Al comparecer ante el Ministerio Público Federal, la mayoría de los agentes locales negaron las imputaciones que les realizaron otros miembros de “Los Zetas”, pero uno de sus compañeros corroboró la versión de los presuntos delincuentes.

Álvaro Alba Terrazas, alias “El Junior”, dijo ante la PGR que si había participación de elementos de la Dirección de Seguridad Pública y de Tránsito del municipio de San Fernando, Tamaulipas, con “Los Zetas”. La tarjeta informativa dice textual del testimonio rendido por Alba Terrazas:

“Y pregunta directa cita (sic): sé que los policías de San Fernando ayudan a la organización de Los Zetas, porque en lugar de que cuando detienen a la gente se la lleven al Pentágono, es decir la cárcel municipal, se los entregan a Los Zetas, el mero bueno es un policía viejito que se llama Oscar Jaramillo, quienes reciben dinero de esa organización para colaborar”.


Sin embargo, el propio Oscar Jaramillo Sosa y el resto de los agentes municipales que fueron presentados ante la PGR, negaron los hechos.   Finalmente, el 20 de mayo del 2011 la PGR decidió ejercer acción penal contra 72 presuntos integrantes de “Los Zetas” involucrados en el caso de las fosas de San Fernando, Tamaulipas, entre los cuales se encontraban 17 policías municipales, para lo cual consignó el expediente con las acusaciones por secuestro y delincuencia organizada ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

PGR entrega datos sobre participación de policías de San Fernando en masacre de migrantes

Sólo tras una orden del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) de divulgar la información que se clasificó como reservada— la PGR confirma, por primera vez en cuatro años, que existió y en qué consistió la complicidad del Estado en la masacre de migrantes en San Fernando, tanto en la de los 72 ocurrida en agosto de 2010 como en el asesinato de otras 193 víctimas encontradas en abril de 2011 en fosas comunes.

Policías municipales de San Fernando, Tamaulipas, fueron detenidos por estar relacionados con el hallazgo en 2011 de cadáveres en fosas clandestinas, pues los uniformados recibieron pagos del grupo criminal los Zetas —autores del crimen— para realizar labores de vigilancia o interceptar gente en la zona, informó la Procuraduría General de la República (PGR).

Al entregar los datos —sólo tras una orden del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) de divulgar la información que se clasificó como reservada— la PGR confirma, por primera vez en cuatro años, que existió y en qué consistió la complicidad del Estado en la masacre de migrantes en San Fernando, tanto en la de los 72 ocurrida en agosto de 2010 como en el asesinato de otras 193 víctimas encontradas en abril de 2011 en fosas comunes.

“En base a (sic) las declaraciones de los siguientes inculpados (…) quienes refieren participación de los elementos de la policía municipal de San Fernando, desde cubrir labores de halconeo, intercepción de personas y omisión en su deber en la observancia de delitos cometidos por miembros de la organización criminal ‘Los Zetas’, citando además que recibían pago por parte de esta organización criminal”, indica la Nota Informativa que PGR entregó el 10 de diciembre pasado al National Security Archive.

Si bien las autoridades federales informaron en 2010 y 2011 que algunos policías municipales habían sido detenidos por su vínculo con la masacre y las fosas comunes, hasta ahora habían mantenido en secreto los archivos sobre las detenciones bajo el argumento de que era información reservada por tratarse de una investigación abierta.
Las masacres ocurridas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, son un caso emblemático sobre cómo las autoridades mantienen en secreto el vínculo entre miembros del Estado y la violencia provocada por el crimen organizado; así como sobre la violación de derechos humanos.

La versión oficial indica que las masacres contra migrantes ocurrieron a manos de la organización delictiva de Los Zetas, pero la última información entregada por la PGR también deja al descubierto detalles sobre el papel de los policías implicados en estos crímenes.

En el documento se incluye testimonio de uno de los miembros de la policía municipal detenidos, y presunto integrante de Los Zetas, Álvaro Alba Terrazas, quien declaró que la policía recibía pagos para detener y después entregar a las personas a los criminales.

“Sé que los policías y tránsitos de San Fernando ayudan a la organización de los zetas, porque en lugar de que cuando detienen a la gente se la lleven al pentágono es decir la cárcel municipal, se los entregan a los zetas (…)”.

San Fernando y el derecho a la información

Organizaciones defensoras de derechos humanos y de los derechos de los migrantes han buscado y solicitado información oficial tanto de las masacres ocurridas en San Fernando como de otros abusos cometidos en su contra, por lo que iniciaron una campaña por el derecho a la verdad a través de la que exigen que se divulguen datos completos sobre estos hechos.

