El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales a difundir la versión pública de la Evaluación Estratégica sobre la Situación e Impacto Sociales y Ambientales de la Zona Económica de Tabasco (EESISA).
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jueves, 16 de agosto de 2018
sábado, 18 de febrero de 2017
Frena Semarnat construcción del viaducto La Raza-Santa Clara
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó ayer a la concesionaria del proyecto Viaducto La Raza-Indios Verdes-Santa Clara la autorización de impacto ambiental, ya que presentó información que no da certeza de que el desarrollo e instalación del proyecto no causará impactos graves al entorno.
En la resolución de 76 cuartillas, dirigida a los representantes legales de la empresa Viaducto-Indios Verdes SA de CV, con fecha de 25 de enero de 2017, la Semarnat desglosó cada uno de los puntos analizados y las observaciones hechas en cada caso.
De entrada, remarcó que aunque para la realización de este proyecto se requeriría talar mil 663 árboles en la Ciudad y el estado de México, lo que generará un gran volumen de residuos de vegetación, la concesionaria no estableció los impactos ambientales que ocasionaría el cambio de uso de suelo de áreas forestales.
Tampoco presentó el análisis técnico que compruebe que cumplirá con lo que marca la ley, toda vez que el trazo del viaducto pretende pasar por la sierra de Guadalupe y el parque nacional El Tepeyac, en los cuales plantea remover árboles para la cimentación de pilotes y columnas, que generarían impactos ambientales acumulativos y residuales.
Asimismo, no toma en cuenta que la zona está compuesta por dos tipos de suelo: lacustre de transición y de lomerío, así como tres áreas de inestabilidad.El promovente no presentó estudios con evidencia de que el proyecto no contribuiría al hundimiento de las zonas de inestabilidad, ni de sismicidad para demostrar que el diseño estructural resistirá ante la ocurrencia de un terremoto.
Sobre la movilidad, señaló que no se establece cómo mejorará ésta y la calidad del aire en ambas entidades por la saturación de los contaminantes provenientes de los automóviles que circularán por esa zona.
En las observaciones se puntualiza que la empresa no presentó estudios en los que se evidencia que una vez puesto en marcha el viaducto elevado la movilidad no sería rebasada en las avenidas aledañas al mismo y el beneficio a otros modos de transporte, como el de carga, urbano y metropolitano de pasajeros.
Con base en esto la dependencia federal remarca que se observa que la MIA-R presenta deficiencias en la información; por lo que los cuestionamientos de la consulta pública no fueron atendidos por el promovente, y por lo tanto, no se tiene la certeza de que el desarrollo e instalación del proyecto no causará impactos graves al ambiente.
Desde mediados de 2016, los gobiernos de la Ciudad de México y de la delegación Gustavo A. Madero, así como vecinos de más de 200 colonias se han manifestado en contra del viaducto elevado La Raza-Santa Clara.
A finales del año pasado se instaló un campamento en el camellón de la avenida Insurgentes Norte, junto a las estaciones del Metrobús y Metro Potrero en donde se da información sobre los avances de este proyecto y los vecinos definen las estrategias de defensa.
La Semarnat advirtió que esta obra no puede realizarse hasta obtener la debida autorización en materia de impacto ambiental. Agregó que la concesionaria que puede interponer un recurso de revisión en un plazo no mayor a 15 días hábiles.
Fuente: La Jornada
Autora: Gabriela Romero Sánchez
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/18/capital/027n1cap
domingo, 16 de octubre de 2016
Prevén expertos catástrofe ambiental por NAICM
Ciudad de México. Por la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 168 especies de fauna y flora desaparecerán, así como 278 sitios arqueológicos, además generará un daño económico e inestabilidad social, advirtieron investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) en el foro campesino que se llevó a cabo en el marco de la segunda Feria de las Culturas en esa casa de estudios.
Miguel Ángel Sámano, especialista en sociología rural, y Abel Aguilera, especialista en sistemas hídricos, apuntaron que para detener dicho proyecto hay que interponer amparos colectivos o individuales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“La UACh, así como los pueblos y barrios de la zona, están en su derecho de ampararse para evitar una catástrofe ambiental en Texcoco en agravio de casi 500 mil personas.”.
Durante el encuentro, en el que participaron habitantes de Texcoco, representantes de la sociedad civil propusieron crear institutos de planificación y planeación tanto en dicho municipio como en la Ciudad de México para que sean un equilibrio en la toma de decisiones para el desarrollo integral de la región y evitar la devastación de la zona.
Sámano detalló que las 10 mil hectáreas donde se planea construir el nuevo aeropuerto forma parte del extinto Lago de Texcoco, para fijar las pistas de más de cinco kilómetros de largo se necesitan construir pilotes de más de 60 metros de profundidad y una distancia de cinco metros entre cada uno, lo que implicará un uso desmedido de agua en el municipio y de energía eléctrica.
Aguilera expuso que hay una sobrexplotación de los pozos de agua, para extraer el líquido se excava a 250 metros de profundidad; el agua resulta insuficiente para abastecer las necesidades de la población, ya que ésta recibe 134 metros cúbicos por debajo de la media nacional.
Ambos especialistas insistieron en que la obra generará un caos y acelerará el hundimiento de la CDMX, la cual en 1910 estaba a un metro 90 centímetros por debajo del nivel del Lago de Texcoco y para 2010 se ubicaba a 10 metros por debajo del mismo.
Pedro Ponce Javana, subdirector de Servicios y Extensión de la Dirección Cultural y Servicios de la UACh, lamentó que las autoridades federales, estatales y de la CDMX carezcan de una radiografía de Texcoco, ignoren su realidad hídrica, ecológica, económica y social, pues “ni el cuatro por ciento de su población hará uso del citado aeropuerto. A la población lo que le hace falta es un sistema de transporte colectivo similar al Metro”.
Vicente Hidalgo, presidente del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Texcoco, apuntó que esa obra dañará 21 núcleos agrarios, 31 bienes comunales e instituciones académicas, además de 248 mil 808 habitantes y 418 kilómetros cuadrados, de los cuales el 70 por ciento son agrícolas.
En el foro, los especialistas insistieron en que la construcción de dicho aeropuerto en Texcoco es inviable porque carece de un plan de ordenamiento territorial; las autoridades están ignorando los daños al medio ambiente, acotaron.
Fuente: La Jornada
Autora: Matilde Pérez U.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/16/preven-expertos-catastrofe-ambiental-por-naicm
viernes, 9 de septiembre de 2016
Cuestionan a la Semarnat por permitir instalación de planta de cianuro en Guanajuato
SAN LUIS DE LA PAZ, Gto., (apro).- Habitantes de este municipio se organizaron para oponerse a la instalación de una planta de producción de cianuro de sodio –insumo para la extracción de oro y plata por la industria minera- de la compañía Chemours, e interpusieron un documento con severos cuestionamientos a la Manifestación de Impacto Ambiental en manos de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) al considerarla de alto riesgo para la población de la región.
Inicialmente, la planta sería construida en Salamanca, pero el rechazo inicial de la población la frenó para esa ciudad, que registra los más altos índices de contaminación del aire debido a la operación de la planta termoeléctrica de la CFE y la refinería de Pemex.
Además de recabar unas cinco mil firmas, el movimiento que encabeza la “Organización ciudadana ludovicense por el derecho a vivir en un ambiente sano” ha convocado a una marcha que se efectuará este domingo 11 de septiembre en el centro de la ciudad.
