La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) advierte en un análisis sobre los efectos que tendrá en la región la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, y que para combatir de manera eficaz el problema del crimen organizado México debe reducir la impunidad y la corrupción que fomentan las alianzas entre cárteles y funcionarios del Estado.
“En lugar de centrarse en la aplicación de la ley antidrogas y las interdicciones, abordar eficazmente el crimen en México requiere reducir la impunidad y la corrupción”, indica la ONG promotora de los derechos humanos en las Américas en el documento “¿Qué implica una segunda administración de Trump para América Latina?”
La directora de la WOLA para México, Stephanie Brewer, dice a Proceso que el análisis parte del hecho de que si México tuviera una respuesta más eficaz frente a la impunidad y la corrupción, podría mostrar resultados más positivos en la lucha contra el crimen y, en esa medida, podría “defenderse mejor” de las políticas y amenazas de Trump.
El lunes último, en su primer día como presidente de Estados Unidos, Trump firmó una orden ejecutiva que cataloga como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos de la droga y grupos criminales de la región considerados una “amenaza para la seguridad del pueblo estadunidense, la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental”.
Varias instituciones, agencias y funcionarios de la administración Trump disponen de 14 días, a partir de la firma del decreto, para determinar qué organizaciones criminales serán consideradas terroristas y, por tanto, podrán ser atacadas de manera unilateral por Estados Unidos en cualquier país.
Brewer explica que este tipo de amenazas y acciones de Trump constituyen, además, mensajes muy poderosos para sus bases ultraconservadoras porque muestran al magnate republicano como un hombre duro frente al crimen, que está dispuesto a solucionar por la fuerza los mensajes de seguridad.
“Estas políticas no parten de la evidencia, sino de una lógica populista porque las medidas de fuerza tienen años en marcha y no han solucionado el problema ni lo van a solucionar”, asegura la directora de WOLA para México.
La activista de derechos humanos y experta en la relación México-Estados Unidos sostiene que incluso si México no tuviera los niveles de violencia extrema que presentan varias regiones del país, los más probables es que Trump de igual manera recurriría a las amenazas y al discurso de mano dura pues esa es la retórica que le trae dividendos políticos en un país donde decenas de miles de personas mueren cada años por sobredosis de fentanilo, una sustancia ilícita que producen y trafican los cárteles mexicanos, pero que también se distribuye de manera masiva en las grandes ciudades estadunidenses ante la ineficacia de las policías y agencias como la DEA.
Tiempo de turbulencias
Para WOLA, el regreso de Trump a la presidencia Estados Unidos pone a América Latina ante un periodo “transformador y turbulento en sus relaciones con su vecino del norte”.
El primer mandato de Trump (2017-2021) “se definió por negociaciones transaccionales, tácticas de presión económica y la marginación de temas relativos a los derechos humanos en favor de ganancias políticas a corto plazo, un patrón que podría intensificarse en su segundo mandato”, señaló la ONG con base en Washington.
En su análisis, el organismo indica que las nominaciones de Trump, incluyendo a Marco Rubio como secretario de Estado, Christopher Landau como subsecretario de Estado y las rápidas nominaciones de embajadores en varios países de América Latina, como México, indican que la región “será una mayor prioridad en la política exterior de Estados Unidos, especialmente en relación con la migración y las drogas de uso ilícito”.
Además advierte que el creciente alineamiento de Trump con líderes populistas de la región, a menudo autoritarios, como Javier Milei de Argentina, Nayib Bukele de El Salvador y la familia Bolsonaro en Brasil, “podría fortalecer a actores antidemocráticos y amenazar las instituciones democráticas de la región, las libertades civiles, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos humanos”.
En esta segunda administración del millonario republicano, WOLA anticipa “retrocesos significativos a nivel de normas democráticas, espacio cívico, protección de los derechos humanos, independencia judicial, iniciativas de inclusión y diversidad, y la respuesta a la crisis climática”.
También se van a priorizar estrategias de control militarizado de drogas y políticas migratorias restrictivas, aunado a una preferencia por la diplomacia transaccional, lo que implica el riesgo de “consolidar aún más el autoritarismo, poniendo bajo mayor amenaza a actores de la sociedad civil, personas defensoras de los derechos humanos y personal gubernamental reformista”, agrega el documento.
De acuerdo con el organismo, a medida de que las normas e instituciones democráticas sean objeto de un ataque creciente y los compromisos con la diversidad y la inclusión se debiliten, será cada vez más importante fomentar la solidaridad y la coordinación entre los actores de la sociedad civil en la región y el mundo.
“Esto será esencial para contrarrestar la erosión de las libertades democráticas, proteger los derechos humanos y el estado de derecho”, añade.
Agenda de riesgos
Entre las áreas clave a observar y posibles medidas de respuesta para abordar estos riesgos, WOLA identifica como asuntos críticos la migración y la lucha contra el crimen.
El enfoque de Trump en la deportación masiva, probablemente utilizando personal militar, algo sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos, podría expulsar a millones de personas mediante redadas, internamiento en campamentos y deportaciones a gran escala.
Señala que un renovado programa “Quédate en México” podría enviar a decenas de miles de solicitantes de asilo a esperar su trámite en territorio nacional, “si el gobierno mexicano se ve obligado a aceptarlo”, y esto llevará a que las organizaciones que defienden a las personas migrantes enfrenten “ataques legales coordinados”.
Respecto de Venezuela, indica que Trump ya se refirió al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de ese país y destacó el apoyo que recibió de la comunidad venezolana en Estados Unidos.
Además, el secretario de Estado, Marco Rubio, enfatizó durante su audiencia de confirmación en el Congreso que el país está controlado por una organización criminal y narcotraficante; criticó a la administración de Joe Biden por haber sido “manipulada para disminuir las sanciones y proporcionar millones de dólares a Nicolás Maduro” vía licencias petroleras, y destacó los importantes riesgos geopolíticos involucrados en los tratos de Venezuela con países como Rusia e Irán.
De acuerdo con la WOLA, aunque parece poco probable que se restablezcan las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, Trump enfrenta dilemas complejos que podrían abrir la puerta a un enfoque transaccional entre ambos gobiernos con miras, por ejemplo, a que Maduro reciba a miles de venezolanos que la nueva administración proyecta deportar.
“Estos intereses superpuestos, pese a las diferencias ideológicas y narrativas incendiarias, podrían señalar un cambio respecto de las tácticas de máxima presión de su primer mandato, con el pragmatismo económico ocupando un papel central”, asegura el análisis.
Y agrega que comentarios recientes del asesor principal de Trump, Tom Homan, indican que se espera que Trump “trabaje con Venezuela” para recibir estos vuelos de deportaciones. Aunque esta visión choca con la del secretario de Estado, Marco Rubio, quien es proclive a endurecer la posición de Washington frente al régimen de Maduro.
WOLA señala que Trump contará, al menos los próximos dos años, con un Congreso controlado por el Partido Republicano y esto le permitirá impulsar varias de sus prioridades, en particular su restrictiva agenda de migración, “y realineará, si no reducirá, las áreas de asistencia estadunidense, centrándose en la ayuda a temas de seguridad”.
América Latina “se enfrenta a la perspectiva de un autoritarismo más profundo, crecientes desafíos en materia de derechos humanos y una mayor erosión de los principios democráticos, con muchos líderes que probablemente encuentren en la nueva administración estadunidense un aliado para sus agendas conservadoras”.
La comunidad internacional, junto con la sociedad civil de América Latina, plantea WOLA, deben prepararse para estos desafíos y trabajar conjuntamente.
