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Linchamientos, cortes de manos… la impunidad lanza a civiles a una “justicia irracional”: sociólogos

En septiembre, el 71.9 por ciento de la población mayor a 18 años consideró que vivir en su ciudad es inseguro, sobre todo cuando está en un cajero automático o en el transporte público, de acuerdo con una encuesta del Inegi. Además, el 63 por ciento de la población consultada percibió el desempeño de la Policía Federal “muy o algo efectivo”; el 51 por ciento lo cree de la Policía Estatal y el 41.7 por ciento de la Policía Preventiva Municipal. Las autoridades registraron, de enero a agosto, 25 mil 658 homicidios; 3 mil 383 extorsiones y 867 secuestros en el país. Ante los índices de inseguridad e impunidad, además de la corrupción entre policías y criminales, algunos ciudadanos optan por la justicia por mano propia, una que es violenta e irracional, alertaron sociólogos.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).– Si alguien comete un crimen, merece ser golpeado (o linchado) sin pruebas de por medio. Al menos según algunos ciudadanos hartos de la inseguridad. Sin embargo, sociólogos aseguran que bajo ninguna circunstancia es justificable dado la existencia del derecho al debido proceso y porque al hacerlo se es parte de un círculo vicioso: se combate al crimen con más crimen.

El lunes pasado, seis personas fueron localizadas en Tlaquepaque, Jalisco, con las manos cortadas y la palabra “rata” escrita en sus cuerpos. De acuerdo con los testimonios de los dos detenidos pertenecientes al narcotráfico, las amputaciones se dieron porque las víctimas “no habían pagado una droga que habían distribuido”.

Sin embargo, ante la impunidad para frenar la violencia, este tipo de justicia o autodefensa se está extendiendo a ciertas comunidades que, ante un hecho, forman grupos exaltados e “irracionales”, explicaron sociólogos.

Señalamientos, golpes furiosos, sangre y descontrol… en algunos casos los justicieros terminan detenidos o atacando a gente inocente. La justicia es un proceso lento que requiere pruebas y respeto a los derechos humanos de las personas. Ellos, enardecidos, no están dispuestos a esperar.

El “Grupo de élite antirratas” les puso a las siete personas de Jalisco un letrero que contenía el mensaje: “Esto nos pasó por rateros”, así como advertencias para los ladrones de casas, autos y motocicletas, y a quienes agredan a transeúntes. Pero el fiscal estatal, Eduardo Almaguer, aseguró que fue un ajuste entre criminales.

“Aunque es una reacción natural y masiva a la inseguridad, y a la preocupación, es una venganza fuera de toda racionalidad. En algunos casos tienen relación con las costumbres de la comunidad. Mientras permanezca la inseguridad, seguirán estos fenómenos”, aseguró el sociólogo del Colegio de México, Arturo Alvarado Mendoza.


Alicia Ortiz Rivera, socióloga del Instituto Mora, coincidió en que, además de “un evidente vacío” del Estado en materia de seguridad, la violencia se ha arraigado en comunidades donde hay pobreza, falta de atención de las instituciones públicas y donde hay ciertas prácticas comunitarias que favorecen una cohesión interna muy cerrada.

“Se vuelve una especie de paradoja en donde el delito se vuelve arma para combatir al delito. Eso no debería darse en sociedades que se dicen civilizadas y con un Estado de Derecho”, añadió.

Hace un año, en octubre de 2015, dos encuestadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) fueron linchados por pobladores de Ajalpan, Puebla. Una versión señaló que los habitantes creyeron escuchar “Somos secuestradores”. Entonces los golpearon e incendiaron.

Uno de los sujetos que intentaba robar tanques de gas en un poblado de Tlaxcala. Foto: Cuartoscuro.

Pero hay casos más antiguos.

En noviembre de 2003, cuando grabar vídeos con celular y compartirlos en redes sociales no era común, habitantes de San Juan Ixtayopan, en la delegación Tláhuac, lincharon a tres elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP). Y lo filmaron. Un año después, cientos de personas de Santiago, Atlatonco, en el Estado de México, creyeron que policías ministeriales iban a realizar un secuestro e intentaron lincharlos.