En comercios, viviendas particulares y otros edificios se han colocado mantas y letreros con la leyenda “No a la planta de Cianuro”, debido a que su instalación se considera de alto riesgo para la salud y el medio ambiente local, en la que producirían 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año.
En la organización ciudadana participan 150 personas, quienes asesorados por un grupo de expertos –geólogos, un doctor en ciencias y ambientalistas- han encontrado “una barbaridad” en el documento de Manifestación de Impacto Ambiental con el que The Chemours Company pretende obtener la autorización de la Semarnat, por lo que se demanda que la dependencia federal no la otorgue.
Se está exigiendo también al Ayuntamiento que no autorice el cambio de uso de suelo.
El cianuro de sodio es utilizado en el proceso de lixiviación –separación del oro y la plata—de la minería.
La empresa pretende, una vez que consiga los permisos, iniciar la construcción y echarla a andar en los siguientes dos años, con un periodo de operación total de 50 años que se podrían extender “en función del mantenimiento de sus instalaciones” para reducir la importación del cianuro “y apoyar el crecimiento de la industria minera de oro y plata en México”, según refiere en el documento de Manifestación de Impacto Ambiental.
“No pararemos hasta que tengamos en nuestras manos los documentos oficiales que nieguen los permisos a la empresa”, dijo a Apro Guillermo Benítez, integrante de la Organización ciudadana ludovicense.
“Los expertos que nos asesoran nos expresan que el documento es una barbaridad, que no concuerda con la realidad de esta zona del estado. Estamos dispuestos hasta bloquear la carretera federal 57 si es necesario porque sabemos que es una sustancia altamente tóxica y causaría efectos dañinos irreversibles”, advirtió.
Los beneficios ofrecidos por Chemours son menores en comparación con los riesgos que representa la operación de la planta productora de cianuro, añadió.
A la oposición se han sumado la Iglesia católica local y algunas iglesias evangélicas.
Las promesas de Chemours
El 25 de agosto, Chemours dio a conocer que había iniciado los trámites necesarios ante las autoridades de los tres niveles de gobierno para obtener autorizaciones, concesiones y licencias para la construcción de la planta de producción de cianuro de sodio (denominada Proyecto San Luis) “con la tecnología más innovadora, eficiente y segura del mundo”.
“El proyecto representa una inversión de tres mil 200 millones de pesos y la generación de mil empleos, directos e indirectos en San Luis de la Paz, así como la generación de una red de proveedores de servicios que incentivará la economía local.
“Tenemos una trayectoria de más de tres décadas de proveeduría, transporte y manejo seguro en México. El centro de distribución más grande de México se encuentra muy cerca de San Luis de la Paz, en la capital de San Luis Potosí. En 10 años de operación, este centro jamás ha presentado un incidente”, indicó la empresa en un comunicado.
Según Chemours, este proyecto representa “lo más avanzado y seguro del mundo en su tipo, diseñado bajo los más estrictos criterios de sustentabilidad. Es un proyecto técnica y ambientalmente viable que cumple y sobrepasa todos los requisitos de la legislación ambiental y las normas aplicables de los diferentes niveles, tanto federal, estatal como municipal”, además de que el 20% de la inversión está destinada a medidas ambientales, como la reutilización del agua.
“Se protege estrictamente al subsuelo y los mantos acuíferos, al no efectuarse descargas a los mismos”. Tampoco se genera ningún tipo de residuo sólido y se anuncia la inversión en equipos de alta tecnología para reducir al máximo las emisiones a la atmósfera.
“Queremos informar a la opinión pública que nuestro proyecto no representa un riesgo para la salud o la seguridad de las personas, así como tampoco para el medio ambiente, lo cual será evaluado y verificado por las autoridades competentes”, anunció la empresa, que también ofreció un próximo acercamiento con los habitantes de la región para dar a conocer los pormenores del proyecto.
Incredulidad ciudadana
Sin embargo, la reacción de sectores de este municipio muestran su desacuerdo con los compromisos que a futuro ofrece la empresa.
En principio, explicó Guillermo Benítez, por la pretendida ubicación de la planta, en el kilómetro 72 de la autopista 57 –en dirección San Luis Potosí a Querétaro- en una extensión de más de 23 hectáreas de un predio conocido como ex hacienda de Santa Ana, debido a que se trata de una zona de vocación agrícola y ganadera.
Este punto se localiza a 22 kilómetros de la cabecera municipal. La empresa alega que se trata de una zona “alejada de centros de población” y aunque reconoce que es suelo agrícola, afirma que no ha habido movimiento de esa actividad en los últimos dos años.
“Es la Comarca de Laguna Seca, son miles de hectáreas y miles de familias dedicadas a ambas actividades”, contradice Benítez.
Para este proyecto, debe considerarse como zona de influencia no solamente San Luis de la Paz sino otros municipios vecinos, según han expuesto los integrantes del movimiento opositor, tal como ha ocurrido en coyunturas similares en otras regiones del país ante los proyectos mineros y otros relacionados con esta industria.
El estado de la carretera 57 en ese tramo es otra de las preocupaciones de los ludovicenses. “Todos sabemos que la carretera es un bache que empieza en Querétaro y termina en San Luis Potosí, está en pésimo estado y hay accidentes todo el tiempo”, dijo.
Otros criterios por los que se oponen a la instalación de la planta es el de la preservación de especies “que correrían peligro”, así como la carencia de infraestructura para atender una contingencia en una instalación como la planta de cianuro.
Molestos porque han sido ignorados hasta la fecha, los ciudadanos inconformes con la planta refieren que el abatimiento de los mantos freáticos y la explotación irracional del carbón han dejado recursos mínimos a la zona, “y siempre es la decisión de un mismo grupo de empresarios que hacen lo que les da su gana”.
Éstos y otros argumentos esperan presentarlos en el foro que se efectuará el 14 de septiembre en el Centro comunitario de San Luis, como parte del proceso de consulta pública para obtener la autorización de la Semarnat.
A partir de la fecha de la consulta, Semarnat tendrá un plazo de hasta 60 días para emitir la resolución sobre la Manifestación de Impacto Ambiental y la autorización o no al proyecto, independientemente de los trámites ante el gobierno municipal por parte de la empresa.
El tema, concluyó el representante de la Organización ciudadana ludovicense, ya logró “lo que nadie había logrado; conjuntar a gente de todos los partidos, estratos, hasta iglesias, para defender a nuestro municipio”.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA
LINK: http://www.proceso.com.mx/454361/cuestionan-a-la-semarnat-permitir-instalacion-planta-cianuro-en-guanajuato
Inicialmente, la planta sería construida en Salamanca, pero el rechazo inicial de la población la frenó para esa ciudad, que registra los más altos índices de contaminación del aire debido a la operación de la planta termoeléctrica de la CFE y la refinería de Pemex.
Además de recabar unas cinco mil firmas, el movimiento que encabeza la “Organización ciudadana ludovicense por el derecho a vivir en un ambiente sano” ha convocado a una marcha que se efectuará este domingo 11 de septiembre en el centro de la ciudad.
En comercios, viviendas particulares y otros edificios se han colocado mantas y letreros con la leyenda “No a la planta de Cianuro”, debido a que su instalación se considera de alto riesgo para la salud y el medio ambiente local, en la que producirían 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año.
En la organización ciudadana participan 150 personas, quienes asesorados por un grupo de expertos –geólogos, un doctor en ciencias y ambientalistas- han encontrado “una barbaridad” en el documento de Manifestación de Impacto Ambiental con el que The Chemours Company pretende obtener la autorización de la Semarnat, por lo que se demanda que la dependencia federal no la otorgue.
