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Recorre Ruiz Esparza municipios afectados por sismos en Oaxaca

Ciudad de México.  El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza estuvo presente en el inicio de los trabajos de reconstrucción del Palacio Municipal de Santa María Petapa, Oaxaca, así como del apuntalamiento y restauración, a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de la iglesia de Santa María de la Asunción, que data del Siglo XVII con alto valor artístico y cultural.

El titular de la SCT, realizó un recorrido por los predios donde se reconstruyen casas afectadas por los sismos y que fueron demolidas, y reiteró a los afectados que “no faltarán recursos ni materiales de construcción, para que recuperen su patrimonio”.

Protegen plataforma de la época de Santa Anna hallada en el Zócalo

Ciudad de México. La Secretaría de Obras y Servicios informó que comenzaron los trabajos de protección de una plataforma circular que data del año 1843, colocada por el presidente Antonio López de Santa Anna para conmemorar la Independencia, que fue hallada en el Zócalo capitalino.
Su protección se realiza de manera paralela a la rehabilitación de la plancha, donde se lleva un avance general de 50 por ciento, por lo que no se alterará la fecha de entrega que será en los primeros días de septiembre próximo, señaló.

Quitan prestaciones a trabajadores del Instituto Nacional de Antropología; ahora serán freelance

Los trabajadores que hasta 2016 firmaban contratos por tres o seis meses ahora serán prestadores de servicios, cobrarán con recibos de honorarios y no tendrán seguro social; consideran “indigno” el trato laboral para quienes aportan a la cultura del país.

Mientras los diputados renunciaron a privilegios como viajes internacionales, vales de gasolina y telefonía celular como parte de las medidas de austeridad, otros trabajadores del Estado no sólo ahorrarán, sino que tendrán condiciones laborales más precarias.

Se trata de los trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que hasta 2016 firmaban contratos por tres o seis meses, pero a partir de este año sólo serán prestadores de servicios, cobrarán con recibos de honorarios y no tendrán seguro social ni vacaciones como medida de “racionalidad del gasto público”.

La semana pasada, los coordinadores nacionales, directores de los centros INAH, titulares de unidades administrativas, administradores y jefes de departamento recibieron esta notificación a través de dos circulares firmadas por el secretario administrativo, Alejandro Ordoño; el coordinador nacional de Recursos humanos, Francisco García, y el director de Análisis y seguimiento de proyectos, Pedro Vázquez.

Los documentos se difundieron en redes sociales, y fue así como los trabajadores se enteraron. Esto orilló a que sus jefes realizaran reuniones para explicarles la nueva relación laboral que tendrán.

Los trabajadores que ahora serán prestadores de servicio no tenían plaza en el Instituto; laboraban con contratos temporales o por proyecto, pero tenían derecho a aguinaldo, seguridad social y vacaciones. Por tanto, no existe registro del número de empleados de este tipo en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Animal Político solicitó una entrevista con funcionarios del INAH desde el miércoles pasado, para conocer el número preciso de trabajadores que serán afectados por esta medida, pero no hubo respuesta.

La incertidumbre

El lunes pasado, Liliana Giorguli, directora de Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH, encabezó una reunión con más de un centenar de empleados y reconoció que esta nueva modalidad fue una decisión “intempestiva” que significa “un cambio importante, no sólo en la forma de contratación, sino en la forma de operación (del Instituto)”.

En una grabación de la reunión, entregada a Animal Político,  Giorguli leyó las dos circulares que fueron publicadas en redes sociales y reconoció que los mandos de dirección no tienen certeza de cómo funcionará el nuevo esquema.

Después de varias preguntas de los trabajadores durante más de una hora, la funcionaria admitió que “las reglas del juego del presupuesto Federal están cambiando. Es una realidad, no es algo que nos agrade porque habrá complicaciones en la forma de operar”.

La circular, con fecha del 11 de enero de 2017, informa sobre la situación financiera por la que atraviesa el Instituto, y recomienda “priorizar proyectos para efectos de la disponibilidad presupuestal”.

También informa que para la integración del personal en los proyectos “no habrá disponibilidad de recursos con cargo al capítulo 1000, por lo que la contratación de personal deberá hacerse con cargo al capítulo 3000”. Es decir, cobrar por honorarios.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, el capítulo 1000 se refiere a “servicios personales” (empleados) y contempla 819 millones 524 mil pesos para remuneraciones al personal de carácter permanente y 30 millones 958 mil pesos para personal de carácter transitorio.

En ese rubro también está considerado las remuneraciones especiales (451 millones 305 mil pesos), seguridad social (219 millones 851 mil pesos) y otras prestaciones sociales y económicas (554 millones 869 mil pesos).

Mientras que el capítulo 3000 se refiere a “servicios generales”, entre ellos se incluye “servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios”, con un presupuesto de 536 millones 750 mil pesos para 2017.

Este rubro creció 56% en el último año, toda vez que en 2016 tuvo un presupuesto de 336 millones 966 mil pesos y es aquí donde entrarán las nuevas “contrataciones”.

