La Coddehum confirma: Normalistas no fueron llevados a la comandancia de Iguala

MÉXICO, D.F: La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Coddehum) confirmó que no existen evidencias de que los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa hayan sido llevados a la base de la policía municipal.

La Coddehum ratificó las declaraciones de Ulises Bernabé García, juez de barandilla de la Policía Municipal de Iguala, quien desmintió la versión de la Procuraduría General de la República (PGR), según dan cuenta testimonios y documentos difundidos por Proceso en su número 2015.

El periódico La Jornada Guerrero publica este miércoles que el encargado de despacho de la Coddehum, Ramón Navarrete Magdaleno, ratificó no hay evidencias de que los estudiantes estuvieron en la base de la Policía Municipal de Iguala, como asienta la versión oficial.

“Fuimos a recorrer la barandilla municipal, que es donde está el juez, hicimos una investigación muy minuciosa de encontrar cualquier indicio que nos llevara a asegurar que los muchachos estaban ahí; las paredes de las cárceles son el mensaje para el que sigue; buscamos texto por texto si hubiera algún mensaje de Ayotzinapa, de la lucha, del Ché, de algo que se relacionara con los muchachos, alguna pulsera, colilla de cigarro que se pudiera someter a alguna identificación con el ADN, pero nada”, manifestó Navarrete Magdaleno.

El encargado de despacho de la Coddehum ratificó: “Llegamos a las puertas de la zona militar y pedimos ingresar con un grupo de padres de familia y de jóvenes, pero no se nos permitió, sólo un poquito adentro de la puerta de recepción, pero no hicimos ninguna revisión, esa es una realidad y ahora es un tema que está brincando mucho; si no había nada ahí, pudimos haber entrado (…) ese tema del ex jefe de Barandilla puede tener mucha razón que no pasaron por ahí”.


En su actual número, la revista Proceso publica una investigación de Anabel Hernández y Steve Fischer realizada con apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California, en Berkeley, que revela que el peor de los taques contra los normalistas ocurrió cuando la Fiscalía General del Estado de Guerrero, el 27 Batallón de Infantería y la Policía Federal operaban en calles de Iguala.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR:REDACCIÓN.

Desmiente verdad histórica juez de Ayotzinapa; pide asilo en Estados Unidos

Una de las versiones de la Procuraduría General de la Republica, sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es desmentida por Ulises Bernabé García, en entrevistas exclusiva, quien fuera el juez de la barandilla de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero la noche de la desaparición forzada de los normalistas, actualmente solicita asilo en Estados Unidos.

De acuerdo a la versión oficial, la noche de la desaparición de los normalistas, policías de Iguala se llevaron a los estudiantes a la base de la Policía Municipal. De ahí, en dos patrullas de la Policía de Cocula los trasladaron al paraje Loma de los Coyotes, donde los estudiantes fueron entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, que supuestamente los asesinó y quemó a media noche de ese día en un basurero.

Sin embargo, de acuerdo al testimonio del juzgador Ulises Bernabé García  emitido desde una ciudad mexicana fronteriza y a punto de cruzar a Estados Unidos, en las horas que la PGR dice que los estudiantes fueron llevados a la base, un militar conocido como el “Capitán Crespo”, del 27 Batallón de Infantería de Iguala, al mando de un grupo de 12 soldados uniformados y armados realizó una inspección en toda la comandancia por más de 15 minutos. Poco después, señala García, llegó al mismo sitio el subprocurador de Guerrero, Víctor León Maldonado, y tomó control de la base por el resto de la noche y hasta las 8 de la mañana del día siguiente.


El testimonio y los documentos obtenidos por la investigación de Proceso y el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley, fortalecen la versión de García, la cual asegura que los estudiantes jamás fueron llevados a esa base y que tampoco llegaron policías municipales de Cocula, tal como asienta la versión oficial.

FUENTE: LA JORNADA DE ORIENTE.

Sedena proveyó de fusiles prohibidos a la policía de Iguala

MÉXICO, D.F: Tres kilos 630 gramos de muerte. Eso pesa el rifle de asalto G36V fabricado por la empresa alemana Heckler & Koch (HK), capaz de disparar 750 tiros por minuto. Fue usado en las guerras de Kosovo, Afganistán, Irak y Libia.

La Policía Municipal de Iguala tenía 37 de esos fusiles, aunque el gobierno alemán había prohibido a HK que los vendiera si se iban a distribuir en Guerrero. En total –y para toda esa entidad federativa– la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) proporcionó 56 rifles de dicha marca. Su uso estaba avalado por la revalidación de la Licencia Oficial Colectiva 101, proporcionada por la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Sedena, expedida el 8 de noviembre de 2013.

Según documentos cuya copia tiene Proceso, la revalidación estuvo vigente del 21 de junio de 2013 al 20 de junio de 2015, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el entonces subsecretario de Planeación y Protección Institucional, Manuel Mondragón y Kalb, supieron de la posesión de ese armamento y del permiso para usarlo…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2011 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ.

¿Quién postuló a Abarca?

El PRD publicó ayer su informe oficial sobre el exedil de Iguala; reconoce que su candidatura pudo provenir del crimen organizado, pero deslinda a la dirigencia nacional.

A casi ocho meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Especial del PRD que investiga la postulación de José Luis Abarca como alcalde de Iguala, Guerrero, hizo público un informe sobre cómo llego al gobierno. 

Por medio de entrevistas a dirigentes locales y nacionales, así como con el propioAbarca en el penal del Altiplano, la Comisión construyó los hechos e intentó fincar responsabilidades en relación a su candidatura en 2012. 

El informe sugiere que dicha postulación pudo surgir por una imposición del crimen organizado y deslindó a los dirigentes nacionales.

El reporte detalla que previo a que Abarca contendiera por la alcaldía, ya existían diversas acusaciones sobre vínculos del exedil, su esposa María de los Ángeles Pineda y su familia con el crimen organizado. 

Todos sabían... menos el PRD

Jesús Zambrano, expresidente del PRD, reconoció ante la Comisión haber recibido un expediente sobre las relaciones de Abarca con grupos criminales; no obstante, dijo haberle hecho una solicitud verbal a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre si había una investigación en contra del exedil. Supuestamente, por la vía verbal le respondieron que no existía.

El documento menciona que “llama la atención” el hecho que la PGR no hubiera informado que existía una investigación de 2010 basada en una denuncia anónima en contra de María de los Ángeles Pineda por enriquecimiento ilícito. 


Además, se señala a Andrés Manuel López Obrador como otro de los actores que conocía de los nexos de Pineda con el crimen organizado, sin que este hubiera hecho algo al respecto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: STAFF.

‘Los Chuchos’ impulsaron a Abarca a pesar de saber sus nexos con el narco: comisión del PRD

MÉXICO, D.F: A un mes de que se venció el plazo para indagar los mecanismos que hicieron posible la postulación del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, implicado en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, la comisión especial creada por el PRD concluyó que Los Chuchos tuvieron responsabilidad en el impulso político al exedil.

La comisión, encabezada por Pablo Gómez, destaca que Abarca fue electo candidato en ese municipio guerrerense porque ganó los apoyos de los líderes locales de Nueva Izquierda (NI) o Los Chuchos y de Alianza Democrática Nacional (ADN).

Lo anterior ocurrió a pesar de que Jesús Zambrano Grijalva, entonces presidente nacional del partido y miembro de Los Chuchos, tuvo conocimiento de los nexos de los hermanos de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca, con el grupo delincuencial Guerrero Unidos.