Se está exigiendo también al Ayuntamiento que no autorice el cambio de uso de suelo.
El cianuro de sodio es utilizado en el proceso de lixiviación –separación del oro y la plata—de la minería.
La empresa pretende, una vez que consiga los permisos, iniciar la construcción y echarla a andar en los siguientes dos años, con un periodo de operación total de 50 años que se podrían extender “en función del mantenimiento de sus instalaciones” para reducir la importación del cianuro “y apoyar el crecimiento de la industria minera de oro y plata en México”, según refiere en el documento de Manifestación de Impacto Ambiental.
“No pararemos hasta que tengamos en nuestras manos los documentos oficiales que nieguen los permisos a la empresa”, dijo a Apro Guillermo Benítez, integrante de la Organización ciudadana ludovicense.
“Los expertos que nos asesoran nos expresan que el documento es una barbaridad, que no concuerda con la realidad de esta zona del estado. Estamos dispuestos hasta bloquear la carretera federal 57 si es necesario porque sabemos que es una sustancia altamente tóxica y causaría efectos dañinos irreversibles”, advirtió.
Los beneficios ofrecidos por Chemours son menores en comparación con los riesgos que representa la operación de la planta productora de cianuro, añadió.
A la oposición se han sumado la Iglesia católica local y algunas iglesias evangélicas.
Las promesas de Chemours
El 25 de agosto, Chemours dio a conocer que había iniciado los trámites necesarios ante las autoridades de los tres niveles de gobierno para obtener autorizaciones, concesiones y licencias para la construcción de la planta de producción de cianuro de sodio (denominada Proyecto San Luis) “con la tecnología más innovadora, eficiente y segura del mundo”.
“El proyecto representa una inversión de tres mil 200 millones de pesos y la generación de mil empleos, directos e indirectos en San Luis de la Paz, así como la generación de una red de proveedores de servicios que incentivará la economía local.
“Tenemos una trayectoria de más de tres décadas de proveeduría, transporte y manejo seguro en México. El centro de distribución más grande de México se encuentra muy cerca de San Luis de la Paz, en la capital de San Luis Potosí. En 10 años de operación, este centro jamás ha presentado un incidente”, indicó la empresa en un comunicado.
Según Chemours, este proyecto representa “lo más avanzado y seguro del mundo en su tipo, diseñado bajo los más estrictos criterios de sustentabilidad. Es un proyecto técnica y ambientalmente viable que cumple y sobrepasa todos los requisitos de la legislación ambiental y las normas aplicables de los diferentes niveles, tanto federal, estatal como municipal”, además de que el 20% de la inversión está destinada a medidas ambientales, como la reutilización del agua.
“Se protege estrictamente al subsuelo y los mantos acuíferos, al no efectuarse descargas a los mismos”. Tampoco se genera ningún tipo de residuo sólido y se anuncia la inversión en equipos de alta tecnología para reducir al máximo las emisiones a la atmósfera.
“Queremos informar a la opinión pública que nuestro proyecto no representa un riesgo para la salud o la seguridad de las personas, así como tampoco para el medio ambiente, lo cual será evaluado y verificado por las autoridades competentes”, anunció la empresa, que también ofreció un próximo acercamiento con los habitantes de la región para dar a conocer los pormenores del proyecto.
Incredulidad ciudadana
Sin embargo, la reacción de sectores de este municipio muestran su desacuerdo con los compromisos que a futuro ofrece la empresa.
En principio, explicó Guillermo Benítez, por la pretendida ubicación de la planta, en el kilómetro 72 de la autopista 57 –en dirección San Luis Potosí a Querétaro- en una extensión de más de 23 hectáreas de un predio conocido como ex hacienda de Santa Ana, debido a que se trata de una zona de vocación agrícola y ganadera.
Este punto se localiza a 22 kilómetros de la cabecera municipal. La empresa alega que se trata de una zona “alejada de centros de población” y aunque reconoce que es suelo agrícola, afirma que no ha habido movimiento de esa actividad en los últimos dos años.
“Es la Comarca de Laguna Seca, son miles de hectáreas y miles de familias dedicadas a ambas actividades”, contradice Benítez.
Para este proyecto, debe considerarse como zona de influencia no solamente San Luis de la Paz sino otros municipios vecinos, según han expuesto los integrantes del movimiento opositor, tal como ha ocurrido en coyunturas similares en otras regiones del país ante los proyectos mineros y otros relacionados con esta industria.
El estado de la carretera 57 en ese tramo es otra de las preocupaciones de los ludovicenses. “Todos sabemos que la carretera es un bache que empieza en Querétaro y termina en San Luis Potosí, está en pésimo estado y hay accidentes todo el tiempo”, dijo.
Otros criterios por los que se oponen a la instalación de la planta es el de la preservación de especies “que correrían peligro”, así como la carencia de infraestructura para atender una contingencia en una instalación como la planta de cianuro.
Molestos porque han sido ignorados hasta la fecha, los ciudadanos inconformes con la planta refieren que el abatimiento de los mantos freáticos y la explotación irracional del carbón han dejado recursos mínimos a la zona, “y siempre es la decisión de un mismo grupo de empresarios que hacen lo que les da su gana”.
Éstos y otros argumentos esperan presentarlos en el foro que se efectuará el 14 de septiembre en el Centro comunitario de San Luis, como parte del proceso de consulta pública para obtener la autorización de la Semarnat.
A partir de la fecha de la consulta, Semarnat tendrá un plazo de hasta 60 días para emitir la resolución sobre la Manifestación de Impacto Ambiental y la autorización o no al proyecto, independientemente de los trámites ante el gobierno municipal por parte de la empresa.
El tema, concluyó el representante de la Organización ciudadana ludovicense, ya logró “lo que nadie había logrado; conjuntar a gente de todos los partidos, estratos, hasta iglesias, para defender a nuestro municipio”.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA
LINK: http://www.proceso.com.mx/454361/cuestionan-a-la-semarnat-permitir-instalacion-planta-cianuro-en-guanajuato
jueves, 8 de septiembre de 2016
El recorte al presupuesto ambiental… y las promesas
El pasado primero de septiembre, el ejecutivo federal presentó al Congreso de la Unión el Cuarto Informe de Gobierno. La presente nota analiza algunos de los puntos más relevantes del informe con relación a los bosques y al medio ambiente. El trago más amargo es el recorte de más de doce mil millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que pasó de 68 mil a 56 mil millones de pesos entre el 2015 y el 2016.
Uno de los aspectos que más claramente muestra la poca importancia que brinda la administración actual respecto al tema ambiental, y particularmente del sector forestal y al manejo activo de los bosques, es el severo recorte al presupuesto para apoyo al aprovechamiento sustentable de los bosques bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional Forestal.
Pese a que la cifra aprobada a Conafor para subsidios en materia forestal por el Congreso en el Presupuesto de Egresos del 2015 era de 5,022 millones de pesos, en los hechos sólo se aplicaron 3,940 millones (equivalentes a 3,543 millones del 2012). Si comparamos esta cifra con lo que se asignó en 2012, el último año del sexenio anterior, vemos una reducción de más del 20 % en el valor real (tomando en cuenta el INPC publicado por Inegi). Este recorte de un 20 % a los subsidios contradice las afirmaciones de las autoridades de la Conafor, cuyo Director General había declarado a principios del año que, si bien habría recortes en esa dependencia, éstos no afectarían la operación, pues sólo se reflejarían en una forma más eficiente de administrar los recursos, llevando a cabo algunos ajustes en la estructura (por ejemplo, desapareciendo las gerencias relacionadas con la silvicultura comunitaria). El hecho es que sí hubo recortes, y severos, en asuntos sustantivos de la dependencia, y estos recortes están impidiendo el alcance de las metas en términos de conservación, restauración, manejo de los bosques, capacidades técnicas, administrativas y financieras, producción, competitividad y acceso a mercados de los productos forestales por parte de las empresas forestales comunitarias.