En Jilotzingo, otro municipio mexiquense, el 10 de noviembre de 2009 vecinos retuvieron a cuatro sujetos que supuestamente secuestraron a uno de los pobladores, los golpearon y los amenazaron con lincharlos.

Un patrón común es que los pobladores que agreden no están seguros de si es culpable. Pero lo escucharon.

“Al ser gente muy al margen de las instituciones, se dejan llevar por información que no necesariamente es verdad. Tiene que ver con manipulación de tipo grupal religioso o interno que distorsiona el ejercicio de la justicia. Ni siquiera se da la posibilidad de que el acusado pueda acceder a lo que en materia de derechos humanos se conoce como el debido proceso”, explicó la también psicoanalista, Alicia Ortiz.

Arturo Alvarado, especialista en sociología de la violencia y la criminalidad, dijo que “en un linchamiento colectivo, con una o dos personas que empiecen a decir que hay un ladrón, no hay manera de demostrar que es el agresor real ni que la gente razone y lo entregue a una autoridad para que lo deslinde. Han habido casos en que el supuesto agresor no era, pero fueron acusados por pobladores y estaban totalmente indefensos”.

MIENTRAS HAYA INSEGURIDAD… 


Siete años después del linchamiento en Jilotzingo, los grupos de gente enardecida siguen y van de la mano de las olas delictivas en el país y desconfianza en las autoridades.

Nadie está a salvo. Un juez, Vicente Antonio Bermúdez, fue asesinado mientras salía a correr. El Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública documenta 25 mil 658 homicidios, principalmente en Guanajuato y Jalisco; 3 mil 383 extorsiones, más en Nuevo León y la Ciudad de México; y 867 secuestros, sobre todo en Jalisco y Tamaulipas, de enero a agosto de este año. Tan solo los registrados por denuncias, no el total.

En septiembre, el 71.9 por ciento de la población mayor a 18 años consideró que vivir en su ciudad es inseguro, sobre todo cuando está en un cajero automático o en el transporte público, de acuerdo con una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Principalmente lo manifestaron habitantes de Ecatepec de Morelos, la región Oriente de la Ciudad de México, Coatzacoalcos, Acapulco de Juárez y Villahermosa. En contraste, pobladores de Mérida, Tepic, San Francisco de Campeche, Puerto Vallarta y Durango se dijeron menos inseguros.

El 63 por ciento de la población consultada percibió el desempeño de la Policía Federal “muy o algo efectivo”; el 51 por ciento lo cree de la Policía Estatal y el 41.7 por ciento de la Policía Preventiva Municipal.

Sin embargo, al hacer justicia por propia mano al no confiar en la efectividad de las autoridades, los ciudadanos también se vuelven criminales.

“No está permitido por la ley hacer justicia por mano propia. Además, protegerse bajo que las masas están enojadas y que es inevitable no es una excusa frente a los derechos humanos de las personas y a la necesidad de buscar un proceso de justicia. Bajo ningún motivo es justificable”, determinó el sociólogo Alvarado Mendoza.

Un presunto secuestrador golpeado en Ecatepec. Foto: Cuartoscuro.

El domingo pasado, el medio A Fondo Estado de México difundió un video que muestra cómo pasajeros de un autobús golpearon a tres sujetos, que supuestamente intentaron asaltarlos cuando transitaban por la Calzada de Ignacio Zaragoza con dirección al Estado de México.

En las imágenes se observa a los usuarios enardecidos contra el trío de jóvenes, a quienes bajan del camión, patean y golpean hasta que una patrulla de la Policía Municipal llegó y los rescató, asegurándolos para ponerlos bajo arresto.

Otro intento de linchamiento a un presunto ladrón ocurrió en San Pedro Totoltepec, en Toluca, Estado de México. Los pobladores desnudaron y golpearon a un joven que intentó asaltar un negocio de flores con arma de fuego. Lo retuvieron hasta que una patrulla de la Policía local lo aseguró.

El presunto delincuente amagó con arma de fuego a los dueños del establecimiento comercial, sin embargo, vecinos del lugar se dieron cuenta del asalto y sometieron al joven, a quien golpearon hasta que una patrulla de la Policía local lo aseguró.