La comisión, que presentará este jueves 7 su informe en rueda de prensa, advierte que “José Luis Abarca no ganó la encuesta, sino los apoyos de los representantes de la mayoría de los grupos representados en la mesa de negociaciones. En concreto: Nueva Izquierda (NI-Coduc) y Alianza Democrática Nacional (ADN-Grupo Guerrero), como grupos locales ligados orgánicamente a otras expresiones, con la inclusión final y a jalones del grupo de Ángel Aguirre, lo que dio el triunfo a Abarca a pesar de que la encuesta (interna) no le favorecía”.

Incluso antes de que Abarca fuera electo, Zambrano solicitó de forma verbal a Alejandro Poiré, entonces secretario de Gobernación, que le informara si José Luis y su esposa tenían vínculos con uno de los grupos que procedían de los Beltrán Leyva o cualquier otro.

“Zambrano, en su calidad de presidente nacional del PRD, hizo una consulta verbal con el secretario de Gobernación, el cual, a decir del propio Zambrano, le mencionó la pertenencia de los hermanos de María de los Ángeles Pineda a un grupo de delincuentes y el encarcelamiento de uno de ellos, todo lo cual era público y precisamente el motivo de la consulta”, asienta el reporte.

Pese a ello, abunda, Abarca fue designado candidato e inició campaña electoral y, aunque no era conocido entre los militantes del partido, sí en Iguala como un empresario impulsor de la única plaza comercial de la ciudad: Galerías Tamarindos.

La encuesta interna, puntualiza, había favorecido a Óscar Díaz Bello por uno o dos puntos porcentuales, por lo que se declaró un “empate técnico”, y la decisión final fue que se instalara una mesa de negociaciones para consensuar propuestas en el Consejo Estatal del PRD, la cual integraron el presidente del partido, Carlos Reyes, Sebastián de la Rosa, Evodio Velásquez, Víctor Aguirre, David Jiménez Rumbo y Celestino Cesáreo.

“Víctor Aguirre se opuso a la candidatura de Abarca en aras de promover la de Díaz Bello, con el argumento de que éste había obtenido una mejor posición en la encuesta. Según el mismo Víctor Aguirre, la decisión sobre la candidatura de Abarca fue tomada al final con la participación personal de Ángel Aguirre, a la sazón gobernador del estado, en la mesa de acuerdos y sobre la base de que Díaz Bello ocupara la candidatura a diputado local del distrito de Iguala”.

El reporte también cita a Lázaro Mazón, quien ante la comisión admitió que la víspera a la selección del candidato en Iguala había llamado al entonces gobernador Aguirre para pedirle el apoyo a Abarca, debido a que el exmandatario era partidario de Díaz Bello.

Además, Mazón manifestó el desapego de la dirigencia nacional en turno, en manos de Jesús Zambrano, a la selección de candidaturas, exonerándolo así de los señalamientos de una supuesta venta de la candidatura por dos millones de pesos.

Incluso Abarca reconoció haber propuesto como suplente del presidente municipal a Luis Mazón Alonso, hermano mayor de Lázaro, por “ser su amigo personal”.

Por su parte, Óscar Díaz Bello afirmó ante la comisión que entregó, tanto a Andrés Manuel López Obrador –entonces candidato presidencial del PRD– como a Zambrano, un expediente con extractos de la revista Proceso y recortes de periódicos donde se hablaba de la relación de María de los Ángeles Pineda y Abarca con la banda criminal de Guerreros Unidos.

Y también remitió la encuesta donde se destacaba que estaba arriba en las preferencias.

Entre otros puntos, el informe resume el contexto político de la postulación de Abarca, sus lineamientos como presidente municipal de Iguala, las condiciones políticas, sociales y económicas del municipio y la seguridad pública.

Caso Ayotzinapa

En el caso Ayotzinapa, la comisión señala que la responsabilidad política del exgobernador Ángel Aguirre no ha sido esclarecida en forma alguna más allá de su voluntaria separación del cargo.

El Congreso de Guerrero, lamenta, “nunca ha abierto una investigación sobre los hechos en cuanto a la relación de éstos con alguna presunta responsabilidad política de los gobernantes de entonces. El único funcionario que aparece con responsabilidad es José Luis Abarca, encausado en el Congreso.

“Esta situación acusa una debilidad institucional en Guerrero, una atrofia constitucional, una irresponsabilidad del Poder Legislativo. Desde el punto de vista de las responsabilidades políticas, el asunto se encuentra abierto y lo estará durante un año a partir de los hechos de Iguala”, acota.

En resumen, se estableció que no se ha descifrado el aspecto político de la tragedia: “La captura del Estado por la delincuencia organizada”.

También denuncia que el gobierno federal, a través de la PGR, “no ha asumido la tarea de esclarecer estos puntos tan importantes para todo análisis político de la situación que llevó a los hechos del 26-27 de septiembre pasados y de éstos en sí mismos. El caso, al parecer, está cerrado en cuanto a investigaciones propiamente dichas y todo lleva a dejar en la oscuridad la relación de hechos y de personas involucradas en los mismos”.


Además, “existen policías de Cocula sometidos a procesos penales, pero el presidente municipal, jefe de éstos, se encuentra desempeñando su cargo sin que su partido, el PRI, haya hecho siquiera alguna declaración al respecto”, deplora.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.

Existen pruebas suficientes para demostrar delitos de esposa de Abarca: juez

Hace unos días, un tribunal unitario revocó el auto de formal prisión contra Pineda Villa, y ordenó reponer el procedimiento.

Un juez federal dictó auto de formal prisión contra María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, por los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.

El Juzgado 3 de Distrito en materia de procesos penales federales en el Estado de México decretó, de nueva cuenta, el auto de formal prisión por esos delitos, pues consideró que las pruebas existentes son suficientes para demostrar el cuerpo del delito y su probable responsabilidad.

En cumplimiento a la resolución del 6 Tribunal Unitario del Segundo Circuito, se dio oportunidad a la procesada y a su defensa de ofrecer pruebas y alegatos.

El citado tribunal ordenó la reposición del procedimiento en la causa penal 105/2014, a efecto de reabrir el periodo de preinstrucción duplicado para que Pineda Villa presentara sus pruebas.

El juez, no obstante, al acatar la instrucción del órgano jurisdiccional superior y analizar las documentales y alegatos, decretó una vez más el inicio formal del juicio por esos delitos.


El 9 de enero pasado, dicho juzgado decretó el auto de formal prisión a Pineda Villa, relacionada con una organización delictiva, quien enfrenta cargos por delincuencia organizada, en la hipótesis de cometer delitos contra la salud, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Tribunal revoca formal prisión a esposa de José Luis Abarca

MÉXICO, D.F: A siete meses del ataque contra estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Iguala, Guerrero, en el que tres normalistas resultaron muertos y 43 más desaparecidos, el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito con sede en Toluca, Estado de México, revocó el auto de formal prisión contra María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde igualteco José Luis Abarca.

Esto respecto a la causa penal 105/2014 en la que la PGR la acusó de los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por su supuesta relación con el grupo criminal Guerreros Unidos.

La resolución  del Tribunal Unitario fue dictada el 24 de abril pasado y fue notificada a Pineda Villa un día después, el sábado 25, en el penal federal en Tepic, Nayarit, donde se encuentra detenida. Apro pudo corroborar la determinación del tribunal este lunes 27 en el sistema electrónico del Consejo de la Judicatura Federal.

Esta era la acusación más grave que la PGR tenía contra la exprimera dama de Iguala, a quien el gobierno de Enrique Peña Nieto acusa, junto con su esposo, de supuestamente haber sido los principales autores del ataque y desaparición de los normalistas.

Pese a las declaraciones de la PGR ante la opinión pública, hasta ahora no ha podido presentar ante la autoridad judicial un caso sólido contra la esposa de Abarca ni por los eventos del 26 de septiembre ni por su presunta pertenencia a Guerreros Unidos.

