Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Batres informó que la Fundación ISSSTE se constituyó el 15 de noviembre de 2016 como asociación civil y fue fundada por Rafael Manuel Navarro Meneses, José Narro Robles, José Ignacio Campillo y Delia Mendía Zubiete. José Reyes Baeza era el presidente de la fundación y se desempeñó como director del ISSSTE del 2015 al 2018.

Actualmente la directora es Norma Patricia Valencia Cisneros, la representante legal, Delia Mendias Zubiate y el director de Finanzas es Guillermo Gómez Tagle.

“Está Fundación usufructuó espacios del ISSSTE. Entre 2017 y 2018 se le otorgaron 27 espacios dentro de instalaciones del ISSSTE a título gratuito para cafeterías y máquinas expendedoras de café. Se le dieron más de 1,200 metros cuadrados y de esos 27 espacios, 15 fueron indebidamente arrendados, obteniéndose un lucro, una ganancia, sin que el ISSSTE tuviera ninguna participación en ello”, declaró Batres.

El funcionario también acusó que la organización obtuvo unas oficinas dentro de las instalaciones del ISSSTE sin que haya algún contrato, convenio, acuerdo o trámite alguno.

Además, de acuerdo con Batres, se le entregaron 5 millones de pesos en 2017, presuntamente destinados a la compra de sillas de acompañamiento, prótesis y auxiliares auditivos, pero el ISSSTE no tiene registro de esas adquisiciones, ni del destino de los recursos.

Lo único registrado como entrega por parte de la Fundación ISSSTE fue un aparato para tratamientos dermatológicos.

“El área administrativa no tiene registro alguno de donaciones que hayan llegado por vía de la Fundación ISSTE, el área jurídica no tiene registro alguno de algún tipo de operación, entonces esta fundación actuó por su cuenta”, declaró Batres.

“Este caso es un ejemplo del saqueo institucional del periodo neoliberal, cuando se crearon entidades privadas para desviar recursos públicos”, aseguró.

Debido a estos actos, las autoridades iniciaron acciones legales desde mayo de 2023, lo que permitió recuperar algunos espacios como el control de cafeterías en hospitales clave, como el Ignacio Zaragoza, el 1 de Octubre, el Fernando Quiroz, el Hospital General de Tacuba, el Regional de Alta Especialidad “Centenario de la Revolución Mexicana y la Clínica de Medicina Familiar Villa Álvaro Obregón.

De acuerdo con el director del ISSSTE, aún faltan por recuperar ocho espacios, además de gestionar la cancelación del permiso para usar el nombre del ISSSTE.

“Además, acorde con las Normas Oficiales Mexicanas vigentes, así como con los Lineamientos Técnicos para la Atención del Aborto Seguro en México, el texto contribuye a reconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes en el contexto de la salud”, agregó el órgano constitucional autónomo, de la capital de la República.

“[…] tales como la posibilidad de acceder al procedimiento sin discriminación y en condiciones de igualdad; recibir atención médica adecuada basada en los principios de igualdad, no discriminación y perspectiva de género; ser informadas con claridad y de manera accesible respecto a las valoraciones y procedimientos médicos; recibir orientación preventiva, de control y seguimiento, así como recibir apoyo emocional y psicológico en un entorno seguro; y garantizar la protección de sus datos personales”, abundó la CDHCM.

“Además, el Acuerdo establece obligaciones para el ISSSTE, entre las que se incluye la obtención del consentimiento informado de las personas usuarias antes de realizar el procedimiento, considerado una llave fundamental para la garantía del derecho a la salud, así como la obligación de llevar un registro actualizado del personal que invoque la objeción de conciencia, asegurando la disponibilidad de personal no objetor para realizar el procedimiento sin demoras indebidas”, explicó la la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

“Si bien en la actualidad el Instituto presta servicios de interrupción del embarazo en algunas Unidades Médicas del país, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) considera que el Acuerdo constituye un paso importante en el contexto de la federalización de los servicios de salud, en el que resulta fundamental que las instituciones fortalezcan sus compromisos respecto a la asistencia a dicho derecho para grupos de atención prioritaria, a fin de alcanzar la universalidad y la reducción de barreras estigmatizantes que garanticen el acceso a los servicios para todas las personas”, enfatizó el órgano constitucional autónomo, de la capital de la República.

“Al 2023, el Instituto atiende a 1 de cada 10 personas del país (12.2 millones), de las cuales 55% son mujeres (6.7 millones) por lo que se considera que dicho Acuerdo contribuirá a la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos en el país. Sobre todo, ante la aún vigente penalización de la interrupción del embarazo en 13 entidades del país y la criminalización y estigmas que aún permean en la sociedad”, finalizó la CDHCM.

