La PGR interna a esposa de Abarca en un penal de Nayarit

MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) internó a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exedil de Iguala José Luis Abarca, en el módulo femenil del penal federal de El Rincón, Nayarit, para cumplimentar una orden de aprehensión girada por el Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México por delincuencia organizada.

Fuentes federales informaron que Pineda Villa fue internada ayer debido a su relación con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva y la organización criminal “Guerreros Unidos”.

La esposa de Abarca fue internada después de que venciera el segundo arraigo concedido por un juez, por lo que ayer debió dejar las instalaciones del Centro Nacional de Arraigos de la PGR.

En octubre pasado la PGR acusó a la pareja de ser los autores intelectuales de la desaparición de 43 normalistas de la escuela rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, por lo que la dependencia giró orden de aprehensión contra ambos.


María de los Ángeles Pineda Villa es hermana de Mario y Alberto, de idénticos apellidos, quienes fueron asesinados en 2009 por traicionar a su jefe, Arturo Beltrán Leyva “El Barbas”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La pira que no se vio ni desde el aire

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MÉXICO, D.F: Una bitácora de vuelo contribuye a derribar la versión difundida el pasado 7 de noviembre por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, de que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre fueron incinerados el 27 de septiembre en un basurero de Cocula.

Un experimentado piloto militar que trabaja en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero y quien durante 10 años laboró para la PGR, voló ese día sobre Iguala y sus alrededores para buscar a los estudiantes desaparecidos.

De acuerdo con su bitácora, el vuelo tuvo lugar justo en las horas en las cuales, según el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), habría una inmensa hoguera donde eran calcinados los cuerpos de los estudiantes en el basurero de Cocula, a menos de 30 kilómetros de Iguala. Pero el piloto reportó “sin novedad”.

Según la conferencia de prensa de Murillo Karam el pasado 7 de noviembre, Patricio Reyes Landa, El Pato; Jonathan Osorio Gómez, El Jona y Agustín García Reyes, El Chereje, supuestos miembros de Guerreros Unidos, confesaron que mataron y quemaron a los 43 estudiantes desaparecidos. Con llantas, madera, gasolina y diésel hicieron una inmensa pira que ardió entre la medianoche del 26 de septiembre hasta las 15:00 horas del día siguiente.

No fue sino hasta las 17:30 horas del 27 de septiembre cuando supuestamente pudieron manipular los restos, ponerlos en ocho bolsas negras de basura y tirarlos al río San Juan, donde después habrían sido encontradas por la Policía Federal.

Pero ese mismo 27 de septiembre, entre las 12:00 y las 13:06 horas el helicóptero UH-1H matrícula XC-LLC de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, como parte del operativo de búsqueda de los estudiantes desaparecidos, voló a 350 pies –altura considerada baja en la aeronáutica civil– sobre la cabecera municipal de Iguala y sus alrededores . Pero luego de una hora de vuelo el reporte fue: “Sin novedad”.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1990, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER

La noche de Iguala: el encubrimiento

MÉXICO, D.F: La estrategia de ocultamiento, mentiras, descalificación a investigaciones periodísticas y exoneraciones por adelantado al Ejército y a la Policía Federal (PF) por el caso Ayotzinapa recuerda a la urdida por el gobierno federal en el caso Tlatlaya, cuando militares ejecutaron de manera extrajudicial a 21 presuntos delincuentes en esa localidad del Estado de México.

Durante semanas, meses, autoridades estatales y federales tergiversaron y/o negaron una y otra vez los hechos, hasta que una investigación periodística y la presión internacional orillaron al gobierno de Enrique Peña Nieto a emprender una indagatoria creíble, y más tarde –muy tarde– a aceptar la responsabilidad de efectivos de las Fuerzas Armadas en aquella masacre y su final enjuiciamiento.

Ahora, en el caso Ayotzinapa, el empecinamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) en darle carpetazo deja ver la misma fórmula: el encubrimiento y la eventual impunidad de más posibles responsables.

La investigación publicada en el número 1989 de Proceso con el encabezado La historia no oficial mostró que la PF participó activamente en el ataque contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa la noche del pasado 26 de septiembre y madrugada del 27, con la complicidad del Ejército; que contra lo dicho por el gobierno federal, éste sí tuvo conocimiento de los hechos en tiempo real por conducto de los funcionarios federales adscritos a los C4 de Chilpancingo e Iguala, y que al menos cinco de los supuestos miembros de Guerreros Unidos usados por la Procuraduría General de la República (PGR) para dar forma a la versión oficial contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y la policía de ese municipio, fueron torturados antes de rendir sus declaraciones.

El martes 16, tras la publicación del reportaje y en entrevista con Carmen Aristegui para CNN en Español, el procurador general Jesús Murillo Karam declaró lo siguiente sobre el papel de la PF el 26 de septiembre en Iguala: “… Sí, del conocimiento de que había una manifestación (presencia de los estudiantes en la caseta 3 de la carretera Chilpancingo-Iguala), sí, claro. De que estaban (la PF) del lado de la caseta, sí, claro. Eso todo está en la averiguación; pero eso no implica que hayan participado de ninguna manera”.

En su conferencia de prensa del 7 de noviembre último, el funcionario había afirmado: “El grupo de jóvenes subió a bordo de dos camiones Estrella de Oro de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, rumbo a la entrada de la ciudad de Iguala. Posteriormente, se trasladaron a la terminal de autobuses, donde tomaron otros dos camiones de otra empresa.

“El expresidente municipal de Iguala, quien tenía designada en la comunicación interna de la Policía Municipal el código A5, fue quien dio la orden a los policías municipales de contener a las personas que viajaban en esos cuatro camiones, según declara el propio operador de radio de la central de la Policía Municipal de Iguala, David Hernández Cruz, y la ratifica uno de los vigilantes que ellos conocen como halcones, que recibía comunicación. Es en este mismo evento, como se ha informado, que los policías municipales de Iguala privaron de la vida a tres normalistas.”

En su anuncio de conclusiones del caso Iguala, el procurador no informó que desde las 20:00 horas seis policías federales, a bordo de tres patrullas, monitorearon a los normalistas de Ayotzinapa. Tampoco informó que éstos eran vigilados por los gobiernos estatal y federal desde las 17:59 horas, cuando salieron de su escuela rumbo a Iguala, por el C4 de Chilpancingo, donde hay presencia de representantes de las policías Federal, Estatal, Municipal de Chilpancingo y del Ejército.