Sin embargo, el presupuesto que disminuyó fue “remuneraciones al personal de carácter transitorio” (quienes hasta 2016 trabajaban con contratos por periodo). Pasó de 63 millones 118 mil pesos en 2016 a 30 millones 958 millones de pesos para 2017, lo que significa 50% menos.

En tanto, las remuneraciones al personal de carácter permanente también disminuyó 3.5% para este año. Esto explica la petición expuesta en una de las circulares a cada uno de los centros de trabajo: “hacer una revisión exhaustiva de la plantilla a efecto de eliminar aquellas plazas ‘no sustantivas’ para la operación y buen funcionamiento del INAH”.

Durante la reunión, trabajadores externaron su descontento con la medida al considerar “indigno” el trato laboral para quienes aportan a la cultura del país.

“No es posible que las prestaciones laborales por las que se ha peleado se tiren por la borda con el pretexto de la austeridad. El INAH debe buscar el bienestar de la gente que trabaja ahí. Esto no está bien”, dijo una de las trabajadoras.

Empleados entrevistados aseguran que las condiciones de trabajo siempre han sido precarias en cuestión de prestaciones, pero confiaban en que este año conseguirían contrato por un año.

En la reunión les dijeron que tendrán asesoría para registrarse en la Secretaría de Hacienda como prestador de servicios profesionales para emitir recibos de honorarios o facturas, pero eso implicará renunciar a los pocos logros que habían tenido como las vacaciones y seguridad social. “Ahora hasta tendremos que pagar contador y nos van a descontar más impuestos”, asegura en entrevista una empleada que prefirió omitir su nombre.

¿Por qué es importante la labor del INAH?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia es dirigido por Diego Prieto y  depende de la Secretaría de Cultura, creada el año pasado. El organismo es responsable de más de 110 mil monumentos históricos y 29 mil zonas arqueológicas registradas en todo el país.

El INAH tiene plena facultad en la protección y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible, y “se encuentra a la vanguardia gracias a su nivel de excelencia en investigación y en la formación de profesionales en el ámbito de su competencia”, según se explica en su página de internet. 

Fue fundado en 1939 para garantizar la investigación, definiciones técnicas , protección y difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de México.


Funciona con una estructura compuesta por una Secretaría Técnica, responsable de supervisar la realización de sus labores sustantivas, cuyas tareas se llevan a cabo por medio de las siete coordinaciones nacionales y los 31 centros regionales distribuidos en los estados del país.


FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/01/prestaciones-trabajadores-inah/

Ordenan al INAH y Profepa revisar riesgos por actividad minera en comunidad guanajuatense

Un juez federal ordenó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), al INAH y a la coordinaciones de Protección Civil del estado y del gobierno municipal de la capital revisar los posibles daños y riesgos para los pobladores, ambientales y estructurales en edificios del Mineral de la Luz a consecuencia de la exploración y explotación de empresas mineras en la zona donde se ubica dicha comunidad.

Entre las principales compañías que realizan actividades en minas de la zona figuran Endeavour Silver, a través de la Mina Bolañitos, la cual ocupa 2 mil 500 hectáreas “en el segundo distrito minero de tipo histórico más grande de México”, como difunde en su página.

Con tres minas de oro y plata, sólo en el 2015 se produjeron aquí 1.4 millones de onzas de plata y 23 mil 966 onzas de oro.

Vecinos del Mineral de la Luz han expresado su preocupación por lo que consideran una falta de precaución de las compañías mineras en las actividades de exploración y explotación, y acusan efectos en la salud, así como daños en las viviendas y construcciones y otros efectos perjudiciales.

Hace unos meses, un campesino del lugar falleció al caer en un tiro de mina oculto entre matorrales y arbustos.

Los pobladores pidieron formalmente al Instituto Nacional de Antropología e Historia, revisar la estructura del templo, mismo que presenta daños físicos.

Debido a que no se atendieron sus peticiones, un grupo de vecinos recurrió al amparo a principios de marzo, con el fin de obligar a las dependencias a cumplir con la obligación de prevenir los riesgos y daños, el cual fue concedido por el Juez Primero de Distrito.

El juez de distrito emitió su fallo el 14 de julio. Sin embargo, el gobierno municipal de la capital y el representante legal de la Mina Bolañitos se inconformaron e interpusieron un recurso de revisión administrativa, que finalmente no procedió.

El 10 de noviembre se ratificó el fallo a favor de los pobladores del Mineral de la Luz, localidad que se ubica a unos pocos kilómetros del monumento a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, y pertenece al municipio de Guanajuato.

La tarde de este viernes, en sesión del Ayuntamiento, se dio a conocer el acuerdo para que, una vez notificados de la sentencia, los integrantes del Cabildo ordenen al personal de Protección Civil a efectuar los dictámenes para señalar los riesgos que para los pobladores se desprenden de la explotación y exploración minera.

Según este fallo, el municipio no dio trámite a la denuncia civil que los vecinos de Mineral de la Luz presentaron en febrero del 2015 “y a la solicitud de intervención institucional relativa a proteger a las personas, propiedades, bienes y demás, de la Comunidad de Mineral de la Luz”.

