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La “Ley Castillo”, un engendro autoritario

El titular de la Conade, Alfredo Castillo Cervantes, lleva meses impulsando un anteproyecto de ley para hacer de la dirección del máximo organismo del deporte nacional una figura omnímoda. Incluso tiene ya un presunto cabildero en el Poder Legislativo desde noviembre de 2015. Proceso obtuvo una copia de ese delirante documento, que se glosa en este reportaje, y se entrevistó con personas que participaron en su redacción.

Alfredo Castillo Cervantes tiene un anteproyecto de ley cuyo propósito es hacer que el deporte se rija conforme lo decida el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), lo cual implica hacer de ese cargo –que él ostenta ahora– una figura omnipotente.

México: percepciones y datos sobre terrorismo

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El ataque terrorista perpetrado en Turquía en días pasados ha puesto en jaque las tendencias observadas en los años recientes y pone de relieve la distancia entre datos duros y las percepciones de los mexicanos sobre el tema.

De acuerdo con la más reciente edición del Índice Global sobre Terrorismo 2015, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, con sedes en Sídney, Australia; Nueva York, Estados Unidos; y Oxford, Reino Unido (http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/11/Global-Terrorism-Index-2015.pdf), Turquía no está en los primeros lugares de países con incidentes de terrorismo (para este índice, un acto terrorista es aquel cometido por grupos o personas ajenas al Estado con la intención de causar violencia o amenaza de causarla) al estar en el lugar 27 del ranking del citado índice. Los países con mayor incidencia de actos de terror son, en orden descendente: Irak, Afganistán, Nigeria, Pakistán y Siria. De la misma forma, Turquía no aparece en la lista de los 10 primeros países con incidentes de terrorismo del año 2000 a 2014, periodo que abarca el estudio.

La primera lectura es que no hay, o son muy pocos, lugares seguros. México está ubicado en el lugar 44 del ranking referido. Tampoco, por ende, se encuentra en la lista de los 10 países con algún tipo de incidente terrorista de 2000 a 2014. Una reflexión lógica es que el país estaría fuera del radar de este tipo de actos. El problema es que también lo estaba Turquía hasta que dejó de estarlo.

Contra lo que pudiera pensarse (porque ese no suele ser tema de conversación entre amigos o familiares), a los mexicanos les inquieta muchísimo la amenaza de actos terroristas. Según señala el World Values Survey (2010-2014) un estudio que mide percepciones con cortes cada cuatro años (http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp), a la pregunta: “¿Qué grado de preocupación tiene de un ataque terrorista?”, 86.4% de los mexicanos respondió que mucho (76.8%) o que sí les preocupa (9.6%). Sólo 13.6 % dijo no tener ninguna preocupación (6.8%) o muy poca (6.8%). En Turquía, 68.1% de sus ciudadanos dijo estar muy preocupado o preocupado. Sólo 29.7% dijo no tener ninguna (7.4%) o poca preocupación (22.3%). Más todavía, es sorprendente que la sociedad mexicana ocupe el tercer lugar en el nivel de máxima preocupación por un ataque terrorista, sólo superado por Ruanda (92.8%) y Túnez (91.4%). En el lado opuesto, Holanda es el país al cual menos le inquieta el tema, habida cuenta de que sus ciudadanos que dijeron estar muy preocupados representa 1.7%, seguido de Suecia con 4.5%.

El gran problema es que México no está preparado para un ataque terrorista por más que la retórica gubernamental diga lo contrario, en un esfuerzo para ofrecer seguridad psicológica a los ciudadanos. La discusión se centra en la tensión entre libertad y seguridad. Debe haber, sin duda, seguridad, particularmente en los grandes centros de concentración humana, pero eso no debe restringir la libertad, como pretendió el expresidente Felipe Calderón, y lo que logró después de su fallida guerra contra el crimen organizado y el terrorismo es que el país se quedó sin libertad y sin seguridad. Parafraseando a Jorge de Santayana, quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. De ahí, por tanto, que la lección sobre este tema en el sexenio de Felipe Calderón debe ser aprendida en su justa dimensión para que México no tenga caminos de regreso al autoritarismo, ahora con el agravante de que se gobierna con un despotismo iletrado. Y es que casi todos los centros de altísima concentración humana en la Ciudad de México, por ejemplo, no tienen la capacidad estratégica ni servicios de inteligencia eficaces para prevenir ataques terroristas como sí la tienen, por citar dos casos que señala el índice comentado, el Reino Unido –que sufrió 102 ataques terroristas y no tuvo un solo muerto en 2014– o Alemania –donde se perpetraron 12 ataques sin ningún deceso en el mismo año–.