El Tribunal Unitario determinó en su resolución que el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Federales en el Estado de México, quien dictó el auto de formal prisión el 9 de enero de 2015, violó el debido proceso contra Pineda Villa porque no le permitió presentar pruebas en su defensa, por lo que le ordenó reponer el procedimiento.

La esposa de Abarca es hermana de los presuntos narcotraficantes Mario y Alberto Pineda Villa, quienes trabajaron con el Cártel de Sinaloa y, posteriormente, con los Beltrán Leyva. La hermana de José Luis Abarca, la maestra Roselia Abarca, ha afirmado a esta reportera en entrevista que pese a los lazos familiares no había contacto entre su cuñada y su familia desde hacía décadas.

En la averiguación previa AP PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014  abierta por la desaparición de los 43 normalistas, se encuentran incluidas  declaraciones ministeriales de  Salomón Pineda Bermúdez y Leonor Villa Ortuño, padre y madre de la esposa de Abarca, rendidas en mayo y junio de 2013  que corroboran esa información.

En sus declaraciones, afirmaron que ellos no tenían ningún contacto con su hija y yerno desde hacia años “por tener mala relación con su yerno”.

Las declaraciones fueron rendidas en el marco del secuestro de Villa Ortuño registrado en mayo de 2013 a manos de un grupo criminal que pretendía que  devolviera dinero que supuestamente habían robado sus hijos Alberto y Mario.

María de los Ángeles Pineda Villa fue detenida con su esposo el 4 de noviembre pasado. A falta de pruebas,  la PGR solicitó un primer arraigo por 40 días el cual le fue concedido por un juez el 5 de noviembre. El arraigo venció el 15 de diciembre y la PGR solicitó ampliar el arraigo por 20 días más mientras seguía la investigación.

De acuerdo con los expedientes obtenidos por el semanario Proceso (número 1999),  durante ese tiempo la PGR intentó obtener un auto de formal prisión en contra de la esposa de Abarca por delincuencia organizada en la causa penal 100/2014 abierta en el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas, pero el juez negó la orden de aprehensión por falta de pruebas.

La PGR, en aquel entonces encabezada por  Jesús Murillo Karam, apeló la resolución pero un tribunal unitario de Tamaulipas ratificó la decisión del juzgado.

A punto de que se venciera el segundo arraigo con los mismos elementos  que consideró el Juez de Tamaulipas insuficientes, el 28 de diciembre de 2014 la  PGR,  a través de la causa penal 105/2014,  pidió al Juzgado Tercero de Distrito de Proceso Penales Federales  en el Estado de México la orden de aprehensión, misma que fue concedida sin permitir que la defensa presentara pruebas a su favor.

Cuando el 5 de enero de 2015 venció el arraigo Pineda Villa fue detenida y remitida al penal federal femenil en Tepic, Nayarit por  la causa penal 105/2014.

De acuerdo con el expediente, dicha acusación se basa en las declaraciones rendidas por el otrora testigo colaborador estrella de la PGR, Sergio Villarreal Barragán, bajo el nombre clave de “Mateo” cuyos falsos testimonios  exhibieron la ineficiencia  y abusos de la PGR en los casos de la llamada “Operación Limpieza” y el abierto contra  cinco militares, entre ellos el exsubsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare.

Ya presa, la PGR intentó obtener otro auto de formal prisión contra Pineda Villa por delincuencia organizada a través de la causa penal 01/2015 abierta  en el Juzgado Tercero de Procedimientos Penales Federales en Tamaulipas, quien también se negó a conceder la orden por falta de pruebas por parte de la PGR.

De acuerdo con la información obtenida por fuentes de información vinculadas al caso, se espera que en la reposición del procedimiento el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales tome la misma resolución que las otras tres instancias judiciales  por lo que se ordenaría su liberación.

Sólo quedaría pendiente la acusación por supuesto intento de cohecho. En la revista Proceso (No. 1999) se reveló que en las  distintas causas penales abiertas contra Abarca y su esposa se señalan tres lugares distintos donde supuestamente la pareja fue detenida.

Según la PGR y los videos difundidos a través de los medios masivos de comunicación, la pareja fue detenida la madrugada del 4 de noviembre en una casa ubicada en una zona popular en la delegación Iztapalapa en un aparatoso operativo producto, supuestamente, de meses de trabajo de inteligencia.

Pero según otros partes informativos de la Policía Federal a los que tuvo acceso Proceso, la pareja fue detenida en el interior de un taxi y, de acuerdo con versiones de los policías, habían cometido el delito de cohecho al intentar sobornarlos para que los dejaran ir. En otro reporte de la misma PF afirmaron que detuvieron a Abarca en las inmediaciones de la SEIDO.

La orden de aprehensión por el supuesto cohecho también fue apelada por sus abogados y la próxima resolución podría exhibir la presunta fabricación de pruebas por parte de la PGR contra Abarca y su esposa. Además, esta última obtendría su libertad.


Murillo Karam fue removido sorpresivamente de la PGR en febrero pasado, días después de que Proceso publicó la investigación sobre las graves inconsistencias en las acusaciones contra el exalcalde de Iguala y su esposa. Murillo es ahora secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ.

Un comando levanta a exjefe de prensa de Abarca

CHILPANCINGO. Gro: Un grupo de hombres armados se llevó por la fuerza a Heriberto Cabada González, exjefe de Prensa, Imagen y Logística del defenestrado exalcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez.

Abarca Velázquez actualmente se encuentra preso, igual que su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, por sus nexos con el narcotráfico y su responsabilidad en el caso de la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El hecho se registró ayer cerca de las 18:00 horas en el centro de la ciudad de Iguala, indica un reporte oficial del gobierno estatal al que tuvo acceso Apro.

Hasta el momento, la información es escueta y sólo se reportó que el exfuncionario municipal habría sido “levantado por personas extrañas”.

Cabada González estuvo al frente de la dirección de Prensa, Imagen y Logística durante la administración del ex alcalde perredista.

Tras la detención de su jefe, Cabada fue dado de baja; se dedicaba a tomar fotos y vídeos en fiestas privadas, indicaron fuentes oficiales.

Hasta el momento se desconoce el paradero del exfuncionario municipal cercano al matrimonio Abarca Pineda, señalado por el gobierno federal como piezas clave en la estructura del grupo delincuencial Guerreros Unidos.


A pesar de que la Policía Federal división Gendarmería asumió el control de la seguridad en Iguala, siguen ocurriendo ejecuciones y balaceras a plena luz del día, así como secuestro y desaparición de personas en este lugar estratégico en la geografía del narcotráfico de la zona Norte de la entidad.

FUENTE: PROCESO.
AUTRO: EZEQUIEL FLORES CONTREERAS.

Autoridades exhuman cuerpo en paraje de La Joya, Iguala; suman 75 cadáveres en 5 meses

Con la exhumación de un cuerpo más en el paraje La Joya, al poniente de Iguala, por peritos y antropólogos de la Procuraduría General de la República (PGR) y familiares del comité Los Otros Desaparecidos, el número de cuerpos recuperados llegó a 75 desde el 23 de noviembre.

Entre 2014 y lo que va del presente año, en esta zona de la ciudad ubicada a menos de 10 kilómetros del centro y en un paso obligado a colonias muy pobladas como la Villa de Guadalupe, Chapultepec y Loma del Zapatero, la PGR y la Fiscalía General del Estado (FGE) han exhumado 95 cuerpos.

