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Protección a Cuauhtémoc Blanco y liberación de «La Patrona», muestras del narcoestado patriarcal: FPDTA Morleos Puebla Tlaxcala

By: Draco Dracul on lunes, marzo 31, 2025 / comment : 0 ,

El deshecho de la solicitud de desafuero al diputado y exfutbolista Cuauhtémoc Blanco para ser investigado por intento de violación sexual, así como la liberación de Angelina «N», alias «La Patrona», que forma parte del grupo señado por el asesinato del defensor nahua y opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM) Samir Flores Soberanes, son «muestras del narcoestado patriarcal que tiene que caer», aseguró el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos Puebla Tlaxcala.

En un comunicado, señaló que el caso del también exgobernador de Morelos «demuestra una vez más que la vía por la cual va a cambiar este país y se va hacer justicia, no es a través de las instituciones del Estado, por que solo se encubren entre sí o son utilizadas como disputas políticas de arriba para llegar a ser el próximo verdugo de abajo».

Los defensores recordaron que el intento de violación sexual «no es el único delito por el cual es investigado o señalado Cuauhtémoc Blanco, sino también por el asesinato de Samir», así como por vínculos con el crimen organizado y por la auditoría superior de la federación, «y por todo se le protege», pues con ello también se encubren «los actos oscuros de López Obrador contra la oposición al Proyecto Integral Morelos y la consolidación del narcoestado en Morelos». «Si cae él, caen más con él», indicó el Frente.

Al mismo tiempo, el FPDTA criticó la liberación de Angelina «N», alias «La Patrona», líder de la célula criminal de «Los Aparicio», grupo señalado de ser el autor material del asesinato del Samir Flores. «Angelina acaba de ser liberada a pesar de ser detenida con armas de uso exclusivo del ejército, con paquetes de diversas drogas para su distribución, y diversas investigaciones que la vinculan con el grupo criminal de “Los Aparicio”, sin embargo, se le eximió del delito de crimen organizado y ahora se encuentra libre después de menos de seis meses de prisión», rechazó el Frente.

Finalmente, denunció que mientras se protege a miembros del «narcoestado patriarcal», el Estado criminaliza la búsqueda de la verdad y de los desaparecidos en México, como recientemente acusó el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que es objeto de una campaña de desprestigio y descalificación desde el hallazgo que hizo de un campo de exterminio del crimen organizado en el municipio de Teuchitlán.

«El Estado protege a violadores y asesinos, asesinan a defensores del territorio y los derechos humanos. El estado camina al lado de los criminales y los libera», finalizó el Frente, que llamó a la sociedad civil a construir el camino «en común» y la justicia «desde abajo».

COMUNICADO:

NEGATIVA DE DESAFUERO DE CUAUHTEMOC BLANCO Y LIBERACIÓN DE LA PATRONA, MUESTRAS DEL NARCOESTADO PATRIARCAL QUE TIENE QUE CAER

En la última semana de marzo ocurrieron dos hechos de impunidad, que protegen a personas señaladas como responsables en el asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, que demuestran de manera clara, la estructura de protección que el narcoEstado patriarcal de MORENA ejerce para encubrir a delincuentes a ojos vistos.

El rechazo al desafuero de Cuauhtémoc Blanco en la Cámara de Diputados para la investigación del delito de violación cometido contra su media hermana, cobijado por decenas de diputadas federales de MORENA que le gritaban “no estas solo” y el descontento de la sociedad y en especial de movimientos y personas feministas, nos demuestra una vez más que la vía por la cual va a cambiar este país y se va hacer justicia, no es a través de las instituciones del Estado, por que solo se encubren entre sí o son utilizadas como disputas políticas de arriba para llegar a ser el próximo verdugo de abajo. Entre narcopolíticos, narcofuncionarios y narcopartidos se atacan entre sí, para tomar el puesto del próximo verdugo en el poder.

Además del pacto patriarcal del narcoestado que incluye a hombres y mujeres de arriba como la Presidenta que señala, “llegamos todas”, pero “todas las fuerzas corruptas y corrompibles que de por sí estaban en el poder”

Pero ¿Por qué proteger tanto a Cuauhtémoc? Porque no dejar que avance una investigación efectiva en su contra, justificarse con deficiencias en la carpeta de investigación es extralimitar las facultades del Congreso. Pero cualquier pretexto es bueno y válido si desde arriba lo enuncian y lo cobijan con banderas del pueblo como “No estas solo”, no les importa la razón, la lógica, ni mucho menos la justicia, les importa encubrirse.

Por que ¿Quién propuso el fallo para eximir a Cuauhtémoc Blanco? El que protegió a los asesinos de Acteal, el cómplice junto con Cuauhtémoc Blanco y la Patrona del asesinato de Samir Flores Soberanes: Hugo Erik Flores. Quien una vez mas protege al delincuente, que aunque este peleado con Cuauhtémoc Blanco, se saben cómplices del mismo delito y se protegen entre sí.

Violación no es el único delito por el cual es investigado o señalado Cuauhtémoc Blanco, sino también por el asesinato de Samir (aquí las Fiscalías tanto Estatal de Morelos como federal FEADLE se han negado a investigar), por sus vínculos con el crimen organizado, por la auditoria superior de la federación, y por todo se le protege. ¿Por qué? No creemos que por la figura y papel tan importante que desempeña Cuauhtémoc Blanco para la 4T, sino por lo que sabe y que si cae él, caen más con él.

Ese es el pacto narcopatriarcal que realmente esta detrás de la protección de Cuauhtémoc Blanco, que si cae, puede decir quien le pidió que organizara el asesinato de Samir. Protegiendo a Cuauhtémoc Blanco están protegiendo los actos oscuros de López Obrador contra la oposición al Proyecto integral Morelos y la consolidación del narcoestado en Morelos.

Y a la par que protegen a Obrador, que diga Cuauhtémoc contra el desafuero, liberan a Angelina “N”, alias “La Patrona”, líder de la célula criminal de “Los Aparicio”, grupo señalado de ser el autor material del asesinato de nuestro compañero Samir Flores. Angelina acaba de ser liberada a pesar de ser detenida con armas de uso exclusivo del ejército, con paquetes de diversas drogas para su distribución, y diversas investigaciones que la vinculan con el grupo criminal de “Los Aparicio”, sin embargo, se le eximio del delito de crimen organizado y ahora se encuentra libre después de menos de 6 meses de prisión. La misma historia que su hijo que fue detenido hace un año y luego liberado, la misma que el único detenido por el asesinato de Samir, Javier N, quien antes de ser presentado como detenido por el asesinato de Samir, ya había sido detenido y liberado por delitos relacionados al crimen organizado.

Y esa es la justicia que tanto defiende Claudia Sheinbaum, la ofensa y ataque político que denuncia la Presidenta es orquestada en contra de la 4T por el descubrimiento por las madres buscadores del centro de exterminio de Teuchitlán.

La búsqueda de la verdad y los desaparecidos es criminalizada por el Estado, el estado protege a violadores y asesinos, asesinan a defensores del territorio y los derechos humanos, el estado camina al lado de los criminales y los libera…

Por eso a todas las personas y corazones que estamos viviendo la indignación que causa la guerra de exterminio que este capitalismo salvaje hace a la madre tierra y la humanidad, nos abrazamos y nos decimos adelante, construyamos vida y justicia desde abajo en nuestros territorios, caminemos en común, el común.

¡Justicia para Samir! ¡Teuchitlán, nunca mas! ¡Justicia para l@s desaparecid@s!

¡Se va caer, se va caer, el narcoestado patriarcal se va caer!

T’neki tlalle uan atl para tenochti, amo timikiske por tumi – Queremos tierra y agua para todos, no morir por dinero

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El Estado Mexicano cumple siete años sin resolver sentencia de la Corte IDH por caso Alvarado

By: Draco Dracul on viernes, marzo 28, 2025 / comment : 0 , ,

En 2009, tres integrantes de la familia Alvarado fueron sacados de su hogar en Chihuahua por personal militar, desde entonces se desconoce su paradero.

A más de seis años de que México fuera sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la desaparición de tres integrantes de la familia Alvarado, tras ser sacados de sus domicilios por personal militar en diciembre de 2009 en Chihuahua, familiares de las víctimas denunciaron la falta de voluntad para cumplir la resolución de carácter obligatorio.