Las autoridades federales se han negado a reconocer que los hechos en San Fernando implican violaciones a derechos humanos, pues afirman que los asesinatos de migrantes son actos criminales perpetrados por cárteles de la droga. Sin embargo, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) decidió que estas masacres sí constituyen violaciones a derechos humanos, según lo establecido en tratados internacionales ratificados por México y fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Lo anterior derivó en agosto en una orden del IFAI a la PGR para dar a conocer los datos sobre la participación de policías municipales en las masacres de San Fernando, pues la Ley de Acceso a la Información indica que el Estado tiene la obligación de dar a conocer información sobre violaciones graves a derechos humanos en lugar de clasificarla como reservada.

Pero además de que el IFAI basó su decisión en criterios que incluyen la aquiescencia, tolerancia o la participación directa del Estado en las masacres, esto se confirma con el documento entregado por la PGR, lo que implica que este tipo de crímenes cometidos con la participación de policías constituyen violaciones de derechos humanos, como es el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos tras un ataque de policías municipales en Iguala, Guerrero.


La desclasificación del documento representa un gran avance en los esfuerzos de organizaciones civiles como Artículo 19 y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) para tener acceso a los expedientes completos sobre la investigación de los asesinatos de migrantes, lo cual actualmente está en discusión en la Corte Suprema que deberá fallar si PGR debe divulgar versiones públicas de éstos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: Jesse Franzblau*

*Jesse Franzblau presentó la solicitud de información como parte del proyecto de documentos desclasificados sobre migración del National Security Archive, la cual finalmente resultó en la sentencia del IFAI que se menciona en el texto. También trabaja como consultor para la Open Society Justice Initiative (OSJI) sobre proyectos relacionados al derecho a la verdad. Este texto fue publicado por parte de OSJI.

Urge Ifai a Sedena que revele quiénes son los militares involucrados en caso Tlatlaya

Pide conocer número, grado y unidad a la que pertenecían los soldados involucrados en matanza del 30 de junio. Con ello, se ofrece a la sociedad "la claridad necesaria para confiar en quienes deben resguardar la seguridad nacional y la paz pública”, dijo la comisionada Villalobos.

La Secretaría de la Defensa Nacional deberá dar a conocer el número, el grado, así como la unidad, batallón o compañía a la que pertenecían cada uno de los militares que participaron en la confrontación con un presunto grupo criminal en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio de 2014, ordenó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Lo anterior, en respuesta a un particular que solicitó esos datos.

La Procuraduría General de Justicia Militar señaló que la información se encontraba reservada por estar vinculada a una averiguación previa y a un expediente judicial por delitos militares; la clasificación fue confirmada por la Sedena.

Sin embargo, quien solicitó la información presentó ante el Ifai un recurso de revisión, el cual fue turnado a la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos.

En dicho recurso, el solicitante manifestó  que el 25 de septiembre de 2014 el sujeto obligado emitió un comunicado en el que hizo del conocimiento que se pusieron a disposición de un juzgado militar a un oficial y siete elementos de tropa.

En ese sentido, indicó que su petición es para que se precise sobre el número total de elementos, los datos relativos al grado y la unidad a la que pertenecían, con lo cual no se pretende obtener información que pueda vulnerar la investigación.

En su oficio de alegatos, la Sedena  reiteró su respuesta original.

En el análisis del caso, la comisionada ponente señaló que la propia Sedena, en el comunicado prensa mencionado, informó a la opinión pública que fueron puestos a disposición del Juzgado Sexto Militar  un oficial y siete elementos de tropa que participaron en los hechos, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa.

Villalobos advirtió que el ministerio público castrense ya ejerció acción penal, por ende no se pondría en riesgo las diligencias que realizó el órgano investigador.

Asimismo, destacó que  los datos relativos al grado, así como la unidad, batallón y/o compañía a la que pertenecían cada uno de los militares, se localizan en diversos archivos administrativos desde antes que cometan algún tipo de delito, tales como expedientes personales, registros de asistencia de las unidades o batallones, así como en los libros de control de los Grupos de Procesados y Sentenciados.

Por tanto, enfatizó la comisionada, que dar a conocer los datos requeridos por el particular, no implica que sean extraídos de la indagatoria o del expediente que obra en el Juzgado militar.

Agregó que los datos requeridos son de carácter genérico que no hacen identificables a los servidores públicos que están sujetos al proceso. Además, manifestó, la Sedena en ocasiones anteriores ha entregado información similar a la requerida, como en la solicitud con número de folio 0000700115413, en la cual dio a conocer el registro de cuatro generales en juicio por diversos delitos.

La ponente consideró de gran relevancia dar a conocer la información, ya que los militares, dijo, como  servidores públicos deben estar sujetos al escrutinio de la ciudadanía. 

“Sobre todo cuando en la actualidad nos encontramos ante una crisis en materia de derechos humanos. En ese sentido, se garantiza la máxima publicidad, prevista en el artículo sexto de la Constitución, y se ofrece a la sociedad la claridad necesaria  para confiar en quienes deben resguardar la seguridad nacional y la paz pública”, enfatizó.