El mismo martes 16, Murillo Karam le declaró a Carmen Aristegui: “Después de haber oído la respuesta de la Policía Federal que viene hoy en La Jornada, me queda claro que no hay modo de suponer la actuación de la Policía Federal”, lo que indica que la PGR deslindó a la PF sin haber llamado a declarar a los efectivos de esa corporación.


(Fragmento del reportaje principal que se publica en la revista Proceso 1990, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER

Crean Oficina Especial para caso Ayotzinapa

Con José Trinidad Larrieta la dependencia buscará detectar conductas u omisiones violatorias de derechos humanos en el caso.

Aunque la efervescencia de las manifestaciones y protestas por el caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi tres meses parecen haber bajado de intensidad, los expedientes en la CNDH se siguen acumulando.

Familiares de los estudiantes, el Comité de Ayotzinapa y organizaciones de derechos humanos aseguran que han sido presa de estigmatización y criminalización por parte del Estado mexicano.

En respuesta, la CNDH creó una Oficina Especial para el caso Iguala, y nombró como titular a José Trinidad Larrieta.

El titular de esta nueva oficina tendrá como principal función detectar conductas u omisiones violatorias de derechos humanos en que algunas autoridades pudieron incurrir antes, durante y después de esa noche del 26 de septiembre en Iguala.

Trinidad Larrieta también buscará mantener comunicación directa con los padres de normalistas desaparecidos y sus representantes, así como con las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales y grupos defensores de derechos humanos que los acompañan.

‘Ojalá y nunca aparezcan’

Una nueva razón para indignarse apareció en las redes hace días. Karina Dimayuga Rodríguez, quien presuntamente es militante del PRD, escribió en su cuenta de Facebook un comentario que encendió las redes.

“Ojalá y nunca aparezcan esos 43 disque estudiantes”, señaló.

Su comentario se generó después de que supuestamente maestros de la CETEG entraron de manera violenta en su oficina.

“Ahora sí me hicieron sentir en carne propia esos dichosos desalojos de los cetegistas, entraron a mi oficina con violencia, gritándonos, arrancando cosas y haciendo desmadre... Y solo quiero decirles que ojalá y nunca aparezcan esos 43 disque estudiantes... No me alegra lo que les haya pasado... Pero no se vale que hagan estos tipos de actos... Yo que culpa tengo?? No es justooo y estoy encabronada!!!! Malditos piojos ojalá y estén ardiendo en el infiernooo”, publicó.

Aprenden la lección

Luego de los escándalos en los que el PRD se ha visto involucrado debido a los señalamientos de nexos que algunos de sus afiliados tienen con el narcotráfico, el dirigente nacional del partido del sol azteca parece haber aprendido la lección.

Carlos Navarrete aseguró ayer en rueda de prensa que su partido prefiere no postular candidatos, que permitir que el crimen organizado se los imponga.

“Si quieren imponer candidatos, preferimos no participar en elecciones municipales, a que nos impongan candidatos de ellos”, afirmó.

Las zonas de riesgo en donde el PRD ha reportado presiones del narcotráfico a la hora de imponer abanderados son Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Guerrero y Veracruz, dijo.

Navarrete aseguró que su partido debe demostrar que aprendió de lo ocurrido con el caso de José Luis Abarca, exedil de Iguala, Guerrero, señalado de vínculos criminales.

Los objetivos

La Oficina Especial creada para el caso de Ayotzinapa tendrá entre sus funciones:

1. Detectar conductas u omisiones violatorias de derechos humanos en que algunas autoridades pudieron incurrir antes, durante y después de los acontecimientos. 

2. Impulsar la integración del expediente de queja

3. Procurar la información a los familiares

4. Analizar las constancias que obren en averiguaciones previas de los fueros federal y local

5. Mantener comunicación directa con los padres de normalistas desaparecidos y sus representantes, así como con las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales y grupos defensores de derechos humanos que los acompañan.

¿Quién es?


José Trinidad Larrieta fue coordinador del Programa de Presuntos Desaparecidos de la CNDH, fue asesor interregional externo del Centro para la Prevención del Crimen Internacional de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y ha impartido las materias Derecho Penal, Procesal Penal, Garantías Constitucionales, Amparo Penal y Derechos Humanos en diversas universidades en niveles de maestría y doctorado.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.

Solicita PGR congelar cuentas bancarias de los Abarca

MEXICO, D.F: La PGR solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el aseguramiento de las cuentas bancarias del matrimonio formado por el exedil de Iguala, José Luis Abarca, y María de los Ángeles Pineda Villa, pues se presume que su fortuna proviene de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La dependencia también requirió el congelamiento de las cuentas bancarias de otras personas, particularmente de quienes han sido señaladas de tener algún vínculo de negocios con los Abarca y algún grado de participación en los sucesos de violencia ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre, donde murieron seis personas y 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos.

Pineda Villa fue notificada por un juez federal de la petición que realizaron en su contra los titulares de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro y de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, ambas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR.

Lo propio hizo la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, encabezada en estos momentos por Rodrigo Archundia Barrientos, extitular de la SEIDO, quien pidió el aseguramiento precautorio de las cuentas bancarias bajo el supuesto de que el dinero tendría su origen en el crimen organizado.

El matrimonio, conformado además por tres hijos –dos mujeres de 24 y de 17, y un varón de 14 años–, aparte de las cuentas bancarias que la PGR solicitó congelar, poseía bienes mucho antes de incursionar en la política: su casa ocupaba varias parcelas de muros altos, alambre de seguridad y cámaras de vigilancia, lo que la hacían contrastar con el resto de las viviendas.

Hace seis años mandaron construir un centro comercial de cuatro hectáreas que costó unos 300 millones de pesos.

Según la PGR, las considerables propiedades y negocios del matrimonio Abarca-Pineda están a nombre de José Luis Abarca Velázquez, de su esposa, de sus hijas Yazareth y Yitzel, así como de otros familiares.

En Guerrero el matrimonio Abarca es dueño de 31 inmuebles, entre casas y departamentos, nueve empresas y 13 joyerías. En el Distrito Federal posee 10 propiedades localizadas en las delegaciones Cuajimalpa, Tlalpan y Cuauhtémoc. Y en Tlaxcala también posee una casa.

Además, hay propiedades relacionadas con Mario y José Alberto Pineda Villa, hermanos de la esposa de Abarca Velázquez, considerados como operadores del cártel de los Beltrán Leyva.