En una audiencia pública para revisar el cumplimiento de la sentencia relacionada con la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, representantes del gobierno de Claudia Sheinbaum, fueron cuestionados por los jueces regionales sobre la incapacidad de dar respuesta a las exigencias de investigación, búsqueda de las víctimas, detenidas en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura, Chihuahua, así como de la reparación efectiva del daño a sus familiares.

Ante los jueces de la Corte regional, María de Jesús Alvarado Espinoza, quien en abril de 2018 rindió testimonio sobre la desaparición, alertó que de las 34 víctimas que fueron reconocidas en la sentencia, ocho han fallecido sin saber dónde se encuentran sus familiares y sin tener acceso a la resolución “por falta de apoyo del gobierno”.

Sin que hasta ahora haya un plan de investigación y búsqueda de los desaparecidos, María de Jesús contó que los sucesivos gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum no han podido atender las demandas de vivienda digna  de tres núcleos familiares que se vieron desplazados por las amenazas que han recibido en búsqueda de justicia; tampoco se ha brindado apoyo a quienes regresaron a México después de que en Estados Unidos se les negó el asilo, por lo que su familia está fracturada, sin atención médica ni psicológica especializada, por la inconsistencia de las autoridades. 

“¿Cómo sanar todas esas heridas como familia? El dolor se ha agravado por la inacción del Estado, la falta de claridad, la impunidad, hace cada vez más difícil la situación en la que nos encontramos, no sólo hablo por mí, hablo por mis familiares, hablo por todos los familiares que no han llegado a una instancia como esta, que no tienen voz, privilegio que agradezco, porque el dolor de uno es el dolor de todos”, dijo entre lágrimas Alvarado Espinoza.

Acompañada de sus representantes, Alejandra Nuño y Gabino Gómez, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), María de Jesús recordó a los jueces que “no estamos pidiendo nada que esta Corte no haya ordenado, por eso le pido a la honorable Corete que no nos deje solas, que siga acompañándonos y que nos ayude a que la sentencia sea cumplida”.   

Alejandra Nuño, recordó que en abril de 2018 también rindió testimonio Jaime Alvarado Herrera, quien se cuenta entre los ocho integrantes de la familia Alvarado que fallecieron sin alcanzar justicia ni mucho menos ser beneficiado de las reparaciones ordenadas por la Corte. 

La abogada resaltó que en su momento las sentencia fue celebrada no sólo por los familiares, sino que sirvió de base para “mantener el debate sobre la militarización de la seguridad ciudadana”, toda vez que el caso se enmarca en el Operativo Conjunto Chihuahua, que implicó el despliegue de tropas a esa entidad como parte de la “guerra contra el narcotráfico” declarada por el expresidente Felipe Calderón. 

Al señalar que durante estos años se han llevado a cabo 25 reuniones en las que no se ha logrado “una implementación mínima de la sentencia”, Nuño explicó que “la esperanza de verdad, justicia, reparaciones individuales y trasformadoras” de las víctimas se topó con “una actuación descoordinada, fragmentada, burocratizada e insensible de la mayoría del funcionariado público involucrado en el cumplimento de este fallo”. 

Recordó que la última reunión de cumplimiento de sentencia en la Corte IDH se llevó a cabo en septiembre de 2023 y fue dirigida por la jueza  Patricia Pérez Goldberg, sin que se haya cumplido con los compromisos de establecer un plan de investigación y de búsqueda de los Alvarado; no hay personas sancionadas por la desaparición, y a pesar de que 22 integrantes de la familia solicitaron tratamiento psicológico, “no han tenido buenos resultados” por la inconsistencia de las autoridades para brindar las terapias.  

De la misma manera, se expuso que a pesar de que en septiembre de 2019 los familiares presentaron un plan para llevar a cabo la disculpa pública, hasta ahora ha sido la Secretaría de la Defensa Nacional la que se ha negado a participar alegando “la inexistencia de procedimientos conclusivos en las instancias de procuración y administración de justicia”, cuando se trata de una sentencia de la Corte IDH que determinó la responsabilidad del Ejército en la desaparición de los Alvarado. 

La representante lamentó que no se haya cumplido con los estándares fijados por la Corte relacionados con el registro de personas víctimas de desaparición forzada, y que la prueba de ello es que el actual Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, sólo contabilice a 804 personas víctimas de desaparición forzada de 1965 a marzo de este año, de un universo de más de 126 mil personas desaparecidas, lo cual no es un dato creíble, mucho menos cuando en 2023 el gobierno cambió el estatus de “desaparecida” a “localizada” a 16 mil personas, “sin una metodología clara y transparente”. 

A ello se suma que, contra la sentencia, no existe una supervisión civil de las Fuerzas Armadas ni a la Guardia Nacional debió a la reforma constitucional que militariza la seguridad pública. 

Gabino Gómez explicó que en cuanto a la resolución que obliga al Estado a ofrecer proyectos productivos, las únicas opciones presentadas han sido los programas del Bienestar, “para acceder a ellos no se necesita una sentencia de la Corte, cualquier ciudadano que cumpla con requisitos los puede tramitar, pero estás familias han perdido todo, sus viviendas, sus familiares, han dejado sus territorios, necesitan una atención especial”. 

“¿Cuántos años tienen que pasar para que ya no se esté reclamando justicia y reparación? Ya han fallecido ocho víctimas sin conocer la verdad ¿Acaso están esperando a que ya no haya víctimas a quienes reparar? ¿Qué ya no estemos sus representantes? Han transcurrido tres gobiernos de tres signos de distinta ideología y la justicia no llega”, resaltó Gómez. 

El defensor resaltó que ni el actual subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Félix Medina Padilla, ni la encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes, Sahagún, han accedido a sostener una reunión para abordar el cumplimiento de la sentencia. 

Incluso en asuntos que podrían resultar de fácil resolución, como la restitución de lugares dignos para vivir, el gobierno federal se ha resistido a proporcionar tres viviendas “a quienes perdieron otras, ellos tenían una vida normal, su vida se vio trastocada, nunca más volverán a la normalidad, no se está pidiendo una dádiva”. 

Contó las tres familias desplazadas están en viviendas provisionales proporcionadas por el gobierno federal, y que en una de ellas vivía José Alvarado, padre de José Ángel, quien se encontraba en una situación delicada de salud, pidió a una Karina, una de sus nietas que lo cuidara. Tras fallecer el 4 de febrero pasado, por falta de atención médica, Karina fue emplazada para desocupar la vivienda, cosa que “ni los aboneros ni los renteros hacen eso”.

Los jueces de la Corte IDH cuestionaron a los representantes del Estado mexicano, encabezados por el embajador de México en Costa Rica, Víctor Sánchez Colín, sobre la falta de resultados en la investigación, sobre los obstáculos para proporcionar las viviendas a las víctimas y dar atención psicológica, así como las propuestas hechas por la presidenta Claudia Sheinbaum y sobre la militarización del país.

La jueza Patricia Pérez Goldberg, quien en septiembre de 2023 encabezó la última reunión de seguimiento, cuestionó a la representación del Estado, cómo era posible que desde entonces se informó que se realizarían acciones de búsqueda en el 35 Batallón de Infantería de Nuevo Casas Grandes, y que a más de un año se vuelve a decir lo mismo. 

Nancy Desiderio, de la Secretaría de Gobernación, se vio imposibilitada a dar una fecha en la que se daría acceso a la instalación militar y pidió una prórroga de tres meses para notificar al respecto. 

Sobre los cuestionamientos de vivienda, el juez Alberto Borea Odría consideró que para un Estado como el mexicano era inverisímil que no se resolviera un asunto como de las viviendas que es algo que sería “casi inmediato de resolver”, por lo que urgió a los representantes el Estado a atender la demanda. 

“Ojalá que lo hagan, porque ayudan al sistema (Interamericano de Derechos Humanos) si eso pasa, pero si no pasa, deslegitiman al sistema em el que tanto colaboran. México siempre tiene candidatos a la Corte y a la Comisión, ahora mismo acaban de presentar un candidato a la Comisión, muy bien, hagan que la Comisión y la Corte funcionen respondiendo a las sentencias de estos organismos a los que ustedes tanto apoyan”, dijo el juez. 