Con base en el índice señalado, el problema en los países occidentales de los que abreva (obviamente con carácter solamente aspiracional) el sistema de diseño institucional de México, casi 70% de los ataques son llevados a cabo por lo que el índice denomina “lobos solitarios”, que son simpatizantes espontáneos de algún movimiento o detractores de una política pública, para diferenciarlos de los grupos organizados trasnacionales, como el Estado Islámico. Esta circunstancia hace más compleja su prevención y seguimiento, particularmente por la ausencia de formación cognitiva de las fuerzas del orden y de los servicios de seguridad en el país.

La precariedad preventiva es tal, que un ataque, por ejemplo, en las instalaciones del Metro de la capital del país en horas pico haría que lo ocurrido en Turquía sea un juego de niños. Aquí en Proceso publiqué en su momento cómo el sistema de videovigilancia y los llamados “biombos” o detectores de metales de ese medio de transporte no funcionan o lo hacen sólo de manera simbólica, por razones imputables a la corrupción de servidores públicos (http://www.proceso.com.mx/345314/metro-inseguridad-corrupcion-e-impunidad).

Lo cierto es que debe coexistir la seguridad con la libertad, de suerte que se garantice la máxima libertad posible con la mínima (pero efectiva) seguridad necesaria en el país, que hoy no hay.





Fuente: Proceso
Autor: Ernesto Villanueva
http://www.proceso.com.mx/446711/mexico-percepciones-datos-terrorismo

Los Morenos (del partido Morena)

Tijuana, BC., a 09 de Mayo del 2016.-La situación para la militancia del llamado Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), no parece muy halagadora y a tres semanas de iniciada la campaña electoral 2016, el barco de esta organización política nacida desde la izquierda, parece a la deriva. 

Hay quienes consideran que se trata de una situación premeditada ya que los principales beneficiados pueden ser el PAN y el PRI. 

Apenas esta semana trascendió que la candidata a la alcaldía de Mexicali, Beatriz Avalos no podrá ser la abanderada, esto por decisión del Tribunal Electoral y en función de que antes de ser registrada por Morena a la alcaldía de Mexicali, Beatriz buscó conseguir las firmas requeridas para competir como independiente. 

Así que casi a media campaña, el partido político que encabeza nacionalmente Andrés Manuel López Obrador se queda sin candidata en la ciudad capital del estado. Hay que mencionar que esa candidatura fue impugnada por un grupo de militantes que consideraban antidemocrático al procedimiento ya que había miembros –como el caso de la aguerrida maestra Martha Elvia García– que no solo los hicieron a un lado sino que además les eliminaron sus derechos políticos junto con cerca de 40 “morenos” quienes quedaron fuera del partido y de las posibles candidaturas. 

De éstos una treintena eran aspirantes a diputados de representación o regidores. Pero recientemente la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena tuvo que reconsiderar esta situación y apenas el lunes pasado les informaron que siempre sí les validaban sus derechos, esto a casi tres semanas de iniciadas las campañas. 

Por lo pronto el grupo de Jaime Bonilla –el líder estatal– impuso todas las candidaturas y aun cuando se suponía que por “insaculación” se había designado como candidato al lugar 1 de la lista de diputados por Representación proporcional a Carlos Pagdilao Madrid, finalmente el registrado en el número 1 fue Víctor Manuel Moran Hernández, quien antes estuvo vinculado al partido Movimiento Ciudadano. 

Así que ahora el sector disidente podría impugnar el procedimiento de selección de los candidatos, lo cual parecería descabellado en una elección con campañas a mitad del camino, aunque hay quienes aseguran que la candidatura de Representación Proporcional podría cambiarse días antes de la elección. 