La exhumación más reciente fue el martes en el paraje La Joya. El cuerpo presentaba el sello característico del crimen organizado como la gran mayoría de los cuerpos recuperados en esta zona, tenía los pies y las manos atadas, y cubiertos los ojos. También era un cuerpo de mucho tiempo y las características de la ropa ya no se apreciaban con claridad por el deterioro.

El sábado, una comisión de familiares que nuevamente salió a buscar probables fosas ubicó más puntos con la probabilidad de contener restos inhumados, que sumado a los ya marcados con anterioridad, alcanza unas 15 posibles fosas clandestinas en el paraje La Joya, por lo que se cree que el número de cuerpos recuperados puede seguir incrementándose.


La Joya es el paraje en la falda del cerro Gordo en el que el más cuerpos han sido exhumados por la PGR y la FGE, el camino de terracería para llegar a este paraje es el mismo que se ocupa para llegar a La Laguna y Monte Hored.

En abril, la Fiscalía del estado exhumó nueve cuerpos de fosas del paraje La Joya y en mayo recuperó 19 osamentas humanas en el paraje Monte Hored. En octubre, un mes después de la detención y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la PGR exhumó ocho cuerpos más de La Joya.

El 23 de noviembre, con el inicio de las búsquedas del recién formado comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, en el paraje La Laguna fueron exhumados 21 cuerpos y en La Joya, con la recuperación del martes se habían contabilizado 38 cuerpos, en total, 95 cuerpos recuperados en esta zona, 75 de ellos a partir de noviembre con la aparición del comité Los Otros Desaparecidos.


Según información proporcionada por familiares, la búsqueda de probables fosas se ha extendido a cerros de Huitzuco por iniciativa personal de algunos familiares de desaparecidos, esto ante reportes anónimos de la ubicación de unos 16 cuerpos que fueron inhumados en entierros clandestinos en ese municipio.

FUENTE: SIN EMBARGO/EL SUR.
AUTOR: REDACCIÓN/ ALEJANDRO GUERRERO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/16-04-2015/1314627.

Entre enero y marzo 44 personas fueron ejecutadas en Iguala pese a vigilancia federal

La escalada de la violencia en este Iguala, Guerrero, por la presunta disputa de la plaza entre grupos antagónicos del crimen organizado, a pesar de la fuerte presencia policiaca de fuerzas federales, estatales y militares, dejó en el primer trimestre de 2015 al menos 44 ejecuciones, cinco de ellas de mujeres, así como tres hombres “levantados” y 13 heridos por arma de fuego.

En enero se registraron siete ejecuciones y cinco heridos en ataques a balazos, principalmente cerca del mercado municipal Adrián Castrejón.

El 10 de enero, el cuerpo de un hombre asesinado fue hallado junto al panteón privado Cristo Rey, y el 20 de enero hombres armados ejecutaron de tres disparos a Juan Díaz Terán de 23 años, un empleado del negocio de servicios a domicilio San Juditas, del mercado municipal. Un día antes, al parecer los mismos pistoleros habían atacado a dos hombres, y en el fuego cruzado hirieron a cuatro transeúntes.

El 27 de enero, el taxista Carlos Alberto Carreto Salazar de 45 años fue ejecutado de tres balazos en la colonia Adrián Castrejón; un día después, Víctor David Gómez Niño de 21 años, vecino de la colonia Lomas Campestre, al norte de la ciudad, fue ejecutado de varios disparos en un ataque presuntamente relacionado con los anteriores al negocio de mandados San Juditas.

Finalmente, el 30 de enero pistoleros intentaron levantar a Jacob Munibe de 28 años, quien era hijo del líder regional de la CTM, Jesús Munibe Juárez, actual delegado de transportes en la zona Norte, pero al intentar huir de los delincuentes fue ejecutado de varios balazos. Y el día 31 de ese mismo mes, un profesor de primaria de la colonia Loma del Zapatero fue ultimado de varios balazos en su casa, frente a su familia.

Sin embargo, la ola de violencia en esta cabecera municipal que ha evidenciado la falta de coordinación entre las corporaciones estatales, federales y militares, tuvo un repunte en febrero, a cinco meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida el 26 y 27 de septiembre. Durante el segundo mes del año se registraron 17 ejecuciones, tres de ellas mujeres, cinco hombres heridos, un levantado y un soldado muerto en un accidente durante una acción.


Pero la violencia se agudizó en marzo, cuando al saldo fue de 18 ejecuciones, entre ellas la de dos mujeres. También se reportó que tres hombres fueron heridos por arma de fuego y dos más fueron “levantados” por presuntos miembros de la delincuencia. En ese mes también se registró la muerte de un policía federal en el estacionamiento del hotel Plaza Esmeralda, donde se hospedan, que presuntamente se suicidó.

EN FEBRERO REPUNTÓ LA VIOLENCIA

El 11 de febrero, el cuerpo degollado de Rutilio Sotelo Cano de 45 años fue hallado dentro de una casa abandonada en el barrio de San Gerardo, y un día después, en una cancha de futbol rápido, José Ramón Bernabé Armenta de 26 años fue ejecutado de cuatro balazos por la espalda en este mismo barrio.

Al día siguiente, el 13 de febrero, durante el sepelio de Bernabé Armenta, afuera del panteón Cristo Rey, fue ejecutada de varios balazos Norma Angélica Bruno Román de 25 años, quien participaba en la búsqueda de fosas clandestinas con el comité de familiares de las otras víctimas de desaparición en Iguala, en busca de su prima Ivett Melisa Flores Román, desaparecida el 2 de marzo de 2013.

El 23 de febrero el médico Carlos Erick Adán Almazán, empleado del Centro de Salud Agustín Batalla de esta ciudad fue ejecutado de varios balazos en la colonia 23 de marzo; un día después, hombres armados atacaron a balazos a la empleada del bar El Vampiro, Patricia Díaz Hernández de 27 años; trascendió que el bar es propiedad de la coordinadora del Frente Igualteco por la Justicia y la Paz, Yolanda Ávila Vargas.

De forma simultánea y en lugares diferentes, la mañana del 25 de febrero el comisariado del ejido de Iguala Emilio Rabadán Román y el ex comisariado y ex regidor del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gerardo Román Chávez fueron ejecutados al salir de sus respectivos domicilios en el centro de esta ciudad.

La noche del mismo 25 de febrero, en el contexto de la Feria de la Bandera, también fue atacado a balazos el auto-lavado Los Peques, donde murió el ex funcionario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Acosta Beltrán, y resultó herido José Cantú Rivera de 18 años.

Se adjudicó el ataque el cartel Sierra Unida Revolucionaria a través de un mensaje en una cartulina, con la que lanzó una advertencia al grupo Guerreros Unidos asentado en esta ciudad, “Bamos por todos los Guerreros Unidos. Att: Sierra Unida Revolucionaria [SIC]”.

La escalada de la violencia creció para el 26 de febrero, cuando por la noche hombres armados a bordo de una motocicleta dispararon a cinco jóvenes afuera de una casa de la colonia Ricardo Flores Magón, ataque en el que murieron dos y tres resultaron heridos, pero uno más murió un día después en el hospital.

En este ataque también fue dejado un narco-mensaje dirigido al gobierno: “Esto va para todos los Guerreros Unidos y a todos los que los apoyen, si ustedes no pudieron puto gobierno de mierda, nosotros sí. Att. La meritita verga S.U”.

Una hora después de este ataque, al parecer los mismos pistoleros dispararon con rifles de asalto a una mujer y a su hijo en la colonia San José, matando en el lugar a María Isidra Rosales Ugarte de 41 años, que estaba embarazada, y a Alberto Peralta Rosales de 21.

La jornada de violencia del 27 de febrero dejó un saldo de seis ejecutados, entre ellos un policía municipal, un soldado muerto al caerse durante un operativo y un herido con un disparo en la frente.