La audiencia programada para dos horas, se extendió por más de tres, concluyendo con la convocatoria de los jueces a que las partes se reunieran para afinar los tiempos de cumplimiento de la sentencia, acuerdos que tendrían que ser del conocimiento de la Corte Interamericana.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

“No fue el incendio, fue el Estado”: a dos años del incendio impune en la estación migratoria de Ciudad Juárez

By: Draco Dracul on viernes, marzo 28, 2025 / comment : 0 , ,

A dos años del incendio en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, Chihuahua, familiares, organizaciones y activistas realizaron una vigilia para exigir justicia para los 40 migrantes que murieron y las 42 personas que sobrevivieron, y para denunciar la responsabilidad del Estado y de las autoridades que “nunca les abrieron la puerta” a los migrantes cuando comenzó el siniestro el 27 de marzo de 2023.

Frente a la estación migratoria, los familiares de las víctimas y sobrevivientes acompañados por organizaciones colocaron fotografías y pancartas con mensajes como “Las fronteras matan”, “La frontera es necropolítica” y “Pérez Cuéllar y Garduño culpables, se transforma Instituto de Migración en crematorio”.

“Han pasado dos años, pero es como si hubiera sido ayer. El tiempo transcurre pero el dolor sigue intacto”, narró uno de los migrantes que sobrevivió al incendio. De acuerdo con Luis Xavier Carrancá, de la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana, “hasta ahora no ha habido un pronunciamiento que reconozca que lo que sucedió no fue casualidad, no fue mala suerte, sino es la punta del iceberg de una política de maltrato a las personas migrantes, de detenciones arbitrarias y en condiciones indignas, inhumanas, de encierros que están por fuera de la ley y que son incluso peores que en el caso de encierros penales y, además, al amparo de la ley”.

“El hecho de no abrir la puerta simplemente por la suposición de que escaparíamos. A dónde iríamos si estábamos como presos: descalzos, sin dinero, sin teléfono ni nada en esas cuatro paredes, con un calor insoportable que fue un escenario perfecto para que prendiera en llamas en minutos el lugar”, señaló otra víctima en una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, que reúne testimonios de los sobrevivientes y los familiares de las víctimas.

En la misiva, entregada este viernes a Palacio Nacional, los migrantes y las familias relatan “las secuelas físicas y neurológicas” que padecen a dos años del siniestro.

“Nuestra vida es un antes y un después del incendio. Con todo nuestro corazón deseamos que nadie pase por esta pesadilla, que nadie se levante cada día con la ausencia de su ser querido, muerto en esas condiciones. Que nadie viva sin una extremidad, con recuerdos vagos por inhalar ese humo, con la vida rota”, se lee al inicio del pronunciamiento.
Por su parte, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) recordó los 731 días cumplidos sin que las familias de los 40 migrantes fallecidos y las 42 personas sobrevivientes “tengan justicia y reparación del daño justa”.

El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, anunció que ofrecerá una disculpa pública por siniestro el próximo 16 de abril, sin embargo, negó que se hayan cometido malos tratos contra los migrantes y los familiares de las víctimas, como han denunciado desde el incendio.

La mayoría de las víctimas eran originarias de Guatemala y otros países de Centroamérica y buscaban llegar a Estados Unidos. Los migrantes habían sido detenidos el mismo día del siniestro por agentes del INM por presuntos disturbios en la vía pública y fueron encerrados en varias celdas del lado izquierdo del edificio, que depende del gobierno federal. Alrededor de las 21:30 horas empezó el fuego.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Impunidad y crisis prevalecen tras dos años del incendio que mató a 40 migrantes en México

By: Draco Dracul on jueves, marzo 27, 2025 / comment : 0 , ,

A pesar del impacto mediático y social del incendio en un principio, "nunca se dio seguimiento" al caso, afirmó a EFE el padre Javier Calvillo, líder en la defensa de migrantes en Ciudad Juárez.

La impunidad y la crisis humanitaria prevalecen al cumplirse este jueves dos años del incendio que mató a 40 personas en una estación del Gobierno mexicano en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, donde el temor se agudiza ante el endurecimiento de las políticas migratorias.

Como prueba de la injusticia, familias de las víctimas denunciaron este jueves que permanece en su puesto el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, encargado del centro donde los migrantes estaban detenidos ante su próxima deportación y en el que fallecieron porque los dejaron encerrados pese al fuego.

“Es desesperante, frustrante no encontrar justicia donde claramente se han vulnerado los derechos de un ser humano, solo nos queda seguir luchando por nuestra familia”, expusieron los deudos en el posicionamiento ‘Dos años sin justicia ni reparación del daño’ compartido por la Fundación para la Justicia.

 Un caso en el olvido

A pesar del impacto mediático y social del incendio en un principio, “nunca se dio seguimiento” al caso, afirmó a EFE el padre Javier Calvillo, líder en la defensa de migrantes en Ciudad Juárez, donde dirigió por 13 años la Casa del Migrante.

“Nunca se dio nada. Es como si ya le hubieran dado vuelta la página, no pasó nada, no hubo culpables”, lamentó en una entrevista con EFE. “Aquí no importa la vida, no importan los números, no importa el origen, aquí lo que importa es el poder y la impunidad. Y punto”, agregó.

Las víctimas, incluyendo decenas de sobrevivientes con secuelas, son de Guatemala, Venezuela, Colombia, Honduras y El Salvador, que catalogó el hecho como un “crimen de Estado”.

Una cicatriz en la frontera

Ciudad Juárez, punto clave de la ruta migratoria hacia Estados Unidos, ha sido lugar testigo de la crisis por este fenómeno, pero Calvillo cree que el incendio es uno de los más trascendentales.

“En la historia siempre va a estar marcado eso, el haber pasado ese incidente, que murieron de una manera muy cruel, muy dolorosa y con algo que va a marcar mucho a Ciudad Juárez, difícil que se pueda quitar”, expresó el sacerdote.

En un recorrido por el sitio, EFE constató que aún conserva las cicatrices del incendio que marcó la tragedia. Las escaleras conducen a un interior con las huellas de los migrantes impresas en las paredes, como un testimonio mudo de la desesperación de aquella noche, en la que agentes del INM ignoraron los gritos de auxilio.

Hay marcas de manos impregnadas en las superficies y, al adentrarse en el recinto, se distinguen las puertas y las rejas, algunas de ellas aún aseguradas con cordones de cinta de precaución, como una escena de crimen sin resolver.

En la parte trasera del edificio, las carpas que alguna vez sirvieron para procesar a los migrantes deportados ahora lucen desgarradas, abandonadas a la intemperie.

El sitio entero está en ruinas, lo que migrantes y activistas han descrito como un recordatorio de lo que ocurrió y de lo que nunca debió haber pasado.

Futuro incierto para migrantes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció en diciembre una reforma al INM para “convertirlo realmente más bien en un instituto de apoyo a la movilidad humana”, pero no ha concretado el reemplazo de Garduño, a quien sustituirá Sergio Salomón, exgobernador del estado de Puebla.

En tanto, hay preocupación en la sociedad civil de Ciudad Juárez porque México ha recibido presiones del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para endurecer las políticas migratorias y recibir migrantes ante las “deportaciones masivas”, lo que no borrará la crisis humanitaria en Ciudad Juárez, según Calvillo.

“Esto es una tacha o es un hecho que le va a pesar a México siempre y toda la vida”, sentenció el líder religioso.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Morena-PRI-Verde salvan al “Cuau”; no desechen denuncia de posible víctima: Citlalli

By: Draco Dracul on martes, marzo 25, 2025 / comment : 0 , ,

El exgobenador de Morelos prometió presentarse a declarar ante la Fiscalía General del Estado a declarar y dijo tener la conciencia tranquila.

La Cámara de Diputados rechazó esta tarde el proceso de desafuero contra el legislador morenista Cuauhtémoc Blanco Bravo con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones.

La discusión tuvo momentos álgidos, incluidos los posicionamientos de diputadas de Morena que pedían no otorgar “el escudo” del fuero al exgobernador de Morelos, fue liderada por la Sección Instructora de la Cámara Baja, que argumentó que la Fiscalía de Morelos –que pide investigar al exfutbolista por una presunta violación– no integró debidamente la carpeta en su contra.

