¿Amiga de Abarca?

La precandidata del PRD a la gubernatura de Guerrero fue señalada por presuntos vínculos con el exalcalde de Iguala.

Alegando intentos de frenar su carrera por la postulación al gobierno estatal de Guerrero, la precandidata perredista Beatriz Mojica denunció una “guerra sucia” en su contra en la que se asegura que es “la mejor amiga” del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca. 

Y es que este miércoles circularon fotografías de Mojica con el exedil de Iguala, quien actualmente se encuentra preso por su supuesto vínculo con el grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes presuntamente plagiaron y asesinaron a los 43 normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre. 

Además, se registraron en Guerrero llamadas realizadas desde un call center de la Ciudad de México donde se comunica: “Beatriz Mojica es la mejor amiga de Abarca ¿Quieres que pase en Guerrero lo que pasó en Iguala? ¡Aguas!


Mojica aclaró que no mantuvo “ninguna relación” –salvo una institucional– con  José Luis Abarca, y advirtió que presentará una denuncia ante la PGR y ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, además de una queja ante el Instituto Estatal Electoral para pedir que se haga retiro de las llamadas. 

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

La líder de Guerreros Unidos era María de los Ángeles Pineda, dice Murillo Karam a senadores

Ciudad de México, 31 de enero: Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), reveló que María de los Ángeles Pineda, esposa del ex Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, es la líder del grupo criminal Guerreros Unidos, cártel acusado de la desaparición de 43 normalistas.

El Procurador informó que debido a que estaba protegida como la cabeza de la célula criminal fue más complicado procesarla por delincuencia organizada.

“Sin embargo, hicimos una investigación que llegó hasta penales de Estados Unidos, donde logramos obtener testimonios que la ligan directa y claramente con el manejo de la banda de Guerrero Unidos, que vinculaban al padre, la madre y los dos hermanos”, declaró el Procurador, según difunden hoy diversos medios nacionales.

Por lo cual el funcionario federal concluyó que el ex Edil era el segundo a cargo.

Tras reunirse con senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde (PVEM), Murillo reconoció que la estrategia de comunicación en este caso no ha sido buena.


Ayer el funcionario federal asistió a la Reunión Plenaria de Senadores del PRI donde analizaron la agenda legislativa y que se llevó a cabo en el municipio de Ocoyoacac en el Estado de México.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/31-01-2015/1235780.

Los desenterradores anónimos

Ninguneados por las autoridades, relegados siempre, los parientes de los desaparecidos también eran invisibles. Nadie los escuchaba, nadie los atendía. La brutalidad y la proyección del ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa, empero, removió su dolor y provocó que se organizaran. Así, con sus propios medios y asumiendo el inmenso riesgo que implica, comenzaron a buscar a sus familiares por la sierra, a través de territorio narco, centímetro a centímetro. Desde que comenzaron a trabajar se han encontrado más de 60 fosas en Guerrero.

IGUALA, GRO: Incontenibles, se lanzaron al cerro así nomás, a corazón abierto, sin comida ni agua pero con uñas, manos, picos, palas, barretas, varillas, machetes, mazos, lo que tuvieron a mano, para excavar hasta dar con sus familiares desaparecidos.

Llevaban lentes oscuros, paliacates o gorras por el miedo a ser identificados, pues sabían bien que habían traspasado un territorio de sicarios. Eran unos 50 desenterradores.

“Aquí hay una fosa”, gritó el que topó con los primeros huesos. Todos se acercaron al entierro clandestino. Algunos derramaron lágrimas silenciosas; varias mujeres se abrazaron y rezaron. Ese primer día encontraron ocho cuerpos. Desde entonces no ha parado el grito de “encontré una fosa”, “otra por acá”.

Desde ese domingo 16 de noviembre, ya bajo la supervisión de la PGR, que llegó a la semana siguiente cuando vio el incontenible destapadero de fosas, en Iguala han sido recuperados 39 cuerpos de entierros clandestinos y 75 –suma de cadáveres y restos– de la fosa común del panteón municipal.

En total 63 fosas han sido inspeccionadas: sólo 16 tenían restos; las otras, basura de los campamentos de los sicarios o ropas que podrían ser de las víctimas.

Pareciera que todo se conjugó para lograr esa estampida que no cesa: la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala condujo al hallazgo de seis fosas con 30 cuerpos calcinados; la angustiante noticia movió a familias con hijos desaparecidos en Iguala y sus alrededores a acudir a una reunión en la iglesia de San Gerardo; ahí encontraron que eran cientos de familias con el mismo dolor, la oferta de protección de la policía comunitaria (bajo las siglas de Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOEG) para subir a buscar y el apoyo de un grupo forense (Ciencia Forense Ciudadana) que ofrecía tomar muestras de ADN.

Con ese equipo para qué necesitarían a la autoridad que nunca los había escuchado.

Hasta este momento las familias siguen peinando los cerros aledaños a esta ciudad, pese a las restricciones de la PGR, que ya no les permite excavar. Intactas las ganas de recuperar a su familiar, cada vez que ven tierra removida entierran unas varillas caseras fabricadas por herreros de Huitzuco y las golpean con un marro del que se burlan los antropólogos expertos. Al sacar el fierro le huelen la punta cual sabuesos entrenados para detectar el hedor a difunto. Luego lo vuelven a enterrar, así, centímetro a centímetro.

Esa participación conjunta que a las familias les hizo darse cuenta de que su dolor formaba parte de una estadística nacional (más de 22 mil desaparecidos), los empujó a fundarse como organización (se llaman Comité de Familias Víctimas de Desaparición Forzada) y a darse cuenta del desdén de las autoridades hacia la desaparición de personas. Un problema convertido en epidemia desde el sexenio de Felipe Calderón, que se ha intensificado con Enrique Peña Nieto y por el cual México comparecerá en febrero ante el Comité Especial de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. Sólo este grupo suma 318 casos.

Aunque el gobierno federal instaló carpas en el terreno de la iglesia de San Gerardo, el territorio de reunión de las familias, y ofrece atención psicológica, médica, legal y toma muestras genéticas, recibe denuncias penales y tiene a un equipo de ministerios públicos y peritos asignados a las búsquedas, para las familias no es suficiente.

“Si ésa es la capacidad de respuesta que tiene la máxima autoridad es triste. Siempre nos dicen que entendamos, que no somos los únicos con este problema, que son 22 mil desaparecidos, que los antropólogos son insuficientes, pero si seguimos su ritmo vamos a tardar años en ir a los otros puntos donde sabemos que puede haber fosas”, dice Xitlali Miranda, secretaria de la agrupación.

Mario Vergara, a cargo del equipo de búsqueda, criticó que la Gendarmería dejó de brindarles protección con el argumento de que los designaron a todos a buscar a los 42 estudiantes que permanecen desaparecidos. Además, se les retiró una semana el apoyo de la Marina y se les dijo que las búsquedas se suspendían una semana; por su presión se mantuvieron.

El martes 20, Eliana García, encargada de despacho de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, entregó al comité un plan de trabajo para los próximos meses, en el cual se establecen cuestiones como que las búsquedas serán de lunes a viernes de nueve de la mañana a cinco de la tarde (aunque los viernes preparan los restos que enviarán al forense en el Distrito Federal), y que de marzo en adelante sólo se harán tres días por semana hasta terminar en junio.

La propuesta contiene algo nuevo: un plan de búsqueda en vida, en el que se incluye solicitud de información a compañías telefónicas, análisis de redes sociales e informáticas, rastreo de vehículos, tarjetas bancarias y búsqueda en cárceles, hospitales, albergues, asilos y anexos. A simple vista parece muy enfocado a citadinos de buen nivel socioeconómico y no a los campesinos que integran el comité.

“Dicen que los esperemos, que no tienen suficiente personal para desenterrar e identificar cuerpos. Son los mismos los que hacen todo, que ya tienen el refri lleno de huesos y nosotros tenemos prisa, queremos avanzar”, explica Vergara.

La principal queja de quienes han subido a excavar, además de la lentitud de los protocolos, la inexperiencia e insuficiencia de personal, es por la antropóloga enviada por la PGR, a quien describen como burócrata, perezosa, inexperta, soberbia, de malos modos hacia las familias al sentirse desafiada.