La madrugada de ese día, en un domicilio de la calle Rueda, en el centro de Iguala, pistoleros atacaron a dos jóvenes que murieron en el lugar, Argenis Hernández de 22 años y un menor de 15 años.

Más tarde, a las 7 de la mañana se reportó el hallazgo de tres cuerpos ejecutadas en el cauce del río San Juan, a unos 50 metros al norte del puente Zaragoza, Jorge Gaspar Vázquez de 29 años y Abraham Toribio Álvarez de 25 años, ambos albañiles.

Los tres tenían las manos atadas por la espalda, cubiertos de los ojos con cinta canela y con el tiro de gracia, sin embargo, uno de ellos con un balazo en la frente y una perforación que le fracturó el cráneo, fue hallado aún vivo y consiente, quien se identificó con las autoridades policiacas como José Salgado Urióstegui de 40 años.

A la 1:30 de la tarde de ese día, un pistolero ejecutó a quemarropa al policía municipal Juan Varela cuando éste, vestido de civil, caminaba por la calle Mariano Herrera acompañado de su hermano.

Al finalizar febrero, el día 28, hombres armados levantaron a un vecino de la colonia El Capire, al poniente de la ciudad, de quien no se sabe nada.

UNA FAMILIA FUE EJECUTADA

En el tercer mes de año, la escalada de la violencia se incrementó aún más a pasar de la fuerte presencia de la Policía Federal y su división de Gendarmería con vehículos todo terreno y caballería.

El 3 de marzo, cinco personas fueron ejecutadas en el centro de la ciudad en dos hechos diferentes. En la madrugada, el taxista Ismael Benítez Baiz de 22 años fue ejecutado en la calle Juan Álvarez, y junto a su cuerpo dejaron un mensaje en una cartulina. Y a las 7 de la mañana, en la colonia Educación, fueron ejecutados cuatro miembros de una familia en su casa, dos de ellos maestros jubilados, Marco Robles Rojas de 67 años y Asminda Ávila Sánchez de 64, Marcos Robles Lenin de 39 años y Carlos Iván Robles Ávila de 20 años, que fue degollado.

El 5 de marzo, en una narco manta colgada en una barda del Instituto Tecnológico de Iguala (ITI), el grupo delincuencial Sierra Unida se deslindó de las ejecuciones de los últimos días y señaló a su grupo rival, Guerreros Unidos, como responsables de los asesinatos.

La mañana del 6 de marzo, el policía federal Roberto Ixtlahuaca Barrientos fue hallado muerto de un disparo en la cabeza en el estacionamiento del hotel Plaza las Fuentes del centro de Iguala, donde se hospedan los agentes federales que tomaron el control de la seguridad en el municipio desde octubre, luego del caso Ayotzinapa, según la versión oficial, se suicidó al estar ingiriendo bebidas alcohólicas.

El 10 de marzo fue hallado el cuerpo de un hombre ejecutado en la colonia Getsemaní, quien había sido secuestrado; y el 14 de ese mes, el chofer de microbús de la ruta Iguala-Taxco, Jesús Alvira Romero de 39 años fue ejecutado frente a su esposa y 20 pasajeros, de un disparo en la cabeza por un asaltante.

El 13 de marzo, hombres armados atacaron un taller de motocicletas en la calle Zaragoza del centro de Igual, donde hirieron a Faustino Salgado Solano de 36 años, quien murió después en el hospital y levantaron al dueño del establecimiento.

Entre el 16 y el 19 de febrero, en diferentes balaceras y hechos de violencia, al menos tres personas murieron, uno en la colonia La Raza; un taxista de nombre Daniel Ramírez Villazana de 39 años fue ejecutado de 14 balazos en la colonia PPG, y Luis Alberto Mendoza de 19 años fue atacado en la colonia Infonavit.

El 20 de marzo, al menos dos heridos de bala y dos levantados fue el saldo de una balacera a las 8 de la mañana en el estacionamiento del mercado municipal Adrián Castrejón; y el 22 de marzo hombres, armados ejecutaron de dos balazos en la cara a Fernando Mazón Bahena de 55 años, propietario del deshuesadero Las Chalupas.

Un día después, el 23 de marzo, la joven Lizbeth Castro Ortega de 18 años fue atacada a balazos a bordo de una combi de la ruta Coapinola, cuando estaba acompañada de su hija, y herida de tres balazos fue trasladada a un hospital; y un día después, en la colonia Patria Nueva, Salvador Herrera Miranda de 18 años fue asesinado de cuatro balazos.

La mañana del 28 de marzo, el cuerpo de un hombre ejecutado a balazos, con huellas de tortura, las manos atadas, los ojos cubiertos y las orejas mutiladas, fue hallado en un camino de terrecería en la colonia Candelaria al sur de la ciudad. Éste había sido secuestrado un par de días antes, sus plagiarios pedían un millón 500 mil pesos de rescate, y a pesar de que la familia pagó 300 mil, fue asesinado.

Y el 31 de marzo, Enrique Alonso Aguirre de 33 años, trabajador de la mina GoldCorp de Carrizalillo, fue ejecutado de al menos cuatro balazos en el pecho en la colonia Loma del Zapatero.


Fuentes extraoficiales informaron que Alonso Aguirre era familiar de Juan Carlos Peña Celso, Mauro Galicia Peña y José Elí Merino González, los tres mineros de Carrizalillo que fueron levantados el 6 de marzo por un grupo armado y hallados en una fosa de la comunidad de Mazapa siete días después.

FUENTE: SIN EMBARGO/ EL SUR.
AUTOR: ALEJANDRO GUERRERO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-04-2015/1304285.

Familias buscan a más de 43 por Iguala, Guerrero: “las colinas son cementerios”, dicen

La movilización por todo Guerrero que iniciaron los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa “Raul Isidro Burgos” para encontrar a sus hijos desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, sirvió de ejemplo a otras personas.

Es el caso del Comité para los Otros Desaparecidos, cuyos integrantes recuerdan en entrevista con The Daily Beast cómo una frase expresó el sentimiento de muchas familias:

“Los desaparecidos son más de 43”.

El reportaje, firmado por el periodista Jason McGahan, refiere que a diferencia de los padres de los 43 normalistas que han exigido justicia al gobierno, pidiendo que sus hijos sean encontrados y devueltos con vida, el Comité para los Otros Desaparecidos no está pidiendo justicia o la búsqueda de castigo para los responsables. ”Su objetivo es encontrar los cuerpos de sus familiares, para darles un entierro digno, con una lápida”.

“Es una pequeña bola de nieve que cada vez se pone más y más grande”, dijo un anciano que está buscando el cuerpo de su hija secuestrada. Comentó bajo condición de mantenerse en el anonimato. ”Hay tristeza, dolor y angustia, pero en la unidad, nosotros nos estamos fortaleciendo. Es un tipo de apoyo que no encuentras en tu propia familia”.

Para los miembros del Comité, el cambio inicia a nivel local, sin apoyo de las autoridades. El reporte indica que la Procuraduría General de la República (PGR) ha acreditado al Comité con el descubrimiento de los restos de 48 individuos desde que las búsquedas semanales comenzaron en octubre.

Sin embargo, Mario Vergara, fundador del Comité y uno de los miembros dispuestos a proporcionar su nombre completo, dijo a The Daily Beast que el número real de los cuerpos que han encontrado es muchas veces mayor.

“Las colinas son cementerios”, dijo Vergara a Jason McGahan.