Otro aspecto aún más notable se dio dentro de la Semarnat, en la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, cuya responsabilidad en el aprovechamiento forestal es sustantiva, y en donde el recorte ha sido de un 77 % para el mismo periodo (2012 – 2016).
La Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos es la responsable de revisar y autorizar los programas de aprovechamiento de recursos forestales maderables y no maderables, emitir autorizaciones para las actividades de saneamiento en caso de plagas, autorizar el establecimiento de plantaciones comerciales, de emitir, distribuir y controlar la papelería legal indispensable para transportar la materia prima y los productos forestales, entre muchas otras funciones.
Actualmente, después de este severo recorte del 77 por ciento, esta Dirección General es uno de los cuellos de botella más acuciantes que obstaculizan el buen desempeño de las empresas forestales comunitarias. Como ejemplo puede mencionarse el gigantesco retraso en la entrega de papelería (remisiones y reembarques) durante la temporada de corta del presente año, que impidió que varios cientos de miles de metros cúbicos de madera se pudieran comercializar a tiempo, según se reportó en la sesión del Comité Técnico del Consejo Nacional Forestal de mayo del 2016.
Un par de casos particulares ilustran este tema: el 8 de marzo del 2016 hubo un fenómeno atípico de viento que afectó gravemente el arbolado de la región de Cutzamala – Valle de Bravo, en el estado de México. Cerca de 20 mil árboles (equivalentes a más de 40 mil metros cúbicos de madera, con un valor comercial cercano a los 50 millones de pesos para varios ejidos que son los dueños de esos bosques) fueron derribados por el viento. Estos árboles no se pudieron aprovechar antes del tiempo de lluvias, pues la Dirección General de Gestión de Bosques y Suelos no emitió la papelería que debería entregar para poder remover el arbolado derribado. Esto provocó que la madera quedara tirada, generando un alto riesgo de incendio e impidiendo comercializar la madera a tiempo. Otros casos graves los ilustran ejidos del sur de Campeche, en los que el retraso en la entrega de autorizaciones para el aprovechamiento de los productos forestales ha dejado sin empleo a cientos de familias y ha provocado que algunos ejidos hayan tenido que cerrar su operación forestal, incurriendo en impagos y embargos derivados de deudas respaldadas por el valor de la madera. Estos ejemplos se reproducen por todo el país. En algunos casos esta situación ha provocado abandono de los bosques, e incluso cambio de uso de suelo por actividades con menos regulaciones y dificultades, como la ganadería o la agricultura por contrato.
Todo lo anterior constituye un verdadero boicot a uno de los programas más importantes del sector forestal del presente sexenio, la Estrategia Nacional de Incremento en la Productividad Forestal, ENAIPROS, que para su éxito requiere agilidad en las autorizaciones para el aprovechamiento forestal, para el transporte de la materia prima y los productos derivados del bosque, y para los trabajos de saneamiento de áreas plagadas. Por otro lado, es importante mencionar que, según el cuarto informe, dicha Dirección General ha autorizado en el último año y medio planes de manejo que abarcan más de un millón de hectáreas para aprovechamiento maderable. Estos planes no necesariamente significan que se incorporan nuevas áreas al manejo forestal, sino que se ha realizado una revisión de los inventarios y una modificación en las prácticas silvícolas para hacer más eficiente el aprovechamiento del bosque.
Según se publica en el Cuarto Informe de Gobierno, ha habido un incremento de 12 % en la producción legal y sustentable de madera durante el periodo en el que se ha instrumentado la ENAIPROS (2013 – 2016). Si bien esta parece una buena noticia, nos muestra que, a cuatro años de su instrumentación, estamos muy lejos de estar en la ruta para alcanzar la meta de incremento superior al 90 % para el 2018, que es la meta original de esa estrategia. Es verdad que los resultados de una estrategia de largo plazo no pueden verse en los primeros años, y que los resultados deberán reflejarse después de un tiempo más largo. Sin embargo, parece bastante claro que la meta comprometida no se alcanzará, lo cual por un lado confirma que la meta era absurdamente alta, y por otro que con los recortes en el mejor de los casos se alcanzará un 20 % de la meta, y que quedará fuertemente inconclusa. Una dificultad adicional que está enfrentando la ENAIPROS es el desarrollo de mercados para los productos forestales adicionales, en una condición en donde no se ha fomentado la competitividad de los productores forestales nacionales ante los importadores, a quienes los diferentes tratados de libre comercio y el reciente Tratado Trans Pacífico, han favorecido en perjuicio de los productores nacionales.
Otro recorte notable ocurre en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que también ha visto reducido el valor real de su presupuesto en un 22 % entre el 2012 y el 2016, al pasar de 1,075 millones de pesos a 848 millones (nuevamente deflactando conforme al INPC del INEGI). Esto ha reducido claramente su capacidad en relación a la vigilancia y sanción de por sí magra del comercio de madera ilegal. Según el reporte anual de la PROFEPA, en el 2012 se decomisaron cerca de 70 mil metros cúbicos de madera de origen ilegal, mientras que en el 2015 sólo fueron cerca de cuarenta mil, lo que parece corresponder con el recorte, aunque también se podría explicar por otros motivos. Vale la pena mencionar que los decomisos de madera que realiza la Profepa son cercanos a tan solo el uno por ciento de la madera que circula de manera ilegal en México, asumiendo las cifras oficiales de ilegalidad publicadas en el Programa Nacional Forestal 2013 – 2018 de tres millones de metros cúbicos anuales.
Un tema que vale la pena resaltar es el recorte, también severo, que ha sufrido el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que en el 2012 tenía 344 millones de pesos (el entonces INE), y en el 2016 tan sólo le quedan 217 millones, una reducción de casi cincuenta por ciento si se considera el valor real conforme al INPC. Es necesario considerar que el INECC juega un papel fundamental en el diseño y planeación de las llamadas NDC (Contribuciones Nacionalmente Determinadas), que es el compromiso de reducciones en la emisión de gases de efecto de invernadero que estableció México ante el Acuerdo de París, y que reconoce el papel del manejo activo de los bosques en la mitigación al cambio climático. Esta drástica reducción en la capacidad del INECC tampoco parece un buen augurio para los bosques.
Por otro lado, el rubro que sí ha tenido un aumento significativo es el de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que en el último año incrementó su presupuesto en 173 millones de pesos, al pasar de 1,185 a 1,359 millones. Algunos casos muestran un avance significativo en la política de la Conanp respecto a la promoción del manejo activo del bosque, como la recategorización del Parque Nacional Nevado de Toluca para convertirlo en una Zona de Conservación de Flora y Fauna. Sin embargo, no basta la revisión de las áreas bajo estatus de restricción, sino que al mismo tiempo es necesario incrementar los recursos y las capacidades institucionales para promover el manejo activo y sustentable del bosque y el apoyo a las actividades de silvicultura, transformación y comercialización. En los hechos se sigue obstaculizando la competitividad de las empresas forestales comunitarias por toda la sobre regulación existente. Por otro lado, hay un fuerte retroceso en la creación y registro por parte de la CONANP de nuevas Áreas Voluntarias de Conservación, que puede ser un esquema importante para salvaguardar territorios ejidales y comunales amenazados por actividades extractivas como la minería o la extracción de hidrocarburos.