Según los lineamientos del Acuerdo publicado por Batres Guadarrama, para la práctica de abortos voluntarios en las mejores condiciones médicas, a partir del 24 de enero de 2025, siempre y cuando se realizaran en las primeras 12 semanas de gestación.

Asimismo, el Acuerdo mencionó que la Interrupción Legal del Embarazo estaba protegida por el marco legal en cada entidad federativa que había reformado su legislación en la materia. También detalla que la ILE se realizaría a petición expresa de la usuaria, en ejercicio libre de su autonomía reproductiva.

Además, el acuerdo no limitó el concepto de “usuaria” a las burócratas y sus familiares, que eran las derechohabientes del ISSSTE, sino que la definió como “quien acude a los servicios de atención para hacer ejercicio de su derecho a la salud”.

Batres Guadarrama ordenó brindar una valoración médica adecuada, apoyo psicológico y emocional, orientación, protección de datos personales y obtención de un consentimiento informado de la paciente.

En el Acuerdo también se autorizaron abortos a menores de edad, y prevé la intervención del Ministerio Público, así como las procuradurías de protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en casos de ausencia de los padres o cuando éstos se opusieran al procedimiento, para que se tomara la decisión más conveniente para la menor.

Además, el Acuerdo de Batres Guadarrama prevé la objeción de conciencia del personal médico que no quisiera practicar las ILE, pero al mismo tiempo, ordenó que todas las unidades médicas tuvieran suficiente personal no objetor.

“También se definen como derechos: recibir orientación preventiva, de control y seguimiento respecto a la Interrupción Legal del Embarazo, por lo que promueve la libertad reproductiva y el consentimiento informado; obtener apoyo emocional y psicológico, mediante una persona capacitada en un entorno seguro y propicio; así como la protección de datos personales y salvaguarda de la información de la paciente”, apuntó el ISSSTE, en un comunicado.

El Acuerdo también indicó que la Dirección Médica sería responsable de coordinar y dar seguimiento a las acciones necesarias para capacitar al personal médico de todas las unidades y promover su implementación.

Por su parte, la Dirección Jurídica del Instituto debería realizar los trámites correspondientes para que el contenido del instrumento fuera incluido en la Normateca Electrónica Institucional, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la publicación del Aviso en el DOF.

El aborto voluntario está despenalizado en 18 estados y la Ciudad de México, solo en las primeras 12 semanas de gestación. Sin embargo, el Código Penal Federal (CPF) lo sigue tipificando como delito, sancionado hasta con tres años de cárcel y cinco años de inhabilitación a las funcionarias federales que lo practique.

Ello debido a que el Congreso de la Unión no había legislado tras un amparo concedido en septiembre de 2023, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que le ordenó derogarlo.

Por ello, presentó una tabla en la que identificó las 10 pensiones más altas que paga el Instituto y que afirmó son contrarias a la ley.

“Vamos a hacer una revisión integral y el estudio necesario para mejorar las pensiones más bajas. Ya con la Presidenta, en la Mesa de Salud, estamos analizando escenarios, pero todavía falta puntualizar algunas cosas”, dijo.

“Tenemos la revisión de las pensiones que superan el límite máximo legal para ajustarlas o, en su caso, cancelarlas. Aquí, obviamente, es un problema de inequidad y de violentación de la legislación, de la ley”.

Explicó que la ley marca que el límite máximo de las pensiones del ISSSTE es de 10 Unidades de Medida de Actualización (UMAs) y que este año 10 UMAs equivalen aproximadamente a 34 mil pesos.

“Sí ustedes observan, hay una pensión de 309 mil pesos —que el ISSSTE paga desde el año 2002—, 267 mil, 210 mil, 179 mil, 172 mil, 147 mil, 139 mil. Bueno, de estas 10, como siete, son superiores al ingreso de la Presidenta de México.

“Y aquí, bueno, ponemos qué institución es la que otorgó. En varios casos de estos 10: cuatro, el ISSSTE otorgó estas pensiones directamente y en seis casos fueron órganos del Poder Judicial”, refirió.

El director del ISSSTE consideró que en algunos casos, estas pensiones no concuerdan con los ingresos que tenían sus beneficiarios cuando estaban en activo.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaria Rosa Icela Rodríguez denunciaron esta mañana los malos manejos que habían en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Desde Palacio Nacional, el Presidente acusó a la exlideresa sindicalista de maestros, Elba Esther Gordillo, de entregar el ISSSTE a Miguel Ángel Yunes, exdirector del Instituto y exgobernador de Veracruz.