El reportaje publicado este día refiere que cuatro días a la semana, de lunes a jueves, la PGR envía un equipo de expertos para confirmar las conclusiones del Comité, y extraer los cuerpos que fueron encontrados. Pero Vergara y el Comité han dicho al medio norteamericano que el esfuerzo del gobierno ha sido insuficiente.

“La PGR se mueve a paso de tortuga. Les lleva un día entero excavar tres tumbas que son dos pies de ancho y 20 centímetros de profundidad. Es una vergüenza. Es una cantidad de trabajo que nosotros, los familiares de los desaparecidos, podemos hacer en una hora. Para ellos se necesita un día entero “, dijo Vergara.

Vergara dijo que el gobierno tiene una “visión de túnel” y pierde tumbas. El integrante del Comité dijo que las autoridades o extraen un cuerpo de una tumba o se dan cuenta de que otros están enterrados ahí. Comentó que los expertos forenses del gobierno no buscan tumbas, sino que simplemente excavan por cuerpos en las áreas indicadas por el Comité.

Dijo que de los 48 cuerpos descubiertos por la comisión, sólo cuatro fueron descubiertos por las autoridades mexicanas. E indicó que el gobierno ha frenado la búsqueda prohibiendo a los voluntarios participar en las excavaciones.


“Son tan lentos. Creo que sus órdenes son para agotarnos. Eso es lo que pienso “, dijo Vergara a The Daily Beast. “No es algo que hemos escuchado. Pero a partir de lo que hemos visto, son muy lentos “, dijo.

Vergara dijo que el gobierno tiene una “visión de túnel” y pierde tumbas. El integrante del Comité dijo que las autoridades o extraen un cuerpo de una tumba o se dan cuenta de que otros están enterrados ahí. Comentó que los expertos forenses del gobierno no buscan tumbas, sino que simplemente excavan por cuerpos en las áreas indicadas por el Comité.

Dijo que de los 48 cuerpos descubiertos por la comisión, sólo cuatro fueron descubiertos por las autoridades mexicanas. E indicó que el gobierno ha frenado la búsqueda prohibiendo a los voluntarios participar en las excavaciones.

“Son tan lentos. Creo que sus órdenes son para agotarnos. Eso es lo que pienso “, dijo Vergara a The Daily Beast. “No es algo que hemos escuchado. Pero a partir de lo que hemos visto, son muy lentos “, dijo.

“SOMOS NUESTROS PROPIOS PERROS”

Vergara dijo que cuando elementos de la Policía Federal llegaron a una excavación traían perros alemanes consigo. ”Pero no son como las que se ven en las películas”, dijo.

Explicó que los animales estuvieron en las jaulas hasta que los voluntarios convencieron a las autoridades para liberarlos y confirmar el descubrimiento de una nueva tumba.

“Pensamos que veríamos perros corriendo de manera libre y olfateando por todas partes. Pero los perros no encuentran las tumbas, las encontramos nosotros. Los perros sólo reafirman nuestros hallazgos “, dijo Vergara.

Otro miembro del Comité, quien fue identificado por The Daily Beast como un veterano del Ejército de 50 años que perdió a su hijo, dijo al respecto: ”Somos nuestros propios perros”.

Los miembros de la comisión dicen que están acostumbrados a ser menospreciado como perros detectores de huesos.

“Lo han oído muchas veces. Es un insulto que una mujer vestida de rosa apunta a una combinación de temor a la delincuencia organizada y una negación colectiva frente a la escala de desapariciones en Iguala”, dice el reportaje de Jason McGahan.

Sin embargo, los hombres del grupo parecen aceptar el término de perros. Un hombre de 50 años con una barba blanco presentó a su hermano al reportero norteamericano como un “verdadero perro rastreador”.

El Comité para los Otros Desaparecidos, dice la publicación, utiliza herramientas rudimentarias para su búsqueda: “unos pinchos de hierro de un metro con una cima plana y un mango en el medio para mantener el equilibrio”.

Vergara dice al medio que el primer signo de una tumba oculta es la basura ya que las colinas no son lugares acogedores para acampar, por lo que las bolsas desechadas de papas fritas, botellas de cerveza y latas oxidadas llaman la atención.

En una inspección más cercana, encuentran que hay objetos personales que se mezclan con la basura: una zapatilla de deporte, una blusa con moho, vaqueros destrozados, una llave en un llavero.

“Los trajeron hasta aquí solo con las manos atadas por delante [...]. Tuvieron que cavar sus propias tumbas antes de que los mataran”, dijo un viejo campesino.

El reportaje de The Daily Beast indica que el tronco de un árbol recién caído es el segundo signo de una fosa oculta. “Como en una escena de una película de terror, los árboles de la colina crecen tan juntos que dejan poco espacio en el medio para moverse, mucho menos a cavar una tumba. Un árbol a menudo es quitado para crear un espacio para cavar”.

El tercer signo, dice el reportaje, es la tierra suelta. Rocas desenterrados y arrojados a un lado en el acto de la excavación son el cuarto signo de una tumba oculta.

Para el procedimiento en el que buscan los cuerpos se empuja la herramienta con los tres pinchos contra el suelo y se le golpea la parte superior repetidamente con un martillo de bola hasta lo más profundo, luego se huele la parte que se hundió.

Si el olor es de agua estancada; se trata de un positivo. Entonces se amontona piedras en el suelo para marcar el lugar. El proceso se repite una y otra vez.

El viejo veterano del Ejército recorre el suelo con una expresión de dolor: “Hay tantos”, dice entre dientes, y se tambalea lejos abajo de la colina.


Encima de la colina, una anciana dice:

”Esta es nuestra última oportunidad de encontrar a nuestros familiares [...] Si nuestro movimiento termina tenemos miedo de que nunca encontraremos a nuestra familia. Es por eso que somos como los perros en busca de huesos “.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-03-2015/1297495.

‘Iguala marca un antes y un después’

La gran cantidad de abusos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales mantienen al país en una crisis de derechos humanos, aseguró el presidente de la CNDH en su informe de actividades.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, presentó su informe de actividades 2014 en la residencia oficial de Los Pinos, frente al presidente Enrique Peña Nieto, integrantes de su gabinete y funcionarios de diversas instituciones.

El ombudsman nacional aseguró que la situación de los derechos humanos en algunas partes del país atraviesa por “una crisis” que no corresponde a la envergadura de la reforma constitucional en la materia de junio de 2011.

Detalló la gran cantidad de abusos graves, como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales.

Durante su mensaje, González Pérez destacó que el despertar y toma de conciencia que hechos como los de Chalchihuapa, Tlatlaya e Iguala provocaron en la sociedad.

“Iguala marca un antes y un después para México. La gravedad y trascendencia de estos hechos nos debe hacer reflexionar y replantear el futuro que queremos para nuestro país. Iguala es un asunto no cerrado, en el que hay que buscar la verdad y lograr que los derechos de las víctimas sean reparados”, dijo.

El funcionario recalcó que la simulación, parcialidad y falta de apego a la ley en procedimientos de responsabilidad administrativa constituye una nueva violación a derechos humanos.

“Se revictimiza a quienes fueron objeto de las violaciones que dieron origen a la recomendación”, agregó.

González Pérez exigió a Peña Nieto emitir una Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no Localizadas, así como un Sistema Nacional de Información Genética.

“Por sensibles que sean los temas y aun cuando existan puntos de divergencia, es preciso, y lo digo con todo respeto, que con base en las coincidencias y buscando en todo momento la mayor protección y vigencia de los derechos humanos en el país, se avance en la implementación de acciones sustantivas propuestas en cada tema”, destacó.

Las autoridades, indicó, están obligadas a encauzar las muestras de descontento, escuchar las necesidades y generar canales o vías adecuadas para responder a ellas eficazmente, pero también aplicar oportuna y debidamente la ley.