Así, corresponderá al delegado de la Profepa, José Isaac González Calderón, efectuar una inspección en la comunidad y practicar dictámenes para establecer si hay afectación al medio ambiente, flora y fauna, vasos de agua y manantiales, así como las causas de su origen y medidas a asumir para corregir, prevenir o sancionar a los responsables.

Al delegado del INAH, Sergio Tovar, se le ordenó practicar los estudios para determinar el origen de los daños presentados en el templo de la comunidad, y tomar medidas para reparar dicho deterioro, gestionando los recursos que se necesiten.

Al coordinador de Protección Civil estatal, Luis Antonio Güéreca Pérez, el juez de distrito le ordenó desplegar visitas de inspección para determinar la existencia de riesgo sobre la seguridad de la población de la comunidad guanajuatense, su origen y solución “ello relativo a las afectaciones presentadas en viviendas, templo y escuela de la comunidad”, según el documento del amparo.

Finalmente, el Ayuntamiento, el alcalde y la Dirección de Protección Civil de la capital deberán desplegar acciones para investigar la denuncia de los pobladores afectados y establecer claramente cuáles son los riesgos y qué medidas emprenderán para solucionarlos.





Fuente: Proceso
Autora: Verónica Espinosa
http://www.proceso.com.mx/466752/ordenan-al-inah-profepa-revisar-riesgos-actividad-minera-en-comunidad-guanajuatense

Denuncian trabajadores del INAH retraso en el pago de salario y aguinaldo

CIUDAD DE MÉXICO: En un hecho sin precedentes, los trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia no recibieron el pago de su salario y el aguinaldo correspondiente el día 9, debido a un supuesto retraso en la liberación el recurso correspondiente por parte de la Secretaría de Hacienda, lo que así fue argumentado por funcionarios del área administrativa de la institución.

Después de colocar carteles y mantas en las distintas delegaciones e instalaciones del INAH en varias entidades del país como Guanajuato y Tlaxcala, y del reclamo del Comité Sectorial de Trabajadores Técnicos y Profesionistas de la institución, este miércoles les fue pagado el salario y una parte de las prestaciones de fin de año, pero sólo al personal de base, a quien todavía le adeudan el incremento salarial autorizado al 1 de noviembre y 10 días de salario como prestación de fin de año.

El personal eventual, mandos medios, de apoyo y de confianza en general de la institución se quedó sin percibir sus quincenas del mes de diciembre, denunció el secretario del Comité Sectorial, Juan Manuel Hernández Melchor.

Este Comité, adscrito al Sindicato Nacional de Trabajadores Democráticos de la Secretaría de Cultura –instancia de la que ahora depende el INAH- exhibió la situación como “inédita en toda la historia de la institución”, y reclamó el incumplimiento de un compromiso del presidente Enrique Peña Nieto “de que no habría ninguna afectación a los derechos de los trabajadores que pasaríamos a la Secretaría de Cultura, eso no se respetó”, dijo Juan Manuel Hernández a Apro.

“Nunca había pasado esta situación; lo que nos informa la Secretaría de Cultura es que hubo un retraso en la liberación del recurso por parte de Hacienda”, señaló.

El dirigente sindical mostró el oficio circular 014, fechado el 13 de diciembre dirigido a los trabajadores del INAH y firmado por el Secretario administrativo Alejandro Ordoño Pérez y por el Coordinador nacional de recursos financieros José Jurado Barragán, en el que se les informa del retraso en las fechas de pago “derivado de la situación financiera por la que atraviesa el Instituto Nacional de Antropología e Historia para el cierre presupuestal del ejercicio fiscal 2016”.

En el oficio se establece el compromiso de cumplir con el pago que debió efectuarse el 9 de diciembre, pero para el miércoles 14, de las dos quincenas de diciembre, conjuntamente con las prestaciones de prima vacacional, ajuste de calendario y días festivos.

“Las cuentas por liquidar certificadas, cargadas el pasado 8 de diciembre de 2016 a través del Sistema de Administración Financiera Federal SIAFF, con fecha probable de pago el 13 de diciembre, fueron reprogramadas para el 14 de diciembre (…) ya que se sujetaron al ambiente controlado, derivado de las disposiciones emitidas para el cierre presupuestal del ejercicio fiscal 2016”, fue la ‘explicación’ técnica dada por los funcionarios administrativos del INAH a los trabajadores en este oficio.

Pero en un segundo punto del mismo, indica: “Respecto al personal eventual y de confianza (compactados, personal de proyectos, mandos medios y superiores, apoyo a confianza y hora semana mes) queremos reiterar que el instituto está llevando a cabo todas las gestiones administrativas pertinentes, con las autoridades competentes, para garantizar el pago de todos y cada uno de los compromisos en las fechas correspondientes en los términos de ley”.

Al respecto, el secretario del Comité sectorial y colegiado general ejecutivo, Juan Manuel Hernández Melchor, explicó que la organización sindical sostuvo reuniones con funcionarios de la Secretaría de Cultura y del propio INAH en busca de resolver la falta de pagos, y este viernes se reunirá con el antropólogo Diego Prieto, encargado del despacho de la dirección del instituto.