El caso es que este organismo –originalmente de izquierda– queda muy mal parado en Baja California y los cuestionamientos van directo a las antidemocráticas acciones del líder estatal –avalado por López Obrador– Jaime Bonilla, quien parece más bien buscar favorecer a todo lo que huela a priismo.




Fuente: Zeta Tijuana
Autor: Sergio Haro Cordero
http://zetatijuana.com/2016/05/09/morenos-2/

Construcción del Cetram Chapultepec, sin autorización de INAH

Ciudad de México. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no ha otorgado al Gobierno de la Ciudad de México la autorización para la construcción del Cetram Chapultepec, proyecto que además del paradero incluye la construcción de una torre de 41 pisos para oficinas y un hotel.

Entrevistada luego de participar en la ceremonia de inauguración del foro 'Políticas Públicas y Acciones en el Centro Histórico. Balance y perspectiva', por instituciones de educación superior, la Autoridad y fideicomiso del Centro Histórico y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Museo de la Medicina, la directora del INAH, María Teresa Franco, puntualizó que se debe proteger el patrimonio histórico del bosque, la fuente de Belén y la parte visual del Castillo de Chapultepec.

“Se está analizando, aún no se ha autorizado. Es toda una discusión todavía sobre competencias y sobre el proyecto como tal”, remarcó Franco, y admitió que hay una posición muy abierta por parte de las autoridades de la Ciudad de México.

Por lo que la directora del INAH confía en que “podamos ponernos de acuerdo todos”.

Al respecto el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de la Ciudad de México, Felipe de Jesús Gutiérrez, admitió que no se cuenta con la autorización, pero, aseguró ésta no se requiere para arrancar con la construcción del paradero provisional, lo cual tardará cuatro meses, en la avenida Veracruz, ya que el definitivo se terminará entre finales de 2017 y principios de 2018.

Detalló que una vez que el Cetram esté terminado, se harán las obras de la torre y el hotel “a partir de un esquema financiero que garantiza la construcción del paradero sin un costo para la ciudad y una contribución para el gobierno durante el tiempo que dure la concesión”.

Entrevistado también en marco del foro, donde presentó la ponencia 'Un nuevo esquema de planeación y financiamiento para el desarrollo urbano en la CDMX', Gutiérrez garantizó que se cuidará los elementos visuales que tienen que ver con el Castillo de Chapultepec y que no haya afectación ni al edificio de la Secretaría de Salud ni a la fuente de Belén, catalogadas de valor artístico por Bellas Artes, e histórico por INAH en el mismo orden.



Fuente: La Jornada
Autora: Gabriela Romero Sánchez
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/12/construccion-del-cetram-chapultepec-sin-autorizacion-de-inah

El feminismo y la lucha por la equidad de género, no son lo mismo

La trampa consiste en hacerte creer que sí.

Alguna vez fui feminista. Me sentí abrazada por una doctrina que me hacía sentir que ser mujer era algo bueno, era algo importante. Ante el desprestigio de algunos machistas a nuestro género esas ideas te seducen profundamente.

Mi primera desilusión fue hacer una investigación sobre la violencia; yo creía que encontraría un respaldo a mis prejuicios de que la pobreza es su principal causa. La realidad de lo que viven las familias en la Ciudad de México me hizo ver que quienes más sufren la violencia sistemática son los niños, y que la mayoría de esa violencia la ejercían mujeres. 

La primera vez que el feminismo me aplastó con su furia autoritaria fue cuando intenté proponer políticas públicas para la prevención del maltrato infantil. Las feministas institucionales consideraron que culpar a la mujer, que siquiera señalarla es vicitimizarla más en un sistema patriarcal que ya de por sí las oprime. Ningún político quiere meterse en problemas "de mujeres". 

Ingenuamente pensé que era cosa de las feministas institucionales; seguro el activismo era otra cosa. 

Pero no, en mi contacto con el feminismo organizado he encontrado diversas contradicciones que lejos de ayudar a la equidad de género fomentan la brecha entre sexos y el odio de género.

He sido violentada psicológicamente por mis decisiones personales de monogamía, heterosexualidad y por creer en la familia. 