Tras la decisión de los legisladores, Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres, pidió no ignorar ni solapar que las fiscalías no integren de forma correcta las carpetas de investigación, “esto sólo provoca impunidad”.
Hernández Mora, quien es la primera titular de dicha Secretaría –creada por la también primera Presidenta de México– destacó: “Me parece reprobable que en la discusión pública se esté dejando de lado a una posible víctima y que la discusión se centre en un posible desafuero, en el que –en sus dichos– las y los legisladores encontraron una carpeta mal integrada, poniendo el foco de la discusión desde el enfoque político sobre si se defiende o no a un posible agresor y no desde una dimensión de justicia”.

En un posicionamiento realizado desde su cuenta de la red social X, Hernández planteó que el exfiscal [de Morelos], “acusado de encubrir feminicidas, Uriel Carmona, haya utilizado su posición con fines políticos, no significa que la denuncia de una víctima deba quedar de lado, que no proceda el desafuero, tampoco”.

También expuso que actualmente hay un nuevo Fiscal en Morelos “y confiamos en que en éste y en otros casos se revisen las omisiones señaladas, se investigue a profundidad y no se deje jamás a ninguna mujer sin respuesta justa y legal”.
Previo a la discusión de desafuero, el exgobernador de Morelos y actual legislador por Morena, subió a la tribuna de la Cámara y se dijo dispuesto a acudir a la Fiscalía General del Estado para continuar la investigación que pesa en su contra.
"No tengo miedo, aquí estoy, parado frente a ustedes. Nada más, esto fue después de seis meses la señora presentó esta demanda en mi contra y estoy dispuesto a ir a la Fiscalía porque mi conciencia está muy tranquila", expresó.
Mujeres morenistas rechazan al “Cuau”

El jueves pasado, las legisladoras de la bancada de Morena, Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) de la Cámara de Diputados pidieron a las 251 diputadas votar a favor del desafuero para que la Fiscalía pudiera continuar con la investigación.

Durante la sesión ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género, la Diputada María Teresa Ealy aseguró que el fuero no puede ser un "escudo" para evadir responsabilidades, sobre todo, cuando se trata de denuncias graves de violencia contra las mujeres, luego de que el exfutbolista fue acusado de violación en grado de tentativa por su media hermana.
“El rechazo al desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco Bravo no puede dejarnos indiferentes. Desde esta comisión siempre hemos defendido la justicia con perspectiva de género y no podemos permitir que el fuero sea un escudo para evadir responsabilidades, sobre todo, cuando hay denuncias graves de violencia contra las mujeres”, comentó.
Asimismo, la emecista Anayeli Muñoz se dijo molesta con la determinación de la Sección Instructora al lamentar que no creyera en la palabra de la víctima, por lo que llamó a la Comisión a permitir que se realice la investigación correspondiente sin politizar el caso.
"No estoy de acuerdo con que se haya desechado esta petición, porque es muy importante creerle a las mujeres. Me parece que la primera premisa que debemos tener como feministas, como políticas y como mujeres que hemos enfrentado la violencia es creerle a las víctimas, creerle a las mujeres, que se realicen las investigaciones", indicó.
Por otra parte, la panista Ana María Balderas lamentó el papel de la Cámara de Diputados, debido a que "le falló a miles de mujeres que se sintieron lastimadas con el dictamen aprobado ayer".


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Liberan a ‘El 02’, vinculado en el asesinato del periodista Armando Linares en Michoacán

By: Draco Dracul on viernes, marzo 07, 2025 / comment : 0 , ,

Carlos Gerardo Sánchez Mendoza, alias el 02, presunto criminal que habría participado en el asesinato del periodista de Zitácuaro, Armando Linares López, fue liberado ayer por un juez de control penal.

Wilfrido Tapia López, le dictó sentencia absolutoria a el 02 por falta de pruebas contundentes en la carpeta de investigación que integró desde marzo del 2022 la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

El periodista Armando Linares López, socio del medio de comunicación Monitor Michoacán, fue asesinado la tarde del 15 de marzo de 2022 por hombres armados que ingresaron hasta su domicilio.

La Fiscalía General de Michoacán informó esa tarde que acudió a la colonia Carabanchel, en Zitácuaro, para realizar actuaciones con relación al homicidio del periodista en un domicilio particular; y presenta heridas producidas por disparo de arma de fuego.

En agosto de 2023, Carlos Gerardo, fue detenido por la Guardia Civil de Michoacán, el Ejército y la Guardia Nacional a unos kilómetros de Zitácuaro con dirección a Morelia.

FUENTE: RÍODOCE.
AUTOR: REDACCIÓN.

Por supuestos errores en proceso, juez federal libera a “Don Chuy”, presunto líder del CJNG en Michoacán

By: Draco Dracul on jueves, marzo 06, 2025 / comment : 0 , , ,

Tras considerar que hubo una mala integración del proceso en contra del presunto líder delincuencial, Rubén García Mateos, juez de Distrito, adscrito al Centro De Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, resolvió, el 5 de marzo de 2025, no vincular a proceso a Jesús Rivera Aguirre, alias “Don Chuy”, “El Gordo Chuy” y/o “La Hamburguesa”, presunto lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en dicha entidad.

El juzgador federal ordenó su liberación, luego de que “El Chuy” permaneció bajo prisión preventiva oficiosa, en el Centro Penitenciario Lic. David Franco Rodríguez, con sede en Morelia -también conocido como “Mil Cumbres”-, desde que, el 25 de febrero de 2025, fue detenido en Zacapu, Michoacán. Ello a pesar de que estaba acusado de delitos de tráfico de drogas, delincuencia organizada, extorsión y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército mexicano.

Tras su detención -junto a otras tres personas-, en un operativo encabezado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), se reportaron enfrentamientos armados en varios puntos de la cabecera municipal, así como bloqueos y quemas de unidades en Zacapu, Tzintzuntzan y Morelia.

Además, la Fiscalía General de la República informó que, tras la detención de “La Hamburguesa”, el cuartel militar de la Guardia Nacional (GN) -ubicado sobre la avenida de Las Rosas, en la carretera Zacapu a Villa Jiménez-, fue blanco de un ataque a tiros, causando daños a nueve vehículos oficiales, así como a muros, ventanas, puertas y cortinas del inmueble.

El gobernador de Michoacán y militante de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, celebró, el 25 de febrero de 2025, la detención del presunto capo. Indicó que fue una operación ordenada desde la Ciudad de México y adelantó que había “muchas órdenes” de aprehensión que se estarían ejecutando en días próximos.

“Fue una acción que venía con planeación desde la Ciudad de México y por eso la respuesta [ataques y narcobloqueos] de este grupo delictivo, pero logró la captura del objetivo, que eso es muy importante, relevante en esa zona del estado”, apuntó el gobernador.

“Hubo un cateo y una detención de un objetivo criminal, acciones que están en conjunto con el Gobierno Federal, es una operación que se ejecutó directamente por la FGR por una orden de cateo federal, dimos el respaldo y se capturó a una persona que ya está siendo puesta a disposición de las autoridades federales”, enfatizó Ramírez Bedolla.

Juan Carlos Oseguera Cortés, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, criticó, el 5 de marzo de 2025, al juzgador y defendió la forma en la que se efectuó la detención del presunto lugarteniente del CJNG.

“La no vinculación a proceso de ‘El Chuy’, presunto líder de plaza de Zacapu, por parte de un juez federal, constituye un acto desmedido de irresponsabilidad por parte del Poder Judicial”, consideró el funcionario estatal.

“A pesar de haberse ejecutado la legal detención, que el objetivo está plenamente identificado y que se detuvo en flagrancia, el juez determinó dejarlo en libertad, poniendo en peligro a la población”, agregó Oseguera Cortés.

En contraste, durante una conferencia de prensa, el funcionario estatal destacó la vinculación a proceso de Miguel Ángel “N”, alias “El Cuchillo”, otro presunto líder del CJNG detenido en Michoacán, tres días antes de la aprehensión de “Don Chuy”.

“Con la vinculación a proceso del líder delincuencial Miguel Ángel ‘N’, alias ‘El Cuchillo’, detenido el pasado 22 de febrero [de 2025], en Álvaro Obregón, se consolida el avance de la estrategia interinstitucional en materia de seguridad en Michoacán”, afirmó Oseguera Cortés, quien también informó que en el mes de febrero del presente año fueron detenidos cinco objetivos prioritarios que operaban en las regiones de Zacapu, Tierra Caliente, Morelia y Pátzcuaro.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Falta de personal y capacitación genera impunidad en casos de homicidio: solo el 18% de los casos llega ante un juez

By: Draco Dracul on miércoles, febrero 19, 2025 / comment : 0 , ,

Un informe elaborado por la organización internacional Human Rights Watch (HRW) evidencia que la debilidad institucional de las fiscalías es una causa central en la impunidad de los homicidios dolosos en México.