“Los linchamientos son un tema de preocupación importante porque son mecanismos para hacer justicia por propia mano que obedecen a una lógica: se reproduce en espacios donde hay frustración, enojo, y rabia de verse indefenso por la inexistencia de un aparato policial que pueda responder ante esta grave situación de violencia en el país. No tiene motivaciones racionales, sino emotivas. Estas formas de agresión ocurren porque no hay mecanismos reales donde uno pueda obtener justicia y protección en asaltos o violaciones”, expuso el académico-investigador Arturo Alvarado.

Este mes, el 5 de octubre, pobladores de Zacamulpa, en el Estado de México, intentaron linchar a un delincuente, que asaltaba a pasajeros de un autobús. Durante el enfrentamiento, se registraron daños a las instalaciones del centro de Justicia, a varias patrullas dañadas y hubo elementos de la municipal lesionados, por lo que se detuvieron a cuatro colonos

El 2 de septiembre, en Papalotla, Tlaxcala, habitantes de la cabecera del municipio de Papalotla golpearon e intentaron linchar a cinco sujetos que fueron sorprendidos cuando intentaban robar tanques de gas que se encontraban al interior de un domicilio.

Meses antes, el 27 de mayo, pobladores de Santa María Maquixco, Estado de México, retuvieron a dos sujetos que presuntamente intentaron subir a una mujer a un vehículo Tsuru con placas del Estado de México. Habitantes del lugar prendieron fuego al carro, por lo que la policía tuvo que intervenir. Los detenidos fueron trasladados al ministerio público de esa localidad.

Dado que las autoridades no logran frenar a la delincuencia y la justicia por propia mano es ilegal, la socióloga Alicia Ortiz recomendó implementar políticas para detectar los grupos que manejan un discurso que incita a la violencia dentro de las comunidades; debe abordarse a nivel cultural en las comunidades con esos antecedentes.

“La violencia tiende a reproducirse”, advirtió.





Fuente: Sin Embargo
Autora: Dulce Olvera
http://www.sinembargo.mx/22-10-2016/3105412

La peor injusticia es ver que la autoridad carece de las capacidades para investigar los hechos denunciados: Colectivos de víctimas en México

Ante el “ineficiente” marco de prohibición de la tortura como método de investigación de la Iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el cual no considera que la obtención de pruebas bajo el sometimiento y la tortura son un acto de revictimización, diversos colectivos de víctimas de la violencia en México manifestaron su preocupación sobre la integridad de los individuos en los procesos judiciales.

“La peor injusticia que puede sufrir una víctima de desaparición, secuestro, extorsión, feminicidio, trata de personas o cualquier otro hecho victimizante, es ver que la autoridad carece de las capacidades para investigar los hechos denunciados” para dejar que la carga permanezca con las víctimas o que la investigación se detenga, afirmaron agrupaciones como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México  (AFADEM-FEDEFAM) y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).

De acuerdo con la  Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014, en un 49.9 por ciento de las averiguaciones previas iniciadas “no pasa nada”, mientras que el Índice Global de Impunidad México 2016 establece que de un millón 679 mil 702 averiguaciones y carpetas de investigación abiertas en un año en las entidades federativas, únicamente se inician 215 mil 638 causas penales, es decir, el 12.8 por ciento.

De ese escaso número, muchas de las víctimas descubren que durante los procesos, el ministerio público o fiscalía no reúne pruebas sólidas y reales que esclarezcan los hechos y afirmen que la persona acusada es la verdadera responsable. “En estos casos, lejos de brindar justicia a las víctimas, el Estado sólo ha creado otra víctima más”, señalan los colectivos.

Ante esto, las agrupaciones exigen que la legislación general en la materia signifique un verdadero freno para la obtención de pruebas ilícitas, a través de métodos de tortura, sometimiento y otros malos tratos, de forma que la autoridad judicial excluya cualquier “evidencia” que no se haya comprobado su licitud.