“En la PGR han descartado lugares que dicen que ya terminaron (de peinar), y nosotros seguimos encontrando fosas. Por eso tienen que volver. Nosotros somos de campo, sabemos dónde hay algo, dónde cavar. También nos damos cuenta quién no sabe usar una pala, ellos a lo mejor tienen experiencia de tanto leer, de sus clases, pero descartan zonas donde hay raíces, la antropóloga no distingue el olor de agua estancada de donde el olor es diferente”, dice Juan Jesús Canaán, quien busca a un sobrino desaparecido en 2008.

Él y Vergara coinciden en que varios peritos de la PGR pareciera que no hacen nada durante las búsquedas y las exhumaciones.

Búsqueda tardía

La anciana Luisa, madre de Carlos Escovar Bastián, desaparecido en enero de 2014, dice indignada: “Llevamos semanas ya subiendo al cerro todos los días sin alimento, sin beber agua, pero la lucha de nosotros es por hallar a nuestros familiares. Si usted nos acompañara y viera el dolor. Tapados con ramas, con piedras, hacen corralitos de piedra y basura y así están, como animales. Eso no es enterrar. No escarbamos mucho y ahí están. Encontramos chores, playeras, zapatitos de niño o niña, ropita, una credencial de elector de un muchacho de Teloloapan, los zapatos de una jovencita. Fueron a aventarlos ahí, donde se arma la zopilotera”.

Casi todos los cuerpos desenterrados ya son esqueletos. Muchos tienen la mordaza en la boca, la venda en los ojos, manos y piernas vendadas.

La PGR ha recibido 235 denuncias por desaparición en la zona; 25 son mujeres. Sin embargo, mucha gente aún no denuncia por desconfianza. El Comité tiene 100 denuncias más.

Según el análisis de Julia Alonso, la representante de Ciencia Forense Ciudadana, 30% de los desaparecidos son taxistas jornaleros y 60%, jornaleros o albañiles. La abrumadora mayoría son jóvenes, varones, delgados.

En cuanto a los perpetradores, 75% fueron policías municipales y seis casos se vinculan al 27 Batallón de Infantería del Ejército.

Durante el periodo de José Luis Abarca –el narcoalcalde apadrinado por políticos y militares, a quien se adjudica la orden de atacar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa– aumentaron las desapariciones, de acuerdo con el conteo realizado por la PGR: de los 235 casos reportados en la región, 110 ocurrieron en Iguala.

Este dato coincide con el reporte de la Secretaría de Gobernación publicado por el diario La Jornada, de que alrededor de 100 narcos trabajaban como policías municipales durante el tiempo de Abarca.

Si en 2011 hubo seis desapariciones, en 2012 la cifra escaló a 32; para 2013 brincó a 79 y de 2014 se tienen 42 registrados. El resto no tiene fecha.

De Cocula se denunciaron 13 desapariciones; de Taxco, 12; de Teloloapan, ocho.

Desenterradores ciudadanos

La iglesia de San Gerardo es la sede elegida por las familias y el lugar donde perdieron por primera vez el miedo a denunciar sus tragedias. El gobierno federal pronto instaló unas carpas en las que se veía en un principio a los empleados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sin saber qué servicios ofrecer. Hoy ahí se otorga asesoría legal. Bajo la explanada se toman registros y muestras. El área de psicología está llena de dibujos de niños que se duelen de alguna ausencia.

Las familias usan el salón de reuniones de la iglesia y un viejo galerón desocupado, al que convirtieron en comedor y sitio de reunión. Ahí se cuentan las penas, intercambian sus historias, planean las búsquedas y comen gratis. Han tomado dos veces las casetas por unas horas para financiar sus gastos.

“Cuando usted está sano no ve nada, pero cuando está vendado se da cuenta de que hay otros vendados, quién está lastimado. Así estábamos, y dispersos, no había manera de unirse y preguntar por qué estás vendado”, explica Canaán, al mostrar el comedor lleno siempre de personas, algunas en crisis nerviosa, otras con hambre.

Un dato llama la atención: muchos llevan una misma camiseta negra con el lema “Hijo mientras no te entierre te seguiré buscando”. A diferencia de grupos de víctimas de otras partes del país que nunca quieren pensar que su familiar pudiera estar muerto, aquí buscan muertos, ellos y ellas se dedican a desenterrar.

El hallazgo de tanta fosa influyó.

“La mayoría de la gente nos dice que están muertos, y con tantas fosas en los cerros… por eso empezamos a buscar en fosas, aunque nos guardamos un espacio para nosotros de que está vivo”, dice Vergara.

A dos meses de que iniciaron las búsquedas la situación ha cambiado paulatinamente.

Miguel Ángel Jiménez, el representante de la policía comunitaria, no ha regresado por un problema familiar, pero la UPOEG mantiene el contacto.

En tanto, los forenses ciudadanos cuyo acompañamiento dio impulso a la búsqueda ciudadana no habían aparecido por estos lugares hasta el jueves 22, cuando acudieron a renovar la promesa de las 500 muestras genéticas gratuitas.

El nuevo compromiso es empezar a tomar las muestras de ADN a fines de febrero. Según los representantes de la organización aún están en busca de un permiso para enviar las muestras a laboratorios extranjeros y otro para contrastar con los restos exhumados.

Pero su idea de quitarle a la PGR el monopolio de los procesos de identificación continúa.

Según un conteo de Animal Político hasta el año pasado se registraban 23 mil 600 desapariciones, y 2014 fue el año con más casos en el país: 5 mil 98 personas. La semana pasada La Jornada consignó que en México desaparecen 14 personas cada día.

“Vivimos en un cementerio”, dice Canaán mientras desayuna frijol con chile.

La experiencia vivida en Iguala llamó la atención a nivel nacional. A pesar de los esfuerzos oficiales por dar por terminado el caso Ayotzinapa y de establecer la versión oficial como la única, estas familias de sabuesos desenterradores siguen exhibiendo a escala internacional este país de fosas.


“Han venido de otras partes y les contamos nuestra experiencia y les decimos: No esperen a que la autoridad venga a buscar, organícense, empiecen sus búsquedas. Ojalá sirvamos de ejemplo porque la autoridad ni quiere hacerlo ni tiene capacidad”, dice Miranda.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI (REPORTAJE ESPECIAL)

A 4 meses de Iguala: la advertencia de Abarca fue “yo tengo ‘jijos’ de la chingada para matar”

Tanto las autoridades estatales, como las federales, ignoraron las denuncias de ciudadanos que de Iguala que advirtieron que el exalcalde amenazó y asesinó a líderes campesinos.

El 15 de mayo de 2013, el dirigente agrario Arturo Hernández Carmona, junto con toda la dirigencia de su organización, Unidad Popular, fueron recibidos en audiencia oficial por quien aún era alcalde de Iguala, José Luis Abarca, para analizar la problemática de violencia política que sufría el municipio, luego de que en marzo de ese año fuera asesinado en su despacho otro líder social, el síndico Justino Carvajal.
Ese día, recuerda Rafael Ochoa, uno de los dirigentes campesinos presentes en la reunión, el ingeniero Arturo Hernández Cardona “le dijo a Abarca que lo hacía responsable de lo que le pudiera suceder a él, o a los compañeros de Unidad Popular, y es ahí cuando se molesta José Luis Abarca y le dice que no va a andarlo cuidando… en esa reunión, Abarca nos dijo que ya tenía unas máquinas que nos iba a prestar para hacer obras en las colonias que representábamos, pero que si queríamos nosotros paz, teníamos que estar de su lado, y cuando se le dijo que no se aceptaba esa condición, que nosotros no estábamos con él, Abarca nos respondió: ‘¿Ah sí? Pues si ustedes manejan gente, yo manejo jijos de la chingada’, y como vio que no le hicimos mucho caso, él remarcó: ‘O sea, si no entienden, yo tengo gente para matar'”. Por esta amenaza, destaca Rafael Ochoa, su organización presentó una denuncia ante el Ministerio Público, que no derivó en acción alguna.

Dos semanas después, el ingeniero Arturo Hernández Cardona y otros seis integrantes de Unidad Popular fueron raptados, minutos después de encabezar una protesta en la caseta carretera de Iguala, organizada para demandar la entrega de abono a campesinos. Tres días después, el 3 de junio de 2013, Hernández Cardona y tres de los campesinos con los que había sido secuestrado, fueron encontrados, muertos, en una fosa clandestina ubicada en el vecino municipio de Mezcala.