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) alertó sobre el alto nivel de impunidad que existe en los homicidios dolosos en México, pues las fiscalías solo logran llevar el 18 % de estos casos ante un juez para conseguir una sentencia condenatoria.

En un informe elaborado que incluye estadísticas oficiales, solicitudes de información y entrevistas a funcionarios, HWR reveló que en los casos de homicidio doloso las fiscalías no avanzan más allá de la etapa inicial, es decir, se abre un expediente con la información de la escena del crimen o con cualquier acto de investigación, pero la mayoría de las veces las autoridades no encuentran al culpable.

HRW toma como referencia el 2022, año en el que comenzó su investigación. “En 2022, por ejemplo, las fiscalías estatales abrieron unas 28 mil 700 investigaciones por homicidio doloso (sin incluir feminicidios), pero abrieron una causa penal ante un juez solo en aproximadamente 5 mil 300 casos, es decir, alrededor del 18 % de las investigaciones abiertas”, dice la ONG sobre el tema.

La organización internacional, especializada en temas de derechos humanos, atribuyó estos altos niveles de impunidad a varios factores: la falta de personal dentro de las fiscalías, la ausencia de unidades especializadas, la poca capacitación que los servidores públicos reciben para casos de homicidios dolosos, la intensa carga de trabajo y los errores que se cometen durante las indagatorias.

HRW calculó que por cada 10 víctimas de homicidio en México, solo hay 3.2 sospechosos identificados. Una cifra que está por debajo de la media de los países del continente americano, que es de cuatro sospechosos identificados por cada 10 víctimas de homicidio.

“Muchas de las investigaciones por homicidio doloso que quedan sin resolver cada año se cierran definitivamente sin llegar a presentar cargos penales o se “archivan” (archivo temporal) por falta de pruebas”, mencionó la organización internacional.

Para su investigación, HRW entrevistó a analistas de seguridad, quienes estimaron que la mitad o dos terceras partes de los homicidios dolosos son cometidos por el crimen organizado. Fiscales y policías de investigación consultados bajo condición de anonimato coincidieron con esa cifra.

Falencias de fiscalías detona impunidad

La debilidad institucional de las fiscalías es una causa central en la impunidad de los homicidios dolosos. Esto queda exhibido con el poco personal con el que cuentan estas instituciones para atender estos crímenes.

HRW indica que, durante 2022, en el estado de Guerrero había siete ministerios públicos en la unidad de homicidio doloso, y cada uno se hizo cargo de 162 carpetas de investigación por ese delito.

A estas carpetas de investigación se deben sumar las de años anteriores que quedaron congeladas. El informe de HRW se refiere al caso de Chiapas, donde en 2022 había ocho ministerios públicos y cada uno acumula al menos 254 casos de ese año y los anteriores.

Ministerios públicos entrevistados por HRW contaron a la organización internacional que la mayoría de sus investigaciones las basan en declaraciones de testigos, ya que no tienen tiempo de obtener otras pruebas por la carga de trabajo.

A esto se deben sumar los retrasos y errores que los trabajadores de las fiscalías suelen cometer durante el proceso de investigación, así como la falta de equipo especializado para identificar a las víctimas, lo que puede llevar a retrasos en la investigación.

Sobre este tema, HRW señala que “en 2022, 12 estados reportaron no contar con peritos en antropología forense, algo necesario para analizar restos óseos; 28 estados no contaban con peritos en radiología forense, necesarios para realizar estudios de imagen; y seis no contaban con peritos en odontología forense”.

De igual forma está la falta de capacitación de los ministerios públicos. HRW cita cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que hasta 2022 reportaba que en diez estados de la República menos del 50 % de los agentes habían cumplido con un curso inicial de investigación y teoría jurídica.

Hasta el 2022 no había ningún estado del país en el que el 100 % de sus ministerios públicos hayan cumplido dicho curso inicial. El más cercano era Sinaloa, con 97 %.

Posible subregistro en casos de homicidio doloso

El informe de HRW, que será presentado el día de hoy, se da a conocer una semana después de que la presidenta Claudia Sheinbaum presumió una reducción en los casos de homicidio doloso en el país.

La organización internacional no solo exhibe los niveles de impunidad en este crimen, sino que también refuta el discurso oficial al señalar que “hay varias razones para sospechar que la verdadera tasa de homicidios de México puede ser superior a la cifra oficial”.

HRW señala que el número de homicidios puede ser superior debido al aumento de casos de personas desaparecidas. La organización pone el ejemplo de Baja California Sur, Coahuila, Durango, Nayarit, Tabasco y la Ciudad de México, donde la cantidad de víctimas de desaparición se acercó o fue incluso superior al total de personas asesinadas.

“Hay razones para creer que muchas de las desapariciones sin resolver que han sido reportadas en los últimos años pueden ser homicidios que aún no se han incluido en las estadísticas oficiales porque los restos no han sido encontrados”, indica HRW.

Otros factores que pueden influir en este problema es la clasificación de asesinatos como “muertes con intencionalidad desconocida”, lo que impide que se contabilicen en las estadísticas de homicidio doloso.

Entre 2018 y 2022, el porcentaje de muertes accidentales o violentas con intencionalidad desconocida osciló entre 31 % y 47 % solo en la Ciudad de México, revela HRW.

La organización internacional retoma un informe del International Crisis Group, un think thank que aseguró haber entrevistado a funcionarios públicos y trabajadores de morgues en México, quienes admitieron que por “presiones políticas” no clasifican los asesinatos como homicidios dolosos para reducir los índices de violencia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.

Liberan a “El Gordo de Zempoala”, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, tras presumir captura

By: Draco Dracul on domingo, febrero 16, 2025 / comment : 0 , ,

Aunque su captura fue anunciada desde las primeras horas del 10 de febrero como “un golpe contundente al crimen” por parte de la Fiscalía general de Guanajuato, su liberación se dio en medio de un silencio absoluto por parte de las autoridades.

El presunto líder criminal Leonel N, alias “El Gordo de Zempoala”, señalado como un cabecilla “que sembró terror” en la región de Celaya y municipios vecinos fue dejado en libertad horas después de ser capturado en Querétaro por agentes de las fiscalías de Guanajuato y de aquella entidad. 

Aunque su captura fue anunciada desde las primeras horas del 10 de febrero como “un golpe contundente al crimen” por parte de la Fiscalía general de Guanajuato, su liberación se dio en medio de un silencio absoluto por parte de las autoridades, tras una audiencia ante un juez que determinó que no se presentaron los elementos de prueba suficientes para vincularlo a proceso.

El hombre fue señalado por la Fiscalía general del estado como un líder criminal de la región Laja-Bajío, presunto integrante del Cártel Santa Rosa de Lima, que según las instancias estatales, fue el autor intelectual y operativo de un ataque a Fuerzas del Estado en el que murieron 4 elementos, mismo que ocurrió en Uriangato en diciembre pasado.  

Tras lo ocurrido, la Secretaría de Seguridad y Paz y fuerzas federales desplegaron operativos para localizar a la célula criminal y en un embate el 6 de enero, exterminaron a 10 de sus integrantes, aunque en ese momento no fue capturado el presunto cabecilla. 

El 10 de febrero, cuando anunció su detención en Querétaro, la Fiscalía indicó que realizó “amplias investigaciones e intercambio de información con la Secretaría de Seguridad y Paz” del estado, y afirmó que Leonel N está involucrado en homicidios, secuestros, extorsiones y terrorismo. 

“Su captura un contundente golpe a la estructura criminal que opera en la zona, desmantelando su red delictiva y reduciendo significativamente su capacidad de acción”, señaló la Fiscalía, que difundió también un video del traslado de “El Gordo de Zempoala” a las instalaciones de la institución. 

”La ley se impone. La impunidad no tiene cabida. Seguimos firmes en la lucha por la justicia y la seguridad de Guanajuato”, dice el comunicado difundido en esa ocasión.  