Por último, reafirmaron que “la única manera de proteger los derechos de las víctimas es erradicando la tortura y los tratos crueles como “método” de investigación”, por medio de la demanda de investigaciones profesionales “a la altura” de los derechos de quienes son víctimas.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://desinformemonos.org.mx/la-peor-injusticia-es-ver-que-la-autoridad-carece-de-las-capacidades-para-investigar-los-hechos-denunciados-colectivos-de-victimas-en-mexico/

Evidencian lentitud de Jalisco en nuevo sistema

Jalisco está entre los 12 estados más rezagados en la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Aunque faltan 114 días para que venza el plazo a nivel nacional, todavía no se han capacitado 4 mil 366 policías municipales en todo el estado.
Incluso en municipios donde ya está vigente el sistema no se ha realizado un proceso de formación de los policías. Juanacatlán y Acatlán de Juárez forman parte del quinto distrito judicial, en donde entró en vigor el nuevo modelo el 15 de febrero, pero los alcaldes reconocieron que no todos los agentes han sido preparados para llevar a cabo los nuevos protocolos de justicia oral en materia penal.
Juanacatlán tiene 30 agentes. La mitad está reprobada en cuanto a sus exámenes de control y confianza, y ninguno ha recibido capacitación en torno al sistema acusatorio adversarial. En el caso de Acatlán hay 40 policías y apenas la mitad ha recibido información sobre este esquema.
“Estamos en la mejor disposición de preparar a nuestros policías, esta capacitación que se les va a dar es excelente, nosotros recibimos una Policía que 50 por ciento de los elementos no está aprobado en sus exámenes de control y confianza, esto nos va a servir para que se aprueben y se capaciten”, resaltó el alcalde de Juanacatlán, Refugio Velázquez Vallín.
“Necesitamos preparar a nuestra gente para que pueda hacer un buen trabajo para los ciudadanos, esta implementación la veo muy bien, pero hay que trabajar”, aceptó el alcalde de Acatlán de Juárez, Gerardo Ochoa Alvarado, lo que podría poner en riesgo el debido proceso.
La secretaria técnica del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Ruth Gallardo Vega, defendió que la implementación va en tiempo y forma. Que de los 15 mil 9 policías municipales que hay en todo el estado se ha capacitado a 71 por ciento, aunque aceptó que no se puede dar cursos sobre el nuevo sistema de justicia hasta que los policías estén aprobados en sus exámenes de control y confianza, y que hasta el momento se ha detectado esta situación en al menos 20 municipios, incluidos los de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
En ese escenario, Jalisco ocupa el lugar 21 a nivel nacional en cuanto a los avances en la implementación del sistema acusatorio adversarial, estimó la titular de la Secretaría Técnica del Consejo Coordinador para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), María de los Ángeles Fromow Rangel.
“Definitivamente (en Jalisco) hemos avanzado considerablemente, se acuerdan que decíamos que estábamos en penúltimo lugar, hoy ya está Jalisco en el lugar 21 de la tabla, pero lógicamente ya está en un nivel medio alto, esto nos llevará a tener el nivel óptimo una vez que tengamos ya Tonalá, que es el centro de justicia que se está construyendo y que abarcará el distrito centro, que es el de mayor población y el de mayor incidencia”, resaltó.
Este año, Jalisco recibirá 86 millones de pesos de recursos federales para completar la infraestructura, equipamiento y capacitación que requiere el nuevo esquema. Serán 25 millones de pesos de la Setec y 61 millones de pesos más del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.

Fuente: NTR Guadalajara
Autora: Rebeca Pérez Vega
http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=31412

Juicios orales: iniciarán en junio sin personal capacitado, instalaciones ni recursos

Pese a las faltas, el gobierno federal dice que no habrá prórroga y para mayo se culminará la fase de implementación inicial; periodo de transición entre viejo y nuevo sistema se extendería hasta cinco años.

Quedan cinco meses de los 8 años de plazo que México tenía para implementar el nuevo sistema penal y hay pendientes en todos lados.

El marco legal está incompleto, incluyendo dos leyes nacionales atoradas en el Congreso; los recursos no sobran: se necesitan 19 mil millones de pesos para la puesta en marcha; el sistema no funciona completo: solo 22% de los estados terminaron; y decenas de miles de policías faltan por ser capacitados.

Pero no habrá prórroga. La titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), María de los Ángeles Fromow, dijo que el sistema entrará en funcionamiento el 18 de junio como mandata la Constitución.

Cursos exprés para policías de 40 horas en lugar de 120, construcción de salas de justicia más sencillas pero suficientes en vez de grandes complejos, asignación obligatoria de la quinta parte de los subsidios de seguridad de un estado y municipio para el nuevo sistema penal, forman parte de la estrategia de la SETEC y los estados para alcanzar a cumplir con la meta.