Ese mismo día en que los cuerpos fueron localizados, subraya Rafael Ochoa, “yo fui arrestado por la Policía Municipal, estaba en una colonia que antes se llamaba La Pradera, donde nuestra organización tenía bases, y todos fuimos desalojados por la fuerza, a mí me arrestaron, me sembraron un arma, me obligaron a sostenerla para que me tomaran fotos con ella, y me llevan al reclusorio… a otros compañeros, además, los torturaron ahí mismo, aplicándoles descargas eléctricas con un aparato… yo estuve detenido 20 horas, y luego, mediante el pago de una fianza, fui puesto en libertad. Inmediatamente después huí de Iguala, con toda mi familia.”

–¿Usted fue testigo directo de las amenazas de José Luis Abarca?

–Sí –responde Ochoa–, yo no puedo decir que él fue directamente quien jaló el gatillo, pero sí puedo afirmar, porque ahí estaba yo, que él nos advirtió que tenía gente para matar, esa fue su expresión, ‘yo tengo gente para matar’… de hecho, como el ingeniero Hernández Cardona lo encaró cuando nos dijo eso, la esposa de Abarca, la señora María de los Ángeles Pineda, que también estaba en la reunión, se puso en pie y quiso írsele a los golpes al ingeniero… tuvo que intervenir la regidora Sofía Lorena Mendoza para evitar que lo golpeara… en ese momento todos nos salimos del despacho de Abarca, y cuando íbamos saliendo nos volvió a gritar que no olvidáramos que él tenía ‘jijos de la chingada’ para lo que se le ofreciera.

A pesar de que Unidad Popular promovió ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero una denuncia contra Abarca por dichas amenazas, y a pesar de que éstas se cumplieron 15 días después, cobrando la vida del ingeniero Hernández Cardona y otros tres campesinos, el gobierno estatal, entonces aún encabezado por el perredista Ángel Aguirre, no emprendió ninguna acción en contra del alcalde igualteco.

En la misa línea, la Procuraduría General de la República (PGR) tampoco inició ninguna investigación, cuando esta denuncia fue presentada a nivel federal.

“Por eso –subraya Ochoa–, me parece muy raro que las autoridades estatales y federales se esperaran hasta el 26 de septiembre (de 2014) para hacer algo. O sea, tuvieron que desaparecer a 43 muchachos y tuvieron que ser asesinadas seis personas más, para que el gobierno se diera cuenta que sí, que José Luis Abarca asesinó a nuestro líder, el ingeniero Arturo Hernández Cardona, porque cuando encarcelaron a los Abarca no fue por la desaparición de los normalistas, sino que fue por el asesinato de Arturo… el gobierno federal y estatal dejaron pasar un año y cuatro meses, para iniciar una investigación contra el exalcalde y su esposa, por el asesinato de nuestro líder, que era una persona dedicada cien por ciento a defender a los pobres, y esta tardanza, claro, las autoridades no han querido explicarla. Si hubieran actuado de forma inmediata, tal como dicta la ley, los muchachos de Ayotzinapa seguramente no habrían sido desaparecidos por la Policía Municipal y estarían hoy tomando clases en su escuela.”

Cabe recordar que Abarca y su esposa (presidenta del DIF municipal, y aspirante a suceder a su esposo en la alcaldía de Iguala) pidieron licencia al cargo cuatro días después del ataque perpetrado por la Policía Municipal en contra de los estudiantes de Ayotzinapa, y ese mismo día se dieron a la fuga. Y, luego de un mes prófugos, la pareja fue detenida en el Distrito Federal, pero no por el secuestro de los 43 normalistas, sino por su presunto involucramiento en el asesinato del ingeniero Arturo Hernández Cardona.

No fue sino hasta el pasado 13 de enero de 2015 que la PGR fincó cargos a ambos por el ataque policiaL perpetrado contra los estudiantes, así como por su presunta vinculación con el cártel conocido como Guerreros Unidos, cuyos sicarios, hoy se sabe, participaron en el crimen contra los normalistas.

Para intentar conocer la forma en que este grupo criminal fue arraigando en Iguala, se consulta a distintos tipos de habitantes: agricultores, empresarios, líderes sociales, políticos, empleados. Y ya sea por verdadero desconocimiento o por expreso temor a represalias, nadie aventura una respuesta.

El mejor ejemplo es el del doctor Lázaro Mazón, exalcalde de Iguala en dos periodos, exsenador perredista por Guerrero, exsecretario de Salud del Estado, en el gabinete del hoy exgobernador Ángel Águirre. Mazón, además, fue quien presentó a José Luis Abarca ante la dirigencia del PRD, cuando éste comenzó su búsqueda de la candidatura perredista a la presidencia municipal de Iguala.

“Yo nunca he negado que conocí a José Luis Abarca –señala el doctor Mazón–, su mamá y mi mamá fueron amigas, pero yo no respondo por lo que hacen mis familiares ni mis amigos (…) Yo, por cuestiones de mi seguridad personal, he tratado de no escuchar pláticas que dicen esto y aquello, que el grupo rojo, que el grupo amarillo, que el grupo verde… yo trato de ni siquiera saber, yo escucho que los zetas, que los chacos y, creeme, yo no sé lo que es uno y lo que es otro, yo trato de no involucrarme ni saber de eso. Yo aprendí más de eso después de los balazos (el ataque policiaco contra los normalistas del 26 de septiembre), aprendí que había un grupo de Iguala llamado Guerreros Unidos, y que había un grupo llamado Los Rojos. Esa fue –remata– la primera vez que empecé a escuchar de ellos…”


Y así como él, muchos más en Iguala.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.

La desaparición forzada es el “pan nuestro de cada día” en Iguala: reportan 470 víctimas

Mujeres de Iguala, y municipios vecinos, se congregan en una Iglesia local para buscar a sus familiares, que son parte del grupo de personas desaparecidas en esa región en los últimos siete años.

Es martes por la mañana, y la iglesia de San Gerardo María Mayela está custodiada por una decena de camionetas artilladas de la Secretaría de Marina, cuyos tripulantes, con uniforme camuflado, cascos y chalecos antibalas, mantienen sus ametralladoras bien prendidas con ambas manos a la altura del pecho, siempre con un dedo cerca del gatillo. A pie, además, francotiradores de la Policía Federal hacen rondines alrededor del templo católico, portando rifles cuyo cañón es apenas más largo que sus miras telescópicas.

Éste es el templo erigido en Iguala en honor al “santo patrono de las madres y de los partos felices”. Y es también el lugar donde, desde noviembre de 2014, vienen congregándose lo mismo mujeres jóvenes que viejas, robustas o débiles, que deambulan, algunas erguidas y otras encorvadas, portando todas las mismas playeras negras que, sobre la espalda, rezan: “Mientras no te entierre, te seguiré buscando…”.

Ellas son las madres de 470 personas (sin contar a los 43 normalistas raptados por la policía de este municipio el pasado 26 de septiembre) que han sido desaparecidas en Iguala y las localidades vecinas en los últimos siete años. Son empleadas, amas de casa, campesinas, casi todas radicadas en México, pero las hay también que volvieron desde Estados Unidos, a donde emigraron hace años, sólo para buscar a sus hijos.

Muchas había callado su dolor todo este tiempo, por miedo a que el costo de denunciar fuese la pérdida de más hijos, y esa es, quizá, la razón por la cual, entre 2011 y 2014, sólo 27 privaciones de la libertad fueron denunciadas en el municipio, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Otras son madres que sí acudieron ante las autoridades para clamar ayuda, y que en respuesta obtuvieron amenazas, mentiras e impunidad. El desconsuelo, al final, es el mismo en unas y otras.


Leonor, por ejemplo, viene de Chiautla –localidad ubicada en Puebla, en la frontera con el estado de Guerrero–, donde su hijo, Marco Antonio Tapia Tapia, fue secuestrado el 14 de marzo de 2013 y por el cual se exigió un rescate de 3 millones de pesos.