Por escrito, el Comité dijo reconocer que el INAH “viene arrastrando un déficit de varios años que no ha sido atendido con seriedad y responsabilidad, pero también es cierto que estamos enfrentando una política hacendaria de desprecio hacia la base trabajadora del país y de sus derechos legítimos”.

“Nos están diciendo que los 10 días de prestación que todavía nos deben serán cubiertos hasta el 20 de enero y que el retroactivo nos llegaría hasta la primera quincena de enero, y no aceptamos eso, queremos que lo paguen antes de que inicie el periodo vacacional del personal, y también ver que se cumpla a los compañeros eventuales, mandos medios y apoyo a confianza que siguen sin recibir su pago”, dijo el secretario sindical.

El incremento aprobado al primero de noviembre es de un 3.8 por ciento directo al salario y de 1.90 por ciento en prestaciones. “El incremento siempre se nos había pagado a fines de noviembre, o a más tardar en la primera quincena de diciembre”, expuso.

Hernández Melchor informó que la plantilla de personal del Instituto es de unos 4 mil 200 trabajadores.


La noche del jueves, el sindicato emitió un comunicado dirigido al personal eventual y de apoyo a confianza, en el que les recuerda que el recurso presupuestal del INAH “ya considera a todos los trabajadores de la institución” y que se ha solicitado a los titulares del INAH y de la Secretaría de Cultura que se agilice el pago pendiente “dadas las precarias condiciones laborales en que se encuentran”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/466471/denuncian-trabajadores-del-inah-retraso-en-pago-salario-aguinaldo

Construcción del Cetram Chapultepec, sin autorización de INAH

Ciudad de México. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no ha otorgado al Gobierno de la Ciudad de México la autorización para la construcción del Cetram Chapultepec, proyecto que además del paradero incluye la construcción de una torre de 41 pisos para oficinas y un hotel.

Entrevistada luego de participar en la ceremonia de inauguración del foro 'Políticas Públicas y Acciones en el Centro Histórico. Balance y perspectiva', por instituciones de educación superior, la Autoridad y fideicomiso del Centro Histórico y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Museo de la Medicina, la directora del INAH, María Teresa Franco, puntualizó que se debe proteger el patrimonio histórico del bosque, la fuente de Belén y la parte visual del Castillo de Chapultepec.

“Se está analizando, aún no se ha autorizado. Es toda una discusión todavía sobre competencias y sobre el proyecto como tal”, remarcó Franco, y admitió que hay una posición muy abierta por parte de las autoridades de la Ciudad de México.

Por lo que la directora del INAH confía en que “podamos ponernos de acuerdo todos”.

Al respecto el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de la Ciudad de México, Felipe de Jesús Gutiérrez, admitió que no se cuenta con la autorización, pero, aseguró ésta no se requiere para arrancar con la construcción del paradero provisional, lo cual tardará cuatro meses, en la avenida Veracruz, ya que el definitivo se terminará entre finales de 2017 y principios de 2018.

Detalló que una vez que el Cetram esté terminado, se harán las obras de la torre y el hotel “a partir de un esquema financiero que garantiza la construcción del paradero sin un costo para la ciudad y una contribución para el gobierno durante el tiempo que dure la concesión”.

Entrevistado también en marco del foro, donde presentó la ponencia 'Un nuevo esquema de planeación y financiamiento para el desarrollo urbano en la CDMX', Gutiérrez garantizó que se cuidará los elementos visuales que tienen que ver con el Castillo de Chapultepec y que no haya afectación ni al edificio de la Secretaría de Salud ni a la fuente de Belén, catalogadas de valor artístico por Bellas Artes, e histórico por INAH en el mismo orden.



Fuente: La Jornada
Autora: Gabriela Romero Sánchez
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/12/construccion-del-cetram-chapultepec-sin-autorizacion-de-inah

El INAH olvida conservar las zonas arqueológicas del país: Auditoría

Según la ASF, el Instituto Nacional de Arqueología e Historia no creó los planes de mantenimiento y conservación para el 90% de las zonas arqueológicas del país.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia ha fallado en su obligación de proteger el patrimonio histórico. En los informes de 2009 y 2012, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que el organismo no desarrolló un modelo de protección y preservación de zonas arqueológicas, ni implementó medidas de salvamento y ni siquiera tenía registro de los monumentos y sitios restaurados.

Según la Auditoría, el INAH incumplió con uno de sus principales objetivos, pese a que cada año recibe presupuesto para el programa Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la nación.


Animal Político publicó este martes que el INAH avaló la construcción de un centro comercial sobre vestigios arqueológicos en Valle de Bravo, Estado de México. Pero se trata sólo del caso más reciente. En los últimos 30 se ha perdido “irremediablemente” patrimonio histórico debido a los permisos de construcción “irregulares” concedidos por el instituto y su inacción para frenar la devastación arqueológica.


Los análisis de la Auditoría confirman la indolencia del organismo encabezado actualmente por Teresa Franco para cumplir con su principal objetivo: investigar, conservar y difundir el patrimonio arqueológico para fortalecer  la identidad y memoria de la sociedad.