Los recortes sí impactaron a los bosques. Pese que la Comisión Nacional Forestal había hecho declaraciones en marzo del 2015 en el sentido de que los recortes al presupuesto no afectarían las metas, es claro que las están afectando, y de seguir esta tendencia reduccionista será imposible alcanzar las metas de cero deforestación, reducción de emisiones, conservación de la biodiversidad, restauración forestal, incremento en la producción forestal, y consecuentemente seguirán deteriorándose los bosques y la calidad de vida de los habitantes de los territorios forestales. Ahora que se está elaborando el presupuesto de egresos para el 2017 existe la oportunidad de fortalecer este tema prioritario, la conservación y el manejo activo de los bosques y selvas de México.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: RAUL BENET
LINK: http://aristeguinoticias.com/0809/mexico/el-recorte-al-presupuesto-ambiental-y-las-promesas/
Uno de los aspectos que más claramente muestra la poca importancia que brinda la administración actual respecto al tema ambiental, y particularmente del sector forestal y al manejo activo de los bosques, es el severo recorte al presupuesto para apoyo al aprovechamiento sustentable de los bosques bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional Forestal.
Pese a que la cifra aprobada a Conafor para subsidios en materia forestal por el Congreso en el Presupuesto de Egresos del 2015 era de 5,022 millones de pesos, en los hechos sólo se aplicaron 3,940 millones (equivalentes a 3,543 millones del 2012). Si comparamos esta cifra con lo que se asignó en 2012, el último año del sexenio anterior, vemos una reducción de más del 20 % en el valor real (tomando en cuenta el INPC publicado por Inegi). Este recorte de un 20 % a los subsidios contradice las afirmaciones de las autoridades de la Conafor, cuyo Director General había declarado a principios del año que, si bien habría recortes en esa dependencia, éstos no afectarían la operación, pues sólo se reflejarían en una forma más eficiente de administrar los recursos, llevando a cabo algunos ajustes en la estructura (por ejemplo, desapareciendo las gerencias relacionadas con la silvicultura comunitaria). El hecho es que sí hubo recortes, y severos, en asuntos sustantivos de la dependencia, y estos recortes están impidiendo el alcance de las metas en términos de conservación, restauración, manejo de los bosques, capacidades técnicas, administrativas y financieras, producción, competitividad y acceso a mercados de los productos forestales por parte de las empresas forestales comunitarias.
Otro aspecto aún más notable se dio dentro de la Semarnat, en la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, cuya responsabilidad en el aprovechamiento forestal es sustantiva, y en donde el recorte ha sido de un 77 % para el mismo periodo (2012 – 2016).
La Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos es la responsable de revisar y autorizar los programas de aprovechamiento de recursos forestales maderables y no maderables, emitir autorizaciones para las actividades de saneamiento en caso de plagas, autorizar el establecimiento de plantaciones comerciales, de emitir, distribuir y controlar la papelería legal indispensable para transportar la materia prima y los productos forestales, entre muchas otras funciones.
Actualmente, después de este severo recorte del 77 por ciento, esta Dirección General es uno de los cuellos de botella más acuciantes que obstaculizan el buen desempeño de las empresas forestales comunitarias. Como ejemplo puede mencionarse el gigantesco retraso en la entrega de papelería (remisiones y reembarques) durante la temporada de corta del presente año, que impidió que varios cientos de miles de metros cúbicos de madera se pudieran comercializar a tiempo, según se reportó en la sesión del Comité Técnico del Consejo Nacional Forestal de mayo del 2016.
Un par de casos particulares ilustran este tema: el 8 de marzo del 2016 hubo un fenómeno atípico de viento que afectó gravemente el arbolado de la región de Cutzamala – Valle de Bravo, en el estado de México. Cerca de 20 mil árboles (equivalentes a más de 40 mil metros cúbicos de madera, con un valor comercial cercano a los 50 millones de pesos para varios ejidos que son los dueños de esos bosques) fueron derribados por el viento. Estos árboles no se pudieron aprovechar antes del tiempo de lluvias, pues la Dirección General de Gestión de Bosques y Suelos no emitió la papelería que debería entregar para poder remover el arbolado derribado. Esto provocó que la madera quedara tirada, generando un alto riesgo de incendio e impidiendo comercializar la madera a tiempo. Otros casos graves los ilustran ejidos del sur de Campeche, en los que el retraso en la entrega de autorizaciones para el aprovechamiento de los productos forestales ha dejado sin empleo a cientos de familias y ha provocado que algunos ejidos hayan tenido que cerrar su operación forestal, incurriendo en impagos y embargos derivados de deudas respaldadas por el valor de la madera. Estos ejemplos se reproducen por todo el país. En algunos casos esta situación ha provocado abandono de los bosques, e incluso cambio de uso de suelo por actividades con menos regulaciones y dificultades, como la ganadería o la agricultura por contrato.
Todo lo anterior constituye un verdadero boicot a uno de los programas más importantes del sector forestal del presente sexenio, la Estrategia Nacional de Incremento en la Productividad Forestal, ENAIPROS, que para su éxito requiere agilidad en las autorizaciones para el aprovechamiento forestal, para el transporte de la materia prima y los productos derivados del bosque, y para los trabajos de saneamiento de áreas plagadas. Por otro lado, es importante mencionar que, según el cuarto informe, dicha Dirección General ha autorizado en el último año y medio planes de manejo que abarcan más de un millón de hectáreas para aprovechamiento maderable. Estos planes no necesariamente significan que se incorporan nuevas áreas al manejo forestal, sino que se ha realizado una revisión de los inventarios y una modificación en las prácticas silvícolas para hacer más eficiente el aprovechamiento del bosque.
Según se publica en el Cuarto Informe de Gobierno, ha habido un incremento de 12 % en la producción legal y sustentable de madera durante el periodo en el que se ha instrumentado la ENAIPROS (2013 – 2016). Si bien esta parece una buena noticia, nos muestra que, a cuatro años de su instrumentación, estamos muy lejos de estar en la ruta para alcanzar la meta de incremento superior al 90 % para el 2018, que es la meta original de esa estrategia. Es verdad que los resultados de una estrategia de largo plazo no pueden verse en los primeros años, y que los resultados deberán reflejarse después de un tiempo más largo. Sin embargo, parece bastante claro que la meta comprometida no se alcanzará, lo cual por un lado confirma que la meta era absurdamente alta, y por otro que con los recortes en el mejor de los casos se alcanzará un 20 % de la meta, y que quedará fuertemente inconclusa. Una dificultad adicional que está enfrentando la ENAIPROS es el desarrollo de mercados para los productos forestales adicionales, en una condición en donde no se ha fomentado la competitividad de los productores forestales nacionales ante los importadores, a quienes los diferentes tratados de libre comercio y el reciente Tratado Trans Pacífico, han favorecido en perjuicio de los productores nacionales.
Otro recorte notable ocurre en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que también ha visto reducido el valor real de su presupuesto en un 22 % entre el 2012 y el 2016, al pasar de 1,075 millones de pesos a 848 millones (nuevamente deflactando conforme al INPC del INEGI). Esto ha reducido claramente su capacidad en relación a la vigilancia y sanción de por sí magra del comercio de madera ilegal. Según el reporte anual de la PROFEPA, en el 2012 se decomisaron cerca de 70 mil metros cúbicos de madera de origen ilegal, mientras que en el 2015 sólo fueron cerca de cuarenta mil, lo que parece corresponder con el recorte, aunque también se podría explicar por otros motivos. Vale la pena mencionar que los decomisos de madera que realiza la Profepa son cercanos a tan solo el uno por ciento de la madera que circula de manera ilegal en México, asumiendo las cifras oficiales de ilegalidad publicadas en el Programa Nacional Forestal 2013 – 2018 de tres millones de metros cúbicos anuales.