Otros inmuebles están a nombre de una hermana de María de loa Ángeles Pineda, de sus padres y de su primo Felipe Flores Velázquez, exsecretario de Seguridad Pública de Iguala aún prófugo de la justicia.

En Iguala, entre otros inmuebles, destacan ocho en la colonia Centro, entre las que sobresale un edificio en donde son dueños de cinco departamentos.

Otras tres propiedades se localizan en la colonia Jacarandas. Dos están a nombre de José Luis Abarca y la otra a nombre de su esposa y de su hija Yazareth Liz Abarca.

Una propiedad que se localiza en el número 8 de la calle de Roble semeja un búnker y su construcción sobresale del resto de las casas localizadas en esa misma calle.

Adicionalmente, José Luis Abarca tiene propiedades en las colonias Juan N. Álvarez, 20 de Noviembre, Rubén Figueroa, Renovación Ampliación, Villa Guadalupe y Lomas de los Coyotes.

En la colonia Vicente Guerrero tiene dos propiedades; en la colonia Los Tamarindos, un inmueble y cuatro departamentos que se localizan en un solo edificio.

Asimismo, es dueño de las firmas Grupo Empresarial Abarpin SA DE CV, que se dedica a la compra-venta de terrenos y comercialización de desarrollos comerciales y de casas-habitación, y de Asociación Yozy’s SA de CV, que se dedica a la compra-venta de terrenos y construcción de casas-habitación y desarrollos comerciales.

El exalcalde también es dueño de la Universidad Benemérito de las Américas, de Iguala, y propietario de un terreno de siete hectáreas en donde pensaba construir un complejo comercial. Aparte, es socio de Arizmendi Pérez Miranda y de la empresa Galaxy Gamers SA de CV.


Por último, José Luis Abarca es dueño y socio de 13 establecimientos ubicados en el centro joyero de la ciudad de Iguala, así como de un terreno utilizado como estacionamiento público.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.

Suman 56 cuerpos exhumados de fosas de Iguala desde octubre: PGR

IGUALA, Gro: La subprocuradora de la Procuraduría General de la República (PGR), Ileana García Luna, informó que en las últimas tres semanas han exhumado 28 cuerpos de fosas clandestinas ubicadas en distintos puntos de esta ciudad; además de que se han documentado 226 denuncias por desaparición de personas.

Con esta cifra, suman 56 cuerpos exhumados desde el 4 de octubre, cuando autoridades de la Fiscalía General Estatal (FGE) localizaron 28 cuerpos en la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

Durante una reunión con familiares de desaparecidos realizada esta mañana en la parroquia de San Gerardo, la funcionaria federal indicó que por este hecho se han integrado 52 averiguaciones previas y se siguen recabando declaraciones ministeriales.

También destacó que en este periodo han recolectado 470 muestras de sangre de familiares para integrar una base de datos de ADN.

Ello, a partir de que familiares de personas desaparecidas desde hace un año o más decidieron romper el miedo y realizar el trabajo del gobierno al salir a buscar a las víctimas luego de que la masacre y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa exhibió el nivel de violencia, corrupción y nexos de autoridades con el narco.

La titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR‎ presentó un informe sobre las labores de peritos luego del hallazgo de restos humanos en fosas clandestinas que ubicaron los propios familiares de desaparecidos desde el domingo 23 de noviembre en los cerros de Iguala.

Al respecto, informó que los peritos de la PGR han inspeccionado 28 fosas clandestinas en diferentes cerros de Iguala; en 12 de ellas se han exhumado 28 cuerpos y las labores de búsqueda de restos humanos continúan, pues se siguen reportando zonas convertidas en cementerios clandestinos.

También presentó al grupo de madres, padres y hermanos de desaparecidos unas diapositivas con imágenes sobre los restos humanos exhumados, así como indicios, entre ellos ropa, calzado y pertenencias personales de las víctimas para ayudar en el proceso de identificación de los cadáveres.

El dramático encuentro fue privado pero lacerante para los familiares que buscan a sus parientes desaparecidos.

Este grupo de víctimas se conformó desde finales de septiembre, luego de que la asociación civil Ciencia Forense Ciudadana ofreció subsidiar procedimientos de toma de sangre para conformar un banco de ADN y lograr identificar los cuerpos que las autoridades ministeriales han exhumado en la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa.

De manera paralela, padres de los estudiantes desaparecidos, normalistas de Ayotzinapa‎ y miembros de diferentes organizaciones sociales organizaron un foro denominado “Primer encuentro de familiares de víctimas de desaparición forzada de Iguala y Ayotzinapa”, con el propósito de conformar un frente común para exigir justicia por el caso de todos los desaparecidos en la entidad.

Al encuentro acudieron algunos padres de los 42 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quienes marcharon por las principales calles de Iguala acompañados por estudiantes y activistas.

El foro se realizó en el auditorio municipal de Iguala, ubicado a un costado del ayuntamiento que fue destruido y quemado tras la barbarie registrada en este lugar.

En su intervención, un representante de los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa hizo un llamado a los habitantes de Iguala y los municipios aledaños a que se apiaden del dolor de las víctimas.

“Si tienen información sobre el paradero de los estudiantes, por favor díganlo para terminar con la angustia que tenemos”, expresó el afligido padre.


Los asistentes al encuentro acordaron volver a reunirse el viernes 26 para definir la estrategia que permita aglutinar a todos los familiares de desaparecidos en un solo frente para obligar a las autoridades a reconocer este crimen de lesa humanidad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Cita The Guardian a Proceso: “El gobierno federal supo en tiempo real del ataque a estudiantes”

MONTERREY, NL: El diario inglés The Guardian cita en su página de internet este martes el reportaje principal de la revista Proceso que revela que fuerzas federales participaron en el ataque contra normalistas en Ayotzinapa, Guerrero.

En la nota publicada hoy con la firma de Jo Tuckman, ubicada en la Ciudad de México, se precisa que la información basada en documentos confidenciales desató el enojo público ante la insistencia del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de asegurar que las fuerzas federales no tienen responsabilidad por los hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

Hasta ahora, 79 personas han sido detenidas por el presunto homicidio masivo y todos están relacionados con una red de corrupción que involucra políticos y policías locales, así como miembros del cartel de la droga Guerreros Unidos, dice el reporte.

Padres de los estudiantes desaparecidos alegan de manera permanente que la policía debió saber lo que ocurrió durante el ataque y les reprochan su omisión al no defender a los normalistas procedentes de la comunidad de Ayotzinapa.