Pensando que eran ellas y no el feminismo, me puse a estudiar la teoría feminista. Pero salió peor (uno que otro libro es muy bueno y objetivo, la mayoría no). Además de las contradicciones a la biología, me parece grave que se acuse al género masculino de todos lo males que acechan a la humanidad. 

Me parece grave que se considere que el capitalismo es una consecuencia del heteropatriarcado y que la lucha con él le corresponde sólo a las mujeres, porque ellas son el sujeto político oprimido. 

El feminismo pide que los hombres se abstengan de participar en una lucha donde ellas tienen que ser las protagonistas. Y yo me pregunto cómo vamos a enfrentarnos las mujeres al aparato estatal de represión y al capitalismo solas. Y a quién conviene que esto sea así. 

La premisa de que la mujer es la clase más explotada es una mentira. La mujer del burgués vive cómodamente y muchas veces ni siquiera trabaja, mucho menos en labores manuales o domésticas. Los trabajos más pesados y de riesgo los hace el hombre. El hombre se encuentra en lo más alto de las clases sociales, pero también en las más explotadas. 

La segunda vez que he sentido la furia feminista autoritaria es en los hechos recientes de la acusación al movimiento de los +43 como un movimiento machista. 

Veo con tristeza que ningún medio quiso transmitir la verdad de los hechos (salvo guerrilla comunicacional). Veo con tristeza que muchos amigos escribieron al inbox que eso estuvo muy mal pero que no quieren decirlo en público porque no quieren ser acusados de machistas y acosados por la furia feminista. Veo con tristeza que muchos justificaron la agresión y la violencia de estas mujeres que en la práctica y en los hechos no han sufrido lo que ha sufrido la gente que está de este lado. 

Veo con preocupación que la violencia que pueda ejercer una mujer será justificada por el sufrimiento de otras. Esto es una forma de poder, pero disfrazado de victimización y por ello es aún más riesgosa.

El truco consiste en hacerte creer que si cuestionas al feminismo estás cuestionando la lucha por la equidad de género. Pero si estudiaran el feminismo se darían cuenta que a veces coinciden, pero a veces no; a veces se contraponen.

La solución: un nuevo movimiento de lucha por la equidad de género libre de las posturas más extremistas de la doctrina feminista.




Escrito por: Victoria Lecuona
https://www.facebook.com/malaguena.delecuona/posts/10154028555330821?fref=nf

“Aquí su progreso. Grupo Higa”: Tres años de lucha en San Francisco Xochicuautla

LERMA, Edomex. (proceso.com.mx).- “¡Qué alegas si ya te pagaron! Acepta el dinero y ya después pides obra para tu pueblo”, espetó un policía estatal a Venancio, un comunero de San Francisco Xochicuautla, cuando confrontó a los policías estatales por el desalojo y derrumbe de la casa del delegado municipal Armando García Salazar, el lunes 11 de abril.

​Con esta acción, el gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas y la empresa Autopista de Vanguardia SA de CV, propiedad del empresario favorito del sexenio, José Armando Hinojosa Cantú, violaron la suspensión definitiva de la obra que un juez otorgó el 15 de mayo de 2015 a Antonio Miguel Reyes Valdez en el juicio de amparo 771/2015, así como las tres resoluciones incidentales el 30 de septiembre, 23 de noviembre y 4 de diciembre de 2015 a Venancio Hernández Ramírez, abogado y dueño de un predio afectado por la obra.

“Hasta la fecha no se ha podido llevar a cabo la audiencia constitucional porque las autoridades señaladas como responsables, la mayor parte rindieron su informe justificado, menos el Comisariado de Bienes Comunicares, Aerovan. Durante el proceso de esos amparos estuvo detenida la obra por ocho meses, hasta el lunes que la echaron a andar de manera ilegal”, indicó Venancio en entrevista conProceso.

​Ese lunes, más de 200 policías estatales custodiaron a los ingenieros empleados de Hinojosa Cantú para sacar a la fuerza a García Salazar. Intentaron derribar la capilla familiar para golpear no sólo su patrimonio sino sus creencias. No lo consiguieron porque miembros de la familia García Salazar se plantaron adentro y porque, afirmó Adela, hermana del afectado, su otro hermano Ricardo rezó en el altar.

