Enmedio de una turbulenta ola de manifestaciones, bloqueos carreteros y crisis de gobernabilidad por el despido de mil 344 burócratas, el Tribunal Superior de Justicia absolvió y dejó en libertad a la ex presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, presa por la desaparición forzada de la activista británico-mexicana, Claudia Uruchurtu Cruz, cometida el 26 de marzo de 2021.

En diciembre de 2023, las hermanas Elizabeth y Sara Uruchurtu Cruz advirtieron que el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca “construye un camino de impunidad” al favorecer a la amiga del gobernador Salomón Jara Cruz, a quien le reclasificaron el delito para que obtuviera su libertad.

Un juez de Veracruz canceló la orden de aprehensión y la Fiscalía General de la República (FGR) retiró la solicitud de extradición que tenían contra Miguel Ángel Yunes Márquez.  

El juez adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Decimoprimer Distrito Judicial en Xalapa, Veracruz, Oscar Luis Lozada Hernández, canceló la orden de aprehensión contra el senador Yunes Márquez, la cual se había emitido por su probable responsabilidad en los delitos de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal.  

Dos de los cuatro “Hermanos Bonques”, sancionados por el gobierno de Estados Unidos por formar parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano el 22 de noviembre del 2007 tras un enfrentamiento ocurrido en el municipio de Xalisco, Nayarit, su principal zona de operación.

Sin embargo, una jueza federal determinó su liberación unos días después, por lo que continuaron sus operaciones criminales hasta que este 19 de noviembre fueron incluidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como integrantes de un grupo criminal acusado de introducir heroína y fentanilo a Estados Unidos.

En el cierre de 2023 existían dos millones 654 mil carpetas de investigación pendientes en la Fiscalía General de la República (FGR) y las 32 procuradurías locales, mientras que los sistemas estatales de justicia tenían cuatro millones 219 mil casos pendientes.

Ese año, cada uno de los fiscales que ejercía sus labores en la FGR y en las fiscalías estatales abrió, en promedio, 127 carpetas de investigación; cerró 106 de ellas y terminó el año con 151 carpetas pendientes. En Guerrero la fiscalía local reportaba mil 143 carpetas de investigación pendientes por fiscal.

La impunidad en delitos de alto impacto, como el homicidio doloso, la desaparición, el secuestro, la extorsión, la violación, el despojo y el fraude, aumentó entre 2022 y 2023.

Aunque la impunidad en delitos del fuero común y delitos del fuero federal se redujo en un porcentaje mínimo a nivel general, en algunos delitos la efectividad de la justicia para investigar, resolver los casos y reparar el daño fue casi nula.

“A tres años del cobarde ataque contra nuestras comunidades hasta el momento no hemos conocido la justicia”, denunciaron autoridades comunitarias de Guerrero Grande, Mier y Terán, así como los desplazados de la comunidad de Ndoyonuyuji, en la Mixteca oaxaqueña, que del 21 al 23 de octubre fueron víctimas de un ataque por un grupo armado “comandado por el presidente municipal Rogelio Bautista Barrios” y “la síndica municipal Maribel Velasco”.

Ante la falta de resultados sobre el asesinato de Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola y consejera de COPARMEX, empresarios exigieron a las autoridades el esclarecimiento y pronta resolución de este caso, que ha tenido un impacto no solo en Ensenada, sino también a nivel nacional.

El presidente de COPARMEX en Ensenada, Alberto Muñoz Avilés, dijo que es preocupante que el Estado de derecho esté rezagado en materia de seguridad y que, a tres meses de investigación desde el 8 de julio de 2024, no se haya realizado ninguna detención en este caso.

Los trabajos del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) fueron omitidos por la Secretaría de Gobernación cinco días antes de concluir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La polémica en torno a la inclusión de otras víctimas de violencias del Estado que no eran luchadoras sociales o integrantes de grupos guerrilleros fue aprovechada por las autoridades para desestimar, ignorar cuatro tomos y reducir de 6 mil páginas a solo ocho el informe final “Fue el Estado 1965-1990”, realizado por tres de los cuatro comisionados de dicho mecanismo.