En su número 1989, Proceso publica el reportaje titulado “La otra noche de Iguala”, en el que los reporteros Anabel Hernández y Steve Fisher revelan, de acuerdo con documentos y testimonios presenciales, que la Policía Federal atacó a los normalistas, en complicidad con el Ejército.

The Guardian señala que los documentos publicados por Proceso dan cuenta detallada de los registros que llevó el centro de comando denominado C4 de los movimientos de los estudiantes, desde que dejaron la escuela en Tixtla y su travesía de dos horas a Iguala.

Según el semanario, el C4 informó al comando de la Policía Federal establecido en Iguala de la llegada de los jóvenes a la central de autobuses a las 9:22. Unos 20 minutos después, el C4 reportó del tiroteo, lo que desencadenaría la racha de violencia que duró horas.

De acuerdo con el reporte del diario británico, la periodista Hernández dijo a MVS Noticias: “Cuando vemos que el gobierno federal y estatal seguía am los estudiantes desde que dejaron la escuela en Ayotzinapa, se vuelve difícil pensar que todo lo demás que ocurrió fue un accidente”.

Según la nota de The Guardian, Enrique Galindo, comandante de la PF dijo que no hay evidencia que señale que los agentes participaron en los eventos del 26 de septiembre.

Los señalamientos de Proceso ocurren después de que un grupo de científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México asegurara que es imposible que los cuerpos de los normalistas hayan sido calcinados de la forma en que lo describió el gobierno federal.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.

Murillo Karam rechaza que la Policía Federal haya participado en ataque contra normalistas

MÉXICO, D.F: El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, negó que la Policía Federal esté involucrada en la muerte de tres normalistas y la desaparición de 43, como publicó la revista Proceso en su edición 1989.

“No es cierto, absolutamente, no es cierto que la Policía Federal haya intervenido, hay muchas aseveraciones que no tienen sustento alguno” refutó el funcionario en entrevista con MVS Noticias.

El semanario Proceso publicó que la noche del 26 de septiembre la Policía Federal orquestó el ataque contra los normalistas, en complicidad con el Ejército.

En respuesta, Murillo Karam reviró: “No, al Ejército lo acusaron primero de que no se quiso meter y ahora ya lo quieren acusar que se metió”.


El funcionario aseguró que algunas personas “tienen interés” en que el caso no sea resuelto; a la vez, defendió que la PGR ha emprendido “una investigación muy profunda, muy grande y con muchas evidencias”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Caso Iguala “nubla” acciones en materia de seguridad: Campa

El subsecretario destacó que mientras en 2012 se registraron casi 22 mil homicidios, este año la cifra se redujo a aproximadamente 15 mil.

El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, afirmó que los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero -donde atacaron y desaparecieron a estudiantes- nublaron los resultados “incuestionables” del gobierno federal en materia de seguridad.

El funcionario destacó una reducción de los delitos dolosos en el país, al pasar de 22 mil, en 2012, a 15 mil al cierre del año.

Agregó que además trabajan en otras variables que tienen que ver con las comunidades, para dar cuenta de los avances. “Hoy tenemos información precisa que nos permite comparar comportamientos nacionales con los de las demarcaciones y estamos trabajando para presentar el específico en cada polígono”, comentó.

Campa Cifrián consideró fundamental lo que se está haciendo, inclusive en muchos casos donde era difícil que la policía entrara, se comenzó un programa de acciones y para que resulte se necesita incluso la reconciliación de las autoridades policíacas con las comunidades.

Precisó que en el portal de transparencia se tendrá la información del 100 por ciento de las acciones del programa, como convenios y anexos técnicos con los estados, las acciones y los calendarios mensuales día por día de lo que se está haciendo.

Comentó que se publicará el 100 por ciento de los contratos que sustentan las acciones que se llevan a cabo y que se financian con recursos públicos.

En las demarcaciones donde trabajan con el programa, dijo que “hemos encontrado en todos los casos colaboración con los distintos órdenes de gobierno, así como un importante reconocimiento y aceptación de las comunidades para construir este esquema de seguridad corresponsable”.


Agregó que se incorporarán municipios como Iguala, Cocula y algunos otros de Tierra Caliente de Guerrero.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ayotzinapa y las mansiones muestran menosprecio del gobierno a la sociedad

Los dos casos referidos son "un golpe muy fuerte a la ya vapuleada credibilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto".

El académico Sergio Aguayo aseguró que es notable la descomposición en el país, por lo que cambió el ambiente que había hace apenas 3 meses, antes del ataque y desaparición de estudiantes de Ayotzinapa.

En la Mesa Política de MVS, señaló que el caso de los 43 normalistas, y de las casas de Angélica Rivera y de Luis Videgaray -que calificó como “mansiones del peñanietismo”-, muestran esa actitud de menosprecio a la sociedad.

Asimismo, señaló que persiste la actitud de querer ignorar las evidencias, como en el caso de los estudiantes, en el que la federación actuó 10 días después.

Lamentó que en el gobierno siguen comportándose como los hechos se pudieran ocultar, “hay un patrón clarísimo”; pero ahora no pueden callar, tienen que responder.

“Las reacciones en ambos casos) son primero el silencio, luego vienen las excusas inverosímiles y finalmente cogerse de hombros con actitud cínica”, aseveró.

Los dos casos referidos son “un golpe muy fuerte a la ya vapuleada credibilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto“, consideró el académico.

Recordó que ya las reformas aprobadas en el Congreso, impulsadas por el gobierno de Peña, se hicieron sobre un país con cimientos endebles.

Empero, “no sabíamos qué tan endebles eran”.

Ahora hay una reacción en cadena provocada por acontecimientos de Ayotzinapa, la cual toca partes del Estado que ni siquiera nos imaginábamos.

Sobre el reportaje de la revista ‘Proceso’, indicó que hasta ahora la tesis era muy clara: había 2 funcionarios (el alcalde de Iguala y su esposa) muy malos, diabólicos, tolerados por una fracción de un partido en descomposición.

Lo que ahora se nos dice le da un vuelco a la historia oficial y, de ser cierto, no fueron solamente policías municipales quienes entregaron a estudiantes sino hubo participación directa de fuerzas federales.

De confirmarse la versión, “estamos ante un escenario sobrecogedor porque independientemente de que se castigue a los culpables, estaríamos ante un encubrimiento deliberado por las máximas autoridades de este país, el procurador general de la República el Presidente”.