El Informe de la Cuenta Pública de 2012, señaló que el instituto ejerció 2 mil 635 millones de pesos sobre todo para catalogar monumentos y zonas del patrimonio arqueológico, impulsar las declaratorias de patrimonio, entre otras actividades, pero detectó “deficiencias en la protección del patrimonio arqueológico”.

Las principales observaciones en la auditoría de desempeño refieren que el INAH no conocía las zonas arqueológicas e históricas en “áreas de crecimiento urbano” y, por lo tanto, “no diseñó y ejecutó un programa nacional para su protección”.

El caso de Valle de Bravo es una muestra de la falta proyecto de protección, toda vez que los arqueólogos que han intervenido en la zona, denunciaron el crecimiento de la mancha urbana sobre los vestigios de la cultura Matlatzinca desde la década de los 90.


La Auditoría de 2012 detectó más  fallas en la operación del INAH:

  1. No realizó actividades para reforzar las acciones de vigilancia, resguardo, seguridad y ordenamiento de los sitios patrimoniales.
  2. No desarrolló un modelo de conservación integral del patrimonio arqueológico e histórico.
  3. No realizó actividades para mejorar las medidas de rescate y salvamento arqueológico.
  4. No realizó actividades para multiplicar los convenios con los tres ámbitos de gobierno y la sociedad civil, en materia de preservación de patrimonio arqueológico e histórico.
  5. No realizó acciones para organizar y autorizar órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la nación.
  6. No contó con las bases de datos de los 673 monumentos conservados, ni con el número de monumentos y zonas arqueológicos e históricos que requerían acciones de conservación.
  7. No incorporó en su marco normativo la definición de preservación del patrimonio arqueológico e histórico.

Estas omisiones, sin embargo, ya habían sido señaladas por la Auditoría desde 2009. Además, se vislumbraba uno de los problemas para los siguientes años: el INAH olvidó diseñar indicadores y metas anuales para evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales vinculados con la conservación, protección y restauración del patrimonio arqueológico e histórico, establecidos en el Programa Nacional de Cultura 2007-2012.

En 2009 el dictamen de la auditoría también concluyó que el INAH “no cumplió” con sus obligaciones y advirtió que “careció de los conceptos legales” sobre la protección, conservación y restauración de los muebles, inmuebles y zonas que constituyen el patrimonio arqueológico e histórico.

La consecuencia de este error fue que los distintos niveles del instituto pudieron interpretar “equivocadamente” las políticas, procedimientos, mecanismos y acciones que realizan en la materia. Por lo tanto, “hubo riesgo de incumplimiento de los objetivos institucionales”.

Aunque la principal actividad del INAH es la protección, conservación y restauración, en 2009 ni siquiera tenía un sistema de costos para evaluar los gastos que ello conllevaba.

La Auditoría señaló que 152 zonas arqueológicas abiertas al público (90% del total) no tenían planes de manejo en operación, tampoco 168 zonas arqueológicas a cargo del INAH y en 2 de las 8 zonas arqueológicas declaradas por la UNESCO como patrimonio mundial; por lo tanto, “no se garantizó su conservación integral”.


Sin embargo, cuenta con recursos específicos para ello a través del programa E-12. En los últimos seis años, ha tenido ligeras variaciones de presupuesto.

Auditoría: Instituto Nacional de Antropología e Historia:



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/el-inah-olvida-conservar-las-zonas-arqueologica-del-pais-auditoria/

INAH desmonta zona arqueológica para abrir centro comercial en Valle de Bravo: Mexicoleaks

Investigación especial: buscan dar paso a la construcción de un centro comercial en terrenos de los empresarios Alejandro Martí y Alejandro Aboumrad.

Desde el año 600 de nuestra era, la cultura matlazinca creó un desarrollo administrativo, habitacional y un panteón ceremonial de gran esplendor en lo que ahora conocemos como Valle de Bravo, Estado de México, pero durante los últimos 70 años los vestigios de esta civilización han sido destruidos por la maquinaria inmobiliaria de alto poder adquisitivo, con la colaboración directa del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), gobierno estatal y ayuntamiento.

El predio Casa de Ídolos, en la zona arqueológica de La Peña, era uno de los últimos espacios en resistir el embate inmobiliario, pero en diciembre de 2015, el INAH ordenó desmantelar y enterrar estructuras prehispánicas, algunas calificadas como “monumentales”, para dar paso a la construcción de un centro comercial en terrenos de los empresarios Alejandro Martí y Alejandro Aboumrad, revelan documentos oficiales.

Los medios y organizaciones que forman parte de Mexicoleaks recibieron una filtración sobre la destrucción de vestigios arqueológicos en Casa de Ídolos, lo que dio inicio a una investigación conjunta que concluye que estas conductas se han repetido desde la década de 1930, cuando se descubrieron los primeros vestigios.

Económicamente estos terrenos son relevantes porque dan vista completa al lago artificial de Valle de Bravo; por ejemplo, una casa con alberca en esta zona se oferta en internet en dos millones de dólares.