El mismo día de su secuestro, a través de geolocalización, el teléfono celular de Marco Antonio, un maestro de telesecundaria que completaba su ingreso haciendo labores de albañilería y plomería, fue ubicado en Iguala, pero ninguna autoridad salió en su búsqueda.

Al presentar la denuncia ante la Procuraduría General de la República, rememora Leonor, “nos dijeron que no podían ir, que era un lugar muy peligroso, donde operaba un grupo criminal muy bien organizado… ‘no podemos ir nosotros’, decían los agentes, pero, eso sí, nos pidieron que mantuviéramos activo el teléfono, para que siguieran rastreando, y el teléfono siempre estaba en Iguala o en el municipio vecino de Eduardo Neri, o sea, los delincuentes que se llevaron a mi hijo ahí estaban, y seguían usando el teléfono que le quitaron… y total que por más de un año pagamos cada mes los recibos del teléfono, que llegaban de entre 600 y 700 pesos, esperando que las autoridades investigaran, y nunca quisieron hacer nada…”

Pero eso no fue todo, y Leonor enumera: “Las autoridades se tardaron seis meses en llamar a los testigos del secuestro para hacer el retrato hablado de los delincuentes, y para entonces, muchos detalles ya se les habían olvidado; además, en Puebla no quisieron tomarnos muestras de ADN porque nos dijeron que no había reactivos; tampoco se nos ha permitido ver el expediente de la investigación; y a mi nuera y mis nietas les quitaron el ISSSTE; la SEP también se niega a otorgarle la pensión a la familia de mi hijo, e incluso la mamá de mis nietas tuvo que devolver la última quincena que él cobró, porque ya no se presentó a trabajar, y ¿cómo se iba a presentar a trabajar, si los delincuentes se lo llevaron?”

Como Leonor, desde que el pasado 26 de septiembre fueron secuestrados 43 normalistas por la Policía Municipal de Iguala, a esta iglesia llegan todos los días madres, esposas, hijas, hermanas, y padres también, de personas desaparecidas en el municipio, y en todo el norte de Guerrero, con el anhelo de que las investigaciones realizadas por la autoridad para localizar a los normalistas permitan, también, hallar a sus seres queridos.

También todos los días, en punto de las 9:00 horas, de la iglesia de San Gerardo María Mayela parte un grupo de familiares hacia los cerros de Iguala, en busca de fosas clandestinas en las que el crimen organizado hubiera ocultado los restos de sus víctimas.

“Por supuesto, ninguno de nosotros éramos expertos en búsqueda de fosas –explica Citlali Miranda, del Comité de Familiares de Víctimas de Desaparición de Iguala, como se denominó este grupo de ciudadanos, arropado por la iglesia de San Gerardo–, pero poco a poco vamos agarrando experiencia, y trabajamos con lo que tenemos a nuestro alcance, porque la verdad es que las autoridades estatales no han tenido ninguna intención de ayudarnos: les pedimos herramientas, como barretas, palas, picos, vehículos o gasolina, y nos dicen que no les toca, que si ya están las autoridades federales metidas en el caso, que ellas nos resuelvan.”

Aún así, su labor ha sido tan efectiva que, de noviembre a la fecha, el Comité de Familiares ha logrado localizar 31 restos óseos inhumados clandestinamente en los cerros que rodean Iguala.

Se trata de “familiares que desde hace años esperan a sus hijos desaparecidos aquí, a sus esposos, a las hijas secuestradas junto con sus nietos –afirma el padre Óscar Mauricio Prudencio, párroco de San Gerardo–, y muchos de ellos han comentado que a sus hijos e hijas se los llevaron los militares, los policías, el crimen organizado, porque desde hace años es un secreto a voces la estancia de los grupos delictivos en Iguala, que se dedican a secuestrar, a vender la droga… con perdón de la expresión, ése es, para nosotros, el pan nuestro de cada día.”

Casi como una ironía, el padre Óscar recuerda que en 2013 fue enviado a Iguala “para estar yo más tranquilo”, luego de que en su anterior parroquia, ubicada en el municipio de Apaxtla de Castrejón, quedara atrapado en un enfrentamiento entre los cárteles de Guerreros Unidos y La Familia Michoacana, al dirigirse a un poblado rural para oficiar un bautismo.

De aquella balacera, recuerda aún afectado, debió huir corriendo por el monte, dejando atrás su camioneta incendiada en el camino, y de la que había sido arrastrado fuera por sicarios de Guerreros Unidos.

“Supuestamente yo iba a estar más tranquilo aquí, en Iguala, pero cuando llegué, a mediados de 2013, lo primero con lo que me enfrenté fue con una familia que vino a pedirme que celebrara misa para orar por la liberación de un hijo secuestrado, y luego vino otra familia, y luego otra, y luego vino más gente para solicitar una misa por la muerte de un joven también secuestrado… entonces, eso me impactó… después recibí la llamada de una persona que dijo ser comandante de Guerreros Unidos, reclamándome por no haber asistido a una reunión en la que supuestamente me esperaban, y yo le dije ‘mira, yo apenas vengo llegando a Iguala, no sé quién eres’, y él me respondió que tenía yo que dar una cuota de 10 mil pesos si no quería que nos atacaran, eso fue casi recién llegando, y en el año y medio que llevo en Iguala me han hablado otras tres veces con la misma amenaza, la última de ellas fue el pasado viernes (2 de enero de 2015)… yo, lo único que hago, es colgar”.

–¿Cómo era Iguala antes del 26 de septiembre, cómo era la seguridad y los servicios bajo la administración del exalcalde José Luis Abarca? –se pregunta al religioso.


–Yo, en lo personal, no tenía un buen concepto de él como gobernante –advierte el padre Óscar–, en cuestión de obras, no sé cuáles realizara, puedes darte cuenta cómo en las colonias de la periferia las calles están sin pavimentación, hay mucha basura, mucha gente se queja de que no hay agua o de que llega sucia. Yo llegué hace un año y algunos meses, así que el conocimiento que tengo sobe la autoridad municipal es lo que los feligreses me decían, y ellos me decían ‘cuídese, padre, de la policía’… y ahora que ha pasado lo de los muchachos de Ayotzinapa puedo darme cuenta de que lo que me decían era cierto, de quien había que cuidarse era de la autoridad…

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.

Jefes policiales de Iguala y Cocula entregaron a los normalistas: El Cepillo

MÉXICO, D.F: Felipe Rodríguez Salgado El Cepillo, miembro del grupo criminal Guerreros Unidos, declaró en la averiguación previa PGR/UEIDCS/871/2014 que el exsecretario de seguridad pública de Iguala Felipe Flores Velázquez, y el subdirector de policía del ayuntamiento de Cocula César Nava González le entregaron a los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Según dicho expediente, la noche del pasado 26 de septiembre los jefes policíacos entregaron a 40 jóvenes con la cabeza rapada y a tres más con el cabello largo; todos tenían las manos amarradas.

Antes de ser entregados al grupo criminal en el sitio conocido como Loma del Coyote, los estudiantes permanecieron varias horas sometidos por policías de Iguala y Cocula.

Este viernes el periódico La Jornada publica las declaraciones de El Cepillo, quien relató: “Me dijeron que un grupo de muchachos estaban atacando Iguala, que pretendían quedarse con la plaza y que me iban a entregar tres ‘paquetes’ (sicarios) de un grupo contrario (de Los Rojos), y me entregaron más”.

La orden de los superiores de El Cepillo fue “desaparecer” a los estudiantes. El sicario entrevistó por separado a tres normalistas que supuestamente le declararon pertenecer a una banda rival. Según la declaración, todos ellos le dijeron a Rodríguez Salgado que estaban inscritos en la citada escuela rural.

Cita el diario:

“Las investigaciones de la PGR que se presentaron ante los jueces contienen la declaración de El Cepillo y los testimonios de Jonathan Orozco y Agustín García Reyes para acreditar que el primero fue quien presuntamente dirigió el homicidio de los jóvenes; que dio la orden –por indicaciones de Sidronio Casarrubias y Gildardo López– para que incineraran los cuerpos y luego tiraran al río San Juan los restos. Las acusaciones en contra de los 99 detenidos en este caso constan de 83 tomos y más de 400 peritajes”.