Hay quienes creen que fue una advertencia a la comunidad indígena otomí que rechaza la obra porque, desde su perspectiva, fueron directamente a dañar la propiedad del delegado, quien desde hace tres años lucha por impedir que la obra continúe. Otros opinan que la casa estaba dentro del Plano General del Trazo de la autopista privada.

​La postura del gobernador fue: “La autoridad estatal ha respetado de manera precisa la suspensión definitiva otorgada por la autoridad judicial. Sin embargo, ninguno de los promoventes ha precisado con claridad la ubicación ni ha acreditado la titularidad de la fracción de terreno de que se trata, según la suspensión definitiva contenida en el expediente”, expuso en un comunicado.

El conflicto comenzó cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México y en 2006 lanzó la licitación para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la autopista Toluca-Naucalpan, proyecto carretero destinado a conectar el aeropuerto con el exclusivo centro residencial naucalpense Bosque Real.

Un año después le dio el Título de Concesión a Hinojosa Cantú, quien como administrador único de Aerovan podrá cobrar el peaje de esta vía durante 30 años.

Los comuneros se ampararon, pero cuando Peña Nieto asumió la Presidencia le facilitó las cosas a Hinojosa Cantú. El 9 de julio de 2015, el presidente expropió 38 hectáreas de agostadero y de uso común a la comunidad de Xochicuautla que incluyen zonas protegidas de bosque.

La advertencia

Alrededor de las nueve de la mañana del lunes 11 de abril, Ricardo, hermano del dueño de la casa destruida, estaba a punto de salir a la calle con su esposa, cuando vio que por las calles Cuauhtémoc e Hidalgo subían al cerro diez camionetas y cuatro camiones repletos de granaderos. Calculó que eran entre 200 y 250 policías estatales.

​Cuando subió por el camino del cerro ya se habían apostado alrededor de la casa unos 50 uniformados. Cuando Armando les preguntó qué se les ofrecía, lo ignoraron; cuando les pidió salirse de su predio, no obedecieron.

​“Se activaron los botones de pánico que mi hermano tiene. Es un botón que les dan a los defensores de los derechos humanos. Él activa su botón y llama y le regresan la llamada, le preguntan ¿qué pasa? El explica la situación y pide que nos monitoreen cada media hora”, comentó.

​En ese lapso arribó al lugar un tal Luis Enrique García que sin mostrar alguna identificación, se presentó primero como representante del Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SASCAEM). Cuando otra persona le preguntó sus generales, dio el mismo nombre pero dijo que “iba de Gobernación”.

Luis Enrique traía consigo un paquete de documentos con el decreto de expropiación y un convenio con el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Miguel Ángel Valdés.

“Posteriormente le dice ‘aquí está, es una orden de SASCAEM que ya es propiedad federal, nosotros somos los posesionarios (sic) y pues venimos a evaluar tu casa. Le contesta mi hermano ‘sí, con gusto les doy permiso, siempre y cuando traigan la orden del juez girada, las notificaciones en dónde ustedes me hagan llegar que viene a mi nombre y yo con gusto acepto, les recibo los papeles y lo que vienen a hacer hagan su trabajo y ya, yo busco mi perito y mi valuador y ya’”, relató en entrevista con Proceso.

Tras diez minutos de discusión, Luis Enrique García se retiró del predio e inmediatamente el encargado del cuerpo de granaderos –quien no se identificó– dio la orden de bajar las máquinas que estaban en el cerro por dónde pasará la autopista.

“Pasan cinco minutos más y vuelven a subir las máquinas. Nos metimos, a la casa. Empezamos a filmar, tomar fotos y nos refugiamos a la casa. En eso suben dos patrullas y bajan de ellas un grupo con un ariete, empiezan a romper la puerta, con nosotros adentro. Y gritaron ‘esto es un desalojo y vamos a demoler su casa, sálganse hijos de quién sabe qué, y a insultar y a jalonearse’”, detalló.