Un tema que vale la pena resaltar es el recorte, también severo, que ha sufrido el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que en el 2012 tenía 344 millones de pesos (el entonces INE), y en el 2016 tan sólo le quedan 217 millones, una reducción de casi cincuenta por ciento si se considera el valor real conforme al INPC. Es necesario considerar que el INECC juega un papel fundamental en el diseño y planeación de las llamadas NDC (Contribuciones Nacionalmente Determinadas), que es el compromiso de reducciones en la emisión de gases de efecto de invernadero que estableció México ante el Acuerdo de París, y que reconoce el papel del manejo activo de los bosques en la mitigación al cambio climático. Esta drástica reducción en la capacidad del INECC tampoco parece un buen augurio para los bosques.
Por otro lado, el rubro que sí ha tenido un aumento significativo es el de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que en el último año incrementó su presupuesto en 173 millones de pesos, al pasar de 1,185 a 1,359 millones. Algunos casos muestran un avance significativo en la política de la Conanp respecto a la promoción del manejo activo del bosque, como la recategorización del Parque Nacional Nevado de Toluca para convertirlo en una Zona de Conservación de Flora y Fauna. Sin embargo, no basta la revisión de las áreas bajo estatus de restricción, sino que al mismo tiempo es necesario incrementar los recursos y las capacidades institucionales para promover el manejo activo y sustentable del bosque y el apoyo a las actividades de silvicultura, transformación y comercialización. En los hechos se sigue obstaculizando la competitividad de las empresas forestales comunitarias por toda la sobre regulación existente. Por otro lado, hay un fuerte retroceso en la creación y registro por parte de la CONANP de nuevas Áreas Voluntarias de Conservación, que puede ser un esquema importante para salvaguardar territorios ejidales y comunales amenazados por actividades extractivas como la minería o la extracción de hidrocarburos.
Los recortes sí impactaron a los bosques. Pese que la Comisión Nacional Forestal había hecho declaraciones en marzo del 2015 en el sentido de que los recortes al presupuesto no afectarían las metas, es claro que las están afectando, y de seguir esta tendencia reduccionista será imposible alcanzar las metas de cero deforestación, reducción de emisiones, conservación de la biodiversidad, restauración forestal, incremento en la producción forestal, y consecuentemente seguirán deteriorándose los bosques y la calidad de vida de los habitantes de los territorios forestales. Ahora que se está elaborando el presupuesto de egresos para el 2017 existe la oportunidad de fortalecer este tema prioritario, la conservación y el manejo activo de los bosques y selvas de México.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: RAUL BENET
LINK: http://aristeguinoticias.com/0809/mexico/el-recorte-al-presupuesto-ambiental-y-las-promesas/
miércoles, 20 de abril de 2016
La construcción del Nuevo Aeropuerto pone en riesgo el abastecimiento de agua para la Ciudad de México
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR/A: ELIANA GILET
http://desinformemonos.org.mx/la-construccion-del-nuevo-aeropuerto-pone-en-riesgo-el-abastecimiento-de-agua-para-la-ciudad/
AUTOR/A: ELIANA GILET
http://desinformemonos.org.mx/la-construccion-del-nuevo-aeropuerto-pone-en-riesgo-el-abastecimiento-de-agua-para-la-ciudad/
La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad analizan el proyecto aprobado expeditivamente por la DGIRA
La construcción de un nuevo aeropuerto para la ciudad de México, y su resistencia, tienen más de 15 años anunciados, pero el proyecto actual tomó forma en Setiembre de 2015, cuando fue presentado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
A pesar de tratarse de uno de los mayores megaproyectos que ha tenido que estudiar, su trámite fue expedito: a fines de año, cuando la gente piensa más en la familia y las vacaciones que en los cambios en su entorno inmediato, el Manifiesto de Impacto Ambiental fue aprobado por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la mencionada Secretaría.
“El proyecto debió ser rechazado por la DGIRA debido a que existen mucha incertidumbre sobre el mismo, que surgen de la omisión deliberada de proporcionar información y que no permiten una evaluación correcta del posible impacto ambiental de la obra.” Tal fue el análisis que hizo al proyecto la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, una vez que pudieron hacerse con él.
El grupo llega 5 años en el análisis de megaproyectos, con el propósito de generar información independiente, o que esté lo menos viciada posible para que se genere un verdadero debate en torno a los proyectos que deberían o no instalarse.
“Nuestra visión es funcionar como un contrapeso a la información oficial, buscar y señalar las deficiencias en los procesos de aprobación de los mega-proyectos, sobre todo en ellos, ya que por lo general siempre traen aparejados conflictos de intereses. Nuestro propósito es generar información independiente, que en muchos casos, le ha servido a los pueblos para fortalecer sus demandas o amparos” Para tener más argumentos a la hora de enfrentarse a los procesos jurídicos, o también para la denuncia pública. Fernando Córdova Tapia, es un joven biólogo, coordinador del grupo, quien conversó con Desinformémonos al respecto de la tarea y puntualmente, de los peligros que implica la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.
“Hace 5 años que trabajamos analizando megaproyectos. En otros casos, en la audiencia pública prevista en la ley, hay chance de generar discusión, pero la intención de este proyecto era su rápida aprobación y así fue.”
“Hace 5 años que trabajamos analizando megaproyectos. En otros casos, en la audiencia pública prevista en la ley, hay chance de generar discusión, pero la intención de este proyecto era su rápida aprobación y así fue.”
Al respecto, desde el Observatorio Regional Ciudadano de Desarrollo Sustentable de Texcoco indicaron que para el proyecto del Aeropuerto lo que hubo fue una “parodia de consulta pública en el municipio de Ecatepec y hasta el momento no ha habido ninguna reunión pública en los municipios directamente afectados, territorialmente hablando, como es el caso de Texcoco y Atenco.”
De todas formas, los procesos previstos son sumamente desgastantes para quien quiera participar en ellos. Está previsto que una vez presentados los proyectos para ser estudiados por la SEMARNAT, la sociedad civil cuenta con 20 días hábiles para analizarlo y estar listo para participar, de forma informada, de la consulta pública.
El proyecto.
La consultora encargada de elaborar y redactar el Manifiesto de Impacto Ambiental para el gobierno mexicano se llama “Especialistas en Desarrollo Ambiental S.A. de C.V” y uno de sus socios fundadores es Rodolfo Lacy Tamayo, quien actualmente se desempeña como Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de ¿dónde? La SEMARNAT.
“Hemos encontrado a esta empresa en otros proyectos controversiales, como en el Parque Eólica Sur, de Juchitán, Oaxaca”
A pesar de que la participación en ambos lados del mostrador de uno de Lacy Tamayo, ese conflicto de origen no es eso lo peor del informe ambiental con que fue aprobada la construcción del proyectado aeropuerto nuevo, sino que “no es objetivo ni técnicamente robusto”
Relatan desde el equipo de científicos que una vez que la SEMARNAT publicó la aprobación del proyecto elaborado, en tiempo express, sin ningún tipo de discusión al respecto, ellos se trazaron una guía de trabajo, cuyo principal punto implicaba estudiar si la aprobación de la Semarnar era legal o no.