“No podemos establecer acciones integrales y coordinadas de búsqueda, ni estaremos en posibilidad de que se deslinden las responsabilidades correspondientes, si no contamos con información real y objetiva”.

El titular de la CNDH señaló que México está obligado a atender los informes recientes de la Organización de las Naciones Unidas sobre tortura y desaparición forzada, como parte del compromiso asumido en el ámbito internacional.

Incumplir esas recomendaciones, dijo, debilita el Estado de derecho y fomenta la impunidad.

Seguirá trabajando

El presidente Enrique Peña Nieto dijo que su gobierno tiene un compromiso con el respeto y protección de los derechos humanos.

Detalló que su administración seguirá trabajando en el marco de la ley y cualquier funcionario que se aparte de su cumplimiento debe asumir las consecuencias.

“La esperanza de una convivencia pacífica, armónica y apegada a la ley, sólo podrá concretarse si se ubica en el centro de toda la administración pública, la defensa y protección de los derechos humanos y la atención integral a las víctimas”, dijo.

Peña Nieto reconoció que el Estado mexicano aún tiene mucho qué hacer en favor del goce y disfrute pleno de los derechos humanos, y ofreció la actuación del gobierno dentro del marco de la ley, con la total disposición de atender las recomendaciones.

El mandatario aclaró que su administración ha aceptado todas las recomendaciones de la CNDH.

En la lista negra

Las entidades públicas más señaladas en las recomendaciones de la CNDH:

> Instituto Mexicano del Seguro Social

>Comisión Nacional de Seguridad

>Gobierno de Oaxaca

>Procuraduría General de la República

>Gobierno del Distrito Federal


>Gobierno de Chiapas

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

Alcalde de Cocula arraigado por caso Ayotzinapa, heredará el cargo a su concuño

CHILPANCINGO, Gro: José Daniel Román Salazar, concuño de César Peñaloza Santana, el presidente municipal de Cocula que estuvo arraigado en la PGR por el caso Ayotzinapa, fue designado candidato del PRI a la alcaldía de ese municipio ubicado en la convulsionada zona norte de la entidad.

Peñaloza Santana pretende heredar así el poder a un familiar en el contexto de la crisis político-social que se vive en la entidad por las protestas del movimiento social que exige justicia por el caso Ayotzinapa, y que desde ahora amenaza con boicotear los comicios del próximo 7 de junio al considerar que la clase política está vinculada a la delincuencia.

La designación de Román Salazar como candidato a la alcaldía de Cocula se realizó este martes durante una reunión privada del comité estatal priista que dirige Cuauhtémoc Salgado Romero, según informaron fuentes oficiales.

El alcalde de Cocula y su concuño son miembros del grupo político del actual diputado federal priista, también señalado de tener vínculos con la delincuencia, Manuel Añorve Baños, operador en Guerrero del senador Manlio Fabio Beltrones, indicaron las mismas fuentes.

José Román Salazar es esposo de María del Carmen Alarcón Rodríguez, hermana de Lizbeth Alarcón, esposa del alcalde de Cocula y actual presidenta del DIF municipal.

En diciembre pasado, agentes de la PGR detuvieron y consignaron ante un juez al alcalde César Peñaloza, involucrado en dos averiguaciones previas relacionadas con el caso Ayotzinapa.


No obstante, el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, ordenó liberar al edil priista al considerar que el Ministerio Público Federal no presentó elementos suficientes para procesarlo por el delito de delincuencia organizada.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Familias de desaparecidos hallan 20 fosas en Iguala con indicios de restos humanos

Unos 35 integrantes del Comité de familiares de las otras víctimas de desaparición, acompañados por dos grupos de gendarmes, localizaron en el transcurso de la mañana de ayer domingo 20 probables fosas clandestinas entre los parajes La Joya y La Laguna, en las faldas del Cerro Gordo, de las cuales diez consideran que tienen “indicios positivos” de restos humanos.

Como cada domingo desde noviembre, tras la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los familiares de otros desaparecidos en Guerrero se trasladaron a buscar fosas clandestinas en las cercanías de Iguala y entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde hallaron las 20 fosas, en la zona donde se han encontrado casi 60 cuerpos en fosas al poniente de Iguala.

Al lugar de la búsqueda llegaron diferentes grupos para la ubicación de probables fosas, y otra comisión de los familiares se encargaba de enterrar la varilla con el apoyo de un marro para luego oler su punta para confirmar o descartar la probabilidad de cuerpos inhumados.

En tres horas de trabajo y bajo un intenso sol, con una temperatura de 36 grados centígrados, el comité de desaparecidos logró marcar 20 probables fosas, 10 de ellas con indicios positivos de restos humanos enterrados, según el olor que se percibió de las varillas.

En esta zona, también fueron hallados los indicios de la presencia de campamentos del crimen organizado donde se cree que hubo gente secuestrada, había una lona, restos de basura de comida y bebidas, así como prendas de vestir y calzado.

En esta zona, se prevé que la PGR inicie los trabajos de excavación y posible exhumación de restos humanos al término de la exploración de las fosas que también ya fueron marcadas con anterioridad en inmediaciones del paraje La Joya.

Hasta el pasado 19 de marzo la PRG exhumó 67 cuerpos humanos de más de 30 fosas clandestinas en casi cuatro meses de trabajos.

En declaraciones hechas ayer en la zona de búsqueda, el comité de Los Otros Desaparecidos reclamó la lentitud de peritos y antropólogos de la PGR para hacer las excavaciones y exhumaciones de restos humanos.

Mario Vergara, uno de los integrantes del comité de búsqueda, consideró que “el gobierno le apuesta a la desesperación del grupo” y advirtió, “no lo van a lograr porque eso nos está uniendo más, ellos sacan sus protocolos sólo para defenderse ellos, no a las víctimas”.

Al preguntarle el porqué siguen su búsqueda a pesar del hallazgo ya de 67 cuerpos, y la falta de apoyos económicos del gobierno estatal y federal para viáticos y alimentación dijo: “a nosotros nos rompieron el corazón, y cada vez buscamos por encontrar la otra parte del corazón, no nos importa el sol que nos ha fregado muchísimo, ha habido desmayos pero nos hace falta una parte de nuestro corazón, salimos todos los días con la esperanza de encontrar ese corazón perdido y así lo haremos hasta encontrarlos”.

Al preguntarle si la PGR les ha notificado de la identificación de más cuerpos exhumados, la coordinadora del grupo Xitlaly Miranda dijo que en estos casi cuatro meses sólo les ha notificado de tres identificaciones.


Informó que la subprocuradora de derechos humanos de la PGR, Eliana García les dijo que ya no les va a notificar a ellos, sino única y exclusivamente a los familiares, y ya será determinación de ellos dar a conocer su testimonio ante el grupo o la prensa, esto según los protocolos de seguridad, “no sabemos si en realidad ya se hayan identificado más”.

FUENTE: SIN EMBARGO/ EL SUR.
AUTOR: REDACCIÓN/ALEJANDRO GUERRERO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/23-03-2015/1289694.

El Cártel de la Sierra se deslinda de ola de violencia en Iguala

CHILPANCINGO, Gro: Esta mañana fueron colocadas al menos tres mantas con un mensaje atribuido al grupo delictivo el Cártel de la Sierra.

Informes oficiales refieren que cerca de las 06:00 horas se ‎reportó el hallazgo de una manta en la entrada del paso a desnivel ubicado en el centro de la ciudad y los puentes peatonales del mercado Baltzar R. Leyva, de la calle Insurgentes y la colonia Tata Tildó, sobre el bulevar Vicente Guerrero.