El Cepillo está preso el Centro Federal e Readaptación Social Número 1, ubicado en el municipio mexiquense de Almoloya de Juárez.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Alemania ofrece ayuda a México para identificar a normalistas

MÉXICO, D.F: En medio de las denuncias por el presunto uso de armas alemanas en la agresión contra los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, el gobierno de ese país ofreció ayuda a su contraparte mexicana para contribuir a la identificación de las víctimas.

En la comparecencia pública conjunta que precedió a su reunión en Berlín con el canciller mexicano, José Antonio Meade, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, habló de la consternación que produjeron los hechos de Iguala en la sociedad alemana, y señaló que, “si es deseado, Alemania podría ayudar en las tareas de identificación”.

Asimismo celebró la forma “enérgica” en que la justicia mexicana ha trabajado para resolver el caso, encuadrado, a su juicio, dentro de los “retos” que tiene México ante sí.

Por su parte, Meade presumió en Berlín que los problemas de violencia en México han caído 25% desde 2011. Además, dijo que están desigualmente repartidos, ya que mientras algunos estados tienen tasas similares a las de Canadá, en otros son superiores a las de Colombia.

El canciller también rechazó que el acuerdo de cooperación en materia de seguridad que negocian México y Alemania, y que quedó en entredicho después de los sucesos ocurridos en Iguala, pueda provocar que información sensible que aporte la nación europea caiga en manos equivocadas al otro lado del Atlántico.

Según Meade, ese acuerdo afectaría exclusivamente a la policía federal mexicana, cuyos miembros han pasado “filtros de confianza”, y los problemas detectados en las fuerzas de seguridad del país, añadió, han sido de forma mayoritaria en el ámbito municipal.

En diciembre pasado, Amnistía Internacional (AI) instó al gobierno alemán a frenar la negociación de ese acuerdo bilateral en materia de seguridad con México, alegando que las fuerzas de seguridad del país torturan de forma “sistemática”.

El 25 de ese mismo mes, padres y familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, protestaron frente a la embajada de Alemania por el presunto uso de armas alemanas en la agresión contra los estudiantes.

Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, explicó que se utilizaron armas HK36 automáticas en el ataque contra los normalistas, pese a que Alemania, subrayó, tiene prohibido vender armas a estados con conflictos sociales como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua y Michoacán.

Días antes de la manifestación, medios alemanes –el TAZ y Die Zeit– dieron a conocer que armas Hecker & Koch fueron presuntamente utilizadas en el secuestro de algunos de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.


“Fueron confiscadas 228 armas de fuego del cuartel de policía de (Felipe Flores) Velázquez, 97 de los cuales eran rifles de asalto, algunos de fabricación italiana y otros estadunidenses, pero también 36 rifles G36 de Hecker & Koch. Esto se ve en una lista que hizo la Procuraduría”, reportó TAZ.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Asesor de los Abarca, entre los promotores de la marcha contra Ayotzinapa

(19 de enero, 2015).- A través de su página de Facebook, la empresa P.M. Representaciones Artísticas invitó a los habitantes de Iguala a manifestarse en contra de los normalistas de Ayotzinapa. “Lleva tu pancarta donde digas por qué estás cansado de sus marchas ‘pacíficas’.”

P.M. Representaciones Artísticas se fundó en 2013 y ha organizado eventos musicales en diferentes estados del país. Su director general, Pablo Morrugares, fue asesor del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y apoyó a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, durante su candidatura al consejo estatal del PRD.

El 22 de septiembre, cuatro días antes de la desaparición de los estudiantes, la compañía a cargo de Morrugares dedicó una de sus publicaciones a promocionar el Segundo el Informe de Labores de Pineda Villa como presidenta del DIF municipal.

Al día siguiente del ataque a los normalistas,  Morrugares, quien es reportero de El Diario de la Tarde, aseguró: “fue muy triste anoche haber cubierto toda la información periodística, el haber visto muertos tirados en la carretera como si fueran animales”. Sin embargo, cuatro meses después el empresario asegura que eso les pasó por “putos revoltosos”.

Ante las críticas recibidas por un usuario de la red social, quien lo cuestionó por sus opiniones, Morrugares respondió: “Qué idiota eres. A sus hijos les pasó eso por andar como tú de putos revoltosos y luego andan de maricas llorando. No sean jotos si se meten aguántense como machitos jaja (sic)”.

En un segundo comentario, Pablo Morrugares difundió una imagen de Omar García, estudiante de Ayotzinapa herido por militares del 27 Batallón de Infantería, con la leyenda: “Así te van a dejar por jotito jaja”.

El baile del prófugo

En octubre del año pasado, cuando José Luis Abarca ya era considerado prófugo de la justicia por su participación en la muerte y desaparición de los normalistas, Pablo Morrugares organizó un baile en la plaza de toros donde Gerardo Ortiz y Régulo Caro cantaron sus corridos.

Debido a la cercanía existente entre Morrugares y los Abarca, el concierto fue muy criticado, al igual que una presentación planeada para meses antes, donde P.M. Representaciones Artísticas contrató a El Komander para dar un concierto en Iguala.

En abril de 2014 la agencia Quadratín reportó que existían inconformidades por la presentación del músico integrante del Movimiento Alterado. En respuesta, las empresas encargas del evento publicaron un comunicado de prensa donde negaban la cancelación del evento, pues se contaba con todos los requisitos necesarios. Asimismo, se aclaraba que “los cantantes sólo detallan en sus canciones los hechos reales que acontecen en la vida cotidiana, por lo cual no tienen ningún significado especial”.

Finalmente, en un comentario personal Morrugares afirmó: “Nadie parará esta mega presentación -sólo Dios- ”.

Días después, la página Denuncia Ciudadana Iguala Guerrero publicó una carta dirigida al alcalde José Luis Abarca Velázquez donde solicitaban la cancelación del evento, ya que “la ciudad de Iguala y todos los municipios de la región Norte de Guerrero enfrentan una situación crítica en materia de seguridad (…) permitir la presentación de una artista que enaltece a quienes se involucran en asuntos como el narcotráfico (…) sería abonar a la descomposición social que actualmente enfrentamos”.


En contraste con esa declaración sobre la inseguridad, los manifestantes que ayer se reunieron en Iguala para protestar por el “oportunismo” de los normalistas afirmaron que en Iguala los delincuentes nunca se metían con ellos.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: PALOMA MONTES GARCÍA.

Zambrano refuta pago de Abarca, para ser candidato en Iguala

El ex presidente del PRD sostuvo que son falsas las acusaciones sobre un supuesto pago del ex alcalde, por lo que presentará una denuncia por "infamia".

El ex presidente del PRD, Jesús Zambrano, negó un supuesto pago de parte de José Luis Abarca, para convertirse en alcalde de Iguala, Guerrero.

Según una nota difundida por El Financiero, citando a “fuentes del PRD”, Abarca decía que había pagado dos millones de pesos a Zambrano, pero no aclara cómo ni cuándo, ni quién sostiene esa acusación.

Antes de ser alcalde, Abarca era un vendedor de sombreros y también se dedicaba a la venta de joyas, después se convirtió en uno de los más ricos del municipio, e incluso inauguró un centro comercial, cuyas operaciones aún continúan.

Actualmente, el ex alcalde de Iguala se encuentra preso y está acusado de ser el autor intelectual del ataque y desaparición de normalistas de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre.


El ex presidente del PRD, Jesús Zambrano señaló que las acusaciones son falsas y que va a presentar una denuncia por infamia.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Detienen al “Cepillo”, de Guerreros Unidos, por normalistas desaparecidos de Ayotzinapa

Se trata de un cercano colaborador de Gildardo López Astudillo, "El Gil", operador de Guerreros Unidos y quien es señalado de recibir a los estudiantes de manos de policías municipales de Iguala y Cocula.

Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, presunto sicario del grupo delictivo ‘Guerreros Unidos’, fue detenido por elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal, pues supuestamente está implicado en el secuestro y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en los hechos ocurridos el pasado 26 y 27 de septiembre, en Iguala, Guerrero.

Las autoridades lo identifican como operador de Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, quien es un presunto lugarteniente del máximo líder de esa organización criminal, Sidronio Casarrubias Salgado; éste último está preso.

Según las investigaciones de la PGR, “El Gil” fue quien coordinó la desaparición de los 43 jóvenes normalistas tras contar con la aprobación de Sidronio Casarrubias.

