Tres meses antes de concluir su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), creado en su administración, “no funcionó”. Sin embargo, en realidad la salud de los más pobres a través de esta estrategia no fue prioridad, como demuestran las cifras oficiales. 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la mañana de este martes que hubo fallas en algunos casos que se presentaron a lo largo de su sexenio; por ejemplo, en el conflicto en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), donde consideró que hizo falta “más diálogo y más atención”, y en la implementación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), ya que tuvo “un tropiezo administrativo”.

Respecto a lo que sucedió con Notimex, recordó que ya había una fuerte confrontación, por lo que pese a los esfuerzos de mediar en la disputa, “no se pudo” hacer algo para rescatar la labor de la agencia del Gobierno de México, la cual desapareció finalmente en 2023.

En los últimos tres meses, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) se ha negado a entregar información solicitada vía transparencia, al argumentar que, a partir de su extinción el 1 de junio pasado, solo se está encargando de resolver pendientes jurídicos y “carece de facultades” para cumplir con el resto de obligaciones de una institución, como lo es la transparencia.

Sin embargo, se trata de una violación a la Ley General de Transparencia, pues aún se encuentra registrado como sujeto obligado en la Plataforma Nacional de Transparencia y, sigue dado de alta porque no ha entregado al INAI toda la documentación legal que debe ofrecer para darlo de baja, de acuerdo con fuentes del Instituto.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió ayer dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por Diputados y Senadores contra las reformas que permiten a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) operar su propia aerolínea y que establecen la desaparición del Instituto Nacional para el Bienestar INSABI.

Estas son las últimas cuatro acciones pendientes de admitir de las 21 que tramitó la oposición contra las reformas aprobadas durante el llamado “viernes negro” en el Senado de la República.

A lo largo de su corta vida, tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como el Órgano Interno de Control (OIC) han documentado un sinnúmero de irregularidades en el Insabi, las cuales incluyeron dificultades inherentes a la puesta en marcha de un nuevo coloso administrativo –llegó a tener más de 87 mil trabajadores–, pero también problemas de opacidad atribuibles al equipo de su director, el tabasqueño Juan Antonio Ferrer Aguilar, quien ya expresó su deseo de competir a un cargo de elección popular en 2024.

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde, con los votos de Morena y sus aliados, una iniciativa impulsada por la bancada morenista para desaparecer al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), un organismo creado por la propia administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y que originalmente debía ser un pilar para garantizar el acceso universal a atención médica y medicamentos.

El asunto fue aprobado en lo general por 267 votos a favor, 222 en contra y una abstención. En lo particular, la votación fue de 266 votos a favor, 222 votos en contra y cero abstenciones. Ahora, la minuta será enviada al Senado, cuando falta menos de una semana para que deba cerrar el periodo ordinario de sesiones, a más tardar el próximo domingo 30 de abril.

A través de un oficio emitido el pasado 20 de abril, el Insabi, cuyo director general es el tabasqueño Juan Antonio Ferrer Aguilar, muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, dio la orden de ya no volver a contratar al personal de la institución que tenga otro empleo en centros de salud en “los niveles federal, estatal o municipal”.

La iniciativa #ComprasPúblicasMx, impulsada por el Instituto Mexicano por la Competitividad (Imco), documentó que 75% de los cerca de 17 mil millones de pesos gastados por el Insabi en 2020 se asignó a través de adjudicaciones directas, y que ningún proceso de adquisición está respaldado por todos los documentos en la plataforma de contrataciones públicas Compranet, operada por la Secretaría de Hacienda.