Por lo anterior, a propuesta de la comisionada María Patricia Kurczyn  Villalobos, el pleno del Ifai revocó la respuesta e instruyó a la Sedena a proporcionar la información genérica, en los términos referidos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ifai ordena presentar contrato del nuevo avión presidencial

Banobras argumentó que por seguridad nacional y protección del secreto bancario no podía revelar el contrato.

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) instruyó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) entregar el contrato que suscribió con Boeing para la adquisición del nuevo avión presidencial.

El comisionado Rosendoevgueni Monterrey expuso que Banobras negó la entrega de la información por seguridad nacional y protección del secreto bancario. El Ifai falló a favor del ciudadano que exigió los datos.

El comisionado indicó que no es procedente su clasificación pues Banobras actúa como intermediario entre Sedena y Boeing, y precisó que la aeronave será pagada con recursos públicos de la Fuerza Aérea Mexicana.

En el Ifai se estableció que para que fuera efectiva la clasificación por secreto bancario, los recursos tendrían que haber sido del propio banco.


Por unanimidad, el pleno del instituto revocó la respuesta de Banobras y se le ordenó entregar el contrato para adquirir el nuevo avión, en el que viajará el presidente Enrique Peña Nieto a partir del próximo año, el cual fue adquirido en el sexenio pasado.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ordena IFAI transparentar proyecto del nuevo aeropuerto del DF

MÉXICO, D.F: El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la empresa paraestatal Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) revelar la información en su poder sobre el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

Un particular interpuso un recurso de revisión ante el órgano de transparencia luego de que la GACM se declaró incompetente para responder 12 preguntas puntuales sobre los planos, medidas de impacto ambiental, fechas y fases de la construcción, modo de contratación, entre otros, relacionados con el nuevo aeropuerto.

En su respuesta, la empresa paraestatal orientó al ciudadano a presentar su solicitud en Aeropuertos y Servicios Auxiliares y le proporcionó el vínculo electrónico del sitio www.aeropuerto.gob.mx  para que buscara información sobre el desarrollo, construcción y financiamiento del proyecto.

Sin embargo, el comisionado Joel Salas Suárez, quien se le turnó el caso, halló elementos para concluir que GACM “está en condiciones de contar con la información solicitada”.

Hay un antecedente histórico, dijo, que exige que el proyecto se realice “con total transparencia y rendición de cuentas”.

La sociedad civil organizada y habitantes de los municipios afectados, abundó, han alzado la voz para exigir mayor transparencia sobre el proceso de contratación y los impactos ambientales que esta obra generaría.

Salas Suárez refirió que actuar con total apertura en esta obra daría certeza a los ciudadanos sobre los costos e impactos de la misma y evitaría en gran medida los crecientes cuestionamientos sobre la falta de transparencia en las obras públicas del gobierno.

Cercana la presentación de los avances en los compromisos establecidos por México en el Plan de “Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto”, cuyo compromiso 12 –Infraestructura para todos– tiene como objetivo difundir información de proyectos de infraestructura, el comisionado señaló que el Ifai tiene la obligación de “exigir congruencia” entre el cumplimiento reportado sobre los compromisos del plan de acción mexicano y la práctica cotidiana de los sujetos obligados en materia de acceso a la información y transparencia.

Además, destacó que la exigencia de la sociedad civil organizada de generar el Observatorio Ciudadano para el Nuevo Aeropuerto.

“Hacemos un llamado a todos los sujetos obligados para privilegiar el principio de máxima publicidad de la información y proveer de toda aquella que sea necesaria a cualquier ciudadano que esté dispuesto a dedicar su tiempo a la observancia de las obras públicas del gobierno”, dijo.

Finalmente, propuso al pleno del Ifai revocar la respuesta del GACM, e instruirlo a realizar una búsqueda de la información solicitada y entregarla al particular en las diversas modalidades de entrega posibles.


Una resolución similar fue emitida el pasado 10 de septiembre, cuando el IFAI ordenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) hacer públicos los planes y avances del proyecto del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Matanza de San Fernando: debe PGR informar sobre detención de policías

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

IMAGEN TOMADA DE PROCESO

MÉXICO, D.F. (apro).- El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) fijó a la Procuraduría General de la República (PGR) un plazo de 10 días para entregar a un particular el soporte documental sobre la detención de 16 policías municipales de San Fernando, Tamaulipas, realizada luego de la matanza de 72 migrantes en abril de 2011.

El particular solicitó minutas de acuerdos de reuniones, documentos de trabajo, informes de seguimiento de acuerdos, correos electrónicos y demás documentos que contuvieran información sobre la captura de los uniformados, pero la PGR respondió que la información estaba reservada por 12 años, por ser parte de una averiguación previa.

El requirente se inconformó y solicitó al IFAI la revisión del caso, mismo que fue turnado a la comisionada Areli Cano Guadiana, quien propuso al pleno del revocar la respuesta de la PGR, al considerar que no era posible invocar la reserva de una averiguación previa tratándose de violaciones graves a derechos humanos.