Pero los datos de prueba presentados no habrían sido suficientes según el criterio del juez, que determinó no vincularlo a proceso y dejarlo en libertad, aunque ninguna de las autoridades dio detalles sobre la audiencia y la resolución. 

El sábado, tras conocerse la liberación del presunto líder criminal, la Fiscalía salió a confirmarlo y anunció que apelará la decisión del juez penal.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.

Juez desecha “prueba definitiva” para sentenciar al feminicida serial de Iztacalco, acusa defensa de víctimas

By: Draco Dracul on martes, febrero 04, 2025 / comment : 0 , , ,

De acuerdo con la defensa de las víctimas, el perfil probaba el dolo y la serialidad con que Miguel "N" llevaba a cabo sus ataques en contra de mujeres jóvenes en Iztacalco.

El Juez de Control Juventino González Ocote, adscrito al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, desechó lo que la defensa de las víctimas de Miguel “N”, conocido como el feminicida serial de Iztacalco, considera una “prueba definitiva” de su culpabilidad.

En entrevista con Animal Político, Erendali Trujillo, parte del equipo de defensa legal de María José, asesinada por Miguel “N” en abril de 2024, y de su madre Cassandra, víctima de intento de feminicidio cuando buscaba defender a su hija, señaló que la prueba se trataba de un perfil criminológico.

“Es una entrevista realizada cara a cara al presunto culpable, intervienen varios peritos en la prueba y abarca preguntas sobre su contexto cultural, social y forma de vida del victimario”, destacó Trujillo.

Dicho perfil fue presentado por su defensa para servir como prueba que acreditara las razones de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México para solicitar la pena máxima en contra del presunto feminicida serial: 116 años de prisión.

Si el juez González Ocote —también conocido por el caso de feminicidio en contra de la cantante Yrma Lydya, en el restaurante Syntory de la Ciudad de México, en junio de 2022— hubiera admitido la prueba, ese hubiera sido el primer perfil criminológico de un asesino serial llevado a juicio.

Erendali Trujillo detalló que, aunque esta clase de perfiles suelen hacerse por parte de las fiscalías, no son presentados como elementos de prueba para integrarse a un juicio, pero este estuvo a punto de serlo, si no se hubiera desechado.

“Lo que quiero es entender qué pasa por mi cabeza”

En su argumentación, el juez de control señaló que la prueba no podía tomarse en cuenta porque era una especie de testificación y esa ya la había hecho el presunto feminicida en un primer momento.

La razón que Miguel “N” tuvo para permitir la entrevista con la defensa de Cassandra y María José fue que quería entender qué pasaba por su cabeza, según lo relató la abogada a Animal Político.

“Él ya confesó, en la audiencia inicial, que sí cometió los delitos y, al menos el feminicidio de María José lo planeó, quería hacerlo, sabía cómo lo iba a hacer. Esta entrevista la permitió porque dijo que sabía estaba mal y dijo: ‘lo que quiero es entender qué pasa por mi cabeza’”.

A pesar de que en la audiencia intermedia del caso Miguel “N” confirmó que dio la entrevista para el perfil criminológico consciente y sin coacción de ningún tipo, el juez de control decidió desecharla.

“Esta es una prueba definitiva, porque determina que el hecho se cometió con dolo y eso implica que el presunto quería hacerlo y que sabía como lo va a hacer. Su situación representa un peligro incluso para otros internos y esto podía también ayudar a tomar decisiones sobre ello”, aclaró Trujillo.

Próxima audiencia: sin fecha hasta desahogar impugnaciones

Erendali Trujillo destacó que en el momento de la audiencia intermedia ellos decidieron no impugnar que no se tomara en cuenta el perfil criminológico porque su intención es llegar a juicio lo más pronto posible.

“Hubiera sido alargar el proceso por una prueba que, si bien consideramos muy relevante, igual podía ser que se tomara en cuenta en la audiencia de juicio o que simplemente se diera la pena máxima ya que él admitió cometer ambos delitos”, dijo.

Pero las cosas cambiaron cuando la defensa de Miguel “N”, que es un defensor de oficio, presentó una impugnación adhesiva. “Es parte del proceso, es su trabajo como defensor de oficio meter todos los recursos posibles en favor del imputado”, dijo Trujillo.

“Solo que fue entonces cuando decidimos también meter una impugnación para que finalmente sí se tome en cuenta esta prueba que consideramos fundamental. Pero ahora no hay fecha para una audiencia de juicio hasta que la sala colegiada resuelva si se debe reponer la audiencia intermedia, donde debió tomarse en cuenta el perfil criminológico”, detalló la abogada.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEJANDRA CARBAJAL.

Conceden a Francisco Garduño, titular del INM, suspensión en el proceso por incendio en estación migratoria de Ciudad Juárez

By: Draco Dracul on viernes, enero 24, 2025 / comment : 0 , ,

Francisco Garduño obtuvo un año y seis meses de suspensión en el proceso, la defensa de las víctimas asegura que tras ese periodo podría esperarle una sentencia absolutoria.

Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), obtuvo la suspensión provisional del proceso en su contra por la muerte de al menos 40 personas migrantes, tras un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez en marzo de 2023.

En una entrevista que ofreció la defensa de las víctimas, al salir de la audiencia que se llevó a cabo este viernes en Ciudad Juárez, precisó que el juez le otorgó un año y seis meses para aplicar la suspensión. Después de ese tiempo se daría la sentencia, “posiblemente absolutoria”, añadió la abogada.

“Esto es un terrible precedente porque significa que cualquier funcionario público –que además no es cualquier funcionario—pueda cometer un delito, que pague el Estado, y entonces se entienda que ya se cumplió con la reparación del daño”, señaló la defensa de las víctimas.

La abogada añadió, al salir de la audiencia, que buscarán todos los recursos legales para que no haya impunidad en el caso, pero destacó que el llamado más importante es para la presidenta Claudia Sheinbaum, para que no permita “que la maquinaria de la impunidad se siga alimentando en su gobierno”.

“Que no haya más funcionarios así, que se sigan cometiendo grandes violaciones de derechos humanos, el mismo comisionado aceptó que se había cometido un delito, aún así descaradamente no hace ninguna reparación en favor de las víctimas y lo convalida el juez”, señaló la defensa.

Piden a Sheinbaum frenar la impunidad

El pasado 22 de enero, organizaciones civiles y víctimas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en marzo de 2023, acusaron aún al titular del Instituto Nacional de Migración de, por tercera vez, intentar evadir la justicia a través de recursos legales.

En una carta firmada por organizaciones, mujeres víctimas del incendio y familiares de quienes perdieron la vida esa noche, exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum la destitución inmediata de Garduño al frente del Instituto.

En el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, ocurrido la noche del 27 de marzo de 2023, fallecieron 40 personas migrantes, sobrevivieron 27 personas con lesiones permanentes y 15 mujeres con repercusiones psicológicas a tratar.

Las organizaciones y particulares firmantes de la carta enviada a Claudia Sheinbaum también acusaron a Francisco Garduño de utilizar recursos públicos para acudir a sus comparecencias ante el juez (cada 15 días), en Ciudad Juárez.

¿Por qué Garduño sigue al frente del INM?

A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció desde el 8 de octubre pasado que Francisco Garduño sería relevado por el entonces aún gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, el cambio no se ha dado.

A finales de diciembre, Sheinbaum fue cuestionada respecto a la fecha del cambio, aunado al anuncio de una “profunda transformación” dentro del Instituto Nacional de Migración.

La mandataria solo dijo que habría un periodo de transición entre ambos y que aún no estaban listos los cambios que legalmente se ocupan para el ingreso de Salomón Céspedes al frente de la dependencia.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La impunidad y la corrupción, un flanco débil de México frente a Trump: WOLA

By: Draco Dracul on jueves, enero 23, 2025 / comment : 0 , , ,

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos asegura que, si México logra combatir la corrupción e impunidad (germen de la narcopolítica), el gobierno de Sheinbaum tendría mayores elementos contra las amenazas de Donald Trump.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) advierte en un análisis sobre los efectos que tendrá en la región la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, y que para combatir de manera eficaz el problema del crimen organizado México debe reducir la impunidad y la corrupción que fomentan las alianzas entre cárteles y funcionarios del Estado.