Llegó un representante de la empresa que ordenó a los cargadores entrar a la casa para saquearla. La familia García Salazar “salvó” algunas pertenencias como un cristo crucificado, imágenes de la Virgen de Guadalupe, cobijas, un par de grandes bocinas, un refrigerador, una mesita, banquitos, entre otras cosas de su derruido hogar de tres niveles donde vivía Armando con su esposa y sus dos hijos.

Alrededor de las 12 y media del día, se dio la orden al conductor de la máquina que empezara a demoler la casa. Terminaron cerca de las tres de la tarde. “Fue muy rápido”, sentenció. Mientras eso pasaba llegaron los representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que quisieron hablar con el encargado de la orden de demoler y también los ignoraron.

“La gente como ve quiénes son los que dan las órdenes los empiezan a señalar. Los señores, al ver que están señalados pues, su presencia, se meten, los resguardan en dos patrullas y los sacan. Solamente se queda la policía estatal, los granaderos y uno que otro ingeniero que ahí andaba”, señaló.

Su hermana Adela, entre lágrimas, describió el impacto de este desalojo de los dos hijos de Armando que a esa hora estaban en la escuela y al salir su casa ya no estaba.

“Se quedaron en la calle. Mi hermano, en la calle. Todas sus cosas ahí polveándose, echándose a perder”, mencionó.

Ella padeció a los policías estatales el martes 12 cuando quisieron derrumbar la capilla familiar donde se realizan misas católicas y rituales otomíes.

​“Lo que yo viví el martes fue una cosa fea porque ya iban a tirar la capilla y yo me tuve que pasar con los granaderos arrempujándolos (sic). Cuando llegué a la capilla –dijo con voz quebrada— mis imágenes estaban afuera con mis hermanos y no es justo que hagan eso, tan siquiera hubieran avisado ¿no?”, evocó.
​Al final del día no destruyeron la capilla porque Adela, junto a su hija, sus tres hermanos y otros vecinos permanecieron adentro, rezando.

​“Yo llegué como a las nueve y media o diez. Ya mis hermanos tenían las imágenes afuera. Yo llego y entro. Mi hermano estaba en el altar, estaba haciendo una oración. Y por una oración no pasaron las máquinas”, indicó.

Todavía el martes 12 de abril los policías estatales estaban resguardando la maquinaria, pero se fueron por la noche. Del miércoles 13 al cierre de esta edición la obra está suspendida y no hay granaderos.
Lucas Hernández Josefa, integrante del Consejo Supremo Otomí, informó que Armando ya llegó a un acuerdo con la empresa. Le repondrán el daño y le darán dinero para pagar la renta de un lugar para vivir.

El miércoles 13 de abril, el subsecretario de Gobierno del Valle de Toluca, Armando Méndez; Carlos Partida Pulido, director del Sistema de Autopistas y Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares, (Saascaem), García Salazar y Antonio Miguel Reyes, representantes de la comunidad indígena otomí de Xochicuautla, firmaron un acuerdo para suspender la obra, se realice la búsqueda de un trazo alternativo a la autopista y reparar el daño a la casa de García Salazar.

Además, durante el desalojo rompieron una red de agua potable que ya está reparando gente del Ayuntamiento de Lerma, aseveró.

La CNDH consiguió medidas cautelares para la comunidad, por lo que “sus maquinarias, su personal no puedan entrar a la comunidad a trabajar ni la presencia de granaderos. Hay una restricción de un kilómetro de la comunidad”, señaló.

Intimidar para progresar

El jueves 14 de abril, Proceso visitó el campamento de los comuneros en Xochicuautla. Entre las ruinas, algún avezado pintó en una piedra lisa, con tinta azul: “Aquí su progreso. Grupo Higa”, en alusión al conglomerado de empresas de Hinojosa Cantú. Cerca, entre las pencas del magüey habían escondido una bolsa con cohetones para juntar al pueblo ante cualquier problema.

​Los otomíes narraron cómo las autoridades estatales los han abrumado desde 2007. Siempre están rodeados de policías cuando llevan a cabo sus asambleas comunitarias. Cierran las calles, señalaron, “como si fuera a venir el presidente”. Sólo dejan pasar a comuneros que nacieron y viven todavía en San Francisco Xochicuautla, aunque no tengan tierras. Está prohibida la entrada a quienes nacieron ahí pero viven en otro lugar o estado y a quienes no nacieron ahí, pero sus antepasados son oriundos.