La captura de Felipe Rodríguez -de acuerdo con información de Noticias MVS- habría ocurrido la madrugada de este viernes en el municipio de Jiutepec, Morelos. Tras ello, fue puesto a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) para que rinda su declaración sobre el caso de los normalistas.

Hasta el mediodía de este viernes, las autoridades federales no han proporcionado mayor información sobre la captura de “El Cepillo”.

El procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dijo em noviembre que “El Cepillo” fue quien ordenó a los miembros de Guerreros Unidos quemar la ropa de los normalistas. Aquí la narración que el procurador hizo en aquel momento:

Sidronio Casarrubias Salgado, líder de ese grupo criminal,  fue contactado por su lugarteniente de nombre Gildardo López Astudillo, conocido como “El Gil”, quien le informó vía mensaje celular, los conflictos que se estaban suscitando en Iguala, atribuyéndoselos al grupo delictivo contrario. Casarrubias Salgado fue quien avaló las acciones para, entre comillas, defender su territorio. 

(…)

Los últimos tres detenidos declaran que en la brecha que lleva al paraje Loma de Coyote, recibieron de los policías municipales a un número de personas que no pueden precisar con exactitud, pero que uno de los detenidos estimó en su declaración, en más de 40 personas, esta es parte de su declaración. 

Como observamos en el mapa, en lugar de tomar el camino a Pueblo Viejo, lugar que fue en primera instancia señalado por la Fiscalía del Estado de Guerrero, los detenidos señalan que tomaron la carretera con dirección a Cocula, para posteriormente dirigirse al basurero de ese municipio. Declaran también que los subieron a un vehículo con capacidad de carga de 3.5 toneladas y a otra camioneta de carga menor. En estos vehículos los condujeron al basurero señalado, que es un barranco oculto a la vista y que para entrar a él se tiene que abrir una reja que limita el acceso al público o al predio. 

En pantalla pueden apreciarse las imágenes de las camionetas utilizadas en el basurero de Cocula. Uno de los delincuentes, quien tenía designada la función de “halcón” informante, declara haberlos visto pasar por el punto en que tenía él la encomienda de vigilar. Dos de los detenidos declaran que algunas de las personas que trasladaron al basurero de Cocula llegaron o sin vida o inconscientes y que los otros fueron interrogados por integrantes del grupo criminal para determinar quiénes eran y las razones de su llegada a Iguala. Después de estas imágenes veremos las imágenes de esta declaración. 

Los documentos, los detenidos perdón, señalan que en ese lugar privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero, donde quemaron los cuerpos; hicieron guardias y relevos para asegurar que el fuego durara horas, arrojándole diesel, gasolina, llantas, leña, plástico, entre otros elementos que se encontraron en el paraje. El fuego, según declaraciones, duró desde la media noche hasta aproximadamente las 14 horas del día siguiente, según uno de los detenidos y otro dice que hasta las 15 horas del día 27 de septiembre. 

Por el calor que desprendía el área, los delincuentes no pudieron manipular los restos de los cuerpos, sino hasta cerca de las 5 y media de la tarde, según sus propias declaraciones. Cuando los peritos analizaron el lugar, encontraron cenizas y restos óseos que por las características que tienen, corresponden a fragmentos de restos humanos. También aquí están las imágenes


Después de la conferencia de prensa el 7 de noviembre, Murillo dijo que al acudir al basurero de Cocula, “al principio me confundí, porque vi algunas ropas, pedí que lo revisaran todo, pero luego ya me enteré que habían quemado todo. Dice uno de ellos que el líder, un tipo que le dicen El Cepillo —que todavía no está detenido— los obligó a quemar la ropa que ellos traían puesta, para que no quedara huella de nada”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

CNDH busca revisar cuartel militar en Iguala, junto con padres de Ayotzinapa

Las visitas (al cuartel o los cuarteles) tienen que ser en función de la propia necesidad de la investigación, indicó el ombudsman.

La CNDH invitará a los padres de familia de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, a asistir juntos al cuartel militar en Iguala, Guerrero.

El presidente de la comisión, Luis Raúl González Pérez, dijo esta mañana en Noticias MVS primera emisión:

“Nos hemos enterado que se va a invitar a la CNDH, esperaremos la invitación formal, para acudir al cuartel de Iguala, nosotros desde luego lo haremos y desde luego buscaríamos ir acompañados de una representación de padres de familia… A mí me gustaría que lo hiciéramos juntos (la visita).

Yo invitaría a los representantes de los padres de familia y que fuera una visita ordenada, de manera pacífica, que podamos realmente cumplir con el objetivo que se busca… yo transmitiré a los padres de familia el que pudiéramos ir juntos, pero repito, de manera ordenada… y que no se diera en un contexto donde hubiera desorden”, dijo en entrevista para MVS Radio.

El ombudsman pidió que se visiten los cuarteles militares “que se tengan que visitar”.

“Yo me pronunciaría porque fuera de inmediato la visita (al cuartel de Iguala) si se puede hoy mismo, hoy mismo”, dijo. “Yo quisiera ir acompañado de los padres de familia”, insistió.

“Pero hago un exhorto a que (la visita) sea de manera ordenada y pacífica, sin ningún acto de violencia… ante ese reclamo legítimo de conocer y de ver, ante la duda que se tiene de que hay (estudiantes) dentro del cuartel, y la apertura que está mostrando la Secretaría de la Defensa Nacional… y que se documente lo que sucede al interior de este cuartel”, apuntó.


“Si se puede hoy, hoy”, urgió. “Yo estaría porque fuera hoy mismo, ojalá logremos ponernos de acuerdo con las autoridades y padres de familia”.

ENTREVISTA:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Nueva orden de captura contra exedil de Iguala por secuestro de normalistas

MEXICO, D.F: El director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, anunció esta noche una nueva orden de captura en contra del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, por el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

En rueda de prensa tras la reunión en la sede de la PGR con los padres de familia de los estudiantes desaparecidos, Zerón también sostuvo que se logró acreditar la relación de María de los Ángeles Pineda con el grupo criminal Guerreros Unidos.

Poco después, la PGR destacó en un comunicado que los cuarteles militares “están abiertos a todos los ciudadanos”, condicionado a un ingreso ordenado y con respeto a sus instituciones, luego de que los padres de los normalistas han expresado su interés en visitar las instalaciones castrenses.

No obstante, Zerón de Lucio insistió en que de ninguna de las declaraciones tomadas hasta el momento se desprende que elementos del Ejército o personal de corporaciones federales hayan participado en la detención y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Los funcionarios también expusieron a los familiares las líneas de investigación, destacando la exposición de peritajes y dictámenes científicos.

Incluso, se presentó a los padres de los jóvenes desaparecidos un video donde se detalló paso a paso el resultado de las investigaciones, material que “en su momento” será a dado a conocer a los medios.


El funcionario de la PGR resaltó que a la fecha hay 97 detenidos y 45 personas con órdenes de aprehensión, entre ellos las dictadas a Abarca Velázquez y su esposa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Iguala se calienta

Padres de los normalistas desaparecidos se enfrentaron ayer con militares en Iguala; aseguran tener pruebas de que soldados participaron en los hechos del 26 de septiembre.

En Iguala, la violencia no cesa. Elementos del 27 Batallón de Infantería se enfrentaron ayer con normalistas y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos cuando estos ingresaron al cuartel general para exigir la presentación con vida de los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Aproximadamente a las 13:45 horas, de acuerdo con Milenio, los inconformes arribaron a Iguala y se dirigieron hacia la zona militar, que ya estaba resguardada con vallas de metal y alambradas, para exigir justicia.

Mientras los padres daban un discurso en el que denunciaban que tenían pruebas de que los soldados de ese batallón intervinieron en los hechos del 26 de septiembre, estudiantes lograron abrir la puerta del cuartel general, por lo que la policía militar formó un cerco para evitar su ingreso.

Sin embargo, minutos después los padres lograron burlar la seguridad e ingresar al interior del cuartel.

Una vez dentro, los militares efectuaron detonaciones de petardos para intentar dispersar la movilización, pero solo consiguieron que los manifestantes intensificaran su embate.

Durante la gresca, miembros de las fuerzas castrenses e inconformes se agredieron con piedras y palos. Asimismo, ambos bandos utilizaron los contenidos de un camión de cerveza que habían tomado los manifestantes. 