“En lugar de centrarse en la aplicación de la ley antidrogas y las interdicciones, abordar eficazmente el crimen en México requiere reducir la impunidad y la corrupción”, indica la ONG promotora de los derechos humanos en las Américas en el documento “¿Qué implica una segunda administración de Trump para América Latina?”

La directora de la WOLA para México, Stephanie Brewer, dice a Proceso que el análisis parte del hecho de que si México tuviera una respuesta más eficaz frente a la impunidad y la corrupción, podría mostrar resultados más positivos en la lucha contra el crimen y, en esa medida, podría “defenderse mejor” de las políticas y amenazas de Trump.

El lunes último, en su primer día como presidente de Estados Unidos, Trump firmó una orden ejecutiva que cataloga como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos de la droga y grupos criminales de la región considerados una “amenaza para la seguridad del pueblo estadunidense, la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental”.

Varias instituciones, agencias y funcionarios de la administración Trump disponen de 14 días, a partir de la firma del decreto, para determinar qué organizaciones criminales serán consideradas terroristas y, por tanto, podrán ser atacadas de manera unilateral por Estados Unidos en cualquier país.
Brewer explica que este tipo de amenazas y acciones de Trump constituyen, además, mensajes muy poderosos para sus bases ultraconservadoras porque muestran al magnate republicano como un hombre duro frente al crimen, que está dispuesto a solucionar por la fuerza los mensajes de seguridad.

“Estas políticas no parten de la evidencia, sino de una lógica populista porque las medidas de fuerza tienen años en marcha y no han solucionado el problema ni lo van a solucionar”, asegura la directora de WOLA para México.

La activista de derechos humanos y experta en la relación México-Estados Unidos sostiene que incluso si México no tuviera los niveles de violencia extrema que presentan varias regiones del país, los más probables es que Trump de igual manera recurriría a las amenazas y al discurso de mano dura pues esa es la retórica que le trae dividendos políticos en un país donde decenas de miles de personas mueren cada años por sobredosis de fentanilo, una sustancia ilícita que producen y trafican los cárteles mexicanos, pero que también se distribuye de manera masiva en las grandes ciudades estadunidenses ante la ineficacia de las policías y agencias como la DEA.

Tiempo de turbulencias

Para WOLA, el regreso de Trump a la presidencia Estados Unidos pone a América Latina ante un periodo “transformador y turbulento en sus relaciones con su vecino del norte”.

El primer mandato de Trump (2017-2021) “se definió por negociaciones transaccionales, tácticas de presión económica y la marginación de temas relativos a los derechos humanos en favor de ganancias políticas a corto plazo, un patrón que podría intensificarse en su segundo mandato”, señaló la ONG con base en Washington.

En su análisis, el organismo indica que las nominaciones de Trump, incluyendo a Marco Rubio como secretario de Estado, Christopher Landau como subsecretario de Estado y las rápidas nominaciones de embajadores en varios países de América Latina, como México, indican que la región “será una mayor prioridad en la política exterior de Estados Unidos, especialmente en relación con la migración y las drogas de uso ilícito”.

Además advierte que el creciente alineamiento de Trump con líderes populistas de la región, a menudo autoritarios, como Javier Milei de Argentina, Nayib Bukele de El Salvador y la familia Bolsonaro en Brasil, “podría fortalecer a actores antidemocráticos y amenazar las instituciones democráticas de la región, las libertades civiles, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos humanos”.

En esta segunda administración del millonario republicano, WOLA anticipa “retrocesos significativos a nivel de normas democráticas, espacio cívico, protección de los derechos humanos, independencia judicial, iniciativas de inclusión y diversidad, y la respuesta a la crisis climática”.

También se van a priorizar estrategias de control militarizado de drogas y políticas migratorias restrictivas, aunado a una preferencia por la diplomacia transaccional, lo que implica el riesgo de “consolidar aún más el autoritarismo, poniendo bajo mayor amenaza a actores de la sociedad civil, personas defensoras de los derechos humanos y personal gubernamental reformista”, agrega el documento.

De acuerdo con el organismo, a medida de que las normas e instituciones democráticas sean objeto de un ataque creciente y los compromisos con la diversidad y la inclusión se debiliten, será cada vez más importante fomentar la solidaridad y la coordinación entre los actores de la sociedad civil en la región y el mundo.

“Esto será esencial para contrarrestar la erosión de las libertades democráticas, proteger los derechos humanos y el estado de derecho”, añade.

Agenda de riesgos

Entre las áreas clave a observar y posibles medidas de respuesta para abordar estos riesgos, WOLA identifica como asuntos críticos la migración y la lucha contra el crimen.
El enfoque de Trump en la deportación masiva, probablemente utilizando personal militar, algo sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos, podría expulsar a millones de personas mediante redadas, internamiento en campamentos y deportaciones a gran escala.
Señala que un renovado programa “Quédate en México” podría enviar a decenas de miles de solicitantes de asilo a esperar su trámite en territorio nacional, “si el gobierno mexicano se ve obligado a aceptarlo”, y esto llevará a que las organizaciones que defienden a las personas migrantes enfrenten “ataques legales coordinados”.

Respecto de Venezuela, indica que Trump ya se refirió al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de ese país y destacó el apoyo que recibió de la comunidad venezolana en Estados Unidos.

 Además, el secretario de Estado, Marco Rubio, enfatizó durante su audiencia de confirmación en el Congreso que el país está controlado por una organización criminal y narcotraficante; criticó a la administración de Joe Biden por haber sido “manipulada para disminuir las sanciones y proporcionar millones de dólares a Nicolás Maduro” vía licencias petroleras, y destacó los importantes riesgos geopolíticos involucrados en los tratos de Venezuela con países como Rusia e Irán.  

De acuerdo con la WOLA, aunque parece poco probable que se restablezcan las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, Trump enfrenta dilemas complejos que podrían abrir la puerta a un enfoque transaccional entre ambos gobiernos con miras, por ejemplo, a que Maduro reciba a miles de venezolanos que la nueva administración proyecta deportar.

“Estos intereses superpuestos, pese a las diferencias ideológicas y narrativas incendiarias, podrían señalar un cambio respecto de las tácticas de máxima presión de su primer mandato, con el pragmatismo económico ocupando un papel central”, asegura el análisis.

Y agrega que comentarios recientes del asesor principal de Trump, Tom Homan, indican que se espera que Trump “trabaje con Venezuela” para recibir estos vuelos de deportaciones. Aunque esta visión choca con la del secretario de Estado, Marco Rubio, quien es proclive a endurecer la posición de Washington frente al régimen de Maduro.

WOLA señala que Trump contará, al menos los próximos dos años, con un Congreso controlado por el Partido Republicano y esto le permitirá impulsar varias de sus prioridades, en particular su restrictiva agenda de migración, “y realineará, si no reducirá, las áreas de asistencia estadunidense, centrándose en la ayuda a temas de seguridad”.

América Latina “se enfrenta a la perspectiva de un autoritarismo más profundo, crecientes desafíos en materia de derechos humanos y una mayor erosión de los principios democráticos, con muchos líderes que probablemente encuentren en la nueva administración estadunidense un aliado para sus agendas conservadoras”.

La comunidad internacional, junto con la sociedad civil de América Latina, plantea WOLA, deben prepararse para estos desafíos y trabajar conjuntamente.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAFAEL CRODA.

Falta de resultados e impunidad, denuncian familiares a dos años de la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz

By: Draco Dracul on jueves, enero 16, 2025 / comment : 0 , , ,

“Queremos expresar nuestra frustración por la falta de resultados concretos en las investigaciones. Las promesas de las autoridades han quedado vacías, y el tiempo transcurrido sólo evidencia la impunidad que persiste en nuestro país”, denunciaron los familiares de Ricardo Lagunes Gasca, a dos años de que el abogado fuera desaparecido junto con el defensor Antonio Díaz en Colima, cuando viajaban hacia la comunidad nahua de Aquila, Michoacán.

En el segundo aniversario de su desaparición, la familia de Lagunes señaló que aún enfrentan “el silencio y la indiferencia de quienes tienen el deber de esclarecer los hechos”, pues hasta el momento no hay avances en las investigaciones sobre el paradero de los defensores, quienes formaban parte de la lucha comunitaria y jurídica de la comunidad de Aquila contra la empresa minera Ternium, que explota la mina Las Encinas.