Por ello, consideró que existe la posibilidad inquietante de encubrimiento y complicidad del aparato federal, pues sobre el reportaje publicado esta semana en el semanario -que habla de una intervención de policías federales y el Ejército en el ataque y desaparición de normalistas-, no ha habido ningún desmentido.


“Debería haber una reacción inmediato que es falso, que no es cierto, lo que quieran decir”, mencionó el académico.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Caso Iguala: federales involucrados y tortura a testigos.- Anabel Hernández

La PGR le indicó que continuaban la investigación, por lo que no respondió sobre la participación de fuerzas federales en el ataque a los estudiantes de Ayotzinapa.

El fin de semana, la revista Proceso publicó un reportaje que tituló “Iguala: la historia no oficial”, el cual revela que “fuerzas federales participaron en el ataque contra los estudiantes de la normal de Ayotzinapa la noche del pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, durante el cual murieron tres normalistas y 43 fueron desaparecidos en una sucesión de hechos conocida en tiempo real por el gobierno federal”.

Al respecto, una de sus autoras, la periodista Anabel Hernández, señaló las contradicciones que existen entre la PGR y los testimonios de los detenidos, así como de estudiantes que presenciaron los hechos.

Refirió que los normalistas vieron que el ataque provino de dos tipos de policías. Los primeros, los municipales. Y los segundos, con equipo de camuflaje, rodilleras, pasamontañas, subidos a camionetas con metrallas instaladas.

Expuso que en Ayotzinapa, los estudiantes le dieron acceso a videos que muestran parte del ataque la noche del 26 de septiembre en Iguala.

Además, indicó que hubo tortura contra los principales testigos de la PGR, quienes acusaron a José Luis Abarca como el autor intelectual de los hechos.

“Cuando fueron llevados a declarar (los testigos) van lesionados, y hacen la denuncia después de peritaje médico”, comentó.

La investigación duró por lo menos 2 meses, con el objetivo de corroborar testimonios que señalaban la participación federal en los hechos.

Uno de los puntos clave, apuntó, es el monitoreo de los estudiantes de Ayotzinapa, por lo que la Policía Federal sabía de su llegada a Iguala.

Sobre lo publicado, Hernández comentó que hizo diferentes preguntas a la PGR, quien sí les dio una respuesta: que todo formaba parte de una investigación.

La periodista preguntó a la dependencia si sabía de la tortura a la que fueron sometidos los detenidos; si están investigando al capitán del batallón 27, uno de los militares que operó esa noche en las calles de Iguala; así como de qué forma operó la Policía Federal en Iguala, aquella noche.

“La PGR nos contestó que lo que estábamos preguntando formaba parte de una investigación… es decir, no negaron participación militar y de Policía Federal”, acotó.


“Dijeron que como están bajo investigación no pueden decir más sobre el tema”, añadió.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Iguala-Cocula-Taxco: el corredor de las desapariciones

MÉXICO, D.F: Las investigaciones sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa han dejado al descubierto que los municipios de Iguala, Cocula y Taxco forman un corredor donde la desaparición de personas se ha convertido en una epidemia, sea por los secuestros extorsivos y las levas de jóvenes perpetrados por grupos delincuenciales, así como por las desapariciones forzadas cometidas por fuerzas públicas.

Por ese corredor pasa la mayoría de la goma de opio que baja de los municipios serranos de Guerrero e inunda de heroína el mercado estadunidense.

La zona se ha convertido en un germinadero de fosas clandestinas que desde el hallazgo de 55 cadáveres adentro de una mina de Taxco, en 2010, debió haber puesto en alerta a las autoridades.

La polémica noticia difundida hace tres semanas por la televisora France 24 sobre el presunto secuestro masivo de 30 estudiantes en julio de 2013 en una secundaria de Cocula –material que fue retirado de la red por el mismo medio europeo al no considerarlo suficientemente fundamentado– reavivó el interés por los plagios de ese tipo que se han registrado en los citados municipios desde antes del perpetrado contra los 43 normalistas.

César Miguel Peñaloza, alcalde de Cocula –el municipio donde supuestamente fueron asesinados los normalistas–, informa a Proceso que desde el 1 de octubre de 2012, cuando tomó posesión, ha enfrentado diversas crisis por la falta de seguridad. Apenas llevaba dos meses en el cargo y ya habían asesinado a su director de Seguridad Municipal, mientras que hombres armados a bordo de camionetas se paseaban por la localidad. Semanas después, dos de los policías que lo escoltaban resultaron heridos en un atentado contra él.

En marzo de 2013, en una misma jornada, 14 personas fueron secuestradas. Cuestionado sobre cuántas regresaron, contestó: “Desafortunadamente por el temor de que no regresen, muchos no denuncian y no tenemos conocimiento. Sabemos que por unos pidieron rescate, y a quienes dieron los liberaron”. Según el diario El Sur, sólo cinco regresaron.

(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1989, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: MARCELA TURATI (REPORTEJE ESPECIAL)

Iguala: la historia no oficial

La noche del 26 de septiembre policías de Iguala y Cocula, obedeciendo órdenes del alcalde igualteco, atacaron a los normalistas de Ayotzinapa, mataron a tres y a otros 43 se los entregaron a Guerreros Unidos, grupo que presuntamente los asesinó e incineró. Esa es la versión oficial. Pero una investigación periodística, basada en documentos oficiales, videos y testimonios, cuenta otra historia: El ataque fue orquestado y ejecutado por la Policía Federal, con la complicidad o franca colaboración del Ejército.

MÉXICO, D.F: Fuerzas federales participaron en el ataque contra los estudiantes de la normal de Ayotzinapa la noche del pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, durante el cual murieron tres normalistas y 43 fueron desaparecidos en una sucesión de hechos conocida en tiempo real por el gobierno federal.

Un trabajo realizado con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley con base en testimonios, videos, informes inéditos y declaraciones judiciales muestra que la Policía Federal (PF) participó activa y directamente en el atentado.

Aún más, de acuerdo con la información obtenida por Proceso en la Normal de Ayotzinapa, el ataque y desaparición de los estudiantes fue dirigido específicamente a la estructura ideológica y de gobierno de la institución, pues de los 43 desaparecidos uno formaba parte del Comité de Lucha Estudiantil, máximo órgano de gobierno de la escuela y 10 eran “activistas políticos en formación” del Comité de Orientación Política e Ideológica (COPI).