Según detalla Milenio, aproximadamente a las 14:15 horas la confrontación cesó cuando los normalistas se replegaron hacia sus autobuses y los soldados se atrincheraron en la entrada del cuartel.

En Chilpancingo también

De forma similar, familiares de los estudiantes e integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) realizaron una protesta en la 35 Zona Militar para pedir la presentación con vida de los normalistas. 

Una comisión de padres llegó hasta la entrada de la zona militar para exigir que se abran los cuarteles, ya que, según sus testimonios, ahí es donde se encuentran los estudiantes. 

Pese a que los familiares llamaron a no caer en provocaciones, algunos manifestantes arrojaron piedras a los elementos antimotines ahí presentes. También quemaron una camioneta. 


Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido horas atrás en Iguala, en Chilpancingo no hubo confrontación con las fuerzas castrenses.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

Juez dicta formal prisión a esposa de ex alcalde de Iguala

María de los Ángeles Pineda Villa es esposa del ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca -acusado de vínculos con la delincuencia organizada-, y se encuentra presa en el Centro Federal Femenil "Noroeste" de Tepic, Nayarit.

Un juez federal dictó auto de formal prisión a María de los Ángeles Pineda Villa, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, en la hipótesis de ilícitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilegal.

El Consejo de la Judicatura Federal informó en un comunicado que el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, Estado de México, dio a conocer el auto de formal prisión en la causa penal 105/2014.

Dicha instancia indicó que, según las pruebas aportadas, de manera probable Pineda Villa se adhirió al grupo delincuencial conocido como “Guerreros Unidos” por lo menos desde el año 2005 a la fecha de su detención en noviembre de 2014.

La señora daba protección y apoyo económico para lograr los fines del grupo criminal mediante la compra de bienes muebles e inmuebles, trasladando e invirtiendo dinero producto de la venta y distribución de droga en Guerrero y otros estados en los que el cártel tiene presencia.

Agregó que la autoridad jurisdiccional tomó en cuenta que sus declaraciones de ingresos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de 2009 a 2012, presentan una diferencia de ingresos no comprobables de tres millones 286 mil 641 pesos.


En el periodo de 2009 a 2014, a través de cuatro cuentas bancarias recibió depósitos por 13 millones 722 mil 849 pesos, recursos que, con probabilidad, procedían ilícitamente del grupo delictivo en mención, subrayó el órgano jurisdiccional.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Niegan amparo a esposa de Abarca

MÉXICO, D.F: María de los Ángeles Pineda seguirá en prisión, luego de que el Juzgado Cuarto de Distrito le negó la protección de la justicia federal contra actos de autoridad.

El pasado lunes, la esposa del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, tramitó un amparo con el argumento de que durante su detención y arraigo –por 60 días—fue objeto de “ataques a su libertad personal fuera del procedimiento judicial e incomunicación”, por lo que exigió su inmediata liberación.

Sin embargo, el juez de amparo negó la existencia de los actos reclamados por la solicitante al no aportar elementos de prueba suficientes para probar sus dichos.

María de los Ángeles Pineda fue consignada la semana pasada por la Procuraduría General de la República (PGR) por los presuntos delitos de delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. En el pliego de consignación la PGR no incluyó la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa.


Actualmente la esposa de Abarca se encuentra recluida en el penal federal de Nayarit.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sedena: en los cuarteles no hay crematorios; Los Pinos: el Ejército no estuvo en Iguala

La Presidencia de México y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) salieron este miércoles a negar la participación de las fuerzas castrenses en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, hace más de tres meses.

Eduardo Sánchez Hernández, Vocero del Gobierno mexicano, dijo que “son total y absolutamente falsas” las “afirmaciones” que involucran a elementos del Ejército Mexicano en la desaparición de los estudiantes. Por su parte, en una carta a la prensa, la Sedena niega que los cuerpos hayan sido quemados en cuarteles militares como lo afirma un grupo de científicos y padres de los normalistas.

Las versiones de que el Ejército participó en los hechos, como lo sugieren padres de familia y organizaciones civiles “son total y absolutamente falsas. No hay ningún dato y, mucho menos, una prueba que sugiera ello. No existe el más mínimo indicio que pueda referir la participación de algún miembro del Ejército mexicano en estos hechos”, dijo Sánchez Hernández en entrevista con el diario español El País.

En tanto, el director general de Comunicación Social de la Sedena, el General Brigadier Martín Terrones Calvario emitió una aclaración en la prensa sobre “la hipótesis científica que se centra en los crematorios del Ejército y en privados”.

“Al respecto, le hago saber que ninguna instalación militar del país cuenta con crematorios”, dice la aclaración dada a conocer este día.

Un grupo de científicos, así como miembros de la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG) y el abogado del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa coinciden en que el Ejército mexicano fue copartícipe en los hechos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre pasados en Iguala y que, incluso, hay sospechas fundadas de que incineró a los jóvenes estudiantes en sus hornos crematorios, por lo que exigen una investigación del personal castrense que opera en la zona.

José Félix Rosas Rodríguez, miembro de la UPOEG de Tecoanapa, Guerrero, está seguro de que los militares desaparecieron a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en los hornos crematorios que tienen en Chilpancingo, la capital del estado. VER ADEMÁS: ¿QUEMARON MILITARES A LOS 43 EN HORNOS?

“No tenemos la sospecha. Tenemos el conocimiento de que efectivamente los militares participaron. Consideramos que sí fueron cremados. Los que presenta la PGR [Procuraduría General de la República] como responsables de haberlos quemado en el basurero de Cocula, son de bajo perfil, esos no fueron. El Ejército tiene hornos en Chilpancingo, hay militares que nos han confirmado y hay gente que quiere hablar y decir”, afirmó Félix Rosas en entrevista con SinEmbargo.

El promotor de la UPOEG aseguró que hay un Sargento que les informó que todo el destacamento del Ejército de Iguala fue cambiado a otro lugar, después de los hechos del 26 de septiembre.

Félix Rosas es originario de Tecoanapa, el pueblo al que pertenecen ocho de los 43 jóvenes desaparecidos, entre ellos Alexander Mora Venancio, quien fue identificado por un molar y un hueso de dos centímetros de entre los restos que la PGR recogió entre el basurero de Cocula y el Río San Juan.

La certeza de los comunitarios de ese poblado sobre la participación del Ejército en la desaparición de los jóvenes, se sustenta también en dos llamadas y mensajes de texto que los normalistas enviaron a sus familias.

Sobre estas versiones, el Vocero del gobierno mexicano dijo que “quienes han hecho estas imputaciones lo han hecho con una enorme ligereza y ninguno de ellos ofrece no digamos una prueba, el más mínimo dato”.

Sanchéz Hernández comentó que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los normalistas “se ha llevado a cabo bajo los más altos estándares de investigación a nivel internacional”.


“Se han consultado laboratorios de medicina forense e identificación genética de Innsbruck, en Austria. En este sentido, no hemos reparado en cualquier apoyo técnico y tecnológico. La investigación está en etapa conclusiva”, refirió el funcionario federal.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-01-2015/1210874.

¿Quemaron militares a los 43 en hornos? Científicos, testigos y abogado sospechan

Un grupo de científicos, así como miembros de la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG) y el abogado del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa coinciden en que el Ejército mexicano fue copartícipe en los hechos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre pasados en Iguala y que, incluso, hay sospechas fundadas de que incineró a los jóvenes estudiantes en sus hornos crematorios, por lo que exigen una investigación del personal castrense que opera en la zona.

José Félix Rosas Rodríguez, miembro de la UPOEG de Tecoanapa, Guerrero, está seguro de que los militares desaparecieron a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en los hornos crematorios que tienen en Chilpancingo, la capital del estado.

“No tenemos la sospecha. Tenemos el conocimiento de que efectivamente los militares participaron. Consideramos que sí fueron cremados. Los que presenta la PGR [Procuraduría General de la República] como responsables de haberlos quemado en el basurero de Cocula, son de bajo perfil, esos no fueron. El Ejército tiene hornos en Chilpancingo, hay militares que nos han confirmado y hay gente que quiere hablar y decir”, afirmó Félix Rosas en entrevista con SinEmbargo.