Los defensores fueron desaparecidos después de ganar juicios que les permitirían defender a la comunidad indígena local y establecer la agenda para el desarrollo minero de Ternium en la mina Aquila, recordaron los familiares y sus representantes, organizaciones de la sociedad civil, colectivos y activistas en otro pronunciamiento conjunto.

“Las irregularidades de la investigación y en la búsqueda, la obstaculización de la participación de los familiares y la falta de una estrategia integral para resolver el caso generan gran preocupación y fomentan el olvido”, denunciaron las organizaciones, que incluyeron entre las irregularidades la violencia que rodea el caso, pues varios testigos o perpetradores fueron ejecutados “después de ser inexplicablemente liberados de la custodia del Estado”.

A dos años de la desaparición, los familiares, colectivos y organizaciones exigieron que se consolide un mecanismo humanitario para garantizar la colaboración de todos los actores, incluida la empresa minera Ternium, así como de expertos independientes que trabajen para las familias en el Mecanismo Independiente para la Recuperación Humanitaria de Antonio y Ricardo (MIRHAR) y de otros países e instituciones.

Entre sus demandas incluyeron nombrar un Fiscal Especial, conformar un equipo de búsqueda humanitario para el caso y elaborar un plan estratégico para la búsqueda, además de exigir a la minera Ternium la debida diligencia empresarial para casos de graves violaciones a derechos humanos.

Finalmente, convocaron a la sociedad en general a participar en el Mes de Acción Global Contra la Impunidad a través del envío de muestras de arte o actos de solidaridad, como la firma de su petición y el envío de postales a las autoridades “para exigir que cumplan con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y que garanticen la búsqueda efectiva de Ricardo y Antonio, así como el esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables”.

PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO

Mes de Acción Global por la Desaparición Forzada de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia

En el marco del segundo aniversario de la desaparición forzada de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia el 15 de enero, sus familiares y representantes, organizaciones de sociedad civil, amigos, colectivos y académicos hacemos un llamado a la acción global para exigir su aparición con vida, verdad y justicia.

Ricardo- abogado de derechos humanos- y Antonio- líder indígena- fueron desaparecidos forzosamente el 15 de enero de 2023, después de ganar juicios que les permitirían defender a la comunidad indígena local y establecer la agenda para el desarrollo minero de Ternium en la mina Aquila en Michoacán, México.  Desde entonces, no se sabe nada de ellos y sus seres queridos continúan exigiendo su búsqueda y presentación con vida.

La desaparición de Ricardo y Antonio es un símbolo de la violencia contra personas defensoras de derechos humanos en México. Global Witness ha documentado en su informe anual la grave situación de desaparición forzada de defensores ambientales en el país, dedicando el capítulo En el limbo a este caso. Según dicha organización entre 2012-2023, 203 defensores ambientales fueron asesinados en México, 26 de ellos fueron víctimas de desaparición forzada, 21 en Michoacán. El 70% de los ataques letales de 2023 fueron en contra de indígenas defendiendo sus territorios de la industria minera, con la mayor concentración de casos en la Costa del Pacífico de los Estados de Michoacán-Colima-Jalisco. 

En México, desde que los defensores desaparecieron, se encontraron numerosas fosas clandestinas con cientos de cuerpos y restos que permanecen sin identificar, con análisis forenses incompletos. Así se suman a los más de 72 mil cuerpos sin identificar.  El caso por la desaparición de Ricardo y Antonio permanece sin avances significativos que permitan investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables intelectuales y materiales de este grave crimen. Las irregularidades de la investigación y en la búsqueda, la obstaculización de la participación de los familiares y la falta de una estrategia integral para resolver el caso generan gran preocupación y fomentan el olvido. La violencia que rodea el caso, con varios testigos o perpetradores ejecutados después de ser inexplicablemente liberados de la custodia del Estado, exigen salidas humanitarias para la búsqueda de verdad y justicia. Las familias siguen exigiendo al Estado que les escuche, que reconozca el crimen como una desaparición forzada, desarrolle todas las líneas razonables de investigación, incluyendo el rol de agentes del Estado y actores privados, y trabaje con expertos independientes y sus recomendaciones. En el 2024 han recorrido el mundo con el rostro de los defensores y sus demandas de verdad y justicia, sin que las recomendaciones internacionales de la ONU, de la CIDH, de Luxemburgo o Estados Unidos sean escuchadas.  

En el segundo aniversario, conscientes de las crisis humanitarias, forenses y de justicia que azota el país en materia de desapariciones y de violencia contra defensores ambientales, pedimos que te unas al mes de acción global contra la impunidad, aportando tu arte, compartiendo tu acto de solidaridad, firmando nuestra petición, enviando nuestras postales a las autoridades para exigir que cumplan con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y que garanticen la búsqueda efectiva de Ricardo y Antonio, así como el esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables.

La desaparición de Ricardo y Antonio es un duro recordatorio de los profundos peligros que enfrentan quienes defienden el ambiente y los derechos indígenas en México. Nos solidarizamos con las familias de Ricardo y Antonio. Juntos exigimos:
  1. Consolidar un mecanismo humanitario que garantice la colaboración de todos los actores, incluida la empresa minera Ternium, para descubrir la verdad, encontrar a los defensores y regresarlos de inmediato a sus familias.
  2. Nombrar un Fiscal Especial y conformar un equipo de búsqueda humanitario para el caso, con los recursos y la experiencia necesarios para llevar a cabo una revisión exhaustiva, independiente e imparcial de la investigación de las desapariciones de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia y elaborar un plan estratégico para la búsqueda.
  3. Colaborar con los expertos independientes que trabajan para las familias en el Mecanismo Independiente para la Recuperación Humanitaria de Antonio y Ricardo (MIRHAR).
  4. Colaborar con otros países e instituciones que estén en condiciones de ofrecer la asistencia técnica más avanzada en la búsqueda.
  5. Exigir a Ternium debida diligencia empresarial para casos de graves violaciones a derechos humanos,  utilizando su influencia para ayudar en la búsqueda, entablar un diálogo constructivo con las familias de los desaparecidos y sus representantes, e implementar tolerancia cero a la violencia contra los defensores.
¡Ricardo y Antonio, vivos los queremos!

#AcciónGlobalPorRicardoYAntonio

#MesDeAcciónGlobal

#2AñosSinRicardoYAntonio

#TodosPorRicardoYAntonio

PUBLICACIÓN INMEDIATA

Contacto:
Alejandra Gonza, Global Rights Advocacy – agonza@globalrightsadvocacy.org
Thomas Antkowiak, Seattle University International Human Rights Clinic – antkowiak@seattleu.edu

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El feminicidio de Debanhi Escobar, que sacudió a México, termina 2024 sin respuestas

By: Draco Dracul on lunes, diciembre 30, 2024 / comment : 0 , ,

Dos años y ocho meses después, el feminicidio de Debanhi Escobar sigue sin resolverse. La investigación, ya en la Fiscalía General de la República, está pausada porque rechazan clasificar el delito como feminicidio pese a los peritajes que así lo revelan. Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, papás de Debanhi, siguen exigiendo justicia por este caso que se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Han pasado dos años y ocho meses desde que Debanhi Escobar Bazaldúa desapareció. Ni la intensa búsqueda que encabezaron sus padres en abril de 2022, ni el ruido que hizo a nivel nacional tanto que llegó al entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, funcionó para encontrarla viva; luego de esto, tampoco ha servido que la carpeta pasara a la Fiscalía General de la República (FGR) porque aún no hay respuestas. 

«Hemos recibido su impunidad y desprecio»: Las Abejas de Acteal a 27 años de la masacre

By: Draco Dracul on lunes, diciembre 23, 2024 / comment : 0 , ,

En 27 años «hemos recibido su impunidad y desprecio» de gobiernos e instituciones en la búsqueda de justicia por la masacre en Acteal, denunció la organización pacífica de Las Abejas de Acteal, en el acto para conmemorar a los 45 hombres y mujeres tsotsiles, cuatro de ellas embarazadas, asesinados por paramilitares en Chiapas el 22 de diciembre en 1997.

En el marco del 27 aniversario de la masacre, Las Abejas realizaron una ceremonia en la comunidad de Acteal para recordar a las víctimas y denunciar los «teatros y simulaciones de ‘justicia'» por parte de «los malos gobiernos junto con los ricos y poderosos».
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