“Se requiere un doble análisis. Por un lado, para saber si la información presentada en el estudio es confiable, si fue recogida siguiendo criterios internacionales y de ordenamiento territorial del lugar y por otro, que tan viables son las medidas de mitigación del impacto que va a causar la obra en los territorios afectados”
Es decir, por un lado, chequear que los datos presentados fueses fieles, certeros y no falsos; y por otro, si se declaran las afectaciones o se dejan cosas de lado.
Sí encontraron deficiencias, algunas muy graves, en el estudio con el que se proyectó el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Violación de normas anteriores de ordenamiento territorial, grandes huecos de información, como cheques en blanco que se definan durante la construcción, como un gran cheque en blanco. ¿Es común esta desidia de la SEMARNAT para aprobar cualquier megaproyecto? “Nos encontramos estos problemas cuando el promotor es el mismo gobierno. Si es un particular, depende. Pero nunca la hemos visto comportarse como se comportó con este proyecto.”
“Hemos encontrado a esta empresa en otros proyectos controversiales, como en el Parque Eólica Sur, de Juchitán, Oaxaca”
A pesar de que la participación en ambos lados del mostrador de uno de Lacy Tamayo, ese conflicto de origen no es eso lo peor del informe ambiental con que fue aprobada la construcción del proyectado aeropuerto nuevo, sino que “no es objetivo ni técnicamente robusto”
Relatan desde el equipo de científicos que una vez que la SEMARNAT publicó la aprobación del proyecto elaborado, en tiempo express, sin ningún tipo de discusión al respecto, ellos se trazaron una guía de trabajo, cuyo principal punto implicaba estudiar si la aprobación de la Semarnar era legal o no.
“Se requiere un doble análisis. Por un lado, para saber si la información presentada en el estudio es confiable, si fue recogida siguiendo criterios internacionales y de ordenamiento territorial del lugar y por otro, que tan viables son las medidas de mitigación del impacto que va a causar la obra en los territorios afectados”
Es decir, por un lado, chequear que los datos presentados fueses fieles, certeros y no falsos; y por otro, si se declaran las afectaciones o se dejan cosas de lado.
Sí encontraron deficiencias, algunas muy graves, en el estudio con el que se proyectó el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Violación de normas anteriores de ordenamiento territorial, grandes huecos de información, como cheques en blanco que se definan durante la construcción, como un gran cheque en blanco. ¿Es común esta desidia de la SEMARNAT para aprobar cualquier megaproyecto? “Nos encontramos estos problemas cuando el promotor es el mismo gobierno. Si es un particular, depende. Pero nunca la hemos visto comportarse como se comportó con este proyecto.”
Las deficiencias.
Uno. La construcción del aeropuerto viola el ordenamiento territorial de Texcoco. Más precisamente viola el Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle Cuautitlán – Texcoco y el Plan Municipal de desarrollo urbano de Texcoco.
Según el Plan Municipal, la zona del Vaso del Ex Lago de Texcoco corresponde a un área no urbanizable y se considera como Área Natural Protegida, porque es una de las zonas de más valor ambiental del municipio. Para eso, el plan establece un “estricto control del crecimiento urbano, así como la promoción y el impulso a las actividades agrícolas, desalentando los asentamientos humanos”
“Al revisar la resolución de la SEMARNAT, encontramos que la división encargada del estudio no había puesto ningún reparo ante esta violación, que no había ningún inconveniente con la ubicación del proyectado aeropuerto, cuando violar los planes de ordenamiento territorial es completamente ilegal, y como se ve, los planes de ordenamiento prohíben explícitamente que se siga acercentando la densidad de la población en el Vaso del Lago de Texcoco”
Según alertan los científicos, estos planes están en proceso de “actualización”, lo que muy probablemente implique, aunque no lo saben con certeza porque no han accedido a los nuevos planes presentados por las autoridades del estado de México y del municipio de Texcoco, una modificación a la prohibición para que ya no entre en conflicto con el aeropuerto.
“Es otro frente que se abre y sería conveniente tener acceso al borrador que está armándose y que se tiene que pasar por la consulta pública. Hasta entonces no podemos afirmar la intención que esta detrás de esta modificación, pero sí intuirla”
Según el Plan Municipal, la zona del Vaso del Ex Lago de Texcoco corresponde a un área no urbanizable y se considera como Área Natural Protegida, porque es una de las zonas de más valor ambiental del municipio. Para eso, el plan establece un “estricto control del crecimiento urbano, así como la promoción y el impulso a las actividades agrícolas, desalentando los asentamientos humanos”
“Al revisar la resolución de la SEMARNAT, encontramos que la división encargada del estudio no había puesto ningún reparo ante esta violación, que no había ningún inconveniente con la ubicación del proyectado aeropuerto, cuando violar los planes de ordenamiento territorial es completamente ilegal, y como se ve, los planes de ordenamiento prohíben explícitamente que se siga acercentando la densidad de la población en el Vaso del Lago de Texcoco”
Según alertan los científicos, estos planes están en proceso de “actualización”, lo que muy probablemente implique, aunque no lo saben con certeza porque no han accedido a los nuevos planes presentados por las autoridades del estado de México y del municipio de Texcoco, una modificación a la prohibición para que ya no entre en conflicto con el aeropuerto.
“Es otro frente que se abre y sería conveniente tener acceso al borrador que está armándose y que se tiene que pasar por la consulta pública. Hasta entonces no podemos afirmar la intención que esta detrás de esta modificación, pero sí intuirla”
Dos. Además de construír las pistas y la terminal aérea, planean contruir el Aerotrópolis, una nueva ciudad asociada al Aeropuerto, sobre la que no se tiene más detalle. “Cuando la SEMARNAT acepta el proyecto, lo hace incluyendo estos 3 componentes, que ni siquiera sabemos cómo va a ser. Es una de las preocupaciones principales, es un cheque en blanco.”
El Manifiesto de Impacto Ambiental, a la hora de describir los impactos que tendrá la nueva construcción, no incluye siquiera el tamaño que el Aerotrópolis tendrá, pero los científicos calculan que serán 3,7 millones de metros cuadrados de pura ciudad nueva, en una zona que, como dice el Plan de Ordenamiento de más arriba, ya no aguanta más gente.
“Lo que proyectan es una pequeña ciudad asociada al aeropuerto, para que el viajero no deba salir, que tenga hoteles, centros de convenciones y que el acercamiento con el país sea hasta ahí. Es la parte más grande del proyecto del nuevo aeropuerto y apenas se menciona de qué se trata.”
Según los científicos, este mecanismo es el síntoma que revela el mecanismo: lo que se intenta desde arriba es ocultar los impactos que pueda haber, simplemente no mencionarlos, como chiflando para arriba, a ver si pasan.
“El Nuevo Aeropuerto se ha promocionado como una construcción que no va a gastar casi agua, que va a ser súper sustentable, pero ¿cuánta agua requerirá esa Aerotrópolis? Hicimos una estimación de acuerdo a los pocos datos que se tiene y calculamos que serían unos 23 millones de metros cúbicos por año sólo para esa ciudad”
El Manifiesto de Impacto Ambiental, a la hora de describir los impactos que tendrá la nueva construcción, no incluye siquiera el tamaño que el Aerotrópolis tendrá, pero los científicos calculan que serán 3,7 millones de metros cuadrados de pura ciudad nueva, en una zona que, como dice el Plan de Ordenamiento de más arriba, ya no aguanta más gente.