El promotor de la UPOEG aseguró que hay un Sargento que les informó que todo el destacamento del Ejército de Iguala fue cambiado a otro lugar, después de los hechos del 26 de septiembre.

Félix Rosas es originario de Tecoanapa, el pueblo al que pertenecen ocho de los 43 jóvenes desaparecidos, entre ellos Alexander Mora Venancio, quien fue identificado por un molar y un hueso de dos centímetros de entre los restos que la PGR recogió entre el basurero de Cocula y el Río San Juan.

La certeza de los comunitarios de ese poblado sobre la participación del Ejército en la desaparición de los jóvenes, se sustenta también en dos llamadas y mensajes de texto que los normalistas enviaron a sus familias.

Se trata de Abel García Hernández, quien llamó a sus padres para informarles la madrugada del 27 de septiembre que se encontraba en un hospital, en compañía de Alexander Mora Venancio y Dorian González Parral.

De acuerdo con José Félix, el joven aseguró que fueron militares quienes los sacaron del hospital y los entregaron a la Policía Municipal de Iguala.

Otra de las evidencias son dos mensajes de texto que envió Jorge Luis González Parral, hermano de Dorian González.

“Este chico envió mensajes de que los militares les estaban recogiendo los celulares y que él fue en busca de su hermano Dorian, que se entregó porque lo tenían los militares”, dijo.

El comunitario aseguró que desde hace tiempo los padres y los abogados del caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, han solicitado a la PGR que abra una línea de investigación sobre la participación del Ejército en esa masacre.

Por su parte, el abogado de las familias y defensor del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, aseguró que  los padres de los normalistas solicitaron esa línea de investigación.

“Hay un conjunto de elementos que indican que se debe abrir una línea de investigación en torno al Ejército. Por la actuación de antes del 26 y 27 de septiembre y por ese día”, dijo.

Vidulfo Rosales afirmó que una semana antes de los hechos, fueron elementos del Ejército quienes amenazaron a los estudiantes de Ayotzinapa que realizaban una colecta en Iguala.

“No podemos creer que el Ejército no sabía de los nexos de [José Luis] Abarca con los Guerreros Unidos. En Iguala era pública la actividad del Alcalde y su esposa. Sabemos que el Ejército hacía eventos y el Alcalde era invitado, y que el Ejército participaba en actividades públicas del Alcalde”, explicó.

El abogado indicó que desde hace tiempo existe la solicitud para que la PGR investigue al Ejército, sin éxito.

EL GOBIERNO NO LO HA NEGADO

Para Jorge Antonio Montemayor Aldrete, investigador titular del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) –uno de los científicos que desmintió en diciembre la hipótesis de la PGR de que los jóvenes fueron cremados en el basurero de Cocula–, las autoridades mexicanas deben abrir una línea de investigación en torno a la posible cremación de los 43 en hornos del Ejército o privados.

“Nosotros hicimos notar con precisión y claridad que es absolutamente imposible que fueran cremados en el basurero de Cocula los 43 cadáveres. Lo han retomado en otros países desde el 12 de diciembre que lo dimos a conocer, pero hasta la fecha la PGR no ha dicho ‘esta boca es mía’, ni para desmentir el análisis, porque no podría; ni para decir que deben abrir otra línea de investigación”, dijo.

El investigador de la UNAM expuso que la autoridad debe autorizar una revisión de las bitácoras de los días de los hechos de Iguala, de los hornos crematorios privados y del Ejército.

“La facturas para ver cuánto gas estuvieron comprando los hornos del Ejército y privados y contrarrestar con las facturas de las compañías de gas y con las declaraciones a la Secretaría de Hacienda de esas compañías”, detalló.

El científico insistió en que para cremar 43 cuerpos debieron utilizarse 53 kilogramos de gas por cadáver. Es decir, unas dos toneladas de gas.

Esta línea de investigación se desprende de forma natural, debido a que la hipótesis de la PGR sobre la cremación de los estudiantes en un basurero, está falta de elementos, aseguró.

En diciembre, Jorge Antonio y otros cuatro científicos de la UNAM y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) aseguraron que la PGR mintió: es imposible científicamente la cremación en el basurero de Cocula, debido a que para realizar la cremación de 43 cadáveres se requiere de algo más que leña y llantas. Hacen falta, en definitiva, hornos crematorios.

“Es imposible que hayan sido quemados en el basurero de Cocula, y la autoridad está en un serio problema porque si no se quemaron en Cocula, ¿quién los quemó y en dónde se quemaron?”, dijo Jorge Antonio Montemayor Aldrete, investigador titular del Instituto de Física de la UNAM.

Para cremar 43 cuerpos se requieren 33 toneladas de troncos de árboles de cuatro pulgadas de diámetro y 995 llantas que contienen 2.5 toneladas de acero. De acuerdo con los científicos, para que el acero se derrita y los cuerpos se reduzcan a cenizas se debe alcanzar entre mil 425 y mil 540 grados centígrados.

“Hay estudios científicos de 2011 que dicen que si la temperatura es de 800 grados centígrados, no quedan trazas de material orgánico, entre ellos cadenas de ADN. Para que quede un hueso debe ser en una zona donde no hubo mucho calor”, explicó Montemayor Aldrete.

Según el estudio, las 33 toneladas de troncos deben estar secos. Esa cantidad cabe en dos trailers para su traslado.

“No estamos hablando de ramitas, sino de troncos cortados y lisos, ¿quién vende troncos en esa región, ¿a quiénes les vendieron en esos días? Además para poder hacer esa cremación de la que hablan, los asesinos tendrían que ser ingenieros o pasantes de ingenieros para hacer muchos cálculos. Esa versión de la PGR es muy incriminatoria porque estarían involucras muchas personas. Para empezar la compra de la madera debía ser con tres, o cuatro días de anticipación, entonces estaríamos hablando de premeditación, alevosía y ventaja del Estado en contra de los estudiantes”, dijo el científico.

Pablo Ugalde Vélez, experto en materiales y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco y egresado de la UNAM, los cálculos científicos se pueden realizar sin la necesidad de acudir al basurero de Cocula.

“Si el acero se fundió a mil 500 grados no debe haber residuos y no está fundido porque en las fotos hay alambre, esas temperaturas no se alcanzaron. Además, con una cremación de ese tamaño debería haber piedras fracturadas y manchadas de negro, los padres aseguran que no hay tal cosa en el basurero”, detalló.

Además para cremar un cuerpo se requieren 53 kilogramos de gas: “Si los cuerpos se hubieran quemado con puras llantas para reducirlos a los restos mostrados por la PGR se hubieran necesito 995 llantas de autos pasajeros. La hipótesis de que fueron quemados en el basurero de Cocula no tienen ningún sustento en hechos físicos o químicos naturales”, expone el estudio.

La cremación de 43 cadáveres en esas condiciones, emitiría una columna visible  de humo denso desde varios kilómetros a la redonda.

Los residuos de huesos y cenizas de leña pesarían 333 kilogramos, de los cuales 116 corresponderían a restos humanos. El material se empacaría en 12 bolsas de 25 kilos cada una.

Los científicos argumentaron que el análisis que ellos realizaron, lo puede hacer cualquier científico, ingeniero o técnico de áreas de química, física, ingeniería térmica o ingeniería militar.

“El análisis realizado, desde el punto de vista técnico, bien podría haber sido llevado a cabo por peritos de la PGR, es altamente probable que no lo hayan realizado o no se haya dado a conocer por motivaciones políticas o temor a posibles represalias por parte del Estado”, dijo Montemayor.

El científico aseguró que están en contacto con los padres y abogados de los 43 jóvenes normalistas.

“Tenemos contacto con ellos, no tiene caso decir con qué personas. Tiene que abrirse otra línea de investigación porque el fiscal acusador, Jesús Murillo Karam [Procurador General de la República], salió en defensa de la hipótesis del Estado que es falsa. El problema es que hay un huesito y un molar y se identificó a uno de los 43. ¿Quién le dijo a Murillo que habría unas bolsitas con cenizas en el río San Juan? Es lo que nos tiene que decir”, expuso.

FUENTE: SIN EMBARGO.

AUTOR: Shaila Rosagel.

LINK: http://www.sinembargo.mx/06-01-2015/1209087.