Lo que sí adelantó es que el nuevo sistema penal acusatorio – que privilegia la presunción de inocencia, medidas alternativas y oralidad – y el sistema actual que sigue vigente, operarán de forma conjunta varios años debido a los casos que ya se iniciaron con el actual y por ley no se pueden transferir al nuevo.

Se tratará, dijo, de una transición de tres a cinco años. Es decir, el actual sistema todavía podría estar funcionando hasta el 2020.

“El 18 de junio se estará operando en todo el  país (el nuevo sistema penal) con todos los derechos, con instalaciones adecuadas pero con la perspectiva de ir mejorando toda la infraestructura. Ese día no se terminará el trabajo (…) además entraremos a una fase de transición con dos sistemas operando” dijo Fromow.

Faltan leyes

Fromow explicó que para el correcto funcionamiento del nuevo sistema penal acusatorio aún hace falta la promulgación de dos normas de carácter nacional, es decir que se aplicarán en todo el país. Una de ellas La ley Nacional de Ejecución de Sanciones, la cual fijará las condiciones en que una persona podrá cumplir su sentencia, ya sea mediante prisión o con penas alternativas que permitan su rehabilitación.

Recordó que una de las ventajas del sistema penal acusatorio es que plantea un mayor número de alternativas –distintas a la cárcel- para quien sea sentenciado, lo que además ayudará a despresurizar los reclusorios que hoy presentan una sobrepoblación superior al 20 por ciento.

“Nos falta el último de los andamiajes.  El cómo ejecutas la sanción penal que se imponga y a la vez cómo reisertas a esa persona adecuadamente en la comunidad y haces la cohesión social. Si tienes medidas cautelares por ejemplo  y cómo vas a reinsertar a esa persona en la comunidad. Es una ley vital”, explicó Fromow.

La otra ley de carácter nacional que falta es la de Justicia para Adolescentes la cual contemplará medidas específicas de tratamiento para los menores de edad que cometan delitos, de acuerdo con los lineamientos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cabe señalar que antes se expidió una Ley Federal de Justicia para Adolescentes pero nunca entró en vigor por múltiples deficiencias que tenía, dijo Fromow.

De acuerdo con al SETEC los proyectos de ambas leyes se encuentra en el Senado y  deberán salir en el actual periodo de sesiones para que se pueda cumplir con la obligación constitucional de que el sistema penal acusatorio funcione integralmente antes de junio.

Fromow destacó por otra parte que hay una miscelánea de leyes que necesitan ser reformadas a partir de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y cuyas minutas se encuentran ya en la Cámara de Diputados.

“Hay 11 leyes federales que necesitamos modificar para la operación; son modificaciones a leyes orgánicas del Poder Judicial, de la defensoría, de la PGR, de distintas áreas que son indispensables para la operación del sistema y que tiene que sirven para volver operativo lo que está en el código nacional” dijo la titular de la SETEC.

Plan B: todos ponen dinero

La estimación al inicio de la administración actual es que se necesitaban 40 mil millones de pesos para lograr la implementación en todo el país de la reforma penal. La SETEC informó que hasta ahora se han invertido cerca de 21 mil millones entre recursos federales y aportaciones de las entidades Es decir, aun se necesitan invertir otros 19 mil millones.

Fromow dijo que ya se presentó esta estimación ante la Secretaria de Hacienda sin embargo, reconoció que difícilmente se tendrá todo ese dinero. De entrada, y como Animal Político publicó en diciembre, confirmó que los recursos para la SETEC tuvieron un recorte de casi el 30% en este año.

En ese contexto dijo que se está haciendo un esfuerzo nacional en distintos frentes. Por ejemplo, se estableció que a partir de este año el 20% de los fondos de seguridad que recibirán las entidades y municipios se destinarán exclusivamente para la implementación de la reforma penal. Además se exhortará a los estados para que puedan incrementar incluso ese porcentaje.

A esto se sumarán los recursos de la Iniciativa Mérida ya traducidos en especie, es decir, en equipos e infraestructura para los tribunales y salas penales de juicio oral, así como para los servicios periciales de las distintas entidades. La funcionaria no precisó a cuánto asciende dicha aportación pero dijo que es un apoyo significativo.