El texto escrito en lonas y letra de molde, indica:

“La gente de la Sierra rechaza ser autores de los hechos violentos y viles en Iguala, los cuales nos responsabilizan. Los únicos responsables son la gente de la Familia Michoacana, al mando del Pez quien nos quiere culpar. Lo que rechazamos por códigos que jamás se deben romper. Seguiremos firmes con la sociedad. Somos narcos, no terroristas! Atentamente. La gente del Sur”.

Las lonas fueron retiradas por policías estatales que asumieron la seguridad de la capital de la entidad, luego de que el alcalde priista Mario Moreno Arcos, señalado por sus nexos con el narcotráfico, se declaró incompetente para revertir los efectos de la impunidad y violencia que persiste en Chilpancingo.

El mensaje hace referencia a la brutal disputa de la plaza de Iguala que ha dejado 19 ejecutados en menos de dos semanas, a pesar de que este lugar es vigilado por la Policía Federal división Gendarmería.


De acuerdo con los informes oficiales, los objetivos de los ataques en Iguala están dirigidos en contra de operadores de la banda Guerreros Unidos, señalados por el gobierno federal como responsables de la masacre y desaparición ‎de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS

Efecto Iguala

Hace unos años algunas zonas metropolitanas eran el centro de la violencia criminal. Ahora, se ha desplazado a sitios mucho menos accesibles para el gobierno, con menor margen de maniobra oficial.

La detención y desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa destapó la nueva cara de la violencia en México: una movilidad del crimen de los grandes centros urbanos a las zonas con menor control de la autoridad.

Las cifras oficiales del último trimestre de 2014 trajeron para México un incremento del 20 por ciento en la violencia, luego de que a partir de 2011 el país había mejorado en algunos delitos, especialmente la extorsión.

Si bien hace unos años algunas zonas metropolitanas, como Monterrey o Acapulco, eran el centro de la violencia criminal, ahora se ha desplazado a sitios mucho menos accesibles para el gobierno, con menor margen de maniobra oficial. 

Este nuevo mapa de la violencia tiene sus puntos más críticos en Guerrero, Morelos, Tamaulipas, Baja California, el Distrito Federal y Coahuila. 

Los números provienen del Índice de Seguridad Pública y Violencia en el tercer trimestre de 2014, que elaboró Lantia Consultores.

A pesar de que en general hay menos delitos y asesinatos de 2011 a la fecha, algunas de las entidades que han recibido más recursos federales para el combate a la violencia continúan en los primeros lugares de la crisis nacional que se agudizó desde 2008.

Los nuevos focos rojos

Una revelación de este reporte es que algunas entidades que se consideraban “relativamente seguras” sufrieron un deterioro significativo de seguridad durante 2014.

Los ejemplos más importantes son Guanajuato, donde aumentó un 13 por ciento el índice delictivo; Querétaro, con 28 por ciento, y Baja California Sur registró un 57 por ciento.

“En Baja California coincide una alta incidencia delictiva, un nivel alto de ejecuciones, con un repunte de la violencia que se observó en el tercer trimestre de 2014”, de acuerdo con las láminas que acompañan al estudio.

Esta tendencia es marcada en algunos estados como Baja California Sur, donde las disputas entre narcomenudistas afiliados al cartel de Sinaloa en la capital, La Paz, repercutieron en los datos de todo el estado. 

“La disminución en la violencia que observamos a lo largo de los últimos años ha sido el resultado primordialmente de una recuperación de la seguridad en las grandes zonas metropolitanas”, explica en su reporte el fundador de Lantia Consultores Eduardo Guerrero, maestro en ciencia política por la Universidad de Delaware y licenciado en administración pública por El Colegio de México.

Esta “dinámica alentadora”, que ubica en casos como Monterrey o Acapulco, evidencia que en los municipios rurales la situación es radicalmente opuesta.

“Es el caso de las crisis que vemos en lugares como Iguala o Apatzingán (…) Se trata de lugares donde la cobertura de los medios de comunicación y la visibilidad de la violencia es mínima”. 

Algunos ejemplos recientes documentados por la prensa de estas situaciones son los reportes de secuestros masivos en Cocula o el asesinato del periodista Moisés Sánchez, habitante de la localidad de Medellín, en las afueras del puerto de Veracruz. 

Guerrero explica: “Fuera de las grandes ciudades los intereses que pueden hacer frente al crimen organizado tienen menor fuerza. 

“Las cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil tienen menos recursos, de forma que para los criminales es más sencillo imponerse como un actor predominante, tanto en el ámbito económico como en el político”.

Este nuevo contexto significa para el especialista que la parte sencilla del combate a la violencia del crimen organizado ya se agotó.

“Ya redujimos la violencia ahí donde los recursos económicos y el capital social son abundantes. La reconstrucción institucional que necesitamos en lugares como Iguala será mucho más costosa y supondrá un desafío de gobernabilidad de primer orden”, detalla.

De no tomar medidas sobre esta nueva realidad en el futuro inmediato, el riesgo inminente es que México tenga en las próximas décadas “amplias regiones gobernadas en la práctica por mafias”.

Mejora relativa

Los números de asesinados el año pasado son tres veces menores a los que se registraron públicamente en 2011, de 4 mil 587 en el primer trimestre de ese año a mil 820 al finalizar el 2014.

El presentador de estos datos, Eduardo Guerrero, fue funcionario público al inicio de este sexenio. Coordinó la Unidad de Información y Análisis de la Secretaría de Seguridad Pública entre diciembre de 2012 y marzo de 2013.

Desde la consultora que fundó en 2008, sus cifras no niegan la realidad que llevó a miles de personas a manifestarse en las calles exigiendo justicia por los normalistas desaparecidos, pero asegura que “permiten tomar distancia de los eventos de coyuntura que observamos, y que marcan la agenda pública”.

El sexenio de Felipe Calderón concluyó con una lista de 25 mil desaparecidos, que bajó a 22 mil 322 según la actualización más reciente que hizo la Procuraduría General de la República. 

Después del 26 de septiembre, cuando el alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca, ordenó detener a los normalistas que boteaban ese día en su municipio, la violencia aumentó en todo el país. 

Este incremento tuvo su peor deterioro precisamente en los municipios que han recibido mayor atención pública con el tema de la violencia. 

“Aunque en algunos estados la disminución de la violencia fue muy acelerada, en otros ésta permaneció relativamente estable”, explicó Guerrero en su reporte Panorama Nacional de Seguridad y Violencia.


Del primero al segundo año de gobierno peñista, en Nuevo León, Coahuila, Zacatecas y Jalisco, los conteos oficiales muestran una mejora sustancial en la incidencia delictiva.

Pero en Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y Sonora, donde se ha concentrado la atención de las autoridades desde que se decretó la “guerra contra las drogas”, los números de delitos permanecen graves. 

Guerrero considera que es necesario poner especial interés en Tamaulipas, donde “a pesar de que desde hace años se registra un escenario crítico de violencia e inseguridad, no se ha detonado un proceso de fortalecimiento institucional que permita recuperar la paz. En Veracruz, se observa un escenario similar, si bien menos dramático”.

El caso más reciente de este fracaso es Michoacán, donde ni el despliegue de fuerzas federales ni la actuación del excomisionado Alfredo Castillo, recientemente removido, lograron que el equilibrio entre los grupos criminales y las autodefensas eliminaran los episodios violentos. 

Guerrero considera que el panorama michoacano “se complicará enormemente el proceso electoral de este año”.


Los casos de Baja California y Sonora mantuvieron durante 2014 diferencias entre organizaciones criminales, pero no se han observado allí escenarios de crisis “en buena medida porque la violencia disminuyó a buen ritmo durante los años previos”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.