El valor cultural de la zona es incalculable: desde el año 600 de nuestra era, Valle de Bravo era sede de una civilización de gran prosperidad y actividad cultural.

Alrededor del año 750 los habitantes desaparecieron, por razones aún desconocidas; en 1200 regresaron para establecer temazcales y aliviar las dolencias de los enfermos de toda la región.

Aquellos que no sobrevivían eran enterrados en la misma zona junto a suntuosas ofrendas.

Las excavaciones de las últimas décadas han dado como resultado el hallazgo de cientos de entierros, ofrendas, esculturas y edificios “monumentales”.

Nada importó. Documentos oficiales confirman:

-Que la zona no ha sido explorada en su totalidad.

-El saqueo de vestigios arqueológicos.

-Que los arqueólogos que defendieron la preservación fueron removidos “por órdenes superiores”.


-Y que la destrucción del patrimonio histórico no es perseguida por el INAH.




DESTRUCCIÓN DE VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS SIN CASTIGO

Desde 2007, la empresa “Las Monjas Valle de Bravo” compró tres terrenos en La Peña para construir la “plaza comercial Patio Verde”, según consta en la Manifestación de Impacto Ambiental autorizada por la Secretaría del Medio Ambiente mexiquense en diciembre de 2012.


Según el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, esta empresa fue constituida en 2006 por Alejandro Martí García, presidente de la organización México SOS y fundador del emporio deportivo Grupo Martí, y de Alejandro Aboumrad Gabriel, quien figura en el consejo de administración de Grupo Carso.

En esa zona, la ley ordena que antes de cada obra el INAH debe verificar si hay vestigios arqueológicos que vale la pena rescatar o conservar. Dos de los tres terrenos fueron investigados por arqueólogos en 1989 y 2007, por lo que cumplían todas las normas para iniciar la obra.

La empresa y el gobierno del Estado de México avanzaron los trámites, ignorando que uno de los tres terrenos, el conocido como “Casa de ídolos”, nunca fue inspeccionado por arqueólogos.

A esta irregularidad se sumó el ayuntamiento de Valle de Bravo, que entregó la licencia de construcción para la plaza comercial sin verificar que el terreno no era construible.

En febrero de 2014, con el aval del gobierno mexiquense y local, trabajadores de “Las Monjas Valle de Bravo” comenzaron el desmonte del predio “Casa de Ídolos”.

Tras haber iniciado las obras de aplanamiento, el 17 de febrero de 2014, el representante legal de “Las Monjas”, Adalberto Arellano Contreras, envió un oficio al INAH solicitando la liberación del terreno.

El documento de “rescate arqueológico Casa de Ídolos” indica que el 25 de marzo del mismo año el director del Centro INAH Estado de México, Ricardo Jaramillo Luque, acudió a la zona y verificó el inicio de trabajos de “despalme y excavación de pozos con maquinaria pesada”, “obra con la que se reportaban daños al patrimonio arqueológico”.

En el párrafo siguiente del documento firmado por el arqueólogo José Hernández Rivero dice que este daño se dio por una “confusión” de la empresa, que no pudo identificar qué predios ya habían sido liberados y cuál no.

El documento “rescate arqueológico Casa de Ídolos” dice que el terreno presentaba “una gran cantidad de material cerámico y lítico constructivo de basamentos piramidales (…) que anuncia la importancia del depósito cultural que subyace”.

Con este descubrimiento, INAH Estado de México y la empresa “Las Monjas” se reunieron varias veces en Toluca y finalmente firmaron un proyecto de “rescate arqueológico” para evitar el “saqueo y destrucción”, recuperar vestigios y establecer la importancia cultural del terreno.

En la minuta de acuerdos del 30 de abril de 2014 la empresa se comprometió a pagar el salario de los arqueólogos y sus viáticos.

En entrevista realizada durante esta investigación conjunta, el arqueólogo José Hernández Rivero dijo que la devastación no podía atribuirse únicamente a la empresa, porque el terreno ya había “pasado por manos de tantos campesinos, concesiones, casas, etc.”

El representante legal de “Desarrollo Las Monjas”, Adalberto Arellano, dijo que iniciaron las obras sin darse cuenta que el terreno no había sido liberado, pero negó que hayan destruido vestigios arqueológicos y por lo tanto no fueron sancionados.

LOS PRIMEROS DESCUBRIMIENTOS

Los trabajos arqueológicos en el predio dieron como resultado el hallazgo de “estructuras, firmes pisos de gravilla de andesita color rosa, fogones, entierros y ofrendas”.

El documento “Rescate arqueológico Casa de ídolos primera fase 2014” destaca la presencia de un “altar” o “elemento votivo”, el cual presentaba un “fuerte deterioro” porque el despalme del terreno afectó tres o cuatro metros por debajo del piso.


Otro documento oficial, el “Informe técnico parcial Casa de Ídolos” también atribuye el mal estado de los vestigios a las obras de la empresa: “El estado de conservación es malo, ya que fueron destruidos parcialmente por las labores agrícolas y el despalme por la maquinaria”.