Hasta ahora la versión oficial es que el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ordenó la agresión, preocupado por la posibilidad de que los estudiantes interrumpieran el informe de actividades de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, titular del DIF municipal.

Según esta versión, policías municipales de Iguala y del vecino ayuntamiento de Cocula atacaron y capturaron a los estudiantes, mientras Guerreros Unidos los asesinó y quemó, con el desconocimiento de los agentes federales y los soldados destacados en la zona. Sin embargo, los documentos y testimonios obtenidos revelan una historia diferente.


Audiovideos captados por testigos del ataque a normalistas de Ayotzinapa:



Un informe inédito del gobierno de Guerrero –fechado en octubre y entregado a la Secretaría de Gobernación (Segob) hace más de un mes– obtenido por Proceso en torno a los hechos del 26 y 27 de septiembre señala que desde su salida de las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa, los estudiantes eran monitoreados por agentes de las administraciones estatal y federal.

Según el documento, a las 17:59 horas el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Chilpancingo informó que los normalistas partían de Ayotzinapa rumbo a Iguala. A las 20:00 horas la PF y la policía estatal llegaron a la autopista federal Chilpancingo-Iguala, donde los estudiantes empezaban a hacer una colecta. A las 21:22 horas el jefe de la base de la PF, Luis Antonio Dorantes, fue informado de la entrada de los jóvenes a la central camionera y a las 21:40 el C4 de Iguala reportó el primer tiroteo.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1989, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER

Piden comparecer a titulares de Sedena y Segob por caso Iguala

El partido del PRD exigió que los secretarios expliquen la presunta participación del Ejército y la Policía Federal en la desaparición de los 43 normalistas.

El PRD a través de sus bancadas en el Senado y en la Cámara de Diputados llamará a comparecer al secretario de la Defensa, al General Salvador Cienfuegos, y al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que expliquen o en su caso deslinden de la presunta participación de elementos del Ejército y de la Policía Federal en el ataque contra los estudiantes el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

Esto luego de que según un informe obtenido por la revista Proceso, desde las 17:59 horas de aquel domingo de septiembre, el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Chilpancingo estaba rastreando a los normalistas que partían de Ayotzinapa hacia Iguala. Y se informa que el C4 está bajo el control de la policía estatal pero que hay un radio operador del Ejército, de la Policía Federal, de la policía estatal y de la policía municipal, y que se tienen fotografías que demuestran que en el lugar trabajan conjuntamente los tres niveles de gobierno. De tal suerte que se presume que los tres niveles de gobierno estaban informados de la agresión desde un inicio.

El dirigente de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) del PRD, René Bejarano, indicó que de confirmarse estos hechos estaríamos frente a un grave crimen de Estado, por lo que urgió a los funcionarios federales a dejar de ocultar información y a revelar todo lo que saben.

"Es muy importante que se aclare esto porque de ser cierto se trataría, como se ha acusado, de un crimen de Estado y no de una acción municipal solamente. Vamos a demandar desde el Senado, desde la Cámara de Diputados que comparezca el Secretario de la Defensa, el General Cienfuegos, y que también que se vuelva a llamar al Secretario de Gobernación, para que informe del conocimiento que tenga de los hechos, y los informe que el Cisen al respecto conoce", precisó.

De igual forma, Bejarano Martínez señaló que le insistirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que intervenga de llenos en esta investigación y que en los próximos días demandarán que se anticipe el nombramiento del Fiscal General de la República en sustitución del Procurador, para que ante la falta de credibilidad de la PGR, sea la nueva  Fiscalía la que se encargue de todas las indagatorias del caso Ayotzinapa.

"Vamos a insistir en que la Comisión de Derechos Humanos investigue el caso y que también se adelanté el nombramiento del Fiscal General Autónomo que se prevé para que no sea la Procuraduría la que siga llevando las indagatorias sino una fiscalía diferente porque a todas luces no hay confianza en lo que se está señalando, porque la PRG conoció desde mucho tiempo atrás que se estaban cometiendo muchos delitos y ahora vemos que pudieran estar ocultando la participación de algunos elementos gubernamentales en estos hechos".

Finalmente, el perredista advirtió que si el gobierno federal incurrió en ocultamiento de información y falsificación de la realidad, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, podría ser sujeto a severas imputaciones legales.


"Él es el jefe del Estado mexicano, es el jefe del Ejército de las fuerzas armadas, de la policía, el responsable en última instancia de los mandos que eventualmente pudieron actuar así. Pero si se trata de eso podríamos estar en presencia de un grave problema de ocultamiento de información, de falsificación de la realidad y eso generaría imputaciones legales. No es la primera vez que el Estado mexicano pretende ocultar la verdad, así lo hizo en el 68. Y podríamos estar en presencia de algo similar a lo que pasó en Aguas Blancas o en el Charco, ahí mismo en Guerrero en otros tiempos", alertó.

FUENTE: NOTICIAS MVS.
AUTOR: Ana Paola Lara Paz

Reportan secuestro y muerte de joven en Iguala, pese a operativo federal

A Ezequiel Chávez lo secuestraron el mismo día que se cumplían dos meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero.

El joven Ezequiel Chávez Adán, de 18 años, fue secuestrado en Iguala, Guerrero, y según diversos reportes, lo encontraron muerto.

Pese a la presencia de las fuerzas federales en la zona -donde atacaron y desaparecieron a normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre pasado-, los hechos de violencia no tienen fin. Medios como Proceso y Excélsior detallaron la desaparición de Ezequiel. Una nota de Marcela Turati en dicho semanario señala que el secuestro de Chávez Adán ocurrió el pasado miércoles 23 por la tarde y fue en pleno centro de Iguala.

“Lo levantaron y no encontramos una solución. No hay seguridad, no hay autoridad. Exigimos a las autoridades competentes que se pongan las pilas. Mi hijo era un trabajador, un estudiante”, declaró a Proceso el padre del joven, Javier Chávez, antes de que se conociera la muerte del estudiante de preparatoria.

“Valen gorro, no sirve para nada que haya federales”, recriminó Javier Chávez, en entrevista para Excélsior.

Ezequiel estudiaba en la preparatoria 32, de la Universidad Autónoma de Guerrero y era originario de Taxco.

Dos fuentes informaron que Ezequiel fue encontrado muerto, sin que hasta ahora se ofrezcan mayores detalles.