Existe el compromiso de la Embajada de los Estados Unidos de que todas sus aportaciones se recibirán antes del mes de mayo.

“Esto nos permite avanzar mucho más rápido en los requerimientos de los estados y bajo ese contexto tener lo necesario para la operación del sistema… Todos ponemos recursos y todos podemos aportar”, dijo Fromow.

Ranking de estados

De acuerdo con los datos oficiales de la STEEC, hay siete entidades en las cuales ya opera al 100% el sistema penal acusatorio, es decir, con el marco legal ya completo y dando cobertura a todos los delitos. Se trata de Chihuahua, Morelos, Estado de México, Zacatecas, Durango, Yucatán y Nuevo León.

En las 25 entidades restantes el sistema funciona parcialmente ya sea porque no cubre todos los delitos o porque no se aplica en todos los municipios de la entidad.

La información oficial detalla además que el porcentaje de población que vive en una zona donde ya funciona el nuevo sistema es del 68.9 por ciento que equivalen a poco más de 80 millones de personas.

Para tener una mejor medición del avance en la implementación del sistema penal en las entidades,  Fromow dijo que se construyó un ranking a partir de 400 indicadores distintos. A partir de ahí se clasifica a las entidades en una escala del 1 al 10 y a su vez divididas en los niveles óptimo, alto, medio alto, medio, medio bajo, bajo y mínimo.

En ese contexto Nuevo León, Chihuahua y Yucatán figuran como las tres entidades con mayor avance y con una calificación superior a nueve que representan un nivel óptimo. En tanto, las más atrasadas son Baja California Sur con una calificación de 4.5 y Sonora con 3.9, que significa un nivel medio bajo.

La titular de la SETEC destacó el caso de Sonora en donde hubo un esfuerzo nacional y una inversión directa de 200 millones de pesos para que pusiera en marcha la estrategia de implementación de la reforma, toda vez que el estado tenía un avance prácticamente nulo hasta el año pasado.

“En realidad diría que los principales retrasos en los estados lo tenemos por el tema de la falta de personal, de personal capacitad, es el común denominador que vemos en varios de ellos”, dijo Fromow.

Recordó, como este portal también ya publicó, que hay una estrategia especial para agilizar la capacitación de los más de 330 mil policías estatales y municipales para el país, con el compromiso de que todos estén listos a más tardar el 30 de mayo. Dicha estrategia contempla dar talleres recortados de 40 horas a los agentes, en vez de los de 120 horas que implican una formación más integral.

Se ha trabajado también con algunas entidades para verificar como están trabajando. Fromow se refirió al caso concreto de Veracruz en donde se hizo una revisión específica de cómo la entidad está invirtiendo el dinero destinado para la implementación de la reforma,  luego de que se recibieron reportes de que no se estaba gastando adecuadamente.


“Veracruz requirió una asesoría técnica para infraestructura  en el equipamiento (…) fuimos y analizamos con el Secretario de Finanzas para hacer un replanteamiento de su estrategia para que tengan el equipamiento que se requiere en el estado”, dijo Fromow.

Un país: dos sistemas

El 18 de junio funcionará en todo el país el sistema penal acusatorio sin embargo, el actual sistema penal esencialmente escrito, continuará funcionando ya que por ley las averiguaciones previas que ya estén abiertas y los juicios penales en curso deberán continuarse integrando de la misma forma.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, serán de tres a cinco años en que ambos sistemas estarán funcionando de forma paralela, es decir hasta el 2020. Esto, dijo Fromow, implica un reto para las entidades que con recursos y personal similar deberán mantener a flote los dos procedimientos.

Fromow confió en que esto no genera una saturación del sistema toda vez que el nuevo modelo implica que sean menos los casos que lleguen a tribunales.  Un análisis hecho por la dependencia señala que la meta es que solo el 1% de los procesos llegue a un juicio oral.

Durante esta etapa de transición, explicó al titular de SETEC, también se continuará invirtiendo en el tema de la implementación del nuevo sistema pues no se trata de un esfuerzo que concluirá una vez que llegue el plazo constitucional.