​En la asamblea del 16 de agosto de 2011 también se firmó el Convenio de Ocupación de 223 mil 736.42 metros cuadrados de tierras de uso común y de los bienes que pudieran existir sobre las mismas. Avaló “como pago anticipado de indemnización por motivo de la expropiación, afectación, limitación de uso y disfrute de una fracción de tierras destinadas al uso común”, un monto por 55 millones 538 mil 758 pesos para los 441 comuneros registrados.

​Se elaboró igual número de cheques. A cada comunero le tocaba 40 mil 410 pesos. Del total, 188 votaron a favor y se les dio el pago, pero a los 186 en contra y seis votos de comuneros anulados no les dieron nada. También se se fijaron los precios de los terrenos que de 240 pesos por metro cuadrado bajaron a 130 pesos por metro cuadrado.

​El abogado y dueño de un predio, Venancio Hernández Ramírez, aseguró que este dinero se los dieron “sólo porque votaron” a favor del proyecto carretero.

El dinero fue retirado del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonae) ante la Secretaría de la Reforma Agraria. Lo curioso del convenio es que, desde 2011, se afirma que este pago es “para los efectos del correspondiente Decreto Expropiatorio y su ejecución”, lo cuál se realizó hasta 2015.

​El 27 de febrero de 2015 se aprobó en asamblea la lista de beneficiarios por la afectación de la superficie de 235, 736.42 metros cuadrados para la autopista, en base al convenio firmado el 16 de noviembre de 2011 –que se declaró nulo por amparo– y que el comisariado gestione los apoyos en materia forestal del gobierno federal y del Estado de México para la comunidad, así como programas del gobierno municipal, entre irregularidades en la reunión, pues los comuneros nunca tuvieron voz.

​Todas estas acciones, dijo, son ilegales de acuerdo con la sentencia del juicio agrario 647/2011 de fecha 15 de mayo de 2014 y de la sentencia ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en el Juicio de Amparo 48/2014.

​La fecha para continuar el juicio agrario que interpuso para recomponer el proceso y a las autoridades de la comunidad otomí que, acusó, usurparon funciones y se autonombraron, es el 18 de mayo de 2016, pero tiene pocas esperanzas porque continuamente cancelan las audiencias.

Esta no es la primera vez que reprimen a los comuneros. El 3 de noviembre de 2015, 121 comuneros de Xochicuautla se enfrentaran con los trabajadores de Autovan custodiados por 600 policías estatales que comenzaron a cortar los árboles, destruyeron cosechas y asesinaron a Vicente Flores Flores, miembro del comisariado por rechazar la obra.

“Hubo rapiña de madera. Metieron maquinaria desde donde empiezan los terrenos comunales. Se metieron a la fuerza. Hubo despojo, excavaciones profundas, afectación al medio ambiente, y violación de derechos humanos”, indicó. Detuvieron por 48 horas a ocho campesinos, entre ellos una persona de 76 años y Venancio.

En junio de 2015 simularon asambleas para realizar la transferencia de bienes comunales, con el aval del actual Consejo Supremo Otomí-Lerma, el cual es ilegal porque la comunidad indígena no nombró a Benjamín Pedro Saavedra Angelina como Jefe Supremo Otomí. Cuenta con el aval de las autoridades pese a ser una persona discapacitada, pues está ciego.

Así fue que se creó el Consejo Otomí Nato, tras este juicio y nulidad del anterior, a cargo de Antonio Miguel Valdés Flores, como Jefe Supremo Otomí.

“¿Por qué hicieron todo esto? Para cumplir con los requisitos para el proyecto carretero, a espaldas de la comunidad. Lo hicieron porque venía el proyecto expropiatorio de junio de 2015”, aseguró.




Fuente: Proceso
Autor: Rosalía Vergara
http://www.proceso.com.mx/437431/aqui-progreso-grupo-higa-tres-anos-lucha-en-san-francisco-xochicuautla