El lunes, tanto “sigo tus huellas” -grupo de apoyo para la difusión de personas desaparecidas- como la cuenta de Alerta Amber publicaron que fue “localizado sin vida”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sin esperanzas

Ninguno de los padres de los otros 42 normalistas que siguen desaparecidos podrá saber si alguno de los restos enviados a Austria es de sus hijos. Expertos en ADN coinciden en que solo una de las 17 muestras era útil.

Ninguna otra prueba genética identificará a los normalistas entre los 16 fragmentos de huesos que quedan de los que se enviaron a la Universidad de Innsbruck, en Austria.

Así lo determina el reporte elaborado por dicha institución el 3 de diciembre, las declaraciones del procurador Jesús Murillo Karam y la opinión del doctor José Antonio Lorente, uno de los principales expertos del mundo en análisis de ADN.

“No hay realmente posibilidad de obtener más resultados en ningún otro lugar. Ello se debe a que el ADN es sensible, como todo material biológico, y por ello la exposición al calor logra destruirlo totalmente”, respondió a Reporte Indigo Lorente desde España, donde dirige el laboratorio de identificación forense del departamento de Medicina Legal en la Universidad de Granada.

El análisis determinado por las pruebas realizadas en Austria indica que solo una de las 16 muestras, diferentes a la que identificó al joven Alexander Mora Venancio, pudo colocarse en un kit con el que se busca replicar el ADN para conseguir mayor información genética.

Ni siquiera este método dio ningún resultado que se pueda utilizar, según el documento del cual  Reporte Indigo tiene copia.

Las concentraciones de ADN en las otras 15 piezas óseas fueron tan mínimas que no fue posible intentar reproducirlo para obtener más datos.

Los mejores resultados

El reporte de opinión experta enviado por el Instituto de Medicina de la Universidad de Innsbruck, en Austria, muestra que el análisis realizado a los 16 fragmentos de hueso que resultaron negativos fue nuclear, es decir, con la mayor precisión disponible en el campo de la genética.

El 13 de noviembre la Procuraduría General de la República (PGR) envió muestras de fragmentos de hueso a Austria para ser analizados.

En un inicio se anunció que las pruebas que realizarían los expertos austriacos serían de ADN mitocondrial, el cual busca nexos genéticos de la muestra con datos de la línea materna, que incluye la madre y los hermanos.

Pero los resultados de la muestra 27-29102014, los cuales permitieron identificar al normalista Alexander Mora Venancio, indican que el estudio se hizo con ADN nuclear.

Las pruebas se realizaron entre el 13 y el 30 de noviembre. 

Las muestras fueron analizadas en kits por separado, que indagaban cadenas de información genética.

Con ello se buscó duplicar una muestra mínima de ADN “para amplificarla y tener más datos de ADN”, explicó en entrevista Manuel Esparza, director de la división de investigación criminal de la Academia Mexicana de Investigadores Forenses.

Esparza asegura que un análisis nuclear de ADN despeja dudas tanto del padre como de la madre, por lo que si no se encontró suficiente ADN para analizar no será posible tener mejores resultados.

‘Lo que está destruido no se puede estudiar’

Manuel Esparza, director de la división de investigación criminal de la Academia Mexicana de Investigadores Forenses, considera en México hay suficiente tecnología para procesar los restos.

“Siento que enviarlo a Austria fue para que haya mayor certeza de los familiares de que no se están manipulando los resultados”, indica.

Esparza insiste en que una segunda prueba dependería mucho de la tecnología. Enfatiza en que solo hay otros dos laboratorios en el mundo que podrían contrastar los resultados de Austria: la Universidad de Granada y el Bode Technology de Virginia, Estados Unidos.

El titular de uno de estos laboratorios, José Antonio Lorente, es aún menos esperanzador.

Al solicitarle una explicación no técnica sobre los resultados obtenidos en Austria, Lorente contestó que la imposibilidad de analizar este ADN luego de estas pruebas no es una limitación de la ciencia o la tecnología, es una limitación de la lógica: lo que está destruido no se puede estudiar.

“Me temo que los criminales que hicieron esto sabían lo que debían hacer para que no se puedan estudiar estos restos”, remarcó.

Este experto es profesor de la Universidad de Granada, donde dirige el Centro Pfizer de Genómica y Oncología, ha sido director-científico y propulsor del Programa Fénix de Identificación Genética de Personas Desaparecidas y es considerado como uno de los expertos insignia en el mundo de la investigación genética.

No hay más ADN

Los reportes que llegaron a PGR están firmados por el doctor Martin Steinlechner, forense experto acreditado por la corte en Austria y avalados por el jefe del departamento forense de este instituto, Richard Scheithauer.

Reiteran que no encontraron ADN en ningún otro de los fragmentos de hueso recopilados por la PGR.

En 2008, este mismo equipo identificó a víctimas de la dictadura chilena y han tenido una trayectoria de éxito en identificación de otros casos de restos humanos después de un largo tiempo de haber fallecido las víctimas.

En este caso, la descripción de las piezas entre 0.5 y 12.5 centímetros, el aislamiento del material genético y la detección de características individuales de cada muestra fue insuficiente para encontrar material con el que pudieran realizar alguna comparación con las muestras de ADN de los familiares de los desaparecidos enviadas a Austria. 

Sin vacaciones


La tarde de ayer los padres fueron al Senado de la República para entregar un pliego petitorio que incluyó la desaparición de poderes en Guerrero y que se detenga el proceso electoral que llevará al cambio del gobernador el próximo junio.

Con la advertencia de que “si no hay vacaciones para nosotros no hay vacaciones para ellos”, los padres no dejaron hablar a los senadores y se retiraron después de que les firmaran el pliego petitorio.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.

Defienden a Rosales

Organizaciones pro derechos humanos aseguran que el abogado de los normalistas ha sido fundamental para oponerse a la impunidad y el abuso de poder en la región.

Al menos 19 organizaciones defensoras de los derechos humanos lamentaron que el Gobierno Federal utilice recursos públicos para debilitar el movimiento de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Ayer, Reporte Índigo publicó la información “Ficha Cisen a abogado de normalistas”, en la que se documenta una investigación que califica a Vidulfo Rosales y otros activistas como factores radicales del estado de Guerrero, debido a sus supuestos vínculos con grupos subversivos.

“En relación con la nota de Reporte Índigo (…) las organizaciones abajo firmantes lamentamos las acciones del Gobierno Federal a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para investigar a quienes defienden los derechos humanos y descalificar su trabajo tildándolos de peligrosos para la gobernabilidad”, puntualiza el comunicado.