Durante las primeras inspecciones también se ubicó una “estructura de tamaño mayor” o “plataforma monumental” que ya había sido afectada por la construcción de una calle aledaña.

En otro sector del terreno se descubrió un “altar” de rocas sedimentarias y lajas Ixapaltete “que presentan un mejor grado de conservación y se caracterizan por tener los elementos casi en su totalidad”.


¿Cuál fue la decisión del INAH ante estos primeros descubrimientos?: El Consejo de Arqueología recomendó desmontar estas estructuras para permitir la construcción del centro comercial, “ya que una vez que la empresa realice el corte para la nivelación del terreno, arrasará con tales vestigios”, dice el reporte arqueológico.

EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURAS MONUMENTALES

El arqueólogo José Hernández Rivero, responsable del salvamento Casa de Ídolos ordenó desmantelar las estructuras matlazincas, argumentando que era imposible conservarlas en su lugar de origen.

Mediante oficios enviados a los trabajadores de campo el 26 de septiembre y el 8 de octubre de 2014, Hernández Rivero argumentó que el Consejo de Arqueología del INAH “manifestó no tener inconveniente” en realizar el levantamiento, toda vez que “no es posible su conservación”.

Las órdenes fueron enviadas a las arqueólogas Viridiana Hernández, Viridiana González y Tania Hernández. En el informe técnico parcial se anotó: “Se tuvo que cumplir con dicha acción aunque no se estuviera de acuerdo”.

Con esta orden se desarmaron 19 estructuras registradas que representaron “desplantes y muros que van de 1 a 7 hiladas de piedra, con alturas mínimas de 0.20 a máximas de un metro”.


En las fotos del documento oficial se aprecian cómo se desarmaron las estructuras:

El arqueólogo José Hernández Rivero dijo en entrevista que no se puede parar una obra de desarrollo urbano, por lo que se intenta conciliar el interés inmobiliario con el de investigación.

“Podemos hacer cosas en la que nos coordinemos y nos integremos con el desarrollo urbano y que haya respeto a los vestigios, una vez que se sepa la realidad (…) no nos podemos oponer al desarrollo urbano, siempre y cuando se integre y se concilien los distintos intereses. En este caso ya los teníamos conciliados”.

Dijo que desmontar vestigios y armarlos en otro lado es algo que “se hace todos los días en el INAH (…) se hizo en el Templo Mayor en Tlatelolco, en el metro se hicieron cosas. A veces se cambian cosas para exhibición”.

TRABAJOS DE CAMPO

Los trabajos de campo y gabinete en Casa de Ídolos se extendieron todo 2014 y 2015 y abarcaron excavaciones extensivas, calas de exploración y pozos de sondeo.

Según el informe técnico parcial, que incluye la mitad de las excavaciones, durante los trabajos detectaron 46 entierros humanos. Uno de los mejores esqueletos en conservación fue identificado como “entierro 2 individuo 2”.


Según el análisis firmado por Daniela Macías Herrera, se trata de un hombre que murió entre los 30 y 34 años y que medía un metro con 54 centímetros de altura.

En su informe, la especialista llamó la atención sobre el “alto” número de infantes enterrados en la zona, cuyos esqueletos estaban incompletos, por lo que se presume que no fue su primera tumba.

Durante los trabajos rescataron mil 619 fragmentos de cerámica.

También sacaron 182 figurillas de cerámica, la mayoría en mal estado de conservación y muy fragmentadas. De las piezas identificables destacan  47 “caritas”, 75 torsos y 52 extremidades.


Estás son las piezas más representativas, según el informe:




También encontraron una figura relacionada con Tláloc, el dios de la lluvia conocido por las civilizaciones de Mesoamérica:

Ninguno de los hallazgos ni el daño comprobado por los arqueólogos fue suficiente para cambiar la decisión del INAH.

INAH LIBERA PREDIO PARA CONSTRUIR CENTRO COMERCIAL

El 18 de diciembre de 2015, el Centro INAH Estado de México dio la autorización para construir el centro comercial.

El documento firmado por el delegado INAH en Edomex, Ricardo Jaramillo Luque, dividió el terreno en ocho polígonos que en total conforman los 5 mil 882 metros cuadrados del terreno Casa de Ídolos.

De este total 4 mil 697 metros cuadrados quedaron totalmente libres para las obras. Por lo que nueve de 11 estructuras detectadas en el “informe técnico parcial” quedarán sepultadas por el centro comercial.


Aquí el comparativo entre los diagramas del oficio de liberación (Izquierda) y el informe técnico parcial (derecha). Aristegui Noticias resalta en color verde la zona que sí se conservará y en rojo la que quedará bajo el centro comercial.

Los cuadros que aparecen en el diagrama de la derecha corresponden a estructuras prehispánicas, incluyendo la señalada con el número 11 que fue descrita como “monumental” y que fue desmantelada por trabajadores del INAH.

En la zona señalada con el color verde el INAH ordenó restaurar y resguardar las estructuras identificadas con las claves 25/2, 19/2, 27/2, 32/2, 31/2 y una pequeña “plaza”; además, se ordenó enterrar nuevamente una tumba. Esta zona quedará en un área común para la visita pública.