“Lo que proyectan es una pequeña ciudad asociada al aeropuerto, para que el viajero no deba salir, que tenga hoteles, centros de convenciones y que el acercamiento con el país sea hasta ahí. Es la parte más grande del proyecto del nuevo aeropuerto y apenas se menciona de qué se trata.”
Según los científicos, este mecanismo es el síntoma que revela el mecanismo: lo que se intenta desde arriba es ocultar los impactos que pueda haber, simplemente no mencionarlos, como chiflando para arriba, a ver si pasan.
“El Nuevo Aeropuerto se ha promocionado como una construcción que no va a gastar casi agua, que va a ser súper sustentable, pero ¿cuánta agua requerirá esa Aerotrópolis? Hicimos una estimación de acuerdo a los pocos datos que se tiene y calculamos que serían unos 23 millones de metros cúbicos por año sólo para esa ciudad”
El Aeropuerto y la ciudad conexa estarán conectados a la red municipal de agua, de la “superexplotada” zona de Texcoco, por lo que la prioridad del uso del agua potable, apuntan los científicos, va a ser la Aerotrópolis y no los pueblos de la zona, que ya sufren la escasez.
Tres. La mayor parte de las medidas de compensación planteadas no explicitan cómo se van a llevar a cabo o son simplemente, descabelladas.
Es el caso, por ejemplo, de la generación de nuevos cuerpos de agua. Como “mitigación” de secar el Lago de Texcoco, el gobierno plantea que creará “nuevos cuerpos de agua” de los cuales no especifica la profundidad, ni las dimensiones ni nada. “La SEMARNAT acepta esto sin información técnica, sin rigor científico alguno que certifique que lo que se propone, se va a lograr. Creemos que pasa lo mismo con la Aerotrópolis mencionada anteriormente, si no te comprometes a nada, no hay nada que revisar a ver si se cumplió.” No hay nada sobre lo que rendir cuentas, pues.
La otra medida de compensación es la siembra de 260 mil árboles de cedro salado, una especie invasora, que es una de las principales amenazas a la flora y la fauna del país. “En todas partes estamos peleando contra la invasión de esta especia y aquí se propone como la medida mágica que va a compensar los daños causados por la construcción del aeropuerto sobre la única esperanza que tiene la ciudad de México de tener agua en un futuro” explicó el biólogo Cordova a Desinformémonos.
“Aparte, son árboles de hoja muy inflamable, que estando en tal gran extensión, es muy probable que termine incendiándose. Estos árboles son plaga porque terminan haciendo que ninguna especie pueda vivir en esas condiciones, que no tengan acceso al agua. Es una plaga que no permite que crezca nada más allá que ellos mismos.”
Explicó que este tipo de árbol sala el manto acuífero y que con las lluvias y la propia caída de las hojas, que se sedimentan en el suelo, esa sal puede llegar a infiltrarse al acuífero que tiene debajo. Eso o las raíces profundas que les crecen.
“Lo que están tratando de hacer es cambiar un lago por un bosque. Desde un punto de vista científico es la peor decisión. No deberíamos siquiera intentarlo. El Vaso del Lago de Texcoco es la esperanza de tener agua en un futuro no muy lejano, ¿y encima le vas a poner una plancha de concreto, pistas, una ciudad y áreas libres sembradas con una especie que es plaga?”
Es el caso, por ejemplo, de la generación de nuevos cuerpos de agua. Como “mitigación” de secar el Lago de Texcoco, el gobierno plantea que creará “nuevos cuerpos de agua” de los cuales no especifica la profundidad, ni las dimensiones ni nada. “La SEMARNAT acepta esto sin información técnica, sin rigor científico alguno que certifique que lo que se propone, se va a lograr. Creemos que pasa lo mismo con la Aerotrópolis mencionada anteriormente, si no te comprometes a nada, no hay nada que revisar a ver si se cumplió.” No hay nada sobre lo que rendir cuentas, pues.
La otra medida de compensación es la siembra de 260 mil árboles de cedro salado, una especie invasora, que es una de las principales amenazas a la flora y la fauna del país. “En todas partes estamos peleando contra la invasión de esta especia y aquí se propone como la medida mágica que va a compensar los daños causados por la construcción del aeropuerto sobre la única esperanza que tiene la ciudad de México de tener agua en un futuro” explicó el biólogo Cordova a Desinformémonos.
“Aparte, son árboles de hoja muy inflamable, que estando en tal gran extensión, es muy probable que termine incendiándose. Estos árboles son plaga porque terminan haciendo que ninguna especie pueda vivir en esas condiciones, que no tengan acceso al agua. Es una plaga que no permite que crezca nada más allá que ellos mismos.”
Explicó que este tipo de árbol sala el manto acuífero y que con las lluvias y la propia caída de las hojas, que se sedimentan en el suelo, esa sal puede llegar a infiltrarse al acuífero que tiene debajo. Eso o las raíces profundas que les crecen.
“Lo que están tratando de hacer es cambiar un lago por un bosque. Desde un punto de vista científico es la peor decisión. No deberíamos siquiera intentarlo. El Vaso del Lago de Texcoco es la esperanza de tener agua en un futuro no muy lejano, ¿y encima le vas a poner una plancha de concreto, pistas, una ciudad y áreas libres sembradas con una especie que es plaga?”
Cuatro. La zona de Texcoco es la parte de la ciudad y el estado de México que más rápido se hunde, entre 30 y 40 centrímetros al año, es por lo tanto, de las que tienen más riesgo de inundarse, ya que el agua se deposita en la zonas más bajas, siempre.
Cordova relata que desde la década del 70, la única esperanza para que la ciudad de México volviera a tener su vocación original de lago, era solucionar el problema de la recarga de los mantos acuíferos. También, como forma de paliar la crisis de acceso al agua patoble, que ya entonces era latente.
“Se había planeado recuperar el Vaso de Texcoco como el lago que facilitaría la infiltración de la zona y operaría como amortiguador de inundaciones. Las zonas de los mantos que han sido sobreexplotadas son dónde las construcciones se hunden más a prisa.”
Cordova relata que desde la década del 70, la única esperanza para que la ciudad de México volviera a tener su vocación original de lago, era solucionar el problema de la recarga de los mantos acuíferos. También, como forma de paliar la crisis de acceso al agua patoble, que ya entonces era latente.
“Se había planeado recuperar el Vaso de Texcoco como el lago que facilitaría la infiltración de la zona y operaría como amortiguador de inundaciones. Las zonas de los mantos que han sido sobreexplotadas son dónde las construcciones se hunden más a prisa.”
A pesar de haber tenido todos estos graves problemas a la vista, que indican que la obra no es apta ni deseable en ese lugar (o en cualquiera podrían decir los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, principal resistencia al megaproyecto) la Secretaría de Medio Ambiente dio luz verde al proyecto con todos sus huecos.
Sin embargo, hasta el momento, las obras no han avanzado más allá de la nivelación del terreno y los recortes presupuestales que tuvo la obra en 2015, estimados en un 70 por ciento del presupuesto que se le había destinado originalmente.
Sin embargo, hasta el momento, las obras no han avanzado más allá de la nivelación del terreno y los recortes presupuestales que tuvo la obra en 2015, estimados en un 70 por ciento del presupuesto que se le había destinado originalmente.
“La versión oficial del gobierno sostiene que el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México va a ser sustentable, que va a reciclar el agua, pero lo cierto es que se han dedicado a no analizar el impacto real que va a tener la obra, tratando de desviar la atención de lo importante a lo superficial. No declarar impactos para no tener que cumplir con las compensaciones. Este proyecto es un dolor de cabeza por donde lo miren.”
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