El pronunciamiento destaca la trayectoria de Rosales como abogado y de Abel Barrera como director en la defensa de los derechos humanos.

“Ha sido fundamental en la región para oponerse a la impunidad y el abuso de poder desde hace años. Reprobamos el intento del Gobierno Federal para desacreditar y hostigar el trabajo de defensa en este contexto de profundo riesgo debido al acompañamiento a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de manera forzada en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014”, agrega.

El documento firmado por las organizaciones Artículo 19, Asociadas por lo Justo (JASS), Casa del Migrante de Saltillo, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Fundar, entre otras.

Las organizaciones exigen al gobierno que esclarezca la información que se ha dado a conocer y que brinde garantías para que quienes integran el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” puedan ejercer con absoluta seguridad y libertad el derecho a defender los derechos humanos. 

A decir de los activistas, desde hace un mes organizaciones de la sociedad civil denunciaron que las declaraciones del gobernador interino de Guerrero aumentaban los niveles de riesgo de los defensores de derechos humanos en ese estado y descalificaban el trabajo de la organización “Tlachinollan”.


De acuerdo con documentación en poder de Reporte Indigo, no solo los integrantes de “Tlachinollan” y otros activistas fueron fichados,  también se investigó a sacerdotes de la iglesia católica, según se dio a conocer en la edición “Predican la insurgencia”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.

Sedena mira a Iguala, no a Tlatlaya

MÉXICO, DF: Para el secretario de la Defensa Nacional, el general de división Salvador Cienfuegos, 2014 quedó marcado en México por la desaparición de los 43 normalistas en Iguala más que por la ejecución extrajudicial de presuntos delincuentes por parte de efectivos del Ejército.

A pesar de que ambos hechos han merecido el seguimiento en la prensa internacional y pronunciamientos de organizaciones internacionales de derechos humanos, el general Cienfuegos aseguró que los hechos en Iguala, registrados en septiembre pasado, “conmovieron la conciencia del país” por “inconcebibles”.

La detención y desaparición de los 43 normalistas a manos de policías municipales y entregados al parecer a la delincuencia organizada, “han hecho reflexionar a la sociedad generando inquietudes que exigen el castigo para los responsables”.

En medio de las incesantes manifestaciones sociales en el país en protesta por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el general secretario aseguró que ante esos hechos, “la mentira, el reproche, la criticada infundada, la violencia y la intolerancia poco abonan”.

Durante un encuentro con la prensa con motivo del fin de año, reiteró el llamado a la unidad que hizo el pasado 20 de noviembre durante el CIV aniversario del inicio de la Revolución Mexicana: “Sólo el esfuerzo convergente de todos los mexicanos, de la sociedad, permitirán un México en paz y seguro”.

Como en esa ocasión, insistió también en que la violencia en el país y la delincuencia organizada son problemas de Estado y no sólo una responsabilidad del gobierno, sino de toda la sociedad.

En septiembre pasado, cuando la policía municipal de Iguala desapareció a los estudiantes, el Ejército mexicano estaba bajo la atención en México y el extranjero por las revelaciones periodísticas de que soldados del 102 Batallón, con sede en el Estado de México, ejecutaron de forma sumaria a 21 presuntos delincuentes, en el municipio de Tlatlaya.

La Procuraduría General de la República encausó penalmente a seis efectivos como probables responsables del homicidio de ocho personas, aunque para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fueron 15 los ejecutados extrajudicialmente por el Ejército.

El general Cienfuegos evitó referirse directamente a Tlatlaya: “Cada soldado en el cumplimiento de su deber, cada líder de tropas en el ejercicio de mando de sus tropas debe tomar decisiones firmes pero razonadas, debe ser garante de la ley y del respeto irrestricto a los derechos humanos de la población”.

Con el argumento de que el respeto a los derechos humanos “es la guía” de los soldados y marinos en el país, aseguró: “Cada vez que un militar se aleja del precepto legal es juzgado conforme a derecho por la autoridad competente porque ante ella y sólo ante ella debe responder por su proceder”.

Aseguró que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se han reducido significativamente las quejas contra las Fuerzas Armadas por violaciones a los derechos humanos: “Del total de quejas que se han presentado en la actual administración, sólo el 0.3 por ciento han terminado en recomendaciones de la CNDH”.


Una de ellas fue por la ejecución sumaria en Tlatlaya.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

México está saliendo de la crisis por caso Iguala: líder nacional del PRI

MÉXICO, D.F: El líder nacional del PRI, César Camacho Quiroz, afirmó este sábado que el país ya está saliendo de la crisis ocasionada por el caso Iguala.

“Estamos saliendo de este capítulo con la ley en la mano, pero lo que sigue es la construcción, el robustecimiento de instituciones, de instancias de participación social”, dijo el dirigente ante alumnos de la escuela nacional de cuadros del tricolor

Y lo que sigue, dijo, “es la construcción y el robustecimiento de instituciones de participación social, en donde el partido (el PRI) recoge el guante y hace suyo el reto”.

Sostuvo que la tragedia de Iguala sólo tendrá alivio con la aplicación de la ley.

Sobre la desaparición de los 43 normalistas abundó:

“Cuando ha ocurrido lo de Iguala, muchos nos preguntamos ¿cómo es que llegamos hasta aquí?, ¿cómo es que se llegó a cabo esta especie de pasión moral de la sociedad mexicana?, y respondiéndonos con la actitud que el tema obliga, la siguiente pregunta es: ¿cómo le hacemos para evitar que haya más Igualas?”, mencionó el dirigente priista, según el diario Reforma.

Indicó que “a la violencia se le combate con política, a la desazón con el entendimiento y a la destrucción con la edificación”.

Consideró que la criminalidad se tiene que evitar sustituyendo una actitud de antisocialidad con fraternidad y solidaridad y expuso que el gobierno federal es promotor, no protagonista, de la participación de la sociedad civil para superar la crisis actual.

En su mensaje, Camacho destacó que el PRI está hecho para ganar elecciones y que lo hace participando democráticamente cada tres o seis años.

Agregó que si bien su partido busca ganar comicios, lo cierto es que los problemas de la sociedad son permanentes.


El exgobernador del Estado de México manifestó que la formación académica y la consolidación de los jóvenes como cuadros políticos eficaces del PRI, son parte de los compromisos del tricolor en apoyo al presidente Enrique Peña Nieto con el fin de alcanzar la justicia, paz y seguridad en el país.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.