Además, las estructuras 26 y 28 debieron llenarse de tierra para permitir que el centro comercial habilite su entrada.


Consultado sobre esta investigación, el representante legal de Desarrollo Las Monjas, Adalberto Arellano Contreras, dijo que la empresa prevé continuar con el proyecto, una vez que termine al 100 por ciento el trabajo de los arqueólogos.

70 AÑOS DE DESTRUCCIÓN

Los documentos consultados durante esta investigación confirman que la destrucción de la zona arqueológica de La Peña ha sido sistemática y en todo momento se ha privilegiado el desarrollo inmobiliario.

El informe técnico parcial reporta que Florencia Muller fue la primera arqueóloga en explorar la zona, probablemente alrededor de 1939, pero todos sus reportes y conclusiones se perdieron.

En 1947 gobierno federal construyó una presa para crear el lago artificial Miguel Alemán, por lo que se registró un desplazamiento de habitantes a las zonas más altas del municipio. Como forma de compensación las autoridades entregaron terrenos de La Peña, que entonces estaban abandonados.

En 1972, Manfred Reinhold realizó las primeras excavaciones en tumbas y estructuras ceremoniales en la parte baja este de La Peña, donde creó un “centro de custodia” para resguardar todos los descubrimientos.

El documento dice que Reinhold tuvo que abandonar “intempestivamente” su trabajo por “órdenes superiores”.

Debido a este abandono, la década de 1970 fue un “fuerte periodo de saqueos”, dice el documento. El custodio residente de la zona, el ciudadano Roberto Salazar, alertó al INAH pero ninguna autoridad acudió a reforzar las medidas de seguridad o reactivar las investigaciones.

Los documentos oficiales revelan que los propios funcionarios del INAH en esa época contribuyeron al deterioro de la zona arqueológica:

“A este periodo corresponde una serie de liberaciones que fueron otorgadas de manera irregular (porque no se hacían trabajos previos de rescate) y que el lado sureste de La Peña que también contenía importantes vestigios arqueológicos se perdiera totalmente”, dice el reporte técnico.

En entrevista para este trabajo, el arqueólogo José Hernández Rivero dijo que en la década de 1980 la arqueóloga Silvia Gutiérrez Rivera liberó una amplia zona para la construcción de una zona campestre, que desde entonces es conocida como “La Peña rica”.

Sobre esos terrenos se construyeron hoteles y casas de alto valor adquisitivo. La funcionaria fue despedida por esta irregularidad, aunque nunca se pudo investigar el valor cultural de esos terrenos.

La arqueóloga prefirió no opinar sobre esta investigación.

Según Hernández Rivero, la liberación de “La Peña rica” provocó el enojo de la población de “La Peña pobre”, que argumentó que sólo las personas influyentes podían burlas las leyes federales, por lo que empezaron a proliferar las obras sin permisos.

Las obras públicas también contribuyeron a destruir los vestigios.

En 1989, el arqueólogo Oscar Basante Gutiérrez denunció al Centro INAH la destrucción de estructuras en el lugar donde actualmente está el centro de salud de la población, pero no se emprendió ninguna acción administrativa ni legal, por lo que no se realizó ningún rescate.

En 1991 Oscar Basante Gutiérrez realizó los primeros reconocimientos sistemáticos en la zona. En 1992 exploró el basamento piramidal de La Palma.

Hernández Rivero afirma que en la década de 1990 logró un acuerdo con algunos comuneros para liberar terrenos, a cambio de que se permitieran las excavaciones arqueológicas; aún así, reconoce que muchos propietarios no aceptaron el trato y simplemente construyeron casas sin dar aviso a las autoridades.

“Esto se vio y sigue pasando porque todos los días hay nuevas construcciones (…) Hay trabajo hormiga todos los días. Basta con que les pongan un plástico y comienzan a trabajar por dentro destruyendo todo”.

VALOR CULTURAL


En entrevista realizada durante esta investigación conjunta, el arqueólogo José Hernández Rivero dijo que la zona es muy valiosa. Destacó los siguientes puntos:

  • La Peña tuvo actividad alrededor del año 600 DC como centro administrativo y de vivienda.
  • Era una zona muy productiva para la época (ni en el Valle de Toluca) debido a sus ríos.
  • Alrededor del año 750 la zona quedó abandonada, por razones aún desconocidas.
  • En el año 1200 la zona vuelve a ser ocupada, pero ahora con fines ceremoniales.
  • Los habitantes de toda la región usaron La Peña como centro de curación.
  • Había temazcales: eran enramadas cubiertas con pieles, dentro calentaban agua con hierbas medicinales.
  • Las personas que morían eran enterradas en el mismo lugar. Se usó para enterrar gente hasta la llegada de los españoles.
  • En alguna excavación encontraron hasta 200 cuerpos en un entierro múltiple.





FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: SEBASTIÁN BARRAGÁN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0803/mexico/inah-destruye-bastion-arqueologico-de-valle-de-bravo-para-abrir-centro-comercial/