“Hay entidades como el estado de México, Chihuahua y Nuevo León que aunque ya cumplieron aún están en una mejora continua de su infraestructura. SETEC tiene un plan estratégico de infraestructura y equipamiento visto por lo menos varios años adelante para ver que más se va a necesitar” dijo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/01/a-5-meses-del-inicio-del-nuevo-sistema-penal-faltan-leyes-reformas-y-dinero/

Autoridades mexicanas, incapaces de impartir justicia en desapariciones forzadas: AI

MÉXICO, DF: La organización Amnistía Internacional (AI) advirtió que las autoridades mexicanas “parecen incapaces de dar respuestas sólidas e institucionales que estén encaminadas a encontrar la verdad y garantizar justicia” en el problema de las desapariciones forzadas.

“Es necesario que el Estado mexicano asuma su deber de realizar búsquedas exhaustivas de las personas desaparecidas, investigar los hechos, llevar a quienes sean responsables ante la justicia y asegurar reparaciones integrales y adecuadas para las víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos”, concluyó la organización en un informe presentado este día.

AI advirtió que en México la búsqueda de personas desaparecidas se lleva de manera tardía e ineficiente: “Por ejemplo, en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la búsqueda ha tenido serias deficiencias que no han sido subsanadas. En Cuauhtémoc, las víctimas por lo general no son buscadas por las autoridades, y en algunos casos donde se hallaron restos humanos, estos hallazgos fueron fortuitos, sin que se tratara del resultado de un plan deliberado de búsqueda por parte de las autoridades”.

En la mayoría de las investigaciones –cita el informe- las autoridades no parecen dispuestas a encontrar la verdad de lo ocurrido y, por lo general, las instancias oficiales muestran desinterés por resolver los casos.

En el reporte “’Un trato de indolencia’ la respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México” la organización informa que en México se ha documentado la desaparición de 27 mil ciudadanos “pero no hay claridad acerca de cuántas de estas personas han sido sujetas a desaparición forzada (es decir, con participación de agentes estatales), cuántas a desaparición a manos de actores no estatales y cuántas se han ausentado voluntariamente”.


Amnistía Internacional recomienda a las autoridades mexicanas tipificar la desaparición forzada y la desaparición por actores no estatales como delitos de acuerdo con los más altos estándares internacionales. También establecer un mecanismo de búsqueda exhaustiva y expedita obligatorio, reconocer el derecho a la participación de familiares en las investigaciones y reparar a las víctimas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=426184

Dictan prisión a empleado de Padrés que transportó 35 mdp en hieleras para burlar auditorías

MÉXICO, DF.- El Juez Segundo Penal en Hermosillo dictó el auto de formal prisión al empleado de la familia Padrés, Luis Arístides López Moreno, quien transportaba una hielera con más de 3.5 millones de pesos en efectivo.
El juez determinó que existen elementos para juzgar a este hombre por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita.
La Procuraduría de Justicia del Estado buscó comprobar que López Moreno intentaba ocultar el origen de los recursos, obtenidos por el ex Gobernador, Guillermo Padrés, en perjuicio de la sociedad.
“Se le dictó auto de formal prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia Ilícita en sus modalidades de posesión y transportación de recursos económicos en moneda nacional, con el propósito de ocultar, encubrir e impedir que se conozca el origen, localización, destino y propiedad de tales recursos cometidos en perjuicio de la sociedad”, informó el Gobierno de Sonora.
López Moreno fue detenido el sábado 5 por la Procuraduría General de Justicia en Sonora (PGJE) cuando transportaba más 3.5 millones de pesos en efectivo ocultos en una hielera y en posesión ocho “globitos” de cristal.
En su declaración ministerial del pasado 5 de diciembre ante la Procuraduría sonorense, el veterinario señaló que en los últimos cinco meses había movilizado cinco o seis hieleras similares, llenas con billetes, hacia cinco domicilios de Hermosillo, mismos que ya fueron cateados por el Ministerio Público.
Además, detalló a los investigadores que el dinero se transportaba en efectivo, era para burlar auditorías de la Secretaría de Hacienda e investigaciones judiciales. Asimismo, admitió frente a la autoridad que en los últimos cinco meses realizó varias transferencias bancarias a cuentas de prestanombres del ex gobernador de Sonora y su familia.

Fuente: Proceso
http://www.proceso.com.mx/?p=424612